Resumen de la Ponencia:
El objetivo de la ponencia consiste en identificar la relación entre la producción criminal y los aspectos sociodemográficos del espacio urbano durante la pandemia, en ese sentido, se identifica a la zona del sur oriente de la ciudad de Torreón, Coahuila, México como las colonias con mayor grado de marginalidad (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020) y violencia (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2021); por lo tanto, existe un riesgo latente entre los habitantes de dicho sector para que se generen dispositivos de desigualdad y pobreza.El método de análisis corresponde a un enfoque cuantitativo ya que se utilizará la georreferenciación como instrumento de análisis de la dinámica delictiva y la delimitación de la marginación por Área Geoestadística Básica, los datos corresponden a más de mil delitos originados en el espacio urbano y divididos en crímenes que atentan contra la vida (feminicidio y homicidio) y patrimoniales (robo de vehículo, robo a negocio, robo a casa habitación). Por otro lado, el abordaje teórico de la ponencia se centra en conceptos de centro y periferia (Wacquant, 2007) para comprender las relaciones de poder que se generan en los espacios urbanos; también es imperante reconocer la noción de derecho a la ciudad (Lefebvre, 1975) para identificar la construcción de discursos que posibilitan y niegan la apropiación de ciertos espacios urbanos; para identificar la producción del delito es necesario reconocer los márgenes del estado (Maldonado, 2010) como dispositivos que legitiman la protección y vigilancia de los espacios de lo legal y de lo ilegal.Resumen de la Ponencia:
Introducción: Frente al ostensible escenario de corrupción en el Sistema Único de Salud (SUS) brasileño que salió a la luz de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la Covid-19, la relación entre ‘salud y corrupción’ se ha convertido en un tema ineludible, requiriendo estudios para abordar esta discusión. Sin embargo, es fundamental partir de una acumulación teórica e histórica del sector salud sobre la categoría de corrupción, así como pensarla a través de una matriz crítica que vaya más allá de la mera comprensión institucional de este fenómeno. Es en este sentido que este estudio, en su primera parte, presenta una caracterización de la categoría corrupción en la tradición marxista. Y en un segundo momento, trae algunos aportes del pensamiento elaborado por Floreal Antonio Ferrara, importante sanitarista argentino, en su Tomo 1 de ‘Salud y Corrupción’, sobre la relación ‘salud y corrupción’. Objetivo: Revisar la categoría ‘corrupción’ desde los estudios marxistas y analizar los aportes de Floreal Antonio Ferrara al tema en cuestión reflexionando sobre el caso brasileño. Método: Revisión Crítica Sistemática en la primera parte y Análisis Crítico de Contenido del Tomo 1 de ‘Salud y Corrupción’ de Floreal Antonio Ferrara. Resultados: A través de los autores, fue posible rechazar la idea de sentido común de que la corrupción es una práctica anormal de los ‘malos’ que se apropian de los recursos públicos. Pero, entendiéndolo así con Boito Júnior como parte constitutiva del Estado Capitalista, ya que en él existe una separación formal entre los recursos públicos y privados, de esta manera los recursos no son públicos, sino que están a la al servicio de los intereses de la clase dominante, siendo el sector salud uno de ellos. El pensamiento de comprender la corrupción en el Estado Capitalista camina como dice Ferrara, en el sentido de develar el escenario primario de la corrupción: lo que corresponde a la extracción de plusvalía. Sendo el Sistema Único de Salud (SUS) una política pública imersa en el sistema capitalista, embora construída en un movimiento de resistencia, este también es escenario para los más diversos intereses de la burguesia, como se vió, por ejemplo, en los escándalos de los contractos de compra de vacunas para Covid-19 en Brasil. En resumen, este estudio tiene el potencial de traer reflexiones sobre la corrupción en salud y puede ayudar a pensar en caminos futuros para reorientar la posición política de la comunidad de salud sobre las prácticas corruptas en el sector.
Introducción:
La corrupción es un tema multidisciplinario, que recibe aportes de la Economía, la Administración, las Ciencias Políticas, la Sociología, entre otros. Aunque no es un fenómeno nuevo, es polisémico y tiene diferentes formas de abordaje. Los estudios brasileños sobre la corrupción en ciencias humanas y sociales son en su mayoría públicos, con un enfoque general, sin especificar poder o esfera de gobierno, y hacen mayor uso de referencias extranjeras (Macedo, Valadares 2021). La minoría presenta un enfoque crítico que cuestiona el uso de la corrupción en la disputa política (Vitullo, 2022).
El interés por el tema aumentó en la década de 1990 a partir de la creación de la Transparencia Internacional (1993) y el involucramiento de instituciones multilaterales como el Banco Mundial, el FMI (Fondo Monetario Internacional) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en la lucha contra la corrupción. De un tema poco discutido, la corrupción llega a ser considerada “el mayor inhibidor del desarrollo económico equitativo” en palabras de James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial en aquello momento. (Polzer, 2001 en Vitullo, 2022) A partir de entonces se crearon recomendaciones políticas al respecto, especialmente para los países menos desarrollados que se vincularon como condiciones para el apoyo internacional y las inversiones, las cuales son congruentes con una ideología liberal de mercado, que obviamente se pretendía expandir en estos lugares (Vanucci, Petrarca, 2020).
Además, los casos de corrupción mediática en Brasil también impulsaron el estudio del tema entre 2014-2017 (Macedo, Valadares 2021). Recientemente, en 2021, salió a la luz un ostensible escenario de corrupción en el Sistema Único de Salud (SUS) brasileño a partir de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la Covid-19. Aunque hay una preocupación por el tema, es relativamente poco estudiado (Bahía, 2021). El abordaje de la corrupción en salud es consistente con las concepciones y perspectivas mayoritarias promovidas por organismos internacionales.
Estos casos de corrupción en el sector evidenciaran el carácter de mercado de la salud en la sociedad capitalista, sólo con una mirada crítica será posible construir una salida en defensa del mantenimiento de la salud como un derecho social. La relación entre ‘salud y corrupción’ se ha convertido en un tema ineludible, requiriendo estudios para abordar esta discusión. Sin embargo, es fundamental partir de una acumulación teórica e histórica del sector salud sobre la categoría, así como pensarla a través de una matriz crítica que vaya más allá de la mera comprensión institucional de este fenómeno.
Es en este sentido que este estudio, un trabajo inconcluso de maestria, en su primera parte, presenta una caracterización de la categoría corrupción en la tradición marxista, a partir de una revisión de contenido crítico de la literatura marxista. Y en un segundo momento, trae algunos aportes del pensamiento elaborado por Floreal Antonio Ferrara, importante sanitarista argentino, en su Tomo 1 de ‘Salud y Corrupción’, sobre la relación ‘salud y corrupción’ a través de un análisis del contenido crítico. Importante aclarar que Ferrara fue un médico argentino, dedicado a medicina social con larga trayectoria académica y dos periodos como ministro de salud de la provincia de Buenos Aires.
Desarrollo:
Como este es un estudio de maestría todavía inconcluso se pode mostrar algunos resultados, pero aún no en profundidad. El primero que se percibió fue que aunque corrupción sea polisémico tiene una definición habitual que incluso es la que las organizaciones internacionales proponen, en que corrupción pone en confronto el publico y el privado. Algunos ejemplos de cómo dos autores de artículos de la revisión se acercaran al tema: «el entendimiento más común de corrupción es la subversión del bien público por intereses privados, pero ahora con la transnacionalización, también es sinónimo de ausencia de transparencia» (Bratsis, 2017). Según Cavalcante (2018), «la comprensión neoclásica de la corrupción sería como una forma distorsionada de lograr una remuneración».
Sin embargo, algunos autores critican esta definición más habitual y van pensar que este fenómeno ultrapasa cuestiones morales, que corrupción es una categoría utilizada en el Capitalismo para la dominación, y el mismo pasa con el discurso de combate a corrupción de las organizaciones internacionales:
«La idea de corrupción es una creación ideológica (una representación inconsciente, deformada e interesada) del Estado Capitalista. (…) la idea misma de corrupción es una figura ideológica burguesa y sirve, en primer lugar, para encubrir que las instituciones, equipos, bienes y recursos humanos del Estado capitalista no son “públicos”, sino recursos al servicio de los intereses generales de la clase dominante. »
«La percepción ideológica de que la corrupción es una práctica desviada y anormal promovida por ciudadanos sin escrúpulos se impone con relativa facilidad; » (Boito Jr, 2017)
«corrupción no puede interpretarse como un mero problema de dejación moral de los actuales gobernantes, aunque ésta es evidente y ha tenido su buena parte de responsabilidad, sino que debe situarse en un contexto de giro neoliberal y en el mantenimiento de una larga tradición de capitalismo parasitario. »
«El discurso anticorrupción y transparencia, ahora a escala global, es un instrumento de manipulación ideológica y dominación política; » (Bratsis, 2017)
Estas ideas están de acuerdo con el pensamiento de Floreal Antonio Ferrara sobre corrupción. Para él, el fenómeno está ligado al poder, a la dominación, mismo antes del Capitalismo. Pero en este sistema productivo la escena primaria de la corrupción es la explotación del trabajo con el concepto de plusvalor de Marx. Además en un momento de crises económica desde 2007-2008 (Roberts, 2018), es interesante pensar como Floreal:
« (...) todavía queda la alternativa de considerar a la corrupción, como un fenómeno que al menos en el capitalismo, ha encontrado como fórmula para reinyectarse potencia creadora, ante el proceso del valor de la tasa decreciente del beneficio del capital. » (Ferrara, 1998, p.115)
Así corrupción para Floreal no es una cuestión de moral porque no es individual, sino estructural, es utilizada como parte de un proyecto económico, político, social. Por esto el autor entiende que la incansable búsqueda por al criminal en todos los casos de corrupción mascara el entendimiento y comprensión del crimen, de toda su fuerza generatriz, suya causa estructural. Lo que corrobora con el pensamiento de otro autor de la revisión:
«La simple condena moral de la corrupción puede resultar inútil, como medio de encontrar respuestas políticas a la misma, o incluso peligrosa por cuanto puede generar corrientes de opinión opuestas al desarrollo democrático y promotoras de pasividad social» (Recio ,1995)
Ya en la relación salud y corrupción Floreal percibí que en la Medicina hay un doble discurso, un sacerdotal y científico que mascara la corrupción. Él va a decir que:
«El discurso médico, mantiene en general, la búsqueda ontológica de la enfermedad, más que la indagación sobre el ser, y casi desconoce la búsqueda científica de la comunidad expresada en sus relaciones sociales, históricamente dominantes y de alta responsabilidad en la salud-enfermedad de todos. » (Ferrara, 1998 p.149)
«La oferta del sector, se seguirá encargando de cumplir el viejo papel tranquilizador social…»(Ferrara, 1998 p.151)
Estas son algunas de las contribuciones sobre corrupción aún inconclusas, pero de una mirada crítica. O sea corrupción está ligada al poder, a la dominación, no es una cuestión de moral individual, más sí estructural, es una ideología del Capitalismo, mascara los verdaderos problemas del sistema en la sociedad. No está entre el público y el privado porque en verdad esta separación es solamente formal, pues el público está al servicio de la clase dominante.
Conclusiones:
La perspectiva más usual de corrupción es justamente aquella de carácter ideológico difundido por la burguesía, utilizada por muchos en la academia sin cuestionar. El uso de corrupción, anticorrupción sirve para mascarar los problemas estructurales del sistema productivo, y para perpetuar la dominación de clase en el Capitalismo.
Siendo el Sistema Único de Salud (SUS) una política pública inmersa en el sistema capitalista, este también es escenario para los más diversos intereses de la burguesía, como se vio, por ejemplo, en los escándalos de los contratos de compra de vacunas para Covid-19 en Brasil, entre otros vistos en la CPI. Son necesarios más estudios desde una mirada crítica para que se pueda avanzar en el pensamiento político y económico en salud.
Bibliografía:
Bahia L. Corrupção e saúde: o dilema do embricamento entre o público e o privado no Brasil. In: Carlo LG, Bittencourt MP, Mohallem MF coord. Corrupção e saúde. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung; 2021. p.73-96.
Bratsis P. A corrupção política na era do capitalismo transnacional. Crítica Marxista. 2017 44:21-42.
Boito Jr. A. A corrupção como ideologia. Crítica Marxista. 2017 44:9-19.
Cavalcante S. Classe média, meritocracia e corrupção. Crítica Marxista. 2018 46:103-125.
Ferrara FF. Corrupción y Salud Tomo 1 Una teoría de la corrupción para la salud. Buenos Aires: Catálogos Editora; 1998.
Macedo SV, Valadares JL. A produção acadêmica brasileira sobre corrupção: uma revisão sistemática. REAd. 2021 Mai/Ag 27(2):400-29.
Recio A. Corrupción y transformaciones económicas. Viento Sur. 1995 Abril 20.
Vanucci A; Petrarca FR. A luta contra corrupção: o estado da arte e perspectivas de análise. Civitas. 2020 Set/Dez 20(3):305-314. doi: 10.15448/1984-7289.2020.3.38421
Vitullo GE. O tema “corrupção” na produção acadêmica da Ciência Política brasileira. Revista Sul-AmericanaDe Ciência Política. 2022 7(2):109-135.
Palabras clave:
Corrupción; Salud;
Resumen de la Ponencia:
El proceso de cosificación y mercantilización de seres humanos que refleja la trata de personas actualmente está posicionado como la tercera actividad más lucrativa en el mundo, solamente después del tráfico de drogas y de armas (Estrada, 2013, pág. 13). En ese marco, el miércoles 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declara que el coronavirus COVID-19 pasa de ser epidemia a una pandemia, en atención a los preocupantes esquemas de propagación y gravedad de la enfermedad (Arroyo, Redacción médica, 2020). Lo anterior trae consigo serios impactos no solo en términos de salud, sino que se expande también, en la producción de implicaciones de orden económico, político y social en el mundo. De hecho, el Fondo Monetario Internacional estima que la afectación que la pandemia generó en el orden económico es grave y que la contracción económica es peor a la originada por la crisis financiera del 2008 al 2009 (FMI, 2020, pág. 1), lo que puede considerarse que la combinación entre la crisis económica y el desempleo puedan actuar como causales propiciatorias para casos de trata de personas (UNODC. 2020, pág. 8). México, por supuesto, no está exento de tales efectos negativos y Chihuahua, que se ubica como la entidad más grande del país y en la que los casos de Covid-19 se concentran mayormente en los municipios de Juárez y ciudad capital, sin omitir que la mitad de los municipios del estado reportan presencia de contagios por Covid-19, y esto, además, se combina con el hecho de que la entidad es un escenario en el que la presencia de trata de personas es prevalente y en la que el gobierno se ha mostrado omiso en acciones preventivas porque aún no existe una política pública desde lo local que aborde el problema (CNDH, 2019).El propósito de este trabajo es identificar las implicaciones de Covid-19 en la trata de personas en Chihuahua. El abordaje teórico se realiza desde los derechos humanos y la propuesta del Modelo Ecológico. El esquema metodológico es cualitativo, exploratorio y descriptivo mediante la exploración de casos reales y revisión de la literatura. Las limitaciones del estudio se concentran en la ausencia de bases de datos confiables, lo cual a su vez, constituye un dato para el análisis. Se concluye una clara discrepancia en las cifras desde las instituciones y la sociedad civil, la modalidad prevalente es de tipo sexual y laboral; en cuanto a los mecanismos de enganche, se fortalecen y facilitan por el uso de redes sociales y video juegos. El valor del estudio reside en establecer factores de riesgo y en delimitar los municipios con mayor número de casos en la entidad describiendo los mecanismos de captación.Resumen de la Ponencia:
Los primeros meses de 2020 fueron el preámbulo de una realidad nueva para México y el mundo que tuvo que vivir los estragos de la pandemia generada por el Covid-19, mismos que seguimos viviendo hasta la actualidad. La pobreza, la debilidad de los sistemas de salud y la falta de solidaridad se hicieron presentes, especialmente en los momentos más álgidos, cuando miles de personas morían a lo largo y ancho del mundo.
El 11 de marzo de 2020, a tres meses de que fuera reportado un brote de neumonías atípicas en la ciudad de Wuhan, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), invitó a todos los países a encontrar el adecuado equilibrio entre la protección de la salud, la minimización de los trastornos sociales y económicos, y el respeto de los derechos humanos.
El proceder del actual gobierno federal, aunque ha seguido algunos de los lineamientos establecidos por Transparencia Internacional (TI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el manejo de la emergencia sanitaria, se ha visto ensombrecido por la falta de transparencia y la rendición de cuentas, argumentando la apremiante necesidad de adquirir insumos médicos, vacunas y respiradores.
La ponencia presenta el análisis de datos oficiales provenientes del portal de internet “coronavirus.gob.mx”, que el gobierno mexicano habilitó para consultar el comportamiento de la pandemia, recomendaciones para evitar el contagio y la vigilancia epidemiológica; y de la plataforma “Compranet”, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El objetivo es identificar casos de falta de transparencia, irregularidades en la compra de materiales e insumos médicos con sobreprecios a empresas nuevas no relacionadas con el sector salud y por adjudicación directa, realizadas por las entidades públicas facultadas para ello, donde se avizoran decisiones y acuerdos basados en la discrecionalidad, el favoritismo y el tráfico de influencias que, ante las situaciones de apremiante urgencia, conllevan a alimentar la corrupción sistémica y arraigada de nuestro país, amenazando los derechos humanos que los mexicanos debemos de gozar y que los gobiernos deben de garantizar.
Introducción:
La actual emergencia sanitaria ha sido una prueba de primer orden para los gobiernos del mundo en materia de acceso a la salud, en información oportuna y transparente, y en relación con la prevención y sanción de actos de corrupción. El 11 de marzo de 2020, a tres meses de que fuera reportado un brote de neumonías atípicas en la ciudad de Wuhan, la Organización Mundial de la Salud (OMS), hacía una valoración preliminar de la situación sanitaria a nivel mundial. En aquel momento, el número de casos fuera de China se había multiplicado por trece, mientras que el número de países afectados se había triplicado. El panorama inmediato apuntaba en dirección a que “el número de casos, el número de víctimas y el número de países afectados aumenten aún más (…) Por estas razones hemos llegado a la conclusión de que la Covid-19 puede considerarse una pandemia” (OMS, 2020).
El entrelazamiento de dos pandemias: corrupción y Covid-19
Durante los primeros meses de la pandemia se aseguró que los pobres avances en materia de combate a la corrupción, obstaculizaron una respuesta global efectiva contra la pandemia de Covid-19 (TI, 2020). El soborno, la malversación de fondos, el favoritismo y la inflación de precios, se conjugaron nocivamente con la precariedad de los sistemas sanitarios y las instituciones democráticas, de manera que “2020 ha resultado ser uno de los peores años de la historia reciente” (TI, 2020, p.4).
Hasta el día 2 de enero de 2023, se reportaban en nuestro país 7 millones 252 mil 944 casos confirmados, 11 millones 38 mil 227 casos negativos, 6 millones 489 mil 416 personas recuperadas y 331 mil 197 defunciones (Gobierno de México, 2023b). El desafío para la atención de este fenómeno implicó la habilitación y designación de unidades hospitalarias dedicadas exclusivamente a la atención de pacientes con cuadros graves de Covid-19, la compra de insumos, la contratación extraordinaria de personal médico y la adquisición de vacunas.
La dimensión económica del impacto de esta pandemia puede apreciarse en algunos indicadores ofrecidos por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Hasta un 18% de la población no cuenta con seguridad social o un seguro de salud privado; en los últimos seis años se registró un aumento de casi 106% en la contratación de este último tipo de esquemas para hacer frente a gastos de tipo médico y hospitalario, alcanzando en 2022 un total de 12 millones 227 mil personas aseguradas. En el caso específico de erogaciones asociadas con Covid-19 se estima que el impacto financiero para las aseguradoras es de 3 mil 35 millones de dólares (Zepeda, 2022).
En estrecha relación con este conjunto de impactos sociales se ubican los efectos derivados de la opacidad y la corrupción. La preocupación por las consecuencias negativas de la emergencia sanitaria en el ejercicio de la gobernanza a nivel mundial, y especialmente en relación con los compromisos internacionales asumidos en materia de acceso a la salud, transparencia y combate a la corrupción, fue planteada por organismos internacionales:
La respuesta al virus está creando nuevas oportunidades para explotar la supervisión débil y la transparencia inadecuada, desviando recursos que debían estar destinados a personas que se encuentran en su momento de mayor necesidad. Los gobiernos pueden actuar apresuradamente, sin hacer las debidas comprobaciones sobre los proveedores o sin determinar precios justos. Los comerciantes sin escrúpulos venden productos deficientes, como respiradores defectuosos, pruebas mal fabricadas o medicamentos falsificados. (ONU-México, 2020, párr.1)
La corrupción apareció en este escenario como un delicado elemento de vulnerabilidad y riesgo social; se define como “el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca” (TI, 2009, p. 14). Un concepto imprescindible para entender las dinámicas que explican la realización de actos corruptos, es el de transparencia, que se entiende como:
La cualidad de un gobierno, empresa, organización o persona de ser abierta en la divulgación de información, normas, planes, procesos y acciones. Como regla general, los funcionarios públicos, empleados públicos, gerentes y directores de empresas y organizaciones, y las juntas directivas, tienen la obligación de actuar de manera previsible, predecible y comprensible en la promoción de la participación y la rendición de cuentas. (TI, 2009, p. 44)
El combate a la corrupción y la implementación de mecanismos de transparencia no son elementos aislados del conjunto de políticas públicas que implementa el Estado, ya que constituyen dos pilares fundamentales del desarrollo sostenible. En los términos de la Agenda 2030, los gobiernos tienen el compromiso de “reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas (…) crear instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles” (ONU, 2015, p.19).
La transparencia no se agota en las obligaciones establecidas legalmente para las entidades gubernamentales, sino que tiende a ser proactiva. Transparencia proactiva se define como la “información que se difunde para promover en algún grado la identificación, generación, publicación y difusión de información sobre la situación de riesgo, adicional a la establecida con carácter obligatorio por el marco normativo aplicable” (Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 2021, p. 60). Este concepto pretende propiciar procesos de acceso a comunicaciones oportunas, veraces y confiables en el contexto de situaciones de riesgo y enfocadas a la atención de las necesidades de la población en general.
Experiencias recientes de transparencia proactiva y salud
A nivel nacional, existían escenarios y desafíos en materia de salud y combate a la corrupción que entroncaron desfavorablemente con la pandemia. El acceso a la información y la transparencia proactiva representan un camino que recién comienza a transitarse, tanto a nivel federal como en los ámbitos estatales y municipales. Para finales de 2021, se habían documentado 49 experiencias de apertura implementadas por 25 de los 32 organismos locales garantes del país; de ese conjunto, un total de 33 estaban alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 (Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 2021b). En términos generales:
La articulación de las agendas federal y locales de apertura demanda una apropiación previa y arraigo de las prácticas de apertura en el ámbito local. Este proceso es todavía incipiente en varias entidades federativas y requerirá tiempo, aprendizaje mediante la experimentación, acompañamiento continuo y asesoría constante para su institucionalización. (Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 2021b, p. 40)
A nivel nacional se están dando de forma incipiente experiencias y procesos de apertura de gobierno para facilitar el acceso a la información, como parte de un enfoque de transparencia proactiva. La relevancia de estas iniciativas implica tanto la prevención de actos de corrupción como el acceso a información sobre situaciones de alto riesgo y vulnerabilidad. Otro elemento destacado consiste en el desarrollo de enfoques y herramientas metodológicas que permitan evaluar la calidad, consistencia y periodicidad de la información publicada, cuya utilidad concierne no solamente al sector público, sino a los medios de comunicación y a las organizaciones sociales avocadas al combate a la corrupción y el ejercicio del derecho a la salud.
Resulta importante destacar algunos esfuerzos de monitoreo metodológico diseñados e implementados en el contexto de esta crisis sanitaria, como experiencias relevantes que pueden orientar la consolidación en el corto plazo, mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, tanto en términos generales como en la dimensión de la salud. Desde los primeros meses de la emergencia sanitaria se desarrolló una metodología de monitoreo (Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, 2021a) cuyo objetivo consistió en el mapeo de las acciones de las entidades legalmente obligadas a publicar y actualizar datos de interés social sobre la pandemia a través de sus portales institucionales, destacando las dimensiones de “Información de interés” y “Transparencia proactiva”.
Los temas generales que permiten agrupar la información disponible en los portales abarcan a) contrataciones; b) indicadores; c) información estadística; d) medidas de cuidados; e) presupuesto; f) programas sociales; g) solicitudes de información; h) trámites y servicios; i) acciones; j) ejercicio del gasto en infraestructura; k) otro. De manera general el procedimiento implica que:
Una vez identificado el tema general de la información consultada, se sintetiza su contenido, se identifica a qué población objetivo va dirigida la información y se registra el sitio web del sujeto obligado, así como el hipervínculo que da acceso a la misma. En el caso de la información estadística y de contratos, se precisa si esta información está actualizada al último trimestre de la revisión. (Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 2021a, p. 6)
Los datos revisados se valoran mediante una agrupación de dimensiones que apuntan a características, principios y objetivos, cada uno de los cuales se desglosa en varios criterios que se califican en función de su cumplimiento o incumplimiento, asignando puntuaciones de uno y cero. La dimensión de las características tendrá un valor máximo de doce puntos, la de los objetivos un máximo de cuatro puntos y finalmente el rubro de principios tendrá un total de nueve puntos. La puntuación máxima para un sujeto obligado será de veinticinco puntos. Sin embargo, esta herramienta fue aplicada únicamente en la Ciudad de México, sin que hasta el momento se tenga registro de alguna otra entidad del país que haya implementado esta u otras acciones de monitoreo en cuanto a apertura y emergencia sanitaria de Covid-19.
Percepciones sobre corrupción en el sector salud
Un elemento importante para favorecer una respuesta más acertada a los efectos negativos de la pandemia está vinculado con la confianza y las valoraciones que la población crea en torno de las instituciones en general y las de salud en especial. La percepción de las personas sobre la ocurrencia o no de actos de corrupción, de pequeña o gran escala, en los hospitales, entre el personal médico, de enfermería y administrativo pueden influir en el tipo de decisiones que se toman en un escenario tan complejo como el de esta emergencia sanitaria.
Según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) (INEGI, 2022), a nivel nacional y tomando en consideración el conjunto de trámites y servicios públicos que son evaluados, entre 2019 y 2021 hubo una reducción de 32.9% del costo a consecuencia de la corrupción y una disminución de 28.1% del costo promedio por persona afectada a consecuencia de la corrupción (INEGI, 2022, p. 140).
Durante 2021 los trámites con mayores porcentajes de experiencias de corrupción fueron el contacto con autoridades de seguridad pública y las gestiones ante el Ministerio Público; paralelamente la atención médica programada y el pago ordinario del servicio de agua potable fueron las diligencias con las tasas más bajas (INEGI, 2022, pp.131-132). Cabe señalar, sin embargo, que se registró un aumento sensible en las experiencias de corrupción relacionadas con la atención médica de urgencia, pues la tasa pasó de 0.7 en 2019 a 1.3 en 2021.
En relación con la prestación de servicios de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se redujo significativamente el porcentaje de personas que manifestó que en su tratamiento dispuso de medicamentos suficientes, aunque también aumentó notablemente la proporción de derechohabientes que consideró que no hubo saturación de usuarios en clínicas y hospitales (INEGI, 2022, p. 48).
Valoraciones relativamente similares en ambos aspectos se documentaron para el caso de los servicios prestados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabadores del Estado, ISSSTE (p. 53); en el caso conjunto de los servicios estatales o el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), fue aún más notoria la percepción de haber recibido atención sin saturación de usuarios en clínicas y hospitales, pues el porcentaje pasó de 19.90% en 2019, a 36.30% en 2021 (INEGI, 2022, p. 58). En términos generales, la población de 18 años y más que se sintió muy satisfecha o satisfecha con la atención médica fue de 54.5% para los servicios estatales o el INSABI, 52% para el IMSS y 51.8% para el ISSTE (INEGI, 2022. p. 105).
Desarrollo:
La respuesta de la administración federal ante la emergencia sanitaria
Algunos de los aspectos más cuestionados sobre el proceder de la Cuarta Transformación en el manejo de la emergencia, muestran una estrecha relación con las recomendaciones planteadas internacionalmente en el marco de la lucha contra Covid-19 y la mitigación de la corrupción: reforzamiento de los organismos de supervisión, defensa de la democracia y del espacio público, disponibilidad y accesibilidad de datos pertinentes, y procesos de contratación abiertos y transparentes. En este último aspecto se señala que:
Muchos gobiernos han relajado drásticamente sus procesos de contratación, con procedimientos precipitados y opacos que presentan grandes oportunidades para la corrupción y el desvío de recursos públicos. Los procesos de contratación deben mantenerse abiertos y transparentes a fin de combatir irregularidades, identificar conflictos de interés y garantizar precios justos. (TI, 2020, p.5)
El acceso a la información
El acceso a información precisa, veraz y oportuna para conservar la salud, e incluso la vida, devino en un elemento fundamental durante la pandemia de Covid-19, convertida entonces en una situación de riesgo, vulnerabilidad e incertidumbre para el ejercicio de derechos fundamentales (Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales SNT, 2021a). Por tal motivo, el monitoreo de los portales de las entidades gubernamentales obligadas a transparentar la información que está en la base de las decisiones adoptadas antes, durante y después de la emergencia, constituyó un desafío adicional para el manejo de esta crisis:
La información en una situación de emergencia como la actual pandemia por Covid-19 se convierte en un insumo de primera necesidad, que contribuye a que las personas puedan tomar mejores decisiones respecto a su salud, de ahí la importancia de realizar este monitoreo a los portales de internet de los sujetos obligados. (Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 2021, p. 3)
Como parte de su estrategia de comunicación de riesgos, el gobierno federal habilitó un portal en internet para la consulta de información sobre el comportamiento de la pandemia, los lineamientos oficiales para la vigilancia epidemiológica, recomendaciones básicas para la contención y mitigación de contagios en espacios públicos y privados, material visual para la rehabilitación pulmonar de pacientes, y los criterios generales de la política nacional de vacunación (Gobierno de México, 2023a).
Este y otros portales del gobierno federal mostraron inconvenientes e inconsistencias en materia de transparencia y acceso a la información. Aunque través de la pestaña “Transparencia Proactiva. Conocimiento Público Útil. Enfermedad Covid-19”, se puede enlazar directamente con el micrositio diseñado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), su última actualización data del 15 de abril de 2020. Al dar clic en la pestaña “Información relativa a la compra de insumos para la atención de Covid-19” se despliega la leyenda “en proceso de respuesta” (INAI, 2020).
Las lagunas de información dificultan la valoración integral de los aciertos y errores derivados del manejo de la pandemia e implican un notable obstáculo para el monitoreo ciudadano y la identificación oportuna de prácticas de corrupción asociadas con la emergencia sanitaria. Como se advirtió atinadamente, la documentación relativa a las compras, adjudicaciones y licitaciones “también debería publicarse de manera proactiva y completa en el sitio [incluyendo] todos los contratos que el gobierno federal y los estatales han hecho para afrontar la Covid 19” (Ocaranza, 2020).
Este vacío fue ocupado por análisis y estudios basados en la escasa información oficial disponible, elaborados principalmente por organizaciones sociales. También destacaron las notas e investigaciones periodísticas de distintos medios de comunicación, que alertaron sobre presuntos hechos de corrupción. En este contexto, “los aportes de la sociedad civil, los reportajes publicados por el periodismo de investigación y los estudios impulsados por la academia son vitales (…) para emprender acciones de investigación y sanción de los actos irregulares y abusivos cometidos” (Guerrero y Cardoso, 2020, p. 12).
Transparencia y monitoreo ciudadano
Las fuentes elegidas para este texto fueron localizadas con la ayuda del motor de búsqueda “Google”, utilizando como criterios de selección las palabras “México”, “covid-19” y “corrupción”. El análisis se basó fundamentalmente en los hallazgos y las conclusiones de dos sitios: Compras Covid Mx y el trabajo titulado Un año de compras de emergencia en México. Seis propuestas para mejorar, auspiciado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El sitio “Compras Covid Mx”, es una iniciativa impulsada por Serendipia y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, PODER (2021). Aquí puede consultarse información sistematizada de los contratos realizados por la administración federal para la adquisición de diversos equipos, materiales e insumos médicos, hasta el mes de octubre del presente año. Los datos se obtuvieron de la plataforma Compranet, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y mediante solicitudes específicas realizadas a través de los mecanismos de transparencia de las secretarías e instancias involucradas. Los resultados se organizaron a partir de tres criterios básicos: la institución que realizó la compra, el proveedor, y el monto de cada contrato.
El estudio auspiciado por el IMCO sobre la política de compras de emergencia implementada por el gobierno federal durante el primer año de la pandemia (Avendaño, Montes y Santana, 2021) hizo el seguimiento del desempeño de las entidades que, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en marzo de 2020, fueron facultadas para la celebración de contratos mediante adjudicación directa: IMSS, INSABI, ISSSTE, Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Salud (SSA).
Política de compras, adjudicaciones directas y transparencia
De acuerdo con el portal “Compras Covid Mx”, de enero de 2020 a septiembre de 2022 se realizaron más de 17 mil contratos para hacer frente a la emergencia sanitaria, equivalentes a más de 37 mil millones de pesos. En la tabla 1 se muestra el desglose de compras por tipo de procedimiento, número de contratos y monto adjudicado.
Tabla 1
Compras federales realizadas entre enero de 2020 y septiembre de 2022
Fuente: Elaboración propia con base en Serendipia y PODER, 2022.
A partir del análisis de la información de la Tabla 1 es posible identificar la cantidad de adquisiciones realizadas por medio de adjudicación directa, lo cual, en principio es anticonstitucional, pues el artículo 134 establece aspectos, características y obligaciones que tienen que seguir los gobiernos en México para adquirir los productos y servicios que son importantes para desempeñar su labor, pero ante la situación de emergencia generada por la pandemia es explicable pasar por alto los procesos de licitación; sin embargo, se abren espacios para la discrecionalidad, el favoritismo y el tráfico de influencias. Las farmacéuticas que tienen conexiones políticas pueden manipular sus ofertas y ganar contratos, mientras que las personas tomadoras de decisiones públicas también reciben dinero o favores por facilitar el proceso de adquisición.
Estas compras se fundamentan en el Decreto emitido por el Gobierno Federal en marzo de 2020, para facilitar la compra de insumos médicos a través de la modalidad de adjudicación directa. En relación con los proveedores se detectó un total de 2 mil 115 empresas, entre las que destacan cinco que han obtenido los contratos con los mayores montos asignados, que representan el 18.79% del total erogado en compras de emergencia para la atención de la pandemia. El detalle del número de contratos y su equivalente monetario puede observarse en la tabla 2.
Tabla 2
Principales proveedores de la administración federal desde enero de 2020 a septiembre de 2022
Fuente: Elaboración propia con base en Serendipia y PODER, 2022.
En la Tabla 2 se identifica que aunque hay empresas claramente relacionadas con productos farmacéuticos; otras no. Además, según información publicada en Compranet, el mayor desembolso fue hecho en octubre de 2020, “cuando el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA) adquirió vacunas contra la Covid-19 a la empresa AstraZeneca por seis mil millones de pesos” (Serendipia y PODER, 2022), información que no se registra por considerarse de seguridad nacional.
Casi el 93% de los recursos adjudicados por la administración federal fueron ejercidos por las siguientes entidades: el CENSIA, el IMSS, la SSA, el ISSSTE y la SEDENA. En el caso de esta última dependencia se asegura que no hizo públicos un total de 71 contratos, 51 de ellos con importes equivalentes a más de 700 millones de pesos. De los restantes se afirma que “fueron dados de forma abierta, con importes mínimos y máximos, según lo descubierto vía solicitudes de información. Es decir, el gasto de SEDENA en Compranet está subrepresentado” (Serendipia y PODER, 2022).
A partir de su propio análisis de este conjunto de contratos, el IMCO ha puesto en tela de juicio la calidad y la transparencia de la información publicada en el portal Compranet (Avendaño, Montes y Santana, 2021). Entre sus principales inconsistencias destaca la falta de uniformidad de criterios en la captura de los datos, lo que hace complicado identificar, de manera ágil y certera, las compras realizadas ex profeso para la atención de la emergencia sanitaria:
…el sistema electrónico Compranet no permite identificar cuáles son los procedimientos de compra pública que tienen como objeto la atención de la emergencia por Covid-19.
Esto dificulta y limita los análisis del gasto destinado a la atención de la pandemia, así como la coordinación y planeación de procesos de compra entre dependencias, ya que no cuentan con información que permita conocer las condiciones del mercado. (pp. 15-16)
El informe plantea una serie de irregularidades en la política de compras del gobierno federal durante el primer año de la pandemia. Entre las más delicadas sobresale la ausencia de mecanismos especiales para el monitoreo de adquisiciones en tiempos de emergencia, casos de sobreprecio que implicó pagar más del doble por el mismo producto con apenas un mes de diferencia, además de que:
Casi 1 de cada 2 compras (45%) para atender el Covid-19 fueron publicadas de manera tardía, entre uno y 327 días después de la fecha de inicio del contrato (…) Los registros de proveedores rara vez son utilizados y se han contratado empresas sin experiencia en el sector salud. Empresas dedicadas a la venta de muebles, transporte, circuitos de seguridad y refacciones de barcos han recibido contratos para la adquisición de equipo e insumos médicos. (p.5)
El estudio señala que no es posible conocer la descripción detallada y el precio unitario de un conjunto de bienes adquiridos con el 24% de los recursos destinados, entre enero de 2020 y febrero de 2021, a la atención de la pandemia. Un total de 237 contratos, equivalentes a más de 4 mil millones de pesos, no disponen de la documentación probatoria de las distintas etapas de su proceso de adjudicación:
Para facilitar la consulta, las bases descargables de Compranet incluyen un hipervínculo a cada proceso de compra, de tal manera que sea posible acceder al perfil y conocer los documentos e información que no está disponible en la base. No obstante, en los últimos meses las inconsistencias entre las bases de datos y los perfiles individuales de Compranet han incrementado de manera considerable. Especialmente para las compras destinadas a la atención de la pandemia. El IMCO detectó una gran cantidad de compras que no cuentan con un perfil público en Compranet, pero sí tienen un registro en la base de datos. Esto sugiere que en un primer momento las compras fueron registradas en la plataforma y posteriormente eliminadas de la página. (p.20)
Una de las reflexiones más interesantes de este estudio se refiere a las condiciones de compra-venta de las vacunas. En este caso se llama la atención sobre la ausencia de mecanismos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas en el sector privado, tema que ha merecido poca atención por parte de los medios de comunicación y que constituye un tema pendiente en la agenda de los estudios sobre prevención y combate a la corrupción. Como atinadamente fue afirma “en México y el mundo, la información sobre las vacunas, el plan de compra, el precio y las fechas de entrega se encuentra bajo acuerdos de confidencialidad entre el gobierno y los proveedores” (p.5).
Conclusiones:
El combate a la corrupción, el acceso oportuno a la información pública y la transparencia en las decisiones adoptadas por los gobiernos son componentes imprescindibles del desarrollo sostenible (ONU, 2015). En concordancia con los enfoques contemporáneos impulsados desde la sociedad civil, y desde una amplia perspectiva ética, de justicia social, económica y ambiental, es posible sostener que la corrupción y la impunidad constituyen escenarios y formas de relación social que favorecen violaciones graves a los derechos humanos (Guerrero y Cardoso, 2020).
Si bien en la Ciudad de México se aplicó desde el mes de junio de 2020 una metodología de monitoreo explícitamente pensada para evaluar el acceso a la información en materia de Covid-19, no se tiene registro de iniciativas similares en el resto del país; de hecho, tal y como fue planteado en esta exposición, los datos ofrecidos por las entidades del gobierno federal mostraron inconsistencias diversas y la forma en que fueron publicados constituyó en sí misma un obstáculo para realizar análisis adecuados en materia de transparencia y combate a la corrupción. Esto parece sugerir que a nivel nacional todavía son considerables los retos en la materia:
Es pertinente transitar de la discusión conceptual sobre los conceptos de apertura institucional al análisis de sus prácticas, modalidades, contextos y resultados. Documentar adecuadamente la heterogeneidad de estos elementos permitirá identificar los obstáculos que sea necesario considerar en el diseño de nuevas herramientas para promover la apertura. Identificar las limitaciones de su operación o el alcance efectivo que estas prácticas ofrecen a la atención de problemas públicos permitirá transitar de la promoción de la idea de apertura a la adopción de prácticas de apertura por beneficios comprobables. (Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 2021b, p.39)
Como bien lo apunta Nava (2020), la Covid-19 impactó en los procesos de transparencia y la consolidación de las acciones de apertura, especialmente en relación con los plazos que afectan el ejercicio del derecho de acceso a la información, que fueron ampliados o suspendidos, además de los problemas derivados de la consulta de información de interés público; otro aspecto negativo se refiere a la imposibilidad de conocer y supervisar de manera consistente las decisiones del sector público tomadas en relación con la emergencia sanitaria.
La pandemia forzó un ayuno de información por un par de meses. La falta de una política así como de instrumentos normativos de apertura que articulen las necesidades de información de las personas con las acciones que implementan los Estados en situaciones de emergencia, ha conducido a vulneraciones no sólo en el derecho de acceso a la información, sino en muchos otros derechos. (Nava, 2020, p.1)
Si las decisiones en materia de preparación y respuesta a la emergencia sanitaria estuvieron desvinculadas de la observancia de las responsabilidades administrativas contempladas por la ley, y de la actitud de “cero tolerancia a la corrupción” que reivindica la Cuarta Transformación, entonces existe una contradicción profunda que exige atención urgente.
Bibliografía:
Avendaño, F., Montes, P., y Santana, M. (2021). Un año de compras de emergencia en México. Seis propuestas para mejorar. Instituto Mexicano para la Competitividad. https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2021/03/20210322-Un-an%CC%83o-de-compras-de-emergencia-en-Me%CC%81xico.pdf
Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (2021a). Metodología para el monitoreo de información de interés público en Covid 19. Transparencia proactiva [Archivo PDF] https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/CGAyTPMetodologiaMonitoreoInfoInteresPublicoenCOVID-19.pdf
Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (2021b). Estado del arte. Apertura en México [Archivo PDF] https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/DiagnosticoSituaci%C3%B3nAperturaInstEnEntidadesFederativas_V1conPortadaR.pdf
Gobierno de México (2023a). https://coronavirus.gob.mx/
Gobierno de México (2023b). Tablero general del CONACYT. https://datos.covid-19.conacyt.mx/
Guerrero, C. y Cardoso, J. (2020). Corrupción y derechos humanos en tiempos de Covid-19. Informe Ejecutivo sobre México. Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano. https://www.dlmex.org/storage/services/corrupcion-y-derechos-humanos-en-tiempos-de-covid-19-informe-ejecutivo-sobre-mexico.pdf
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental ENCIG 2021. Principales resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2021/doc/encig2021_principales_resultados.pdf
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (2020). Covid-19. Transparencia proactiva. Conocimiento público útil. https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=6791
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (2021). Protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo: prevención, reacción y recuperación [Archivo PDF] https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Protocolo_Apertura_Transparencia_Riesgo.pdf
Nava, M. (2020). Protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y recuperación ante el riesgo [Archivo PDF] https://www.infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/assets/files/multimedia/Protocolo.pdf
Ocaranza, C. (30 de junio de 2020). México compró insumos para la atención a la Covid-19 con sobreprecios y a empresa sin experiencia. PODER. https://poderlatam.org/2020/06/mexico-compro-insumos-para-atencion-a-la-covid-19-con-sobreprecios-y-a-empresa-sin-experiencia/
Organización de las Naciones Unidas México. (15 de octubre de 2020). La corrupción en tiempos de la Covid-19 podría llegar a socavar la buena gobernanza en todo el mundo, dice Guterres. https://coronavirus.onu.org.mx/la-corrupcion-en-tiempos-de-la-covid-19-podria-llegar-a-socavar-gravemente-la-buena-gobernanza-en-todo-el-mundo
Organización de las Naciones Unidas. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. (2015). Transformar nuestro mundo. La agenda 2030 para el desarrollo sostenible. https://www.undp.org/content/dam/argentina/Publications/Agenda2030/PNUDArgent-DossierODS.pdf
Organización Mundial de la Salud (11 de marzo de 2020). Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la Covid-19 celebrada el 11 de marzo de 2020. https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
Serendipia y PODER (2022). Compras Covid MX. https://contratoscovid.serendipia.digital/
Transparencia Internacional. (2020). Índice de percepción de la corrupción 2020. https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_ES_0802-WEB.pdf
Transparencia Internacional. (2009). Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción. https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2014/10/Gu%C3%ADa-de-lenguaje-claro-sobre-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n.pdf
Zepeda, C. (20 de julio de 2022). Mexicanos destinan más de un mes de sueldo en gastos de salud: AMIS. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/20/economia/mexicanos-destinan-mas-de-un-mes-de-sueldo-en-gastos-de-salud-amis/
Palabras clave:
Corrupción, Transparencia, Covid-19
Resumen de la Ponencia:
En marzo de 2020 se decretó el comienzo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en Argentina, para hacerle frente a la pandemia por Covid-19. Este hecho social tuvo un fuerte impacto en múltiples sectores de la sociedad, lo que se agudizó sobre las poblaciones vulnerables, como las personas privadas de la libertad, marcadas históricamente por problemáticas de pobreza, exclusión y desigualdad. En este sentido, como diferentes estudios lo evidenciaron, la pandemia provocó un impacto diferencial para dicho sector, ya que se trata de una población notablemente expuesta en razón de las condiciones de sobrepoblación, hacinamiento y deficiencias de salubridad e higiene, características de las condiciones de encierro en los sistemas penitenciarios.De acuerdo al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), entre los años 2020 y 2021 hubo alrededor de 104 protestas en diferentes instituciones de encierro en Argentina. Siguiendo a este organismo, se advierten como causas principales; los pedidos judiciales, problemas relacionados a la atención de salud, la falta de elementos de higiene y las restricciones en las visitas. En este contexto, surge el interés por indagar sobre el motín del 3 de mayo del 2020 en la Unidad Penal N°1 de Santiago del Estero. Para esto, voy a partir de considerar al motín como un dispositivo de protesta (Mamani, 2020), y luego, mediante un acercamiento de tipo etnográfico, a través de distintas interacciones tanto en el ámbito carcelario como mediante entrevistas con quienes ya no se encuentran privados de libertad, pretendo explorar en la perspectiva de quienes protagonizaron esta experiencia de protesta, para indagar; los sentidos que le atribuyen a dicha protesta, las concepciones en torno a un reclamo en el interior de la cárcel, las valoraciones morales respecto a las prácticas de gobierno y de control en la cárcel, entre otros interrogantes. Este trabajo será elaborado desde una perspectiva teórica que recoge aportes de estudios socio-antropológicos sobre el sistema carcelario, y emplearé un diseño metodológico de tipo cualitativo, adoptado una perspectiva etnográfica. Además, considero fundamental mencionar que esta investigación se inscribe en el proceso de construcción del objeto de conocimiento de mi tesis de doctorado y da continuidad al tema de mi tesis de grado, y por otro lado, mi pertenencia y militancia en la Pastoral Carcelaria de Santiago del Estero me ha permitido construir vínculos con los sujetos privados de la libertad, por lo que lo dicho con anterioridad configura un dato fundamental de la factibilidad de este estudio.Finalmente, es menester mencionar la importancia de la reconstrucción de este hecho, como parte de la producción científica ocupada de estudiar a nivel empírico el mundo carcelario en Santiago del Estero, frente a la escasa producción con respecto a la temática en la provincia.Resumen de la Ponencia:
En esta ponencia, en un primer momento se mostrará las definiciones y comportamientos de los actores que incurrem a este acto contextualizando el concepto para poder encontrar sus raizes que lo generan. Seguidamente mostraremos las diferentes corrientes de la corrupción que existen sobre el concepto de corrupción pública en el mendo, en el continente de América y, finalmente, en el contexto peruano. En un tercer momento explicitaremos casos concretos de corrupción en el sector de gestión pública en la región del país y, posteriormente, se analizará los hechos que ocurrieron para mostrar su proceso de ejecución del mismo. En un cuarto momento, mencionaremos los elementos y características que evoca la corrupción a partir del estudio de los casos específicos analizados en el punto anterior. En un quinto momento, intentaremos buscar luces y salidas que permitan acabar con esta problemática de corrupción institucionalizada de tipo público y privado en nuestra sociedad democrática.Resumen de la Ponencia:
Durante los primeros tres años del Presidente Andrés Manuel López Obrador se han promovido modificaciones en leyes, reglamentos y la misma constitución para impulsar cambios específicos que permitan cumplir con su proyecto para el sexenio 2018-2024. Acciones concretas como la no apertura a modificaciones al presupuesto federal, la creación de la guardia nacional, el fortalecimiento al ejército, la creación de una estructura de los llamados “superdelegados”, entre otras acciones marcan una tendencia clara hacia la recentralización del poder en México para cumplir con los objetivos de combate a la corrupción e impunidad.Los cuestionamientos de Andrés Manuel López Obrador durante la primera mitad de su sexenio a la división de poderes, a los organismos descentralizados de control del Estado mexicano y su política de recentralización presupuestaria, pueden ser considerados como esfuerzos por reestablecer un modelo de presidencialismo fuerte, en contravía de los procesos de descentralización y liberalización que transformaron el presidencialismo clásico mexicano en concordancia con el neoliberalismo y que a su vez conllevaron a la corrupción imperante en el sistema político.Es decir, se considera que desde su perspectiva la lucha contra la corrupción y la impunidad requiere una recentralización del poder mediante el rescate de algunos elementos que configuraban un presidencialismo fuerte antes de la llegada del neoliberalismo. Para desarrollar nuestro trabajo utilizaremos textos que retoman elementos teóricos sobre el presidencialismo clásico mexicano, el mismo análisis de discurso del actual titular del ejecutivo federal, revisiones especificas a documentos oficiales, seguimiento a las principales acciones promovidas mediante cambios al marco legal normativo vigente, etcétera.
