Resumen de la Ponencia:
O presente artigo visa discutir o papel da Amazônia para as relações diplomáticas e comerciais brasileiras, da exploração sustentável e consequente preservação do bioma. Uma vez que a sociedade internacional tem clamado cada vez mais por atitudes sustentáveis por parte dos governos nacionais, o aumento das queimadas na região amazônica no ano de 2019 colocou em xeque as relações brasileiras no cenário internacional. Neste contexto, é preciso compreender como se trata a questão da sustentabilidade nas Relações Internacionais como um tema de low politics. Com base nas análises feitas pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) sobre as queimadas e o desmatamento do bioma Amazônico, juntamente com o embasamento teórico da Teoria Verde e governança global, discute-se, com uma visão ampla, sobre o gerenciamento deste bioma e como esse manejo tem sido feito no decorrer dos anos. Assim, este artigo buscou entender as consequências acarretadas para a diplomacia do Brasil, em específico, com o seu viés econômico de um gerenciamento de recursos naturais considerado negligente quanto aos princípios da preservação deste bioma.Resumen de la Ponencia:
A chegada de empreendimentos do setor automotivo, alinhados à reestruturação produtiva do capital, potencialmente desencadeia dinâmicas de vulnerabilização a determinados grupos sociais, a exemplo da instalação do complexo automotivo da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) no entorno da reserva extrativista na cidade de Goiana, Pernambuco, Brasil, expressão de um modelo de desenvolvimento econômico, tardio e periférico, que vem ocasionando modificações no território. A Resex de Goiana envolve quatro comunidades tradicionais, Baldo do Rio, Tejucupapo, Carne de Vaca e São Lourenço (quilombola), compostas expressivamente por mulheres das águas, pescadoras e marisqueiras, que vêm resistindo ao perceber as contradições de tal processo. O objetivo deste trabalho é compreender o processo de vulnerabilização em saúde ambiental no contexto local, a partir da percepção de comunitárias da Resex, desencadeado pela chegada do empreendimento global da FCA. Para tal, foram utilizadas as categorias de análise da reprodução social propostas por Samaja, a fim de localizar as dimensões das vulnerabilidades nas narrativas das trabalhadoras extrativistas. Apreendemos que o tripé Capital, alavancado pela FCA; o Estado, promotor de políticas de isenções e investimentos em prol desta; e o Trabalho, por meio do qual viabiliza aquela; é fundante para as vulnerabilizações do Bem Viver, afetando a saúde, a natureza, a cultura e as relações socioeconômicas mediadas pelo trabalho.Palavras-chave: comunidades; capital industrial; bem-viver.Resumen de la Ponencia:
El proyecto “Más allá de la facturación: el trabajo con las tiendas de ropa de segunda mano en Chapinero, Bogotá y su aporte al medio ambiente” surge en el marco del incremento de la difusión y el posicionamiento como alternativa sostenible de la ropa de segunda mano en el contexto de la pandemia, por lo que los aspectos ambientales que transversalizan la ropa de segunda mano empiezan a reconocerse. De esta manera, el centro del proyecto es la conciencia y el aporte ambiental que tiene la ropa de segunda mano dentro de las dinámicas de la producción de ropa masiva conocidas como el “fast fashion”. Para el desarrollo del proyecto se realizó un diagnóstico en el que se abarca la historia del intercambio, compra y venta de la ropa de segunda mano frente a sus inicios en Bogotá. Además, junto con la tienda Toneladas de Ropa Usada (TONS) ubicada en la localidad de Chapinero en Bogotá se contacta a la Alcaldía de esta localidad con el fin de conocer los procesos e indicadores acerca de la conciencia ambiental frente a la ropa de segunda mano en la localidad. Al tener el diagnóstico se realizó una serie de conversatorios, programas radiales y ferias tanto virtuales como presenciales con el fin de resaltar la labor socio ambiental que promueven las tiendas de segunda mano, teniendo como centro de concientización los estudiantes de la Universidad Santo Tomás. De este modo, la ponencia se trata de una reflexión sobre la experiencia que se dio en el marco del proyecto de pedagogía ambiental frente a la ropa de segunda mano en la Universidad Santo Tomas, como una alternativa sostenible a la producción y consumo masivo de ropa y sus efectos socioambientales. Así ésta ponencia se ubica en la mesa de Medio ambiente, economías solidarias y desarrollo sostenible, dentro de la línea temática de educación ambiental, nuevas pedagogías y procesos de transformación social, ya que el proyecto promovió no solo la conciencia ambiental sino también la desestigmatización de la ropa de segunda mano y reflexiones entorno a generar una economía circular y solidaria.Resumen de la Ponencia:
En julio de 2020 la Cancillería Nacional de la República Argentina publicó un comunicado oficial en el que informaba que la institución se encontraba desarrollando las tratativas con las autoridades chinas para formar un acuerdo que permita aumentar la producción de carne de cerdo a 9 millones de toneladas por año (más de diez veces la producción actual). Este número fue corregido por la misma Cancillería el 27 de julio a 900 mil toneladas por año. A partir de este evento, tanto en el ámbito mediático como académico, se reavivaron los debates en torno a la relación de la producción y el uso de los recursos naturales, es decir, la discusión respecto a los modelos productivos y sus correspondientes implicancias ambientales. El acuerdo establece que las inversiones de origen chino se destinarán a la instalación de granjas industriales porcinas de producción intensiva. La carne producida será destinada exclusivamente a la exportación hacia China. Estas características generaron preocupación y rechazo en la opinión pública expresada en las varias protestas sociales que se llevaron adelante durante ese año lideradas por movimientos sociales ecologistas en rechazo al acuerdo. Las denuncias hacia la profundización del modelo extractivista a partir de este acuerdo constituyen una expresión de las disputas actuales en relación a los modelos de desarrollo. Particularmente, expresan ciertas características sobre la relación entre el modelo neo-desarrollista (Neffa, 2013; De Angelis, 2015) al que apuesta el gobierno nacional y los patrones del modelo neo-extrativista (Svampa, 2013) que han sido una constante en las últimas décadas de varios países de la región. De esta forma, en esta investigación se analizan las características socioeconómicas y ambientales del acuerdo porcino entre Argentina y China, poniendo el foco en las relaciones que pueden establecerse con los modelos de desarrollo en disputa. En este trabajo se exponen los resultados preliminares de la investigación realizada en el marco de la beca EVC-CIN 2020 para estudiantes de carreras de grado que tuvo inicio en septiembre del 2021. Por lo tanto, los resultados preliminares expuestos en este trabajo comprenden los resultados de diferentes tareas realizadas en este periodo, tales como elaboración de informes sobre modelos de desarrollo, relevamiento de información obtenida de medios de prensa sobre el acuerdo y entrevistas a profesionales de las áreas involucradas. Con todo, en esta ponencia se busca analizar las características de los modelos de desarrollo a partir de la observación de un caso concreto de producción a gran escala a fin de aportar información al debate sobre desarrollo sostenible.Resumen de la Ponencia:
La mercantilización de la naturaleza desde la hidropolítica del trasvase de agua de la presa de El Zapotillo, JaliscoCecilia Lezama Escalante[1] La grave problemática socioambiental de nuestra época tiene su origen en un modelo económico que depende de la apropiación de la naturaleza y de aquellos territorios que cuentan con recursos para explotarlos y mercantilizarlos, como fuente para la acumulación ilimitada del capital. La operación de este modelo requiere de acuerdos multilaterales, gubernamentales y de empresas nacionales, así como de tecnologías y prácticas productivas que hagan posible su reproducción. De aquí la importancia de revisar los proyectos de infraestructura hidráulica de manera holística, siguiendo los flujos del agua y los diversos actores nacionales y transnacionales que intervienen en las arenas de poder. La presente ponencia pretende abordar el análisis de un megaproyecto hidráulico, la presa de El Zapotillo en Jalisco, a la luz de la perspectiva del ciclo hidropolìtico, como un hilo conductor para observar los flujos del agua y de poder en el entramado de interconexiones sociales y políticas que se entretejen para planear y justificar el trasvase del agua de la cuenca del río Verde al corredor urbano industrial León –Silao en Guanajuato, ubicado a 140 kms de distancia. El proyecto engloba todas las características de un proyecto modernizador que atiende a las necesidades de expansión del capital, para lo cual requiere recursos hídricos, de los que ya no dispone para su desarrollo urbano-industrial. Bajo esta mirada, aquí se pretende dar cuenta de los mecanismos utilizados para conseguir la desposesión de agua y territorios, de las formas de apropiación y privatización del agua, del concesionamiento y financiamiento de las obras hidráulicas para garantizar la acumulación del capital.Palabras clave: Infraestructura hidráulica, ecología política, cuencas hidrosociales, ciclo hidropolìtico, [1] Profesor-investigador del Departamento de Estudios Socio Urbanos de la Universidad de Guadalajaracecilialezama24@gmail.comResumen de la Ponencia:
A Responsabilidade Social Empresarial – RSE ganha evidência, sobretudo a partir dos anos de 1990. No tripé da gestão socialmente responsável, para além dos aspectos econômicos, considera-se a preocupação social e ambiental por parte das empresas. A cada momento sócio-histórico as necessidades sociais e ambientais assumem particularidades. Em 2020, no contexto de pandemia, ocasionado pelo novo Coronavírus, há o agravamento das expressões da questão social, tornando urgente discutir o papel das empresas nesse processo. A presente pesquisa objetivou analisar a RSE no Brasil frente à pandemia do Covid-19, somando-se aos estudos do Grupo de Pesquisa em Trabalho, Questão Urbano - Rural-Ambiental, Movimentos Sociais e Serviço Social, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRN. Metodologicamente a pesquisa, de caráter qualitativo, foi desenvolvida por meio de análises bibliográficas e documentais. Foram investigadas publicações de entidades representativas de difusão da RSE no território brasileiro, quais sejam: Pacto Global – vinculado à ONU, em atuação desde 2000 no Brasil, e o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável – CEBDS, criado em 1997. Por meio da análise temática de conteúdo foram trabalhados 22 documentos, coletados no período de Agosto/ 2021 a Janeiro/ 2022. Destes materiais, coletados via websites das entidades, 13 foram publicados pelo CEBDS e 9 pelo Pacto Global. Como resultados principais, verifica-se uma preocupação com o papel das empresas frente à pandemia. No conjunto de documentos percebe-se foco em recomendações referentes às ações que devem ser realizadas pelas empresas no período pandêmico. Contraditoriamente, mesmo diante dessas recomendações não se identifica um teor mais crítico e/ou reflexivo sobre a conjuntura. Há reconhecimento acerca do aumento da desigualdade no país, mas não aparecem reflexões mais densas sobre soluções que se direcionem para pensar mudanças sociais significativas. Também, preponderantemente, nos documentos é recorrente a indicação de janelas de oportunidades a serem abertas no cenário pós-pandemia, a depender da forma como as empresas se estruturam para tal. Nessa dimensão, predomina a defesa do crescimento econômico como solução dos problemas sociais. Apesar das divulgações midiáticas acerca de ações empresariais de combate aos efeitos da pandemia, conclui-se que, mesmo diante do discurso da RSE, prevalecem as ações necessárias à reprodução do capital. A pressão nos sistemas de saúde frente à pandemia foi intensa em todo o mundo. No entanto, em realidades como a brasileira, de já existência de elevados patamares de desigualdade de acesso aos direitos básicos, essa pressão se estende a outras várias dimensões, ocasionando, por exemplo, elevados índices de desemprego e dificuldades de acesso à escola para crianças e adolescentes que não tiveram condições tecnológicas necessárias ao ensino remoto. Nessa perspectiva estrutural e conjuntural, adensar o debate sobre a relação entre estado, mercado e sociedade, é essencial para a construção efetiva de novos patamares de desenvolvimento social.
Introducción:
A crise sanitária ocasionada pela pandemia do novo coronavírus intensificou as expressões da questão social, já tão latentes na realidade brasileira. Os últimos anos da conjuntura social, política e econômica no Brasil, já foram marcados pelo aumento dos índices de desemprego, desigualdade social e crise no meio econômico, que se somaram às implicações de uma pandemia mundial.
Frente ao cenário pandêmico e suas repercussões nas variadas instâncias da vida social, a pesquisa aqui apresentada teve como objetivo geral analisar a Responsabilidade Social Empresarial - RSE no Brasil frente à pandemia do COVID -19. De cunho bibliográfico e documental, os dados foram trabalhados por meio da análise de conteúdo, tendo como amostra 22 documentos, coletados no período de agosto/2021 a Janeiro/2022, publicados pelo Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável - CEBEDS (13 publicações) e pelo Pacto Global Brasil (9 publicações).
As entidades supracitadas compuseram a amostra de pesquisa por serem expressivas na realidade nacional no que se refere à difusão e proposição de estratégias de gestão empresarial socialmente responsável. O Pacto Global foi criado em 2000 e está vinculado à Organização das Nações Unidas – ONU, sendo hoje “a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 16 mil participantes, entre empresas e organizações, distribuídos em 70 redes locais, que abrangem 160 países" (Pacto Global, s/d, s/p). Alinhado às mesmas perspectivas, o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável se conceituou como primeira instituição a trabalhar e falar de sustentabilidade permeado pelo tripé das áreas ambiental, econômico e social, conceito de Tripple Bottom Line, sendo também “referência na vanguarda da sustentabilidade tanto para as empresas quanto para parceiros e governos” (CEBDS, s/d, s/p).
Destaca-se ainda que o presente estudo está vinculado ao projeto de pesquisa intitulado “Responsabilidade Social Empresarial e Transparência: uma análise do nível de evidenciação socioambiental das empresas do Rio Grande do Norte”, desenvolvido em articulação com as investigações do Grupo de Pesquisa em Trabalho, Questão Urbano - Rural-Ambiental, Movimentos Sociais e Serviço Social, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
À vista disso, o artigo aqui apresentado apresenta um debate em torno da RSE no Brasil, apontando a relevância do princípio da transparência para o debate em torno do papel econômico, social e ambiental das empresas. Em seguida, apresenta-se, a partir dos documentos que compuseram a amostra de pesquisa, os principais aspectos das perspectivas de enfrentamento empresarial diante dos múltiplos impactos da pandemia do novo coronavírus na realidade brasileira. Por fim, as considerações finais.
Desarrollo:
Responsabilidade Social Empresarial: o princípio da transparência e particularidades brasileiras
A Responsabilidade Social Empresarial - RSE refere-se a um modelo de gestão que já foi considerado apenas como filantropia nos primórdios de seus debates, onde as ações empresariais tinham caráter caritativo para com algum público específico e bem restrito. Porém, a RSE, de fato, “transcende a filantropia ou qualquer ação que se limite à obtenção de lucros, passando a observar os demais aspectos presentes no contexto social e econômico da empresa.” (PEREIRA, 2014, p.44). E, ainda nesse momento inicial, em meados da década de 1950, a ação filantrópica era vista como sem relevância pois era “considerada a função social principal na empresa a maximização dos lucros.” (PEREIRA, 2014, p.44).
Mesmo considerando a polissemia conceitual que intrinsecamente compõe a RSE, já em meados da década de 1960, se iniciam as tentativas de definição mais precisa acerca do tema (PEREIRA, 2014), em países de capitalismo avançado, principalmente os Estados Unidos – onde se originaram os debates iniciais. No Brasil, os debates chegam de forma tardia, nos anos de 1990, já que, dentre outros fatores, tivemos uma industrialização também tardia.
Importante destacar que no final da década de 1980, palco da redemocratização no Brasil, bem como da promulgação da Constituição Federal de 1988, tinha-se um cenário favorável à incorporação de debates referentes ao papel social e ambiental das empresas. Nesse processo, destaca-se, portanto, o papel fundamental dos movimentos sociais para a promulgação da CF de 1988 como também para a adesão das empresas às práticas de RSE. Assim, por meio das lutas sociais e influência da Constituição, há a intensificação da “preocupação das pessoas e das empresas no cumprimento da lei.” (LIMA, 2009, p.117), e a dimensão da RSE ganha maior destaque no país. Além disso, “A promulgação de Leis e Estatutos, [...] contribuíram no fortalecimento das ações de RSE no Brasil e trouxeram a possibilidade de novas parcerias entre Estado e sociedade, visando o crescimento econômico e social das empresas.” (PEREIRA, 2014, p.53). Lima (2009, p.119) aponta assim que,
a partir do final da década de 1980, as empresas brasileiras passaram a compreender a necessidade do cumprimento de sua função social diante da exigência da lei, como também do atendimento às novas determinações dos mercados competitivos, submetidas às regras e aos padrões éticos internacionais. Nesse sentido, questões ligadas à ética e à responsabilidade social ganham espaço e importância no universo empresarial.” (LIMA, 2009, p.119)
Dessa maneira, o debate em torno do tripé da RSE, ou seja, a articulação de aspectos ambientais, sociais e econômicos, sem que um se sobressaia ao outro e atendendo às particularidades de cada localidade específica, passa a ganhar amplitude. Não obstante, nas contradições inerentes aos processos históricos sociais, “A responsabilidade da empresa se justifica pela qualidade de comprometimento com pessoas, comunidades, sociedade e meio ambiente, uma vez que os impactos e as influências atingem diretamente toda a cadeia de relacionamento, [...]” (LIMA, 2009, p.122-123). Mas, o que comumente é perceptível nas ações institucionais é que o campo econômico monopoliza as atenções fazendo com que, muitas vezes, as áreas social e ambiental não tenham a relevância necessária.
No cenário mais recente, tanto nacional quanto internacionalmente, o debate em torno da RSE tem sido atrelado aos determinantes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – os ODS, postos pela ONU. Essa articulação tornou-se ainda mais necessária com os impactos ocasionados pela pandemia do Coronavírus na condição socioeconômica, em especial, dos países de capitalismo periférico, como é o caso do Brasil. Desse modo,
A adesão aos ODS é, contemporaneamente, uma forma de as empresas, enquanto atores sociais partícipes do desenvolvimento, demonstrarem compromisso com a sustentabilidade. Contudo, para além da adesão formal, torna-se fundamental refletir acerca das ações que efetivamente as empresas vêm desenvolvendo nos campos social e ambiental. Nessa direção, defende-se o princípio da transparência como central no entendimento do papel que as empresas têm assumido na incorporação dos dez princípios do Pacto Global, bem como diante dos ODS. (MONTEFUSCO; SANTOS; SANTOS, 2020, p.13)
Essa transparência “ocorre no Brasil de forma voluntária, mas nem por isso [...] pode ser negligenciada.” (MONTEFUSCO; SANTOS; SANTOS, 2020, p.5). “A comunicação transparente é um pilar central da RSE” (MONTEFUSCO; SANTOS; SANTOS, 2020, p.15). Todos os documentos e campanhas institucionais são meios de consolidação da comunicação transparente, mas, obviamente, um dos instrumentos essenciais nessa esfera são os balanços sociais e/ou relatórios de sustentabilidade, cuja “função principal [...] é tornar pública a responsabilidade social da entidade.” (PINTO; RIBEIRO, 2004, p.23) sendo também considerado um indicador de Responsabilidade. Pinto e Ribeiro (2004, p.5) dissertam ainda que,
Acredita-se que a divulgação das ações sociais das organizações, dos planos internos voltados ao seu ativo humano, das políticas de investimentos direcionadas ao meio ambiente, a evidenciação da formação e distribuição da riqueza e contribuições a entidades assistenciais, são de grande utilidade não somente para o público, mas também para a própria organização que as publica, haja vista que a publicação do Balanço Social, elaborado com informações fidedignas, é um instrumento que propicia um relacionamento mais íntimo com o público e, consequentemente, a melhoria de imagem da empresa, além de servir como instrumento de controle e avaliação aos gestores. ( PINTO, 2004, p.23)
Nessa perspectiva, as organizações empresariais têm o dever de estabelecer de forma mais clara “os mecanismos de divulgação transparente de suas ações nos territórios em que estão instaladas, favorecendo o acompanhamento dos stakeholders e o desenvolvimento de práticas que contemplem as efetivas necessidades de cada contexto social.” (MONTEFUSCO; SANTOS; SANTOS, 2020, p.15). Assim, “As empresas que internalizam a responsabilidade social na gestão dos negócios, do planejamento estratégico à implementação das ações, estabelecem padrões éticos no relacionamento com toda a cadeia produtiva.” (LIMA, 2009, p.123).
Diante do pilar da transparência, e da ideia da empresas, por meio da RSE, como partícipes das práticas direcionadas ao desenvolvimento social, buscou-se identificar por meio dos documentos publicados pelo Pacto Global e CEBDS, de que forma as empresas brasileiras têm respondido às demandas colocadas pelo contexto pandêmico instalado, mundialmente, em março de 2020.
Contexto Pandêmico e RSE: uma análise do papel das empresas a partir do Pacto Global e do CEBDS
O Pacto Global se trata de “uma iniciativa voluntária que fornece diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania, por meio de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras” (PACTO GLOBAL), iniciado no ano de 2000 “pelo então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan” que propunha alinhar estratégias aos 10 princípios universais advindos das “áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade.” (PACTO GLOBAL). No Brasil, “Criada em 2003, a Rede Brasil responde à sede do Pacto Global, em Nova York, e preside o Conselho das Redes Locais na América Latina.” (PACTO GLOBAL).
Já o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável – CEBDS, foi criado em “1997 por um grupo de grandes empresários brasileiros” (CEBDS), sendo “uma associação civil sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento sustentável por meio da articulação junto aos governos e a sociedade civil, além de divulgar os conceitos e práticas mais atuais do tema.” (CEBDS).
Dessa forma, ambas as instituições descritas são vistas e seguidas – inclusive demonstrando níveis importantes de engajamento em redes sociais - por milhares de pessoas físicas e/ou jurídicas. Nessas plataformas, as instituições estão presentes no Instagram, Facebook e LinkedIn. São organizações que atuam como referência nas formas de conduta entre empresas e outras instituições, por se tratarem de organizações reconhecidas e também possuírem empresários como membros representativos. Nessa linha, as duas organizações fizeram publicações acerca da pandemia do Coronavírus, apresentando suas atitudes e ações diante desse período atípico, assim como indicando posturas empresariais socialmente responsáveis para o momento em questão.
Em linhas gerais, nos documentos publicados pelo Pactos Global tomados como amostra, fica evidente a preocupação com a responsabilidade das empresas na contenção de contágio do Covid-19, havendo um reconhecimento do perigo/letalidade do vírus. Um elemento importante de frisar é que a instituição retoma a questão dos impactos e consequências do Covid, debatido intensamente e apresentando, inclusive, pontos “positivos”/“oportunidades” proveniente da pandemia. Dentre esses, há a compreensão de que as empresas devem ser mais transparentes e comunicativas com os envolvidos, visto que a atitude empresarial durante a epidemia é considerada "definitiva". Isto é, as ações repercutem e influenciam a visão e adesão, ou não, da sociedade – consumidores/clientes, com a instituição, podendo trazer prejuízos a organização, como a perda de usuários e parceiros.
Nos documentos analisados do Pacto Global é perceptível o evidente reconhecimento das desigualdades sociais no Brasil, e sua intensificação durante o período da pandemia.. Outro ponto recorrente nos documentos são as doações empresariais, que bateram recorde no cenário pandêmico mais agudo e de isolamento social mais firme. Se reconhece a responsabilidade empresarial para além da lucratividade, extensiva ao entorno social e ambiental. Consoante a isso, alertam para possíveis crises/novas pandemias devido à nossas ações, como humanidade, como a agressão frequente e perversa ao meio ambiente.
Não divergindo dos materiais do Pacto, o CEBDS apresenta a existência da pandemia e dos protocolos de segurança, não questionando sua importância e utilidade, e sim os frisando e ressaltando. Há a menção da responsabilidade do poder público, das empresas, mas também individual – trabalhadores no combate à disseminação do vírus e cuidado. Compreendem ainda mais a necessidade da comunicação perante todos os stakeholders. Há também destaque para as doações realizadas pelas empresas e para as mudanças que o Coronavírus trará nos ambientes de trabalho, mercado, na empresa – e em toda a ordem organizacional que tínhamos.
Ainda destacando a convergência das publicações, ressalta-se o reforço a ideia de que a pandemia não se dá de forma igualitária a todos os segmentos sociais, porém sem extrapolar a reflexão para o questionamento mais estrutural acerca das razões desta desigualdade. É visível que a informação é dada, porém sem uma problematização ou criticidade a respeito da questão. Por serem plataformas grandes, com alcance amplo e disseminarem ideias relativas à boas condutas empresariais, seria de suma relevância abrir um espaço para esse debate pois é essencial que se explane a respeito das origens das expressões da questão social.
Há dois trechos de uma publicação do CEBDS, que foi elaborada pela organização maior ao qual está vinculado, o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), intitulada “As consequências da Covid-19 para a próxima década: Nota informativa da Visão 2050”. Esse documento específico, analisa a conjuntura mundial, sem, por exemplo, apontar estratégias possíveis para enfrentar as estruturas sociais desiguais. Os trechos que se seguem explicitam essa reflexão,
A forma como as pessoas vivenciam a pandemia é determinada, em parte, pela sua posição no espectro global de riqueza e renda. Quem está no topo possui um confortável colchão de reservas e acesso a assistência médica de alta qualidade; os que estão na outra extremidade não têm nada disso. Assim, a desigualdade age como “amplificador de ameaças”, interagindo com a disseminação do vírus de forma a intensificar a vulnerabilidade da sociedade como um todo. (CEBDS; WBCSD, 2020, p.8).
Em países desenvolvidos e em desenvolvimento, muitos trabalhadores pertencem ao chamado “precariado”, que [...] cresceu vertiginosamente nos últimos anos com a explosão do número de autônomos, freelancers e trabalhadores temporários contratados por tarefa. Essas pessoas têm sido as primeiras a ter a subsistência ameaçada pela pandemia. Na maioria das vezes, a responsabilidade por garantir o bem-estar econômico do precariado recai sobre os governos, o que exige um esforço hercúleo até dos países mais ricos. (CEBDS; WBCSD, 2020, p.8).
Na sequência do documento em análise se coloca uma reflexão importante, na qual aparece a ideia de que a “Responsabilidade é a estrutura de princípios por meio da qual empresas analisaram questões de sustentabilidade até hoje e continuará sendo um imperativo essencial” (CEBDS; WBCSD, 2020, p.16) mas, ganha destaque como “solução” aos enfrentamentos necessários, a perspectiva da resiliência. Há o reconhecimento de que a pandemia do novo Coronavírus trouxe mudanças muito significativas, acarretando alterações em todos os âmbitos da vida, mas que a resiliência poderia ser a chave para superação das crises originárias do Covid-19. Visualiza-se que há a utilização de uma estratégia ideológica em que a resiliência aparece como a capacidade não apenas de adaptação, mas de superação dos problemas sociais e ambientais.
Além do destaque dado à resiliência, é nítido também que os materiais publicados pelas duas entidades apresentam reflexões mais detidas sobre o âmbito social do que com o ambiental. Esse fato é até compreensível, considerando o momento em que estamos passando e enfrentando. No entanto, é fundamental destacar aqui que o tripé da RSE deve ser pensado em sua completude e não apenas como uma soma de partes. Ao mesmo tempo reforça-se o argumento de que o discurso propagado em torno da RSE “deve refletir-se em ação, pois não adianta uma empresa pagar mal a seus funcionários, corromper a área de compras de seus clientes, pagar propinas a fiscais do governo e, ao mesmo tempo, desenvolver programas voltados a entidades sociais da comunidade.” (GARCIA; FERNANDES; SILVA; FERREIRA, 2015, p.307).
Montefusco, Santos, e Santos (2020, p.13) expõem que é bem frequente que a centralidade do debate recaia na “preocupação em proteger a reputação das empresas, garantindo legitimidade aos negócios, bem como o gerenciamento de problemas centrais dos negócios [...]”. Isto nos demonstra e alerta para as contradições das ações e intenções oriundas da dinâmica empresarial.
Conclusiones:
A conformação da RSE em cada espaço social vai assumindo características que refletem o processo de desenvolvimento socioeconômico de cada região, assim como as particularidades de cada contexto histórico. A partir de 2020, no contexto de pandemia, ocasionado pelo novo Coronavírus, há o agravamento das expressões da questão social, tornando urgente discutir o papel das empresas nesse processo.
Os documentos analisados demonstram que as instituições responsáveis pelo debate e fomento da ideia da gestão empresarial socialmente responsáveis estavam atentas ao conjunto de demandas sociais originárias do cenário pandêmico. Não obstante, os materiais evidenciam, ainda que sob o manto do chamamento à inclusão das esferas social e ambiental na agenda empresarial, a prevalência no crescimento econômico como solução aos problemas do desenvolvimento.
A perspectiva da resiliência empresarial, que aparece reiteradas vezes nos materiais investigados, denota a fragilidade da proposição de soluções concretas para a questão ambiental e para a condição de pobreza que se impõe à parcela significativa da população brasileira. Percebe-se, portanto, foco em recomendações referentes às ações que deveriam ser realizadas pelas empresas no período pandêmico, todavia, sem a apresentação de reflexões mais densas sobre soluções que se direcionam para pensar mudanças sociais significativas.
São preponderantes ainda na análise do conjunto dos documentos o chamamento à relevância das empresas atentarem ao futuro pós-pandêmico. Há significativas menções às janelas de oportunidades que surgirão, de tal maneira, que as empresas devem estar preparadas e estruturadas para tais oportunidades. A preocupação social e ambiental aparece mais como parte da estruturação das empresas do futuro e menos com uma contribuição efetiva ao desenvolvimento do país.
Os impactos da pandemia do novo coronavírus têm sido extensivos às diversas dimensões da vida, não de forma equânime a todas as sociedades e seus segmentos, mas, ao contrário disto, assumindo dimensões de gênero, raça e condição social. A conjuntura pandêmica, em realidades como a brasileira, historicamente alicerçada em elevados patamares de desigualdade social, expõe a urgência de adensar o debate propositivo em torno das possibilidades de construção efetiva de novos patamares de desenvolvimento social.
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PEREIRA, Maria Joama de Sousa. “Difícil é, mas desistir nunca”: uma avaliação da efetividade do Projeto ViraVida – Paraíba entre 2010 e 2012. 2014. 150f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014.
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Palabras clave:
Responsabilidade Social Empresarial; Comunicação Transparente; Crise Sanitária; Particularidade Brasileira.
Resumen de la Ponencia:
El Programa Municipal de Economía Solidaria, Lucha contra la Pobreza y Fomento Económico y Social de Maricá- Rio de Janeiro- Brasil, fue sancionado por la Cámara de Concejales, generando la Ley N° 2.448, de 26 de junio de 2013. Dentro de este amplio programa busca combatir las desigualdades sociales, fomentar el desarrollo vida económica y social de las comunidades y establecer medios para erradicar la pobreza y generación de empleo e ingresos para los estratos más pobres del municipio. las iniciativas sería: fomento de la economía solidaria con la creación del Banco Popular Comunitario de Maricá - estableciendo convenios con organizaciones de la sociedad civil, en este caso el Instituto Palmas -; la creación de una Moneda Social; combatir la pobreza con transferencia de ingresos de la Bolsa Mumbuca Programa Social y desarrollo desarrollo económico y social a través del microcrédito, con todas las acciones realizadas con recursos del Fondo del Banco Popular Comunitario de Maricá.El objetivo del Fondo es proporcionar apoyo financiero para el logro de los planes tratados en la ley, promoviendo su viabilidad y organización, la captación, traslado y aplicación de los recursos necesarios para su ejecución. La transferencia de fondos al Banco Comunidad de Maricá se realizará a través de un convenio con el Instituto Palmas. El presupuesto del fondo destacará las políticas y los programas de trabajopolíticas gubernamentales, observadas en el Plan Plurianual y en la Ley de Lineamientos Presupuestarios, incluido en el presupuesto municipal.Bolsa Mumbuca es una transferencia directa en efectivo a 9.000 familias viviendo registrado con un ingreso familiar de hasta un salario mínimo por mes o con un familiar con discapacidad. Al inicio del Programa cada familia recibía 70 mumbucas – equivalente a 70 reales – por mes y de que el valor cambie a 85, por considerar que las 15 mumbucas sumaron podría gastarse en pescaderías acreditadas, para incentivar el sector -aunque el valor se puede gastar en cualquier comercio acreditado - de esta manera se aumentó progresivamente la transferencia hasta llegar a 300 mumbucas para el 2016.El programa es una gran innovación en el Campo de las Finanzas Solidarias y uno de los programas municipales de distribución de ingresos más creativos de Brasil, debido a la su escala y naturaleza peculiar. La novedad es la sustitución de la papeleta de solicitante por la detarjeta de débito, siendo la primera moneda social electrónica del país, así es posible tener mayor transparencia, informatización de datos y control, facilitando por lo tanto, una buena gobernanza de la gestión.Resumen de la Ponencia:
Se propone una lectura sobre los desastres desde la geografía y la ecología política, dando cuenta de la trayectoria de expansión forestal en Chile en tanto desastre de larga duración, dado los cambios socioecológicos que ha impuesto y que, por su magnitud, se construyen como irreversibles. En este contexto, los llamados “desastres socio-naturales”, como incendios, terremotos y tsunamis, se configuran como manifestaciones puntuales (y recurrentes, como los incendios) de esta macro-transformación territorial histórica. Los desastres, se identifican entonces como acontecimientos reveladores de las rupturas del supuesto orden lineal del desarrollo, enfrentando así, dos lecturas del tiempo: el tiempo lineal y el tiempo de las discontinuidades. Junto con lo anterior, por las características de la expansión forestal y los modos de producción territorial capitalista que subyacen, los desastres presentan una ambivalencia: si por la mayoría de la población implican una crisis en su cotidianidad, para los actores económicos hegemónicos son convertidos en oportunidad para la consolidación, adaptación y diversificación de su modelo de negocios y construcción territorial.Se escoge como territorio de estudio la comuna de Constitución, localizada en la costa de la región del Maule (Chile), territorio icónico del proceso de expansión forestal por la cantidad de plantaciones forestales (más del 50% de la superficie comunal), sumado a la instalación de la histórica planta de celulosa CELCO-ARAUCO. Junto a lo anterior, este territorio ha vivido desastres socio-ambientales paradigmáticos donde la componente empresarial forestal ha asumido un rol hegemónico. Constitución se convierte, entonces, en el observatorio de un territorio en tiempo pasado/presente, cuyas pautas de observación son aquellas transformaciones profundas (la expansión forestal) y acontecimientos fundamentales (como el terremoto del 2010 y los incendios forestales del 2017) que evidencian la gestación e irrupción de un desastre de larga duración. La originalidad de la propuesta está en plantear una continuidad histórica de gestación de vulnerabilidad y marginalidad territorial que permite la ocurrencia de desastres puntuales o reiterados así como el despliegue de nuevos dispositivos de intervención/producción territorial por parte de las empresas forestales hegemónicas.Los resultados permiten evidenciar un aprovechamiento por el sistema industrial maderero que logra generar nuevas oportunidades de expansión gracias al rol hegemónico ocupado en los territorios afectados. En efecto, el Plan de Reconstrucción Sustentable de Constitución (PRES), liderado por la empresa Arauco S.A., se configura como un hito emblemático de la entrada preponderante de las empresas en la planificación territorial, en pos de los intereses corporativos, aunque bajo el alero de los intereses colectivos.Se plantea una reflexión sobre las condiciones que producen (im)posibilidad de restauración socioecológica post-desastre a causa de una gobernanza del riesgo que se enfoca en soluciones de corto plazo sin abordar el problema estructural, en términos de sistema y modelo de desarrollo.Resumen de la Ponencia:
O MEIO AMBIENTE E OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DO MERCADO DE TRABALHO NO SETOR DE MÁRMORE E GRANITO DO SUL DO ESPIRITO SANTO Luanna da Silva FigueiraMestranda do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro- UENF Dr. Paulo Marcelo de SouzaProfessor associado da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro-UENF GT14 – Meio Ambiente, Economias Solidárias e Desenvolvimento Sustentável. 1 RESUMO O presente trabalho tem como proposta analisar a saúde e a segurança dos trabalhadores do setor de mármore e granito do Sul do Espirito Santo no Brasil, identificando os impactos socioambientais causados no meio ambiente laboral do setor. Objetiva investigar o avanço econômico do setor de rochas do sul do Espirito Santo no recorte da implementação da lei nº 13.467/2017 (Reforma trabalhista), a ocorrência do aumento de acidentes do trabalho, e se houve ou não agravamento da precarização do trabalho no setor após a ocorrência das agendas neoliberais implementada no Brasil e, consequentemente, da flexibilização dos direitos laborais. A justificativa do estudo baseia-se no fato de que a exclusão dos trabalhadores ao meio ambiente laboral seguro e com saúde impacta diretamente nas questões sociais, isto é, nos problemas e processos sociais, tendo em conta a relação direta com um meio ambiente de trabalho salubre e o desenvolvimento socioambiental do mesmo. Posto que um ambiente laboral desenvolvido sustentável é o resultado de uma saúde e segurança garantida para os trabalhadores. Do ponto de vista metodológico, o trabalho foi construído na forma de pesquisa exploratória, tendo a bibliográfica empregada como fonte base inicial de conceitos essenciais para a construção de um conhecimento capaz de promover uma análise crítica acerca do tema proposto. Nesse sentido, para que um conhecimento possa ser considerado científico, torna-se necessário identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a sua verificação, ou seja, determinar o método que possibilitou chegar a esse conhecimento. Diante do exposto, este trabalho discorreu, a partir de levantamento epistemológico da fenomenologia, que centra-se na compreensão de ser uma Filosofia da Consciência, a qual se identifica com a intencionalidade que se volta para o fenômeno, “se instaura como uma filosofia da consciência, no sentido de ser um pensar radical a esse respeito.” (BICUDO, 1999, p. 14), e do materialismo histórico dialético, que na perspectiva de Marx e Engels, a estrutura econômica (ou infraestrutura) é a base sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política, à qual correspondem determinadas formas de consciência social ou ideológica. Nesse sentindo, é possível perceber que a pesquisa tem como escopo principal a luta pelos direitos sociais trabalhistas, que também se insere na perspectiva de assegurar ao trabalhador um meio ambiente do trabalho saudável, equilibrado e seguro.
Introducción:
A vida humana é marcada pelo crescimento de incertezas e pela sensação de fragilidade diante tanto de fatores de risco quanto da vulnerabilidade do cotidiano. Essas características também repercutem no trabalho dos indivíduos, pois o labor é um dos princípios eixos estruturantes do dia a dia de qualquer pessoa. No âmbito das práticas do meio ambiente dos profissionais do setor de mármore e granito, espaço que será analisado neste estudo, as questões referentes ao risco e às vulnerabilidades estão presentes, uma vez que os trabalhadores se expõem rotineiramente a múltiplos e variados perigos relacionados a agentes químicos, físicos, biológicos e psicossociais. Dessa feita, o referido artigo busca promover um debate sobre os impactos socioambientais, ocorridos no mercado de trabalho de rochas do sul do ES, em um recorte do direito social à efetivação do labor decente aos trabalhadores da área. No primeiro tópico, será discutido o início do setor de rochas no estado do Espírito Santo, com destaque para o contexto central do sul do ES e suas implicações em face de um início marcado por imprevistos que afetaram e afetam, até os dias atuais, diretamente o meio ambiente laboral — e, consequentemente, a própria efetivação do direito social dos operários. No segundo tópico, os conceitos e a materialidade do meio ambiente laboral analisado, bem como a importância da definição de forma vasta, serão abordados. Isto é, visto que o meio ambiente apresenta uma incrível capacidade de retratação de variados contextos da realidade social natural e humana. Por fim, o artigo relata a efetivação do direito social ao trabalho decente em face dos impactos socioambientais causados no setor de rochas do sul do Espírito Santo.
Desarrollo:
2 O início do setor de rochas no estado do Espírito Santo É inevitável não pensar em riscos de acidentes quando se fala de extração de pedras na própria rotina do trabalho, visto que todo o contexto das indústrias do mármore e do granito está envolvido por uma dinâmica laboral imersa por insalubridade e periculosidade, mesclada entre homens e máquinas, iniciada de forma precária e sem qualquer estrutura. Essa afirmação baseia-se no fato de que os primeiros empresários do ramo e seus trabalhadores tiveram origem no labor rural, ou seja, na lavoura de café, que era a economia predominante até então no estado. Com o declínio da atividade cafeeira no Espírito Santo e as dificuldades do campo, o recurso encontrado para o mantimento das finanças de cada trabalhador da área foi o ingresso na atividade mineradora, visto que as pedreiras davam um mínimo de dinheiro, e na roça, ao final do mês, depois de todos terem entregado sacos de produção do grão. Muitas vezes, inclusive, ainda deviam ao patrão (Moulin, 2006). Os empresários do setor de rochas eram os donos das terras. Observando a potencialidade do desenvolvimento econômico mineral no estado, eles começaram a investir nessa área (Moulin, 2006). O tropeço da atividade ainda iniciante de extração de rochas foi marcado de forma imprevista. O empresário aprendeu a administrar a pedreira por meio da experiência como chefe do trabalho no meio rural, entre acertos e erros, sem noção de organização das atividades que contratou, de saúde e segurança no trabalho, bem como de conhecimento das leis necessárias (Moulin, 2006). Esse quadro de desenvolvimento econômico — operado a partir do crescimento rural para o ramo das pedras — revela-se de fundamental importância para o estado do Espírito Santo, que tem o município de Cachoeiro de Itapemirim, no sul, como o principal polo de beneficiamento de rochas ornamentais e detentor das maiores reservas de mármore e granito do Brasil (Nery & Silva, 2001). Cachoeiro de Itapemirim consolidou-se na exploração de rochas de forma autônoma por meio da migração do setor rural (Villaschi Filho & Sabadini, 2000). Ou seja, não teve nenhuma ajuda de políticas governamentais. Conforme os autores, o início da produção do mármore e do granito no Espírito Santo deu-se efetivamente pela instalação de marmorarias a partir de 1930, sendo que o princípio das atividades de extração dessas matérias-primas ocorreu apenas no ano de 1957. As serrarias apareceram na região somente após 1966. Os teóricos destacados afirmam que a efetiva exploração comercial desses materiais começou entre 1960 e 1970. Hoje, o ramo de rochas ornamentais do estado do ES conta com 2.664 empresas ativas e 1.950 inativas. É composto, basicamente, de micro e pequenas organizações. A região sul possui cerca de 7.800 trabalhadores filiados ao Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Mármore, Granito e Calcário do Espírito Santo (Sindimármore). Isto é, de um total de cerca de 27.053 operários do local — fora os sem assinatura na carteira, terceirizados e clandestinos, um problema que persiste desde os primórdios da extração (SINDIMÁRMORE, 2022). Dessa feita, com a evolução e com a própria modernização da indústria, que passou de um arcabouço laboral rural para um fabril capitalista, o Espírito Santo vem consolidando-se na economia dentro do mercado de rochas ornamentais, galgando, segundo o próprio relatório do Sindirochas, sindicato da categoria dos empresários do setor, um total de US$ 987.398. A área conquistou, no 1º trimestre de 2022, um aumento de 7,98% frente ao mesmo período em 2021, acumulando um total de US$ 281 milhões em faturamento de exportação, o que equivale a 2.157.723 toneladas de rochas por ano. Esses números colocam o estado na condição de representante de mais de 80% da exportação nacional — ou seja, na posição de maior exportador de rochas do país (SINDIROCHAS, 2022). O desenvolvimento da indústria de mármore e granito no Espírito Santo traz um complexo conjunto de desdobramentos, como a dinamização da economia, a ocorrência da feira anual internacional do mármore e a geração de empregos. Contudo, para os capixabas, o setor traz — em especial, a partir do final da década de 90 — um assunto que hoje se tornou corriqueiro no dia a dia dos trabalhadores em questão: os acidentes e agravos à saúde de cada um deles. A região sul, mais precisamente a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, que se baseava no cultivo do sistema rural do café, desenvolveu-se e estruturou-se com base na economia da extração e do beneficiamento do mármore e granito — passando a ostentar com orgulho o título de capital do mármore do país, aproveitando o peso desse para o desenvolvimento da área. Passou, também, a ser conhecida pelos altos e massacrantes acidentes de trabalho. 3 O meio ambiente laboral: a extração de pedras, trabalho e vida Para o início deste tópico, cabe salientar que uma sequência de edifícios pichados, um leito de rios sujos, queixas de uma vizinhança a respeito do barulho e acidentes típicos de trabalho, por mais heterogêneos que possam ser entre si, representam circunstâncias as quais retratam, em suas totalidades jurídicas e sociais, cenários de poluição ambiental (Maranhão, 2018). A variedade fenomênica quanto às modalidades de degradações ambientais do local não é fruto de intervenções acadêmicas, mas da própria aplicação do texto legal da Constituição Federal de 1988, nos artigos 182, 200, VIII, 216 e 225, os quais estipulam, de forma expressa, a existência de quatro dimensões ambientais: o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural e o meio ambiente laboral. Esse último será examinado de forma detalhada nesta pesquisa (Maranhão, 2018). A vastidão jurídica evidencia que o meio ambiente consiste em uma incrível capacidade de retratar variadas formas de contextos da realidade social natural e humana. Sendo assim, utiliza-se da ideia de Michel Prieur, que reputa o conceito analisado como uma verdadeira “noção camaleão” (Prieur, 2011). Nesse contexto, o que importa é o fato de que a Constituição Federal alargou a área de reflexão do meio ambiente, fortalecendo o reconhecimento de componentes estritamente humanos no campo sociocultural e dando ensejo para reações humanas que vão além dos agentes físicos, químicos e biológicos. Ou seja, a lei estendeu o raio de alcance ambiental de forma a atingir condicionantes socioculturais — inclusive aqueles diretamente relacionados ao espaço social nos quais estão inseridos os trabalhadores no caso de acidentes trabalhistas típicos e seus familiares (Maranhão, 2018). O meio ambiente em questão está compreendido no rol de atribuições do artigo 200, VIII, da CF, evidenciando sua autonomia conceitual e seu reconhecimento dogmático (Brasil, 1988). A importância reconhecida na legislação sobre esse espaço laboral justifica-se pela intrínseca relação entre natureza, trabalho e ser humano (Cavallier, 2002), que foi intensificada pela Revolução Industrial: Com efeito, é mesmo revelador perceber o interessante paralelismo histórico entre as questões social e ambiental. Nota-se que a ânsia pelo lucro, ínsita ao capitalismo, intensificou-se sobremaneira com o deflagrara da Revolução Industrial, ocorrida a partir do século XVIII, trazendo consigo um sério agravamento das lesividades ambientais. A migração em massa para as cidades, formando uma imensa concentração de pessoas disponíveis como mão de obra, suscitou aglomerados de pessoas humanos em condições sanitárias precárias, com afetações diretas dos rios. (Maranhão, 2018, p. 61). De fato, o setor de rochas ornamentais é de enorme complexidade. Embora uma pedreira ou uma empresa tenha a mesma função de extração de blocos ou de trazer benefícios, dificilmente é igual à outra; dependerá de fatores como a própria organização em termos de processo de trabalho, da inserção do trabalhador, dos maquinários utilizados, se extrai bancadas de forma horizontais ou na vertical, etc. Nesse ínterim, é sabido que as atividades no setor de rochas do sul capixaba se dividem em extração dos blocos (trabalho em pedreiras), transformação desses em várias chapas de mármore (trabalho em serrarias) e o beneficiamento, que cuida da criação de bancadas de pias, ladrilhos e produtos industrializados. Ainda há o transporte de blocos, de chapas, de produtos e as moageiras, que utilizam as pedras refugadas da extração para a produção de pó de calcário (Pacheco, Barros & Silva, 2012). O risco de acidentes e de mortes transita entre trabalhadores, máquinas e pedras na indústria de rochas ornamentais do sul capixaba em um convívio de grandes inquietações, fazendo com que a luta pela saúde, pela vida e por um ambiente laboral seja diária (Pacheco, Barros & Silva, 2012). Diante da construção essencial de um meio ambiente do trabalho salubre no setor, é relativamente comum encontrar conceitos do local de labor construídos em torno do ambiente físico onde os serviços são prestados. Pode-se afirmar que o meio ambiente mencionado é “[…] o local em que se desenrola boa parte da vida do trabalhador, cuja qualidade de vida está por si só em intima dependência da qualidade daquele ambiente.” (Silva, 2013, p. 23). Na mesma linha de raciocínio salientada anteriormente, pode-se entender o conceito em análise como “[…] o espaço-meio de desenvolvimento da atividade laboral, como o local hígido, sem periculosidade, com harmonia, para o desenvolvimento da produção e respeito à dignidade da pessoa humana […]” (Maranhão, 2018, p. 263). O meio ambiente do trabalho também pode ser definido desta forma: […] onde o homem realiza a prestação objeto da relação jurídico-trabalhista, desenvolvendo atividade profissional em favor de uma atividade econômica. [...]. No enfoque global, não só o posto de trabalho (local de prestação), mas todos os fatores que interferem no bem-estar no empregado (ambiente-físico), e todo o complexo das relações humanas na empresa, a forma de organização do trabalho, sua duração, os ritmos, os turnos, os critérios de remuneração, a possibilidade de progressão etc., servem para caracterizar o meio ambiente do trabalho. [...] é a interação do local de trabalho, ou onde quer que o empregado, com os elementos físicos, químicos e biológicos nele presentes, incluindo toda sua infraestrutura (instrumentos de trabalho), bem como o complexo de relações humanas na empresa e todo o processo produtivo que caracteriza a atividade econômica de fins lucrativos. (Moraes, 2002, p. 25-27). Há de se reconhecer que o local físico de prestação de serviços é um alicerce primordial para o conceito da realidade labor-ambiental. Por sua vez, as operações no ambiente laboral ocorrem além de um espaço; envolvem um “[…] conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica e social que afetam o trabalhador no exercício na sua atividade laboral.” (Maranhão, 2018, p. 116). Diante desse contexto, o gênero profissional da atividade mineradora de rochas torna-se cada vez mais fragilizado, pois os recursos do meio ambiente laboral são escassos e funcionam por meio de vários fatores, que deixam de ser estáticos e passam a ser encarados como um sistema genuinamente social. Ou seja, a questão ambiental no local de trabalho passa a ser visualizada com uma ênfase no aspecto humano: no âmbito social do labor (Maranhão, 2018). Assim, pode ser julgado como um exemplo de emergência da questão social, visto que atinge diretamente a saúde do trabalhador. Nesse caso, requer estratégias de políticas públicas que possam responder e assegurar condições para a recriação de uma melhor coesão social a todos. A pedra angular do conceito do meio ambiente deve ser o trabalhador, não apenas o trabalho prestado. “Isso só reforça nossa convicção de que o desafio atual está em erigir um conceito de labor-ambiente que, efetivamente, gire em torno do trabalhador e não do trabalho.” (Maranhão, 2018, p. 121). Ou seja, é um conjunto alicerçado nas interações ambientais do local do trabalho e da própria dignidade humana do trabalhador, essencialmente humanista. A respeito dessa pauta, pode-se pensar que “[…] meio ambiente do trabalho é o conjunto de condições existentes no local de trabalho relativas à qualidade de vida do trabalhador.” (Brasil, 2007, p. 252). Por corolário, o meio ambiente do trabalho sadio faz um contexto coerente com a luta pelos direitos sociais trabalhistas, a qual também se insere na perspectiva de assegurar ao trabalhador um espaço saudável, equilibrado e seguro, questões que afetam a proteção ecológica do labor: A questão de salubridade e dos riscos inerentes ou mesmo mais acentuados em determinadas atividades laborais interessam sim à proteção ecológica como um todo, considerando, em particular, que, geralmente as pessoas afetadas por condições de trabalho em cenários de poluição e degradação ecológica são os trabalhadores de menor renda, num cenário que agrega privação de direitos sociais com violação a direitos ecológicos, A proteção da saúde do trabalhador e tutela do meio ambiente do trabalho congregam esforços na perspectiva de assegurar um meio ambiente do trabalho em patamares dignos, com segurança, integridade e qualidade ambiental. Aireside a importância de vincular o Direito Ambiental e Direito do Trabalho, como, aliás, a Constituição Federal de 1988 fez questão de consignar expressamente no seu art. 200º, VIII, de modo a justificar a conformação da nova disciplina do direito ambiental do trabalho. (Sarlet & Ferreira Neto, 2019, p. 11). Nesse contexto, a exclusão dos trabalhadores do meio ambiente laboral seguro e com saúde reflete diretamente nas pautas sociais. Isto é, trata-se de um problema que demanda resposta por parte do governo e da sociedade. Portanto, a emergência de uma questão social implica seu enquadramento por meio de políticas e instituições específicas — as chamadas políticas sociais. Por suposto, uma mesma questão será respondida de diferentes maneiras em contextos políticos, culturais e institucionais distintos, gerando diversos padrões de proteção social (Mattei, 2019). O meio ambiente no setor de mármore e granito no sul do estado do ES assiste ao processo de mercantilização dos serviços sociais, da educação, da saúde e da previdência. Esses são cada dia mais vistos como mercadorias e subordinados à lógica e dinâmica de expansão do mercado. Ao longo dos anos, com a produção em massa, a ampliação do controle da jornada e a intensificação do trabalho, fatos proporcionados pela expansão do taylorismo e do fordismo, os acidentes de trabalho e adoecimentos com nexo passaram a fazer parte do cotidiano laboral (Antunes, 2020). No setor de mármore e granito, a predominância é de um ambiente laboral de alto risco para os trabalhadores diante dos perigos na inalação de partículas de silicose, grande contato direto com ruídos, vibrações, turnos noturnos e/ou rotativos da jornada, derrocada de solos, radiação ultravioleta, desconforto térmico — frio e calor intensos —, cronodisrupção — isto é, por posturas forçadas que são problemáticas quando mantidas por muito tempo, visto o risco de derrocada —, manuseamento de cargas, queda de objetos, uso de máquina, queda do próprio trabalhador ao mesmo nível e em altura, bem como entalhamento e esmagamento por chapas de mármore e rochas. Dessa forma, o ambiente de trabalho envolvendo a extração e o beneficiamento de rochas é considerado uma das atividades empresariais mais perigosas, pois os acidentes mortais ocorrem com frequência e são o dobro dos existentes no setor da construção civil. Isso se justifica pelo ambiente laboral com alta periculosidade, insalubridade e com uso de máquinas de grande porte, as quais são capazes de fazer mobilizações de cargas pesadas, bem como pela presença de grande quantidade de poeira de silicose, que acaba por diminuir a visão dos trabalhadores. Ademais, boa parte dos acidentes da área está associada às tarefas de manutenção, utilização de veículos e máquinas no próprio ambiente, quedas de alturas significativas e esmagamentos por pedras/rochas (Moulin & Minayo-Gomez, 2008). A atividade, embora importante, traz um complexo de desdobramentos sociais à região do estado ao promover agravos à saúde dos operários e acidentes fatais em face dos riscos de trabalho proporcionados pelo meio ambiente laboral. Esses serão tratados de maneiras específicas nesta pesquisa. 4 A efetivação ao trabalho decente: uma agenda socioambiental no mercado de trabalho de rochas Para uma melhor compreensão do tema, a primeira questão para se elucidar diz respeito ao conceito do trabalho digno, que tem uma expressão e significado próprios, com o intuito de preservar o direito social fundamental justrabalhista: O trabalho decente, em perspectiva que se pode chamar de institucional, deve ser compreendido como um conjunto de normas e ações que garantem àqueles que vivem do trabalho encontrar meios que garantam a sua subsistência e dos que lhe são dependentes, prestando o trabalho de forma que preserve a sua dignidade. Já na perspectiva pessoal deve ser um trabalho digno, ou seja, livre, igual, e em que direitos mínimos sejam garantidos. (Brito, 2019, p. 118). Nesse sentido, um dos principais fundamentos da Constitucional Federal, disposto em seu artigo 1º, é a dignidade da pessoa humana nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Assim são as dimensões contempladas pelo ordamento jurídico brasileiro, subdivididas em duas questões: a dignidade da pessoa humana sob a ótica da dignidade reconhecida à pessoa trabalhadora (Brasil, 1943). Dessa feita, tendo como percepção de que a atividade econômica do setor de rochas gera toda sorte de poluição e depósito de resíduos no meio ambiente laboral, correlacionando, assim, uma degradação ambiental laboral que atinge de forma direta os trabalhadores — a qual, recentemente, na década de 80, provocou o surgimento do conceito do Desenvolvimento Sustentável, que, grosso modo, visa conciliar crescimento econômico com preservação/controle ambiental. Apesar de sua boa acolhida, o conceito encontra grandes dificuldades práticas de implementação. Isto é, pois seus objetivos são integrados e indivisíveis, mesclando as três dimensões do desenvolvimento sustentável de forma equilibrada: a econômica, a social e a ambiental. Neste cenário, as questões socioambientais levantam uma importância crescente nas discussões sobre o crescimento econômico e as melhorias de vida da maior parte da população mundial, impondo desafios a serem enfrentados por todos (Silva, 2010). É dessa maneira que o direito do trabalhador é exposto como trabalho digno e fonte de recursos para a sua própria dignidade e promoção profissional. Pode-se afirmar que o patrimônio do trabalhador é a sua atividade profissional prestada ao longo da vida. Como tal, há de ser respeitado como bem maior que possui e pela função social que desempenha — advinda e regulamentada pela Constituição Federal de 1988, tendo superado o critério valorativo da economia capitalista ao incorporar o status de valor social e individual para o combate das desigualdades sociais. Dessa forma, os princípios e direitos fundamentais do trabalho que sustentam a noção de trabalho decente são um patamar básico e, ao mesmo tempo, uma meta importante para o trabalho do setor de rochas no viés do meio ambiente laboral. Assim, entende-se que a efetivação do trabalho decente, “[…] que pode ser definido como o trabalho produtivo adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança e capaz de garantir uma vida digna ao trabalhador […]”, passa por um ambiente do trabalho salubre (Reis & Santos, 2014, p. 2). Assim, com base nos direitos sociais, o meio ambiente laboral do setor de rochas — que é conhecido pelo seu alto índice de periculosidade e insalubridade — deve apresentar ferramentas para a efetivação de um trabalho digno.
Conclusiones:
O artigo traz um debate de extrema relevância, apresentando a dignidade dos trabalhadores do setor de rochas do sul do ES e sua condição no que tange à efetivação dos direitos sociais. Isto é, voltados para o meio ambiente de trabalho do setor, com ênfase nos impactos socioambientais do mercado de trabalho. A reivindicação por direitos fundamentais está diretamente relacionada ao trabalho digno, uma vez que, laborando em condições decentes, o trabalhador tem a possibilidade de efetivar os seus direitos sociais e exercer o seu ofício em um ambiente controlado e desenvolvido de forma sustentável. Nesse prisma, ao analisar o trabalho decente como direito dos operários da área de rochas do ES no viés do ambiente de trabalho envolvendo a extração e o beneficiamento de rochas, esse é considerado tal qual uma das atividades empresariais mais perigosas, visto que se trata de um espaço laboral com alta periculosidade e insalubridade, em que há uso de máquinas de grande porte, as quais são capazes de fazer mobilizações de cargas pesadas. Além disso, cabe salientar a presença de quantidade expressiva de poeira de silicose — que acaba por diminuir a visão dos trabalhadores, dentre outros perigos específicos não abordados neste artigo. Assim, faz-se importante a relação entre o meio ambiente salubre e a concretização do trabalho decente. Dessa feita, embora a concretização do trabalho decente se aplique a muitas outras situações no mercado, é certo que um ambiente laboral seguro é um direito fundamental de todos, em especial daqueles que laboram no setor de rochas do sul do ES, os quais têm direito à dignidade no exercício das suas funções profissionais. Portanto, como objetivo principal, este artigo teve o intuito de relatar a importância do trabalho digno e a efetividade desse direito social no ambiente laboral dos trabalhadores do setor de mármore e granito da região sul do ES com o foco em dar visibilidade aos direitos à dignidade desses operários como direitos sociais. Também se considerou a importância de um mercado de trabalho voltado para a busca de um equilíbrio econômico social e ecológico de mercado.Antunes, R. (org.). (2020). Uberização, trabalho digital e indústria 4.0. São Paulo: Ed. Boitempo. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. 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Katálysis, Florianópolis, 22(1), 57-65. Recuperado de: https://www.scielo.br/j/rk/a/XVMxSPvRYVVj86YGbSqj56N/?lang=pt. Moraes, M. M. L. (2002). O direito à saúde e segurança no meio ambiente do trabalho. São Paulo: LTr. Moulin, M. G. B. (2006). O lado não polido do mármore e granito: a produção social dos acidentes de trabalho e suas consequências no setor de rochas ornamentais no sul do Estado do Espírito Santo. (Doutorado em Saúde Pública) 136 f. Tese – Programa de Pós-Graduação da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. Moulin, M. G. B.; Minayo-Gomez, C. (ago., 2008). Pedras sobre vidas: vítimas e viúvas na indústria de mármore em Itaoca (ES). Ciência & Saúde Coletiva, 13(4), 1361- 1369. Recuperado de: https://www.scielo.br/j/csc/a/9dbRF4XDm5xc8QFktD7nQKd/abstract/?lang=pt. Nery, M. A. C.; Silva, E. A. (2001). O mineral de rochas ornamentais. Mimeografado. Pacheco, A. B.; Barros, M. E. B.; Silva, C. O. (2012). Trabalhar o mármore e o granito: entre cores e ritmos. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, 15(2), 255-270. Prieur, M. (2011). Droit de I’environnement. 6. ed. Paris: Dalloz. Reis, S. S.; Santos, M. F. B. (2014). Trabalho decente e inclusão social: perspectivas de efetivação a partir do âmbito local. XI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DEMANDAS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA. VII MOSTRA DE TRABALHOS JURÍDICOS CIENTÍFICOS. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Sarlet, I. W.; Ferreira Neto, A. M. (2019). O direito ao "esquecimento" na sociedade da informação. Porto Alegre: Livraria do Advogado. Silva, J. A. (2013). Direito ambiental constitucional. 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores. SINDIMÁRMORE. (23 jun. 2022). Informação. Destinatário: Luanna da Silva Figueira. 1 mensagem eletrônica. SINDIROCHAS. (2022). Sindirochas Espírito Santo. 2022. Recuperado de: https://www.sindirochas.com/ Villaschi Filho, A.; Sabadini, M. S. (2000). Arranjo Produtivo de Rochas Ornamentais (mármore e granito)/ES. Rio de Janeiro: IE/UFRJ.
Bibliografía:
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Palabras clave:
Medio ambiente; Trabajo decente; Mármol y granito.
Resumen de la Ponencia:
Neste trabalho, buscarei debater a questão da mercantilização da natureza no capitalismo contemporâneo, a partir da perspectiva da crítica da economia política de Marx, entendendo como isso se dá hoje sob a égide da financeirização e do capital fictício. A ruptura metabólica se apresenta como uma necessidade das relações sociais capitalistas, separando os produtores de seus meios de vida, a humanidade da natureza, mas essa imanência assume especificidades e complexidades a partir do desenvolvimento histórico. Buscamos aqui entender essa materialidade da crise ecológica e como ela se apresenta hoje. Neste sentido resgatamos o desenvolvimento de um padrão de produção e consumo fóssil desde o capitalismo do pós guerra, derivando na atual crise climática. Debatemos como a transição para um capitalismo “verde” tem sido colocada como solução para a questão, sem no entanto enfrentar as raízes da questão. Pelo contrário, as promessas de uma economia verde se integram profundamente a lógica a financeirização e abrem novas fronteiras de acumulação e novos conflitos.Resumen de la Ponencia:
En los últimos años, las organizaciones sin fines de lucro mexicanas han experimentado crecientes restricciones institucionales para acceder a fondos públicos y privados.Estas restricciones, junto con la necesidad de actualizar sus procedimientos organizacionales para alcanzar sus objetivos de una manera más eficiente, han obligado a algunas de ellas a convertirse en empresas sociales o adoptar algunas de sus estrategias con el fin de ser sostenibles.De esta forma, la innovación social ha sido el paradigma a través del cual las organizaciones sin fines de lucro han podido transitar de ser dependientes de los recursos económicos de terceros a ser autosuficientes al hacer uso de su capital intelectual para obtener sus propios recursos y así continuar cumpliendo con el propósito para el cual emergieron.En esta propuesta se sostiene que la innovación social puede llevar a las organizaciones sin fines de lucro a encontrar vías alternativas para la solución de los problemas sociales teniendo en cuenta los contextos institucionales en los que están insertas.A través del uso de los conceptos fundamentales sobre innovación social y de la teoría organizacional, se formula una propuesta de análisis para organizaciones del tercer sector dedicadas al cuidado y preservación del medio ambiente.El trabajo consta de cuatro partes. En la primera, se presentan diferentes debates sobre la innovación social y los paradigmas desde los que ha sido estudiada -tecnología, procesos, productos y servicios, contexto social e institucional-. En segundo lugar, se presenta una descripción detallada del contexto institucional mexicano para las organizaciones sin fines de lucro. En la tercera parte se describen algunas organizaciones ambientalistas pertenecientes al tercer sector en México con el fin de analizarlas a partir del modelo de innovación social desarrollado. Y finalmente, se presentan conclusiones sobre los elementos y mecanismos que podrían adoptarse en la transición de organizaciones sin fines de lucro a empresas sociales.Resumen de la Ponencia:
Esta ponencia es resultado del trabajo de tesis que actualmente llevo a cabo en la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Aquí pretendo analizar la manera en que la reconfiguración capitalista de la década de los 90s bajo la forma neoliberal implicó a su vez una reorganización e intensificación en la explotación de los bienes comunes naturales bajo el modelo neo-extractivista, poniendo en punto clave, la manera en que estas redefiniciones generan afectaciones y violencias para las mujeres rurales mineras. En este sentido, me interesa analizar dos elementos: en primer lugar, rescato los debates teórico-conceptuales respecto al neoextractivismo actual en América Latina como resultado de una larga herencia colonial de configuración capitalista que ha establecido, en términos de Composto & Navarro (2014), un mecanismo expropiatorio de despojo que le permite anclarse en los territorios rurales generando consecuencias en diferentes ámbitos de la vida social, como lo ambiental, lo político y en las relaciones de género que se establecen localmente y que le permiten al mismo modelo reproducirse y mantenerse. De tal manera, el neoextractivismo resulta ser una apuesta actual de los Estados latinoamericanos tanto progresistas como conservadores que permite evidenciar las contradicciones inherentes al sistema capitalista. En segundo lugar, analizo las afectaciones y violencias directas que genera el neoextractivismo para las mujeres rurales en general y las mujeres mineras en particular. A partir de este elemento busco comprender cómo la implantación del modelo en los territorios crea a su vez dinámicas violentas directas hacia las mujeres, tanto laborales en tanto implica procesos de precarización e invisibilización de los trabajos mineros que llevan a cabo, como violencias que tienen una connotación directa de género, es decir, la violencia sexual ligada a los procesos de militarización o la violencia alimentaria ligada a la contaminación de los bienes naturales. Poner atención a la manera en que están inmersas las mujeres dentro del neoextractivismo, implica releer en términos amplios la manera en que sus cuerpos y trabajos productivos/ reproductivos aparecen dentro del sistema capitalista, tarea que han adelantado tanto teóricas feministas marxistas como latinoamericanas. Todos estos elementos evidencian puntos de encuentro entre el capitalismo y el patriarcado en los territorios rurales.Resumen de la Ponencia:
En esta ponencia se propone analizar el modelo interpretativo (Vasilachis de Gialdino, 2013) que subyace a la actual Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para ello se ha realizado un análisis sociosemiótico de los principales documentos producidos y puestos a circular en el ámbito de Naciones Unidas, con el objetivo de dar cuenta de las formas en que se construye discursivamente el rol de la innovación científica y tecnológica para el desarrollo sostenible, así como su vínculo con el comercio transnacional.Entre los principales resultados obtenidos, se ha encontrado que la innovación científico-tecnológica aparece en la Agenda 2030 como una dimensión esencial del comercio global, y esto por dos grandes razones. En primer lugar, porque contribuye al valor añadido de los productos que se comercializan: si a mediados del siglo XX el desarrollo aparecía ligado a los procesos de industrialización, actualmente la tendencia está dada por el valor agregado del contenido cognitivo del trabajo (Dieuaide y Paulré, 2006; Moreno Gálvez, 2017; Sztulwark, 2017). En segundo lugar, porque permite modificar las propias estructuras productivas, volviéndolas más sostenibles, al ser concebidas como “resilientes” y respetuosas del clima y la biodiversidad. En esta concepción entra en juego la búsqueda por un empleo verde, entendido como la conjugación del trabajo decente y la sostenibilidad ambiental, en lo que se ha denominado como una “transición justa” (Erns et al, 2019). Este punto es de gran importancia para entender el impulso que desde el Foro Económico Mundial se le está dando a la así llamada “Cuarta Revolución Industrial” (VV.AA., 2018; Asch, 2020; Botto, 2020). Con este trabajo esperamos arrojar luz sobre las disputas y tensiones existentes entre la búsqueda por poner en práctica soluciones reales ante la crisis ambiental que atravesamos, y el impulso economicista a enmarcarlas dentro del capitalismo cognitivo. ReferenciasDieudaide, Patrick; Paulré, Bernand; Vercellone, Carlo (2006). “Introducción al capitalismo cognoscitivo”. Economía Informa, (338), 15-22.Ernst, Christoph; Rojo Brizuela, Ana Sofía; Epifanio, Daniele (2019). “Empleos verdes en Argentina: oportunidades para avanzar en la agenda ambiental y social”. Revista de la CEPAL, (129), 55-77.Moreno Gálvez, Francisco Javier (2017). “Contradicción y crisis en el capitalismo cognitivo”. Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, (133), 101-111.Stzulwark, Sebastián (2017). “Valorización del conocimiento y cambio estructural en una coyuntura de ajustes regresivos”. Realidad Económica, (308), Año 46, 7-21.Vasilachis de Gialdino, Irene (2013). Discurso científico, político, jurídico y de resistencia. Análisis lingüístico e investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa. VV.AA. (2018). La cuarta revolución industrial desde una mirada ecosocial. Madrid, EcoPolítica: Clave intelectual.Resumen de la Ponencia:
Devido a necessidade de controle e monitoramento do meio ambiente, surge uma nova vertente da Contabilidade, a Contabilidade Ambiental, que visa registrar os fatos econômicos e financeiros relacionados ao meio ambiente, surgiu várias ferramentas para mensurar tais aspectos, porém dentre elas se optou pela ferramenta Sistema Contábil Gerencial Ambiental (SICOGEA), a partir disso teve como objeto de estudo uma Instituição de Ensino Superior (IES) do Estado do Paraná. O artigo tem como objetivo: Demostrar os indicadores de desempenho de práticas sustentáveis adotas pela Instituição de Ensino Superior do Estado do Paraná. A metodologia adotada para desenvolver este estudo foi o método misto, se caracterizando como um estudo de caso, utilizando se para a coleta dos dados o questionário do SICOGEA, que consiste na aplicação de uma lista de verificação, a partir desta lista é possível efetuar os cálculos dos indicadores ambientais. Resultado: Desse modo, observa-se que a instituição possui um indicador geral de sustentabilidade de 48,18%, considerado “Regular”, isso significa que ela atende apenas a legislação, o que teve maior contribuição para obtenção deste resultado foi o tratamento dos resíduos gerados. Considerações finais: O que podemos evidenciar é que de acordo com os dados, falta muito para a IES alcançar a eficiência sustentável, o ponto que é mais destacado, e que tem mais ações é o tratamento de resíduos, porém outros fatores precisam receber maior atenção, tais como: eficiência energética e o envolvimento da contabilidade no monitoramento dos fatos relacionados ao meio ambiente.Resumen de la Ponencia:
Este trabalho se propõe apresentar as possibilidades de estudos a partir da Sociologia econômica, sobre diferentes lógicas e racionalidades econômicas utilizadas em processos de valoração ambiental. Elegemos o mercado de seguros ambientais e as ações judiciais ambientais como possibilidades de amostras de investigação destes processos de construção do valor monetário ambiental. Os mercados, passíveis de análise sociológica, são compreendidos e estudados aqui como construções sociais, os processos que ocorrem no estudo dos mercados incluem, de forma central as relações sociais que se estabelecem e que determinam as dinâmicas econômicas que refletem uma precificação do meio ambiente. Apresenta a pesquisa em andamento que é uma oportunidade de aprofundar estudos e cobrir lacunas da investigação realizada em nível de mestrado, no qual se investiu na construção do mercado de Seguros Ambientais. Partimos da busca por visualizar a continuidade dos estudos sobre formas de valorização dos bens ambientais e como esses constroem um valor monetário para o meio ambiente. No primeiro momento esta investigação buscava apenas empresas poluidoras que contratam Seguros Ambientais com a intenção como elas internalizam exigências de gestão ambiental para evitar a ocorrência de incidentes de infrações ou crimes ambientais e, nesse contexto, buscar a construção do valor da apólice do Seguro contratado.Encontrando dificuldades de acesso às experiências do mercado segurado diante do cenário de pandemia mundial por incidência do vírus covid-19, acrescemos a esta linha de investigação um estudo sobre a valorização monetária do meio ambiente pelo Judiciário, considerando processo que envolve Pessoas Jurídicas e que nos trazem a narrativa de lesão e reparação monetária para análise do processo de precificação dos danos.A ideia ao final é alcançar um quadro comparativo que demonstre como são construídos diferentes lógicas de valoração entre o que as seguradoras consideram no cálculo do preço para as apólices e como o Judiciário realiza esse cálculo em casos de ocorrência de ilegalidades nas atividades econômicas de risco ambiental.Resumen de la Ponencia:
El proyecto “Más allá de la facturación: el trabajo con las tiendas de ropa de segunda mano en Chapinero y su aporte al medio ambiente” surge en el marco del incremento de la difusión y el posicionamiento como alternativa sostenible de la ropa de segunda mano en el contexto de la pandemia por lo que los aspectos ambientales que transversalizan la ropa de segunda mano empiezan a reconocerse. De esta manera, el centro del proyecto es la conciencia y el aporte ambiental que tiene la ropa de segunda mano dentro de las dinámicas de la producción de ropa masiva conocidas como el “fast fashion”. Para realizar el proyecto se realizó un diagnóstico en el que se abarca la historia de la ropa de segunda mano frente a sus inicios en Bogotá, además junto con la tienda Toneladas de Ropa Usada (TONS) ubicada en la localidad de Chapinero en Bogotá se contacta a la Alcaldía de esta localidad con el fin de conocer los procesos e indicadores acerca de la conciencia ambiental frente a la ropa de segunda mano en la localidad, teniendo el diagnóstico se realiza una serie de conversatorios, programas radiales y ferias con el fin de resaltar la labor socio ambiental que promueven las tiendas de segunda mano tanto virtuales como presenciales teniendo como centro de concientización los estudiantes de la Universidad Santo Tomás. De este modo, la ponencia se trata de una reflexión sobre la experiencia que se dio en el marco del proyecto de concientización ambiental frente a la ropa de segunda mano en la Universidad Santo Tomas. Asi, se ubica dentro de la mesa de Medio ambiente, economías solidarias y desarrollo sostenible (GT14), dentro de la línea temática educación ambiental, nuevas pedagogías y procesos de transformación social ya que nuestro proyecto tiene como propósito generar conciencia ambiental a través del reconocimiento de la ropa de segunda mano y reducción de estigmas de esta, promoviendo su uso y compra desde difusiones pedagógicas alternativas a la comunidad de la Universidad Santo Tomás.
Introducción:
La humanidad tiene un estimado de los recursos naturales que la tierra produce y que son utilizados en la producción de elementos que satisfacen las necesidades, por ende, hay una medición de su uso por cada año; en los últimos registros, la fecha en que se agotan los recursos previstos se ha adelantado, es decir, se consumen todos antes del momento estipulado. El 2021 contó con el Día del Sobregiro Ecológico de la Tierra el 29 de julio, a solo 7 meses de transcurrido el año, ya la cuota de los recursos biológicos fue agotada. Las consecuencias de todo esto se ven reflejadas en los cambios climáticos abruptos como las olas de calor e inundaciones, ante esto, no se trata de reducir extremadamente el consumo, se trata es de ser más conscientes con el mismo.
En este orden de ideas, la industria de la moda abarca algo llamado el fast fashion, o moda rápida, “se refiere a los grandes volúmenes de ropa producidos por la industria de la moda, en función de las tendencias y una necesidad inventada de innovación, lo que contribuye a poner en el mercado millones de prendas y fomentar en los consumidores una sustitución acelerada de su inventario personal” (Greenpeace México; 2021) lo que genera esto es que, en un corto periodo de tiempo se produzcan en masa elementos que generen tendencias, pero, que van a ser constantemente desechados por el mismo consumidor al haber cambios y nuevas producciones. Sumado a esto la ropa se produce en lugares con precarización del empleo, en donde deben trabajar largos turnos para así mismo, producir al ritmo en que salen las colecciones.
Puesto que, la industria de los textiles es algo que no está destinada a desaparecer, su posición en los temas del cambio climático podría dejar de ser tan crítica como lo es hoy en día. Esto lleva a pensar en un consumo más sostenible. La venta de prendas usadas, que se define como La segunda mano es un concepto directamente relacionado con la sostenibilidad, pues se trata de extender la vida útil no solo de la ropa sino de los objetos materiales, define Lunareja (2021) para la revista Diners. Es así, el comercio entre objetos que han sido previamente usados y que son donados o vendidos para tener una vida útil con otro dueño. Dicha práctica, según Vogue (2020), se da en distintos niveles de los objetos materiales, es decir, no solo se revenden objetos de menor costo, sino que los objetos de lujo también están dentro del comercio de segunda mano, tanto a nivel mundial como en Colombia ha tomado fuerza en pro de mejorar esas condiciones de consumo, Bogotá tiene 40% de la participación en las compras de ropa de segunda mano, estas tiendas pueden ser tanto físicas como virtuales, permitiendo a su vez que el alcance de este tipo de consumo se vaya incrementando, así, la segunda mano, sobre todo en la ropa, ha transformado la forma de adquirir objetos, que en los últimos años ha tenido auge y que, según Cantillo (2021) “la ropa vintage y de segunda mano está alejándose del concepto negativo que se le tenía en un pasado no tan lejano y que, por el contrario, cada vez son más las personas que están optando por estas iniciativas que no solo hacen parte de un intento por lucir prendas únicas y exclusivas, sino también de un esfuerzo por mejorar las condiciones ambientales actuales”.
Por lo anteriormente mencionado, la importancia del proyecto es en función del propósito de generar conciencia ambiental a través del reconocimiento de la ropa de segunda mano y reducción de estigmas de esta, promoviendo su uso y compra desde difusiones pedagógicas alternativas en la comunidad de la Universidad Santo Tomás, teniendo en cuenta que la conciencia ambiental se define como un concepto que involucra el conocer y ser parte de las acciones que garanticen el óptimo funcionamiento de los espacios sociales, económicos y por supuesto, ambientales, fomentando así, que las consecuencias de las mismas sean de bajo impacto y que de esta forma, futuras generaciones puedan seguir desarrollando sus actividades con una conducta sostenible. Es por esto que, Lafuente y Jimenez definen este concepto como: determinados procesos asociados a las acciones que intentan reducir el impacto ambiental de la acción humana (pp. 122). Dejando en claro que las acciones son las principales respuestas a la existencia de una conciencia del espacio en que se desenvuelve el ser humano. No se puede dejar de lado que para tener un conocimiento sobre la conciencia ambiental que poseen cada una de las personas, se deben de abordar las siguientes dimensiones, lo que permite que el panorama para saber si se da o no, esta conciencia ambiental sea claro y óptimo en relación a las acciones realizadas.
Por otro lado, la compra dentro del país se desarrolla gracias los recicladores, quienes recuperan la ropa que desecha la ciudadanía y la venden en Plaza España, un lugar que por seis décadas ha reunido a familias campesinas bogotanas que se dedicaron al negocio de la ropa usada, donde en la actualidad se centraliza el negocio de la ropa usada, donde las tiendas van y adquieren ropa, sin embargo la problemática de ésto es que evidencia que las personas desechan la ropa, generando contaminación. Finalmente, existen eventos donde las personas pueden ir a vender la ropa que no usan a las tiendas, que genera una línea sostenible de la ropa dándole una nueva oportunidad.
Es así como surge el trabajo junto a la tienda de ropa de segunda mano Toneladas de Ropa Usada (Tons) en la ciudad de Bogotá. Tons es una tienda que surgió en el 2019 como una tienda virtual y en el 2021 abrieron su punto físico. La tienda se dedica además de vender ropa, a hacer eventos y trueques en función a la ropa de segunda mano. Además, reciclan ropa junto con una diseñadora para poder realizar bolsos y otro tipo de accesorios. La tienda en sí cuenta con un catálogo a través de redes sociales, sin embargo su modo de venta es a través de su tienda física en la localidad de Chapinero. A pesar de que la Secretaría de Ambiente define año tras año por cada localidad un indicador de gestión ambiental empresarial, que se trata de una herramienta de acompañamiento para mejorar la implantación de estrategias ambientales, las tiendas de segunda mano no están vinculadas con éste proceso a pesar de su labor socioambiental.
Desarrollo:
Dentro de las conversaciones realizadas con la directora de Tons, se evidenció que los vacíos respecto al alcance de la tienda se tratan de la recepción en jóvenes, no sólo en cuanto a la compra, sino a la importancia ambiental que tiene la ropa de segunda mano, por desconocimiento acerca de la la proveniencia de la ropa lo que genera estigmas frente a ésta; teniendo en cuenta que existen tres formas de que las tiendas adquieran ropa: la primera consiste en importar ropa de las devoluciones de las tiendas de Estados Unidos, que empacan y venden, sin embargo esto genera un desecho de ropa y una sobreproducción puesto que dentro del sistema de las tiendas, las ventas están registradas y es necesario producir más para llenar esos vacíos; a éste sistema se le llama pacas.
Ahora bien, en un principio, para desarrollar el proyecto social frente a la conciencia socioambiental en el consumo textil y el papel de la ropa de segunda mano en la industria de la moda, fue necesario realizar un diagnóstico inicial donde se identificaron las principales problemáticas en los estudiantes de la Universidad Santo Tomás. Se halló que que los vacíos respecto al alcance de la tienda se tratan de la recepción en jóvenes, no sólo en cuanto a la compra, sino a la importancia ambiental que tiene la ropa de segunda mano, por desconocimiento acerca de la la proveniencia de esta, lo que genera estigmas, que es una característica que marca una diferencia y que atrae la desaprobación del entorno social (Goffman, 1986). Por lo cuál el punto inicial fue enfocar las diferentes herramientas de metodologías alternativas hacia la reducción de estigmas y conocimiento de la proveniencia de la ropa de segunda mano.
Además, la metodología bajo la que se realizó el proyecto fue la investigación acción participativa, que se define como el proceso por el cual un grupo o colectivo a través de la recolección y análisis de información colectada por sí mismos con el propósito de transformar su realidad en diferentes aspectos (Balcazar, 2003). En ese sentido, el proyecto tuvo curso en cuanto a que las y los jóvenes de la universidad Santo Tomás, participando de las pedagogías alternativas propuestas desde el proyecto, recolectaron información para transformar por cuenta propia la percepción y consumo de la ropa de segunda mano.
Mediante tres estrategias de la industria de la ropa de segunda mano, fuera de la compra y venta, se llevó el proceso del proyecto y fueron las líneas eje para la transformación y alcanzar el propósito de generar conciencia ambiental a través del reconocimiento de la ropa de segunda mano y reducción de estigmas de esta, promoviendo su uso y compra. Para iniciar, el trueque, que se define como la práctica donde se intercambian bienes y servicios por otros objetos, sin que el dinero sea un medidor del intercambio; donde además se da la oportunidad de reducir el consumismo (Soto, 2020). En el caso del proyecto, la oportunidad de realizar un intercambio de prendas brindó generar un primer acercamiento a los participantes frente al contexto de la ropa de segunda mano, para que en las siguientes fases del proyecto hubiese un conocimiento base.
En segundo lugar, siendo el tipo de pedagogía alternativa que más transformaciones implicó en la comunidad a lo largo del proyecto, fueron los talleres de suprareciclaje. El suprareciclaje es una práctica que se trata de revalorizar prendas que han sido descartadas a través de su transformación estética, siendo un nuevo objeto o una nueva prenda (Rey, 2020). Así, mediante una serie de talleres de suprareciclaje, las personas no solo adquirieron y practicaron diferentes dinámicas de la ropa de segunda mano, sino que conocieron y generaron nuevas percepciones de la segunda mano, reduciendo estigmas y conociendo la procedencia de las prendas.
En tercer lugar, los programas radiales y podcast fueron el medio de comunicación para desarrollar y expandir los conocimientos más teóricos sobre la ropa de segunda mano. Los programas en un formato académico permitieron un contraste con los podcast, teniendo un alcance mayor de audiencia con diferentes intereses, teniendo en cuenta que uno de los medios de comunicación más grandes en la actualidad son las plataformas que albergan audios de diferente tipo para el alcance de las personas.
Es así como los tres tipos de pedagogías alternativas anteriormente mencionados permitieron generar de formas alternativas a las tradicionales, no solo de la ropa de segunda mano sino de las pedagogías en general, un nuevo conocimiento y transformar la realidad frente a la conciencia socio ambiental a través del reconocimiento de la ropa de segunda mano y reducción de estigmas de esta, promoviendo su uso y compra.
Conclusiones:
Con el propósito de cumplir con la finalidad del proyecto que consiste en generar conciencia ambiental por medio de reconocimiento de la ropa de segunda mano y reducción de estigmas de esta, se genera un diagnóstico sobre la problemática que hay entorno al impacto de la industria textil y como la ropa de segunda mano se presenta como una alternativa para disminuir estos daños a la cual no se le ha dado visibilidad.
Durante el contacto que se generó con la tienda Tons y el acercamiento a la comunidad inicialmente estudiantil, se evidencia que no existe un amplio conocimiento de la labor que tienen las tiendas de ropa de segunda mano, como acceder a ellas y de donde provienen las prendas que se pueden adquirir. Gracias a este hallazgo se pudieron implementar alternativas durante el proceso de ejecución de las diferentes actividades propuestas con el fin de ampliar el panorama de los estudiantes sobre el beneficio social, ambiental y económico que generan las tiendas de segunda mano, de igual manera dando alternativas sobre cómo se puede acceder a estas tiendas ya sean físicas o virtuales. Esto con el fin de cumplir con uno de los objetivos específicos del proyecto con respecto a fomentar el conocimiento acerca de dónde proviene la ropa de segunda mano junto a las tiendas de segunda mano.
Así, se evidencia que la mayoría de la población no conocía prácticas sobre el cuidado de las prendas, como reutilizar aquellas prendas que ya no se consideran útiles y así desecharlas responsablemente para disminuir el impacto ambiental que los residuos textiles pueden generar. Este hallazgo permitió promover el uso consciente de la ropa y el presentar alternativas como el suprareciclaje para incentivar la transformación de las prendas y que están puedan seguir un ciclo útil, en caso de que no sea posible restaurar o reutilizar estas prendas se buscó una alternativa para poder desechar de manera responsable las prendas con ayuda de organizaciones como lo es la ONG Clothe Ropa Moda Sostenible quienes se encargan de elaborar reciclaje textil con la fabricación de carbón ecológico.
Otro hallazgo que es visible durante la ejecución del proyecto, es como la falta de información que se da al momento de tratar sobre la ropa de segunda es por la carencia de difusión en la población lo que limita su reconocimiento. Es así, como para dar cumplimiento a un tercer objetivo sobre la difusión del conocimiento frente a la importancia socioambiental de la ropa de segunda mano, se elabora una revista recopilando la información obtenida durante la implementación del proyecto, la cual abarca desde la historia de la ropa de segunda mano y la influencia que tiene en otras perspectivas como lo es en lo ambiental, en la educación, entorno a diferentes comunidades como la LGTBIQ+ y la lucha de clases, hasta aquellos mitos que siguen entorno a la ropa de segunda mano. Es importante destacar que esta no solo recopila información sino que también permite que nuevos lectores tengan la posibilidad de participar de procesos de conciencia socioambiental frente a el consumo.
Finalmente, se puede concluir que promover la difusión de los productos como lo son la revista, el podcast y la elaboración de talleres adicionales, con el fin de tener mayor alcance y concientizar a más población estudiantil dentro del sector de Chapinero seguirá siendo una labor constante para generar un impacto positivo y notorio.
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Palabras clave:
Segunda mano, proyecto social, medio ambiente.
Resumen de la Ponencia:
Esta investigación, se centró en estudiar los vínculos de las comunidades mapuche con los proyectos ERNC a nivel territorial y a través de esto estudiar los distintos procesos de economización (Çalışkan y Callon, 2010 y 2009) y las modalidades de valorización económica (Fourcade, 2011); comparando visiones más de mercado con otras formas alternativas o diversas de economización (Gibson-Graham, 2008) centradas en valor de uso. Por medio de un estudio de casos múltiples (Yin, 2009:46-16) y un Método etnográfico/narrativo (Gibbs, 2012), se determinaron tres casos, dos proyectos asociados a un uso comercial: El Proyecto Eólico entre ríos de la empresa MAINSTREAM y el proyecto Eólico Lonquimay de la empresa SOWITEC; y un proyecto asociado a un a uso alternativo, el proyecto Barrio con Pertenencia Mapuche “kume Monguen” de la comunidad Admapu Molcheñancu. Dentro de los resultados obtenidos podemos dar cuenta de que la vinculación comunidad/ERNC con fines mercantiles tienden a mayor fricción con las prácticas cotidianas y comunitarias de la organización mapuche local. Por el contrario, las formas experimentales de uso alternativo han mostrado mayor éxito en esta asociación, producto del valor de uso. Pero también tienden a friccionar con los mecanismos de regulación, principalmente de la administración local (Municipios).Resumen de la Ponencia:
En plena pandemia, se aprobó el “nuevo” marco para el saneamiento básico brasileño, la ley 14.026/2020. Esta ley promovió cambios en varias otras leyes, entre ellas: la ley n. 9.984/2000, que creó la Agencia Nacional del Agua (ANA); ley nro. 10.768/2003, que trata del personal de la ANA; ley nro. 11.107/2005, que prevé los consorcios públicos; ley nro. 11.445/2007, que estableció la Política Nacional de Saneamiento Básico; ley nro. 12.305/2010, que trata sobre la disposición final de relaves; la ley 13.089/2015, que prevé las regiones metropolitanas; ley nro. 13.529/2017. Como se puede apreciar, se trata de una norma federal que promueve un amplio cambio en el marco legal, no siendo un mero tratamiento “cosmético”, sino un procedimiento de profunda transformación en el sector. Es cierto que las cifras de acceso a saneamiento en el país son pobres, tanto en las ciudades como en las comunidades rurales. Pensando en términos regionales, más de 100 millones de personas no tienen acceso a recolección y tratamiento de aguas residuales, y la mayoría de estos servicios son proporcionados por proveedores públicos. Esto lleva a la falsa conclusión de que el problema radica en la prestación de los servicios por parte de las empresas públicas y que la solución sería abrir ampliamente el sector a los proveedores privados en sus diversas modalidades. Por ello, entendemos la necesidad de profundizar el debate analizando los primeros efectos de la nueva ley que modifica la política nacional de saneamiento. Por lo tanto, esta propuesta tiene como objetivo presentar los resultados de la investigación realizada en el grupo PRIVAQUA, un grupo de estudio vinculado a la FioCruz en colaboración con la Universidad Federal de Campina Grande. El tema central a abordar será sobre el modelo de regionalización del saneamiento y sus controvertidos lineamientos que apuntan a un proceso de debilitamiento del saneamiento y de participación y no de universalización. Esta nueva ley aborda el pacto federativo nacional de manera muy controvertida, mitigando el rol municipal en las decisiones sobre saneamiento y trayendo incertidumbres sobre la universalización en regiones y municipios más vulnerables socioambientalmente. Ciertamente, la pandemia desvió la atención necesaria que demandaba el tema hacia una discusión amplia sobre el saneamiento urbano y rural en el país y las implicaciones de adoptar otro modelo. Así, pretendemos abordar 4 casos específicos de regionalización en diferentes etapas de implementación, entre ellos: el caso de Río de Janeiro, el caso de Alagoas, el caso de Paraíba y, finalmente, el caso de Minas Gerais.
Introducción:
Nuestro objetivo es analizar la importancia de la financiarización para avanzar en la privatización del saneamiento básico en América Latina, específicamente en Brasil; Revisar cómo la financiarización ha abordado los servicios de saneamiento en los centros urbanos, analizar los casos más emblemáticos que sirvan de paradigma para entender el sector saneamiento financiarizado. La investigación tuvo algunas etapas, entre ellas: Análisis de cuáles son las empresas sanitarias que cotizan en Bolsa; se verificó cómo estas empresas están posicionadas en América Latina; se realizó una investigación bibliométrica de la literatura especializada en inglés y español que trata sobre la financiarización del saneamiento. El tema de la financiarización es muy debatido y estudiado, y es posible verificar una vasta producción académica. En el campo del urbanismo es posible identificar una amplia experiencia en el mismo. Sin embargo, aún es posible percibir posibilidades de avance cuando el tema central es la “financiarización del saneamiento”, ya que aún se necesitan estudios en este prisma. En este punto, se percibe una tensión entre el saneamiento como derecho social y como mercancía, en una lógica financiarizada. La pregunta propuesta en esta investigación es verificar ese avance de la financiarización sobre el saneamiento, o sea, cómo se está dando ese proceso, teniendo como campo de análisis la liberalización en ese sector en Brasil. De hecho, hay impactos en la realización del saneamiento como un derecho humano y social en países como Brasil, que tienen un amplio espectro de personas vulnerables en áreas urbanas y rurales. Así, dos hipótesis deben ser planteadas en este estudio: 1) Que la financiarización del saneamiento no es capaz de cumplir con la universalización del derecho humano al saneamiento; 2) Este proceso de financiarización solo incluye los centros urbanos, siendo secundarios los espacios rurales. En 2020, la Ley No. 14.026, denominado nueva ley de saneamiento. Esta ley trajo consigo una amplia reforma del sector saneamiento, abriendo claramente un espacio para que el sector privado actuara en la provisión de servicios de saneamiento a la población. Esta ley hace obligatoria la licitación pública sin privilegios para las empresas estatales, que realizan la mayor parte de la provisión de saneamiento a la población, eliminando el contrato programa y el subsidio cruzado. Las primeras subastas del sector, específicamente en el Estado de Alagoas, noreste de Brasil, en el Estado de Río de Janeiro, Sudeste de Brasil, y en Amapá, Norte de Brasil, ya indican el perfil de los prestadores de servicios, especialmente en zonas urbanas, grandes empresas que tiene a sus espaldas a grandes inversores, o una pulverización de las mismas en bolsa, por ejemplo. Existía un fuerte potencial de incumplimiento de las metas establecidas por el ODS 6 de Naciones Unidas, cuanto a la universalización del saneamiento.
Desarrollo:
Problema planteado, principales hipótesis y resultados
El tema de la financiarización es muy debatido y estudiado, y es posible verificar una vasta producción académica. En el campo del urbanismo es posible identificar una amplia experiencia en el mismo. Sin embargo, aún es posible percibir posibilidades de avance cuando el tema central es la “financiarización del saneamiento”, ya que aún se necesitan estudios en este prisma. En este punto, se percibe una tensión entre el saneamiento como derecho social y como mercancía, en una lógica financiarizada. La pregunta propuesta en esta investigación es verificar ese avance de la financiarización sobre el saneamiento, o sea, cómo se está dando ese proceso, teniendo como campo de análisis la liberalización en ese sector en Brasil. De hecho, hay impactos en la realización del saneamiento como un derecho humano y social en países como Brasil, que tienen un amplio espectro de personas vulnerables en áreas urbanas y rurales. Así, dos hipótesis deben ser planteadas en este estudio: 1) Que la financiarización del saneamiento no es capaz de cumplir con la universalización del derecho humano al saneamiento; 2) Este proceso de financiarización solo incluye los centros urbanos, siendo secundarios los espacios rurales. En 2020, la Ley No. 14.026, denominado nueva ley de saneamento en Brasil fue criada. Esta ley trajo consigo una amplia reforma del sector saneamiento, abriendo claramente un espacio para que el sector privado actuara en la provisión de servicios de saneamiento a la población. Esta ley hace obligatoria la licitación pública sin privilegios para las empresas estatales, que realizan la mayor parte de la provisión de saneamiento a la población, eliminando el contrato programa y el subsidio cruzado. Las primeras subastas del sector, específicamente en el Estado de Alagoas, noreste de Brasil, en el Estado de Río de Janeiro, Sudeste de Brasil, y en Amapá, Norte de Brasil, ya indican el perfil de los prestadores de servicios, especialmente en zonas urbanas, grandes empresas que tiene a sus espaldas a grandes inversores, o una pulverización de las mismas en bolsa, por ejemplo.
Si buscamos en la literatura solo la palabra “derechos humanos”, probablemente solo tendremos un conjunto de artículos que abordan explícitamente este tema. Esto se hizo como una prueba en el presente enfoque. Sin embargo, los derechos humanos se reflejan de manera difusa en diferentes prácticas, normas, acciones, etc. A partir del reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, estos derechos se abordan a través de las cinco dimensiones normativas de los derechos humanos al agua y al saneamiento.
Por lo tanto, esta expresión amplia debe tener en su significado las siguientes expresiones clave: disponibilidad, es decir, acceso al agua y al saneamiento; segundo, debe tener accesibilidad física, es decir, los servicios de agua y saneamiento deben ser accesibles para todos en forma permanente; el tercer componente se refiere a la calidad y seguridad, es decir, el agua debe ser apta para el consumo humano y otros usos; La asequibilidad es fundamental, es decir, el acceso al agua y al saneamiento no debe obstaculizar la capacidad de pagar otras necesidades; la aceptabilidad se refiere a las instalaciones de agua y saneamiento que deben ser culturalmente aceptables. La siguiente tabla desglosa el contenido normativo de los derechos humanos para una mejor visualización de los conceptos. Es importante consultar la Tabla 2.Tabla 2 – Dimensiones del derecho humano al agua y al saneamiento
Así, es posible que esta concepción humanitaria del acceso al agua y al saneamiento choque con una visión de mercado de estos servicios que involucran bienes esenciales para la vida y el pleno desarrollo de la sociedad. Como sector vital para la sociedad, sin duda resulta atractivo para la inversión privada, además de posibilitar la apertura del capital de estas empresas al mercado de valores.Según Alves y Britto (2022), es importante señalar un aspecto común entre los proyectos de privatización en el sector saneamiento, uno de los cuales son las políticas de austeridad fiscal propugnadas por organismos financieros multilaterales en el marco de una agenda de reformas sociales y económicas y adoptadas por los gobiernos políticas conservadoras, que consisten en reducir significativamente los gastos e inversiones públicas, y crear un ambiente favorable para los inversionistas privados, buscando formas alternativas de prestar los servicios públicos, principalmente a través de la privatización y la tercerización, interpretando esta acción como una reducción de costos. Sin embargo, no hay evidencia de que la provisión privada de servicios de saneamiento sea más barata que los servicios públicos, ya sea en países desarrollados o en vías de desarrollo.Otro aspecto común, según Almeida y Húngaro (2021) es precisamente la financiarización, que para los autores es la superposición e influencia de los sistemas bancarios y de inversión en los sectores de la construcción civil, la infraestructura y la industria, por ejemplo. En el caso del saneamiento, los contratos entre los proveedores de servicios y el gobierno serán el principal objetivo de la financiarización, a través de la apertura de capital de las empresas públicas o la propia privatización. La financiarización y la austeridad fiscal están íntimamente relacionadas en las sociedades capitalistas actuales. Según Admati (2017), en el contexto de la financiarización, se necesita un conjunto de actores, incluidos gobiernos, bancos centrales, instituciones académicas y de medios, para que los incentivos distorsionados persistan y pongan en riesgo los intereses públicos. Por lo tanto, lo que está sucediendo no es un simple fenómeno que trajo resultados negativos para la comunidad solo por culpa de las empresas privadas, sino que hay una red de factores causales.Además, es importante resaltar que la participación del sector privado en el campo del saneamiento puede interpretarse como parte del proceso de financiarización que tuvo lugar en la producción del propio espacio urbano (Kuhn y Faustino, 2019). Así, la producción del espacio urbano, donde se inserta el saneamiento, se incorpora al proceso de valorización del capital en múltiples escalas. Otro aspecto que se puede destacar como principales características de esta dinámica global de financiarización, además de los ya presentados anteriormente, es la transformación de cualquier flujo financiero estable en un valor negociable y, por tanto, especulación en cualquier mercado secundario. Las obras de infraestructura urbana como el saneamiento pueden entrar en este rol cuando se convierten en activos de clase financiera, tras la acción de intermediarios financieros que logran extraer valor de activos de baja liquidez, transformándolos en activos líquidos, a través de su ingreso al mercado financiero (Pryke y Allen, 2017).Además, la evidencia muestra que se está avanzando hacia la ampliación de la lista de productos básicos como el azúcar, el ganado en pie, el café, el etanol, el maíz, los minerales y la soja, a algo aún más vital, el agua. Desde diciembre de 2020 se inició la negociación del activo NQH20, primer contrato de futuros de agua en el mundo (Puga, 2021). Solo en lugares donde el agua es tratada como un producto, donde se compran y venden derechos de uso y concesiones, lo que ocurre en California (EE.UU.). Este contexto incluye grupos de especuladores financieros que negocian cualquier tipo de activo financiero en busca de ganancias en la diferencia entre comprar y vender, promoviendo una desconexión entre el mercado y los objetos de las inversiones, sin exigirles el disfrute de los activos que negocian.Brasil ya tiene las siguientes empresas listadas en la Bolsa de Valores:
Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar): listado bajo los símbolos SAPR3, SAPR4 y SAPR11;Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp): listado bajo los símbolos SBSP3;Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa): listado bajo los símbolos CSMG3;Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan): listadas bajo los símbolos CASN3 y CASN4, sin embargo, estas acciones no son líquidas.La participación del sector privado en los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento aún es pequeña, el gráfico 1 representa este escenario.Gráfico 1 – perfil de los proveedores de servicios de agua y alcantarillado en Brasil
Fuente: IBGE, 2010
Las empresas privadas son muy optimistas sobre el nuevo marco de saneamiento, la ley no. 14.026/2020, ya que su alcance se asienta sobre fundamentos neoliberales de ampliación del mercado para la prestación de servicios públicos vitales a la población, cuya provisión es ineludible. Es importante recordar que la tendencia mundial es la concentración privada de los servicios relacionados con el agua, ya que hoy en día el 75% de la provisión la realizan empresas privadas (Britto y Rezende, 2017).Sin embargo, surge la pregunta de cuál sería la prioridad de estas empresas, universalizando los servicios alcanzando un estándar de correspondencia con los derechos humanos (Tabla 1), o simplemente repartiendo dividendos a los accionistas. En el estudio de Almeida y Húngaro (2021), la segunda hipótesis es señalada como la más plausible a partir del estudio de la Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), dado que aumentó sustancialmente su rentabilidad, reduciendo consistentemente la inversión necesaria para ampliar el sistema. Por lo tanto, esta sería la fórmula básica, aumento de la utilidad y distribución de dividendos con los accionistas, y disminución de la inversión en infraestructura necesaria para la realización de este derecho. Los autores también plantearon las sumas recibidas por el gobierno del estado de Minas Gerais en la distribución de utilidades, señalando que, entre 2006 y mediados de 2020, COPASA ganó a su principal accionista, R$ 1.162 mil millones de reales, lo que sería suficiente para universalizar el saneamiento. en todo el estado. A cierre de 2020, COPASA también repartió 820 millones en pago de dividendos, una cantidad sin precedentes en la historia de la compañía.Este movimiento no se restringe a estos casos, sino que se amplía con el mayor interés de los fondos de inversión globales en la compra de acciones de empresas del sector sanitario. Ante un contexto de apertura que viene del período previo a la nueva ley de saneamiento en Brasil, que apuntan a operaciones de investigación que destruyeron empresas en los sectores de infraestructura, despertando el interés de los mayores grupos de inversión del mundo, como el fondo canadiense Brookfield , compró el 70% de Odebrecht Ambiental, dando origen a BRK Ambiental S.A, el grupo japonés Itochu adquirió parte de Queiroz Galvão en la empresa Águas do Brasil, y en 2018 le tocó el turno a Iguá Saneamento (ex CAB) que expulsó definitivamente al Grupo Galvão de la empresa con el aporte del fondo canadiense Alberta Investment Management Corporation (Sousa, 2022). Así, una estrategia para la consolidación de este proceso de financiarización en el campo del saneamiento, especialmente urbano, se da precisamente en los cambios en la composición del capital de las empresas privadas del sector saneamiento, en las que grupos internacionales, que tienen su origen en el sector financiero global, están ingresando vía adquisición de empresas o participación accionaria en empresas de saneamiento (Britto y Rezende, 2017). Así, es posible verificar que el fenómeno de la financiarización está ligado al desempeño de las empresas privadas del sector sanitario, así como a la lógica presente en las empresas públicas.Según Sousa (2022, 452), de 2012 a 2019, la empresa Aegea, que aumentó la cartera de 29 municipios (2 millones de personas) para 50 (7 millones), ahora cubre 154 municipios, totalizando 21 millones de personas atendidas. Además, el Banco Mundial es el organizador del Grupo de Recursos Hídricos, conocido como WRG 2030. El grupo está formado por varias empresas, como Coca-Cola, Nestlé y Ambev, y suele instalarse en países, estados y municipios donde la privatización para ayudar a crear el modelo regulatorio que se adoptará. La Ley 14.026/2022 viene a complementar esta trayectoria de apertura del mercado a la privatización del sector saneamiento. Otro ejemplo muy reciente en el contexto de Brasil fue la subasta de la Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro (CEDAE) que dividió los servicios en 4 bloques, como se muestra en el tabla 3Tabla 3 – Resultado de la Subasta CEDAE
Elaboración propia
Por lo tanto, es posible verificar la presencia directa de grupos financieros o indirecta cuando existen otros grupos catalogados como infraestructura, pero que tienen la influencia directa de los agentes financieros dentro de un proceso más amplio ya abordado de financiarización del espacio urbano.En América Latina, el sector saneamiento sigue este panorama de concentración del control siendo estatal, con baja participación del sector privado. Chile es una excepción, ya que la mayoría de los controladores de saneamiento son privados. El sector del agua se financia básicamente con recursos públicos, como se puede apreciar en relación al Producto Interno Bruto (PIB) de cada país en el gráfico 2.
Fuente: http://infralatam.info/en/home/
El Gráfico 3 muestra esta relación entre proveedores públicos versus privados en algunos países de América Latina.
Fuente: Cavallo, Powell y Serebrisky, 2020.
Conclusiones:
Es posible observar que la transición de una concepción del agua y el saneamiento como derechos humanos a meros objetos de una política neoliberal de mercantilización de los bienes comunes se encuentra en un proceso acelerado en países como Brasil, de manera similar a lo ocurrido en Chile. Esta articulación se realiza a través de la dinámica del mercado aquí catalogada como financiarización, que es un fenómeno que se ha ido apropiando de los espacios urbanos y promoviendo cambios, creando nuevos espacios y terminando siendo planificador, muchas veces subvirtiendo procedimientos más participativos y democráticos.No parece haber ninguna evidencia que apunte al cumplimiento de todas las dimensiones de los derechos humanos por parte de las empresas privadas. Aún existen vacíos sobre los niveles de cumplimiento de las dimensiones del derecho humano al agua y al saneamiento en la Tabla 2. Por lo tanto, es necesario profundizar la investigación en este sentido, ya que la literatura aún no permite conclusiones más asertivas. En una búsqueda bibliométrica en el repositorio Scopus, se encontraron en esta plataforma 12 publicaciones que presentaban los términos elegidos en sus títulos que relacionaban el fenómeno de la financiarización, el agua y el saneamiento. En la plataforma Web of Science también se repiten resultados similares a Scopus. Por lo tanto, existe la necesidad de ampliar la investigación en este campo. Recordando que solo se consideraron artículos en inglés.América Latina cuenta en gran medida con los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento a cargo de empresas públicas, lo que parece ser un campo fértil para expandir el desempeño de la provisión privada. Por lo tanto, es necesario acompañar la evolución del caso brasileño y su apertura a la financiarización del saneamiento, que puede generar alguna influencia regional.Hay un claro proceso de financiarización de los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua, dado que son servicios esenciales para la vida de los que nadie puede sustraerse.
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Palabras clave:
Saniamiento
agua
financiarización
Resumen de la Ponencia:
La presente ponencia analiza el consumo, esta se considera una acción intrínseca ser humano ya que tenemos que cubrir nuestras necesidades, pero se dio paso del consumo al consumismo, convirtiéndose en una característica principal de las sociedades modernas. Desde las primeras formas de organización social, se fabrica ropa para proteger diferentes partes del cuerpo, cubrirse del frio o de diversos climas y poder sobrevivir, esto fue vital para que la humanidad se expandiera y evolucionara en conjunto. Esta práctica de protección del cuerpo se ha modificado a partir de los contextos sociohistóricos y culturales de los diversos grupos sociales. La moda se convirtió en un pasatiempo o en un hábito cotidiano al alcance de las mayorías, se expande sin límites y la demanda de productos aumenta haciendo que las prendas se vendan a precios asequibles que hacen de la moda un ocio accesible. Nos convertimos en una sociedad consumista y competitiva, dichos fenómenos se relacionan con el enfoque neoliberal porque el hecho de comprar mucha ropa constantemente no es una característica de una necesidad real, sino más bien de solo un deseo aspiracional de ser o aparentar lo mejor ante nuestros grupos sociales y de distinguirnos de los que consideramos no son como nosotros. Dada esta alta influencia social, la moda es utilizada como un instrumento político/cultural para guiar masas a un “estilo de vida” determinado por el grupo hegemónico, es un fenómeno que atraviesa la sociedad de tal manera que puede moldear imaginarios y formas de vida. En el contexto contemporáneo con la llegada de la tecnología en todos los sitios, la industria ha podido fabricar ropa que sea fácil de usar y sobre todo dejar de usar porque no representa un gran gasto monetario, como lo es la moda sin costura lo que les permitió reproducir grandes cantidades de ropa para que estén disponibles inmediatamente acortado el tiempo desde producción y entrega. En ese sentido, la investigación identificará como los jóvenes universitarios aspiran a partir de la moda que utilizan a posicionarse en ciertos espacios sociales, es decir, la ropa como mecanismo de interacción social y de reproducción de practicas neoliberales. Además, se identificará el impacto ambiental que generan dichos sujetos mediante el consumo cotidiano de la ropa.Resumen de la Ponencia:
Desde a edificação do modelo mineral brasileiro no rol do “consenso das commodities” (SVAMPA, 2019), na década de 1990, a atividade minerária vem se expandindo para além dos espaços tradicionalmente minerados. Esse espraiamento se dá por um movimento de territorialização da mineração que provoca desestruturações e reestruturações nos territórios pretéritos. A este movimento damos o nome de fronteira mineral. A expansão da fronteira mineral tem arraigado e intensificado os laços de subordinação e pauperização dos lugares. Ou, empregando os termos de Marini (2017) e Frank (2010), provocando o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Neste texto, buscamos analisar a reiteração do subdesenvolvimento e da dependência comparando, através de estudo exploratório, dois arranjos regionais que sofrem com a expansão da fronteira mineral, em Minas Gerais, a partir da atuação de duas empresas: i) a Zona da Mata Mineração (ZMM), na mesorregião da Zona da Mata; ii) e a Sul Americana de Metais (SAM), na mesorregião do Norte de Minas.Resumen de la Ponencia:
En el marco de los conflictos socioambientales vinculados al neoextractivismo diversos movimientos indígenas, afrodescendientes, campesinos, - en ocasiones – los ambientalistas y de mujeres, evidencian la existencia de otras formas de concebir la naturaleza diferentes a las propuestas por la ontología moderna. En estas experiencias de resistencia, el cuestionamiento al binomio sociedad/naturaleza, a partir del cual el hombre es reconocido como sujeto, y la naturaleza – y todo lo que a ella se asimila - en objeto a ser dominado, queda expuesto de manera singular. Por esta razón, el debate sobre las ontologías resulta trascendente para asumir una mirada más compleja en torno a la conflictividad en los territorios a la vez que brinda un marco para proponer una institucionalidad capaz de garantizar formas no mercantiles de relacionamiento con la naturaleza y de resguardar el metabolismo ecosocioterritorial. Este trabajo tiene como objetivo reflexionar en torno al conflicto socioambiental asociado a la expansión de la minería metalífera a gran escala que tiene lugar en la provincia de La Rioja, Argentina. A partir del estudio de caso, ubicado temporalmente entre 2006 y 2018, indagamos en las diversas concepciones que subsisten en torno al Cerro Famatina y analizamos el vínculo estrecho que las y los pobladores sostienen con la entidad amenazada por la minería aurífera. Para llevar adelante este propósito, en primer lugar, nos introducimos en las reflexiones que cuestionan el par dicotómico naturaleza/sociedad y proponen formular alternativas que se encaminen a reconocer formas de conceptualización de los bienes de la naturaleza diferentes a las que predominan en la racionalidad moderna occidental. Con esta finalidad, acudimos a autoras y autores que se enmarcan en las corrientes teóricas que se agrupan en el “giro ontológico” (Descola, 2018 y Viveiros de Castro, 2013), también denominado “apertura ontológica” (de la Cadena, 2018) y “enfoques relacionales” (Svampa, 2018). En un segundo momento, nos proponemos reconstruir “casos testigo” de diferentes países en los que se reconocieron como “sujetos de derecho” a ríos, lagos o montañas, buscamos describir los procesos y los actores intervinientes en la contienda. Por último, sobre la base del análisis de entrevistas realizadas a habitantes del Valle de Famatina, identificamos que predomina un vínculo de ecodependencia con el cordón montañoso que, entre otras funciones vitales, brinda el suministro de agua al oasis de la región. Remitiremos al sentido de la movilización y a la configuración de una narrativa capaz de postular otras formas de vinculación con la naturaleza alternativas al paradigma moderno asociado a la explotación y la dominación que es, particularmente, esgrimido por las mujeres que protagonizan la resistencia.Resumen de la Ponencia:
El fenómeno de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha venido construyendo a partir de la indagación de las ciencias económicas, sociales y humanas desde la configuración de diversas posturas teóricas, epistemológicas y metodológicas, que se presentan, en cuanto a los sentidos, orientaciones y alcances que tiene sobre el desarrollo del ser humano las organizaciones y el territorio. Estas comprensiones, han determinado la manera como se actúa, contribuye e impacta desde la RSE sobre el desarrollo Para esta ponencia se toma como referencia determinar las contribuciones e impactos de la responsabilidad social empresarial en el desarrollo territorial y sostenible de ambas regiones. Las cuales se plantean a partir de una muestra de empresas del sector agroindustrial de Santander (Palma de aceite) y Valle del Cauca (Caña de Azúcar). En ese sentido, el abordaje metodológico mixto estuvo basado en la creación de indicadores y herramientas tanto cualitativas como cuantitativas para analizar de forma crítica el perfil organizacional y construir la manera como contribuyen e impactan con el desarrollo en las regiones en correlación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Como resultado, se han construido mecanismos para determinar grados de contribución e impacto con el desarrollo a partir de ODS y RSE a partir de la correlación de variables dependientes e independientes de los principales referentes de la literatura científica y de las instituciones que direccionan procedimientos para la comprensión, implementación y seguimiento de lineamientos, teorías, modelos y prácticas relacionadas con la sostenibilidad del desarrollo, los ODS y la RS.Estas herramientas fueron aplicadas a dos agremiaciones fundamentales para el desarrollo del país de la Palma de aceite y Caña de azúcar desde los informes de sostenibilidad de las siguientes empresas; Palmas del Cesar, Extractora Central, Manuelita, Ingenio Providencia e Ingenio Central Castilla para reconocer los esfuerzos, contribuciones e impactos que hacen, en los últimos cinco años y las repercusiones en el cumplimiento de los ODS.Como conclusión, se aporta una herramienta significativa para aplicarse en el contexto general de las empresas y el contexto particular de la agroindustria para seguir acompañando las contribuciones en desarrollo sostenible de estas organizaciones y enriquecer la manera como se vienen trabajando metodologías para la evaluación de impactos. Es fundamental seguir aplicando el estudio en años posteriores para establecer categorías de correlación con fuentes externas que permitan observar impactos en el territorio y la manera como estas empresas deben integrarse en una gestión interna de sus prácticas empresariales y en una gestión externa de los asuntos de los stakeholders, especialmente, de la comunidad.Resumen de la Ponencia:
O subdesenvolvimento e a dependência são elementos que perpassam a formação e a reprodução do capitalismo dos países de origem colonial, destacadamente os da América Latina. Nos constituímos intimamente contingenciados pelos ditames da expansão do capital mercantil, em meio ao processo de acumulação primitiva de capitais, e nos estruturamos para o atendimento de necessidades alheias aos povos nativos. É desta dinâmica que resultam, como elementos elucidativos de todo o tecido econômico e social destes países, a escravidão, monocultura, latifúndio, extrativismo, depredação ambiental e profunda desigualdade social. No caso brasileiro, bastante ilustrativo das particularidades latino-americanas, autores como Caio Prado Jr. e Celso Furtado formularam propostas em torno do desenvolvimento nacional que recaíam na adequação de toda e estrutura econômica nacional com vistas ao atendimento das necessidades da população brasileira e, concomitantemente, na industrialização e numa reordenação das estruturas de propriedade visando romper os laços com o passado colonial, suprimir os nexos de dependência externa e alterar o mapa de distribuição social interna. As mudanças que marcaram a transição dessas economias coloniais para economias formalmente independentes e nacionais foram incapazes, contudo, de extinguir a relevância econômica e política dos setores ligados ao extrativismo e monocultura latifundiária, ambos destinados aos mercados externos.Mais grave ainda, com a crise estrutural dos anos 1970 e o avanço do neoliberalismo, tais setores “arcaicos”, passaram a despontar como baluartes do desenvolvimento, ao mesmo tempo em que explicitam sua incapacidade de sanar os problemas nacionais e acirram as estruturas insuperadas que remontam ao período e ao sentido colonial. É o caso da mineração no Brasil, por exemplo, que se alastra e aprofunda devastando o meio ambiente, as cidades circunvizinhas e as vidas que a cercam. Tal setor não apenas opera de modo a comprometer as distintas formas de vida, mas, com o aporte do Estado (instituição de classe) e a aparência de sustentabilidade conseguem que os lucros e crimes ambientais caminhem de mãos dadas, em prol dos detentores deste capital, ao mesmo tempo em que reforçam a dependência externa e o subdesenvolvimento. Evidência do acima exposto, os crimes ambientais na atividade de mineração revelam atuação estatal frente às demandas que envolvem o rompimento de barragens e como elas são respondidas pelo aparelho judiciário. É necessário, portanto, a problemática da interação do modo de produção e reprodução capitalista com o Estado e o direito, não como algo causal, mas sim, como fruto de uma determinada concepção ideológica e jurídica que ignora a análise materialista das relações sociais e favorece exclusivamente a classe dominante. Além disso, as consequências desses crimes lançam luz sobre o destino do Brasil que, sem alterar significativamente sua estrutura produtiva e social, reforça os ideais burgueses e sua dominação, autocrática e contrarrevolucionária.
Introducción:
Para autores como Caio Prado Jr (1942), Celso Furtado (1959) e Florestan Fernandes (1976), dentre outros, o período colonial do Brasil não é uma simples fase histórica totalmente superada, mas representa a estruturação de uma economia e sociedade que marcam de forma profunda a constituição e a especificidade do capitalismo periférico. Países de origem colonial, como os latino-americanos, se constituem, segundo esses autores, como capitalismos dependentes e subdesenvolvidos, que reproduzem de forma mais acirrada e peculiar as mazelas típicas das relações capitalistas. Em outras palavras, são autores que buscam compreender a realidade nacional a partir do processo de formação histórica do país.
A criação da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) pela ONU, em 1948, traz à baila o debate sobre subdesenvolvimento de modo a escapar de uma visão etapista (ROSTOW, 1978) - e teleológica - da história dos países latino-americanos. Contrariando as concepções liberais de desenvolvimento, e a teoria das vantagens comparativas (RICARDIO, 1996), autores como Celso Furtado e Raúl Prebisch percebem o subdesenvolvimento como um problema estrutural, como uma forma específica de desenvolvimento, típica dos países periféricos, em correlação com o desenvolvimento dos países centrais, e que exigia a reformulação do pensamento econômico para ser compreendido.
Tais autores apontam, nesse momento, a existência de uma ruptura entre crescimento econômico e mudanças estruturais que viabilizassem uma melhoria de condições de vida para o grosso da população, isto é, os frutos da difusão do progresso técnico na periferia não levavam a uma homogeneização dos padrões de consumo, mas sim beneficiava apenas uma parcela reduzida da população (FURTADO, 1998). O subdesenvolvimento é visto para além da dimensão econômica, englobando aspectos políticos, cultuais, sociais, e estabelecendo íntima relação com a industrialização atrasada (FURTADO, 2009). Mais especificamente, a relação centro-periferia e a deterioração dos termos de troca no comércio internacional colocam a industrialização nacional, dirigida pelo Estado, na periferia, como uma necessidade histórica, uma mudança estrutural capaz de pôr fim, ou minimizar, as mazelas típicas dos países subdesenvolvidos, como a profunda desigualdade social, o restrito mercado interno e a vulnerabilidade e dependência externas (PREBISCH, 2000; CEPAL, 2000).
A concepção cepalina acerca do subdesenvolvimento, bem como a influência teórica e posteriormente política de Furtado, vão subsidiar os debates que permitiram, a partir das condições dadas naquela quadra histórica, um processo de industrialização sob coordenação estatal no Brasil. Entre os anos 1930 e 1980 o Brasil vai dotar-se de um parque industrial amplo e diversificado, mudando e complexificando a estrutura produtiva do país - que passa a voltar-se mais para o mercado interno - e sua pauta de exportações, mais centrada em manufaturados (SAMPAIO, 2017; PERPETUA; JUNIOR; GARVEY, 2022).
A crise estrutural do capital dos anos 1970 e o espraiamento das políticas neoliberais, contudo, vão fazer com que o Brasil adentre um processo de desindustrialização negativa, com perda de importância do setor industrial tanto no PIB quanto no emprego, em relação ao setor de serviços e bens primários. Ademais, assiste-se, juntamente a isso, um processo de reprimarização da pauta de exportações, invocando o latifúndio monocultor e o extrativismo voltado para fora como eixo central da economia nacional (SALAMA, 2022; OREIRO; FEIJÓ, 2010). Ou seja, dos anos 1980 em diante há uma mudança, quiçá uma inversão, do que a intelectualidade brasileira via como meio de superação do subdesenvolvimento e da dependência, voltando-se ao setor primário e ao extrativismo, estruturados de modo similar ao período colonial, como baluartes do desenvolvimento, num processo complexo de reversão neocolonial (SAMPAIO JR., 2007).
Em 2020, os produtos primários representaram mais de metades das exportações brasileiras, sendo que só os minerais abarcaram 10% do total exportado (SALAMA, 2022). Entre os anos 2000 e 2019, a exportação de minérios de ferro passou de aproximadamente 157 para 351 milhões de toneladas (PERPETUA; JUNIOR; GARVEY, 2022), reforçando um setor cada vez mais dominado por empresas estrangeiras e que se ancora na depredação ambiental.
Destarte, no Brasil têm ocorrido com certa frequência, crimes ambientais oriundos da atividade de mineração. Para alguns autores, como Reis e Santos (2016), a ocorrência de crimes envolvendo o setor de mineração reflete o problema da relação entre o poder público e o interesse econômico privado. É o que pode ser observado na atuação estatal frente às demandas que envolvem o rompimento de barragens e como elas são respondidas pelo aparelho jurídico estatal.
Há alguns dilemas envolvendo o processamento judicial de conflitos ambientais, tendo em vista o cenário de estratificação social e os distintos interesses nas demandas de “defesa do meio ambiente” que adquirem contextos específicos de disputas. No plano macrossociológico, um dos problemas clássicos relacionados às interseções entre direito e sociedade refere-se aos processos de relativa autonomização da esfera legal em relação ao mundo social e político (MACIEL, 2001). E, diante das reformas jurídico-institucionais, pode-se observar a intensificação do papel do poder Judiciário como instituição legítima para decidir conflitos da sociedade e do Estado, bem como entre os poderes do próprio Estado. Dotado de autonomia e independência, a expansão das atribuições do poder Judiciário correspondeu à constitucionalização de pressupostos normativos para a ampliação do “acesso à justiça”. Essas formas provocaram modificações diversas nos sistemas jurídicos, fornecendo uma série de instrumentos formal-legais de conciliação para a produção da “efetividade” dos direitos de cidadania (MACIEL, 2001).
Contudo, o que se observa desses instrumentos conciliatórios é o protagonismo das mineradoras nas diretrizes de reparação dos danos causados por elas mesmas, baseadas no automonitoramento, mesmo princípio que permitiu o afrouxamento no processo de licenciamento, com parâmetros ditados pelas próprias empresas a partir do Plano de Segurança de Barragens (PNSB) (BRASIL, 2010).
A partir dos elementos apontados acima, alguns questionamentos orientam o presente trabalho, no sentido de indagações impulsionadoras do esforço de investigação: a conivência estatal é algo fortuito? Ou seja, um mero problema de gestão pública? Ou não? Esta prerrogativa não se conecta com a atual concepção ideológica burguesa, que nada mais é que a reprodução da dominação em sua face consensual, para garantir a apresentação dos interesses de classes como universais, tal qual expressa o apoio à lógica idealista normativa? A relevância do setor minerador não se liga a uma concepção de desenvolvimento que contraria aquele desenvolvido pela Cepal? Qual a ligação com o período colonial? Quais as implicações da ampliação do setor primário-exportador e extrativista como bases da economia nacional?
Desarrollo:
A colonização portuguesa nas terras americanas ultrapassou os limites da antiga feitoria e engendrou a organização da produção, de uma vida material e social que viria conformar uma sociedade complexa, os fundamentos de uma nova nacionalidade (VIEIRA, 2004). Ou seja, o período colonial é responsável por fomentar uma estrutura que marcará indelevelmente as feições do Brasil. “Todo povo tem na sua evolução, vista à distância, um certo ‘sentido’. Este se percebe não nos pormenores de sua história, mas no conjunto dos fatos e acontecimentos essenciais que a constituem num largo período de tempo.” (PRADO JR., 1942, p. 19).
No caso da colonização brasileira, o que está por trás do empreendimento português em terras americanas é a expansão marítima dos países da Europa depois do século XV, isto é, o desenvolvimento do comércio continental. É a imensa empresa comercial europeia que determinará a exploração – e aspectos centrais da formação – do Brasil. Ao se perceber os lucros comerciais como alvo de interesse, e não o povoamento compreende-se o que se denominou célula colonial: latifúndio, monocultura e trabalho escravo. Essa estrutura produtiva, voltada para atender interesses estrangeiros e sem qualquer vínculo com o território brasileiro, se constitui puramente para fins comerciais; é o comércio europeu que ditará a economia e sociedade coloniais (PRADO JR., 1942).
É com tal objetivo, objetivo exterior, voltado para fora do país e sem atenção a considerações que não fossem o interesse daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia brasileiras. Tudo se disporá naquele sentido: a estrutura, bem como as atividades do país. (...) Esse início, cujo caráter se manterá dominante através dos três séculos que vão até o momento em que ora abordamos a história brasileira, se gravará profunda e totalmente nas feições e na vida do país. (...) O sentido da evolução brasileira, que é o que estamos aqui indagando, ainda se afirma por aquele caráter inicial da colonização (PRADO JR., 1942, p. 32).
Portanto, o que Portugal faz é encontrar uma forma de utilização econômica das terras americanas, o que se dá com a exploração do açúcar, metais preciosos, café, dentre outros. E isso ocorria em ciclos que grosso modo mantinham sempre a mesma estrutura de produção, sem desenvolvimento do progresso técnico e do mercado interno, já que o sentido era externo e havia grande disponibilidade de terras e trabalho, o que permitia a exploração extensiva e predatória (FURTADO, 1959).
Isso posto, fica mais fácil analisar as raízes do subdesenvolvimento e da dependência externa atadas à formação nacional a partir de uma colônia de exploração. Mesmo a independência e o fim do período colonial foram incapazes de transformar a estrutura econômica e social do país, de dotar de autonomia política e econômica o Brasil (FURTADO, 1959). Pode-se dizer, inclusive, que a independência foi um expediente de superprivilegiamento e mandonismo com verniz de liberalismo: constituiu-se um Estado sempre pronto para defender os interesses da lavoura e transferir-lhe renda em qualquer momento que demandasse (FERNANDES, 1976).
O setor primário-exportador, portanto, é a base sobre a qual se constitui o Brasil colônia e que, mesmo após a independência, mantém-se com grande econômico e, consequentemente, politico no país. Algo que pode ser visto desde as políticas de valorização do café até os interesses envolvidos na proclamação da República (FURTADO, 1959). Reproduz-se assim uma divisão internacional do trabalho que reitera o papel dos países centrais e periféricos, bem como, a profunda desigualdade social e dependência externa que marcam os últimos. Tal cenário é que estimulou e possibilitou pensar a realidade brasileira e latinoamericana sob uma nova perspectiva, a teoria do subdesenvolvimento, sendo este um fruto da civilização industrial e da difusão desigual do progresso técnico, não uma etapa rumo à industrialização, e que tem como foco de análise “(...) as malformações sociais engendradas nesse processo de difusão.” (FURTADO, 1994, p. 37).
Como explicar a persistência de nosso subdesenvolvimento se somos uma das economias que mais cresceram no correr do último meio século? Observando a realidade de outro ângulo: por que o assinalado crescimento da riqueza nacional somente beneficia uma parcela reduzida da população? A reflexão sobre esse problema levou-me a formular o que chamei de teoria do subdesenvolvimento. A conformação social dos países que qualificamos de subdesenvolvidos resultaria da forma particular que neles assumiu a difusão do progresso tecnológico que moldou a civilização contemporânea (FURTADO, 1998, p. 58).
A apropriação externa e por grupos minoritários do excedente social produzido internamente, é a marca dos países periféricos desde o período colonial. E isso tem implicações sobre as estruturas de poder, o crescimento econômico e a forma como é utilizado tal excedente, o produto social Assim é que a teoria do subdesenvolvimento embasou o nacional-desenvolvimentismo, período em que a industrialização brasileira em direção ao setor de bens de capital era vista como sendo capaz de alterar a estrutura econômica do país, bem como o papel na divisão internacional do trabalho, ampliando o mercado interno, o excedente produzido, o emprego, reduzindo a vulnerabilidade externa e desigualdade social interna.
Face às mudanças pelas quais passam o capitalismo internacional em meados dos anos 1950, com reverberações sobre a industrialização periférica, como o papel exercido pelos investimentos diretos estrangeiros, o próprio Furtado (1973; 1974) percebe os limites da industrialização para a superação do subdesenvolvimento. Contudo, o debate que ora nos ocupa não é esse. Conforme já apontado, de 1980 em diante o Brasil assiste a um processo de desindustrialização negativa e reprimarização de sua economia e pauta de exportações. Ou seja, cada vez mais o setor primário-exportador baseado no latifúndio monocultor passa a ser a base sobre a qual se assenta a economia nacional. E mais grave ainda, contrariando todo o aparato teórico que precede o atual momento e que se forjou para pensar o subdesenvolvimento, a dependência e a superação das mazelas brasileiras, amplia-se a ideia de que há a possibilidade de se aliar tal economia a um processo de desenvolvimento econômico. Os limites de tal pensamento podem ser vistos, a título de exemplo, no setor da mineração.
No período de 2003 a 2013 houve um salto nas importações globais de minério, e apenas cinco países foram responsáveis por dois terços dessas exportações. Dentre eles o Brasil, se destacando em segundo lugar com 14,3% das exportações mundiais de minério de ferro, atrás apenas da Austrália (ITC, 2015). De acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), o setor é responsável por 5% do PIB do país e, no balanço realizado em 2020, mostra que foram recolhidos R$ 66,2 bilhões em encargos tributários, além de R$ 6,08 bilhões da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), totalizando R$ 72,2 bilhões. O faturamento do setor aumentou 36,2% do ano de 2019 para 2020 (NOGUEIRA, 2021).
Não por coincidência, desde o ano 2000 o Brasil tem visto um rompimento de barragem de rejeitos minerários a cada dois anos, predominantemente no estado de Minas Gerais (ALVES, 2015) – localidade marcada pela predominância deste setor e pelas inúmeras barragens com alto risco de rompimento. Segundo a Agência Nacional de Mineração (ANM), pelo menos 50 barragens de rejeitos de mineração são consideradas de alto risco de rompimento no estado de Minas Gerais. Este órgão, responsável pelo monitoramento e fiscalização das barragens, atua com apenas um terço da equipe necessária, demonstrando a impossibilidade de se realizar suas incumbências. Ademais, no ano de 2020 foram contabilizadas 22 barragens do mesmo estado que se encontram interditadas. “Das barragens classificadas com alto potencial associado, no período de 2012 a 2015, de 185 estruturas dessa categoria no país, apenas 52% foram fiscalizadas” (SILVA, 2019, p. 450). Tal fato coloca as cidades mineiras em constante alerta face aos riscos iminentes de destruição.
A forma como as mineradoras executam suas atividades e lidam com os crimes delas decorrentes, e a forma como o Estado as recepciona, fiscaliza e pune, levanta um debate sobre o entrelaçamento da iniciativa privada com o setor público, não como motores do desenvolvimento nacional, mas sim como garantidores em última instância dos mecanismos que reproduzem a dependência e o subdesenvolvimento. Isto é, sob o lema da modernização e crescimento, o passado reproduz-se irrefreável no presente, obstaculizando os instrumentos e fins de mudanças significativas em favor do grosso da população brasileira e do país.
Contemporaneamente, os esforços estão condicionados à simplificação e celeridade dos procedimentos judiciais, numa Justiça baseada na conciliação. O Ministério Público (MP) – instituição estatal de direito público que, em tese, é responsável pela defesa de direitos dos cidadãos e dos interesses da sociedade – apresenta-se em um processo peculiar de “democratização” do acesso à Justiça. Estes instrumentos judiciais significam dotar os membros do MP de legitimidade para desempenhar o controle abstrato das normas e a tutela de interesses difusos e coletivos (BRASIL, 1988). Como “advogados da sociedade”, ao MP incumbe, portanto, a observância dos interesses de cidadãos expostos à degradação do meio ambiente.
Isto porque a partir do ponto de vista jurídico-normativo, o meio ambiente é considerado como interesse difuso e, via ação civil pública – procedimento previsto na Lei 7.347 de 1985 –, permite que o autor da ação judicial (instituição estatal competente) seja o representante da coletividade e não necessariamente o titular do interesse tutelado, baseado na noção de legitimidade extraordinária que possibilita a alguém, em nome próprio, defender interesse alheio (MANCUSO, 1994).
Entretanto, embora o MP tenha legitimidade para representar os atingidos pelos crimes ambientais, restou evidente a saída estratégica do Estado em transferir às mineradoras responsáveis o poder de controle, mitigação, fiscalização e reparação, quando ocorreu o rompimento das barragens e Fundão (Mariana-MG) e do Córrego do Feijão (Brumadinho-MG), a partir de acordos e Termos de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC) que favorecem os interesses econômicos privados, sob o mote de amenizar suas insuficiências.
Esses procedimentos colocam em evidência o fato de que as decisões tomadas são reflexos não apenas da estrutura institucional ou da interação de interesses, mas também “decisões intimamente vinculadas à organização das relações de poder derivadas da escolha e uso de certos instrumentos, que estão longe de possuírem uma neutralidade axiológica [...] enquanto um tipo particular de instituição que estrutura ou influenciam a política pública” (BUSSINGUER; SILVA, 2019, p. 2).
Nos casos em comento, foi estabelecido pela Ação Civil Pública (ACP) da União por meio do TTAC – assinado em 02 de março de 2016 –, que constitui um mecanismo de política pública para orientar as relações entre os entes estatais e as empresas mineradoras envolvidas. Diante da posição contrária do Ministério Público Federal (MPF) e Estadual de Minas Gerais (MPMG), cada órgão ajuizou as ações pertinentes para a reparação dos danos e dos interesses da coletividade (GAZINELLI, 2019). “Em 11 de julho de 2016, uma decisão da 12ª Vara Federal da 1ª Região da Justiça Federal, [...] excluiu a pedido da Advocacia Geral da União (AGU), vários órgãos públicos de se manifestarem na ACP ajuizada pelo MPF” (BUSSINGUER; SILVA, 2019, p. 5). Contudo, embora tal entendimento de que todos os direitos que foram lesados pelo crime estariam contemplados na visão universal do TTAC, não foi este o entendimento expresso pela sociedade civil.
Sobre o TTAC, apesar de não ter sido homologado pelo MPF durante os anos de 2016 e 2017, foi implementado com a criação de instituições/fundações para acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de reparação. Depois de muitas negociações durante o ano de 2017, foram criados diversos Termos Aditivos que não modificaram essencialmente o acordo firmado, porém, continha algumas reivindicações da comunidade (GAZINELLI, 2019).
Mesmo o MPF impugnando o TTAC, por considera-lo favorável às empresas quando comparado aos indivíduos atingidos – devido à ausência de participação das comunidades afetadas – tal instrumento feriu os princípios básicos democráticos e do devido processo legal coletivo. Ou seja, os instrumentos legais são “ajustados” conforme interesses dominantes, confirmando a tese da liberdade formal do sujeito de direito.
Resta claro, portanto, que desde a era dos descobrimentos - momento importante da gestação e objetivação do modo de produção capitalista – sempre tendeu a pairar, no pensamento dominante, certa naturalização das discrepâncias econômicas e sociais que demarcam os países que comandam o processo de acumulação de capital e os países periféricos ao redor do mundo. A despeito dessa ideologia importada do centro, de que os países periféricos poderiam galgar uma “escada de desenvolvimento” ao promover o crescimento econômico nos setores mais produtivos, para Furtado (1974) isto não passa de um mito.
Essa visão pré-furtadiana de desenvolvimento é retomada com cada vez mais intensidade na contemporaneidade, numa exaltação dos setores que remontam à matriz colonial e à dependência, bem como à vulnerabilidade externa como panaceia para lidar com os problemas nacionais. Os números relativos ao lucro e arrecadação, elevam a atividade da mineração como suposta alavanca de desenvolvimento nacional, enquanto se mantém o país refém dos interesses estrangeiros e das flutuações conjunturais de preços.
Conclusiones:
O presente artigo objetivou mostrar que a colonização brasileira ultrapassa um fato restrito a passado longínquo, mas é a base sobre a qual ocorre o processo de formação nacional, isto é, de uma economia e sociedade que nascem para atender demandas externas. Esse é o sentido da colonização brasileira, que marcará profundamente as feições do país e contribuirá para a constituição do mesmo enquanto um capitalismo dependente e subdesenvolvido.
A Cepal teve papel fundamental ao pensar a realidade da periferia do capitalismo sob uma nova ótica, escapando seja de uma teleologia etapista positiva de desenvolvimento, seja de um fatalismo em relação a tais problemas. Ao prospectar a industrialização guiada pelo Estado como meio de sanar as mazelas típicas da realidade dos países subdesenvolvidos, abre-se não apenas a teorização acerca da realidade dessas nações, mas também a tentativa de meios de superar as estruturas que nos ligam ao passado e ao sentido da colonização.
Contudo, de 1980 em diante o que se vê é um caminho em sentido oposto. A retomada de preceitos (neo)liberais, a desindustrialização negativa e a ampliação dos setores típicos e de moldes semelhantes à economia colonial, como os mais relevantes para a economia nacional, como é o caso da mineração.
É possível observar ainda a relação da economia política com as ciências sociais, no que tange ao problema da interação do Estado e do direito com o capitalismo dependente e subdesenvolvido. Justamente porque, em certa medida, há uma crença de que o direito é capaz de dirimir as divergências de luta de classes, para que os atingidos por rompimento de barragens – fruto da expansão da economia mineradora extrativista e predatória destinada às exportações -, por exemplo, possam alcançar suas reparações civis legais.
A contradição vigente, contudo, que se relaciona com tal afirmativa, é o fato de que o trâmite para se atingir as reparações, via sistema de justiça burguês, se dá de forma desigual e genérica, de caráter de relações entre sujeitos individualizados, livres e iguais, com sua mais perfeita tradução na figura do contrato, do “acordo de vontades independentes”.
Dada a importância que o setor da mineração possui para a economia brasileira, bem como a exaltação e estímulo que contemporaneamente se faz pelo crescimento dos setores arcaicos como saída para os problemas nacionais, revela-se que o aporte teórico e político, dominantes na reflexão sobre o Estado e o direito, andam de mãos dadas com a reprodução do capitalismo em prol do bem estar de uma minoria.
Percebe-se, ainda, que há completa omissão estatal materializada nos procedimentos jurídicos conciliatórios (TTAC), contrato este em que se criam Fundações designadas como gestoras de ações reparatórias com o objetivo, em tese, de suprir as deficiências do Estado. Tais acordos, meramente técnicos a priori, supostamente nutridos de mecanismos “ideais” para alcançar o consenso e o bem-comum, ignoram a capacidade assimétrica dos grupos sociais envolvidos e o contexto de desigualdade socioeconômica no interior dos quais, interesses e conflitos, ascendem às arenas públicas como “conflitos ambientais”.
Ademais, ao lidar de forma mais detida com o modo de operação das mineradoras, os riscos envolvidos e os impactos ambientais e sociais oriundos da extração de minério de ferro e a forma de reparação dos atingidos, abre-se caminho para apreender as relações do Estado e da política com os interesses da iniciativa privada nacional, estrangeira e das elites que se apropriam dos frutos de uma economia com nexos coloniais e uma sociedade extremamente desigual.
As transformações no funcionamento interno da estrutura jurídico-política dos Estados dizem respeito às articulações e mudanças historicamente atravessadas pelo capitalismo até os dias atuais. A importância de analisar mais detidamente a função específica do Estado capitalista, e também as particularidades nacionais, quanto à temática da exploração na atividade de mineração, é a razão pela qual este trabalho se dedicou às questões teóricas acerca da autonomia relativa do Estado frente à estrutura econômica e às classes dominantes, bem como o papel que essa autonomia desempenha na conciliação de conflitos. E tais temas se atam a uma apologia ao “desenvolvimento” – sem qualificá-lo e vinculando-o novamente a mero crescimento econômico – via exportação de bens primários, extrativismo e depredação ambiental. Em outras palavras, a economia é tratada de forma descolada das relações sociais, da política, do poder, da desigualdade interna, da dependência externa, da cultura e, finalmente, da história; o que reduz consideravelmente as possibilidades de pensar os problemas nacionais e a capacidade de vislumbrar um futuro, senão de forma metafisicamente teleológica e/ou negativamente fatalista.
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Palabras clave:
Sentido da Colonização; Desenvolvimento; Mineração; Estado.
Resumen de la Ponencia:
O objetivo do trabalho é sistematizar e refletir sobre a experiência vivenciada pela Cooperativa Agropecuária Familiar Sertão Forte de Casa Nova e Região – COOAF, na execução do projeto “Fortalecimento e promoção do desenvolvimento sustentável a partir do uso da sociobiodiversidade nas Comunidades Tradicionais de Fundo de Pasto de Casa Nova – BA”, Brasil, Projeto BRA/14/G33 – Integração da Conservação da Biodiversidade e Uso Sustentável nas práticas de produção de PFNM e SAF em Paisagens Florestais de Usos Múltiplos de Alto Valor para a Conservação em parceria entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O projeto atendeu as comunidades tradicionais de Ladeira Grande, Melancia, Mucambo e Salina da Brinca, com a participação de famílias que trabalham com o beneficiamento das frutas nativas da caatinga e dos derivados da mandioca (Manihot esculenta) e também o grupo de jovens, Jovens Comunicadores da Caatinga, perfazendo um público beneficiário diretamente de 46 pessoas. As atividades foram desenvolvidas no período de 22 de setembro a 28 de novembro de 2021. As ações desenvolvidas fortaleceram as agroindústrias comunitárias locais, por meio da melhoria do beneficiamento das espécies nativas e/ou adaptadas, vinculadas à sociobiodiversidade do Bioma Caatinga. O projeto focou principalmente em ações nos seguintes eixos temáticos: Gestão de Agroindústrias Comunitárias; Acesso a Mercados; Sistemas Agroflorestais. Ao final do projeto foi possível obter de forma participativa mapas georeferenciados das quatro comunidades envolvidas ilustrando parte da sociobidiversidade existente e relatado pelas famílias agricultoras. Esse mapeamento foi protagonizado por jovens filhos dos agricultores das comunidades a partir de oficinas e de vivências junto à lideranças comunitárias, registrando principalmente matrizes de umbuzeiro (Spondias tuberosa), Maracujá da Caatinga (Passiflora cincinnata), áreas de plantios de cultura anuais (milho, feijão, mandioca, melancia, abóbora, etc), áreas de vegetação nativa (caatinga), áreas de pastoreio coletivo (fundo de pasto) e áreas de importância cultural na comunidades (escolas, capelas, sedes de associações, estruturas de beneficiamento agropecuário). Foram realizadas ainda diversas formações teórico e práticas junto às comunidades que já estavam organizadas em grupos de produção e beneficiamento, com foco especial nas frutas nativas (umbu) e na mandioca. As formações coletivas nas comunidades marcaram o retorno das atividades, em um momento de transição do isolamento social advindo da pandemia da COVID-19. Foi possível ao final do projeto ensaiar "novas" propostas de cultivo agrícola nas comunidades, a partir da implantação de pequenos Sistemas Agroflorestais de propósito didático e experimental, junto às famílias agricultoras.Resumen de la Ponencia:
Palabras clave:Geometrías de poder; fracturación hidráulica; producción del espacio; justicia y; sostenibilidad El desarrollo tecnológico en la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales ha transformado el escenario energético internacional y está convirtiendo a algunas regiones en exportadoras netas de energía, como América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México), principalmente por el shale gas. Este recurso se define como gas natural y un recurso de transición hacia energías renovables por las “ventajas energéticas y ambientales” (CNH, 2018). No obstante, la huellla de GEI del gas de lutita considera las emisiones directas al extraer, desarrollar y transportar el gas, y las emisiones fugitivas de metano (Cremonese et al., 2019). Asimismo, este proceso consume agua e implica no solo la contaminación del aire sino también la explotación del recurso hídrico. A pesar de estos peligros ambientales, la fracturación hidráulica a nivel mundial carece de marcos regulatorios robustos o, en el peor de los casos, son nulas las regulaciones nacionales. Por lo que es necesario desarrollar investigaciones que aborden la problemática de los hidrocarburos no convencionales desde el análisis espacial y sus geometrías de poder (Massey, 1993) y que vislumbren el cómo, dónde y quiénes distribuyen la energía en el espacio y en el tiempo, en relación con los proyectos extractivos por facturación hidráulica; de la misma manera que revelen sus efectos socio-territoriales y ecológicos desde una perspectiva de justicia y sostenibilidad “fundada en una racionalidad orientada a preservar, potenciar y dignificar el principio de la vida” (Leff, 2019: 279).Enfocar el estudio en México es importante, ya que existen provincias petroleras con recursos prospectivos no convencionales como la cuenca de Burgos, con 10,472.9 millones de barriles de petróleo. En esta cuenca se sitúa el estado de Nuevo León que es considerado uno de los estados más importantes del país a nivel de reservas de gas natural. Empero, la situación hídrica del estado es delicada, ya que “se ha utilizado más agua de la disponible en 12 acuíferos, de los 30 que abastecen de agua a la entidad, y en 7 cuencas superficiales de las 20 cuencas existentes. De ellas 5 están en equilibrio y 8 tienen disponibilidad” (Sánchez et al., 2015: 5). Este antecedente podría agudizar las condiciones de pobreza en las poblaciones cercanas a los proyectos por fracturación hidráulica a causa de la falta de acceso al agua.Bibliografía Bastian, A. I., y Jairath, V. (2019). Conflictos y resistencias: energía y conflictividad socioambiental en México. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México: MAPorrúa. Buzai, G.D. (2016). Sistemas de Información Geográfica: cartografía temática y análisis. Argentina: Lugar Editorial. Leff, E. (1998). Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. México: siglo XXI.Resumen de la Ponencia:
Un estudio de la ONU sobre Comercio y Desarrollo afirma que la industria de la moda es la segunda más contaminante, específicamente, la producción de “moda rápida” considerando sus procesos de producción poco sostenibles ambiental, social y económicamente. Por otra parte, los alarmantes cambios climáticos han concientizado que los sistemas de producción tradicionales de textiles deben innovarse a favor del desarrollo sostenible sin afectar la competitividad y productividad entre empresas textiles.El aumento de conciencia ambiental de organizaciones e instituciones que fomentan y regulan a través de leyes y proyectos dirigidos a la gestión empresarial sostenible, así como han surgido empresas textiles dedicadas a los eco productos y servicios, y otras tantas empresas inician a innovar sus sistemas y procesos de producción hacía unos más limpios con el ambiente.Las alternativas textiles ecológicas innovan desde sus materias primas utilizando residuos orgánicos o inorgánicos para la fabricación de tejidos textiles como rastrojo de piña, cáscaras de plátano, borra de café, cáñamo, cáscara de naranja o poliéster reciclado hecho con botellas PET recicladas.En primera instancia, a nivel tecnológico el cambio de materia prima para la producción de fibras y tejidos sostenible provoca una matriz de producción distinta transformando la industria primaria exportadora y extractivista a una industria enfocada en la producción diversificada, ecoeficiente y con mayor valor agregado, En segunda instancia, a nivel económico esta nueva matriz de producción sostenible propone un nuevo modelo económico circular pues la matriz de producción tradicional textil funciona a través del modelo de economía lineal. En tercera instancia, a nivel ambiental se conoce las consecuencias de la cadena de producción textil en el medio ambiente como la contaminación del agua, de los suelos y el aire incidiendo negativamente en los ecosistemas y en los seres humanos. Por ello, instituciones y organizaciones a favor de la protección del ambiente han creado e impulsado proyectos, leyes y programas ambientales como los “costos ambientales” se trata de gestión empresarial sostenible pues se encarga de medir la ecoeficiencia de las empresas aplicada a la industria textil. En cuarta instancia, a nivel social se busca un trato ético hacia las personas trabajadoras consistiendo en pagos y condiciones dignas ya que, históricamente hasta hoy, aún se evidencian caso de condiciones laborales deplorables como padecimiento de dolencias corporales, violencia de género, estrés causado por los trabajos bajo presión, entre otras causas contra los derechos humanos. A modo de conclusión, mencionando los cambios a nivel tecnológico, económico, ambiental y social mediante la innovación textil sostenible promete un impacto positivo en la sociedad del consumo pues si no se puede evitar consumir es pertinente para el bienestar del medio ambiente y nuestra calidad de vida consumir conscientemente innovando procesos de producción textil.Resumen de la Ponencia:
En la reflexión sobre los riesgos emergentes por el cambio climático han surgido múltiples espacios de discusión como foros, seminarios, congresos y reuniones internacionales donde se han presentado estudios científicos, reportes por parte de centros de investigación, universidades, instituciones, organizaciones y grupos de trabajo en general. Derivado de ello, han surgido también una gran cantidad de propuestas conceptuales y metodológicas para evaluar la vulnerabilidad social ante dichos riesgos. De manera amplia, dichas propuestas metodológicas se pueden categorizar en tres principales: 1) Enfoque objetivo tradicional, estructuralista o técnico, que parte de un abordaje primordialmente especializado sobre bases sismológicas, geomorfológicas e hidrometeorológicas, donde la vulnerabilidad se identificaba como algo estático como lo afectable, y bajo este enfoque se integran variables solamente de tipo estructural; 2) Enfoque Subjetivo, donde se incorporan las ciencias sociales al análisis de la vulnerabilidad considerando factores culturales, ideológicos y de percepción, entre otros; 3) Enfoque integral, donde además del análisis que incorporan variables e instrumentos desde disciplinas de las ciencias naturales y sociales, se plantea el estudio interrelacionado éstos para abordar el cambio climático y su propuesta es incorporar variables estructurales pero también variables subjetivas, surge dentro de la corrientes de teorías de síntesis y abordaje sistémico. Ciertamente para aplicar este último enfoque desde el sur global hay retos que las ciencias sociales deben tener en cuenta, así surge la pregunta ¿cuál es el papel de las ciencias sociales en el análisis de la vulnerabilidad social ante el cambio climático y cuáles son sus desafíos desde el sur global?Para responder dicho cuestionamiento, en este trabajo se presenta en un primer momento, el marco conceptual-analítico de la vulnerabilidad a riesgos por el cambio climático, para desde ahí presentar desde lo global, los principales abordajes metodológicos para evaluar dicha vulnerabilidad y poder así analizar cuál ha sido el papel y cómo se han incorporado las ciencias sociales en los estudios realizados para ello, y finalmente, plantear los desafíos que enfrentan las ciencias sociales para evaluar la vulnerabilidad de las personas a riesgos emergentes por el cambio climático desde el sur global.Resumen de la Ponencia:
El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático es categórico al advertir la severidad, magnitud y, en muchos casos, irreversibilidad de los cambios observados en el clima (IPCC, 2021). Por su parte, en Chile la evidencia disponible alerta que los impactos de estos cambios serán especialmente relevantes en áreas costeras y secano interior de la zona centro sur de Chile (Yáñez et al 2017; Farias et al., 2019; FAO y Centro-EULA, 2021). Ante esto es urgente generar estrategias de adaptación y transformación, basadas en el co-diseño, diálogo de saberes e interdisciplina, que puedan ser incorporadas en ámbitos científicos, institucionales y en la gobernanza local (Few et al., 2017).Entre tales estrategias, las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbNs) son herramientas que ofrecen oportunidades conjuntas de mitigación y adaptación y que, en la zona costera, pueden ser representadas por la conservación de los bosques de macroalgas, marismas y pastos marinos, ecosistemas capaces de secuestrar entre 7 a 21 veces más CO2 que los bosques terrestres (Duarte et al. 2005, Farías et al., 2019, Rehbein et al., 2020). Por su parte, la relación de las comunidades costeras con las algas, puede ser abordada desde la noción de comunes costeros (De la cuadra, Cid y Letelier, 2020; LLancaman, 2020), identificando e incorporando en el co-diseño de las SbNs sus potenciales conflictos, contradicciones y sinergias en cuanto a su uso, significación e interacción con otras actividades a escala local/global.En concreto, la ponencia aborda los primeros resultados de una propuesta de Investigación Acción Participativa (IAP) iniciada en diciembre de 2021 en la Caleta Coliumo, ubicada en la región del BioBío (Chile). Caleta caracterizada por la recolección y extracción de algas como aporte al ingreso familiar, actividad realizada principalmente por mujeres, constituyéndose un eje central de la organización e identidad local (Gallardo et al., 2018). Además, es un territorio que se caracteriza por la confluencia de alta biodiversidad, un humedal costero, importante actividad pesquera, dos áreas de manejo de recursos bentónicos (AMERBs), dos plantas de procesamiento de algas y múltiples actividades turísticas. A través de observaciones, recorridos guiados, mapeos colectivos y entrevistas semiestructuradas buscamos co-generar, en conjunto con co-investigadores locales, información respecto a los usos, significaciones, articulaciones y conflictos asociados a las algas en tanto posibles comunes costeros, indagando en las potencialidades y debilidades de la gobernanza local para el diseño y sostenibilidad de estrategias de adaptación local a cambios globales.Resumen de la Ponencia:
Este artigo busca identificar e analisar como os jovens brasileiros representam as mudanças climáticas. Aborda as categorias de análise: juventudes, mudanças climáticas/aquecimento global, e se apoia na Teoria das Representações Sociais (TRS) como pano de fundo. O estudo é pautado por uma base de dados secundária, representativa da população jovem brasileira (18-24 anos), com 379 registros. A metodologia consiste na análise estatística descritiva e exploratória, e traz análises bivariadas para investigar se há correlações relevantes entre as variáveis pesquisadas. O estudo fez uso do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) e apresenta saídas gráficas e tabelas para apresentação dos resultados. O artigo concluiu que: as representações sociais das mudanças climáticas no universo juvenil estão ancoradas em uma forte preocupação com o presente e o futuro; são raros os registros de jovens negacionistas climáticos; aparentemente, o conhecimento sobre o assunto é confuso e superficial. Os resultados sinalizam para a necessidade de ações de educação ambiental, com ênfase nas mudanças climáticas.Resumen de la Ponencia:
Ciertos temas y procesos fueron adquiriendo progresiva relevancia en las agendas y orientaciones públicas de los Estados nacionales a nivel planetario, en el marco de la crisis civilizatoria y socio ecológica que se ha profundizado en las últimas décadas. La transición energética es uno de ellos, habida cuenta de la aceleración del calentamiento global y la crisis climática. En este plano, la proyección del hidrógeno verde como alternativa para disminuir la dependencia de combustibles fósiles se torna elocuente Efectivamente, la crisis socioecológica del presente se encuentra ligada al impacto de las actividades de origen antropogénico de escala global. El proceso vertiginoso de industrialización, sus estilos de producción y consumo alentaron la fosilización de las matrices energéticas aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad, que implica la utilización ilimitada de recursos naturales. En este escenario, los diversos países y regiones se encuentran embarcados en un proceso de transición energética, si bien con distinto grado de intensidad, recursos públicos, privados y estrategias políticas desplegadas, con el objetivo de incorporar el uso fuentes de energía limpias y renovables. El hidrógeno verde se ha colocado en la agenda pública de diversas naciones, y concitado el interés de empresas extractivas de bienes naturales y otras que elaboran recursos para el mercado, como una alternativa para proveer energía tanto a los sectores productivos como del transporte y el consumo doméstico. Este vector energético favorecería la nula emisión de gases de efecto invernadero ya que se obtiene de materias primas como el viento, el agua y el sol. Su apuesta ha estimulado una serie de megaproyectos en distintas partes del mundo donde la alianza entre los Estados y el sector privado es la modalidad privilegiada para su financiamiento y producción. América Latina tiene dos ya en curso, fundamentalmente en Chile, mientras otros países se encuentran apostando a su desarrollo. Argentina, por caso, acordó en el 2021 los primeros fondos provenientes de inversiones foráneas para encausar un proyecto en la Provincia de Río Negro.En esta ponencia proponemos sistematizar y analizar algunas de las aristas que adopta la promoción del hidrógeno verde enmarcado en el proceso de la transición energética, indagando en qué tipo de transición se promueve, observando en particular a la región y a la Argentina. Este proceso es relativamente novedoso, por tanto, nos importa situar ciertas cuestiones e interrogantes de relevancia para repasar este proceso en ciernes, atendiendo a las virtudes que puede implicar para encausar la desfosilización, pero también, considerar señalamientos que se distinguen en diversos trabajos e intervenciones con referencia a los problemas que podrían acontecer con su explotación, Para la elaboración de este trabajo nos basamos en fuentes y datos secundarios, informes y bibliografía.Resumen de la Ponencia:
As energias renováveis podem e devem se configurar em um instrumento de protagonismo para atender as metas globais de mudanças climáticas, seja do ponto de vista da mitigação das emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) ou da adaptação aos impactos climáticos. Para isso, há a necessidade de um planejamento energético alinhado às questões climáticas, no qual os atores envolvidos pensem, elaborem e implementem políticas públicas de integração entre energias renováveis e mudanças climáticas, de maneira a construir e efetivar uma agenda governamental climática e que integre as energias renováveis como estratégicas. Partindo desta ideia, o objetivo deste artigo é discutir como o planejamento energético do Brasil tem internalizado o tema das mudanças climáticas, sobretudo na perspectiva da adaptação, compreendendo as interfaces entre as questões climáticas e energéticas. Para tanto, a metodologia deste estudo segue as orientações de uma pesquisa com abordagem de natureza qualitativa, utilizando-se de levantamento e análise de referenciais bibliográficos sobre a temática, assim como de pesquisa e análise de documentos e de outros dados secundários relacionados ao tema do planejamento energético brasileiro. A análise destes dados se dá por meio da análise de conteúdo. A partir desses dados, os resultados indicam que o planejamento energético do Brasil apresenta uma série de desafios e lacunas no que diz respeito à incorporação das questões climáticas em sua agenda. À guisa de conclusões, este trabalho sugere que o planejamento energético no Brasil não é pensado, construído e efetivado numa perspectiva de integração das energias renováveis com as mudanças climáticas, tampouco com vistas a subsidiar a promoção de processos de adaptação climática e de construção de capacidade adaptativa climática nos territórios.
Introducción:
O setor energético é, globalmente, o responsável principal pelas emissões de GEE, pois se trata do setor produtivo que emite aproximadamente 73% do total desses gases (Ge; Friedrich; Vigna, 2020), contribuindo, assim, para a intensificação das mudanças climáticas e seus impactos impostos nos diferentes níveis territoriais. No campo do setor de energias, de acordo com os dados disponibilizados por Ge et al. (2020), a geração de eletricidade e calor, o transporte, assim como a fabricação e construção civil são os três subsetores que mais emitem GEE no âmbito mundial, representando, respectivamente, 30%, 15% e 12% do total.
No Brasil, diferentemente do cenário global, o setor com maior representatividade no quadro de emissões de GEE, em especial de dióxido de carbono (CO2), é o de mudanças de uso da terra e florestas. Isso porque é responsável por cerca de 49% das emissões totais de GEE no país, segundo dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), do Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) (SEEG, 2021). O setor energético vem em terceiro lugar, com quase 18% das emissões totais de GEE (SEEG, 2021).
Ainda que o setor de energias não seja o responsável principal pelas emissões totais de GEE no Brasil, é importante compreender como o mesmo tem se configurado em um setor estratégico para o enfrentamento das mudanças climáticas, por meio da elaboração e implementação de políticas públicas ou ações climáticas, sejam do ponto de vista da mitigação ou da adaptação, sobretudo em virtude do alinhamento que se tem buscado, pelo menos à nível internacional, entre as questões climáticas e energéticas.
Nesse sentido, a escassez de recursos hídricos, bem como a abundância de outros recursos naturais e renováveis no Brasil são fatores relevantes para um planejamento energético que considere outras fontes energéticas, particularmente de base renovável, buscando uma diversificação da matriz energética, com consequências sobre a segurança energética do território. Estudos consideram que a busca por opções de diversificação da matriz energética de um território é um caminho essencial para preservar um planejamento energético eficiente, eficaz e efetivo (Guerra, Dutra, Schwinden & Andrade, 2015; Silva, Pimenta, Assireu & Spyrides, 2016).
Diante desse contexto, é importante compreender como o planejamento energético no Brasil aproxima as questões climáticas ao seu discurso, pensando na construção e efetivação de uma agenda governamental voltada às mudanças climáticas, nas quais as energias renováveis sejam estratégicas, especialmente em um contexto de país com forte atuação na produção de “novas” fontes de energias renováveis.
Nessa ótica, o objetivo deste artigo é discutir como o planejamento energético do Brasil tem internalizado o tema das mudanças climáticas, sobretudo na perspectiva da adaptação, compreendendo as interfaces entre as questões climáticas e energéticas. Para esta análise, este estudo se ancora em uma pesquisa de natureza qualitativa, fazendo uso de levantamento bibliográfico e pesquisa documental como instrumentos de coleta de dados, e da análise de conteúdo enquanto técnica de análise.
Sob esta perspectiva, este artigo está estruturado, além desta introdução e das conclusões, em dois momentos. O primeiro é o relativo à metodologia, com apresentação e detalhamento das ferramentas metodológicas utilizadas para construção deste trabalho; já o segundo se refere à análise e discussão dos resultados, observando se e como as questões climáticas têm sido incorporadas ao planejamento energético brasileiro, de modo a pensar e discutir acerca das interfaces entre as questões climáticas e energéticas.
Desarrollo:
Internacionalmente, agendas institucionais como o Acordo de Paris e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ou simplesmente “Agenda 2030”) argumentam que as energias renováveis são um caminho vital para o enfrentamento das mudanças climáticas, configurando-se, principalmente, em uma saída mitigadora das emissões de GEE.
Em relação ao Acordo de Paris, firmado em Paris, na França, no ano de 2015, as energias renováveis aparecem ainda de forma incipiente, ao passo que são colocadas como uma necessidade para a África no que diz respeito ao seu acesso, de modo universal, pelas populações (Organização das Nações Unidas [ONU], 2015a). Diferentemente desse Acordo, a Agenda 2030 apresenta o fomento às energias renováveis como um de seus 17 Objetivos, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 07, cuja finalidade é “Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos” (ONU, 2015b).
Ainda que as energias renováveis sejam uma medida mitigadora das mudanças climáticas por meio da menor emissão de CO2 para a atmosfera, é preciso também pensar, refletir e discutir as energias renováveis como um meio de adaptação às mudanças climáticas, tendo em vista a ocorrência massiva de eventos climáticos extremos, como as inundações e os longos períodos de estiagens.
Nesse contexto, no qual se busca por alternativas para enfrentar as mudanças climáticas e seus impactos nos níveis locais (como estados e municípios), o planejamento energético pode ser um instrumento nessa perspectiva. Este planejamento pode ser pensado e discutido pelos atores estatais e não-estatais (como setor privado e sociedade civil) como um caminho para a construção e efetivação de uma agenda governamental voltada às questões climáticas e que integre as energias renováveis como uma estratégia, especialmente do ponto de vista adaptativo.
Para pensar em planejamento energético, uma das dimensões é a diversificação da matriz energética, compreendida nesta discussão como um meio de estabelecimento da segurança energética (Ang, Choong & Ng, 2015) a partir do momento em que se diversifica a matriz energética desses territórios por meio da inserção dessas “novas” fontes de energia e possibilidades de geração de eletricidade. Nessa ótica, Reis (2015) pondera que diversificar a matriz energética é importante para a construção e o desenvolvimento da segurança energética interna dos territórios. Por isso, ter uma diversificação de recursos e fornecedores para a produção e geração de eletricidade em um território é uma estratégia de redução do risco global de fornecimento de energia (Mathiesen, Lund & Karlsson, 2011).
Ademais, diversificar a matriz energética dos territórios é apresentado como um dos caminhos para atender os objetivos e as metas globais de mudanças climáticas (Eyre, Darby, Grünewald, McKenna & Ford, 2018), passando a ter destaque num cenário de preocupações e desafios relacionados ao crescimento de demandas por energia e à intensificação das mudanças climáticas (Aslani, Helo & Naaranoja, 2014).
Em meio aos riscos das mudanças climáticas sobre o setor energético, em especial o hídrico, a diversificação energética se apresenta como uma estratégia de adaptação climática, tendo em vista que, com a inserção de “novas” fontes renováveis, haverá outras possibilidades de geração de energia elétrica para as populações, deixando o território de ser dependente de uma ou poucas fontes de energia.
No âmbito do Brasil, muito embora o território possua um alto potencial para promoção e ampliação de fontes de energia não renováveis, apresenta também uma alta capacidade de exploração e produção de fontes energéticas renováveis (como eólica, solar, biomassa, hidrogênio e energia dos oceanos) (Silva & Cândido, 2015) devido à sua localização físico-geográfica, favorável à convergência dos ventos e à irradiação solar, conforme mencionado anteriormente neste artigo.
A matriz energética brasileira é majoritariamente baseada na energia hidráulica, representando, segundo dados disponibilizados em 12 de janeiro de 2023 pelo SIGA/ANEEL, 58,04% do total (ANEEL, 2023). Principalmente a datar de 2002, com o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas (PROINFA), regulamentado pela Lei n. 10.438, de 26 de abril, outras fontes energéticas de base renovável têm sido estimuladas no Brasil, como são os casos das energias eólica e solar. Respectivamente, estas fontes de energia representam 12,56% e 3,91% do total da matriz energética do país (ANEEL, 2023).
A produção de energia solar, diferentemente da eólica, é ainda bastante incipiente no cenário brasileiro. Entre os anos de 2019 e 2020, a produção de energia solar teve um crescimento de apenas 1%; todavia, é importante destacar que tal crescimento acontece num contexto de queda das energias tidas como “convencionais” (como a hidráulica) e das não renováveis (como a nuclear) (González, 2021). O principal incentivo de inserção de projetos de energia solar na matriz elétrica do Brasil aconteceu através do 6º Leilão de Energia de Reserva (LER), realizado pela ANEEL em 31 de outubro de 2014, negociando 31 projetos fotovoltaicos (Brasil, 2014).
Com tendência de ampliação dessas “novas” fontes de energia no Brasil desde o início do século XXI, auxiliando no processo de diversificação energética do país (Tolmasquim, Guerreiro & Gorini, 2007), a participação dessas fontes tem sido intensificada cada vez mais, sobretudo a partir de 2013 com a produção de energia eólica (González, 2021). A tendência é de que haja ainda mais a inserção dessas “novas” fontes até 2030 (de 2% em 2000 para 7% em 2030) e, por outro lado, a redução da lenha e carvão mineral (de 12% em 2000 para 16% em 2030) (Tolmasquim et al., 2007). Silva, Silva & Pessoa (2019 apud Teixeira et al., 2021) reforçam essa ideia quando assinalam que a previsão é de aumento da produção de energias renováveis no Brasil para os próximos anos.
De acordo com o Plano Nacional de Energia (PNE) 2030, documento do MME, a incorporação de novas fontes energéticas renováveis (como eólica, solar e biomassa), “evitará a emissão de 2,5 milhões de toneladas de gás carbônico/ano, ampliando as possibilidades de negócios de Certificação de Redução de Emissão de Carbono, nos termos do Protocolo de Kyoto” (Brasil, 2007, p. 167-168).
A inserção de energias renováveis para a diversificação energética no Brasil, mas também em outros países, é estimulada por agendas como o Acordo de Paris, como pontuado anteriormente neste tópico. Este Acordo exige que cada país signatário apresente sua pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada (iNDC), posteriormente transformada em Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) quando esse território ratificar o Acordo (ONU, 2015a). O Brasil ratificou oficialmente o Acordo de Paris em 2016. Inicialmente, a NDC brasileira considerou iniciativas tanto de mitigação das emissões de GEE quanto de adaptação aos impactos climáticos Para isso:
[...] o país se comprometeu a, por exemplo, i. aumentar a participação de bioenergia sustentável em sua matriz energética para aproximadamente 18% até 2030, ii. restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030, e iii. alcançar sua participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030 (Teixeira & Pessoa, 2021, p. 16).
Com isso, o setor de energias renováveis é visualizado no Brasil como um grande potencial para enfrentamento das mudanças climáticas, tendo em vista a sua capacidade de geração de energia elétrica a partir de fontes energéticas renováveis. No entanto, em 2020, a NDC do Brasil foi atualizada. Ainda assim, a NDC brasileira não se mostra atualizada ao cenário global das mudanças climáticas. A revisão da contribuição reduziu a ambição do Brasil, inclusive permitindo que o país “emita mais gás de efeito estufa do que anteriormente previsto, pois mantém a mesma porcentagem na meta apesar do aumento no valor absoluto a que essa porcentagem se refere” (Romeiro, Genin & Felin, 2021).
Em termos gerais, os resultados e as discussões deste artigo abordam que o planejamento energético brasileiro apresenta uma série de desafios e lacunas no que diz respeito à incorporação das questões climáticas em sua agenda, como é o caso da falta de menção das mudanças climáticas nas legislações e políticas públicas de planejamento energético do país. Esses desafios e essas lacunas são retomados no tópico em sequência, quando são apresentadas as conclusões do artigo.
Conclusiones:
No Brasil, há uma série de políticas públicas e/ou ações direcionadas ao planejamento energético, buscando pensar sobre as necessidades atuais e futuras de energia do país, atendendo, assim, às demandas das populações que, por exemplo, vivenciam situações de baixa disponibilidade hídrica em virtude de períodos de estiagens. Nessa ótica, pode ser salientado que, com um planejamento energético alinhado às necessidades das populações e dos territórios, mas também aos possíveis riscos e impactos provenientes das mudanças climáticas em curso, situações de colapso energético e de disponibilidade de energia elétrica poderiam ser evitadas.
Por isso, a importância de enfatizar o protagonismo crucial que o processo de diversificação energética nos territórios, como do Brasil, exerce numa perspectiva de adaptação climática. Isso porque a diversificação energética acaba se configurando em uma forma de ajuste, no contexto das mudanças climáticas e seus possíveis impactos, de promoção de eletricidade a partir do surgimento de novas possibilidades de geração de energia elétrica, através das “novas” energias renováveis, como a eólica e a solar.
Ainda assim, o planejamento energético no Brasil não é pensado, construído e efetivado numa perspectiva de integração das energias renováveis com as mudanças climáticas, tampouco com vistas a subsidiar a promoção de processos de adaptação climática e de construção de capacidade adaptativa climática nos territórios. Dessa forma, o objetivo proposto no momento introdutório deste artigo é alcançado à medida que o trabalho conseguiu discutir acerca de como o planejamento energético brasileiro tem incorporado ou não às questões climáticas, especialmente do ponto de vista adaptativo, em sua agenda.
A discussão apresentada neste estudo é de suma importância acadêmica e social. Academicamente, o artigo é de suma relevância para o campo científico das interfaces entre as energias renováveis, as mudanças climáticas e os processos de adaptação, contribuindo para a compreensão de como as energias renováveis podem se configurar em uma alternativa para o enfrentamento das mudanças climáticas: do ponto de vista da mitigação das emissões de GEE, mas também da adaptação aos impactos climáticos. Em termos sociais, o trabalho se apresenta como relevante, visto que traz à nota a discussão sobre o atendimento das necessidades mundiais de eletricidade e das metas globais de mudanças climáticas.
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Palabras clave:
Energias renováveis. Mudanças climáticas. Brasil.
Resumen de la Ponencia:
La ponencia sostiene que el principal medio que el régimen climático internacional ha establecido para combatir el cambio climático, el mercado de emisiones de gases de efecto invernadero, implica la transformación social de la atmósfera en un depósito aéreo con capacidad limitada para almacenar gases contaminantes. El intercambio comercial de permisos de emisión amparado por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, utiliza a ese depósito aéreo como un vertedero de desechos gaseosos, en donde las entradas y salidas de gases de efecto invernadero se comercializan. Además de mostrar el proceso histórico del nacimiento y desarrollo de los mercados de emisiones que encumbraron a las alternativas mercantiles como la única vía para la regulación de la contaminación atmosférica, esta ponencia también pretende mostrar que los mercados de emisiones implican la mercantilización de la atmósfera. Tal mercantilización no se reduce a la especulación financiera generada en el comercio de permisos de emisión, también implica la puesta en marcha de procesos productivos centrados en aumentar el espacio atmosférico disponible para almacenar gases de efecto invernadero. Estos procesos productivos permiten la creación de plusvalía y la formación de distintos tipos de rentas, como se muestra a través del estudio de varias formas de producción de compensaciones de emisión, especialmente con los Proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada de bosques (REDD+) y con la tecnología de captura, almacenamiento y uso de carbono. La nueva relación social, constituida por los mercados de emisiones, entre sociedad y atmósfera está, en adelante, mediada por el capital, que pretende controlar el ciclo natural del carbono para enfrentar la emergencia climática. Presenciamos el intento de conformación de un ciclo social del carbono bajo la égida del capital.Resumen de la Ponencia:
En los últimos 30 años la relación entre la ciencia del clima y la política energética, ambiental y de desarrollo han estado lejos de seguir un modelo lineal en el que contar con más información científica ha derivado en decisiones públicas más efectivas o socialmente más sensibles para adaptarnos y mitigar el cambio climático. Los procesos de decisión política no necesariamente son consecuentes con los hallazgos científicos en materia de cambio climático o con los riesgos asociados a este fenómeno. Factores sociales y contextuales intervienen en la forma que se produce información científica sobre el clima, se circula y se percibida por tomadores de decisiones, evaluadores de impacto y la sociedad como creíble, legítima, relevante y utilizable.En este sentido, como destaca Naomi Oreskes (2015) entender el sistema climático permite, entre otras cosas, conocer la interacción entre los forzantes, el cambio en el clima y sus impactos ambientales. Sin embargo, comprender la dimensión antrópica de este fenómeno de forma robusta es central para articular los cambios sociales transformacionales necesarios. Es decir, que conduzcan a replantear la forma de interactuar con el entorno, los sistemas productivos, de distribución de recursos naturales, de riquezas entre las sociedades. En este sentido, integrar a las ciencias sociales y las humanidades en el entendimiento del cambio climático no sólo tiene implicaciones semánticas sino epistémicas. David Demeritt (2001), Sheila Jasanoff (2010), Nico Stehr y Reiner Grundmann (2010) y Oreskes (2015) han cuestionado de forma crítica cuál es el rol de las ciencias sociales y las humanidades en los procesos de entendimiento del cambio climático. Mi objetivo en este trabajo es ampliar lo que estos autores han sugerido previamente y presentar tres debates clave para situar socialmente la discusión de cambio climático y su dimensión antrópica: 1) La distinción entre escalas de conocimiento y de significado sobre este fenómeno. 2) El sentido de urgencia en su atención. 3) El rol de las trayectorias socio-económicas y las narrativas de desarrollo futuro. Estos debates están motivados por cuestionamientos desde la geografía humana y los estudios sociales en ciencia y tecnología. Aquí, sugiero que colocarlos en la agenda de investigación social y humanística es una tarea central si lo que se quiere es ofrecer posturas epistémicas comprometidas con una interpretación más plural acerca de este fenómeno, así como de sus estrategias de adaptación y mitigación.Resumen de la Ponencia:
Esse artigo propõe analisar os desafios para a construção de um sistema resiliente que assegure as transformações e adaptações necessárias ao contexto de mudanças climáticas e que resultem em ações que garantam a segurança alimentar e nutricional para os pescadores e suas famílias. Nesse sentido, pretende-se abordar as discussões teóricas- metodológicas sobre as mudanças climáticas que tem colocado em risco a manutenção e produção da atividade pesqueira artesanal continental na porção do semiárido nordestino delimitada no Rio Grande do Norte . Embora a seca seja um fenômeno recorrente no semiárido nordestino, a extensão e intensidade das alterações climáticas têm causado anomalias climáticas que reduzem ainda mais a precipitação de chuvas e levam a condições extremas como a intensa escassez hídrica, inviabiliza a continuidade da cultura pesqueira, alteram a economia regional e leva a sério comprometimento econômico das comunidades pesqueiras. Essas condições coloca em risco todas as dimensões da segurança alimentar e nutricional, uma vez que comunidades rurais inteiras dependem das chuvas para exercer atividades de subsistência como é o caso da pesca artesanal continental (SUDENE,2017), impactando as atividades produtivas de pesca, o acesso a alimentos e levando a choques socioeconômicos que culminam na insegurança alimentar. Considerando que a região semiárida do Nordeste brasileiro abriga cerca de 1262 municípios, e mais que 27 milhões de brasileiros convivem em condições de vulnerabilidade social. Espera-se que os resultados desta pesquisa possa influenciar políticas públicas para construção da capacidade adaptativa e resiliência dessas comunidades.
Introducción:
Diversos estudos têm demonstrado a crescente ameaça das mudanças climáticas à segurança alimentar de comunidades dependentes dos recursos naturais. Dados do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) da Organização das Nações Unidas (ONU) publicados em 2013 e 2021, projetam que os impactos desses eventos climáticos podem afetar a segurança dos alimentos, reduzir a disponibilidade de alimentos, diminuição da diversidade de espécies e a escassez hídrica (IPCC, 2013; 2021). Tais alterações podem comprometer as atividades de subsistências em regiões como o nordeste brasileiro e afetar a segurança alimentar de comunidades inteiras (MARENGO et al, 2018).
O semiárido nordestino corresponde a maior parte do território regional, com aspectos climatológicos que dar a esta região um longo histórico de escassez hídrica recorrentes e severas secas (SUDENE, 2017). Levantamento realizado por Marengo et al (2018) sobre as características climáticas das secas que atingiram essa região entre 2010-2016, aponta para uma intensidade jamais vista em décadas de monitoramento.
Embora a seca seja um fenômeno recorrente no semiárido nordestino, a extensão e intensidade das mudanças climáticas têm causado anomalias climáticas que reduzem ainda mais a precipitação de chuvas. Considerando que cerca de 1262 municípios, e mais que 27 milhões de brasileiros convivem com essas condições e que a intensa escassez hídrica provoca alterações na economia regional, uma vez que comunidades rurais inteiras dependem das chuvas para exercer atividades de subsistência como é o caso da agricultura, pecuária e pesca artesanal continental (SUDENE,2017).
Entende-se comunidades pesqueiras artesanais continental como comunidades tradicionais, formadas por pescadores profissionais que exercem a atividade pesqueira artesanal, com ferramentas simples como as redes, utilizando embarcações de pequeno porte em territórios continental, como rios e açudes, de forma autônoma com o objetivo de garantir a sobrevivência de suas famílias, comercializando apenas o excedente (BRASIL, 2007).
A redução dos volumes hídricos nos açudes e reservatórios localizados no semiárido nordestino impacta diretamente as pisciculturas, inviabilizando a continuidade da atividade, sobretudo, para aqueles trabalhadores de pequeno porte, provocando comprometimento econômico das atividades, assim, nota-se um alto risco e elevada vulnerabilidade dessas comunidades. (MELO JÚNIOR; CAMPECHE,2021).
Neste estudo, compreende-se risco, como afirma Beck (2008), como um estádio intermediário entre a segurança e a destruição e são sempre locais e globais, assumindo dimensão transescalar. Desta forma, eles não podem ser compensados e ninguém pode ser responsabilizado pelos danos causados por esses riscos por não poder quantificar esses danos, uma vez que o autor trabalha com a ideia de modernidade reflexiva, na qual à medida que as sociedades se modernizam uma “autoconfrontação” dos processos transformadores da sociedade é exigido (BECK,2008; LAURINO,2011).
Diante do contexto, o comprometimento econômico apontado por Melo Júnior & Campeche (2021), conduz à uma dificuldade de acesso à alimentos, levando à uma situação de insegurança alimentar, por redução da qualidade, quantidade e diversidade de alimentos, sobretudo o pescado e os produtos pesqueiros, principalmente aqueles oriundos de pequenos pescadores artesanais. Estes são vistos como componentes chave para garantir a Segurança Alimentar e Nutricional(SAN) por estabelecer importantes contribuições nutricionais às comunidades consumidoras (HLPE, 2017).
No caso das comunidades pesqueiras artesanais, em que esses riscos reverberam nas várias esferas cotidianas da vida local, percebe-se uma dinâmica de desigualdade que se manifesta enquanto vulnerabilidade social. Nessa direção, considera-se que as comunidades, por viverem em ambientes que são atingidos pelos eventos climáticos e por seus efeitos físicos mais dramáticos, estão mais vulneráveis. (IWAMA et al; 2016; O´BRIEN et al, 2013)
No entanto, é importante considerar os diversos fatores (socioeconômicos, políticos, culturais e simbólicos) que influenciam tanto a vulnerabilidade quanto a capacidade de resposta aos impactos das mudanças climáticas e atua como um pré-requisito para sua redução (O'BRIEN et al, 2013)
No caso da exposição aos efeitos das mudanças climáticas, o risco é, conforme afirmado por Iwama et al (2016) como um perigo calculável. Entretanto, os autores ressaltam a importância de se considerar as percepções que os diversos atores têm sobre risco, uma vez que essa percepção exerce um papel fundamental na vulnerabilidade e adaptação mediante esses eventos.
Daí a necessidade de construir sistemas pesqueiros resilientes e capazes de antecipar ou dar melhores respostas para episódios climáticos, sem que comprometa as atividades piscicultoras, uma vez que estas são atividades de risco pela impossibilidade de controlar tais fenômenos climáticos. Nesse sentido, este estudo propõe analisar os desafios para a construção desse sistema pesqueiro que assegure as transformações e adaptações necessárias ao contexto de mudanças climáticas e que resultem em ações que garantam a segurança alimentar e nutricional para os pescadores e suas famílias.
Para tanto, pretende-se discutir a problemática relativa aos impactos das mudanças climáticas à produção de pescado (cultivo e extração) com foco nos debates sobre a vulnerabilidade das comunidades, capacidade adaptativa e resiliência. Bem como abordar as discussões teóricas na construção de sistemas resilientes às mudanças climáticas que têm colocado em risco a manutenção e a produção na atividade pesqueira artesanal continental no semiárido potiguar.
Desarrollo:
A construção da resiliência em sociedades vulneráveis às mudanças climáticas
Como exposto na seção anterior, os sistemas aquícolas desempenham uma forte relação com o meio ambiente. Como afirma Turner (2010), há uma interdependência dos subsistemas humano e ambiental na determinação da condição, função e resposta a qualquer que seja as perturbações existentes, no subsistema ou no sistema como um todo.
Desse modo, a exposição aos efeitos negativos das mudanças climáticas, demonstram uma predisposição das comunidades pesqueiras aos danos e a diminuição dos recursos naturais, com fortes impactos nas relações econômicas e sociais, tornando-as comunidades vulneráveis (MILLER et al, 20) compreende-se vulnerabilidade como suscetibilidades ou predisposições dos indivíduos a respostas negativas (YUNES & SZYMANSKI,2001).
Desse modo, a vulnerabilidade tem estreita correlação com a fragilidade econômica, política e social das comunidades, em especial em contextos mais pobres, de tal modo que pode influenciar a resiliência dessas comunidades para responder aos choques externos. Segundo Giddens (2010), a resiliência pode ser definida como capacidade adaptativa, ou seja, a capacidade de não apenas resistir às mudanças climáticas, mas também, sempre que possível, reagir a elas de maneira ativa.
Por mais que os conceitos de vulnerabilidade e resiliência sejam distintos e tenham abordagens diferentes ao analisar os sistemas, já que o primeiro busca identificar as partes mais fracas (as mais afetadas negativamente) de sistemas acoplados a distúrbios, e o segundo, as características sistêmicas que tornam os sistemas mais robustos a esses distúrbios. Diante do contexto de mudanças climáticas, os esforços para responder às mudanças ambientais começam a apontar para uma melhor integração da pesquisa de vulnerabilidade e resiliência, já que eles implicam em reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência de lugares e modos de vida (TURNER,2010; NELSON, ADGER & BROWN,2007).
Nessa direção, a construção de um sistema resiliente passa pela identificação dessas vulnerabilidades e na construção de uma adaptação como processo de tomada de decisão para lidar com as perturbações externas, que nesse estudo estamos nos referindo às mudanças climáticas, e agir sem alterar a identidade estrutural, socioecológica e sem comprometer o desenvolvimento (NELSON, ADGER & BROWN,2007).
Entretanto, é preciso considerar a dimensão simbólica quando se trata de resiliência em sistemas sociais, uma vez que esta é inerente a esses sistemas. É o caso das comunidades pesqueiras que tem uma relação tradicional e com forte interação com o meio ambiente, a resiliência deve ser construída não apenas por meio do planejamento detalhado, mas também a partir do reconhecimento da relação ampla e interligada com o sistema ambiental. (LORENZ, 2013).
Para Lorenz (2013) a resiliência social é expressa em três capacidades: adaptativa, de enfrentamento e participativa. Todas definidas decisivamente pela dimensão simbólica do significado, sendo fundamentais para a contribuição interdisciplinar da resiliência.
Já Adger (2003) sugere que as comunidades são limitadas em suas habilidades de adaptação por suas habilidades de agir coletivamente, seja devido ao capital social, confiança ou capacidade de organização (Adger, 2003; Pelling e Alta, 2005). Para que as adaptações planejadas ocorram, uma variedade de fatores subjacentes, como estruturas econômicas eficazes, deve primeiro estar no lugar.
Na tentativa de identificar as capacidades deste sistema pesqueiro em território semiárido, a seção seguinte aborda as características e as ações na direção de um sistema pesqueiro resiliente e capaz de se adaptar às mudanças climáticas.
A pesca Artesanal no semiárido nordestino: a gênese de um sertão resiliente
Historicamente, o semiárido nordestino tem repetidos ciclos de seca severa e grandes áreas com déficit hídrico que inclui quase todo o território nordestino, incluindo o Rio Grande do Norte. No entanto, o desenvolvimento de atividades de subsistência, como a pesca artesanal continental realizada em rios por comunidades tradicionais ribeirinhas também acompanham o desenvolvimento da região. A prática da pesca emprega apetrechos, em sua maioria artesanais, caracterizada pela utilização da tarrafa e do anzol nas artes de pesca, o arco e flecha, linha espinhéis e até da própria mão, na captura de alguns peixes (SILVA, NETO, 2015; MARENGO et al, 2018).
Uma análise histórica feita por Knox (2021), aponta para um esforço de órgãos e governos para enfrentar as características climáticas da região e tentar solucionar os efeitos das secas. O estudo descreve a criação de diversos órgãos de atuação no Nordeste com o intuito de atuar contra a seca e criar condições de enfrentamento à problemática, que vai desde a criação do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS criado em 1909 com a missão de construir açudes, pontes, portos e outras obras infraestruturais até a criação da SUDENE, o responsável em auxiliar às populações flageladas pelas cíclicas secas que assolam a região.
Logo, é possível perceber que, historicamente, a maioria dos esforços de adaptação foi projetada para desenvolver capacidade de enfrentamento ao problema climático. Estes incluíram a divulgação de previsões climáticas, variedades de culturas tolerantes à seca e atividades de armazenamento de água. No entanto, no contexto de pobreza significativa e marginalização política, essas atividades tiveram sucesso limitado na redução da vulnerabilidade climática (EAKIN , LEMOS & NELSON,2014)
Diante das severas secas e as poucas perspectivas em relação ao território semiárido e a necessidade de garantir melhores condições para a população nordestina, a Articulação do Semiárido – ASA, em 1999, publicou a Declaração do Semiárido que modificou as estratégias para o planejamento territorial e acentuou a ideia da permanência do ecossistema, sua fauna e flora, e da manutenção da população através da convivência com o semiárido. (ASA,1999).
O programa constitui-se de seis pontos principais: conviver com as secas, orientar os investimentos, fortalecer a sociedade, incluir mulheres e jovens, cuidar dos recursos naturais e buscar meios de financiamentos adequados, fundamentado em duas premissas: A conservação, uso sustentável e recomposição ambiental dos recursos naturais do semiárido(ASA,1999; KNOX,2021).
Para Knox (2021), a proposta mudou a perspectiva de métodos emergenciais, embora eles continuem importantes, muitas vezes nas grandes secas, mas para um planejamento de programas e projetos voltados à aprendizagem de modos de vida para a sobrevivência no espaço, reconhecendo a limitação dada.
Marengo et al (2018) afirma que há uma necessidade de melhorar as medidas de preparação e resposta para episódios de seca. De modo que integrar o monitoramento da seca e a previsão sazonal proporciona uma melhor forma de prever possíveis impactos da seca, identificando riscos e vulnerabilidades e permitindo uma melhor tomada de decisão em termos de medidas de enfrentamento que possam garantir a segurança hídrica, energética e alimentar para a população do semiárido.
O nível de insegurança alimentar durante a seca de 2012 foi consideravelmente maior do que em 1998. Isto é em parte uma função do aumento da severidade da seca de 2012 em toda a região de estudo. No entanto, estes resultados sugerem que, embora a longo prazo esta região possa estar a caminhar para um contexto de maiores capacidades genéricas (política social) do que para um nível de investimento nas capacidades específicas (gestão de risco). Desse modo, os esforços ainda não são suficientes para reduzir riscos de seca para a maioria da população. Embora o aumento da capacidade genérica possa ser uma condição necessária para reduzir a vulnerabilidade à seca dos agregados familiares, neste contexto não é suficiente para reduzir a vulnerabilidade à seca medida através da segurança alimentar (EAKIN, LEMOS & NELSON,2014)
Atualmente, a grande intervenção humana nos rios da região com dragagens para a formação de açudes e barragens tem alterado os ciclos naturais do curso de rios, sua navegabilidade e a reprodução dos peixes de forma natural, resultando na escassez de peixes, ameaçando as comunidades pesqueiras e a vida socioeconômica dos pescadores, que mesmo assim, resistem firmemente, mantendo sua presença como é o caso daqueles presentes no Médio e Submédio São Francisco (CBHSF, 2014).
Para Thomasa & Twymanbara (2013) a vulnerabilidade socioeconômica dos povos do mundo em desenvolvimento exige que a equidade seja incluída em todas as dimensões do debate climático para que permaneça relevante para os governos dos países em que residem exigindo um realismo por parte daqueles que avaliam e desenvolvem estratégias de adaptação em níveis nacionais que reconhecem o clima como apenas um dos muitos fatores perturbadores da subsistência para os quais as considerações de equidade e justiça são pertinentes.
Assim, melhorar a compreensão da interação entre capacidades distintas é fundamental se quisermos enfrentar efetivamente o desafio emergente das mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, enfrentar o desafio crônico do desenvolvimento sustentável (EAKIN, LEMOS & NELSON,2014).
Os desafios para a construção de um sistema pesqueiro continental resiliente
O alto nível perene de vulnerabilidade social das populações pesqueiras do semiárido à seca se manifesta na insegurança alimentar, uma preocupação crônica nesta região. A “indústria da seca”, ou a apropriação privada de bens públicos por políticos locais, criou um estado negativo resiliente que desafiou as tentativas de reformar a gestão de risco (Tompkins et al., 2008; Nelson e Finan, 2009).
No estudo realizado por Knox (2021), a autora discute a problemática relativa a produção (cultivo e extração) da atividade pesqueira artesanal no espaço do semiárido e evidencia as relações sociais do trabalho, notadamente a forma desigual como as populações trabalhadoras desse setor participam da riqueza gerada pela atividade. Para Knox, a diferença na participação da riqueza gerada resulta em conflitos de interesses sociais fruto das diferentes formas de apropriação do espaço e dos direitos de propriedades que resultam em questões socioeconômicas e de segurança alimentar para os trabalhadores e suas famílias.
A dependência dos recursos naturais e a falta de equidade em termos de acesso à base desses recursos dificulta expressamente a adaptação às mudanças climáticas em muitas partes do mundo em desenvolvimento (IPCC, 1997; IPCC, 2001). Para Nelson, Adger & Brown (2007) a implementação de ações de adaptação focadas na redução da vulnerabilidade e no aumento da resiliência, requer a resolução tanto do que constitui vulnerabilidade, sobretudo, o enfrentamento de questões de justiça distributiva (que é prejudicada) e a identificação das vulnerabilidades.
Assim, há pouca compreensão de como as instituições implementadas em um nível de governança e tomada de decisão interagem com o desenvolvimento de capacidade adaptativas dessas comunidades e as implicações das diferenças nas capacidades individuais e no nível do sistema para redução da vulnerabilidade ao longo do tempo.
O desafio é encontrar um equilíbrio entre o investimento adequado em capacidades específicas de gestão de risco e genéricas, como a mitigação da vulnerabilidade econômica e social dessas comunidades. Destaca-se ainda, a necessidade de tomar decisões viáveis sobre a melhor forma de gerenciar o risco ao longo do tempo e do espaço sem abrir mão das questões políticas e culturais.
De acordo com a perspectiva da mudança ambiental, então, a adaptação é sobre a tomada de decisões e o poder de implementar essas decisões. É um processo em que o conhecimento, a experiência e as estruturas institucionais se unem para caracterizar opções e determinar a ação (NELSON, ADGER & BROWN,2007).
O processo de construção de um sistema resiliente deve ser negociado e mediado por meio de grupos sociais, e as decisões alcançadas através de redes de atores que lutam para alcançar seus objetivos particulares de modo contínuo, gerenciados para flexibilidade e não para manter a estabilidade. Bem como, deve-se considerar os sistemas sociais e ecológicos como sistemas relacionados e acoplados.
Além disso, o enfrentamento desses problemas emergentes exigirá novas parcerias interdisciplinares entre cientistas da pesca, tecnólogos em aquicultura, gestores de ecossistemas, especialistas em nutrição e saúde pública, economistas de desenvolvimento, agências de concessão e formuladores de políticas.
Conclusiones:
Dessa forma, a emergência da política de adaptação ao clima deve enfatizar a gestão de riscos e a capacidade das populações vulneráveis de responder aos riscos climáticos identificados e cenários de mudança, como secas, mas, para isso, se faz necessária ações entre comunidade científica, gestores e a população, com foco na redução da vulnerabilidade e construção de uma resiliência.
Fica evidente que a construção de um sistema pesqueiro resiliente perpassa pela necessidade de articulação desses trabalhadores e diminuição das vulnerabilidades socioeconômicas às quais estão expostos esses pescadores. Assim, o aperfeiçoamento de estruturas de governança adequadas, levando em conta a variedade de possíveis distúrbios e fatores contextuais específicos, pode ser um importante passo na construção dessa resiliência.
A demanda por maior participação na tomada de decisão requer a inclusão de novos atores sociais, sendo esse um desafio por apresentar um grau de complexidade crescente na negociação de objetivos e caminhos para alcançar. Outro desafio, diz respeito a ausência de normatização dos planos hídricos para utilização de barragens e açudes, aumentando a vulnerabilidade dos pequenos produtores aos grandes monopólios.
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Palabras clave:
Resiliência – pesca artesanal e continental – semiárido – Nordeste Brasileiro
Resumen de la Ponencia:
Mientras los efectos del colapso climático se recrudecen, las personas son vulneradas con mayor intensidad; no obstante, está relación, que parecería causal, no refleja las condiciones estructurales que determinan y limitan las capacidades de una sociedad para hacer frente a las condiciones de la devastación socioecológica. Como expresa Acosta (2005), el riesgo es una construcción social donde no sólo interviene la exposición al cambio climático, sino la complejidad de elementos como la clase, el sexo, el género o la racialización, por mencionar algunos, que recrudecen las prácticas de dominación y vulneran, aún más, la existencia de las personas.En este sentido, la presente propuesta busca describir, comprender y analizar las condiciones que vulneran, en mayor grado, a las mujeres que habitan ciudades costeras latinoamericanas ante los efectos del colapso en curso. Lo anterior, no sólo a partir de dos efectos directos: el incremento medio de la temperatura y el aumento de los niveles oceánicos que ponen en riesgo la existencia del espacio urbano costero; sino del entrecruzamiento de las condiciones socioeconómicas por el género que, a partir de la intervención del capital en la dinámica urbana, han subordinado el trabajo y la vida de las mujeres, en todos sus aspectos, a reproductoras-cuidadoras (Valdivia, 2018) de la ciudad, razón por la cual su vulnerabilidad aumenta en función de la sujetización de la que son parte como demanda intrínseca de la acumulación.Como sostienen Zuria y Gay-Antaki (2018) “las desigualdades tienen que ver principalmente con el acceso a los recursos económicos, a la educación, a la participación política y a los trabajos remunerados. Las mujeres, por su posición social, debido a las dinámicas desiguales de poder, se encuentran en desventaja para acceder a estos recursos en comparación con los hombres.” En función de ello se busca evidenciar de qué forma las mujeres habitantes de zonas urbanas costeras en América Latina reconfiguran su existencia ante la fractura metabólica urbana e incrementan sus capacidades de adaptación transformativa frente a un contexto que profundiza y multiplica las amenazas y violencias en su contra.Con base en lo anterior se busca enfatizar la posición que ocupan las mujeres, contraviniendo un espacio centralizado y jerarquizado, para la construcción de una multiplicidad de alternativas que re(significan) a la ciudad, el ambiente, sus dinámicas y a su existencia misma en el espacio, considerando que las mujeres son sujetas de cambio cuya capacidad transformadora potencializa la habitabilidad planetaria a partir de la dignificación de la vida.Resumen de la Ponencia:
Atualmente a Pan Amazônia possuí uma das maiores capacidades de fornecimento de recursos hídricos do planeta; logo, estima-se que mais ou menos 12% da quantidade água doce do mundo se encontra nesse território. Apesar desse fenômeno natural inusitado, contraditoriamente o Brasil se encontra numa súbita crise de fornecimento de recursos hídricos, que possuem como pilares de origem: i) as reformas institucionais recentes; ii) a histórica pressão antrópica exercida na Floresta, manifestada diretamente pelo desmatamento e pelas queimadas; e como consequência direta dos dois últimos fatores, iii) a redução pluviométrica dos rios voadores, associada a estrutural mudança climática no mundo. No mito da energia “limpa” por ser energia renovável, ao longo das últimas décadas o governo federal investiu e subsidiou em grande escala a execução de megaprojetos hidrelétricos, ocasionando que sua matriz elétrica tenha se constituído num patamar de 63,8% de energia proveniente de fontes hidráulicas. Dessarte, os grandes reservatórios das hidrelétricas dependem dos recursos hídricos das bacias hidrográficas e da sazonalidade das chuvas provocadas pelo trajeto dos rios voadores. Os rios voadores, por meio da evapotranspiração da Floresta e demais fontes externas são os responsáveis pela reciclagem das bacias, e também responsáveis pela magnitude e qualidade de recursos hídricos disponíveis em cada bioma. Indaga-se, então, até que ponto a pressão antrópica, manifesta no fenômeno das queimadas e na intensificação do desmatamento florestal, originárias do aumento de poder de mercado do agronegócio, podem ampliar a degradação (redução pluviométrica) dos rios flutuantes (em termos de impacto ambiental), e consequentemente, desencadear uma crise de longo prazo (crise essa possivelmente irreversível) para o atual modelo de geração de energia elétrica no Brasil? Apesar da literatura registrar modelos meteorológicos, como SLURP e SMAP, a metodologia presente para avaliar esse impacto se pauta na utilização da modelagem estatística econométrica múltipla linear, que relaciona a produção agrícola (crescimento econômico), o uso da terra, grau de concentração de renda e a sazonalidade pluviométrica dos rios voadores. O corte temporal desse trabalho varia no intervalo de 2008 a 2021 (13 anos), sendo um período de longo prazo, onde 2008 demonstra, dentro do histórico de comportamento de algumas variáveis, uma mudança de pitch, ao qual a taxa de desmatamento obtém uma queda de 41,86%, e a partir de então, uma tendência de decréscimo progressiva, até sua retomada de crescimento em 2014.Resumen de la Ponencia:
La Organización de las Naciones Unidas señala que desde el siglo XIX se denomina como cambio climático a una serie de transformaciones ambientales ocasionadas por las actividades humanas. Algunos de los fenómenos más recurrentes son; extremas sequías, incremento en los incendios, cambios marítimos, así como el aumento de las inundaciones, entre otros. De manera que existe una relación directa entre el los cambios de las temporadas de lluvias con las inundaciones en el mundo. De manera que, en la actualidad, los desastres naturales se han incrementado debido al cambio climático, junto con la urbanización de zonas naturales, así como los cambios de uso de suelo, etc. En México, las lluvias excesivas, generan el incremento en las inundaciones de zonas urbanas, por lo que, estos eventos naturales se han convertido en un problema que ocurre con mayor frecuencia. La ponencia aborda los resultados de una investigación realizada en la zona urbana de la ciudad de Ocotlán, Jalisco en la que anualmente se han incrementado las inundaciones, así como las afectaciones materiales y psicológicas de los habitantes. La colonia Florida de Ocotlán, es considerada una de las más afectadas por las inundaciones, debido a que, en las calles, casas, y todo tipo de construcciones se observan los daños causados por este fenómeno natural. Algunos de los impactos psicosociales causados por las inundaciones son; la pérdida de sus bienes materiales como, muebles y construcciones, y en general la afectación de su patrimonio, así como daños colaterales de las lluvias. El objetivo de la presentación es abordar los efectos del cambio climático y en particular el incremento de las inundaciones en Ocotlán, Jalisco, así como la percepción de los habitantes en relación a los daños materiales y psicosociales en la colonia Florida de Ocotlán. Palabras clave: Cambio climático, inundaciones, Ocotlán, psicosocial.Resumen de la Ponencia:
Los efectos nocivos de la contaminación del aire sobre la salud física han sido ampliamente documentados. No obstante, la mala calidad del aire también puede incidir en el bienestar y otros componentes subjetivas de la calidad de vida de las personas. Tradicionalmente, los estudios que exploran esta relación, se han centrado en países desarrollados del Norte Global y China, siendo escasa evidencia para otras regiones más vulnerables como Latinoamérica. El objetivo de este estudio fue describir los efectos de la contaminación atmosférica sobre el bienestar y calidad de vida en países latinoamericanos por medio de una revisión sistemática. Se realizó una búsqueda sistemática de estudios empíricos publicados en las bases de datos Web of Science, Scopus, Scielo y PubMed siguiendo las directrices PRISMA. Se incluyeron artículos científicos tanto cuantitativos como cualitativos. Los 17 estudios seleccionados fueron agrupados en tres aproximaciones temáticas: 1) salud mental, 2) emociones negativas y 3) bienestar subjetivo. Los resultados indican que la contaminación atmosférica tiene un efecto en diversos componentes del bienestar como son la satisfacción con la vida, el bienestar subjetivo, la percepción de calidad de vida, síntomas de depresión o ansiedad, emociones negativas como angustia, molestia, frustración, entre otras. No obstante, se observan múltiples brechas que aún falta cubrir.Resumen de la Ponencia:
Diálogos de saberes desde un enfoque construccionista acerca de las realidades campesinas complejas y sus estrategias de adaptación ante el cambio climático en la Sierra Nevada de Puebla.El presente ensayo es un texto reflexivo desarrollado con el fin de difundir el quehacer cotidiano del grupo de investigación sobre Estrategias de adaptación al Cambio Climático en localidades rurales y campesinas de la Sierra Nevada del Estado de Puebla, del Colegio de Posgraduados, campus Puebla, México. A fin de compartir el proceso de construcción de un objeto de estudio, desde el paradigma científico construccionista, para dar cuenta de un análisis y reflexión sobre la perspectiva comprehensiva. El objetivo es analizar la dinámica constructiva del proyecto de investigación, a partir de su diseño, contemplando que fuera adecuado a los objetos de estudio de naturaleza no predeterminada y, por lo tanto, en línea con las problemáticas complejas, que responden a dicho campo. En este sentido, el enfoque interdisciplinar implica, además de la participación de distintos perfiles académicos en los proyectos, al mismo pensamiento complejo como el detonante clave para los planteamientos de investigación que son pertinentes con la puesta en acción de conocimientos socialmente situados, encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de la población contemplada, pues es el eje sustantivo de la investigación agronómica con perfil social y humanista. Meta que es transversal tanto a la institución en que laboramos, como en quienes nos convocamos para este espacio. Compartimos el diseño de proyecto como un caso académico, cuyo propósito versa sobre reconocer, comprender y potencializar las capacidades de organización social local y regional como formas viables de empoderamiento e incidencia en políticas públicas, para garantizar los derechos humanos vulnerables ante los efectos del Cambio Climático en contextos rurales, según se describe por las ciencias ambientales.Investigación social. Construcción social. Enfoque comprehensivo. Cambio Climático. Organización comunitaria. Representaciones sociales. Contexto rural.Resumen de la Ponencia:
O colapso ambiental, cada dia mais evidente aos olhos da população mundial, tem apresentado uma série de questões teóricas, políticas e filosóficas sobre suas causas, consequências e desafios. Embora a natureza venha sendo motivo de algumas propostas historiográficas já há algum tempo, novas problemáticas têm surgido, tendo em vista o crescimento de uma proposta teórica que aponta na direção de que estamos vivendo uma nova era geológica caracterizada pela presença da ação humana nas principais atividades do planeta. O holoceno teria sido substituído pelo antropoceno, a era dos seres humanos. À vista desse debate, a presente comunicação tem como objetivo discutir os impactos teóricos que a relação ser humano-natureza tem apresentado para historiadores e professores de história nos últimos anos. Essa apresentação é uma versão resumida de algumas reflexões realizadas durante a pesquisa de mestrado em andamento, sob orientação da Profa. Dra. Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt, da UFPR. Aqui busco discutir sobre o impacto que a teoria do antropoceno têm gerado dentro da teoria da história, bem como para a didática e o ensino de história. A comunicação parte do ensaio O Clima da História: Quatro Teses, do historiador indiano Dipesh Chakrabarty, que marcou um paradigma no que se refere aos debates sobre o antropoceno e a história, já que nele são propostas diversas considerações teóricas e filosóficas sobre o tema. O autor tensiona e problematiza uma série de paradigmas importantes à ciência histórica, como a ideia de agência dos seres humanos, propondo a categoria da espécie como central para novas narrativas históricas, e a diferença estabelecida entre a cultura humana e a natureza dentro da tradição humanista europeia. A partir de seu trabalho, historiadores dedicados aos estudos da relação ser humano/natureza têm refletido sobre as características gerais que norteiam suas narrativas, embora nem sempre de maneira a concordar com suas posições. Além de Chakrabarty serão apresentadas algumas visões críticas às suas concepções. Dentre elas, as propostas neo-materialistas de Timothy Le Cain, para o qual a categoria antropoceno é problemática, tendo em vista que ela representaria a permanência de uma visão antropocêntrica que impede a reconciliação entre os seres humanos e a natureza; as abordagens marxistas, como as de Slavoj Zizek, que considera uma história a partir da espécie humana em geral uma forma de escamotear os verdadeiros culpados pelo colapso ambiental (o capitalismo e o imperialismo); e a defesa humanista do filósofo alemão Jörn Rüsen, para o qual ainda é possível reconciliar os humanos com a natureza sem abandonar as categorias centrais do humanismo de tipo iluminista. Por fim se buscará analisar os impactos dessas discussões no que se refere a ensino e didática da história, tendo como referencial a teoria da consciência histórica de Rüsen.Resumen de la Ponencia:
En la ponencia exponemos la propuesta de un marco de análisis sobre la relación entre gobernanza multinivel de bienes comunes naturales locales (BCNL) y derechos de propiedad (DP) (derechos de acceso, usufructo, administración, exclusión y enajenación de un bien). Los DP pueden tener efectos positivos y negativos para la gobernanza, al configurar relaciones de poder y resultados distributivos (dotaciones de recursos y oportunidades). Generan efectos negativos porque producen asimetrías de poder entre actores (empresas frente a comunidades). Quien posee derechos de propiedad puede explotar bienes y excluir a otros de su acceso y usufructo, formándose conflictos distributivos por las dotaciones asimétricas de recursos y oportunidades. Algunos actores concentran beneficios (riqueza y capitales) y otros internalizan costos (pobreza material, perjuicios ambientales, desposesión de tierra y derechos, carencia de acceso a servicios ecosistémicos). Esta es la dinámica de los procesos de cercamientos y acumulación capitalista basados en la desposesión de derechos de propiedad, gracias al establecimiento de regímenes de propiedad privada. No obstante, los efectos de los derechos de propiedad tienen efectos positivos cuando el Estado, a través de políticas basadas en reconocimiento de derechos consuetudinarios y otras acciones reparatorias, asigna o reestablece para las comunidades derechos de propiedad, que son usados colectivamente. Así, se reducen asimetrías de poder, conflictos y desigualdades distributivas. Las bases teóricas del marco de análisis propuesto incluyen tres fuentes. a) Marco de análisis de sistemas sociecológicos (Ostrom): El sistema de gobernanza, como un componente del marco de análisis de sistemas socioecológicos, incluye sistemas de derechos de propiedad, que concebimos como generadores, en un nivel microsituacional, de relaciones de poder y conflictos distributivos. Estos de derechos de propiedad, se sitúan en un contexto político y económico, que constituye un nivel macrosituacional de los sistemas socioecológicos; b) Gobernanza multinivel y policéntrica (Michael McGinnis): proponemos analizar relaciones de poder entre actores de un mismo nivel y en diferentes niveles (comunitario, regional, nacional, internacional). El análisis de relaciones de poder en la literatura sobre gobernanza multinivel de BCNL está en ciernes; c) Economía política institucional (Pranab Bardhan, Samuel Bowles): incorporamos sus aportes sobre análisis de regímenes propiedad (privado estatal y comunitario) y sus correspondientes derechos de propiedad, sus efectos distributivos y su análisis del poder desde la teoría de juegos. En el marco propuesto, metodológicamente planteamos que es posible realizar estudios de casos a través de narrativas analíticas, para estudiar procesos en existe relación entre gobernanza multinivel de BCNL y DP. Finalmente, ilustramos el uso del marco análisis propuesto en un caso de desposesión, recuperación de derechos de propiedad y de gobernanza de bienes comunes realizado por comunidades lafkenches, en el borde costero del océano pacífico, en el sur de Chile.Resumen de la Ponencia:
Esta investigación tiene como objetivo analizar la movilización socio-territorial en torno a la protección de los humedales en Bogotá a partir del estudio de caso del Colectivo Caicas en el humedal Jaboque (Colombia). Se trabaja con la metodología cualitativa que permite comprender estas prácticas y perspectivas de protección y conservación. Se utilizan técnicas de investigación como historia de vida, grupo focal y entrevista semiestructurada que se desarrollan en un tiempo de seis meses junto al Colectivo Caicas alrededor del año 2021. Esta investigación comprende la movilización socio-territorial para la protección en el espacio de la ciudad, mediante prácticas sostenibles organizadas por el colectivo como huertas, aulas ambientales, educación de la biogeografía y del pensamiento indígena, viendo la conservación como habitable logrando así la protección y conservación de los humedales. Finalmente se evidencia la visión de protección y conservación que posee y ejerce el Colectivo Caicas y por el otro lado, el Distrito de la ciudad de Bogotá, encontrando resultados que muestran la visión de ciudad a futuro que se posee y como está repercute en la conservación de los humedales, teniendo una visión del modelo económico neoliberal desde el concepto de servicios ecosistémicos. Por otro lado se propone una apuesta diferente desde las acciones de los colectivos que finalmente se encuentra han transformado políticas publicas de protección y conservación en los humedales de Bogotá.Resumen de la Ponencia:
Esta ponencia se enmarca,como parte de la reflexión teórica asumida en la investigación PI-UNTREF 2021-22. Su objetivo es analizar los contenidos, conocimientos y herramientas didáctico-pedagógicas que presentan los cursos de Educación Ambiental del Nivel Superior para la formación y capacitación docente en la provincia de Buenos Aires. Partimos del posicionamiento de la pedagogía ambiental, entendiéndose como un campo crítico-reflexivo en construcción, que habilita a repensar y resignificar la crisis civilizatoria, manteniendo la centralidad en la concepción ético-política del currículum. En este marco, planteamos que el campo de la EA debería contemplar un giro conceptual en dispositivos, a fin de cuestionar la metodología didáctica, junto a instrumentos y estrategias. Habilitar tiempos y espacios que permitan reflexionar sobre la permanencia de ciertas intervenciones tradicionales que presentan carácter hegemónico en educación y especialmente en la formación docente. El objetivo de esta ponencia es tensionar el dispositivo Salida de Campo, analizar los impactos en la formación de los/as educadores, y visualizar la posibilidad de la co-construcción de saberes vinculados a la afectividad, la sensibilidad, la concienciación y el conocimiento ambiental, como herramientas para acceder a una mayor comprensión de las transformaciones socio–territoriales. Es un instrumento didáctico-metodológico, que habilita espacios de re-encuentro y re-encantamiento de los sujetos en y con la naturaleza, cuyo fin es superar miradas fragmentadas, propias de las disciplinas, para integrar la conflictividad ambiental en los entornos cotidianos como contenidos curriculares. La organización de dicha actividad didáctica contiene la intencionalidad pedagógica que los/las educadores deberán considerar al diseñarlas con sentido político- territorial, que aborde los procesos de enseñanza y de aprendizaje, desde la perspectiva de la descolonización del conocimiento y la integración del abordaje pedagógico crítico. En esta presentación, avanzamos considerando que el proyecto político pedagógico en el campo de la EA, deberá colaborar en la formación de los/as educadores, aportando habilidades relacionadas con la afectividad, la sensibilidad, la concienciación y los saberes ambientales integrados, que garanticen el derecho de los sujetos a acceder a procesos educativos, que profundicen y faciliten una mayor comprensión de las transformaciones socioterritoriales, que permanecen vinculadas a modelos de dominación y de apropiación, como aspectos centrales de la mercantilización de la naturaleza. En este marco, nos abocamos a estudiar a la salida de campo como un dispositivo didáctico-metodológico que presenta potencialidades contra hegemónicas. La tradición en las instituciones lo ha utilizado para gestionar salidas educativas pero no contemplan la intencionalidad pedagógica que se vincule a procesos educativo-ambientales. Desde nuestra postura, las salidas de campo deberían crear posibilidades de reencuentro con el afuera, posibilitando superar las miradas fragmentadas y disciplinares sobre la realidad conflictiva, para asumir la complejidad y problematizar la cotidianeidad, orientándose a la reapropiación social de la naturaleza como propone E. Leff (2002).
Introducción:
Este trabajo invita a la reflexión teórica y se propone centrar el análisis en sus dimensiones ético-políticas e ideológicas, resignificando esta actividad desde el enfoque de conflicto socioambiental (Merlinsky, 2017), tensionando las prácticas áulicas desde el quehacer político pedagógico.
Es desde el campo epistemológico de la Educación Ambiental (EA), que esta dimensión adquiere un significado especial para las prácticas pedagógicas, cuya tarea central es la de acercar a los/as participantes del hecho educativo a develar sus contradicciones y paradojas del modelo productivo y de consumo, con el fin de contribuir a la construcción de un pensamiento crítico, orientado a la acción-reflexión-acción desde los entornos socio ambientales cercanos, con el fin de constituirlos en objeto de la actividad didáctica. Las salidas de campo permiten estudiar el lugar propio con una nueva mirada, considerando a la naturaleza como sujeto de derecho, a través de un conocimiento directo y situado en contexto.
La Pedagogía Ambiental (Rivarosa et al, 2009; Tréllez, 2010) es un campo crítico-reflexivo en construcción que permite repensar y resignificar la crisis civilizatoria (Capra, 1992; Leff, 2002, 2006; García et al, 2009), que entiende al currículum como proyecto político pedagógico, cuya intencionalidad está dirigida a construir en los/as educadores habilidades relacionadas con la afectividad, la sensibilidad, la concienciación y el conocimiento ambiental que posibilite el acceso a una mayor comprensión de las transformaciones socio–territoriales vinculadas al modelo de dominación, de apropiación y mercantilización de la naturaleza, que está llevando al planeta hacia el colapso ambiental global (ONU, 2021).
La reciente Ley de Educación Ambiental Integral N° 27621/21 tracciona para que se promuevan políticas públicas curriculares que actualicen y generen las condiciones adecuadas para que su implementación impacte en la formación docente. Y en este sentido, la necesidad de renovación de prácticas pedagógicas se transforma en una exigencia en los actuales contextos críticos socioterritoriales, de manera que colaboren con la producción y circulación de saberes y sus resignificaciones, de manera que las sensibilidad y la concientización contemplen tanto el concepto de “afectividad ambiental” (Giraldo et al, 2020) como de “sufrimiento ambiental” (Auyero et al, 2008) en lo que E. Leff (1998) denomina la reapropiación social de la naturaleza.
Desarrollo:
- Salida de campo: herramienta para la construcción de saberes y resignificación de los entornos locales en clave de conflicto ambiental.
Lo expresado en la introducción busca crear intencionalidad en la organización de la actividad didáctica, asociada a pensar colectivamente en el bien-estar de la ciudadanía en su conjunto, en armonía con su entorno social y natural. Marisa Fernández en el capítulo “Hacia una pedagogía de las diferencias desde los aportes de la propuesta de Paulo Freire” (Gadotti et al, 2008:341) sostiene que en las prácticas escolares cotidianas hay también oportunidades de construcción de conocimiento diferentes. Que es posible habilitar trayectorias alternativas y diseñar propuestas pedagógicas emancipadoras, como formas de intervención en el mundo que promueven la concientización para construir prácticas pedagógicas cotidianas que trabajen con, desde y en las diferencias, sin que se transformen en desigualdades o por lo menos que éstas puedan ser cuestionadas.
Exige participación desde la acción, la coordinación de sentimientos, pensamientos, participación y compromiso en términos éticos, políticos, culturales y sociales. En este sentido, la EA cuestiona la lógica tradicional del currículum, positivista y fragmentada, llena de certezas esencialistas y prescripciones en las que se centran las diferentes disciplinas, donde prima la pedagogía de la respuesta y no de la pregunta (González Gaudiano, 2006). En ese marco, para la EA Crítica, la salida de campo es una metodología científica que, al ser trasladada al aula, como metodología didáctica, confluyen equipos docentes que asumen una intencionalidad pedagógica, que posibilita el desarrollo de los procesos de enseñanza problematizada y aprendizajes significativos que fortalezcan habilidades como:
● La observación activa, consciente, real, situada, silenciosa y de escucha atenta
● La interpretación de lo ambiental basada en la sensibilidad, experiencias sensitivas y la emoción afectiva
● El planteamiento de conjeturas en entornos naturales abordados desde la conflictividad socioambiental
El registro de testimonios, que revelen las tensiones propias de dichos conflictos, basados en narrativas sentidas, emotivas, estéticas y de empatía con los entornos naturales y sociales. El entramado de cada registro que dé cuenta de la construcción de estudiantes y educadores de una visión más compleja y holística de la problemática..Es un espacio de conocimiento que sucede en el aula-naturaleza (Tréllez, 2004), ámbito en el que los/as estudiantes integran diversos saberes y tipos de conocimientos, que articulan la teoría con la práctica, entendida como praxis educativa (Freire, 1997), centrada en la reflexividad crítica. Esta herramienta facilita la incorporación de escenarios de conflictos en las salidas de campo, permitiendo reflexionar críticamente en torno a la producción, transmisión, circulación y distribución de saberes, de intereses que los diversos actores sociales poseen en pugna sobre la apropiación y capitalización de la naturaleza.
- Proceso de intervención educativo-ambiental: la salida de campo como herramienta político pedagógico-didáctica.
En este apartado se propone un ensayo de diseño de una salida de campo en clave de conflicto socioambiental que permita vincular el posicionamiento docente con su aspecto interpretativo y reflexivo. Para avanzar en este diseño, en una primera instancia de reflexividad, el docente deberá repensar desde su espacio curricular o materia el anclaje de esta salida de campo, pudiendo considerar tres momentos en función de los tiempos didácticos:
1- la construcción propiamente dicha de la actividad didáctica: considerando sus propósitos pedagógicos en función de la identificación de un conflicto socio ambiental territorial local comunitario, donde puedan distinguir los distintos sujetos involucrados y/o afectados por ese conflicto, sus intereses y lenguajes de valoración puestos en juego y las relaciones, negociaciones y disputas que existen entre ellos
2- la implementación de la salida de campo en entorno territorial situado y contextualizado en base al conflicto socioambiental elegido,
3- la evaluación de los procesos anteriores y los resultados de los aprendizajes evidenciados por los/las estudiantes desde el enfoque reflexivo crítico.
La salida de campo entendida como estrategia didáctica, se encuadra metodológicamente como “aula-taller”, promoviendo participación activa, solidaria y en especial de intercambio y diálogo de saberes. Habilitar la comunicación democrática y facilitar la circulación de la palabra y la experiencia sensitiva de los cuerpos que den cuenta de la manera de ESTAR- SENTIR- HABITAR y SER (Freire, 1997; Gadotti, 2008; Escobar,2014; Leff, 2006) en el mundo anclado en la conflictividad ambiental. Se asocia plenamente al "aprender haciendo", en tanto se ponen en juego habilidades y estrategias tradicionales en el proceso educativo, pero también hace lugar a las que despiertan los sentidos, crea espacio para que las emociones y sensaciones impacten en la manera de pensar (Giraldo y Toro,2020) y por lo tanto, en los procesos de construcción del conocimiento colectivo en relación a un conflicto local, que la mayoría de las veces se encuentran invisibilizado o relegado a la lógica del capital (Leff, 2006).
Conclusiones:
El sentido de la organización didáctica de la salida de campo en clave de conflicto, es salir de los espacios áulicos tradicionales para dar lugar a la naturaleza como otro espacio de construcción del conocimiento, para visibilizar las resistencias al interior de las escuelas y de la sociedad misma, pero también para garantizar el acceso al conocimiento y habilitar diferentes formas de enseñar y aprender, y por lo tanto, de compartir saberes desde la perspectiva ambiental, reintegrando la apropiación social de la naturaleza (Leff, 1998)
Interrogantes que habilitan la reflexión para la formación docente crítica e integral: ¿qué actividades facilitan el diálogo de saberes en un momento de crisis ambiental global? ¿Cómo incorporar las herramientas de la educación ambiental en una propuesta didáctica que renueve la manera de relacionarnos-contactarnos con nuestros entornos sociales y naturales próximos? ¿Estos entornos en conflicto podemos visualizarlos como no vividos, es decir, no pasados por la experiencia consciente o como cercanos a nuestros sentipensares (Escobar, 2014)
Una multiplicidad de situaciones de conflictos socioambientales locales vinculados a la degradación y daño ambiental, reclaman nuevas conceptualizaciones, creatividad metodológica y solidaridad en sus abordajes, con una mirada que integre la sustentabilidad de la vida y contemplen sentipensares que se movilizan con la afectividad ambiental (Giraldo et al, 2020) pero también con el sufrimiento ambiental (Auyero et al, 2008)
La Ley de Educación Ambiental Integral (N° 27621)[1] permite resignificar un marco renovado y actualizado de corpus de conocimientos y saberes articulados en un proyecto político educativo integral que se expande a ámbitos educativos formales, no formales e informales. Y nos exige replantear la situación de la EA en el ámbito escolar, de manera que nuevos interrogantes nos convocan a repensar estrategias didácticas, ¿qué lugar le asignamos a la escuela como sujeto político-territorial-pedagógico (Alvino, 2014)? ¿Cuál es la capacidad de la escuela para incidir en la transformación del conocimiento colectivo ante las situaciones socioambientales conflictivas del entorno local en perspectiva comunitaria?
Desde este enfoque, la circulación de saberes construídos en la observación y las vivencias en los contextos ambientales degradados no alcanzan a posicionarse como contra-hegemónicos y por lo tanto, no tendrían espacio para integrarse en las aulas como contenidos a ser enseñados y aprendidos. Aún quedaría debatir la necesidad de la descolonización del conocimiento, para que otros saberes pudiesen ingresar tanto a los diseños curriculares como a su circulación en espacios no formales desde una mirada latinoamericana. En relación a la formación docente, Lucie Sauvé en el X Seminario Internacional de EA y Sustentabilidad (2021, Universidad Pedagógica Nacional) expresó que es central atender estas cuestiones en los profesorados porque
“más que la didáctica disciplinar, los docentes son trabajadores culturales, juegan un papel de primera línea para la transformación ecosocial”. Para Sauvé, el saber ambiental es un saber vivo, porque todo el saber disponible universal no se encuentra en los estantes de las bibliotecas (o en Google), sino que se construye en multiplicidad de acciones comunitarias, entre ellos, los proyectos de lucha, proyectos institucionales escolares, debates sobre problemáticas que identificamos como comunes, dado que nos atraviesa la emergencia ambiental planetaria y sus efectos específicos en el Sur global.
[1] 1 En la Pcia. de Buenos Aires está incorporada la EA en el Art. 45 de la Ley de Educación N° 13688/2007.
Bibliografía:
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Capra, F (1992) El punto crucial, Editorial Troquel, Buenos Aires, Argentina. Collins, Escobar, A (2014) Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre el desarrollo, territorio y diferencia. Medellín: Ediciones Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA.
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Gadotti et al (2008) Paulo Freire Contribuciones para la pedagogía, Buenos Aires: CLACSO.
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Giraldo, O y Toro, I (2020) Afectividad ambiental: sensibilidad, empatía, estéticas del habitar, Chetumal, Quintana Roo, México: El Colegio de la Frontera Sur: Universidad Veracruzana.
Leff, E (1998) “Saber Ambiental, sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder”. PNUMA Siglo XXI Editores, México.
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Merlinsky, G (2017) Cartografías del conflicto ambiental en Argentina, Notas 10
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Sauvé, L (2021) X Seminario Internacional de EA y Sustentabilidad, Universidad Pedagógica Nacional: México. disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GBeY80gkWik
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Tréllez E (2010) “Siete Pasos Para La Danza de la Pedagogía Ambiental” Conferencia VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. San Clemente del Tuyú, Argentina, 16 a 19 de septiembre del 2009.
Palabras clave:
educación ambiental; formación docente; salida de campo; conflictos socioambientales; crisis ambiental global.
Resumen de la Ponencia:
Em uma unidade de conservação que pode ser classificada como urbana, como é o caso da Área de Proteção Ambiental (APA) do Itapiracó as formas de manutenção e de relações com a cidade podem ser das mais variadas, havendo usos voltados para a práticas esportivas, atividades de lazer e pesquisas científicas. Nesse contexto, se pode analisar a formação de questões em torno da APA do Itapiracó como relativas a sociedade e ambiente, que na perspectiva das Ciências Sociais significa também observar como a materialidade dos espaços são socializados, possuindo significados específicos aos que estão em relação com os mesmos, e considerando que as experiencias vividas nesses e a partir desses ambientes produzem uma construção social afetiva e a satisfação de necessidades materiais. Esses elementos geram preocupações relacionadas a APA do Itapiracó, que ao longo de um período de tempo, foram adquirindo forma e sendo substancializadas, estimulando ações coletivas que reivindicam serviços públicos e implementação de projetos para essa área de proteção, e consequentemente informação e melhorias para os bairros que a cercam. Assim, morados do entorno da unidade de conservação mobilizam-se através de ações e elaborações discursivas com o sentido de participarem do ordenamento territorial da APA e de seu processo de gestão, buscando maneiras de democratizar os usos desse lugar de natureza. A construção dessa questão ambiental se desenvolve a partir de um lugar de natureza em relação direta com a cidade de São Luís, em que moradores próximos da APA se organizam coletivamente apresentando problemáticas ligadas a esse unidade de conservação como problemas sociais e públicos.
Introducción:
1 INTRODUÇÃO
A formação dos problemas ambientais pode ser entendida como um processo em que percepções individuais alcançam uma dimensão coletiva, e, através de ações discursivas e práticas, adquire interesse e relevância pública. Esse é um percurso de construção social em que situações que provocam incômodo, afetação ou prejuízo adquirem legitimidade ao serem interpretados como resultado do relacionamento entre sociedade e natureza. Nesse processo deve-se levar em conta as particularidades com as quais um problema é percebido como ambiental, o que envolve, em alguma medida, a formação de um repertório particular e a atuação do Estado, no que tange a assuntos de “meio ambiente” e “participação”. Nesse entendimento existe uma plasticidade nas estratégias acionadas no interior de uma confluência de situações (LOPES, 2004).
A construção e o reconhecimento de um problema como social envolvem aspectos políticos e culturais que oferecem ou dispõem condições para que debates ambientais sejam classificados ou definidos como publicamente relevantes. Nessas disputas as diferentes concepções se enfrentam para posicionarem as soluções que considerem pertinentes, o que, de acordo com Hannigan (2009, p. 52), elabora séries de “certezas contraditórias”. Nessa perspectiva, aceita-se a validade das preocupações que se ocupam de contestações sobre poluição, escassez de energia e outros. E, se ressalta que esses acontecimentos estão associados a atividades de definição, negociação e legitimação que ocorrem na dinâmica da sociedade (HANNIGAN, 2009).
É preciso recordar que, ao analisar a formação da discussão ambiental a partir da APA do Itapiracó como um problema ambiental que vem sendo socialmente construído, não se pretende inferir sobre sua importância enquanto problema social. Mas, em vez disso, apresentar reflexivamente o processo de validade que torna essa discussão um problema social, de características coletivas e que adquire através dos moradores do entorno e interior da APA uma relevância pública.
As forças e os processos que ocorrem na natureza estão ligados, em alguma dimensão, às construções humanas. Assim, a formação de um problema socioambiental não é percebida pelas Ciências Sociais apenas como uma relação entre a degradação ambiental e as variáveis sociais, mas como ações e discussões que envolvem percepção e poder (HANNIGAN, 2009). Este é um processo em que sociedade e natureza podem ser percebidas como indissociáveis, socialmente produzidas e mutáveis, uma construção em que linguagem, elaborações discursivas, práticas ideológicas e materiais são alguns dos componentes envolvidos na produção social da natureza.
Nesse sentido, essa analise procura ressaltar a construção do problema ambiental a partir da APA do Itapiracó, observando a formação argumentativa usada como parte do repertório dessa ação coletiva, disseminando informações sobre a unidade de conservação e construindo uma percepção de defesa da APA como um problema social.
Desarrollo:
2 A CONSTRUÇÃO DO PROBLEMA AMBIENTAL A PARTIR DA APA DO ITAPIRACÓ
As mudanças ocorridas na APA urbana do Itapiracó, localizada em São Luís capital do Maranhão, desencadeou mobilizações sociais que se intensificaram a partir 2018. Essas ações adquirem notoriedade através de protestos e ações contra uma tentativa de loteamento da APA. As mobilizações em torna da unidade de conservação por vezes, recorre a elementos mais abrangentes da discussão ambiental, como a percepção da natureza enquanto bem ou propriedade coletiva. Nessa elaboração, a natureza é observada como um bem público, sendo entendida como necessidade, e precisando estar acessível (FUKS,2011).
A intensão de universalidade presente nessa noção de bem público prestada pelo direito ao meio ambiente não é tão aplicável na prática, pois a relação entre renda, escolaridade, interesse e mobilização em torno da questão ambiental revela que, em determinado grau, um ambiente está relacionado a uma coletividade restrita (FUKS, 2001). Isso faz entender o fato de as questões ambientais costumeiramente se apresentarem de maneira localizada, ou porque os benefícios da proteção se destinam a determinadas localizações socioespaciais. Conforme Mario Fuks, esse aspecto fica mais evidente quando:
[...] esta suposta vocação universalista do meio ambiente não está isenta de questionamentos. Em comum, as posições críticas entendem que, em maior ou menor grau, o meio ambiente é apenas o bem coletivo de um grupo restrito, seja porque a proteção ambiental expresse um valor socioespacialmente localizado, seja porque os benefícios da proteção ambiental tendem a se concentrar em determinadas coordenadas socioespaciais. Esses questionamentos tem como fundamento o fato de que os atores preocupados e mobilizados com a proteção ambiental são, em sua maioria, provenientes de grupos de maior poder aquisitivo e com grau de escolaridade, de um lado, e interesse e mobilização em torno da proteção ambiental, de outro, revelaria que, na prática, a intenção de universalidade pressuposta no conceito de meio ambiente não se verifica (FUKS, 2001, p. 41).
A proteção ambiental de um lugar de natureza está associada a interesses de grupos específicos, empregada para a defesa de estilo de vida de grupos sociais bem definidos. A possibilidade de organização em um Fórum em Defesa da APA do Itapiracó (FAI) foi a forma encontrada pelos moradores para intervir e participar de decisões relacionadas a seu lugar de vivência. Essa questão não necessariamente pode ser interpretada como problemática; o que pode vir a ser controverso é quando esse lugar de natureza é tomado como uma fuga dos problemas socioambientais que a degradação da natureza possa desencadear, pois isso gera uma defesa da natureza voltada para determinadas classes e outros grupos sociais ficam excluídos das áreas ambientalmente valorizadas (FUKS, 2001).
É preciso considerar que a proteção de lugares de natureza atendendo a interesses restritos oculta a necessidade de se perceber que há na natureza uma lógica própria, e que a proteção de alguns lugares não significa que estes deixarão de ser afetados por intervenções realizadas em outros ambientes com os quais mantêm interconexão. Nesse sentido, os participantes do Fórum aparentam cruzar os limites estabelecidos pelo modelo de natureza vigente procurando parcerias com outros movimentos e atores relacionados às demais unidades de conservação presentes na cidade de São Luís.
As características de formação do Fórum não deixam de estar articuladas a certo contexto de ambientalização dos conflitos, neologismo empregado por José Lopes (2004) para análise de questões socioambientais. O processo de ambientalização é histórico e expõe como elementos de estudo transformações institucionais, bem como no comportamento humano em diferentes dimensões como o trabalho, ensino, lazer e vida cotidiana. Assim, Lopes (2004, p. 19) destaca cinco fatores relativos a essas transformações, sendo esses: o crescimento da importância da esfera institucional do meio ambiente entre os anos 70 e final do século XX, conflitos sociais em nível local, educação ambiental como código de conduta individual e coletivo, questão da “participação”, questão ambiental como fonte de legitimidade e argumentação nos conflitos sociais.
A mobilização em torno das possibilidades de uso da APA e de outros processos, como a formação do Conselho Consultivo. As atividades presentes no complexo ambiental da unidade e as formas de atuação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA-MA) estão ligadas a essa composição apontada por Lopes (2004), pois, segundo o autor, esses são elementos que articulam a questão ambiental em diferentes regiões do Brasil.
As atividades de construção e institucionalização envoltas pela questão ambiental estão relacionadas a interpretações que concebem diferentes usos e formas de planejar o lugar. Nessas situações, os grupos sociais participam de forma desigual, mobilizando-se com os modelos e ferramentas que dispõem, sejam esses grupos militantes ou técnicos administrativos. No que tange à APA do Itapiracó, essa mobilização vem ocorrendo por meio de um Fórum de base comunitária envolvendo distintos moradores.
Esse contexto envolve a passagem de uma dimensão interna referente a questões de manutenção, fiscalização e proteção da unidade de conservação do Itapiracó para uma dimensão social e pública, pois quando as mobilizações fazem associação entre a qualidade de vida, habitação, saúde, trabalho, e manutenção de afetividades presentes nesse lugar de natureza, tratando-as como demandas ambientais da cidade, adquirem pujança nas arenas de discussão e intervenção (LOPES, 2004). Logo, ao apontar problemas relativos à poluição, queimadas, desmatamento, ausência de uma educação ambiental e de projetos que estimulem a geração de renda pertinente ao uso da APA, os moradores do entorno da APA e os envolvidos na mobilização estão sinalizando a existência de possibilidades de contaminação da fauna e flora presentes na unidade de conservação, e consequentes prejuízos à sua maneira de viver.
A atenção que está voltada aos problemas ambientais e que atualmente possam parecer naturais é, na verdade, consequência de mudanças na percepção humana sobre seus ambientes e do engajamento de atores envolvidos na defesa dos lugares e suas naturezas. O processo de legalização dos problemas ambientais tem estimulado mudanças na forma da sociedade se relacionar com a natureza e, por consequência, sobre a representação desse conceito (FUKS, 2001).
Esse processo relacional é possível diante da institucionalização da questão ambiental que articula leis e estrutura órgãos públicos. Desse modo, trata-se de uma construção social, em que as ações coletivas mobilizam proposições entendidas como ambientais e atribuem legitimidade a suas causas nessas arenas de disputas. Esse processo corresponde ao que Lopes (2004) entende como parte de uma “ambientalização dos conflitos sociais”.
Essa composição histórica presente na trajetória dos que estão envolvidos na questão ambiental em torno da APA do Itapiracó permite pensar sobre esses lugares, não a partir de uma negação de que os mesmos possam ter relação com redes globais ou, ainda, que sofram processos de interferências e investidas de desterritorialização, mas como um momento marcado pela busca de alternativas e novos empregos de redes virtuais ou presencias na defesa dos lugares cotidianos e participantes da vida dos moradores. Esse aspecto dos espaços e territórios diante do processo de globalização é comentado pelos participantes do Fórum, e em uma entrevista, o coordenador aponta esse elemento descrevendo:
Muitas pessoas acreditam que o espaço morreu, mas isso não é verdade, a milhares de anos a Amazônia é no mesmo local. O Brasil continua no continente sul-americano, então nada mais é, do que uma falácia acreditar que os territórios, as terras não têm importância, a gente sabe dessa importância. Mas a globalização a revolução digital em que os controladores, os exploradores internacionais, seculares, que a gente sabe que são grandes famílias que já a muito tempo exploram a terra, as riquezas da natureza, mantém o controle mais fácil e eficiente, mas essas tecnologias, embora nos coloquem em uma certa camisa de força elas nos dão a possibilidade de imaginar alternativas. E são essas alternativas que o FAI procura tá atento, eu como coordenador e a responsabilidade que carrego de liderar esse grupo de líderes, costumo dizer que não são soldados, mas outros líderes. Pois não adianta eu ter liderados ao meu lado, eu preciso de líderes ao meu lado, para que estes formem outros líderes, outros multiplicadores (Mauro Carramilo Jr., 30/11/2021).
Como esclarece Escobar (2005, p. 70), é possível pensar os lugares como construções que, mesmo permitindo saídas, retornos e fluxos de identidades, não desprezam o potencial do vínculo, do pertencimento, e mesmo a existência de limites. Nessa perspectiva, o lugar pode ser entendido como produtor e disseminador de práticas e conhecimentos, que são usados para um trabalho voltado para a manutenção da natureza. Essas formas de atuação produzidas a partir e para o lugar expressam, de alguma forma, não somente a conformidade com a adaptação, como a construção de vínculos afetivos com o lugar (ESCOBAR, 2005).
Em pesquisas de campo ocorridas em momentos acentuados da pandemia do Covid-19 foi possível observar que grupos de moradores que fazem trilhas na APA e os que residem dentro da unidade conhecem os caminhos do Itapiracó. Desse modo, ainda que essa unidade possa ser considerada pequena em extensão em relação a outras presentes em São Luís, são os sujeitos que mesclam sua formação social a esse lugar de natureza que sabem percorrer as trilhas, localizar pontos remanescentes de juçaral, olhos d’água, nascentes do rio Itapiracó, identificar as plantas e os lugares onde certos animais costumam se abrigar.
Esses moradores, que em seus fluxos de atividades e emprego de energia estão transitando entre as tarefas ditas urbanas, realizadas em centros comerciais e administrativos de São Luís, por vezes, próximos à APA, e suas atividades de habitação, lazer, práticas esportivas e religiosas realizadas na unidade de conservação, encontram formas de organizar o lugar, o modo de uso e a ocupação. É possível analisar o sentido dessa organização quando moradores expressam o processo de luta e a vivência junto à APA, relembrando:
[...] nós tivemos encontros específicos para pensar a APA, a APA como esse bem maior, que é a terra, o nosso lugar, somos nós. Agora não se pode omitir que já se pensou na APA, um movimento que antecedeu essa organização, não do FAI, mas de se pensar a preservação. Alguns movimentos como o COMUNIC (Conselho Comunitário do Complexo COHATRAC), essa turma que se reunia pra pensar a questão do uso e ocupação da área, eu estava lendo a poucos dias sobre o que era isso aqui, a Maioba o Turu, eram aldeamentos com sua farta beleza e utilidade natural para quem dela vivia, que eram os nativos. E aí o processo de ocupação da cidade, de urbanização da cidade vai fazendo acontecer essa demarcação das áreas. [...] eu sempre digo e repito essa minha fala em todos os encontros que a gente vai. Eu não só moro próximo a APA, eu não tenho essa vivência de morar próximo agora, como eu também vivi a APA no momento em que ainda nem as chácaras existiam, quando meu pai nos levava, que ele tinha um amigo que era da agricultura e tinha ali uma plantaçãozinha. E nós descobrimos o rio do Itapiracó, então a minha adolescência eu tomei banho naquele rio caudaloso. A garotada ia pra lá! (Dorian Azevedo, 02/12/2021).
Em certa medida, a formação do problema ambiental na APA está envolta naquilo que Mário Fuks (2001, p. 23) aponta como uma questão de proteção do meio ambiente, que se torna presente tanto em países tidos como desenvolvidos como naqueles considerados em desenvolvimento. Isso se apresenta nos países de economia consolidada como associado à qualidade de vida, e nos de economia crescente esse aspecto é trabalhado com alguma objetividade, entendendo essa questão como elemento de sobrevivência. O entendimento de sobrevivência pode aqui ser interpretado não somente em relação a características produtivas, como a modos de vida ou práticas que estão ligados a lugares de natureza como a APA.
No discurso jurídico a definição dos direitos e deveres coloca o meio ambiente como “patrimônio público”, criando instrumentos legais que colocam a proteção de “bem de uso comum” ao alcance de diferentes setores da sociedade, porém ainda existe alguma distância entre esses instrumentos e a mobilização social relativa à defesa ambiental.
A ausência de mobilizações está também associada a aspectos referentes à instrução educacional e organizacional que as coletividades possam dispor para fazer valer suas demandas relacionadas à defesa ambiental (FUKS, 2001). No que se refere a unidade do Itapiracó, o Fórum da APA faz uso das formações acadêmicas de seus integrantes para acessar e tratar das demandas levantadas em suas reuniões. O valor da instrução educacional nas arenas de discussão ambiental foi sendo percebido no processo de pesquisa relativo à APA, e os atores envolvidos percebem essa circunstância quando descrevem:
[...] quando vai uma pessoa que talvez não tenha conhecimento ou busque se aprofundar em determinado assunto, muitas vezes as portas são fechadas porque o espaço ou órgão que você procura não é o órgão competente pra tratar sobre aquela demanda, e saber discernir essas problemáticas e buscar dialogar com esses atores é de fundamental importância, então se todo advogado além de ter sua advocacia privada, pudesse dar um pouco de colaboração na advocacia popular, pros movimentos populares, certamente essa relação entre Estado e a Sociedade Civil seria muito mais benéfica a todos. Então, meu caminhar é muito nesse sentido, de cumprir esse papel, [...] A advocacia no artigo 133 da constituição diz que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Então é com isso que eu tento contribuir dentro do Fórum (Mauro Carramilo Jr., 30/11/2021).
Na análise de Fuks (2001, p. 88), para além da esfera do Estado, há dois tipos de segmentos de atores relacionados a protestos e ações civis públicas ambientais, indivíduos e grupos de moradores, e grupos organizados em associações comunitárias. Tais atores costumam residir em lugares distantes do centro ou em áreas estruturadas da cidade, e suas reclamações estão associadas a problemas urbanos como poluição sonora ou do ar, descarte irregular, saneamento, dentre outros. Essas são algumas das características percebidas no ativismo que vem sendo desenvolvido pelo Fórum da APA, ao se considerar seu processo de organização, sua localização tida como distante em relação ao centro de São Luís e a diferença de infraestrutura presente nos bairros relacionados a essa unidade.
Os encaminhamentos de denúncia ao Ministério Público referentes a poluição e degradação ambiental, como no caso da APA do Itapiracó, expressam um incômodo que afeta o modo de vida dos bairros. A percepção ambiental como lente que agrega certos privilégios para resolução de problemas urbanísticos é empregada por grupos de moradores ou associações comunitárias para obter o alcance de suas demandas. Isto se deve ao fato de as decisões sobre certos assuntos ambientais provocarem efeitos específicos na região de moradia dos que reivindicam (FUKS, 2001).
É preciso destacar que há diferenças entre o grau de interesse e quantidade de benefícios que podem ter os envolvidos em uma situação de proteção do lugar, podendo existir nessas situações dois sentidos, no primeiro, o consumo desse bem de uso comum não é universal e isso os leva a reivindicar, no segundo, a proteção ambiental de um lugar pode estar relacionada a interesses específicos dos grupos (FUKS, 2001). A perspectiva ambiental incorpora e reformula as bases de argumentação ligadas a temas que atuam no contexto mais amplo da cidade, o que influencia diretamente nas disputas pela definição do uso do espaço urbano.
A proteção ambiental não é composta de sentidos ou representações homogêneas nas relações sociais, mesmo em situações de preocupação com a proteção da natureza, diferentes setores da sociedade apresentariam representações distintas da questão ambiental. Em casos como o da APA do Itapiracó, as situações podem ser encaixadas na abrangência do que pode ser considerado como problema ambiental, assim o discurso ambiental pode ser apropriado para qualificar os problemas urbanos sobre nova perspectiva. Nessas circunstâncias a proteção judicial pode adquirir mais elementos para operar sobre as causas que possam surgir.
O uso do direito e das legislações como forma de repertório de ação coletiva é empregado para reafirmar e legitimar as reivindicações relativas ao espaço interno e arredores da APA, essa forma é também empregada para retificar informações ou mesmo atualizá-las, considerando que esses elementos afetam o ordenamento territorial da unidade de conservação. É característica de movimentos da sociedade civil solicitar revisão ou correções em documentos publicados pelos órgãos do governo através de ofícios, solicitação de reuniões ou mesmo dispositivos jurídicos agregando-os como parte do repertório de ação (LOSEKANN, 2013).
Na situação da APA do Itapiracó, o Fórum tem desempenhado algumas dessas ações com finalidades de revisão do decreto de criação da APA e de seu plano de manejo, procurando conhecer as dimensões atuais da unidade de conservação e suas possibilidades de usos. Ao mesmo tempo, esses processos contestam aspectos como a desatualização das informações relativas a esse lugar de conservação e cobram a participação intermunicipal a partir das prefeituras de São Luís e São José de Ribamar, justificado pelo fato da APA se situar na divisa entre os dois municípios.
Fuks (2001, p. 126) analisa que nas arenas de formulação das questões que dizem respeito ao meio ambiente como problema social, os grupos ou mobilizações coletivas articulam suas atividades por pretenderem repercutir no âmbito da ação e do debate público. Assim, suas representações passam por um processo de construção social, e para que sejam incorporadas ou penetrem no universo de representação de outros o objeto desconhecido é associado ao que se conhece e são reconsiderados. Em outras palavras, o que era “estranho” pode passar a ser tido como um incômodo a se refletir nessa elaboração ou reelaboração de representações sociais, e situações podem passar a ser percebidas como problema ambiental.
Pode-se dizer que as versões disputando legitimidade no processo de construção do que pode ou não ser considerado parte da questão ambiental são permeadas por outros quadros de referência que foram objetos de disputas anteriores, estando envolvidos na forma como um problema é elaborado e como será tratado. Esse aspecto vai sendo desenvolvido na mobilização em torno da APA do Itapiracó através da escolha e estruturação em modelo de Fórum, pois alguns de seus integrantes possuem alguma experiência em mobilizações, organizações coletivas e ações políticas, por terem integrado ou integrarem comitês de praças, associações comunitárias, partidos políticos, movimentos sociais e outras organizações de participação social.
3 CONSTRUÇÃO ARGUMENTATIVA DO PROBLEMA
Ao se relacionar a construção analítica de Hannigan (2009) sobre recursos retóricos ao entendimento de repertório presente na ação coletiva (MACIEL, 2011), três recursos podem ser demarcados na construção social da questão ou problema ambiental. O primeiro é a “retórica da retidão”, quando a chamada de atenção para um problema é envolta em valores ou moralidade, esse recurso costuma ser empregado no início da formulação do problema. O segundo é a “retórica da racionalidade”, na qual se usam argumentos persuasivos e o debate se torna sofisticado pela discussão de detalhes das políticas a serem aplicadas. O terceiro é a do “arquétipo”, modelos que são construídos e que possuem forte poder de persuasão dentro do processo de argumentação.
Essas características de valores morais, sofisticação para se discutir certos temas em arenas e sugestão de modelo para lidar com algumas pautas ligadas a problemas ambientais, e que, por sua vez, indicam a formação de uma questão ambiental relacionada à unidade de conservação do Itapiracó, podem ser percebidas em um dos trechos de entrevista com o coordenador do FAI, quando destaca que:
[...] quando a gente se isola em nosso mundo e julgamos ser detentores da verdade isso prejudica, porque muitas vezes os egos super inflamam, e na construção de algo que é comum de interesse público, essas questões laterais que não agregam e apenas dividem precisam ser com muita sabedoria colocadas de lado, centrando o foco. Algo que é bastante difícil hoje é a gente manter o foco em questões centrais, que muitas vezes não traz o retorno financeiro, um lucro como o capitalismo prega, quando na verdade os valores por nós construídos ou resgatados através desse Fórum são valores transcendentais, valores espirituais pra quem acredita na espiritualidade, a colaboração, a cooperação, a solidariedade, a justiça social, são valores que a gente não consegue mensurar, mas a gente sabe que existem e são os principais valores que faltam na sociedade. E considerando que o Fórum da APA do Itapiracó atua de âmbito local a gente tem tentado, por exemplo, persuadir os componentes do Fórum Estadual de Educação Ambiental a fortalecerem a construção de um programa de âmbito local, o Guardião. E dentro desse programa “Guardião” existem inúmeros projetos que podem ser implementados conforme as condições que forem aparecendo, e aí se é pra realizar um trabalho ou projeto, como por exemplo, a coleta solidária a gente exige a participação do poder público, a participação de instituição não governamentais que trabalham com a causa e que podem tá dando sua parcela de contribuição. (Mauro Carramilo Jr., 30/11/2021)
O processo de argumentação pode ser analisado por uma interação continuada, percebida por três subprocessos, são estes: a) animando o problema, que consiste em adquirir espaço, divulgando informações e capacitando possíveis multiplicadores, b) legitimando o problema, que significa construir respeitabilidade em torno da temática do problema, definindo objetivos e tornando o problema legal, e c) demonstrando o problema, que se traduz em competir por espaço nas agendas públicas, obter convênios com outros argumentadores, convencer membros da oposição, e aumentar os limites da responsabilidade (HANNIGAN, 2009).
A construção social do problema ambiental em torno da APA do Itapiracó emerge a partir da experiência relacionada ao lugar de vivência, o que, nesse caso, também é uma fonte de percepção de problemas ambientais. Nessa interpretação, o conhecimento prático dos moradores do entorno e do interior da APA, e de pessoas relacionadas à proteção do espaço, como os agentes do batalhão de polícia ambiental (BPA), podem se combinar nesse processo social de construção do problema ambiental.
A demonstração do problema exige do Fórum que em fluxos de discussões haja alguma sutileza de estratégia, pois algumas pautas podem causar desagradáveis pressões sobre legisladores. Por essa razão, o preparo de “molduras” para os argumentos deve destacar características que chamem a atenção dos envolvidos no contexto de discussão, sendo apresentados envoltos em interesses econômicos, estatísticos e aspectos de cientificidade (HANNIGAN, 2009).
Nesse sentido, percebe-se que a dimensão de questões relativas à natureza potencialmente mobiliza diferentes níveis institucionais. E no caso da APA do Itapiracó, a nível municipal, duas áreas da região metropolitana de São Luís (São Luís e São José de Ribamar) podem ser envolvidas, o nível estadual é acionado por se tratar de uma unidade de conservação de criação e gestão do governo do estado do Maranhão e, finalmente, o federal, uma vez que a unidade de conservação se encontra legalmente em terras da União. É preciso acrescentar a agência da natureza nesse processo, pois o acionamento dos diferentes níveis institucionais se deve ao fato de que, em boa medida, os espaços de natureza presentes em cidades são anteriores e possuem uma interconectividade entre seus biomas que ultrapassam as formas organizativas estipuladas em lei.
A organização dos que estão envolvidos em discussões referentes às demandas ambientais se circunscrevem ao uso de conceitos e a forma como é possível mobilizá-los em disputas argumentativas. O repertório empregado nesses debates é condicionado às formas como transcorre a argumentação, pois sobre essa se interpõe as diferentes percepções envolvidas. Por essa razão, o acionamento de conceitos como “sustentabilidade”, “conservação/preservação”, “poluição”, “mobilização social”, “apropriação”, “participação comunitária”, a depender das circunstâncias relacionadas à unidade de conservação, é empregado na defesa de uma concepção ou na aquisição de legitimidade sobre algum ponto da discussão (LOPES, 2004).
Conclusiones:
4 CONCLUSÃO
No caso da APA do Itapiracó, foi observado o uso dos recursos argumentativos, e a mobilização dos conceitos mencionados, percebidos nas reuniões do Fórum e do Conselho Consultivo e nas ações desenvolvidas pelo movimento, pois essas formas argumentativas e conceituais orientam até certo ponto as temáticas discutidas, por exemplo, fiscalização, conservação, educação ambiental, descarte de resíduo sólido, reconhecimento de problemáticas na área e envolvimento da comunidade.
Nessa perspectiva, é possível interpretar que os modos sociais de apropriação do mundo material articulam as técnicas ao contexto em que se vive. Esses modos relacionam o acesso aos recursos ambientais e às formas culturais expressas por uma racionalidade que define as práticas sociotécnicas. É, talvez, por essa razão, que, ao considerar a luta simbólica dentro da emergência da questão ambiental, seja preciso pensar que pode não se tratar de um universal ecológico que se apresenta através de causas particulares, mas, em vez disso, uma universalização de causas particulares, através de valores compartilháveis que justificam as ações (ACSELRAD, 2004).
Nesse contexto de lutas simbólicas e práticas argumentativas, as mídias sociais tornam-se ferramentas necessárias para aproximar atores envolvidos em lutas ambientais, assim como para difundir lutas e mobilizações que tenham relação com a problemática ambiental. O uso dessas redes e mídias sociais se intensificou no período da pandemia do Covid-19, pois estas circunstâncias conduziram ao isolamento social e à articulação das atividades de forma remota.
Esses elementos estão sendo percebidos como parte da estratégia de mobilização, pois as relações mantidas em lutas de caráter ambiental envolvem não somente o acionamento de instituições do poder público, mas também formas de interação entre os atores de militância, políticos e institucionais, compondo formas e repertórios próprios de ação. É nesse processo de construção que movimentos de pauta ambiental conseguem vir a participar de elaborações legais e formas de gerir os lugares e suas naturezas, percebidos a partir da lógica ocidental de conservação.
As formas de atuação, as parcerias e os instrumentos utilizados por esse modelo de organização coletiva não colocam somente a APA e os segmentos de seus moradores em evidência, mas ambos em uma relação que pode ser evidenciada; característica que precisa ser destacada pela organização dos moradores em forma de Fórum e pelo acionamento desse lugar de natureza como princípio de acesso a políticas públicas, a outros modelos de geração de renda local, a práticas socioeducativas estreitamente ligadas à natureza e a um planejamento urbano que considere esses processos como interligados a fluxos de vida humanos e não humanos.
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Palabras clave:
Mobilização Social. Unidade de Conservação. Ação Coletiva.
Resumen de la Ponencia:
O objetivo do trabalho é analisar como o processo de ambientalização dos discursos das empresas dendeícolas, localizadas no nordeste do estado do Pará, Brasil, se organiza paralelamente à dinâmica de precarização dos trabalhadores destas empresas. Em suma, tratou-se de problematizar nos seguintes termos – quem sustenta o desenvolvimento sustentável da palma do dendê? E sob quais condições? A nossa ideia principal é de que os discursos ambientalizados das empresas nacionais e transnacionais e do Estado cumprem o papel de impor visões e divisões de mundo, conforme Bourdieu, levando à discussão para dimensão simbólica do universo social. Esta condição permite a instalação do aviamento sistêmico (categoria por nós elaborada, que combina a dominação paternalista e condições de trabalho degradantes). Aliado a isso disso realizamos um estudo de caso, de observação não participante a realização de entrevistas semiestruturadas com oito trabalhadores rurais. Estas etapas foram realizadas entre meados de 2020 e maio de 2022. O trabalho se divide em duas partes. Na primeira, discutimos algumas mudanças no contexto histórico que implicaram em alterações na formulação das concepções do desenvolvimento no Brasil e na Amazônia: o processo de industrialização, fortalecendo a noção de desenvolvimento econômico; e a ambientalização das questões sociais que tem possibilitado a formulação de uma noção de desenvolvimento sustentável. Na segunda parte, apresentamos a territorialização das empresas dendeícolas espraiadas pelo nordeste paraense; contextualizamos seus incentivos via Estado, desde a Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) nos anos 1950, a criação de diversos politicas publicas amparadas no discurso da sustentabilidade, no Brasil. Analisando este processo, chegamos a alguns resultados: o empreendimento do dendê apropria-se dos discursos de ambientalização das questões sociais produzindo efeitos contrários para os trabalhadores locais; a monocultura no local baseia-se em um aviamento sistêmico, que na prática gera uma remuneração salarial baixa e não regulamentada. Em suma, avaliamos que a economia do dendê se apropria do discurso do desenvolvimento sustentável, de um lado, ao mesmo tempo em que alimenta o “moinho satânico” que amplia a separação entre homem e natureza, além de aprofundar condições degradantes de trabalho.
Introducción:
O lócus de nossa pesquisa é Igarapé-Açu, município do nordeste paraense, localizado no Estado do Pará, Brasil. Possui área territorial de 785. 983 km³, com uma população de 38. 807 pessoas, densidade demográfica de 45, 2 %, e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0, 595[1]. Os plantios de dendê do município, onde as relações de trabalho que pretendemos estudar são encontradas, estão vinculadas a uma única agroindustrial de expressão na cidade: Agroindustrial PALMASA S.A.
A fundação da Palmasa ocorre em 26 de dezembro de 1986. Os responsáveis pela fundação da Agroindustrial PALMSA LTDA, cujo início das construções civis datam 1° de Janeiro de 1987[2].
Em 15 de janeiro de 1988, a Agroindustrial PALMASA LTDA, transforma-se em AGROINDUSTRIAL PALMASA S.A, possuindo como acionistas: a AGROCOMERCIAL VERDE-AÇU Ltda (empresa comercial da colônia japonesa), como atividades mercantis e rurais, sob a liderança dos japoneses Ichio Minagaua, Nobuo Iakagami, Mitsuo, Sei Tanabu, e dos brasileiros Arivaldo Bezerra de Sales e José Furlan Jr[3].
O objetivo do trabalho é analisar como o processo de ambientalização dos discursos das empresas dendeícolas, localizadas no nordeste do estado do Pará, Brasil, se organiza paralelamente à dinâmica de precarização dos trabalhadores destas empresas. Em suma, tratou-se de problematizar nos seguintes termos – quem sustenta o desenvolvimento sustentável da palma do dendê? E sob quais condições?
Para isso, dividimos o trabalho em duas partes. Primeiramente, discutimos as noções de desenvolvimento econômico e sustentável engendradas por dois grandes processos de grandes transformações sociais, a saber: a industrialização e a ambientalização.
Na segunda parte, nossos esforços concentram-se em demostrar como a dendeicultura está vinculado a essas duas grandes transformações. De como ela foi de uma justificativa de desenvolvimento econômico a um discurso mais “ambientalizado”, apropriado pelas empresas de dendê, que justificou (e justifica) sua expansão nesse século. Aliado a isso, também buscamos demostrar como a empresa conserva os mesmos processos característicos da industrialização mas sempre recorrendo a uma força simbólica – discurso do desenvolvimento sustentável – que impõe visões e divisões de mundo para dissimular seu “moinho satânico”. Nessa parte do trabalho, também analisamos as condições de trabalho dos cortadores e coletores de dendê através de uma categoria, por nós criada, chamada de “aviamento sistêmico”.
Em termos metodológicos, utilizamos o estudo de caso investigando as atividades dos trabalhadores rurais e outros atores sociais locais que possuem relação com eles; a nossa técnica de pesquisa, foi a observação não participante; o tipo de abordagem, a qualitativa com entrevistas semiestruturadas gravadas em celular; e como técnica de análise, a dos conteúdos obtidos em nossas entrevistas semiestruturadas (MAY, 2004; GIL, 1991; GOMES, 1994). Os sujeitos pesquisados fazem parte da força de trabalho contratada pelos produtores rurais associados a agroindustrial PALAMSA. Por motivos éticos, atribuímos a eles, pseudônimos. A pesquisa ocorreu entre meados de 2020 e maio de 2022.
[1] IBGE (2020, abril 14). Recuperado de https://www.ibge.gov.br/cidadeseestados/pa/igarapeacu.html.
[2] Histórico da Palmasa (2021, fevereiro 21). Recuperado de https://www.palmasa.com.br/index.php/pt/historico#:~:text=A%20usina%20entrou%20em%20funcionamento,tons%20de%20cacho%2Fhora%20atualmente.
[3] Ibidem
Desarrollo:
Do desenvolvimento econômico ao sustentável. Suas implicações no Brasil e na Amazônia
Duas transformações serão tratadas aqui nessa parte do trabalho para contextualizar a dendeicultura na Amazônia paraense, a industrialização e a ambientalização; as duas alçaram noções de desenvolvimento e planejamento, cada qual ao seu modo.
Pode-se dizer, frente a isso, que a revolução industrial foi um fato histórico moderno e emblemático da “grande transformação”, que engendrou em todo o corpo social a problemática de como atingir o bem-estar social (para uma parte da sociedade) através do desenvolvimento econômico. Esse processo foi revolucionário; seu compromisso era com o bem-estar da burguesia nascente. Contudo, na medida que a industrialização progredia, e que proporcionava um enorme crescimento econômico combinado com um mecanismo institucional inteiramente novo – chamado mercado – suas consequências, para as mesmas sociedades que ela buscava salvar, eram catastróficas, como lembra Polanyi (2000, pp. 57-58).
O “moinho satânico”, que triturou (e tritura) o tecido social, era o substrato histórico dessa grande transformação. Segundo Polanyi (2000, p. 53) através dos processos de cercamentos[4] iniciados no século XII e intensificados no XVII, durante o período Tudor na Inglaterra, houve a revolução dos ricos contra os pobres, que elidiu o antigo tecido social, articulado com uma forte repressão aos sujeitos socais tidos como desordeiros pela nova burguesia em ascensão que transformou “[...] homens e mulheres decentes numa malta de mendigos e ladrões”.
Não obstante, mesmo com essa natureza histórica, a revolução industrial passou a ser o objetivo a perseguido por todas as sociedades. Ser um país industrializado significava, e ainda significa para alguns, ser desenvolvido – a “oficina do mundo”, para lembrar a expressão Hobsbawm (2015).
Isso nos leva a considerar, incialmente, as incidências dessa racionalidade desenvolvimentista no Brasil e na Amazônia. No Brasil, segundo Ianni (1971, pp. 307-308) as implicações dessas noções de desenvolvimento econômico, através da industrialização, polarizaram-se, na maneira de um “movimento pendular”, entre a “estratégia de um desenvolvimento nacionalista”, com a proposta de um capitalismo nacional –entre os governos de Getúlio Vargas e João Goulart.(1930-45, 1951-54 e 1961-64) – de um lado; e uma “estratégia de desenvolvimento dependente”, – durante os governos de Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek e dos militares na ditadura (1946-50, 1955-60 e 1964-70) – de outro. Todas essas estratégias foram planejadas por tecnoestruturas estatais, ou seja, por ministérios executivos do Estado que planejavam a política econômica do país.
Na Amazônia essa noção de desenvolvimento combinou-se com um Leviatã (protetor para ricos e opressor dos pobres) e com a coerção privada para conter possíveis conflitos sociais. Assim, os efeitos desses desenvolvimentismo na Amazônia viabilizaram o acicate da grande empresa capitalista – de mineração, de extração florestal, pecuária, e etc – subsidiada pelo Estado através de um conjunto de políticas econômicas e fiscais (CARDOSO e MÜLLER, pp. 9-10)
Entretanto, pode-se dizer que essas teorias do desenvolvimentismo convencionais amparadas nas promessas da modernidade fracassaram. Em contrapartida do que esse projeto prometia, segundo Brito e Ribeiro (2004, p. 151), suas consequências foram de produções de crises[5] e riscos: "[..] O que vemos é uma sociedade que [...] transforma-se em uma sociedade progressivamente saturada, diante de incongruências e efeitos não visados, produzindo e distribuindo de forma desigual, riscos sociais e ambientais".
Disso, uma outra noção de desenvolvimento, um tanto quanto polissêmica, pode ser entendida através de um processo de grande transformação – análogo a industrialização – chamado de ambientalização. Tratam-se de processos históricos, bem delimitados, no Brasil e em outros países, onde a conservação do meio ambiente passa a ser tratada como questão pública, por influência da conferência sobre meio ambiente, promovida pela ONU em Estocolmo, em 1972, e outras conferências e documentos. Nas palavras de Lopes (2006, pp. 33-34), essas mudanças podem ser entendidas com: “O processo histórico de ambientalização [...], [que] implica simultaneamente transformações no Estado e no comportamento das pessoas (no trabalho, na vida cotidiana, no lazer)”. O processo de ambientalização dos discursos atinge trabalhadores, Estado, sindicatos, atividades capitalistas, e outros segmentos da sociedade de um modo geral.
Entretanto, na Amazônia, por trás dos discursos ambientalizados, mantém-se a lógica capitalista – como a da mineração, da monocultura da soja, e do dendê, dos grandes projetos hidrelétricos de energia, das plantações de eucalipto – sobre outras formas de organização social: “Ela não é referida ao meio ambiente não como natureza e conservação, mas ao meio ambiente como recursos para a valorização do capital [grifos da autora]. Essa noção é encontrada subjacente às políticas governamentais, mesmo as ambientais [grifos nossos]” (CASTRO, 2012, p. 41).
Com efeito, podemos enquadrar a dendeicultura, nosso objeto de estudo, sob esta perspectiva. Como veremos, ela reproduz a lógica de uma atividade capitalista “ambientalizada em seus discursos” que entende o meio ambiente como “capital natural”, “recursos para a valorização do capital” No entanto, essa lógica também adensa-se na forma perversa de um moinho satânico que tritura natureza e trabalho.
[4] O moinho satânico, representado pelos cercamentos, transformou homem e natureza em mercadorias. Polanyi (2000, p. 52), enxerga nesse processo um ponto vital para o entendimento dessa grande transformação. Por meio dos “cercamentos” as propriedades da gleba, antes utilizadas para a agricultura de forma comum, eram transformadas em pastos/propriedades privadas para a criação de ovelhas; desses animais retirava-se a lã que subsidiava, como matéria-prima, a indústria têxtil. Esse processo, foi responsável pelo êxodo das massas totalmente pauperizadas para as grandes cidades.
[5] Podemos destacar aqui as mudanças climáticas, que pressionaram as comunidades internacionais a criarem acordos no objetivo de reduzir os gases que contribuam para efeito estufa, como foram os casos, por exemplo, do protocolo de Quioto, da Rio-92, e etc.
A dendeicultura na Amazônia paraense: da ambientalização dos discursos ao mundo do trabalho
Em termos históricos-estruturais, pode-se dizer que, a partir de 1950, o Estado identificou a Amazônia legal como a área mais promissora para o desenvolvimento da cultura do dendê no Brasil. Determinada notoriedade, justifica-se pelo fato de que a mesoregião do Nordeste do estado do Pará (NEP) é a localidade que possui, dentre outras coisas, excelentes condições edafoclimáticas. Isto é, uma localização estratégica, com moderna infraestrutura de transporte, energia, comunicação, acesso à mão de obra, e proximidade aos mercados consumidores, principalmente ao externo.
Segundo Da Silva, Ferreira Filho e Beltrão (2015), nesse contexto, no Estado do Pará por meio de órgãos governamentais como, por exemplo, a da Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), ainda em 1950, ocorreram diversas tentativas de tornar o cultivo do dendê política de Estado. Nesse momento a dendeicultura esteve fortemente relacionada aos projetos nacionais de desenvolvimento econômico através da industrialização, que demostramos anteriormente.
A consequência disso foi a territorialização de várias empresas dendeícolas na Amazônia, como mostra o mapa, no modelo de figura 1. No Pará, por exemplo, temos dois polos de produção do dendê. Um deles abrange os municípios de Tailândia, Moju, e Acará, situados ao Sul de Belém. O outro polo, compreende os municípios de Benevides, Santa Izabel do Pará, Santo Antônio do Tauá, Castanhal, Igarapé-Açu e São Domingos do Capim, situados no nordeste paraense, como detalhado por Müller, Furlan Júnior e Celestino Filho (2006).
Com efeito, segundo Nahun, dos Santos e Santos (2020), foi através da criação do Programa Nacional de uso de Biodiesel (PNPB), em 2004, e do programa de Produção Sustentável de Óleo de Palma no Brasil (PSOP), em 2010, que a dendeicultura passou a ser estimulada com mais intensidade na Amazônia. Aqui assinala-se o processo de ambientalização: a plantação do dendê é colocado como alternativa ao desenvolvimento sustentável.
Outra política pública que faz parte desse boom, que podemos classificar como um instrumento técnico-científico, alçado pelo Estado – é o Zoneamento Agroecológico do Dendendezeiro para as Áreas Desmatadas da Amazônia Legal (ZAE), de 2008. O objetivo geral do ZAE é especializar o potencial das terras para a monocultura de dendê no nordeste paraense. O projeto baseia-se no uso sustentável das terras e em harmonia com a biodiversidade, conforme demostra (Ramalho Filho et al, 2008, pp. 2-5).
Modelo de Figura 1:
Figura 1. Empresas dendeícolas no nordeste paraense – 2019. Fonte: NAHUM, João Santos; SANTOS, Leonardo Sousa dos; SANTOS, Cleison Bastos dos (2020). Formação da dendeicultura na Amazônia Paraense. Mercator (Fortaleza), 19. Doi: https://doi.org/10.4215/rm2020.e19007.
Em termos específicos, o ZAE propõe 1) subsídios para a reestruturação da matriz energética brasileira por meio do biodiesel; 2) propor aos produtores de dendê alternativas sustentáveis; 3) proporcionar uma base para o planejamento do uso para o planejamento do uso sustentável das terras em harmonia com a legalidade e com a biodiversidade; 4) propiciar o ordenamento territorial áreas desmatadas consolidadas e a consolidação da região Amazônica; 5) fornecer bases para o planejamento dos polos de desenvolvimento no espaço rural; 6) alinhamento com as políticas ambientais de energia (Ramalho Filho et al 2008, pp. 2-5).
O ZAE foi desenvolvido na Amazônia brasileira e implantado nos estados de Roraima, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Tocantins e parte do Maranhão. Para tanto, utilizou-se o “sistema de aptidão Agrícola de Terras”, objetivando buscas a aptidão climática e de solo ideal (Ramalho Filho et al, 2008, pp. 2-5).
Venturieri, et al (2013), através da Embrapa, no sentido de desenvolver e valorizar uma metodologia, também desenvolveu um projeto intitulado Zoneamento agroecológico da cultura do dendê – ZONDENDÊ, visando identificar as áreas mais propicias ao desenvolvimento agrícola da cultura, com observância para áreas supostamente livres do Amarelamento Fatal (AF) e que já passaram pelo processo de antropização[6]. Esse projeto é na verdade uma proposta ao reflorestamento através da palma do dendê para territórios explorados e abandonados pela a agricultura, a pecuária e outras atividades econômicas. A Embrapa, então delimitou a localização do “Arco de Produção de Palma com Cultivares Tenera” (APPT). Em Igarapé-Açu/Pará, por exemplo, a qualificação das áreas antropizadas e livres do AF propicias a expansão do dendê, dentro do Arco de Produção da Palma com Cultivares Tenera (APPT), é de um número expressivos, como mostra o quadro 1.
No APPT, podem ser cultivados dendê do tipo Tenera que são suscetíveis ao AF com maior segurança. Nesse arco, 11. 385.76Km² (1.138.576.40 há) são áreas que possuem potencial para a produção do dendê e menor risco de incidência do AF. Deste total, 235, 51 Km (23. 551, 4 há) correspondem a 2, 07%, que estão localizadas na área caracterizada como “preferencial dentro do zondendê. Os 11. 150, 25 Km² (1.115.025. 00 há) restantes, correspondem a 97, 93 % do total do APPT (Venturieri, et al, 2013, pp. 3-5).
Quadro 1 - Áreas antropizadas propícias ao desenvolvimento do dendê em Igarapé-açu, segundo o appt.
Nota. Adaptado de VENTURIERI, A. et al (2013).
Portanto, o que o PNPB, o PSOP, o ZAE, o ZONDENDÊ, propõe é uma nova forma de expansão da dendeicultura, sob o discurso – ambientalizado – de desenvolvimento. Entretanto, quem sustenta esse desenvolvimento sustentável? E sob quais condições?
Alguns estudos vêm apontando que a dendeicultura é insustentável. Ela torna-se insustentável pelos riscos que cria ao meio ambiente, sobretudo por conta dos agrotóxicos, como demostram Cardoso e Pereira (2021); é insustentável também porque traz para o nordeste paraense conflitos no campo, expropriação de terras, contaminação dos corpos d’água, intenso uso de agrotóxicos, e etc, conforme aponta os estudos de Nahun e Dos Santos (2014); é insustentável também porque assenta-se na existência de condições penosas de trabalho nos plantios combinadas com forte violência física, como demostra a pesquisa de Corrêa (2016), bem como a vinculação das relações de trabalho ao mundo das drogas, demostrado pelo estudo de Class (2013); além disso, nesse universo social, descampeniza-se os camponeses através da agricultura por contrato, onde os agricultores familiares plantam palmas de dendê e fornecem matéria-prima para agroindústria os processar, tal como é o caso das mulheres agricultoras em São Domingos do Capim demostrado pelos estudos de Nascimento e Mota (2021).
Aliado a isso, nossa pesquisa, visa corroborar com essas impressões. Trata-se, nesse sentido, de lançar algumas discussões, ainda que de forma incipiente, sobre uma possível sociologia da sociologia do trabalho para a Amazônia e na Amazônia que foge ao escopo dos binômios fordismo/taylorismo e toyotismo/ohismo. Acreditamos que isso seja possível na medida em que, paradoxalmente, a própria sociologia do trabalho não coloca o trabalho em uma camisa de força, como nos lembra Friedmann e Naville (1973, p. 37): “A sociologia do trabalho deve ser considerada, em sua mais vasta extensão, como o estudo, nos diversos aspectos, de todas as coletividades humanas que se constituem graças ao trabalho [grifos nossos]”.
Além disso, partimos aqui das contribuições da professora Edna Ramos Castro (1999, pp. 31-35), referência obrigatória nos estudos do trabalho e da Amazônia. Estudando os aspectos do trabalho desenvolvido por populações tradicionais ou organizadas em unidades de pequena produção familiar, e o trabalho assalariado em média e grandes empresas na Amazônia, a autora interroga o conceito de trabalho na sua vinculação clássica à relação salarial, apesar do avanço industrial. Para ela as formas tradicionais de trabalho[7] permitem a explicitação da noção de trabalho com maior clareza, pois viabiliza a distância, no tempo e espaço, da abordagem clássica da sociologia do trabalho, viabilizando a observação dos aspectos materiais e simbólicos da manifestação humana face à natureza além das formas arcaicas de dominação paternalistas que acompanham esse universo social.
Na dendeicultura, esses aspectos materiais e simbólicos combinados com formas arcaicas de dominação paternalistas se afirmam. Frente a isso, elaboramos o quadro 2 – a fim de elucidar as condições gerais de trabalho dos trabalhadores – com os seguintes itens: pseudônimo, idade, salário, jornada de trabalho, tempo de serviço; suas próprias opiniões sobre sua atividade; residência e local (rural ou urbano).
Quadro 2 -Perfil dos trabalhadores
Nota. Elaborado pelos autores a partir da pesquisa de campo.
O quadro 2 demonstra, dentre outras coisas, os seguintes pontos críticos: 1) presença muito forte do paternalismo; 2) condições de trabalho degradantes; 3) trabalho polivalente com a penas uma remuneração; 4) salário variável, às vezes fixado mensalmente, às vezes pago em espécie; 5) utilização de força de trabalho de pessoas já idosas e aposentadas; 6) e desregulamentação da jornada de trabalho.
Além disso, todos esses pontos críticos também revelam a persistência de relações de trabalho semelhantes ao aviamento. Os trabalhadores nessas relação de trabalho passam a receber favores dos patrões, como água, luz, moradia e o próprio salário. Os cortadores de dendê ficam, pela falta de uma relação sindical e uma organização política de unidade de classe, reféns do paternalismo; materializa-se, frente a isso, uma relação pessoal face a face entre trabalhador e capitalista na ausência de uma mediação institucional/legal.
Nesse sentido, com o exemplo da dendeicultura, poderemos passar a falar de “aviamento sistêmico” na Amazônia. O “aviamento sistêmico” configura-se em relações de trabalho que combinam uma dominação paternalista e condições de trabalho degradantes, com uma remuneração salarial baixa e não regulamentada. É sistêmico porque está espalhado por toda a região Amazônica assumindo, em cada território, particularidades relacionadas as atividades econômicas que está vinculado.
Contudo, é importante não confundir nossa categoria aviamento sistêmico com a categoria sistema de aviamento. Esta última, segundo Ianni (1979, pp. 45-56), era uma relação de predomínio do capital comercial à serviço do capital industrial dos Estados Unidos, na época do ciclo da borracha. A partir da qual tecia-se um laço que prendia seringueiro, seringalista, aviador e exportador. Esse sistema explorava a força de trabalho do indígena, do caboclo, e do imigrante nordestino, os colocando em dívida com os seringalistas. O aviamento sistêmico, por sua vez, está para além do período da borracha. É uma modalidade própria de trabalho da Amazônia que pode estar vinculada a qualquer atividade econômica desde que reúna, ao seu redor, o paternalismo, as condições de trabalho degradantes e a não regulamentação da jornada de trabalho.
Portanto, a plantação/cultivo do dendê, como qualquer outra monocultura, possui uma dimensão ideológica/simbólica. Um exemplo disso é dado por Shiva (2003), ao tratar das oposições/tensões entre a destruição das silviculturas frente a expansão – das plantações de eucalipto na Índia – demostra que os supostos da revolução verde, da revolução genética, do desenvolvimento de novas biotecnologias, são na verdade ideologias – monoculturas da mente – que modelam as consciências para depois expandir grandes plantações.
Isso nos leva a considerar as relações de dominação que atravessam essa dimensão ideológica/simbólica do dendê. Para Bourdieu (2007, p. 140), o fato dos objetos do mundo social serem percebidos e enunciados de modos diferentes e em tempos diferentes, nasce o fundamento da pluralidade de visões distintas, que levam a lutas simbólicas pela produção e imposição da visão de mundo legítima. Assim o discurso que defende o dendê como atividade economicamente sustentável é: “A autoridade que fundamenta a eficácia performativa do discurso sobre o mundo social, a força simbólica das visões e das previsões que têm em vista impor princípios de visão e divisão desse mundo [grifos nossos]” (Bourdieu, 2007, p. 145).
[6] Antropização é a ação do homem sobre a natureza com a intenção de modifica-la ou a natureza já modificada pela ação do homem. No caso em tela, são áreas do nordeste paraense modicadas pela agricultura, agropecuária, pecuária, ou com vegetação secundária, que podem ser reaproveitadas para plantios da palma do dendê livros do Amarelamento Fatal.
[7] Um exemplo é dado, segundo a autora, pelos grupos remanescentes quilombolas nos Trombetas. Esses povos tradicionais possuem uma comunicação e reconstrução de imagem inspirados na natureza que estão presentes em seu cotidiano (CASTRO, 1999, p. 40).
Conclusiones:
Fazendo um balanço sociológico da discussão que aqui empreendemos, acredita-se que mostramos, em certo sentido, o que está por trás dos discursos que buscam impor formas de visões e divisões, através do agronegócio do dendê, no nordeste paraense. Nossos esforços concentram-se, em um primeiro momento, em mostrar como a dendeicultura apropria-se da discussão sobre desenvolvimento sustentável; e, em um segundo momento, de como esse esverdeamento ficou apenas no plano do discurso, sem nenhuma alteração concreta na realidade social.
A monocultura do dendê, em nossa análise, apresenta-se como uma atividade econômica que não rompe com a lógica capitalista mas também com aquilo que, nesse trabalho, chamamos de aviamento sistêmico.
No mais, avaliamos que a economia do dendê apropria-se do discurso do desenvolvimento sustentável. Nessa direção, consideramos importante o aprofundamento de questões que este trabalho apresenta, no sentido de contribuir para responder à questão que propusemos: quem sustenta o projeto do desenvolvimento sustentável da palma do dendê? A partir de um exemplo concreto sobre as atividades do agronegócio (monocultura/ cultivo) do dendê no nordeste do estado do Pará podemos observar que ainda recai sobre o trabalhador o ônus desse “esverdeamento” do empreendimento. Que, observamos, nem cria os empregos verdes, nem contribui para a conservação ambiental na região. Estes achados iniciais visam, contudo, contribuir para o debate sobre as condições atuais e futuras do trabalho, face aos empreendimentos ancorados num projeto supostamente sustentável. Apostamos que tanto as experiências empíricas e os esforços teóricos da sociologia ambiental e da sociologia do trabalho são promissoras para a reflexão crítica sobre os caminhos da conservação ambiental e da justiça social na Amazônia e para a Amazônia.
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Palabras clave:
dendeicultura; ambientalização; trabalhos; Amazônia brasileira.
Resumen de la Ponencia:
CORPO GROSSO, POVO DO MATO: NARRATIVAS DE RE-EXISTÊNCIAS E PRÁTICAS DE SENTI-PENSAMENTOO presente trabalho busca discutir inter-relações humanas e não humanas, a partir de uma escrita de perspectiva decolonial e ecofeminista, a partir de práticas outras de escuta e vivência do sentir e do pensar de mundos de famílias rurais, o Povo do Mato, coletivo envolvido de maneira plural e horizontal à comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, situada no bioma amazônico, no município de Alta Floresta/MT. Ali são promovidas ações voltadas a romper o chamado “lugar de privilégio”, por meio de processos des-alienadores das práticas pela/para branquitude. Esse viés se estabelece a partir de três frentes de ação: após nos expormos à experiência em uma postura de senti-pensamento; em um segundo momento voltamo-nos à fundamentação teórica junto a pesquisadoras e pesquisadores que têm investido em investigações sobre epistemes latino-americanas. Por último, retornamos remotamente à comunidade, na qual o questionamento de uma epistemologia eurocentrada se manifesta não mais como utopia ou ficção-científica, mas como uma agenda em execução. Essa união entre epistemes humanas e não-humanas naquele bioma visa articular uma mirada diversa, ciente do lugar de superioridade normalmente atribuído ao elemento humano e hegemônico. Buscamos, em síntese, suscitar outros diálogos epistemológicos, sobretudo em uma conjuntura contemporânea de crescimento do pensamento conservador e capitalístico, que constitui um fascismo epistemológico, que por vezes ainda é tomado como base para práticas colonizadoras, ocidentalizantes e eurocentradas, frente à uma grave crise socioecológica.PALAVRAS‐CHAVE: Estudos Culturais. Antropoceno. Senti-pensamento. Territórios Ancestrais.Resumen de la Ponencia:
Partindo da existência de múltiplos e interdisciplinares entendimentos sobre os sentidos e as aplicações da sustentabilidade, sejam elas desenvolvidas nas dimensões econômicas, sociais e ambientais, e mesmo nos aspectos culturais, jurídicos, éticos, de valores e territoriais. Este estudo, objetiva desenvolver algumas análises quanto as realidades, conceitos sociais e representações do imaginário coletivo, ligados as compreensões e as ações tidas como sustentáveis, no cotidiano de pessoas comuns numa determinada comunidade. Para tanto, utiliza-se como aporte a Teoria das Representações Sociais, onde dentro das abordagens moscovicianas, afirma-se que uma representação social é uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos. Já em outra definição, se constituem como uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, tendo uma visão prática para a construção de uma realidade comum a um conjunto social. Assim sendo, procurou-se relacionar tal questão de pesquisa, com outros dois estudos já desenvolvidos por estes autores. No primeiro caso, parte-se de um estudo piloto feito com estudantes secundaristas de uma escola pública do Estado do Paraná (Brasil), que visou identificar a percepção e ações do cotidiano, num grupo de alunos de classes sociais médias e baixas, cujos resultados demostraram que ainda existe a necessidade de um grande esforço dos governos locais, estaduais e federais, em promover campanhas de conscientização ligadas ao bem estar humano e da natureza. Já o segundo caso, parte do relato de uma organização empresarial que necessitou superar uma série de barreiras legislativas, burocráticas, e mesmo preconceituosas, para conseguir licenças ambientais e de operações, visando desenvolver um processo de reutilização de resíduos industriais oriundos de terceiros, que até então eram destinados aos já lotados aterros sanitários. Onde segundo seus empreendedores, os próprios órgãos ambientais reguladores não conseguiam associar a ideia da simbiose industrial que pretendia-se desenvolver. Em ambos os casos, percebe-se que embora existam uma enormidade de estudos ligados à sustentabilidade, as concepções e realizações na realidade cotidiana, ainda estão muito distante da maioria dos usuários e beneficiários. Pois o entendimento de que sujeito e objeto estão interligados, de modo que o objeto existe mediante a relação estabelecida com o sujeito quando este atribui ideias, valores e/ou opiniões ao objeto. Muito embora, os discursos presentes nas mídias e nas políticas públicas, de maneira geral, tendem a ser cada vez mais incisivos e punitivos. Um novo estilo de vida deverá apresentar valores próprios, levando um conjunto de objetivos definidos socialmente na visão de futuro, no qual o desenvolvimento sustentável surge como um projeto civilizador. Mas para isto, torna-se constantemente necessário mensurar os sentidos e as aplicações da sustentabilidade.Resumen de la Ponencia:
Esta ponencia busca exponer y debatir algunas nuevas perspectivas, retos y acciones de la educación superior que surgen a partir del contexto de la pandemia generada por la Covid-19. Los retos a plantear se definen a partir de comprender que la educación se transforma continuamente, dependiendo de los distintos escenarios de aprendizaje que se le presentan (pandemias, crisis económicas, crisis políticas, movimientos sociales, movimientos culturales, etcétera). En algunos casos los retos son permanentes y se trasforman en acciones que generan cambios en la educación, y en otros, por el contexto histórico, son imperdurables. En el primer apartado se elabora una discusión teórica sobre la educación como acción que promueve el cambio dentro de una sociedad con distintas problemáticas; en un segundo momento se revisa la categorización de la educación como bien público para luego examinar, en el tercer acápite, a partir de experiencias educativas, los retos a los que se vieron enfrentadas las Instituciones de Educación Superior (IES) con la disrupción que produjo la pandemia. Las acciones que surgen en la educación superior a partir del contexto descrito anteriormente se presentan en un cuarto apartado y se describen en tres dimensiones: i) La innovación pedagógica colaborativa; ii) El acceso a la educación para mitigar la desigualdad y; iii) La educación como acción para generar cambios. Finalmente, se plantea una serie de conclusiones que invita a los distintos actores de las IES a comprender las dinámicas a las cuales se ve enfrentada la educación.Palabras claves: Acción, Cambio, Educación Superior, Pandemia, Bien Público, Derechos Humanos.Resumen de la Ponencia:
El presente trabajo analiza las políticas de internacionalización del posgrado y de los sistemas de ciencia y tecnología implementadas antes de la pandemia sanitaria con los cambios de gobierno y las reorientaciones de política acontecidos en Argentina, Brasil y México, a partir de diciembre del 2019, enero del 2019 y diciembre del 2018, respectivamente. Así mismo, reflexiona sobre la forma en que la pandemia de COVID-19 ha atravesado e interpelado dichas transformaciones. El enfoque teórico considera la ciencia latinoamericana como un espacio en el que las disputas están fuertemente condicionadas por la estructura de las fuerzas estatales, las dinámicas del campo científico para la formación doctoral y las tendencias globales en la producción/circulación del conocimiento. A manera de conclusión se propone una discusión sobre los desafíos que estas reorientaciones sufren en el actual contexto, caracterizado por el retorno gradual a la presencialidad, la búsqueda por la recuperación económica, las tensiones producidas en el ámbito científico-universitario y las agendas políticas imperantes en cada país, para observar cómo ello afecta la heterogeneidad de los sistemas de posgrado en la región.
Introducción:
Este trabajo presenta un análisis de las reorientaciones en las políticas de internacionalización para la Educación Superior en tres países de América Latina, que cuentan con una importante tradición de posgrado. Para eso se focaliza en el estudio de programas específicos que marcan nuevos lineamientos: los cambios en Argentina a partir de las iniciativas desde el Ministerio de Educación, que buscaron avanzar en la articulación de los intercambios virtuales, la internacionalización del curriculum y el reconocimiento académico; el nuevo énfasis del Programa Red de Argentinos/as Investigadores/as y Científicos/as en el Exterior (RAICES) y el derrotero de las becas externas para jóvenes investigadores y personal de la carrera de apoyo en el exterior, que ofrece regularmente el Consejo Nacional de investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). En relación a Brasil se hace una revisión puntual del Programa Institucional de Internacionalización CAPES – PrInt, lanzado en 2018 y que busca la implementación de planes estratégicos institucionales en áreas del conocimiento priorizadas por las universidades, con la pretensión de consolidar relaciones de cooperación internacional contínuas entre universidades nacionales y extranjeras. Finalmente, para México se puntualiza en la reorientación de la internacionalización que propuso el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) hacia la cooperación prioritaria con países del sur global a partir de 2020, pero que, al ser acompañada por una política de austeridad presupuestal, trajo la reducción de becas a la movilidad de corta duración y una priorización en los destinos y temas a trabajar, relacionados con las necesidades del país.
La metodología empleada fue el análisis de documentos de políticas públicas para la internacionalización del posgrado, la ciencia y la tecnología. En el caso argentino se priorizan los documentos del Programa RAICES, así como los de la convocatoria "Apoyo al Desarrollo de Estrategias Virtuales para la Internacionalización Integral", sus alcances y limitaciones en el nivel de formación doctoral. Para Brasil, las evaluaciones al Plan Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 2011-2020 y otros documentos oficiales de la CAPES, relacionados con el programa institucional mencionado. Para México, el Programa Institucional 2020-2024 del CONACYT y la Ley General de Educación Superior (LGES) en lo que a internacionalización del posgrado se refiere. Todos estos en perspectiva comparada entre ellos y con los documentos de política pública previos, lo cual permite identificar los principales redireccionamientos.
Desarrollo:
Reorientaciones en las políticas de internacionalización: estrategias y tendencias en el caso de Argentina
En las últimas décadas, la internacionalización de la educación superior en Argentina se desarrolla de manera predominante a través de la movilidad académica internacional de estudiantes, docentes e investigadores/ras en formación y formados/as, mediante acciones diversas como la formación completa o parcial en carreras de grado o posgrado, movilidades cortas como estancias de investigación o cursos intensivos, etc. Un conjunto heterogéneo de instituciones, universidades, organismos nacionales y provinciales, agencias científicas y tecnológicas, organismos de cooperación internacional, entre otras, con una débil planificación y coordinación, promueven dichas acciones.
La pandemia Covid-19 supuso una interrupción en esos intercambios, como resultado de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio en varios países. A la vez, generó la necesidad de contar con un registro de las personas en esa situación por primera vez en el país y hacer un seguimiento de sus condiciones. Desde el Ministerio de Educación, en 2020, se realizó un relevamiento sobre la movilidad saliente en ese país, coordinado desde el Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación internacional (PIESCI). Entre mayo y junio de 2020, 1.914 personas en situación de movilidad saliente (Ministerio de Educación, 2020) fueron relevadas[1]. A su vez, fue necesaria la localización y asistencia a las personas de nacionalidad argentina en el extranjero y a las extranjeras en el país, para garantizar que pudieran regresar a sus países de origen (Perrotta, 2021). En ese sentido, la primera estrategia en materia de movilidad académica internacional fue el seguimiento de los casos de movilidad saliente y entrante, que ya habían ocurrido antes del cierre de fronteras (Astur. et.al., 2020).
En 2021, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), dependiente del Ministerio de Educación, lanzó una convocatoria para el financiamiento de la internacionalización virtual a través del programa de “Apoyo al Desarrollo de Estrategias Virtuales para la Internacionalización Integral”[2], el cual buscó fortalecer proyectos integrales que articularan intercambios virtuales, la internacionalización del currículum y el reconocimiento académico. Sin pretender desplazar las estrategias tradicionales en materia de internacionalización y cooperación interuniversitaria, el programa apunta a crear otras alternativas para la internacionalización destinadas a las instituciones universitarias. Algunas de las actividades contempladas fueron: los intercambios virtuales de docentes, estudiantes y coordinadores; cursos en línea; webinarios; clases espejo y otros proyectos académicos colaborativos. El programa integró dos etapas: un ciclo de formación sobre fundamentos conceptuales y teóricos de la digitalización, internacionalización del currículum, reconocimiento académico; y un segundo ciclo de apoyo financiero para la implementación de un Plan de Trabajo institucional. Una de las principales fortalezas de la propuesta fue la conformación de equipos de trabajo transversales en diferentes áreas al interior de las universidades parte del programa.
Otro aspecto central de la internacionalización en América Latina y el Caribe han sido las movilidades voluntarias u obligadas de recursos altamente calificados. En el nuevo siglo proliferaron en varios países de la región los programas de promoción de retorno de la diáspora científica, donde predominó un abordaje sobre las dinámicas nómadas de estos desplazamientos, de movilidades triangulares más que bilaterales y de trayectorias de movilidad académica internacional (MAI) acumulativas. (Didou Aupetit, França y Padilla, 2019). En 2003, se lanzó el Programa Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior (RAICES), enfocado en la repatriación y revinculación de investigadoras/es argentinas/os, residentes en el extranjero, que tuvieran una oferta de trabajo en instituciones públicas o privadas en Argentina. En 2008, el Programa adquirió el status de política de Estado y sus objetivos se articularon con instrumentos de política específicos. Una de las acciones más reconocidas fue el regreso al país hasta 2015, de alrededor de 1300 investigadoras/res. Durante los años 2017 y 2019, el Programa sufrió un fuerte desfinanciamiento, en un ciclo altamente regresivo de la política científica y de contracción financiera para el sector. En 2019 sólo 3 investigadores/res regresaron al país. A partir de una nueva gestión gubernamental y rejerarquización e inyección presupuestaria en el sector, en diciembre de 2020 y en pleno desarrollo de la Pandemia de Covid-19, el Programa fue relanzado desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Desde esa fecha y hasta noviembre de 2021, se había logrado la repatriación de 79 investigadoras/res, 22 retornaron en 2020 y 57 en 2021, quienes en un 79% se incorporaron a unidades ejecutoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). principalmente en universidades o institutos de investigación. El Programa también financia la realización de estancias de mediana y corta duración en el país (entre 3 meses y 15 días). Recién en 2021 fueron aprobadas 8 estancias y se pudieron realizar otras 2 programadas para ese año. A lo anterior se sumó la concreción de 19 redes de científicos/as del país radicados en el exterior. Puede observarse que si bien el Programa RAÍCES tuvo continuidad en el marco de la Pandemia de Covid-19, las repatriaciones de investigadoras/res fueron más acotadas que en el período anterior a 2015, lo cual también se vio condicionado por un ciclo económico más incierto e inestable tanto a nivel nacional como mundial. Sin embargo, las acciones orientadas a fomentar las redes de científicos/as argentinos en el exterior cobraron un mayor dinamismo y se localizaron en distintos países como: Estados Unidos, Alemania, Australia, Reino Unido, Chile, Italia, Israel, Brasil, España, Nueva Zelanda y República Checa.
Finalmente, en las últimas dos décadas, las becas de formación doctoral y posdoctoctoral del CONICET han tenido una incidencia muy importante en la expansión de los programas del nivel, aunque de manera indirecta al financiar a las personas en formación y no directamente a las carreras de posgrado. En particular, en el caso de las iniciativas orientadas a la internacionalización, existen distintas modalidades: becas externas para investigadores/ras de carrera inicial (asistentes y adjuntos) y miembros de la carrera de Personal del Apoyo y el Programa de financiamiento para estadías breves en el exterior para becarios/as posdoctorales e investigadores/ras asistentes del organismo. En relación con las primeras, el primer llamado del 2020 fue suspendido en el contexto de la Pandemia de Covid-19[3] y la convocatoria se reanudó en 2021, siendo un total de 50 investigadores/ras y 11 miembros de la carrera de personal de apoyo financiados. Sin embargo, actualmente el llamado a becas en el exterior se encuentra momentáneamente suspendido, mientras que la convocatoria del Programa de estadías breves en el exterior alcanza en el llamado de marzo de 2022 a un total de 18 personas. Los obstáculos enfrentados por quienes son seleccionados para realizar estas estadías exceden los avatares propios de los procesos de apertura de la movilidad, en el marco de la pandemia y pospandemia, al vincularse más específicamente con las restricciones monetarias y bancarias para transferir estipendios al extranjero en el marco de una crisis inflacionaria en el país, por lo que existen varios casos de personas becadas en el exterior que han sufrido prolongadas demoras en el giro de sus estipendios.
Las tensiones del Sistema Nacional de Posgrado en Brasil en un contexto adverso: entre la reorganización de las acciones de internacionalización y la reforma del dispositivo evaluador
El sistema de posgrado brasileño (SNPG) es internacionalmente reconocido como una referencia en la región latinoamericana, por su calidad y dimensión, como lo señalan publicaciones sobre el tema (Ciriani, Campario y Silva, 2015; Moritz, Moritz, Pereira y Maccani, 2013; De la Fare, Rovelli, 2021). Esto se vincula a algunas de sus características, como son: una planificación orientada sistemáticamente por Planes Nacionales de Posgrado; el fortalecimiento y expansión de programas de las últimas décadas; la consolidación del sistema de evaluación, que establece controles periódicos de acreditación a través de estândares, coordinado por la principal agencia del Ministerio de Educación, dedicada a atender las políticas de posgrado (CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior); la articulación entre las políticas de posgrado y las políticas de ciencia y tecnología, a través de una estrecha relación entre las acciones de la CAPES y del CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), principal agencia nacional de promoción y financiamiento de la ciencia; la inversión continua de recursos en becas de formación doctoral y posdoctoral así como de becas de intercambio internacional; el crecimiento de matrículas; el incremento de personas egresadas y el aumento del número de docentes incorporados a ese nivel educativo (de la Fare, Rovelli, 2021; de la Fare, 2021). Sin embargo, en los últimos años se evidencia un importante retroceso causado por políticas gubernamentales de desinversión en educación, ciencia y tecnología, a las que se sumaron un conjunto de medidas autoritarias que redefinieron los rumbos de las políticas de Ciencia y Tecnología así como de la Educación Superior, en el marco del proceso de deterioro de la democracia brasileña ocurrido a partir del impeachment que destituyó a la Presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), en 2016.
Ya en la campaña electoral, que condujo a la elección en 2018 de Jair Bolsonaro, como presidente de Brasil, en la época del Partido Social Liberal y en la que la candidatura del ex presidente Luis Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, fue proscrita por la vía del lawfare, la universidad y la educación fueron sistemáticamente atacadas (el proyecto denominado “escuela sin partido”, el incentivo a la realización de denuncias a profesores por parte de estudiantes, las declaraciones racistas por parte del gobierno, el “tierraplanismo” y el denominado “combate a la ideología de género”, entre otros absurdos). Además, la autonomía universitaria fue fuertemente afectada a través de intervenciones producidas en los gobiernos de algunas universidades federales. El desfinanciamiento de la educación pública en general y la reorientación o interrupción de políticas que se mostraron exitosas para garantizar el derecho a la educación en los gobiernos anteriores, así como un conjunto de medidas tendientes a la militarización de la educación y de la ciencia, son algunas de las marcas de la política de ese gobierno en la Educación Superior.
Esta situación alcanza también al SNPG, en general y a su proceso de internacionalización, en particular, cuestión que se evidencia en una marcada disminución de becas de formación doctoral y posdoctoral en el ámbito nacional, así como en las de movilidad académica internacional. Por el enfoque de este trabajo, se presentan sólo los datos que permiten identificar esa tendencia en relación al número de becarios CAPES en el exterior, como muestra la tabla 1 para el periodo 2017-2020, siendo ese el último año con datos públicos disponibles.
Aunque se registra una tendencia decreciente, es necesario destacar que el año 2020, en el que se visualiza una importante reducción de becarios brasileños en el exterior, fue el del inicio de la pandemia de COVID-19, marcado por el impedimento de las movilidades nacionales e internacionales a partir de las medidas sanitarias que se implementaron en la mayoría de los países. Sin embargo, el contexto iniciado en ese año por la pandemia, como en el caso de los otros países incluidos en este estudio, también dio lugar a diferentes iniciativas de cooperaciones internacionales en la modalidad virtual: apertura de seminarios a estudiantes de diferentes países, realización de eventos académicos nacionales e internacionales, defensas de tesis con la participación de jurados y público internacional, entre otras acciones que se implementaron para garantizar los intercambios. Estas nuevas experiencias de internacionalización aún precisan ser investigadas, en sus efectos y dimensiones. Sin embargo, actualmente, momento en que se hace posible retomar la movilidad académica física, resulta interesante rescatar las diferencias, en términos de posibilidades y límites de las experiencias de internacionalización en ambas modalidades, virtual y presencial.
Este escenario adverso para el SNPG brasileño, caracterizado por un retroceso generado por políticas de coyuntura, está acompañado por un conjunto de reorientaciones pensadas para ese sistema a partir de la evaluación del último Plan Nacional de Posgrado (PNPG 2011-2020), que resultó en una redefinición del modelo de evaluación de las carreras de posgrado. Así, los nuevos parámetros de evaluación establecen cinco áreas prioritarias, una de ellas es la Internacionalización, junto a otras cuatro: Formación de Personal; Investigación; Innovación y Transferencia de conocimiento e Impacto en la Sociedad (CAPES, 2018, traducción nuestra). El nuevo modelo, denominado como multidimensional, modifica la asignación de las categorías otorgadas a cada programa de posgrado, que pasarán de una clasificación única a la asignación de una nota en cada una de esas dimensiones.
Un poco antes de esas reorientaciones, en 2017, la CAPES lanzó el Programa Institucional de Internacionalización, denominado CAPES PrInt, que tiene como objetivo general el fomento a la elaboración y consolidación de planificaciones estratégicas de internacionalización, elaboradas por las propias universidades; promover la movilidad académica entrante y saliente de estudiantes de doctorado y posdoctorado, doctorandos y docentes de programas de posgrado con cooperación internacional; fortalecer la formación de redes de investigación, fomentar la transformación de un ambiente internacional en las universidades que participan e integrar otras acciones de fomento a la internacionalización promovidas por esa agencia (CAPES, 2022a). Para participar del CAPES PrInt las instituciones deben contar como mínimo con cuatro programas de posgrado stricto sensu (orientado a la investigación) recomendados por la CAPES en la última evaluación realizada por esa agencia y dos programas de doctorado. Las instituciones beneficiadas con los recursos de esa primera convocatoria fueron un total de treinta y seis (CAPES, 2022b).
Por sus características, la presentación por parte de las universidades a la convocatoria exigió una dinámica institucional diferenciada, que demandó diagnosticar la situación de las áreas de conocimiento y planificar articuladamente acciones de internacionalización que anteriormente se limitaban a las iniciativas de los investigadores o de los grupos de investigación. Aunque los docentes y estudiantes de las universidades que adhieren no están impedidos de participar individualmente de otras convocatorias, la centralización de la internacionalización por medio del CAPES PrInt tiende a priorizar vínculos internacionales duraderos entre universidades, producciones en coautoría internacional, cooperación en acciones conjuntas y la posibilidad de cotitulación internacional por parte de la vinculación entre programas de posgrado.
Las acciones del CAPES PrInt comenzaron en noviembre de 2018 y por ser una propuesta que prioriza el fomento a la movilidad académica internacional, su implementación se vio fuertemente afectada con la pandemia de COVID-19, a partir de 2021 y especialmente en 2022 están siendo retomadas.
Reorientaciones en las políticas de internacionalización para la CTI y la formación doctoral: el caso de México
Al igual que en la Argentina, en México el máximo apoyo a la internacionalización de la educación superior se ha dado a través de becas para la movilidad académica internacional. Entre 1997 y 2010 hubo un fuerte impulso a los incentivos económicos para la formación doctoral en el extranjero como respuesta sustitutiva a las carencias domésticas (López, 2015). En el 2006 se crean las becas para estancias de movilidad corta, que se otorgaban a los becarios de algunos programas doctorales mexicanos, lo cual hizo que paulatinamente fuera cambiando la priorización en el otorgamiento de los apoyos, pues entre 2012 y 2019 aumentaron considerablemente las becas para movilidades cortas, mientras que las de estudios plenos disminuyeron (Quiroz & Médor, 2021).
Con la entrada del nuevo gobierno federal a finales del 2018, el sector de ciencia, tecnología e innovación (CTI) asumió la retórica oficialista de una “ruptura radical con el pasado neoliberal” (Acosta, 2020, p. 131) y trajo consigo una serie de políticas para la educación superior (incluyendo al posgrado) y la CTI orientadas hacia “la defensa a ultranza del interés público y la recuperación de la rectoría del Estado en el trazado de las vías de desarrollo de México” (Conacyt, 2020, p.24). Esto debido a que la agenda de políticas del ciclo anterior (1989-2018) había abrazado las recomendaciones de organismos internacionales (OCDE, UNESCO, Banco Mundial) como referentes de la ciencia global, estableciendo una estructura de incentivos, evaluaciones y restricciones que condicionaban el financiamiento público e impulsaban la construcción de métricas para demostrar calidad (Acosta, 2020) pero que “no se vieron reflejadas en la mejora de los indicadores de bienestar como salud, educación, pobreza, vivienda, entre otros, de las mexicanas y de los mexicanos” (Conacyt, 2020, p. 4).
Así, las reorientaciones en las políticas para la internacionalización se plasmaron principalmente en la Nueva Ley General de Educación Superior (LGES) y en el Programa Institucional (PI) 2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), cuyas ideas principales se destacan a continuación:
En su artículo 8, fracción XXIII., la LGES establece que en México se aplicará una “internacionalización solidaria de la educación superior, entendida como la cooperación y el apoyo educativo, con pleno respeto a la soberanía de cada país, a fin de establecer procesos multilaterales de formación, vinculación, intercambio, movilidad e investigación, a partir de una perspectiva diversa y global”; (p. 7). En su artículo 49 fracción XXI, se indica que “corresponde a las autoridades educativas federal y entidades federativas […] Promover la internacionalización del Sistema Nacional de Educación Superior y de los Sistemas Locales, a través de convenios de movilidad y de otras formas de cooperación académica” (Cámara de Diputados, 2021, p. 28).El PI de CONACYT es un documento que cuestiona consistentemente las estrategias de las administraciones anteriores, principalmente en materia de internacionalización: “El Conacyt privilegió un modelo de cooperación subordinada con los países de la Unión Europea y con los Estados Unidos de América. En este nuevo régimen se promoverán vínculos concretos con países del entorno latinoamericano y de El Caribe, así como con países de Asia y del este de Europa con avances indudables en CTI” (Conacyt, 2020, p. 6). Dicho esto, estipula “Considerar la pertinencia de la continuidad de membresías en organizaciones científicas internacionales, atendiendo a las nuevas prioridades nacionales” (Conacyt, 2020, p. 57).
No obstante las tendencias para la internacionalización de la CTI del actual gobierno (cooperación solidaria com América Latina y el Caribe, atención a programas prioritarios, etc.), la realidad en la implementación demuestra una ausencia de acciones programáticas para cumplir con dichos cambios. Un claro ejemplo de ello está en la publicación de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces), recientemente creados por el CONACYT “como un medio para organizar los esfuerzos de investigación en torno a problemas nacionales concretos que, por su importancia estratégica y gravedad, requieren de una atención decidida y una solución integral, profunda y amplia” (CONACYT, s.f.). Su instrumentalización opera a través de convocatorias para que grupos multiactor, encabezados por académicos/as sometan a financiamiento propuestas de Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia (Pronaii) en alguna de las diez áreas estratégicas identificadas: salud, educación, agua, cultura, vivienda, energía y cambio climático, sistemas socioecológicos, seguridad humana, agentes tóxicos y procesos contaminantes, seguridad alimentaria. Si bien los equipos de investigación que participen deben ser multiactor e incluir personas de la comunidad y saberes de las localidades, no se considera ninguna relación con procesos de internacionalización de la CTI.
Aunado a lo anterior, para el año 2020 el gobierno nacional canceló la convocatoria de becas a la movilidad corta para estudiantes de posgrado y disminuyó el otorgamiento de apoyos para estudios de doctorado plenos en el exterior bajo la justificación de una política de austeridad generalizada en todos los rubros del gobierno federal.
Para ejemplificar las disminuciones presupuestales mencionadas, la tabla 2 muestra los datos de becas nuevas otorgadas a mexicanos para realizar estudios de posgrado en el extranjero, para el periodo 2016 – 2021, siendo ese el último año con datos públicos disponibles.
Si bien el gobierno actual es quien ha decretado una política de austeridad que se refleja en la disminución presupuestal para apoyos a estudios en el extranjero, se puede observar que la tendencia decreciente viene de años previos. Así mismo, cabe mencionar que los datos de 2020 y 2021 reflejan el confinamiento obligado a nivel internacional por la pandemia de COVID-19. Respecto a dicha emergencia sanitaria, el gobierno mexicano no se pronunció a favor de modificaciones a los procesos de internacionalización de la educación superior y/o de la CTI, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en Argentina. Esto obligó a que las propias Instituciones de Educación Superior (IES) tuvieran que sortear, ajustar e improvisar los cambios requeridos de manera individual y sin financiamiento público ni estímulos al respecto. Algunos de los principales cambios observados en las IES fueron la promoción de la movilidad virtual, el fortalecimiento de acciones identificadas como estrategias de internacionalización “en casa”, la participación en proyectos internacionales de cooperación académica, etc. (Bustos-Aguirre & Vega, 2021).
La única acción que podría considerarse un ajuste del gobierno nacional a la internacionalización de la CTI, fue que, para el año 2022, se reactivó el programa de becas a la movilidad corta destinado a las especialidades médicas en el extranjero, una convocatoria exclusiva para personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otra para médicos en general, que deseen hacer la estancia en Cuba. Esto con la intención de incrementar las capacidades en campos específicos y prioritarios de la salud en México, con el compromiso de que al terminar sus programas de estudio regresen al país (CONACYT, s.f.).
[1] Ministerio de Educación (2020). Análisis de Movilidad saliente Argentina 2020. Informe técnico. Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI). https://drive.google.com/file/d/1uGt7GG46x4x66yJ2QPqvfsBVJe5WD_bf/view
[2] Para más información sobre el programa, ver: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/07/tdr_-_convocatoria_iniciativa_apoyo_estrategias_virtuales_para_la_internacionalizacion_integral.pdf
[3] Al respecto, ver: https://www.conicet.gov.ar/suspension-del-primer-llamado-de-2020-de-becas-externas/
Conclusiones:
El sistema de posgrado, así como el de Ciencia y Tecnología en América Latina, constituyen espacios en el que las disputas están condicionadas por la estructura de las fuerzas estatales, las dinámicas del campo científico para la formación doctoral y las tendencias globales en la producción/circulación del conocimiento. En este trabajo nos enfocamos en observar las consecuencias de dichas tensiones en las políticas de internacionalización, que fueron atravesadas por las reorientaciones de las gestiones gubernamentales en tres países de la región y, posteriormente, por los efectos de la pandemia de COVID-19.
En Argentina, la escasa planificación y articulación de las iniciativas relacionadas con la internacionalización resultan en una frágil y cambiante incidencia en la formación doctoral, mientras que en los últimos años se observa un esfuerzo en materia de políticas científicas y tecnológicas para fortalecer las de redes de científicos/as del país radicados en el exterior. Desde el plano de la educación superior, las principales acciones estuvieron más encaminadas al intercambio y la co-producción de saberes y menos a la movilidad tradicional de estudiantes debido a las restricciones explícitas en ese contexto, mientras que predominaron las alianzas entre universidades, lo que reorientó la cooperación hacia un carácter más endógeno. Como fue mencionado, las mayores dificultades que enfrentan quienes fueron seleccionados para realizar estadías fuera del país se relaciona con las restricciones monetarias y bancarias para transferir estipendios al exterior en el marco de una crisis inflacionaria.
Brasil, caracterizado por la solidez y tradición del SNPG, muestra que la internacionalización, ya enfatizada como una estrategia relevante en el PNPG vigente hasta el 2020, se consolida como uno de los principales pilares a partir de los cuales los programas del SNPG son acreditados y categorizados dentro de un nuevo modelo de evaluación. La reorientación del fomento a las acciones de internacionalización a través del Programa CAPES PrInt expresa una dirección estratégica, marcada por esa agencia, que dirige el sistema de posgrado a una internacionalización planeada, articulada y centralizada, con la participación de los equipos gestores de las universidades, encargados de elaborar sus planes estratégicos. Con esa nueva tendencia aún conviven acciones individuales de investigadores y grupos de investigación en función de la cooperación internacional, pero que persisten con una menor capacidad en sus posibilidades de captación de fomento. Esas características sistémicas son tensionadas por las políticas gubernamentales implementadas entre los años de 2019-2022, caracterizadas por la desinversión y el retroceso en relación a las políticas educativas, incluidas las universitarias y de posgrado y a las políticas de ciencia y tecnología.
En México la trayectoria de internacionalización de la CTI y la formación doctoral se manifiesta visiblemente en los años noventa como respuesta a recomendaciones de organismos internacionales (Acosta, 2020). Esto se acentúa en el sexenio 2006-2012 al adquirir un cariz economicista enfocado en el otorgamiento de becas para la movilidad internacional y en el periodo posterior (2012-2018) al incluir a la internacionalización como un eje fundamental para el desarrollo de los programas evaluados por el CONACYT, pero sin establecer metas claras al respecto (Quiroz & Médor, 2021). A partir de la llegada del gobierno actual, la estrategia de internacionalización se reorienta hacia un paradigma de cooperación solidaria con los países del sur global y un enfoque claro en las áreas prioritarias para CTI a través de los Pronaces, los cuales no incluyen un componente internacional. Con la llegada del COVID-19 el gobierno mexicano no estableció programas o estrategias para sortear las dificultades en materia de internacionalización de la educación superior, por lo que cada una de las IES implementó las estrategias que consideró posibles. En el contexto del regreso gradual a la presencialidad en el mundo y, por tanto, a la reactivación de las movilidades internacionales físicas, el gobierno mexicano ha mantenido la cancelación del programa de becas a la movilidad corta de estudiantes de posgrado, dejando sólo las orientadas a especializaciones médicas con destino prioritario a Cuba.
Con todo, el sentido y alcance de las políticas de internacionalización implementadas en la coyuntura analizada parece corresponder a un plano más instrumental de la política antes que a la emergencia de nuevas acciones y directrices más estratégicas y de largo aliento, o bien, a nuevo paradigma de política de internacionalización de la educación superior, el posgrado y de la formación e inserción doctoral. De todas formas, en enero de 2022, el ascenso al gobierno de Brasil del líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, marca no sólo una nueva era para ese país, luego de cuatro años de gobierno de ultraderecha, sino también una expectativa renovada en la búsqueda de fortalecimiento de los regionalismos y una oportunidad para que la región avance hacia una internacionalización y cooperaciones más solidarias.
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Palabras clave:
Palabras clave: internacionalización, formación doctoral; investigación
Palavras chave: internacionalização, formação para doutoramento; investigação
Key words: internationalization, doctoral training; research
Resumen de la Ponencia:
O texto "Democracia restrita nas Universidades na América Latina: Um estudo comparado entre a Universidade brasileira e a Universidade Venezuelana", propõe refletir sobre a relação entre a democracia restrita dos países de economia dependente da América Latina com a gestão universitária das Universidades Públicas desses países. Nesse sentido, a guisa de exemplo, o texto propõe uma análise comparativa entre o regimento interno e a perspectiva democrática de gestão administrativa e política da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no Brasil e o regimento interno e a perspectiva democrática de gestão administrativa e política da Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) na Venezuela, no que se refere a participação desigual de trabalhadores/as docentes, trabalhadores/as Técnicos/as Administrativos/as em Educação e discentes junto aos espaços de reflexões e deliberações administrativas e políticas. A hipótese é que a construção de uma gestão essencialmente democrática nas Universidades Públicas na América Latina chocará com a estrutura antidemocrática dos países dependentes, podendo se configurar como um instrumento de disputa de hegemonia política e social na luta pela transformação social e econômica dos países dependentes da América Latina. Construir uma gestão paritária nos espaços de deliberações políticas e administrativas nessas Instituições de Ensino na América Latina e buscar é uma tarefa urgente para o século XXI.Resumen de la Ponencia:
La ponencia analiza la composición y los procesos que experimenta la institucionalidad universitaria en su relación con la población estudiantil Mapuche en seis casas de estudios de la macro zona sur de Chile, territorio histórico este último de este Pueblo Indígena. En ese marco, estas universidades se constituyen en una muestra representativa que posibilita esbozar los principales nudos críticos de estas universidades respecto de su estudiantado Mapuche, y las capacidades instaladas de estas para asumir con la diversidad cultural en sus comunidades. En esa línea, a través de cinco indicadores, se analiza la institucionalidad universitaria de las casas de estudios respecto al componente indígena, y en otro ámbito, identifica y describe las condiciones de entrada de los estudiantes universitarios Mapuche en estas instituciones, en los ámbitos sociales, económicos y académicos a partir de los procesos de admisión a las universidades chilenas, particularmente del año 2018. Este momento es significativo, pues es la primera vez que se introduce en el proceso de admisión preguntas en los formularios sobre la adscripción étnica de los postulantes. En ese marco, los antecedentes recopilados provienen de ese momento histórico, pues ha sido un hecho poco relevado. Las seis universidades analizadas están ubicadas en la macro zona sur del país, desde la Región del Bío-Bío a Los Lagos, territorio con presencia de población Mapuche, y corresponde a entidades del Estado y privadas respectivamente. La institucionalidad universitaria deambula en actitudes intrínsecas de anti indigenismo; como también de actitudes extrínsecamente de discursividad inclusivista. En algunos casos se aprecian acciones institucionales que son fruto de presiones de las dinámicas políticas territoriales en la que se insertan las universidades, como también una inacción y desafección gubernamental hacia las necesidades de este segmento poblacional en las universidades. En otro orden, los datos estadísticos, a nivel descriptivo, refieren diferencias entre los estudiantes universitarios Mapuche y quienes no lo son, generándose brechas diferenciadoras entre ambos segmentos.
Introducción:
Las universidades que analizamos, proyectan discursos de sensibilidad; consideración e inclusividad para con los Mapuche; que en el último decenio, han comenzado a aumentar cuantitativamente las matrículas en Chile. Es necesario constatar estas actitudes, fundamentadas a partir de ciertas premisas para con los Mapuche que dicen relación con discursos imperantes sobre inclusividad y política multiculturalista. Las identidades de las seis universidades estarían sintonizadas con el componente cultural Mapuche por el hecho de estar emplazadas en el territorio histórico de este Pueblo Indígena. Consecuentemente, se estima se produciría una estrecha vinculación territorial, que redituaría en considerar sus especificidades. Estas instituciones universitarias concitan matrícula Mapuche y dada esta discursividad, es posible dar por hecho estas actitudes institucionales de sensibilidad a este estudiantado. Resulta interesante, pues a la luz de los antecedentes específicos de la población estudiantil Mapuche, es decir, los perfiles, revelan situaciones de desmedro comparativo entre esta población indígena y quienes no lo son.
Las seis casas de estudios son: Universidad Católica del Maule, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad del Bío-Bío, Universidad de La Frontera, Universidad Austral de Chile y Universidad de Los Lagos. Constituyen un grupo heterogéneo en cuanto a su naturaleza jurídica, pero similares respecto a sus orígenes y coberturas de matrícula. En sus inicios fueron herederas de otras tradiciones universitarias; y se encuentran en procesos de definir sus identidades, siendo una excepción la Universidad Austral, más añosa que el resto. Se presenta un análisis a la institucionalidad universitaria sobre sus comunidades estudiantiles Mapuche a partir de cinco indicadores generales; y seguidamente un perfil de los Mapuche seleccionados en dichas universidades. Esto último, producto del análisis de admisión a las universidades chilenas, que desde el 2018, incorporó a los inscritos preguntas de adscripción étnica, que destacamos como hito significativo en los procesos de ingreso a las universidades nacionales. Son antecedentes de ese año los que se presentan a continuación.
Desarrollo:
1. Institucionalidad universitaria y estudiantes Mapuche
Los cinco indicadores de institucionalidad universitaria: Visión y Misión; Plan Estratégico de Desarrollo; Ingresos Especiales; Acreditación Institucional y Aspectos Comunicacionales.
1.1. Visión y Misión organizacional
Se constata la fuerte vinculación doctrinaria que asumen las dos entidades confesionales; Universidad Católica del Maule y Universidad Católica de la Santísima Concepción respectivamente. La primera destaca en su coherencia, respecto de sus principios orientadores católicos; y la segunda, se sustenta en su identidad católica, que guía su quehacer institucional. Ambas omiten toda referencia compromiso educacional con el mundo indígena a través de este eje. Las otras cuatro universidades no confesionales, la visión se centra en su rol de aportar y/o contribuir al desarrollo, progreso, cultura, ciencia y tecnología. Del conjunto de universidades, la excepción es la U. Austral; apuestan a comprometerse con la internacionalización y no se alude al tema indígena. Todas destacan el rol social de formación integral; como también al hecho de vincularse con su contexto local y regional.
La misión institucional para las Universidades Católica del Maule y Católica de la Santísima Concepción se presentan desde la plataforma explicita de la religión que las orientan y su dedicación a los procesos de formación integral de profesionales. Suman la generación de transferencia tecnológica y de conocimientos, de su vinculación con el medio y contribución al desarrollo una y al entorno la otra, pero sin referencia alguna a la temática Mapuche. En las otras cuatro universidades, la misión aparece referida a sus procesos de formación profesional y vinculación con el entorno, destacando como elemento común referencias a la responsabilidad de ser instituciones de carácter regional, contribuyentes al desarrollo sustentable, como también a la difusión cultural y patrimonial. La Universidad de La Frontera, manifiesta cierto grado de vinculación, con bastante esfuerzo interpretativo al mundo Mapuche, dada la referencia del compromiso por “el respeto de la diversidad cultural”. Agregar, que las universidades de La Frontera, Bío-Bío y de Los Lagos, asumen compromisos expresos con ámbitos de justicia, participación y pluralismo.
1.2. Planes Estratégicos de Desarrollo
Concuerdan en un elemento común, cuál es su proyección establecida, configurada en un mediano y largo plazo, con una visión y objetivos estratégicos sobre una temporalidad de 4 a 10 años, según sea el caso. Coinciden declarativamente en encontrarse en escenarios cambiantes y desafíos permanentes; a su vez que reúnen y afectan a importante número de personas, que impactan en sus entornos y gestionan procesos de alta complejidad, manejando elevados montos de recursos públicos y privados. Solo la Universidad Católica del Maule, refiere lo cultural de manera genérica, en tanto se asume como una definición estratégica de su Misión institucional que define: “el cultivo del pensamiento, las ciencias, las artes y la cultura, desde la perspectiva cristiana”.
En la del Bío-Bío, alude a estrategias de articulación vertical, con la enseñanza media y de generar programas de inserción a la vida universitaria con la finalidad de mejorar la admisión y posicionar la oferta académica. Así, se incorporan acciones afirmativas como los tutores dirigidos a estudiantes de primer año, lo que constituye un apoyo a la población vulnerable. En el contexto del objetivo estratégico de posicionar la marca UBB aparecen los temas de género e interculturalidad entre otros. La Universidad de La Frontera a su definición, agrega que su ubicación geográfica determina un compromiso con el desarrollo de la Región de La Araucanía caracterizada por la heterogeneidad cultural, bajo Índice de Desarrollo Humano y carencias significativas en salud, educación y desarrollo tecnológico. La Universidad de Los Lagos, en concordancia con el perfil de sus estudiantes (mayoritariamente vulnerables, de origen rural y provenientes de la Región de Los Lagos), establece objetivos estratégicos orientados a generar acciones y programas que contribuyan a una trayectoria exitosa de los alumnos. Considera entre sus líneas de acción, implementar sistemas socioeducativos de apoyo a los estudiantes vulnerables para lo cual define acciones de Responsabilidad Social Universitaria. La Universidad Austral, en su escenario prospectivo visualiza la creciente inmigración poblacional que entiende, presionará por incorporar valores asociados a un ambiente de multiculturalidad (diversidad, pluralismo y no discriminación). A su vez diversificar la oferta de pregrado, considerando una gestión integral para el acceso inclusivo, nivelación y permanencia, además de diversificar los sistemas de admisión. Este último objetivo, desprende programas de apoyo y afirmación de estudiantes, lo que se suma a acciones de difusión artística y cultural.
1.3. Admisiones especiales
Se advierten diferencias entre las seis universidades, que van desde aspectos formales en su comunicación digital, como también en los contenidos de la información publicitada para los eventuales postulantes interesados por acceder por esta vía. A nivel conceptual, en el caso de los ingresos especiales orientados por el origen étnico, la calidad de beneficiario se acredita con la certificación oficial emitida por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, primando este respaldo de la institución gubernamental.
La Universidad Católica del Maule dispone de once vías de ingresos especiales. Por su parte, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cuenta con ocho de estas vías de admisión especial, no obstante, ninguna de las dos contempla el ingreso de personas de origen indígena a través de estas vías. Las otras universidades no confesionales presentan algunas diferencias. La Universidad de La Frontera, establece nueve tipos de ingresos especiales, donde sitúa en primer lugar a las personas de “ascendencia indígena”. A su vez, la Universidad del Bío-Bío, presenta ocho vías de ingresos, ubicando en el quinto lugar de su oferta, lo denominado como “Etnias indígenas”. Agregar que adicionan en dicho listado un tipo de ingreso que clasifican como: “cupos de ruralidad para carreras de pedagogías”. Sin embargo, estos últimos no aseguran sean utilizados por población indígena. En esta misma lógica, la Universidad de Los Lagos, presenta tres vías de ingreso, pero ninguna refiere a cupos indígenas. La Universidad Austral de Chile, presenta trece tipos de ingresos especiales; no obstante, sitúa en un lugar notoriamente secundario a quienes desean ingresar apelando a la condición indígena. Convoca a profesionales o graduados, estudiantes provenientes del extranjero, estudiantes por cambio de carrera de la misma universidad, estudiantes con traslado desde institución de Educación Superior, movilidad estudiantil o intercambio, trabajadores, personas con discapacidad, deportistas destacados, estudiantes que postulen al conservatorio de música y “otros ingresos”. Es en esta última, es donde se subdivide para artistas destacados, estudiantes con talentos en alguna disciplina y “para personas que son miembros de pueblos originarios”.
1.4. Acreditación Institucional
Todas cuentan con su acreditación vigente, en conformidad a la normativa para estos efectos; y sus períodos varían entre 4 a 6 años. En un informe de acreditación, se alude explícitamente a la integración, inclusión o desarrollo de la población indígena o del Pueblo Mapuche y corresponde a la Universidad de Los Lagos. Según la CNA esta Universidad “es una de las que presenta mayor grado de vulnerabilidad, dentro de las pertenecientes al CRUCH.
La Universidad de La Frontera indica un alto nivel de vulnerabilidad en los estudiantes; al igual que la Universidad Austral que refiere el 62.7 % de su matrícula proveniente del 60 % más vulnerable de la población. Así vulnerabilidad es un tema recurrente en el perfil y en su oferta de programas de apoyo. Los énfasis en estas universidades, está orientado a “corregir”; “nivelar competencias”; “disminuir brechas” en el primer año, con el claro objetivo de nivelar conocimientos y competencias para una adecuada y exitosa inserción en el proceso universitario, impactando en retención y titulación. Otra observación de la CNA, es la necesidad de implementar o avanzar en la evaluación del impacto que poseen los programas de apoyo estudiantil en el proceso educativo; es decir, el grado de influencia en los indicadores de cumplimiento de metas estratégicas de cada universidad, medibles en tasas de retención, titulación oportuna, perfil de egreso, entre otras.
En cuanto a las capacidades instaladas; relevantes son los recursos humanos, la infraestructura y servicios estudiantiles. El foco de la CNA es el personal docente, omitiendo otros estamentos del apoyo socio educativo como equipos psicosociales; Bienestar Estudiantil; Salud o docentes especializados. Se destacan iniciativas de capacitación a los docentes para atender las necesidades específicas de los estudiantes según perfil, lo que cobra interés al diseñar programas socioeducativos. Otra iniciativa destacable es la Universidad Austral, al disponer recursos para un concurso anual de propuestas innovadoras de los docentes en la línea de la atención a los estudiantes. En general no se observa una línea de trabajo estructurada en las universidades en este ámbito, de instalar capacidades y competencias en el recurso humano para atender a las necesidades específicas de sus estudiantes, atendido su perfil socioeconómico y cultural.
1.5. Aspectos Comunicacionales
La Universidad Católica del Maule, promueve talleres gratuitos de mapudungun y difunde la celebración del año nuevo Mapuche. En pregrado no se advierten referencias. En dos doctorados (Educación y Psicología) desarrollan líneas de investigación: “contextos culturales diversos e interculturales” y “educación e interculturalidad” (segregación cultural y emigración); más el trabajo con educadores indígenas. El Doctorado de Psicología, agrega: “migración, e interculturalidad”, al igual que en tres magísteres que dictan.
Respecto a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, no presenta aspectos vinculados a Pueblos Indígenas, más allá de un aviso sobre investigación, donde entre otros ejes, abordarían la interculturalidad.
La Universidad de La Frontera, en dos de sus doctorados: Ciencias Sociales y Comunicación, reflejan líneas de investigación de interculturalidad, transformaciones del Estado y Desarrollo. Aparecen las relaciones interétnicas; culturas y desigualdades territoriales. El segundo refiere un perfil de egreso con competencias para nuevos problemas en contextos interculturales. Tres magísteres abordan la interculturalidad. En pregrado un programa para estudiantes Mapuche (Rüpü) y sus campos experimentales son Maquehue y Rucamanque.
La Universidad del Bío-Bío, presenta el Programa de Interculturalidad Estudiantil Kuykuytun, más un seminario de Historia y un encuentro de feminismo vinculado al mundo Mapuche. Pedagogía en Educación Parvularia, en el perfil de egreso “valores que fomenten la tolerancia, equidad, solidaridad y respeto a la diversidad”.
La Universidad de Los Lagos, destaca el “Programa de Formación Mapuche, Williche para el Futawillimapu” que con la Carrera de Educación Parvularia Intercultural y de Técnico Universitario en Educación Intercultural desarrollan junto a entidades gubernamentales. En Parvularia, Pedagogía en Educación Media en inglés; Pedagogía en Artes y Técnico Universitario en Educación Parvularia se relacionan en los perfiles y líneas de investigación con la interculturalidad; diversidad cultural y multiculturalidad respectivamente. El doctorado en Ciencias Sociales en Estudios Territoriales en sus líneas aparece la dimensión identitaria de los territorios. En el Magister, de Ciencias Sociales, mención Estudios de Procesos y Desarrollo de las Sociedades Regionales, presenta una línea investigativa de interculturalidad. La Universidad Austral con Antropología en el plan de estudios presenta asignaturas vinculadas a Pueblos Originarios y Pueblo Mapuche. En postgrado, el doctorado en Comunicación (dictado conjuntamente con la Universidad de La Frontera) y dos magísteres; (Desarrollo Rural e Historia del Tiempo Presente) con asignaturas de Pueblos Indígenas y Desarrollo Rural.
2. Perfil seleccionados Mapuche de seis universidades
En 2018 se inscribieron 295.534 personas; que posteriormente experimentó una disminución, arrojando 262.048 que efectivamente rindieron la Prueba de Selección Universitaria. Este diferencial se encuentra en los rangos históricos para estos procesos masivos nacionales. La deserción alcanzó 33.486 personas. De las 262.048 personas, resultaron seleccionados, un total de 120.762 personas. Así: a) personas inscritas; b) que rindieron PSU; y c) seleccionadas; la población Mapuche se manifestó estadísticamente con 37.312 inscritos, 32.098 que rindieron PSU y 11.724 que resultaron seleccionados a nivel nacional. Específicamente en las seis universidades, se concentraron 2.385 de estos estudiantes, representando con ello el 20.34 % del total nacional Mapuche; y un 1,9 % del universo de 120.762 (Mapuche y no Mapuche) que resultaron seleccionados de dicho proceso de Admisión. Las seis universidades y su convocatoria concentraron un total de 14.261 seleccionados, representando un 12 % del universo de 120.762 seleccionados nacionalmente.
En cuanto a los 11.724 seleccionados Mapuche a nivel nacional, las primeras instituciones que reciben la mayor adhesión de estos alumnos, no corresponden a las seis universidades del presente estudio. Específicamente, sólo dos de ellas, (la Universidad Austral y de La Frontera) aparecen en esta nómina. En ese marco, algunas universidades privadas, ocupan los primeros lugares de preferencia: la Universidad Andrés Bello convocando a un 10.2 % de seleccionados Mapuche. Seguidamente aparece la Universidad San Sebastián con un 9.11 % y en tercer lugar, la Universidad Autónoma de Chile con 8.07 %. En cuarto lugar, aparece la Universidad Austral con 6.33 %, la Universidad Católica de Temuco con 6.17 % y finalmente la Universidad de La Frontera con 5.39 %.
2.1. Mapuche seleccionados de las seis universidades
En términos absolutos, los 2.385 estudiantes seleccionados Mapuche, se distribuyen en la Universidad Austral que concentra a 742 estudiantes Mapuche, lo que representa un 31 %; seguidamente la Universidad de La Frontera con 632, que representa el 26 %; y en tercer lugar Los Lagos con 379, que significan un 16 %. A continuación, la Católica de la Santísima Concepción con 259 representando un 11 %; la del Bío-Bío con 222 que representan un 9 % y finalmente la Católica del Maule con 151 estudiantes que representan el 6 %.
2.2. Procedencia
Los Mapuche de las seis universidades, 2.385 personas, mayoritariamente proceden de la Región de Los Lagos en un 30.7 %; le sigue La Araucanía con un 23.4 %, seguida por la del Biobío con un 19.08 %. La cuarta concentración corresponde a la Región de Los Ríos, con un 12.4 % y, en quinto lugar, la Región del Maule con un 5,53 %. Al comparar con el universo de Mapuche seleccionados a nivel nacional reflejan que los estudiantes provienen en primer lugar de la Región Metropolitana con 37.0 %, le sigue La Araucanía con un 15.26 %, en tercer lugar, la del Biobío con 13.09 %, en cuarto lugar, la de Los Lagos con un 10.70 % y en quinto lugar la Región de Valparaíso con 6.03 %.
2.3. Género, Edades y familias
En las seis universidades prevalece un índice de feminización, dado que los 2.385 seleccionados Mapuche, se distribuyen en 1.336 mujeres y 1.049 hombres, representando un 56 % y 44,0 % respectivamente. Al contrastar el total nacional de seleccionados Mapuche (11.724) se expresan similitudes, pues, las mujeres representan el 56.7 % y los hombres el 43.2 %.
Las edades promedio (2.385 seleccionados), para los hombres, alcanzó un promedio de 20.02 años; superior respecto las mujeres que bordearon los 19.73 años de edad. Al compararse con el total nacional de seleccionados Mapuche (11.724) los promedios de estos últimos, son levemente superiores, pues los hombres bordearon los 20.22 años y las mujeres los 19.90 años promedio.
Los grupos familiares (2.385 seleccionados Mapuche), en los hombres se promedió 3.99 personas; en tanto las mujeres fue 3.95 por grupo familiar. Al contrastar con el total nacional Mapuche (11.724 seleccionados) se experimentan cambios levemente superiores en los hombres, dado que estos últimos alcanzaron un promedio de 4.0. En las mujeres se mantiene la tendencia alcanzando un 3.95 de promedio.
2.4. Parentalidad, educación y actividades jefe de familia
Los familiares de los 2.385 estudiantes: un 44.7 % reside con “ambos padres”; seguido un 39.29 % que vive “con la madre” y luego, un 9.52 % con “otros parientes”. Al compararlos con los no Mapuche, existen similitudes pues arrojan un 43.6 %; un 34.44 % y un 9.51 % respectivamente. Entre Mapuche de las seis casas de estudios con los Mapuche nacionales (11.724), se advierten diferencias, dado que, en las tres características mencionadas, se expresan en 41 %; otro 41 % y un 11 %. La Educación Superior familiar de los 2.385 Mapuche, el 57.61 % refiere “no tener a nadie”; le sigue con un 26.83 % de aquellos con “un familiar” y un 10.86 % que tienen “dos integrantes” en la Educación Superior. Comparativamente con los 11.724 seleccionados Mapuche, se expresan un 54.50 %; 28.68 % y 11.57 % respectivamente.
De los 2.385 seleccionados Mapuche, un 55.8 % la actividad del jefe de familia es de “Trabajador Dependiente o Pensionado con Renta fija y/o variable”. Le sigue un 14.59 % de “Trabajador y/o Profesional Independiente” y luego, un 10.02 % de “Dueño/a de casa, sin actividad remunerada”. Los tres indicadores, comparados con los 11.724 (nacional), se manifiestan de forma similar, con una leve excepción de una actividad superior como es la de “Trabajador Dependiente o Pensionado con Renta fija y/o variable” arrojando un 57.52 % y los dos restantes, mantienen tendencias similares, con un 14.37 % y 9.29 % respectivamente.
2.5. Procedencia, ramas y educación de los padres
Los 2.385 seleccionados en un 52 % provienen de colegios particulares subvencionados; luego en un 46 % de municipales y un 2 % de particulares pagados. Al comparar con los no Mapuche, que también fueron seleccionados, las diferencias persisten; en un 56 % adscriben a particulares subvencionados, un 37 % a municipales y en un 6 % a particulares pagados. Una brecha se establece para los establecimientos municipales, dado que los seleccionados de las seis universidades superan en nueve puntos a los seleccionados nacionales Mapuche en este tipo de establecimiento. También aparecen diferencias entre los seleccionados Mapuche de las seis universidades por género: Los hombres, que provienen de establecimientos particulares subvencionados alcanzan un 49 %; los municipales un 48 %; y los particulares pagados un 3 %. Las mujeres en tanto, se estructuran en un 45 %; siguen con 53 % y un 2 % respectivamente.
Rama educacional de los 2.385 seleccionados Mapuche que provienen en 81 % de la “científico humanista” y el 19 % de la “técnico profesional”. Al contrastar con los 11.724 seleccionados Mapuche del país, las cifras se mantienen. Sin embargo, comparativamente con los no Mapuche seleccionados de las seis universidades, se aprecien diferencias, dado que estos últimos, provienen en un 84 % de establecimientos educacionales “científicos humanistas” y el 16 % restante del ámbito “técnico profesional”.
La educación del padre de los 2.385 seleccionados Mapuche en un 11 % refirió como “profesional” y el restante 89 % señaló sobre el progenitor que no cumplía con dicha condición. Al contrastar con los 11.724 seleccionados Mapuche a nivel nacional, refieren una leve diferencia dado un 13 % y 87 % respectivamente. Respecto de los estudiantes del grupo de las seis universidades, las diferencias entre seleccionados Mapuche (11 % y 89 %) con los no Mapuche; las diferencias se acentúan, dado que estos últimos, en un 15 % señalan al padre en la categoría de “Profesionales y el 85 % serian “no profesionales”. La educación de la madre, un 11 % señalan “profesional” y el 89 % refieren “no es profesional”. Al contrastar con los 11.724 seleccionados Mapuche a nivel nacional, refieren 13 % y 87 % respectivamente. En las seis universidades el 11 % y 89 % con los no Mapuche; estos últimos en un 14 % su madre era “profesional” y el 86 % como “no Profesional”.
2.6. Prueba de Selección Universitaria (PSU)
Los puntajes de la (PSU) se focalizan en establecimientos particulares pagados promediando 598.94 puntos. Siguen establecimientos particulares subvencionados con 564.19 puntos y los colegios municipales con 553.52 puntos promedio. Una comparación con los seleccionados no Mapuche, en estos establecimientos promediaron 622.78 puntos; 573.98 y 554.50 respectivamente. No obstante, en colegios municipales el promedio es similar (553.52 v/s 554.50); sin embargo, la brecha aumenta en los colegios particulares subvencionados (9.79 puntos); y en los particulares pagados esta diferencia es marcada llegando a los 23.84 puntos. Los colegios particulares pagados promediaron al estudiante Mapuche en 598.94 y los no Mapuche fue de 622.78 traduciéndose en 23.84 puntos de diferencia. Los no Mapuche logran puntajes significativamente mayores que los Mapuche. En la Universidad Austral la brecha es 20 puntos promedio, seguidamente la Universidad de La Frontera con 17 puntos menos. En tercer lugar, la Universidad Católica de la Santísima Concepción con 13 puntos, luego la Universidad Católica del Maule con 9 y en quinto lugar la Universidad de Los Lagos con 7 puntos menos. La única excepción la constituye la Universidad del Bío-Bío donde la brecha se invierte, pero solo en un punto promedio de los Mapuche respecto a los no Mapuche.
Conclusiones:
Las institucionalidades universitarias que refieren sensibilidad organizacional al componente Mapuche presentan matices, invisibilización en algunos casos y contadas iniciativas dirigidas a instalar el tema indígena a la política universitaria. La línea de base que hemos presentado, es fruto de una comparativa entre estas seis casas de estudios regionales, a través de cinco indicadores de la política interna, dimensionando sus lógicas para con la presencia de Mapuche en las aulas universitarias.
En lo que respecta a la visión y misión, destacan tres: Universidad de La Frontera que refiere respeto por la diversidad; y Universidad Austral y Universidad de Los Lagos que indican al aspecto cultural de la sociedad como elemento contribuyente a su desarrollo. En todas, ninguna aborda explícitamente orientaciones hacia la integración, inclusión o desarrollo Mapuche en su visiones y misiones. Con la excepción de las dos universidades católicas; en las cuatro restantes no aparecen elementos que las diferencien de cualquier universidad pública del país en esta materia; y tampoco rescatan algún elemento del contexto geográfico cultural, salvo algunas alusiones referenciales. Estas universidades asumen el desarrollo como proceso que promueve un mayor bienestar, atendiendo de manera focalizada a los estamentos más carenciados, que no necesariamente implicaría una atención a la población Mapuche, asumida esta como la más pobre y vulnerable en sus territorios.
Los Planes Estratégicos de Desarrollo establecen programas de apoyos estudiantiles para el pregrado, contribuyendo a una adecuada inserción de los estudiantes en el proceso universitario e impactando en indicadores estratégicos. Se advierte ausencia de la variable étnica en este proceso de planificación institucional e indirectamente se subentiende incorporada cuando refiere a los ámbitos de vulnerabilidad social, diversidades o interculturalidad y también considerando el contexto geográfico en que están emplazadas.
La Admisión Especial en tres universidades: las dos católicas y de Los Lagos, no contemplan como grupo especial de ingreso a estudiantes que apelen a su condición étnica, para ser admitidos. En los casos en que aparece esta variable se alude de manera genérica a “pueblos originarios” o “ascendencia indígena”; obligando a inferir que contempla a estudiantes Mapuche. La Universidad de Los Lagos que, en otros instrumentos estratégicos asume el perfil marcado por la vulnerabilidad de sus estudiantes, e incluso alude a la integración, inclusión o desarrollo de la población indígena o Mapuche; no contempla vías especiales de admisión para este pueblo.
La Acreditación Institucional de estas universidades, ninguna explícitamente alude a programas dirigidos a la población estudiantil Mapuche. Se presentan proyectos de apoyo para estudiantes vulnerables o con brechas en conocimiento y habilidades para el desempeño universitario. En ese marco, los Informes de Acreditación, tienden a establecer distorsión pues tiende a asociarse vulnerabilidad con población Mapuche. La omisión de lo indígena del perfil estudiantil, confirma la invisibilización estadística de este segmento.
En el ámbito de las comunicaciones: cinco de las seis universidades exhiben en sus respectivos sitios webs, algunas alusiones a aspectos étnicos y/o interculturales y/o multiculturales. Son breves referencias periodísticas a ciertos aspectos que desarrollan en sus quehaceres institucionales a partir de dos ejes: los contenidos estables; y los variables. Los primeros, fuertemente vinculados a los aspectos fundacionales y los segundos a noticias y agendas de eventos.
Así entonces, es posible asegurar respecto de la institucionalidad universitaria, el hecho evidente que a nivel de instrumentos de planificación y gestión estratégica institucional (Misión, Visión, Plan Estratégico de Desarrollo, Informe de Acreditación) no aparecen alusiones explícitas o consideraciones especiales respecto de la temática Mapuche, salvo menciones generales del tema intercultural.
Por otro lado, en cuanto al componente estudiantil Mapuche de estas casas de estudios, posibilita establecer un perfil de este estudiantado. Aspecto que aflora en un escenario de invisibilidad de la institucionalidad universitaria; más allá que comunicacionalmente se dan algunas señales de sensibilidad a este componente. Los estudiantes Mapuche de las seis universidades, junto con haber superado la barrera de la PSU, han debido sortear una serie de adversidades respecto de la población no Mapuche, acrecentando esto último sus logros académicos en una sociedad nacional excluyente.
En ese marco, se constata significativamente en los hechos de una marcada situación de desventaja socioeconómica y académica que los estudiantes Mapuche presentan en el ámbito universitario respecto de los estudiantes no Mapuche. Las seis universidades analizadas concentran el 20.34 % del total nacional de estudiantes Mapuche, aspecto representativo respecto de las situaciones que experimenta este segmento indígena. Se aprecia una reconfiguración en términos que las regiones que históricamente aportaban estudiantes Mapuche a las universidades; y es así que esta vez es la Región de Los Lagos en primer término, La Araucanía y del Biobío en segundo y tercer lugar, las que concentran el 73.1 % de los seleccionados. Agregar que destaca en los datos, un marcado índice de feminización del segmento estudiantil Mapuche universitario. Nótese que, al comparar con los estudiantes no indígenas, los Mapuche presentan promedios de edad superiores; también en factores sociales como el que residen mayormente con sus madres y que la educación de ambos padres es deficitaria comparativamente a los estudiantes no Mapuche. Igualmente, respecto de la actividad del jefe de familia, clasificados como dependientes o pensionados. A lo anterior, sumar que los establecimientos educacionales de donde provienen los Mapuche son científicos humanistas, pero con mayor presencia del carácter técnico profesional respecto de los no Mapuche. Agregar que estos colegios de proveniencia, la dependencia es particular subvencionado y municipal marcando diferencias cualitativas. En los Mapuche es baja su presencia en establecimientos particulares pagados. Adelantábamos que los puntajes obtenidos en la PSU por los Mapuche son más bajos e incluso entre las seis universidades se advierten brechas. Por último, las universidades privadas, concentran los primeros lugares de preferencia Mapuche, concitando un 27,38 % y comenzando a relegar a segundo plano a las entidades del CRUCH y evidenciando un sostenido cambio de tendencia.
Bibliografía:
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Catalán, Ximena, & Santelices, María Verónica. (2014). Rendimiento académico de estudiantes de distinto nivel socioeconómico en universidades: el caso de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Calidad en la educación, (40), 21-52. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-45652014000100002
Navarrete, Susana, Candia, Ruth, & Puchi, Rodrigo. (2013). Factores asociados a la deserción/retención de los estudiantes mapuche de la Universidad de la Frontera e incidencia de los programas de apoyo académico. Calidad en la educación, (39), 43-80. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-45652013000200003
Palabras clave:
Universidades, Estudiantes Mapuche, Perfil, Admisión / Universities, Students, Mapuche, Profile, Admission
Resumen de la Ponencia:
Desde los años 80, cuando Bolivia retoma el camino de la democracia, la evolución del campo universitario, para utilizar el concepto de Bourdieu, se ha vuelto difusa. Durante los años de dictadura de la década anterior, la calidad de las universidades parecía definirse por las luchas sociales y políticas mientras que en democracia este valor debía emerger desde la propia institución, de su función principal de formar profesionales y ciudadanos, y producir conocimientos. Un tema que sigue pendiente actualmente. En ese contexto, la “acreditación” como discurso y práctica en torno a la calidad, ha sido un mecanismo para incidir en el campo universitario desde el Estado, pero, igualmente desde las propias universidades son formas de movilización de las Facultades y Carreras. En ese sentido, esta ponencia analiza la acreditación en la convergencia o tensión entre las dinámicas internas de las universidades con relación al Estado y las tendencias internacionales. A primera vista, se puede asumir un vaivén constante entre autogénesis de los cambios universitarios, incluido sobre acreditación, y las influencias del contexto, pero se desconoce por falta de estudios sistemáticos al respecto. Por ejemplo, la nueva Constitución Política del Estado (CPE) proyecta una sociedad inter e intracultural y descolonizada, lo que supondría que la “acreditación” universitaria asuma también dicho desafío, mas, no hay cambios en los debates y políticas de acreditación; más bien, se han ceñido a los criterios de acreditación del MERCOSUR, sin ninguna discusión. Por eso, vale la pena examinar la acreditación institucional y académica como proceso de aprobación, reconocimiento o confianza otorgada por pares o entes externos, donde igualmente el Estado interviene con el objetivo de incidir en la calidad, pertinencia, eficiencia y rendición de cuentas de la universidad. Por otro lado, la universidad boliviana, como sucede a nivel internacional, enfrenta una masificación de la población estudiantil, por tanto: si la acreditación supone la calidad, ¿cómo se enfrenta la masificación de la población estudiantil? O bien, en el plano de los conocimientos que se enseñan, esto es, los planes de estudio, ¿cómo se aborda la diversidad cultural, lingüística y étnica, incluidos los saberes indígenas, dado que el Estado boliviano se define plurinacional? La hipótesis es que el primer ejemplo apunta a la relación de la acreditación con la gestión de la desigualdad mientras que el segundo a la diversidad de cultural y de saberes.Resumen de la Ponencia:
La pandemia de la Covid -19 impactó al mundo desde diversas perspectivas entre las que se encuentran la económica, política y psicosocial. El imperativo del distanciamiento físico, la muerte de familiares y amigos, la pérdida del empleo, la clausura de instituciones educativas, entre otras, han generado un alto nivel de estrés y ansiedad social. En este contexto, la Educación Superior en América Latina y el Caribe, caracterizada por la persistencia de prácticas educativas conservadoras, enfrenta hoy grandes interpelaciones y desafíos. Entre estos últimos, se connota la transición de métodos de aprendizaje tradicionales de enseñanza presencial hacia aquellos que ponderan el empleo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, de modalidad híbrida o exclusivamente on-line. Sin embargo, los problemas emocionales remanentes de pandemia y pos-pandemia indican que la educación socioemocional de estudiantes universitarios continúa siendo un tema necesario, pero aún pendiente en las universidades cubanas. Particularmente, en la formación de los estudiantes de Sociología se evidencian limitaciones en el orden teórico y metodológico relativas a la caracterización del ámbito socioemocional como componente consustancial de su formación, y en especial en lo referido a las competencias que intervienen en la mejora de los vínculos profesionales interpersonales y a la respuesta efectiva a eventos emocionales adversos como la pandemia de la Covid-19. En tal sentido, cobra marcado interés la investigación doctoral en desarrollo que sostiene esta ponencia, encaminada a proveer herramientas teóricas y metodológicas en torno a las emociones de los estudiantes de la carrera de Sociología. Los aportes de esta investigación podrían incidir en el aprender a ser y a convivir en la vida cotidiana, así como en los tiempos de cualquier pandemia y pos-pandemia. En ella se pondera el autoconocimiento, la autorregulación de las emociones, la empatía, la colaboración, la apertura a la diversidad, y la resolución de conflictos. Se emplearon métodos tanto del nivel teórico como del nivel empírico: el análisis-síntesis e inducción-deducción para el estudio de los temas relacionados con las emociones y la educación socioemocional en la Educación Superior; y el análisis de documentos normativos de la carrera de Sociología en Cuba. El objetivo de este trabajo se orienta a identificar los principales desafíos de la educación socioemocional de los estudiantes de Sociología en Cuba en tiempos de la pandemia y pos-pandemia.Palabras clave: educación socioemocional, Educación Superior, estudiantes de Sociología.Resumen de la Ponencia:
Desde que o conhecimento passou a ser reconhecido como um bem mercantilizável, em um momento denominado de sociedade do conhecimento, as universidades ganharam um papel fundamental no processo de acumulação a partir da “missão” de promover desenvolvimento. Boa parte dos estudos que relacionam universidade e desenvolvimento amparam-se em um modelo teórico denominado de Hélice Tríplice. Tal modelo, desenvolvido por Henry Etzkowitz (2009), defende que o desenvolvimento econômico decorre da inovação e do empreendedorismo, provenientes da interação entre universidade, indústria e governo. Segundo esses autores, cada um desses atores opera como uma hélice, movimentando-se de forma cíclica, espiral, cumulativa e contínua, em prol do processo criativo e inovador. Nesse movimento, a universidade assume a função de mola propulsora, visto que detêm a matéria-prima a ser capitalizada. Para Etzkowitz (2009), as universidades passaram por duas transformações que ele denominou de Revoluções Acadêmicas. A primeira, ocorrida a partir da metade do século XIX, marca a incorporação do processo de pesquisa às atividades de ensino; a segunda, se dá através da missão de promover o desenvolvimento econômico e social.Embora no senso comum, desenvolvimento seja um objetivo inquestionável, a atuação da universidade nesse processo não pode ser tratada como neutra e desinteressada. De acordo com Puello-Socarrás (2015), o discurso do desenvolvimento constitui uma ideia guia do neoliberalismo, um instrumento de dominação das sociedades ocidentais modernas industrializadas, relacionado a um sistema de crenças e de classificação de povos, sociedades e regiões. A “fórmula” do desenvolvimento é baseada nas medidas propostas pelo Consenso de Washington, em sua versão original, de 1989 (CW-89), e suas sucessivas renovações (Consenso Revisado, Ampliado e Pós-Washington).Assim, ao compreender o desenvolvimento como um discurso de dominação, percebe-se o risco de se adotar esse modelo de forma acrítica, pois o que ocorre é uma aproximação das universidades com o setor produtivo, intermediada pelo governo, num fluxo que capitalizar a inovação e o conhecimento produzido nessas instituições, com o estreitamento dos laços entre o público e privado.Nesse sentido, as universidades, especialmente em países ditos em desenvolvimento, ao se orientarem para esse propósito, tendem a operar como um ente do mercado, subordinando suas práticas à lógica neoliberal, enfraquecendo a possibilidade da produção de conhecimento comprometida com interesses sociais mais amplos. O saber, a reflexão e o pensamento crítico tendem a ser negligenciados e/ou colocados em segundo plano, enquanto os interesses de classe ditam as práticas acadêmicas. Logo, desnaturalizar essa relação atenta para necessidade de preservar a universidade como espaço autônomo, voltado para emancipação social. PUELLO-SOCARRÁS. Desarrollo: Paleontología (política) de una idea (neoliberal). Anuario en estudios políticos latinoamericanos 2. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2015.ETZKOWITZ, Henry. Hélice Tríplice: Universidade-Indústria-Governo: Inovação em Movimento. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009.Resumen de la Ponencia:
La educación es uno de los derechos humanos fundamentales para el desarrollo social e individual, así como una de las inversiones más efectivas para garantizar el bienestar y la comunidad. No obstante, la situación actual de la educación en Guatemala refleja que sigue siendo un privilegio y no un derecho, ya que prevalecen las dificultades que limitan las oportunidades y trayectorias educativas. Esta ponencia tiene como propósito presentar una aproximación a la situación de la educación en Guatemala, enfatizando en su relación la pobreza y las desigualdades existentes en el país en el ámbito educativo público. Además, se busca brindar una panorámica comparativa de las desigualdades educativas antes y durante de la pandemia. Por ello, inicialmente, se presenta una exposición sobre la situación de la educación en Guatemala, tomando en cuenta proporcionar un breve diagnóstico sobre el acceso, cobertura y permanencia en los diferentes niveles educativos, a partir de datos e indicadores educativos oficiales. Posteriormente, se explora y analiza la respuesta institucional del Estado para garantizar el derecho a la educación y las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia Covid-19 en un contexto de crisis siempre existente. El diagnóstico situacional y el análisis de la respuesta situacional se centran en las relaciones de las desigualdades presentes en cada uno de los diferentes niveles educativos, haciendo énfasis en la transición entre el ciclo diversificado y la educación superior, así como las desigualdades que afectan a grupos en condiciones de vulnerabilidad (mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, otras).De ese modo, esta ponencia analiza los principales nudos problemáticos y tensiones del sistema educativo, concluyendo que estas no son producto de la emergencia sanitaria, sino más bien esta ha permitido verlas desde una mirada de las desigualdades materiales, tecnológicas y espaciales que también influyen en le derecho a la educación y generan un sistema selectivo y restrictivo, que se extiene a la universidad. Las condiciones no adecuadas para el desarrollo de la educación en los hogares visibilizaron la importancia del espacio educativo y a su vez, la precariedad de los hogares guatemaltecos, en donde en algunos casos, se ha priorizado quién continúa usando la computadora para recibir clases. Por ello es necesario políticas y estrategias que aborden la multicausalidad e interseccionalidad de esta problemática, y que modifiquen el sistema educativo restrictivo y selectivo actual, en particular de los procesos de selección y admisión. “No sabemos si empezaremos a valorar lo que de verdad es importante y entonces construyamos un sistema educativo que de verdad acabe con las desigualdades y las injusticias ocupándose de los que más necesitan” (Murillo & Duk, 2020, p.13).Resumen de la Ponencia:
La ponencia buscará evidenciar las experiencias en la formación profesional de la Sociología como disciplina académica en la modalidad de educación a distancia mediada por las TIC.El concepto de EaD hace referencia a los procesos formativos que se desarrollan en una modalidad de enseñanza-aprendizaje que no implica una interacción de forma presencial o en un lugar físico entre los estudiantes y los docentes, lo que permite establecer una relación que sobrepasa los límites en términos temporales y geográficos, transformando las dinámicas tradicionales de la enseñanza, esto implica establecer nuevos roles, nuevas estrategias pedagógicas y nuevos enfoques metodológicos, para lograrlo, es necesaria la apropiación de medios y tecnologías de comunicación que faciliten la mediación didáctica y pedagógica.De la mano de esta concepción, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, establece desde su Proyecto Académico Pedagógico Solidario-PAPS, la consolidación del estudiante como centro del proceso formativo desde la mediación de ambientes virtuales de aprendizaje-AVA, a partir del aprendizaje autónomo, esto implica un cambio en el rol comunicativo, en donde se deja de lado la visión del estudiante como mero receptor del conocimiento para constituirse como emisor y productor del proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el mencionado aprendizaje autónomo implica desarrollar condiciones que posibiliten el desarrollo del proceso formativo de forma eficiente, además del acceso a los medios, se requiere de disciplina, organización y autogestión (UNAD, 2011).En este sentido, el Programa de Sociología y en el marco del modelo educativo unadista, apuesta al fortalecimiento de la mediación de las TIC en los procesos formativos que posibiliten superar las barreras de tiempo y espacio, y se establezcan procesos de interacción y comunicación dialógica en la consolidación del conocimiento abordado en los cursos ofertados. Es así que el proyecto curricular del programa se enmarca en un compromiso histórico y político con la disciplina, resignificada en una propuesta denominada SentiPensActuar que integra el pensamiento insignia del maestro Orlando Fals Borda pensador representativo de la sociología colombiana y latinoamericana, articulada con la Investigación-Acción Participativa (IAP), integrada con la visión tradicional de la sociología clásica y las propuestas de las sociologías contemporáneas (Wlches, Rojas, & Meneses, 2018).La apuesta significativa del Programa de Sociología de la UNAD, se centra en el fortalecimiento, democratización y participación efectiva de las regiones históricamente excluidas de los procesos educativos. En este sentido, la incorporación de las TIC en la modalidad a distancia permite llegar a gran parte del territorio nacional y formar sociólogas y sociólogos en los territorios de la Colombia Profunda, dónde la apuesta curricular transciende más allá de la formación profesional y se convierte en un escenario para crear, robustecer y fortalecer el capital social en las regiones más apartadas del país.Resumen de la Ponencia:
Este trabajo, reune una serie de reflexiones acerca de los retos por los que atraviesan hoy las universidades en México y América Latina, respecto a un tema crucial como lo es el de la función social de la universidad y su vinculación con el entorno.
A la luz de los cambios que ha habido en distintos momentos históricos respecto a dichas funciones, se analizan las resignificaciones que han tenido en el tiempo, desde la Reforma de Córdoba de 1918 hasta la actualidad, en particular en el marco de la crisis del COVID 19 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Dentro de la complejidad de la situación de esta pandemia, en todos los países de América Latina y el Caribe y a nivel mundial, se han desarrollado ajustes a las agendas nacionales muy profundos en todos los ámbitos, económico, político y social, que han llevado y llevarán a cambios que afectarán los temas prioritarios a resolver y reorientarán las políticas públicas y educativas de casi todos los países en relación con los ODS de la Agenda 2030.
Si bien no existe consenso sobre la magnitud de la duración que tendrá la pandemia ni la magnitud de sus efectos sobre la economía mundial en general y para cada país en particular, así como sobre la calidad de vida e intereses de la sociedad, esta nueva etapa nos lleva a buscar alternativas y caminos de vinculación de las universidades con todos los actores y sectores más significativos para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030.
Lo anterior significa que debemos acoger el COVID 19 como un detonador de cambio, y todo esto nos interpela tanto a los tomadores de decisiones como académicos y estudiantes a tener una mirada prospectiva que nos permita transitar hacia un escenario más equitativo e inclusivo en vista a un cambio del desarrollo social, político y económico en nuestros países.
Introducción:
Desde hace décadas que, en los círculos académicos e instituciones internacionales, se habla y discute de las funciones sociales de la universidad. Derivado de ello, a los conceptos de vinculación, responsabilidad social, pertinencia y calidad, se le han atribuido significados muy diversos según contextos históricos y culturales.
De ahí, que en este trabajo se traten de sistematizar las distintas re significaciones, que ha tenido en el tiempo el concepto de la función social de la universidad, desde la Reforma de Córdoba del 1918 a la actualidad y cómo estos cambios de significado, han estado mediados por diversos imaginarios y determinados contextos históricos y sociales. Esta perspectiva nos permite comprender los diferentes imaginarios que operan en la actualidad respecto a los retos y oportunidades que tienen las universidades en América Latina y el Caribe (ALC) en el marco de los ODS de la Agenda 2030.
Para ello, se considerarán algunos rasgos e imaginarios construidos en relación a la función de la universidad en distintos contextos y su evolución en el tiempo por parte de diferentes generaciones y como efecto de diversos acontecimientos históricos. (Sirinelli, 1987).
En primer lugar, presentaremos los imaginarios que se construyeron acerca de la función social de la universidad en la Reforma de 1918, resultado del movimiento de Córdoba. En un segundo apartado, analizaremos como este imaginario se fue alejando de su concepción original en distintos momentos históricos, mediado por los nuevos paradigmas trazados por el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el marco del modelo neoliberal a partir de la década de los 90. En un tercer apartado analizaremos las nuevas resignificaciones que ha tenido y tiene en la actualidad, el concepto de función social, vinculación y pertinencia a partir de las crisis económicas, políticas y sociales, posteriormente, en el cuarto apartado, estudiaremos los retos y estrategias de las universidades ante el marco de los ODS y el COVID 19. Por último, se destacan algunas conclusiones.
Para analizar esta evolución se tomarán como marco de referencia los conceptos de pertinencia, responsabilidad social y vinculación, para por esta vía evidenciar los retos y tensiones que surgen en la resignificación de la función social de la universidad recuperando el peso simbólico que dicho concepto tuvo en el pasado en comparación con las condiciones actuales.
Es por todos conocido como los temas de la pertinencia social y la vinculación de la universidad con la sociedad han sido (y lo continúan siendo) motivos de intensos debates al interior de la universidad y por parte de distintos organismos nacionales e internacionales, tanto en Latinoamérica como a nivel mundial, expresados a partir de diferentes imaginarios sociales (Baczko, 1984) los que han tenido y tienen como uno de sus ejes fundamentales el cuestionamiento a las actividades de vinculación, que se fundamenta, por un lado, por la pérdida de la autonomía en manos de intereses de mercado, empresarios y consecuencia de las respuestas de las mismas a las demandas del neoliberalismo (Manzo, 2011), y por el otro lado, los retos que las universidades tienen en la coyuntura actual a partir de la crisis económica y sanitaria con la sociedad (CLACSO, UDUAL, CEPAL, UNESCO, entre otras)[1].
Como se señaló en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES, 2018, pag.17)
[…] en estas circunstancias, la universidad requiere nuevas fórmulas de gestión que concilien las exigencias de libertad académica con la responsabilidad social, la autonomía política con la rendición de cuentas, el uso y la distribución legítima de los recursos públicos con el desarrollo de procesos que permitan a sus comunidades y sociedades conocer con mayor precisión cuáles son sus resultados, sus logros y déficits. Todo ello replantea la función social de la ciencia y los conocimientos como garantes de la sostenibilidad, la paz, la democracia y la convivencia humana, así como el papel estratégico de la Educación Superior en el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe”.
En ese sentido el gran cambio es que, en el pasado, la tradición reformista se legitimaba fundamentalmente en una lógica disciplinaria y corporativa. En la actualidad, su desarrollo requiere la concertación de un nuevo pacto social, en el que están implicados un conjunto de actores sociales y políticos (Landinelli, 2014, UNESCO (2022).
[1] CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), UDUAL (Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia.)
Desarrollo:
1. Orígenes y desarrollo de la función social universitaria
El movimiento de la Reforma de Córdoba de 1918 fue el primer cuestionamiento serio a la universidad tradicional, el cual tuvo una relevancia y proyección para todo el continente, pues no fue hasta ese entonces, que la unión universidad-sociedad, se habían desarrollado sin dificultades en el devenir histórico, pues esta respondía a las necesidades de las clases dominantes. Como opina Steger (1971) … “fue el primer cuestionamiento de la “Universidad de licenciados”; separó a las Universidades del Estado, las hizo responsables de sí mismas y las forzó a entrar en una relación interdependiente con la sociedad” . En esos años, con la situación social de Córdoba, Argentina comenzó a tener un incremento de los sectores medios y empezaban a exigir un papel en la sociedad y por lo tanto, demandaban que se les educara de una manera diferente al período anterior, ya que se había privilegiado a las élites, fue a partir de ese entonces que las clases medias veían a la universidad como “el canal capaz de permitir su ascenso político y social” (Tunnermann, 2008, p. 41).
Los jóvenes se expresaron y criticaron a la universidad antigua a través del Manifiesto Limiar de 1918, refiriéndose a la universidad como promotora del estancamiento en cuanto a formación y movilidad económica de las clases sociales no privilegiadas por el clericalismo.
Pero este movimiento no se dio por generación espontánea, sino que surgió como respuesta a una nueva situación social (Tunnermann, 2008) que derivaba de diversos movimientos de agitación social, como la Primera Guerra Mundial, la entrada del capitalismo como sistema regente de la sociedad de esa época, la creciente urbanización, así como el nuevo protagonismo de las clases medias (Salazar, 1968).
El movimiento también podría explicarse por la influencia o por el peso que tuvo dicha generación en el desarrollo de la reforma por la autonomía de 1918, el cual fue llamado, “generación de 1918 o “generación del Centenario” (Tünnermann, 2008, p. 42). Aquí el concepto de generación se plantea como los “grupos de individuos marcados a partir de un gran acontecimiento o evento social” (Sirinelli, 1987.
Puede decirse que esas circunstancias se generaron, en ese entonces, en la mayoría de los países latinoamericanos, movimientos reformistas, como fue el caso de Uruguay, Chile, Argentina, Perú, México, Cuba, entre otros, como efecto del movimiento de Córdoba de 1918 (Silva y Sonntag, 1971).
Aunque la mayor motivación del movimiento fue, por un lado, el poder lograr el acceso a la educación superior de las clases medias, que estaban incrementándose en ese entonces en Argentina, esto los llevó a tener un nuevo papel en la sociedad. Por otro lado, dicha reforma buscaba subsanar también aspectos como la docencia de calidad, la libertad de cátedra, la participación del estudiante en los consejos universitarios, legalización de la facultad del estudiante para proponer quejas o reclamos de un profesor y gratuidad de la enseñanza. En este sentido mediante la libertad de cátedra “se creaban cátedras paralelas a las oficiales, permitiendo al estudiante optar entre ellas” (Tunnermann, 2008, p. 92).
La autonomía, el cogobierno, y las funciones sociales de la universidad, fueron las conquistas más importantes de la Reforma de 1918 en Córdoba y que trascendieron a otros países y que sigue trascendiendo a lo largo de la historia. El cogobierno implicó la participación de los profesores, estudiantes y graduados, siendo esta una manera de institucionalizar la autoridad auténticamente universitaria, no como producto de una imposición, sino de la participación de los tres actores en la toma de decisiones (Del Mazo, 1955) Por tales razones, la reforma de la Universidad en Córdoba sigue representando un caso emblemático en la medida que esta iniciativa ha contribuido a dar un perfil específico a las universidades con aspiración a la independencia intelectual y su papel en la sociedad (Tünnermann, 2008).
De esta manera, el movimiento añadió una función a la universidad en el sentido de vincularla más estrechamente con la sociedad y sus problemas, que le sirvió e hiciera participar al pueblo en ella y tuvo como consecuencia un desdibujamiento de los aspectos técnicos y elitistas y a cambio, comenzó a tener una función más ciudadana y social. En ese entonces, se incorporó la extensión y difusión universitaria como funciones principales para poder hacer llegar el conocimiento más allá de la universidad y como una forma de crear conciencia y politización de sus estudiantes hacia el entorno. Este concepto de hacer más del estudiante y más social a la universidad, apunta a una función de la universidad de carácter más social, en el sentido de responder a las exigencias de la colectividad y de una cultura integral, esto con la necesidad de contemplar todos sus valores y no solamente los técnicos, causa por cuya razón la Reforma quería hacer más social a la universidad (Cossio, 1930).
Por todo ello, la Reforma de Córdoba representó y representa aún hoy, un punto nodal en el desarrollo de otras reformas en la universidad latinoamericana, concebido como un fenómeno continuo hasta nuestros días, destinado a estructurar un esquema universitario adecuado a las necesidades sociales reales del continente.
2. Cambios y resignificaciones de la función social de la universidad
En las últimas décadas, las universidades han experimentado a nivel mundial una serie de cambios, enfrentado nuevos retos en cuanto a su función en la sociedad. En este contexto, una actividad que además de estar cada vez más presente implica importantes desafíos es la de la vinculación, universidad-sociedad para la transferencia del conocimiento en beneficio de distintos sectores sociales. Al respecto es necesario reconocer una complejidad creciente de las relaciones entre los principales actores involucrados en la misma: las universidades, las empresas, el sector social y el gobierno. El hecho de que la universidad ya no tiene el monopolio exclusivo del conocimiento como lo tenía en décadas pasadas, sino que intervienen otros actores y otros contextos sociales y políticos en la construcción del mismo, hace que sus funciones vayan teniendo nuevas resignificaciones en el tiempo.
Si bien, la vinculación social de la universidad con el entorno, ha representado una aspiración permanente de los universitarios latinoamericanos, tal como lo establece Tunnermann (2008), sin embargo, en la actualidad dicha vinculación no es entendida exactamente con el mismo significado y alcance que en el pasado. El concepto de función social, y vinculación al estar sujeto a una constante construcción y mediación de diferentes imaginarios, según las distintas circunstancias sociales e históricas, ha sufrido cambios, a pesar de que el que hoy tenga se herede del legado de la Reforma de 1918 respecto a la función social de la universidad y se siga transmitiendo de generación en generación.
Por lo tanto, el peso de los imaginarios construidos en torno al papel de la universidad y la función del académico y el estudiante como agentes de cambio, se ha ido recreando de tal manera, que si bien ha trascendido la concepción que se le dio en el período de la Reforma de Córdoba de 1918 hasta nuestros días, con el transcurso del tiempo, los colectivos académicos si bien preservaron ese imaginario, el de una universidad que integraba las funciones académicas con las sociales y que, al cabo de los años, continuó revitalizando esta mística en un pensamiento social crítico, hasta comienzos de la década de los 80, a partir de los 90 y en la actualidad ha pasado por nuevas metamorfosis que ha dado origen a diferentes concepciones acerca de sus funciones con la sociedad. García (2007, p. 129) podemos considerar que:
A partir de los 90, el significado tradicional de la función social se ha ido desdibujando y en paralelo, construyendo otros significados, lo cual está implicando cada vez un mayor reto en la negociación y delimitación del concepto de función social y cabría la posibilidad de cuestionarse ¿qué implicaciones tendría el concepto de función social ante los cambios planteados a partir de los 90, con la consolidación del modelo neoliberal, su actual crisis y su distancia con el significado original? así mismo en la actualidad, cabría plantearse ¿qué mediaciones e imaginarios intervienen en la definición del concepto de la función social hoy, ante el fenómeno de globalización, la sociedad del conocimiento los ODS y el COVID 19?
En los 90, en el marco de la globalización hay que observar que nos encontramos con una nueva condición socio-histórica bajo el contexto de la sociedad del conocimiento. Esto significó que nos enfrentáramos a nuevas condiciones sociales que provocan cambios en las formas de organización y transferencia del conocimiento. En función de este proceso la universidad tiene un lugar protagónico, que si bien no es hegemónico, en cuanto comparte la producción y transferencia del conocimiento con otros actores, tiene determinantes institucionales de comportamiento que le exigen cumplir la actividad de producción de conocimiento bajo lógicas distintas que de la de otros sectores y de otros tiempos. La universidad está sometida a los criterios dominantes de excelencia y rendición de cuentas en cada disciplina científica, de manera tal que el reconocimiento académico termina siendo fijado por las tendencias de moda emergentes en el ámbito nacional e internacional del campo disciplinar respectivo. Resultado de la agenda neoliberal, las universidades y la educación latinoamericana han transitado y aún en algunos casos todavía transitan, hacia un esquema de financiamiento que apuntó a la privatización de las mismas, además de la implantación de mecanismos de evaluación de la calidad educativa en el marco de formar capital humano, a partir de las recomendaciones de algunos organismos internacionales, como la OCDE y el BM. Ibarra(1993)
Respecto a este tema, en la actualidad existen grandes críticas al peso que tuvo y tiene hoy en día en la agenda planteada por parte de algunos organismos internacionales para la educación superior esta lógica de la evaluación de la producción científica y académica de las comunidades con base a productos en términos cuantitativos, dejando muchas veces de lado los alcances que dicho conocimiento pueda aportar a la innovación científica y social. Así mismo estos organismos han promovido desde los noventa del siglo pasado la vinculación de las universidades con las empresas, desde la perspectiva de impulsar la actividad innovadora de las empresas como factor de competitividad e impulsor de sus ganancias, lo que ha implicado un objetivo tras intereses privados.
Sin embargo, a pesar de esas características y roles asumidos por parte de las universidades en ese período (en el marco del neoliberalismo en América Latina), las universidades tienen una larga historia de vinculación con los sectores sociales y productivos, motivada por el objetivo de que esta relación promueva el desarrollo económico y social de las comunidades con las que se relacionan. Esto representa una perspectiva distinta para dicha vinculación en la medida en que está formulada desde la perspectiva del interés público resultante de las funciones sociales de las universidades. Esto ha impulsado a diversas agrupaciones en América Latina, como es el caso de la CRES, UDUAL y la Red Universidad Empresa ALCUE, quienes desde el año 2013 han planteado nuevos desafíos en la vinculación con la sociedad.
3. Nuevos retos internacionales y sus efectos en las funciones de la universidad en diferentes escenarios
En la actualidad se plantea que el fenómeno del desarrollo reciente de la producción del conocimiento estaría marcado por la creación de una interacción más comprensiva de la universidad con el entorno social, ello para abordar las nuevas demandas desde una perspectiva sistémica que incluya la problemática de la relación con la producción en el marco del conjunto de necesidades sociales. En ello también estaría influyendo el cambio de paradigma sobre el conocimiento, desde los enfoques cientificistas hacia visiones más complejas que incluyen también otros modos del conocer, no limitado solo al que realizan los científicos, sino también diversos actores sociales en su experiencia de vida.
En la segunda mitad de la década de los noventa, si bien la UNESCO adquirió un protagonismo diferente al de otros organismos internacionales, como el adquirido por el BM y la OCDE, ya que estos organismos estuvieron más orientados por un enfoque neoliberal, cuyos temas de la agenda fueron: aseguramiento de la calidad, rendición de cuentas, evaluación, pertinencia, vinculación con el sector productivo, y financiamiento. La UNESCO, en cambio enfatizó dimensiones tales como equidad, vinculación con el entorno, responsabilidad social, pertinencia, importancia del financiamiento público a la educación superior, internacionalización con cooperación y el valor cultural y social del conocimiento.
La UNESCO define la pertinencia social desde la óptica del papel que desempeña la enseñanza superior como sistema y por cada una de sus instituciones con respecto a la sociedad, y desde lo que la sociedad espera de la educación superior. Desde la Declaración de la Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina y el Caribe (2009), se refrenda el papel de las Instituciones de Educación Superior (IES) y la relación con sus contextos: las instituciones de Educación Superior deben avanzar en la configuración de una relación más activa con sus contextos. La calidad está vinculada a la pertinencia y responsabilidad con el desarrollo sostenible de la sociedad. Ello exige impulsar un modelo académico caracterizado por la indagación de los problemas en sus contextos.
Por todo ello, un aspecto relevante que derivó de la idea tradicional de la función social de las universidades, fue que pasó de ser una defensa de una práctica individualista y disciplinar o auto referida, a otra de carácter más dinámico y orientada a dar respuesta a las demandas sociales con un sentido de presencia mayor de la universidad en la vida social y científica, “ella debe construir puentes de comunicación de doble vía con la sociedad en la que está inmersa” (Tünnermann, 2008, p. 27).
Por lo tanto, el concepto de autonomía no debe estar peleado con el concepto de vinculación de la universidad con la sociedad. Sino que, es necesario evolucionar del concepto de autonomía tradicional del desarrollo de una ciencia y de una institución auto referida, a otro más dinámico, de vinculación de la universidad con la sociedad, ya que la universidad no puede continuar en su aislamiento en una torre de marfil y debe desarrollar relaciones con el entorno del cual forma parte. Resultado de todo esto, cobran importancia los conceptos de pertinencia y de responsabilidad social, referidos con las múltiples relaciones entre la universidad y el entorno.
En ese sentido la III Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe en el año 2018, en su análisis del rol de las universidades de cara a los desafíos sociales de América Latina y el Caribe planteó: “que la educación superior es cocreadora del conocimiento e innovación, haciendo de estos, como saberes articulados a prácticas sociales, herramientas de independencia intelectual, transformación social y estructuras políticas más justas, equitativas, solidarias y sobre todo subsidiarias de valores compartidos autóctonos” (CRES, 2018, pag.16)
Indudablemente todo el enfoque de la III Conferencia tuvo un significado mas amplio de la proyección social y vinculación social de la universidad con el entorno social.
Se plantea con mayor énfasis de como la responsabilidad social de las Universidades exige una nueva relación con la sociedad y postula una transformación innovadora de la educación superior. La CRES, en el año 2018, planteó el papel fundamental de las universidades públicas de cara a los desafíos sociales de ALC y la región ya que constituyen los espacios privilegiados de construcción de conocimiento sobre un amplio conjunto de preocupaciones y demandas sociales. “Las IES, deben establecer vínculos más estrechos con los que contextos a los que pertenecen de forma tal que sean más pertinentes y responsables con la sociedad. Deben participar del avance social, de la generación de riqueza, de una cultura de paz, de integración y de identificación social, de la lucha contra el hambre y la pobreza. (CRES, 2018. Pag17)
Es decir que se amplía y resinifica el concepto de la función social de la ciencia y los conocimientos para garantizar la sostenibilidad, la paz, preservar la diversidad cultural, la democracia, la convivencia humana y la reproducción de la vida. Estos amplios y exigentes desafíos hacen que las IES, se conviertan en organizaciones estratégicas para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe.
4. Retos y estrategias de las universidades ante el marco de la pandemia
A partir de los cambios generados por el COVID 19 se observan una serie de reconfiguraciones del quehacer de la universidad, resultado de la crisis sanitaria en distintos campos del conocimiento, salud, educación, entre otros, todas las universidades están dando un gran apoyo a sus comunidades y a la población orientadas fundamentalmente en el campo de la salud y en la educación.
En la educación, como consecuencia de la interrupción de las clases presenciales, se realizaron un conjunto de acciones por parte de los gobiernos y autoridades educativas y comunidades académicas a nivel local, regional y nacional para el mantenimiento de cierta continuidad de los cursos y se recurrió al uso de tecnologías virtuales para sustituir la presencialidad. Pero a pesar de las buenas prácticas, se están ampliando las desigualdades y las brechas digitales en los sistemas educativos que ya existían en la población desde años precedentes. Se ha hecho, seguramente, todo lo que se podría hacer desde nuestros espacios y trincheras, sin embargo, los efectos sociales de la pandemia han sido mucho más profundos y serios que el esfuerzo que se ha realizado. Los problemas de la conectividad virtual, por carencia de equipos tecnológicos en profesores y alumnos, han dificultado alcanzar los objetivos deseados.
Recientes estudios de la CEPAL (2022) plantean que antes de que empezara la pandemia había datos muy elocuentes y alarmantes de la situación de los sistemas educativos, por ejemplo, que más de 200 millones de niños no asistían a la escuela y que al término del 2030 solo un 60% de la población de ese rango podría estar terminando la educación superior.
En dicho estudio se plantea que la región enfrenta una crisis social prolongada y agudizada por un contexto de incertidumbre en el tercer año de la pandemia, con un impacto silenciosos y devastador en la educación y que este organismo la define como una crisis silenciosa, que ha ampliado las brechas ya existentes antes de la pandemia, y que pusieron en riesgo el aumento del abandono escolar.
“Esta crisis silenciosa” ha puesto en evidencia que los sistemas educativos, no estaban preparados para enfrentar estos cambios, lo que agudizó las desigualdades educativas existentes antes de la pandemia.” CEPAL (2022) págs. 16 a18.
El COVID 19 vino a agudizar las diferencias, hizo más evidentes los problemas y agravó la situación actual. Además, la situación de muchos sectores de la población, fundamentalmente los jóvenes, se ha visto agravada su posición debido al aislamiento, y estrategias para las cuales ni docentes ni estudiantes estaban formados.
Según los Aportes de la Segunda Reunión del Diálogo Virtual con Rectores de Universidades Líderes de América Latina, celebrada en mayo del 2020, se planteó como un diagnóstico:
En el caso de las universidades donde ya había un camino recorrido en los procesos de digitalización, se pudo dar una respuesta satisfactoria ante esta coyuntura, mientras que en las universidades donde no había experiencias preliminares en teleeducación se han identificado grandes dificultades para responder con inmediatez a la creación de una plataforma tecnológica efectiva, viendo comprometidos algunos sistemas educativos y la formación de miles de estudiantes. La forma acelerada que se debió adoptar como consecuencia de las medidas de distanciamiento social impuestas por la pandemia generó ventajas y desventajas y riesgos al sector académico Vicentine(2020)
En ese sentido estos datos nos deben llevar a reconfigurar el quehacer de la universidad y de los colectivos académicos, con el fin de realizar diagnósticos y elaborar estrategias de desarrollo sostenible, que puedan incidir en la implementación de políticas públicas que contribuyan a resolver problemas de inequidad, deserción y rezago educativo, además de los temas de la salud y el cambio climático.
Esto lleva en la coyuntura actual, a las IES a orientarse hacia otras demandas del entorno que no han sido totalmente formuladas pero que, deben explicitarse en su proceso de vinculación con la sociedad, como pueden ser los ODS de la Agenda 2030, es decir, dar respuesta a las necesidades actuales de la crisis humanitaria provocada por el COVID 19.
Conclusiones:
Si consideramos que, en ese momento, la generación del movimiento de Córdoba construyó utopías e imaginarios sociales respecto al papel que cumplirían los distintos proyectos sociales, educativos y culturales de intelectuales, y que los mismos intentaban dar cumplimiento a las demandas sociales de la Reforma de 1918, es indudable que dicho legado cobre hoy gran significado, al recuperar en la memoria colectiva la necesidad de que el conocimiento generado en las universidades debe ser un conocimiento abierto y responder a las necesidades sociales. En consecuencia, se plantea la necesidad de que las universidades contribuyan a este ejercicio colectivo, brindando medios para la comunicación de la ciencia con la necesidad de mejorar los mecanismos de transmisión de los resultados de la innovación del conocimiento. Todo ello para ampliar las posibilidades de empoderamiento de la ciencia por parte de sectores más amplios de la población, para la aplicación de la misma, a la solución de los problemas más críticos de la sociedad en la coyuntura actual.
Los desafíos en el contexto actual y los ODS, debieran ser las funciones de la universidad en el marco de la globalización y la sociedad del conocimiento, por un lado, así como también, en paralelo con dar respuesta a esta gran crisis civilizatoria que nos ha tocado vivir como es el cambio climático, las migraciones y la pandemia del COVID 19, es indudable que el tema de la función social de la universidad como la pertinencia y la responsabilidad social cobre un nuevo significado. Nos plantean nuevos retos a las universidades públicas en la medida que crecen las demandas sociales, por lo cual el conocimiento científico y la socialización del mismo no estarán ya tan auto referenciados, como en décadas pasadas, sino que por el contrario, deben estar en función de las demandas externas de diferentes sectores sociales.
Al respecto, nuestra hipótesis es que la autonomía y función social de la universidad en el momento actual no representa el intento de uno u otro paradigma ortodoxo e inamovible, como se debatió y debate en algunas corrientes de pensamiento, sino un sincretismo entre la mística del movimiento de Reforma del 1918 y las resignificaciones más actuales planteadas por algunos colectivos académicos (CRES 2018, CLACSO y UDUAL) a partir del contexto de la crisis socioeconómica mundial agravada por la pandémica de COVID 19. Para ello habría que reorientar aquellas lógicas de producción y socialización de saberes que se habían y han instalado en las universidades y colectivos académicos, que se asocian generalmente y prioritariamente con la productividad y con el rendimiento laboral, con el fin de acreditar en algunos rankings internacionales y en el que muchos saberes e innovaciones del conocimiento más relevante resultan excluidos de estos procesos.
Por último, quisiéramos plantear que el fin de este trabajo tienen la intención de sistematizar un conjunto de reflexiones acerca de los escenarios contemporáneos y los desafíos futuros de la sociedad y de la universidad, que inviten y contribuyan a repensar las políticas públicas en educación, así como las prácticas de los colectivos académicos para la creación de una sociedad más justa e inclusiva.
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Palabras clave:
Universidad, vinculación, pertinencia, ODS
Resumen de la Ponencia:
El presente trabajo propone una caracterización de los sistemas nacionales de aseguramiento externo de la calidad de la educación superior (AECES) universitaria actualmente existentes en América Latina, en cuanto a sus rasgos de operación y sus usos como instrumentos articuladores de la economía política de la educación superior, dados los distintos niveles de masificación y privatismo de la formación terciaria en cada país. El levantamiento de antecedentes sobre sistemas nacionales de AECES se ha llevado a cabo a partir de una revisión sistemática de literatura del período 2011-2021, que abarca un total de once países de la región. A partir de ello, se describen en primer lugar las características de los principales mecanismos de AECES existentes en la región en tres niveles de intervención: la autorización de nuevas instituciones privadas, la acreditación de programas formativos de pre y postgrado, y la evaluación periódica de instituciones educativas.Los mecanismos antedichos son, a su vez, analizados a partir de tres dimensiones. En primer lugar, el carácter de su aplicación: obligatorio, voluntario, o mixto (ej. obligatorio para categorías específicas de instituciones o programas). Segundo, la naturaleza de sus juicios evaluativos, distinguiendo instrumentos de naturaleza formativa (centrados en las recomendaciones de mejora), sumativa-unitaria (un juicio único sobre el logro/no logro de un estándar de calidad) o sumativa-gradacional (una escala que distingue niveles diferenciados de logro de un estándar esperado). Por último, los usos de estos mecanismos como instrumentos de gobernanza, que abarcan la autorización básica para el funcionamiento, el acceso a recursos públicos, y constricciones u oportunidades hacia la autonomía de las universidades. Entre las principales conclusiones, se observan dos patrones de relación (ex–ante y ex–post) entre los procesos de autorización inicial y las dinámicas de privatización; un mayor uso de juicios sumativos-gradacionales en sistemas o niveles formativos más privatizados; y un panorama heterogéneo en cuanto al uso de estos mecanismos para determinar el acceso a recursos públicos y/o mayores niveles de autonomía institucional. Por último, se observa en la literatura latinoamericana una primacía de los estudios de casos nacionales y análisis regionales, que contrasta con un desarrollo mucho menor de estudios comparativos de casos acotados, que representan un camino intermedio entre el “nacionalismo metodológico” y la generalización excesiva predominante en la investigación comparada sobre educación superior.Resumen de la Ponencia:
La educación superior en El Salvador ha estado abandonada por el Estado casi desde sus inicios. La primera institución de educación superior apareció en el país en el año 1841 y es la Universidad de El Salvador, de carácter público y que hasta el día de ahora sigue siendo la única de este tipo. De ahí en los año 60 del siglo pasado, surgió un marco normativo para la educación superior que dio nacimiento a las universidades privadas, y para 1995 ante el desorden que se vio envuelto la proliferación de universidades privadas sin mayor rigor ni control académico se formuló la ley de educación superior que rige aún actualmente dicha regulación, no obstante, es hasta el año 2021 que se presentó la política de educación superior, que es la primera en cerca de 180 años de educación en el país. Con lo dicho anteriormente, es claro que la educación superior nunca fue una apuesta para los gobiernos y menos para quienes vieron en su momento a la Universidad de El Salvador, como una amenaza al status quo, particularmente en la época del conflicto armando, donde relativamente el “Alma Máter” fue declarada un enemigo público por los gobiernos en el período autoritarismo militar (1931-1979) que desembocó con la guerra de 12 años que vivió el país (1980-1992).Bajo estas premisas, es importante señalar que la Política de Educación Superior presentada por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), representa retos y desafíos que son importantes para que la educación superior cuentan con el avance necesario y se tome el impulso hacia su proceso de transformación, lo cual tampoco es una tarea fácil debido en buena parte a que el carácter privado y las visiones del mercado de la educación, se convierten en aspectos donde se debe reparar en el papel que debería jugar la educación superior más allá del mero hecho reproductivo de la formación profesional, la cual ha soslayado el papel de esta institución en la construcción de una sociedad crítica y con visiones alternativas para los problemas estructurales derivados de décadas de la prevalencia de la economía de mercado como forma de establecer la orientación de la cuestión pública. De ahí, que los retos y desafíos que se describirán a continuación, estarán enmarcados en el carácter de pertinencia que ofrecen la política descrita sobre la base de encontrar en el sentido de la educación superior, un factor determinante para aportar a la construcción de una sociedad con mejores posibilidades de desarrollo y no solo, continuar apuntando al crecimiento del mercado de la educación superior como visión neoliberal prevaleciente.Resumen de la Ponencia:
No período em que perduraram as medidas de isolamento e distanciamento social para conter a disseminação pandemia global da covid-19, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) vivenciou um contexto desafiador do ponto de vista acadêmico e de gestão universitária ante a suspensão prolongada das atividades presenciais e do trabalho administrativo não essencial. Neste período, a Universidade fez uma espécie de enquete com sua comunidade: servidores técnicos, docentes e estudantes, para conhecer as condições de vida e de trabalho, permitindo constituir um planejamento de atividades. Os trabalhadores terceirizados não puderam ser incluídos num primeiro momento, levando em conta que o vínculo fragilizado destes sujeitos ocorre através de empresas contratadas pela Universidade, constituindo-se em modalidade de trabalho adotada no âmbito dos processos de reestruturação produtiva, em uma combinação com neoliberalismo, atingindo frontalmente as instituições públicas brasileiras. Na UFBA, esta modalidade de contratação de serviços atinge cerca de 30% dos serviços; técnico administrativos, de limpeza, portaria, vigilância, recepção, manutenção de áreas verdes, motorista, apoio a laboratórios, assistente operacional, auxiliar de arquivo, manutenção de iluminação, etc. Ou seja, atividades que, durante o período pandêmico, exigiram que a maioria destes trabalhadores tivesse de atuar presencialmente. O grupo de Pesquisa: “Trabalho, Precarização e Resistências”, vinculado ao CRH/UFBA, executou o estudo, tendo como objetivo identificar como os trabalhadores terceirizados vivenciaram o trabalho durante este tempo. Em termos metodológicos, a pesquisa utilizou-se de fontes disponibilizadas pela administração central da UFBA, pelas empresas terceirizadas e outras pesquisas já realizadas. O instrumento de investigação foi um questionário virtual aplicado ao universo dos trabalhadores terceirizados, buscando informações sobre o perfil socioeconômico, vínculo de emprego, alterações contratuais no período (redução de jornada, salário), acúmulo de funções, demissões e sobre a prestação do trabalho nessas novas condições. No total, 286 trabalhadores terceirizados responderam. Os resultados apontaram fragilidades impostas a este tipo de trabalho, no âmbito da “terceirização”, como: vínculos provisórios com empresas que se alternam nos editais colocados por instituições públicas; salários baixos; submissão a um conjunto de regras impostas pelas empresas; e atraso nos salários. Além disso, estes trabalhadores têm enfrentado, na pandemia, as inseguranças e ameaças das exigências do trabalho presencial que se impôs para a maioria, expressas no medo de se contaminarem e na não garantia de permanência no trabalho. A saúde mental destes trabalhadores mostrou-se bastante fragilizada neste contexto de insegurança, assim como as ameaças de cortes de pessoal que os atinge gravemente, levando-se em conta que a maioria (70%) se encontra na faixa salarial de até 2 salários mínimos.Resumen de la Ponencia:
En el marco de la constitución de 1991, en la cual se reconoce la diversidad y pluriculturalidad de la nación, la política educativa Colombiana ha demandado esfuerzos por parte de las IES en torno a la inclusión educativa. Desde este escenario, la presente ponencia busca exponer un análisis comparativo a partir de la interpretación que han hecho algunas universidades públicas y privadas de Colombia al momento de atender estas exigencias, se presentará un análisis comparativo sobre criterios de contextualización, interdisciplinariedad, investigación e internacionalización que manejan cada una de estas propuestas, además de tener en cuenta su misión y objetivos institucionales, así como sus particulares formas de entender la inclusión.Resumen de la Ponencia:
A través de una discusión histórica y teórica de la configuración de las ciencias sociales y estudios de postgrado en el área de estudio en Chile, la exposición tiene la pretensión de dilucidar cuáles son las representaciones sociales que poseen los estudiantes y académicos de programas de magíster en ciencias sociales de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile respecto las ciencias sociales y su proyección del área de estudio en los académicos. Lo anterior bajo la relevancia de estar hablando de las las dos instituciones de educación superior más importantes de Chile y las cuales marcan pauta teórica científico social.A través de un estudio de enfoque metodológico cualitativo, con una muestra de tipo estructural conformada por 24 estudiantes y 8 profesores en total de los programas en estudio, se aplicó una entrevista de tipo semi estructurada con su respectivo consentimiento ético. Una vez sistematizados los relatos se analizó mediante teoría fundamentada con el objeto de configurar categorías que se analizan desde la convergencia y divergencia.Los resultados dan cuenta de la divergencia de las nociones de los actores en sus respectivos programas de estudio, respecto a la noción de ciencias sociales, esto según su adscripción institucional la cual marca diferencias representacionales en la forma de cómo ven el área de estudio y la formación desde sus programas de post grado.Resumen de la Ponencia:
El sistema de educación superior chileno se ha expandido durante las últimas décadas. Esto permitió que sectores previamente marginados ingresaran por primera vez de manera masiva (Ministerio de Desarrollo Social, 2018). Sin embargo, persiste la exclusión de los jóvenes de origen social desaventajado de las universidades selectivas, participantes del Sistema Único de Admisión (SUA).Si bien se ha evidenciado la relación entre las características de la formación secundaria y los resultados en la prueba de selección universitaria (PSU) (Farías y Carrasco, 2012; Garcés y Jarpa, 2015), y las desigualdades presentes en la manera de enfrentar la transición a la educación superior (Canales, Opazo y Camps, 2016), no está claro en qué etapa del proceso de selección del SUA quedan excluidos los estudiantes de origen desaventajado. Tampoco se conoce si es producto de sus puntajes o si, aun teniendo los puntajes para ingresar, deciden no hacerlo. El objetivo de la investigación fue dimensionar el impacto del origen de los estudiantes en la probabilidad de avanzar a través del proceso de selección del SUA para así identificar en qué etapa y por qué motivo se originan las desigualdades en el acceso. Se analizó las etapas de rendición, postulación y matriculación del proceso de admisión del año 2019. Se utilizaron las variables independientes: educación de los padres, ingresos familiares, dependencia y rama educacional del establecimiento secundario, sexo, notas del nivel secundario y, promedio en las pruebas de selección. Se estimaron tres modelos de regresión logística, uno por etapa. Se utilizó también el método Karlson-Holm-Breen (khb) para descomponer el impacto del origen en su efecto directo e indirecto (a través del promedio en la PSU). Los resultados dan cuenta de que la exclusión se manifiesta en la etapa de rendición y postulación. Los estudiantes con padres profesionales, de colegios privados y de ingresos familiares muy altos tienen mayores probabilidades de rendir la PSU. La mayor parte de la exclusión se da en la etapa de postulación, producto de los efectos indirectos de las variables independientes. Como consecuencia de sus menores puntajes en la PSU, para cada una de las variables incluidas, los estudiantes de origen desaventajado tienen cerca de 10% menos de probabilidad de postular a una universidad del SUA que sus compañeros aventajados.Se concluye que el proceso de admisión al SUA reproduce las desigualdades de origen, reafirmando que el acceso a las universidades selectivas depende de las condiciones económicas, sociales y culturales de los estudiantes (Fukushi, 2010; Jiménez y Lagos, 2011). Ante esto, urge asegurar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias durante su formación escolar. Asimismo, se vuelve indispensable revisar la pertinencia del método de selección actual dado el contexto de desigualdad evidenciado.Resumen de la Ponencia:
Em 9 de março de 2015 centenas de estudantes iniciaram um movimento na prestiogiosa University of Cape Town (UCT) para a retirada da estátua de Cecil Rhodes, representaante do colonialismo inglês no século XIX, do campus. Isso vai desencadear um intenso debate na maioria das universidades sulafricanas sobr eo lugar do passado colonial na história do país, bem como sobre as modalidades de ampliação do número de estudantes negros no ensino superior. Nesse mesmo ano, em maio, a Unversidade Federal de Goiás foi aprimeira universidade brasileira a implantar ações afirmativas para negros, indígenas e pessoas com deficiência na pós-graduação, o que vai incitar outras insitiuições de ensino superior a fazer o mesmo. O objetivo dessa apresentação é refletir acerca de manifestações estudantis no Brasil e na África do Sul visando não apenas a ampliar a democratização do acesso como também a questionar o passado colonial. Com isso, espera-se poder discutir processos sócio-culturais e políticos em curso que desembocam em demandas decolonizadoras dos espaços universitários.Resumen de la Ponencia:
A lei que estabelece cotas para ingresso nas Universidades e Instituto Federais no Brasil (Lei 12.711/2012) completa 10 anos em 2022, com resultados bastante substantivos e desafios enormes ainda não superados, inclusive e principalmente com as condições de permanência deste novo perfil de estudantes do ensino superior. A própria lei estabelece a necessidade de um balanço após 10 anos, o que gera enormes debates, inclusive com projetos legislativos para encerrar esta política. O debate se dá num contexto crítico do Brasil, com um governo de extrema direita e a proliferação de discursos e práticas que visam negar a necessidade de reconhecimento da situação desigual das populações negra e indígena, sob a bandeira de um nacionalismo abstrato e violento. Este trabalho, através do estudo de caso de uma Universidade Federal específica, pretende levantar e analisar dados ainda não disponíveis e sistematizados sobre a experiência destes 10 anos, as dificuldades e barreiras encontradas e, principalmente, o quanto a universidade se tornou acessível ou não para a população preta e indígena. Qual o acompanhamento desta política, suas dificuldades de implementação e qual a sua capacidade de impactar no próprio fazer universitário: currículos, projetos de pesquisa e extensão, em poucas palavras: o quanto a universidade foi capaz de incorporar não só estas pessoas, mas também a própria temática das relações étnico raciais e seu papel na estrutura social. Apoiado na revisão da literatura que faz o balanço da política de cotas no Brasil e nos elementos centrais da conjuntura, este estudo de caso pretende contribuir com a reflexão estrutural sobre qual o papel da universidade nas sociedades latino americanas, a começar pela questão sobre se ela tem capacidade de se tornar acessível à própria população latino americana. O estudo é também uma ferramenta política num ambiente de polarização politica e ataques sistemáticos aos mínimos direitos já conquistados.Resumen de la Ponencia:
La educación ambiental es un eje importante que nutre diversos programas educativos, se sabe que el alcance y el impacto de la misma está mediado por múltiples factores que van desde los diseños curriculares hasta las dinámicas que se establecen en el aula. Si bien en los niveles educativos básico y medio básico hay contenidos curriculares encaminados a trabajar temáticas ambientales o socioambientales, la secuencia y compromiso en los programas de educación superior inciden en menor medida tanto en las cargas curriculares como en los perfiles de egreso de los estudiantes. Esta ponencia tiene la finalidad de identificar y describir los significados y prácticas ambientales en la configuración de la identidad ambiental en los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, Unida Valle de las Palmas, así como la manera en que se configura la identidad ambiental. Tales situaciones nos obligan a pensar en la necesidad de diseñar una unida de aprendizaje que propicie en los alumnos universitarios la adquisición de saberes ambientales y que potencialmente estos saberes preserven, protejan y transformen su entorno.Dado que el enfoque que propone esta investigación radica en una dimensión cualitativa, se buscaba mediante la etnografía herramientas de recolección de datos que se aproximaran a describir nuestras las características de nuestro estudio y que proveyeran a la investigación de información profunda para la interpretación del objeto de estudio. Dadas las condiciones globales que vivimos los últimos dos años y la imposibilidad de estar de manera presencial en la escuela se optó por empezar a trabajar desde la mirada de la etnografía virtual de modo “que permita tener cualitativamente los procesos, relaciones, observaciones y demás formas de estar dentro de un aula virtual, ya que las relaciones sociales que se dan en este ambiente virtual no son iguales que las que se dan de forma presencial.” (Martínez, 2017).Resumen de la Ponencia:
En este trabajo se presentan los resultados de la investigación que se realizó en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), cuyo objetivo consistió en el análisis de las características de las condiciones de vida de los estudiantes de la Licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y las implicaciones de la pandemia de Covid-19 en su formación profesional, para identificar la desigualdad educativa en que se sitúan. La contingencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 que comenzó a expandirse por el mundo en el 2020 ha traído consigo cambios significativos y drásticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y el rol de las instituciones educativas; ésta obligó a las instituciones educativas alrededor del mundo a cerrar de manera indefinida y al traslado de clases presenciales a virtuales, hecho que afectó a más del 90% de los estudiantes. La presente investigación fue realizada por una estrategia metodológica mixta, que permitió identificar las percepciones de los estudiantes de la Lic. en Sociología sobre las implicaciones de la pandemia en sus condiciones de vida y en el desarrollo de sus estudios profesionales; así como recuperar datos sobre sus condiciones de vida en aspectos económicos,tecnológicos, familiares, de salud y académicos. Se seleccionó una muestra no probabilística de participantes voluntarios estudiantes de la licenciatura y en total se logró la participación de 34 estudiantes, a quienes se les aplicó una encuesta y entrevista de manera electrónica. La investigación de realizó en el 2021 e inicio del 2022. La investigación da cuenta de que 21% de los(as) estudiantes no posee internet en casa, el 15% no tiene computadora y 9% no tiene celular; asimismo, se identificó que una minoría de estudiantes no cuenta con energía eléctrica en sus hogares, lo que los sitúa en condiciones de alta vulnerabilidad para poder desarrollar sus estudios universitarios.Cabe destacar que para algunos(as) estudiantes la modalidad virtual de enseñanza fue positiva porque les permitió mejorar sus conocimientos y habilidades en las TIC y plataformas educativas; mayor comodidad y flexibilidad en el espacio de aprendizaje; desarrollaron procesos de autoaprendizaje y fortalecieron valores que resultó favorable para su formación profesional; sin embargo, también hubo experiencias negativas frustrantes por no tener condiciones tecnológicas ni espacio adecuado para estudiar, aunado a dificultades en la organización del tiempo y sus actividades escolares y del hogar, que incrementó el desinterés en su propio proceso de formación profesional. También destaca que 21% ha pensado en abandonar sus estudios profesionales, mayoritariamente mujeres, ya sea por problemas económicos, falta de interés, propiamente por la modalidad virtual implementada, problemas familiares, conflictos con los docentes, afectaciones en su salud mental y en algunos casos señalan que la pandemia los orilló a pensar en esta posibilidad.Resumen de la Ponencia:
Este trabalho tem o objetivo de refletir sobre a relação existente entre o acesso ao ensino superior público e a oportunidade de se promover justiça social a partir do caso brasileiro de criação de quatro universidades federais em três estados (Ceará, Bahia e Pará), montadas pelo viés da educação regionalizada e do desenvolvimento territorial. A partir de uma investigação iniciada em 2014 e em curso atualmente, a Universidade Federal do Cariri (UFCA), a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) e a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) figuram como objetos empíricos da pesquisa. Elas são conhecidas como “novíssimas” universidades federais pelo fato de terem sido estabelecidas pela ótica da regionalização da educação superior pública brasileira. A partir do objetivo geral de se analisar o processo de criação destas instituições universitárias pela dimensão político-institucional do desenvolvimento territorial, questões como o acesso oportunizado às populações das localidades onde essas universidades estão sediadas se mostraram como vetores de inclusão e justiça social. Com vistas a se verificar em profundidade este e demais aspectos, a pesquisa em curso tem se embasado numa abordagem qualitativa, em que cada universidade é destinatária de um estudo de caso. Os dados primários coletados têm sido majoritariamente oriundos de entrevistas semiestruturadas com agentes públicos, agentes políticos e representantes da sociedade civil que direta ou indiretamente atuaram na constituição destas instituições. Os dados secundários, por sua vez, têm sido formados por documentos oficiais dos poderes Executivo e Legislativo federais e outros registros oficiais e jornalísticos, dentre outros, que tratam das negociações e tratativas que culminaram no estabelecimento daquelas quatro universidades. No que tange à análise dos dados, promoveu-se a sua triangulação (dados primários, dados secundários e literatura especializada em desenvolvimento territorial, políticas públicas e ensino superior). Os resultados obtidos, para além do panorama geral acerca da montagem das instituições universitárias, tem revelado que a presença delas tem melhorado o acesso a vagas de educação superior nas localidades de moradia dos habitantes e isso tem oportunizado que estes não precisem se deslocar aos grandes centros brasileiros para progredir nos estudos, como era a única opção há alguns anos na realidade social do Brasil. E essa oportunidade, por conseguinte, tem gerado efeitos que pendem à justiça social, uma vez que estas mesmas pessoas que agora podem fazer parte de uma comunidade universitária se veem e se percebem num ambiente que antes só seria viável e possível caso dispusessem de recursos financeiros para viverem nas grandes urbes do Brasil. Portanto, muito mais que a garantia de um direito constitucional, a presença das novíssimas universidades federais brasileiras tem dado a chance de o Brasil ser mais socialmente justo.Resumen de la Ponencia:
Expandir la enseñanza implica organizar el sistema educativo desde el interior de las instituciones bajo sistemas de relaciones entre los miembros de la sociedad, siendo los jóvenes los actores principales del proceso, entendiendo así la necesidad de democratizar la educación. Ante ello, el propósito principal es explicar la democratización de la formación académica impartida en la Institución de Educación Superior (IES) INFOTEP-HVG, ubicada en el Municipio de Ciénaga, Departamento del Magdalena (Colombia), como un fenómeno movilizador de la enseñanza, que busca minimizar las desigualdades educativas ocasionadas por las diferencias en los niveles de vida de las personas y de sus condiciones socioeconómicas, existentes en el municipio de Ciénaga y algunos de sus corregimientos y a nivel de otros municipios de Puebloviejo, Zona Bananera y Santa Marta. Metodológicamente, el estudio se clasifica como descriptivo, de campo, no experimental, transeccional, bajo enfoque investigativo mixto; cualicuantitativo, atendiendo los postulados teóricos de Baudelot y Leclercq (2008), Martínez (2004) y, Alburquerque (2007), Constitución Política de Colombia (1991), Plan de Desarrollo institucional 2020-2023 con el eslogan “Educación Superior de Calidad al Servicio de la Gente”. Como técnica de recolección de datos se aplicó un guión de entrevista semiestructurada, así como la conformación de un grupo focal, para el abordaje de la variable observada. La población objeto de estudio se concentró en funcionarios de nivel estratégico y líderes de procesos de docencia de la institución. Asimismo, una población documental soportada en las estadísticas del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) relacionada con matrículas de estudiantes de la institución para los periodos 2020-2021 y 2022-1, también el Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (SPADIES) periodo 2020 y 2021 relacionada con los índices de deserción y, los informes internos de la IES que soportan las estrategias aplicadas que garantizan la inclusión y gratuidad en la educación superior. En este sentido, el hallazgo muestra la implementación de estrategias de movilidad de la oferta académica a los territorios deprimidos por falta de oportunidades educativas a nivel universitario, hacia los corregimientos del municipio de Ciénaga (Palmor, Sevillano, La Sierra), y a los municipios Puebloviejo, Zona Bananera y Santa Marta, de tal manera que los jóvenes de bajos recursos económicos, sin distingo de raza, sexo, cultura, discapacidad, se han vinculado a los procesos educativos ofertados de manera gratuita por la IES con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional y el gobierno local. Por lo cual se concluye que la IES ha trabajado sobre la expansión en el acceso, permanencia y graduación en función a la aplicación de las políticas públicas y desde el interior de la institución con el acompañamiento psicológico a los estudiantes adscritos a la institución.Resumen de la Ponencia:
En el marco del proyecto de investigación “Adolescencias y Juventudes: proceso de construcción social de identidades, diversidades y desigualdades contemporáneas. Abordajes en contextos urbanos y rurales de Santiago del Estero” (Aprobado Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas/Universidad Nacional de Santiago del Estero. UNSE) se abordaron las percepciones de los y las jóvenes estudiantes de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE sobre el impacto psicosocial de la pandemia por COVId 19 en la trayectoria académica.La emergencia sanitaria a raíz de la pandemia por COVID tiene un gran impacto en la vida de la sociedad en tanto implica una amenaza a la seguridad y al “normal” desenvolvimiento de la vida en comunidad. En este sentido, la pandemia es definida como Incidente Crítico (IC), por los organismos internacionales. Un IC implica un impacto psicosocial que muchas veces excede la capacidad o los recursos (simbólicos y materiales) de las personas afectadas para un adecuado manejo de la situación. En este sentido, las condiciones del entorno y las posibilidades que brinda para mitigar el impacto son fundamentales. Cuando esos entornos (familia, trabajo, instituciones educativas, etc.) son desfavorables, inaccesibles, empobrecidos, etc., hablamos también de riesgo psicosocial. (Ministerio de Salud Argentina, Salud Mental: Recomendaciones para la intervención ante situaciones de emergencias y desastres, 2015)En una investigación se tipo exploratoria se recabo datos en torno a los proyectos académicos en ejecución en el año 2020 (continuidades y discontinuidades) de los y las estudiantes y el rol de la institución universitaria en el contexto de pandemia (expectativas y actuaciones) que operaron como anclaje o des -anclaje en algunos casos.Se empleo la metodología de Grupos Focales, a partir de la misma se organizaron distintas grupos conformados por estudiantes estableciendo reuniones semanales por plataforma virtual finalizando el segundo cuatrimestre académico del año 2020. Los ejes trabajados en los grupos focales fueron:1- Estudiar en Tiempos de pandemia: en este eje se identificaron las dificultades, y obstáculos a nivel institucional, familiar y comunitario, los ajustes realizados, emociones y sensaciones emergentes)2- Contención Institucional: en este eje se indago el grado de conocimientos sobre la existencia de dispositivos de contención y acompañamiento, efectividad de los mismos y requerimientos a la institución.A partir de los ejes planteados y el discurso de los y las estudiantes participantes se reconoce la percepción de situación de vulneración que se encuentran a raíz de la crisis sanitaria y las dificultades que enfrentan en el desenvolvimiento de su trayectoria tanto académica como en el tránsito de su vida en comunidad al percibirse des- anclados de su marco institucional universitario.Resumen de la Ponencia:
A pesquisa teve como objetivo conhecer como as universidades públicas executam ações que atendam às necessidades identificadas por seu corpo discente, considerando a propagação da violência contra minorias sociais em seus espaços, como forma de garantir sua permanência. Para tanto, foi realizada uma busca de documentos que situassem como a violência contra os direitos humanos é tratada, sob uma perspectiva crítica, a partir de planos de combate a essas violações e/ou protocolos em 4 universidades. Já para a Universidade Federal de Santa Catarina, esta pesquisa analisa as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidade (SAAD), cujo objetivo consiste no desenvolvimento de ações institucionais, pedagógicas e acadêmicas voltadas para ações afirmativas e valorização das diversidades. Eles contam com um Serviço de Atendimento Psicológico (CDgen Cuida). Há também a Comissão de Ética da UFSC, na Resolução Normativa nº 18/CUn/2012, responsável por regulamentar o uso do nome social por travestis e transexuais para matrículas não-vestibulares e na universidade. A SAAD ainda trabalha em prol da diversidade sexual e enfrentamento à violência de gênero, juntamente com a Ouvidoria. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) analisaram relatórios de gestão por dois anos, de 2012 a 2019, sendo possível perceber seu trabalho a partir do estratégia de informação sobre violência. Os instrumentos utilizados são: cartões, cartazes, banners, folders, ofícios, fóruns, seminários e ouvidorias. Quanta atenção à área da diversidade sexual, Os relatos apontam a ausência de um corpo técnico específico e essa reclamação é dirigida às equipes das secretarias de acessibilidade e de assuntos comunitários.Outra universidade que apresenta atividades relacionadas à busca da violência é a Universidade Federal de Goiás. Em 2017, foi editada pela instituição a Resolução CONSUNI nº 12/2017, responsável por criar uma Comissão Permanente de Acompanhamento de Denúncias e Processos Administrativos relacionados a reivindicações morais, sexuais e de preconceito na universidade. Esta possui normas e procedimentos a serem adotados em casos de assédio moral, sexual e quase preconceituoso, além de atuar promovendo campanhas educativas e ações preventivas.Na UDELAR (Universidad de la República Uruguay), por sua vez, fundou a Política Institucional da Universidade da República sobre violência, assédio e discriminação, regulamentada pela Resolução nº 6/2019. Por esse motivo, não aceitamos atos de violência física ou psicológica, tratamento discriminatório e qualquer comportamento humilhante, que cause medo ou possa contribuir para a criação de um ambiente de trabalho ou estudo intimidador, ofensivo ou hostil, além de não tolerar comportamentos de assédio nas relações sexuais, de trabalho ou de estudo Conforme foi investigado, observou-se que existem instrumentos normativos que punem atos de violência contra os direitos humanos, mais do que raros por serem realizados como estratégia de combate às violações de direitos.
Introducción:
Os Direitos humanos são aqueles cujo titular é o homem por serem, aqueles, inerentes à natureza humana. De acordo com Dallari (2009),
A expressão “direitos humanos” é uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana. Esses direitos são considerados fundamentais porque sem eles a pessoa humana não consegue existir ou não é capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida. (DALLARI, 2009, p.7)
Nesse sentido, constituem direitos imprescindíveis à existência plena humana, sendo considerado, portanto, um importante para a sociedade, cuja problematização e discussão devem estar em pauta por serem indispensáveis à proteção da dignidade humana.
No entanto, essa proteção nem sempre se faz efetiva e, como consequência, a livre existência humana encontra-se prejudicada. Isso ocorre porque são constantes a violações de tais direitos no âmbito social.
Dentro das instituições de ensino superior a realidade não é diferente. A violação aos Direitos Humanos faz-se presente, especialmente, a partir daquela que é pautada nas razões de “ser” do homem – pelo simples fato de sua existência –, ou seja, expressa o preconceito voltado aos grupos vulnerabilizados socialmente, as minorias sociais, de modo a controlar sua existência.
Inegável, ainda, que o agravamento da violência contra estes personagens dá-se mediante o conflito existente entre os direitos sociais e economia, uma vez que o preconceito se reproduz de maneira descontrolada – característica do modo de produção capitalista –, o que dificulta a expressão do “ser” de forma livre, garantia fundamental à existência humana.
Nesse sentido, diante do agravamento da violência, especialmente as que vitimizam as minorias sócias no âmbito das instituições de ensino superior, o presente artigo foi elaborado com o intuito de, a partir de uma perspectiva crítica, analisar a complexidade social na qual a violência e o neoliberalismo encontram-se postos dentro das instituições de ensino, bem como quais são as estratégias que essas utilizam para enfrentar e prevenir tais violações.
Buscou-se entender, também, como o neoliberalismo, a necropolítica e os cortes de gastos praticados pelo governo federal brasileiro interferem no agravamento das violações aos Direitos Humanos nas universidades federais do país.
Para tal, utilizou-se o método de pesquisa exploratória e qualitativa, a partir da análise bibliográfica e documental acerca dos assuntos retro mencionados. Fez-se um estudo considerando o materialismo histórico-dialético e o pensamento crítico sobre como a violência, potencializada pela pandemia vivenciada e seus reflexos, principalmente, no âmbito econômico, afeta negativamente a garantia dos Direitos Humanos dentro das instituições de ensino.
Desarrollo:
Educação em Direitos HumanosA Educação em Direitos Humanos, por sua vez, faz parte do conjunto de boas práticas em direitos humanos e é incentivada por meio do Programa Mundial para Educação em Direitos Humanos, organizado pela Organização das Nações Unidas - ONU e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO. O programa visa implantar nos diversos países as boas práticas em direitos humanos, visando transformar a realidade, e formar cidadãos conscientes dos direitos e deveres da humanidade e que se opõem a qualquer tipo de violência e opressão.
O Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996) propõe, como finalidade para a educação superior, a participação no processo de desenvolvimento a partir da criação e difusão cultural, incentivo à pesquisa, colaboração na formação contínua de profissionais e divulgação dos conhecimentos culturais, científicos e técnicos produzidos por meio do ensino e das publicações, mantendo uma relação de serviço e reciprocidade com a sociedade.
Já o Programa Nacional de Direitos Humanos 3 (PNDH-3), aprovado pelo Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009, e atualizado pelo Decreto nº 7.177, de 12 de maio de 2010, está estruturado em seis eixos orientadores, subdivididos em 25 diretrizes, 82 objetivos estratégicos e 521 ações programáticas que refletem as resoluções aprovadas na Conferência Nacional, e inclui, como alicerce de sua construção, propostas aprovadas em conferências nacionais temáticas, realizadas desde 2003, sobre igualdade racial, direitos da mulher, segurança alimentar, cidades, meio ambiente, saúde, educação, juventude, cultura, pessoas com deficiência, direitos da pessoa idosa, direitos da criança e do adolescente, conferência nacional de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais e conferência nacional de segurança pública.
Consequentemente, nas universidades, a educação em direitos humanos para enfrentamentos das diversas formas de violência pode e deve acontecer por meio de diferentes modalidades e ações programáticas transversais e interdisciplinares. Nestes termos, destacamos ainda o Parecer CNE/CP nº 8/2012 que fundamenta as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, é enfático ao defender a importância de uma cultura social de direitos humanos:
O Pacto Nacional Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura de Paz e dos Direitos Humanos tem como objetivo apoiar Instituições de Ensino Superior para a implementação da Educação em Direitos Humanos para a promoção e a defesa dos Direitos Humanos no âmbito da educação superior, por intermédio da conjugação de esforços dos participantes – de acordo com sua natureza institucional – mediante a formulação, implementação, monitoramento e disseminação de medidas fundamentadas na universalidade, indivisibilidade e transversalidade dos Direitos Humanos.
Discutir essas violações faz parte de um complexo social que coloca a atuação das profissões, as quais devem posicionar-se contra as injustiças e as exclusões sociais. De acordo com Silva (2008) os (as) assistentes sociais possuem uma inserção profissional relevante no enfrentamento das violências, este por vezes, como um ponto de partida até a práxis profissional. Uma prática de violência recorrente é o preconceito e esse é exemplificado de forma objetiva ou subjetiva. Para o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS, 2016) ele é presente contra formas de vida e modos de comportamentos que não são aceitos por estarem fora dos padrões sociais. Ainda de acordo com o CFESS ele pode ser contra mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, imigrantes, idosos, pessoas com deficiência, entre outros.
Estratégias de Universidades Brasileiras para o enfrentamento de violências institucionais
Na Universidade Federal do Rio de Janeiro foram encontrados relatórios de gestão dos anos de 2012 a 2019, nos quais foi perceptível que os dados apontam que a UFRJ trabalha a partir da estratégia de informação sobre a violência, os instrumentos utilizados foram: cartilhas, cartazes, banners, folhetos, oficinas, fóruns, seminários e ouvidoria.
Outro aspecto que chama atenção é a elaboração do perfil e de identificação das demandas de saúde dos alunos beneficiários da Residência Estudantil, como também sobre questões relativas à acessibilidade e as violações de direitos humanos de grupos minoritários (UFRJ, 2014), porém o relatório de gestão de 2015-2019 aponta para esta proposta permaneceu intacta com a pesquisa realizada em 2014 sem sistematização posterior.
Quanto ao atendimento para a área da diversidade sexual, os relatórios de gestão apontam para ausência de corpo técnico específico e esta demanda sendo encaminhada para a equipe das seções de acessibilidade e a de assuntos comunitários. Nestes instantes os atendimentos foram realizados para orientação do nome social, reuniões com comunidade, orientações sobre o processo de nome social e participações em eventos desta temática.
No ano de 2011 foi criada a DINAAC (Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Assuntos Comunitários) a qual responde a três seções em seus princípios: acessibilidade, assuntos comunitários e inclusão. A primeira é responsável por propor diretrizes, acompanhar os espaços físicos da UFRJ, elaboração de projetos e ingresso e permanência de docentes, discentes e técnicos com deficiência. A segunda é responsável por criar diretrizes e acompanhar ações que promovam a permanência de estudantes. A terceira ainda estava em estruturação e nem contava com profissionais.
Quanto à Universidade Federal de Santa Catarina, a pesquisa analisou as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidade (SAAD), a qual tem como missão o desenvolvimento de ações institucionais, pedagógicas e acadêmicas direcionadas às ações afirmativas e de valorização das diversidades, repudiando qualquer tipo de violência.
A Secretaria possui diversos ramos de atuação, os quais têm em comum a educação em Direitos Humanos como ferramenta de combate e prevenção à violência. Eles contam, ainda, com um Serviço de Atendimento Psicológico que permite um primeiro contato com a vítima da violência que, posteriormente, será direcionada a uma rede de apoio. Nessa rede, o aluno, vítima da violência, encontra acompanhamento psicológico e jurídico, quando necessário.
Além dos acompanhamentos acima descritos, a SAAD é responsável por promover debates e palestras sobre enfrentamento e prevenção à violência que alcançam uma visibilidade cada vez maior. Como exemplo, de uma das conquistas fruto do trabalho dessa secretaria, pode-se citar a Resolução Normativa nº 18/CUn/2012 responsável por regular o uso do nome social por travestis e transexuais para inscrição no vestibular e registro na universidade.
Outra universidade brasileira que apresenta atividades relacionadas à questão da violência é a Universidade Federal de Goiás. Em 2017, foi editada na instituição a Resolução CONSUNI nº 12/2017, a qual criou a Comissão Permanente de Acompanhamento de Denúncias e Processos Administrativos relativos a questões morais, sexuais e de preconceito na universidade. Essa é responsável por dispor de normas e procedimentos a serem adotados em casos de assédio moral, sexual e quaisquer formas de preconceito, no âmbito da Universidade Federal de Goiás, além de atuar promovendo campanhas educativas e ações preventivas.
Segundo essa Resolução, qualquer prática de assédio moral, sexual ou preconceito, a denúncia deve ser formalizada à Ouvidoria da UFG, diretamente ao Gabinete do Reitor ou à Direção da Regional da UFG. A Ouvidoria, por sua vez, A Ouvidoria da UFG encaminhará imediatamente as denúncias relacionadas a assédio moral, sexual ou preconceito ao Gabinete do Reitor, para providências, instaurando-se uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, a depender do caso.
Essa Resolução, CONSUNI 12/2017 dispõe, ainda, sobre os casos em que o autor da violência é docente, técnico-administrativo ou discente da universidade, bem como sobre as penalidades a serem aplicadas nesses casos, para os quais a Resolução já dispõe quais as penalidades aplicáveis nestes casos.
Nota-se uma vertente mais punitivista no conteúdo dessa resolução, o que pode ser explicado pelas denúncias de estupro supostamente ocorridos da UFG nos anos de 2016 e 2017. Dentre os casos, um envolvia um professor como agressor e uma aluna enquanto vítima. O docente foi, inclusive, denunciado pelo Ministério Público Federal pelo crime de estupro e abuso sexual, já no âmbito interno à universidade, esse foi demitido
Durante o decorrer da pesquisa, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi uma das que apresentou medidas específicas contra a violência institucional. A Universidade instituiu em 2020 o Plano de Integridade que estabelece parâmetros de medidas a serem tomadas pela instituição em caso de violência e outras problemáticas que ocorrem em suas dependências.
Essas estruturas “Articulam-se para promover a integridade as estruturas vinculadas à ética, transparência, recebimento de denúncias, apuração de irregularidades, governança e controles internos.” (UFRGS, 2020, p.13). A ouvidoria instituída pela Portaria no 5.144, de 07 de outubro de 2009 se configura em possibilitar a participação e controle social, sendo o principal canal para a realização de denúncias na instituição. E pela Portaria no 2.442, de 26 de março de 2015, cria-se também o Comitê de Ética, com a finalidade de “orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, e processar imputações ou procedimentos suscetíveis de censura”. (UFRGS, 2020, p.14).
A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) lançou a “Resolução n° 09/2016, de 31 de maio de 2016” na qual dispõe sobre a violação de direitos humanos e a erradicação dos atos discriminatórios de qualquer natureza no âmbito da Universidade Federal de Minas Gerais. Este documento relata sobre o que a universidade entende como casos de violações de direitos humanos levando em consideração as opressões de gênero, sexualidade, crença religiosa, pessoa com deficiência, classe, cultura, questões raciais.
Art. 6º A UFMG deverá desenvolver, de forma progressiva, programas e ações de caráter pedagógico e permanente que visem à conscientização, promoção e efetiva garantia dos direitos humanos, bem como defesa e difusão de uma cultura de tolerância, do respeito aos direitos fundamentais, de forma a promover uma convivência solidária, ética e pacífica no âmbito institucional, em conformidade com a ordem jurídica posta. (UFMG, 2016, p. 4)
Observou-se o compromisso da universidade em realizar ações progressistas visando o bem comum com base nos direitos humanos universais. Para conferir o andamento desta proposta foram verificadas ações da instituição.
Além do NAI existe a Diretoria de Ações Afirmativas para questões de inclusão de minorias, Comissão de Saúde Mental para os casos de sofrimento mental, Ouvidoria, Comitê de Ética em Pesquisa e Comissão de Ética no Uso de Animais. A Rede de Direitos Humanos foi iniciativa dos grupos de extensão e pesquisa para fomentar a capacitação de docentes e gestores e fomentar projetos, além de estabelecer contato com movimentos sociais, instituições de justiça e organismos nacionais e internacionais.
Quanto a Universidade de São Paulo (USP) criou, a partir da Portaria GR-7.653 de 14 de dezembro de 2020 com iniciativa da Superintendência de Assistência Social (SAS), o “Protocolo de Atendimento para casos de Violência de gênero contra Mulheres”. Este protocolo relata sobre questões de gênero, dados estatísticos e dispõe sobre os casos de violências na sua comunidade acadêmica.
É realizado um primeiro contato com a identificação da demanda e situação de segurança, nesta fase a mulher é identificada e ela pode solicitar auxílio da Guarda Universitária ou da Polícia Militar pelo 190, inclusive é direito da vítima desejar atendimento em apoio de saúde para casos de aborto legal, aqui ainda é possível orientação com Serviço Social. Depois é feito um acolhimento, escuta ativa e análise da situação pela profissional de Serviço Social sobre o caso, o documento relata a importância de respeitar pronomes de gênero para casos de mulheres trans e travestis. Posteriormente orientações e encaminhamentos para as redes de atendimento à saúde, psicossocial e direito. Por fim, registros e conclusão do atendimento onde se destaca a importância das notificações para dados estatísticos. (USP, 2020). Observou-se que este protocolo relata quanto a vítima, mas deixa de lado o trabalho com a autoria dos casos de violações de direitos.
A Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) possui uma Comissão de Acessibilidade que atua em 8 eixos de trabalho incluindo infraestrutura, pesquisa, extensão e recursos para pessoas com deficiência da universidade. Foi colhido o guia “Como podemos praticar a acessibilidade no dia a dia” com ensino básico e metas para trabalhar o tema na universidade.
A UNICAMP conta com a Comissão de Gênero e Sexualidade a qual presta o Serviço de Atenção à Violência Sexual (SAVS) o qual também presta atividades educativas para a universidade. O documento “Boas Práticas para a Promoção da Equidade de Gênero na UNICAMP” (2022) relaciona as questões de gênero, assédio, boas práticas integrativas e como proceder nas violações.
Existe uma importância neste documento que busca e equidade de gênero em valores de direitos humanos para a paz na universidade, porém, não situa sobre os procedimentos posteriores para autores de violência.
A Resolução GR-005/2020 de 13 de janeiro de 2020 estabelece diretrizes sobre o uso do nome social na UNICAMP. A Resolução GR-106/2020 de 20 de outubro de 2020 que define regras sobre procedimentos de prevenção e acolhimentos de queixas de discriminação de gênero e/ou sexualidade.
A Comissão de Diversidade Étnico-racial tem o papel de contribuir com a conscientização e fortalecimento da UNICAMP, porém, foi verificado no site da instituição que ainda está em fase de implementação.
Existe ainda a Comissão Assessora para Inclusão e Participação dos Povos Indígenas para pautar a inclusão e permanência de pessoas indígenas na UNICAMP, bem como realizar o acolhimento das suas comunidades, auxílio de bolsas, encontros interculturais, que fortalecem as diferentes culturas e prestam auxílio saúde relacionando com as questões de gênero e sexualidade. Criada a partir da Resolução GR-018/2021 de 11 de março de 2021, com finalidade de propor debates sobre direitos indígenas e como se dá a formação da comissão.
A Comissão Assessora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello é uma iniciativa acadêmica para pessoas refugiadas em parcerias com outras universidades brasileiras com objetivo de responsabilidade de ensino, pesquisa e extensão relacionados aos direitos dos (as) refugiados (as).
Quanto a resolução GR-046/2018 de 29 de novembro de 2018 cria o Observatório de direitos humanos para estimular o ensino, pesquisa e extensão na temática. Este observatório vem realizando ações de apoio a projetos e campanhas de direitos humanos.
Ressalta a presença da Diretoria Executiva de direitos humanos (DeDH) que realizou a campanha “Violência não tem Desculpa” iniciada em 2020 através de cartazes. Foi aprovada a “Política Institucional de Direitos Humanos da Universidade Estadual de Campinas” com compromisso universitário pela pauta em questão. Por fim, a Resolução GR 065/2021 de 15 de outubro de 2021 cria a Comissão Assessora de Mudança Ecológica e Justiça Ambiental da UNICAMP que se interliga com a DeDH para criação de convênios e compromissos ambientais.
Ao realizar uma análise sobre os dados coletados posteriormente à sua categorização, foi observada que, das 11 universidades apresentadas nos resultados, 91% delas apresentam protocolo garantia de direitos humanos, restando apenas a Universidade Federal de Sergipe a única sem um documento desta defesa, tampouco ações que ultrapassem a assistência estudantil e o básico para permanência de discentes.
Um destaque para a atuação da UNICAMP que conta com diferentes comissões para atuarem na diversidade de direitos humanos. Suas ações afirmativas demonstram um compromisso humano e plural com seu corpo acadêmico. Além disso, a USP, além de ter ações voltadas à garantia dos direitos humanos, também apresenta um protocolo específico contra violência sexual e de gênero, defesa necessária frente as violações contra mulheres e populações LGBTQIA+, minorias mais vulnerabilizadas pelas violências.
Universidades latino-americanas que possuem estratégias contra violências
Voltando nossa pesquisa para o âmbito das universidades públicas latino-americanas, destacamos a UDELAR (Universidad de la República Uruguay). É a única instituição de ensino superior pública do Uruguai, sendo a maior e a mais importante de seu país, conta com mais de 100 mil estudantes e compreende catorze faculdades, além de vários institutos e escolas universitárias. Nela, a Política Institucional da Universidade da República sobre violência, assédio e discriminação está normatizada pela Resolução n° 6 de 26 de março de 2019. Para a Universidade da República não são admissíveis atos de violência física ou psicológica, o tratamento desrespeitoso ou discriminatório e todos aqueles comportamentos que causam humilhação, ofensa injustificada, medo, dano físico ou pode contribuir para a criação de um ambiente de trabalho ou estudo intimidante, ofensivo ou hostil também pois também não tolera comportamentos de assédio relações sexuais, de trabalho ou de estudo (Conselho Diretivo Central (CDC), Resolução n ° 6, 26/3/2019).
Quanto ao “Protocolo de Actuación ante denuncias sobre acoso sexual, violencia de género, acoso laboral y discriminación arbitraria” (2019) da Universidad de Chile (UC) situa inicialmente em seu texto o que caracteriza cada tipo de discriminação e acusações. Em seu documento ocorre o encaminhamento para cada representação que faz parte das diretorias correspondentes ao protocolo.
Além destas medidas o documento também inclui as medidas administrativas também realizam a proteção à vítima. Este modelo acompanha também prazos de vigilância para o cumprimento disciplinar. Pode-se considerar que no caso desta universidade chilena a conduta acadêmica é mais de proteger a vítima, porém quem pratica o ato acaba recebendo punição.
No ano de 2003 a Universidad de Costa Rica (UCR), através de seu Consejo Universitario realizou um acordo de compromisso incluir linguagem de gênero nos documentos oficiais bem como assessoria e capacitação para oferecer essas condições. No ano de 2011 a sua reitoria. Reiterou o seu compromisso com os direitos humanos e eliminação de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, além de comemorar do dia nacional contra homofobia.
De acordo com o “Protocolo de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales en la Universidad de Costa Rica” (1997) realiza-se com a vítima uma etapa inicial de intervenção com características básicas incluindo atenção médica para verificar lesões corporais. O trabalho conta também com apoio psicológico. O documento também situa sobre atitudes saudáveis a serem tomadas em caso de notar as violações e o que não realizar nos casos.
A Universidad de los Andes (UNIANDES) criou o “Protocolo para casos de Maltrato, Acoso, Amenaza, Discriminación, Violencia Sexual o de Género” (MAAD) em fevereiro de 2019. Neste documento o espaço acadêmico se compromete em seus objetivos as possibilidades do que realizar em casos de violações do tipo sexual e/ou de gênero, elencou o que considera como violência de gênero. A vítima terá acompanhamento emocional, médico, jurídico entre outras formas de assistência. (UNIANDES, 2019)
Além de apontar qual (is) sujeitos (as) estão previstos na proteção do MAAD foi notória a organização do site da Comitê MAAD além de conteúdos objetivos possui qualidade visual e vídeos explicativos, incluindo as reformas feitas no próprio protocolo atraindo públicos e capaz de inspirar outras iniciativas. Por fim, o protocolo cita que nos casos de violações serão aplicadas medidas como processos administrativos com marcos disciplinares e preventivos.
Foi através do decreto 1640 de 3 de agosto de 2020 que a Universidad del Rosario (UR) lançou o “Protocolo de Prevención y Atención a Casos de Violencias Basadas en Género y Discriminación” organizado a partir de princípios, conceitos de discriminação reconhecendo inclusive as diferentes formas de opressão hegemônica. O documento apresenta uma etapa de integração da vítima com acompanhamento psicológico, jurídico e acadêmicos para dar um tratamento mais humanizado.
A existência da equipe CORA também revela um comprometimento universitário em conjunto com a comunidade acadêmica de Rosário. Acrescenta-se a este fato as ações de capacitação com temas sobre feminismos e masculinidade, um guia para uso da linguagem inclusiva que evite o sexismo para defesa dos direitos humanos.
Ainda no âmbito das universidades latino-americanas, fundamental citar a Universidade Central do Equador que também é uma política de enfrentamento à violência sexual e de gênero no interior da universidade, na tentativa de erradicar a
A Universidade Nacional da Colômbia, por sua vez, também possui protocolo específico contra violência de gênero e sexual estabelecido pela Resolução 1.215 de 2017. O documento traz, especificamente, os meios de prevenção utilizados pela universidade.
Estes vão desde a divulgação do protocolo até as ações que divulgam os casos de violência no interior da universidade, reservando a identidade dos envolvidos, na tentativa de conscientizar e demonstrar a existência das violações na instituição.
Divergindo das universidades brasileiras, as latino-americanas possuem um avançado debate e defesa contra violência sexual nos seus espaços institucionais. Isso é reflexo de suas Constituições, uma vez que estas sempre estavam destacadas como prerrogativas de seus documentos.
Por outro lado, 40% destas universidades apresentam, em seus documentos, uma defesa de outras minorias sociais, não apenas uma explicação daquilo que consideram direitos humanos, mas sim de como devem ser os encaminhamentos nos casos de diferentes violações de direitos. Logo, existem possibilidades futuras para o acréscimo destas defesas.
Conclusiones:
A Educação em Direitos Humanos conferiu um caráter de relevância acerca da promoção de debates sobre temas pertinentes a medidas de combate de violência nas universidades. Cumprindo assim o proposto pelo Plano de Educação em Direitos Humanos, contudo necessita ser aperfeiçoado de maneira a promover a intervenção na realidade, de forma a diminuir o índice de casos de violência e a resolução dos casos existentes de forma satisfatória.
A importância de divulgação desses dados representa a possibilidade de cooperação/articulação entre as universidades uma vez que cada prática, ação, documento, assessoramento de rede podem fortalecer um modelo coerente com as possibilidades de cada instituição e equipamentos a sua volta. Essa questão vai depender do funcionamento assistencial que existe em cada país, porém, pode motivar a criação de outros dispositivos de defesa.
Foi verificado que os dados, análises e conclusões atenderam aos objetivos específicos elencados no projeto da pesquisa e tem valor científico. Esta questão atende não somente a pesquisa, mas também os seus futuros desdobramentos enquanto poder societário que defende um modelo educacional baseado em direitos humanos.
Bibliografía:
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UCR. Protocolo de Atención a Víctmas de delitos sexaules en la Universidad de Costa Rica. Universidad de Costa Rica, San José, 1997a.
UDELAR. Política institucional de la Universidad de la República sobre violencia, acoso y discriminación. Universidad de la República Uruguay, Montevideo, 2021.
UFG. Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência. Relatório 2015. Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.
UFMG. Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais. Resolução n° 09/2016, de maio de 2016. Dispõe sobre violação de direitos humanos e a erradicação de atos discriminatórios de qualquer natureza no âmbito da Universidade Federal de Minas Gerais. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016.
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UFRJ. Superintendência Geral de Políticas Estudantis. Relatório de Gestão 2014. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.
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UNIANDES. Comitê Diretivo. Protocolo para casos de Maltrato, Acoso, Amenaza, Discriminación, Violencia Sexual o de Género (MAAD). Universidad de los Andes, Bogotá, 2019.
UNICAMP. Rede de Mulheres Acadêmicas da UNICAMP. Boas Práticas para a Promoção da Equidade de Gênero na UNICAMP. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2022.
UR. Protocolo de Prevención y Atención a Casos de Violencias Basadas en Género y Discriminación. Universidad del Rosario, Bogotá, 2020.
USP. Superintendência de Assistência Social. Protocolo de Atendimento Violência de Gênero contra as Mulheres. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.
Palabras clave:
direitos humanos; violências; universidades
Resumen de la Ponencia:
Este estudo tem como objetivo principal, analisar a partir da perspectiva do estudante evadido, a produção da evasão nos cursos de graduação da Universidade Federal do Paraná (UFPR), na relação dos estudantes com os demais atores da comunidade acadêmica. A base para a produção de informações da pesquisa é um questionário institucional, com questões abertas e fechadas, respondidas por 1.780 estudantes que não concluíram a graduação na UFPR. As informações produzidas serão submetidas a análise de conteúdo a partir de categorias emergentes das respostas apresentadas e serão discutidas com base nos fundamentos teóricos apresentados por pesquisadores brasileiros: Valdemar Sguissardi, João dos Reis Silva Junior, João Oliveira e dos franceses Pierre Bourdieu, Alain Coulon e François Dubet. A pesquisa parte do entendimento de que a evasão é um fenômeno complexo de causas multifatoriais que impactam individualmente ou conjuntamente em cada estudante e sinaliza a importância de olhar atentamente para as circunstâncias, rotinas e relações desenvolvidas no meio institucional como um aspecto de forte favorecimento do abandono universitário, assim a hipótese central da pesquisa é a de que a evasão institucional assume caráter naturalizado na universidade, isso é, passa a ser compreendida pelos participantes da comunidade acadêmica ou atores, como parte do processo educacional, algo inevitável. Ao ser produzida e perpetuada nas relações e rotinas do cotidiano pelos atores da comunidade, se transforma, intencionalmente ou não, em um instrumento de exclusão que responsabiliza exclusivamente a própria condição do estudante, principalmente aqueles das classes menos favorecidas, quais sejam, estudantes trabalhadores, estudantes mães, estudantes oriundos do ensino médio público e indivíduos que encontram dificuldades em dominar as ferramentas de construção dos saberes acadêmicos.Resumen de la Ponencia:
Acompanhando uma tendência mundial de expansão e complexificação dos sistemas de ensino, a educação superior brasileira transformou-se profundamente nos últimos 20 anos. Aqui, atravessando diferentes governos, o crescimento no número de instituições/matrículas ocorreu sobretudo após os anos 1990, tanto no setor público quanto no privado, porém distintamente em cada período. Por um lado, ampliaram-se as políticas de inclusão de novos grupos sociais no ensino superior público (i.e. FIES e políticas afirmativas), indicando maior democratização no acesso. Porém houve limites, sobretudo devido ao maior crescimento via setor privado, predominante no país desde os anos 1970, e no qual uma mentalidade empresarial forte, desconectada de ambições propriamente acadêmicas, já se destacava em várias instituições – muitas, hoje, conglomerados. A novidade: o fortalecimento do setor com fins lucrativos.Instituições educacionais privadas com fins lucrativos existem em várias regiões do mundo e têm se ampliado, ligadas a diferentes processos de internacionalização da oferta educacional, com crescente penetração de grandes corporações transnacionais, sobretudo em países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, como chamados os do sul global. O objetivo deste texto é o de refletir sobre essa problemática a partir do caso brasileiro, maior sistema de educação superior da América Latina, com a maior parte dos estudantes matriculados em instituições do setor privado, sendo o segmento com fins lucrativos um dos maiores (e em mais rápido crescimento) do mundo. Aqui, a predominância do setor privado com fins lucrativos possui peculiaridades: a maior parte dos estudantes estão aí matriculados, e o segmento cresceu, entre 2000-2010, 877%, deixando os setores sem fins lucrativos e o público em segunda e terceiras posições (crescimento de 121% e 89% respectivamente). Em 2014, o setor de educação superior com fins lucrativos contava com 54% das matrículas do setor privado, e 40% dos estudantes do sistema educacional - apoiado também em recursos públicos.Boa parte do intenso crescimento das instituições com fins lucrativos atual se explica por processos de financeirização – sendo a novidade, no Brasil, a penetração dos fundos financeiros na educação (Private Equity) e emissão de ações de instituições de ensino na bolsa de valores desde o final dos anos 1990 – que consolida instituições com estratégias agressivas de atuação e de funcionamento, como os grupos educacionais de capital aberto ilustram. Destacar-se-ão os principais resultados desse amplo processo, marcado por fusões, aquisições e reestruturação de instituições e formação de oligopólios (conglomerados), e os desafios colocados pela ampliação da mercantilização na educação e para a democratização do acesso ao ensino superior de qualidade por novos grupos sociais.Em termos metodológicos, o texto apoia-se em ampla revisão bibliográfica e documental para uma análise sociológica da gênese dos processos mais amplos ligados à recente financeirização e às suas consequências para o campo educacional na região.Resumen de la Ponencia:
O Brasil vivenciou forte expansão do ensino superior, com ampliação do número de vagas e cursos noturnos, além de uma maior diversificação no público estudantil (ALMEIDA FILHO, 2016; HERINGER, 2018; LLOYD, 2016). No âmbito das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) a partir de 2012 passou-se a ampliar, por meio da Lei nº 12.711/2012, a adoção de políticas de ações afirmativas (reserva de vagas), para inclusão de egressos do ensino público, parte destes negros, indígenas, e pessoas com deficiência. A Lei de Cotas, tornou-se um instrumento de promoção do acesso de grupos e populações que estiveram historicamente excluídos do ensino superior público (CABRAL, 2018; LIMA, 2018; SANTOS, 2019). Em paralelo às medidas de ampliação do acesso, cresceu também a demanda por uma política de assistência estudantil que pudesse favorecer a permanência e diplomação do público mais vulnerável que adentrava nas universidades. Nesse cenário, políticas de assistência aos estudantes que já eram desenvolvidas no Brasil desde 1930 (IMPERATORI, 2017), ganharam maior capilaridade com a instituição do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), que direcionou as ações da política, possibilitou incrementos na destinação orçamentária (FONAPRACE, 2012), e definiu como público prioritário os estudantes de baixa renda. Por entender que acesso e permanência são complementares, as reflexões aqui apresentadas concebem a política de ações afirmativas como uma reparação histórica para acesso ao ensino superior, e a assistência estudantil enquanto estratégia de combate às desigualdades socioeconômicas voltadas ao sucesso acadêmico. Isto posto, acredita-se que os estudantes ingressantes via reservas de vagas devem ser público prioritário da assistência estudantil que se transmuta em instrumento fundamental para o sucesso das ações afirmativas. Ademais, no cenário atual de limitações orçamentárias e escassez de recursos para a execução da assistência estudantil (SANTOS; ABRANTES; ZONTA, 2021), a necessidade de torná-la um mecanismo para reforço das ações afirmativas passa ser uma urgência. Embora o ingresso de um público vulnerável seja garantido pela lei, as trajetórias escolares são muito acidentadas, as desigualdades que os estudantes trazem das suas origens são mantidas na universidade, que enquanto instituição de ensino deve atuar para produzir equidade, oferecendo mais apoio para aqueles que mais precisam, de modo que estes consigam concorrer por melhores oportunidades dentro da universidade e posteriormente, no mercado de trabalho. Palavras-chave: Ensino Superior; Ações Afirmativas; Assistência Estudantil.Resumen de la Ponencia:
Los procesos migratorios, adquieren importancia dentro del escenario de la migración internacional, desde el punto de vista histórico, macro y micro social de los países con niveles bajos en igualdad de oportunidades, pobreza y marginalidad, donde el caso de los jóvenes migrantes y retornados, conllevan a estudiar, comprender y explicar un contexto, como Honduras. Las políticas en torno al retorno, dan cuenta de la gestión por parte de los Estados u organizaciones migratorias, que trabajan con el tema de mejorar la llegada de la población migrante a su lugar de origen o en el tercer país que se asienten. Sin embargo, para entender dichas políticas, que no son construidas de la nada, es necesario conocer la relación existente entre las políticas y la gobernabilidad sobre y para la migración.El retorno como problema social, se caracteriza por diferentes aristas sobre percepciones de quiénes se preocupan por la protección e inserción de los migrantes. La importancia para fomentar las redes y el tejido social (TS) demuestra que las formas de atender la migración retornada, no es nueva, sin embargo, los contextos latinoamericanos pueden, mostrar debilidad en la aplicación y aceptación social, de derechos humanos y responsabilidad, para aplicar estas acciones. Por ello, el objetivo de este estudio fue, analizar la construcción del tejido social y redes institucionales en las organizaciones migratorias desde su percepción al proceso migratorio y acciones de representación para inserción social-productiva de la población migrante retornada. Año 2020. Bajo la dinámica teórica de la fenomenología y análisis descriptivo, se pretendió mostrar la importancia del TS, como gran abanico de relaciones y/o vínculos institucionales, que favorecen y promueven la cohesión social basada en redes, tres tipos de configuradores del tejido social: comunitarios, institucionales y estructurales. El tema de investigación conllevo a resolver ¿Cómo se han construido los configuradores del tejido social y las redes institucionales, en las organizaciones migratorias? Se entrevistaron individualmente a 12 representantes de organizaciones, se utilizó muestro por conveniencia y creación metáforas. Los resultados, se destacan, el trabajo no continuo de las organizaciones, es decir, el tejido social para la protección aún no cumple el trabajo colaborativo, “un tejido social como isla, no cohesionador”. De acuerdo con los configurativos del tejido social y al reto de acciones en red, se priorizo que no existe un pacto social institucional, desde las competencias para el desarrollo humano e inclusión social, y la visibilidad de respuestas reales a necesidades y propias vivencias de poblaciones migrantes atendidas. Además, se evidencio importancia sobre el enfoque de derechos y ayuda humanitaria, para los proyectos y programas sobre la migración, las poblaciones y familias migrantes, teniendo en cuenta el replantear y reforzar ese enfoque en para construir un tejido social sólido y empático.Resumen de la Ponencia:
Línea temática: Alcances e impactos sociales del accionar de las organizaciones de la sociedad civil que apoya a población migrante y refugiada.La presente ponencia es el resultado de tres años trabajando con el Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (organización de la sociedad civil dedicada a defender y promover los derechos de las mujeres migrantes y sus familias en México desde un enfoque de género y derechos humanos) y con el Grupo de Identidad y Educación (red de organizaciones, albergues y academia en México)Mi colaboración dentro de la organización y la red se llevó a cabo en el área de políticas públicas donde trabajé directamente en temas de incidencia para el acceso a documentos de identidad de personas migrantes. La importancia del reconocimiento a identidad radica en que es la llave para acceder a otros importantes derechos como salud, educación, trabajo, vivienda etc. Sin embargo, al no reconocer este derecho, la llave se transforma en un candado, ya que sin un documento que acredite la identidad no es posible acceder a derechos y servicios básicos ni realizar trámites de ninguna índole. Mediante la recopilación de minutas de reuniones con la red, foros nacionales, investigación cuantitativa y testimonios abordaré los alcances logrados por las organizaciones, los retos a los que se han tenido que enfrentar, las estrategias que adopta la sociedad civil y la respuesta de las instituciones gubernamentales.Resumen de la Ponencia:
Es mi interés presentar los resultados de mi investigación sobre la vulnerabilidad de las personas migrantes centroamericanas que pasan por México, de la cual propongo una “doble cara” que no puede entenderse sin problematizarla, por un lado, desde una noción de asimetría, es decir, que la vulnerabilidad entre grupos migrantes es desigual, siendo las mujeres, las mujeres trans, y las niñas y niños, los grupos más vulnerables en comparación con los varones; por el otro lado, retomando la noción de ética de la alteridad de Emmanuel Levinas, la vulnerabilidad también se ve expresada en la medida en que la sociedad civil, voluntarios, entre otros grupos, ofrecen ayuda humanitaria, desde una conciencia hospitalaria del “amar y servir”, hacia las personas centroamericanas que llegan a los albergues, en este caso, “Hermanos en el Camino” ubicado en Ixtepec, en el estado de Oaxaca.La metodología empleada para está investigación fue de corte cualitativa y las herramientas de recopilación de datos consistieron en la observación participante como voluntaria en el albergue durante semana y media, además de la aplicación de entrevistas con preguntas semiestructuradas, principalmente hacia mujeres y hombres que se encontraban en el lugar al momento de mi trabajo de campo, además de realizar una entrevista al psicólogo del albergue.Como conclusiones, expongo que la vulnerabilidad no solo es una característica inherente a estos grupos migrantes que los posiciona como blanco fácil de múltiples violencias, sino que al profundizar sobre esta categoría, encontramos que dentro de esos mismos grupos, la vulnerabilidad es asimétrica y se ve atravesada por marcadores sociales como la raza, la clase, la no-ciudadanía y, para el caso de las mujeres centroamericanas, también por el género. Sin embargo, ante la necesidad de estás personas, existen otros grupos sociales que, lejos de estigmatizar a estas personas, les brindan apoyo, precisamente porque esa misma vulnerabilidad es un llamado a nuestra sensibilidad como seres humanos que nos vuelve responsables ante aquellos y aquellas que lo necesitan.Resumen de la Ponencia:
Durante o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, relações multilaterais estão sendo desfeitas e sendo evitadas, tendo como justificativa seu discurso nacionalista e autodeclarado como patriótico. Um dos primeiros acordos rompidos pelo governo foi o Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular, que havia sido assinado no ano de 2018, no governo de Michel Temer. Diante dessa situação, o objetivo deste resumo é apresentar brevemente o resultado de uma pesquisa que buscou compreender os motivos que levou o governo brasileiro a sair do Pacto Global para a Migração e as reações junto às sociedades civis organizadas que trabalham com o amparo de imigrantes no país e as repercussões pelos meios de comunicação, principalmente através dos jornais digitais. Para o levantamento das informações foi utilizada a pesquisa bibliográfica, a pesquisa hemerográfica e análise de conteúdo e de discurso com o auxílio do Software NVivo. Nesta análise de discurso e pesquisa bibliográfica, foi possível notar que o governo tem demonstrado as suas intenções neoconservadoras, com a saída de acordos multilaterais e priorizando acordos bilaterais, principalmente com os Estados Unidos do ex-presidente Donald Trump e outros países de cunho ideológicos semelhantes. As instituições que trabalham no amparo aos migrantes declararam-se com grande insatisfação com a saída do Brasil do Pacto. Enquanto a mídia demonstrou preocupações quanto às relações externas do país, principalmente com o histórico do país em relação a Organização das Nações Unidas (ONU).Resumen de la Ponencia:
La migración es un fenómeno presente en el imaginario social desde hace algunos años en Venezuela, identificándose periodos de migración según estrato social en los últimos 5 años. Los primeros que comenzaron a migrar fueron los grandes capitales, posteriormente una clase media profesional y la última ola ha estado protagonizada por los sectores populares. Cada una de las olas tienes características propias tanto coyunturales como de clase social, por lo que no se trata de un fenómeno homogéneo a lo largo de 20 años. La más reciente ola migratoria ha sido la de mayor impacto tanto en la región como a nivel nacional, fenómeno que nos ocupa en este momento. Las rutas, flujos y destinos de la última ola migratoria se han caracterizado por cambios constantes, que se han podido recolectar a través de una investigación en la parte alta de La Vega en la ciudad de Caracas. El objetivo de esta investigación que aun continua en campo, consiste en comprender las dimensiones de la migración de jóvenes entre 20 y 39 años durante los últimos 5 años, sus implicaciones dentro de la comunidad de origen, como la conformación de redes de apoyo tanto para la movilidad como para la gestión de acciones de la vida cotidiana en las familias del lugar de destinos, entre otros aspectos. Para lograr el objetivo, se realizó un censo de la comunidad y se entrevistaron a familias que tenían en su núcleo a personas emigradas. También se logró contactar a personas emigradas y retornados, por lo que se tiene un amplio espectro del contexto. La triangulación de las distintas perspectivas de los sujetos permitió identificar cuestiones como las perspectivas de la movilidad en un sector popular tan característico, radical ruptura con la política tradicional, reproducción de la desigualdad en el lugar de destino, entre otros aspectos.Resumen de la Ponencia:
Ante la crisis financiera de 2008 y la implementación de políticas migratorias restrictivas en Estados Unidos, el retorno voluntario y forzado se ha convertido en una particularidad del retorno de mexicanos al país. Podemos encontrar en este contingente de personas a jóvenes que regresan a México al ver coartada la oportunidad de continuar sus estudios universitarios. Se trata de jóvenes que cuentan con experiencia educativa en ambos países, hijos de mexicanos, ya sean nacidos en México o en Estados Unidos, tienen un excelente dominio del inglés, así como una identidad que difiere de aquellos pares que no han tenido esta experiencia. Si vemos el retorno de los jóvenes como una etapa más de su trayectoria migratoria, es posible que entendamos cómo su vida se desarrolla más allá de las limitaciones de nacionalidad, fronteras y políticas que pueden entorpecer el desarrollo de su vida escolar, social y laboral. Así pues, es importante tener en mente que las prácticas trasnacionales tienen implicaciones en lo macro, micro y en lo meso tanto en la economía nacional, familiar y local, como en las relaciones personales, sociales y familiares, la política de los estados, así como de los países. Sin dejar de lado que la juventud es influida por sus contextos, se encuentra en constante construcción, y que sus identidades son un conjunto de sus prácticas, utopías y proyectos. El presente escrito tiene como objetivo examinar las practicas transnacionales que presentan estos jóvenes; para de esta manera conocer como sus estrategias, su identidad y los mercados laborales en donde se desarrollan influyen en sus planes personales y profesionales una vez terminada su licenciatura.La metodología seguida para esta investigación se dividió en tres fases. La primera de ellas es una encuesta realizada en las facultades de la Universidad Autónoma de Sinaloa para identificar en que licenciaturas se encontraban los jóvenes retornados. Una segunda fase donde se realizan entrevistas de historias de vida a 6 jóvenes estudiantes que se encuentran en su último año de la licenciatura y finalmente un estudio longitudinal a los mismos estudiantes un año después de graduados, así como el uso de un grupo de discusión.Resumen de la Ponencia:
A imigração haitiana ao Brasil vêm surpreendendo devido sua constância e volume a despeito da queda da atividade econômica brasileira iniciada em 2016. Compensando em parte as frustrações com o mercado de trabalho restrito e seletivo, com os baixos salários e mesmo com o desemprego, os serviços públicos de educação e saúde ofertados pela União, estados e municípios vêm constituindo-se importantes fatores de proteção social e desejo de permanência no Brasil, sobretudo para famílias cujos pais conseguiram vagas no ensino superior de ensino e cujos filhos estão matriculados no ensino primário ou médio. Contudo, a imigração haitiana é ainda muito recente e raros são os estudos que relacionam as trajetórias educacionais no sistema público (cursos de língua, técnicos ou superiores realizados), os tipos de inserção profissional e os processos integrativos gerais. A presente comunicação apresenta os resultados de uma investigação realizada nos anos de 2020 e 2021 sobre a relação entre percursos educativos e trajetórias profissionais. Como referencial teórico, utilizou os conceitos de habitus imigrante e capital migratório desenvolvidos a partir da Teoria da Prática de Pierre Bourdieu. Em termos metodológicos, procedeu-se à coleta de dados de emprego e educação sobre haitianos residentes na cidade de Curitiba e seus arredores e foram realizadas entrevistas com um grupo de jovens haitianos, homens e mulheres, que frequentaram cursos de língua portuguesa e concluíram sua formação universitária na Universidade Federal do Paraná nos últimos anos. Em conclusão, pode-se afirmar que aqueles imigrantes socializados para emigração e que haviam acumulado certo capital migratório, lograram mais sucesso em seus percursos formativos, técnicos ou universitários. Contudo, devido à grave crise econômica vigente no Brasil, nem todos tem os entrevistados obtiveram empregos compatíveis com sua formação, o que tem levado alguns deles a realizar novos projetos migratórios.Resumen de la Ponencia:
En las últimas dos décadas, la migración forzada por razones políticas y económicas se convirtió en una clave de lectura original de los procesos represivos en la historia reciente de América Latina, como una forma específica de violencia política y como un “hecho social total” que engarza con múltiples cambios sociales y demográficos. En la Argentina, este campo de estudio recibió un renovado impulso con las organizaciones de los llamados “hijos del exilio”, partiendo de investigaciones sobre las principales comunidades de diáspora que se formaron durante la última dictadura militar. Nuestro propósito es reconstruir el caso aún inexplorado del exilio argentino hacia Alemania Federal, desde una perspectiva socio-antropológica y partiendo de un registro tanto estadístico como testimonial. Si bien Alemania Federal fue un destino minoritario del exilio argentino, esta corriente se caracterizó por una dinámica exiliar multifacética: mientras el gobierno de este país accedió a la recepción de asilados argentinos de una manera tardía (hacia fines de 1978), desde los inicios de la represión estatal existió un activo movimiento de solidaridad, interpelando la llamada “diplomacia silenciosa” del gobierno germano y organizando la recepción de los primeros exiliados. Esta primera etapa se desarrolló de una manera subrepticia, protagonizada por personas poseedoras de la ciudadanía alemana —entre ellas familias de origen judío-alemán con varias generaciones atravesadas por la migración forzada—, así como refugiados que ingresaron a través de las redes de solidaridad articuladas de manera ad hoc por el movimiento ecuménico internacional. El caso alemán, en particular, nos reenvía a la importancia que tuvo el activismo humanitario de las minorías religiosas protestantes para articular las primeras redes de exiliados en y más allá del Cono Sur militarizado, en un contexto nacional donde la defensa de los derechos humanos resultaba un discurso ajeno al grueso de la sociedad civil. Entendiendo al exilio-retorno como un proceso de transformación de las identidades, buscaremos aproximarnos a la experiencia subjetiva e intersubjetiva hecha por el contingente de presas y presos políticos que recibieron asilo después de 1978, y que fueron integrados de manera activa a los entramados sociales de los activistas alemanes solidarizados con los refugiados latinoamericanos. Buscamos describir la trayectoria, los sentidos e identidades producidos por la situación de exilio y de retorno —tanto para la generación de los adultos como de los hijos en el exilio—, comprendiendo la migración forzada como una experiencia marcada por múltiples desanclajes entre lo objetivo y lo subjetivo, y de redefinición de las cartografías simbólicas de la identidad. Entendiendo, además, que la experiencia exiliar adquiere su inteligibilidad considerando factores socio-culturales de clase, étnicos, de género, así como las relaciones inter- e intrageneracionales en las biografías marcadas por la represión y la migración forzada.Resumen de la Ponencia:
A Internet é um espaço virtual de interação que incentiva a criação de comunidades. Pode diminuir a distância e o tempo de interações entre os indivíduos por meio das tecnologias da informação (TICs) e seus subprodutos como os hardwares (celulares, tabletes, computadores) e os softwares (whatszapp, facebook, instragram, skype, dentre outros). Quando se trata de migrantes, a internet facilita a formação de comunidades online com vários fins, que podem ser desde da formação de grupos para ajuda mútua (retirada de documentos, locais para aprender língua local, oferta de empregos, moradia de forma facilitada sem necessitar de imobiliárias), grupo de jogadores de um game qualquer ou grupos de relações afetivas em um local que não é limitado pela distância física e geográfica. Chegando em território brasileiro, alguns venezuelanos criaram canais de comunicação comunitária na rede social virtual Youtube com intuito de informar, acolher e auxiliar outros migrantes na adaptação ao local de chegada. Os migrantes criaram vídeos sobre a cultura local, dicas de aprendizagem da língua portuguesa, retirada de documentos, custo de vida em determinada cidade, requisição de auxílios do Estado, locais turísticos para visitar, supermercados com valores mais acessíveis e formas de enviar renda (e conversão de moedas) para familiares na Venezuela. Essa nova dinâmica da diáspora online é chamada de webdiáspora e são páginas em redes sociais virtuais, vídeos blogs, comunicação instantânea, novas formas de remessa de renda ou qualquer mídia criada exclusivamente por migrantes em diáspora. É organizada em torno de um ou mais elementos culturais compartilhados (como língua, religião, etnia), e é destinado a membros da comunidade em diáspora e também para à população que se manteve na terra natal e procura informações para iniciar o ato de migrar. A internet, por meio das redes sociais virtuais, permite a produção de narrativas próprias que podem ser compartilhadas com milhares de pessoas, atenuando o sofrimento de quem fala e também de quem escuta/assiste. Também auxilia na manutenção dos vínculos do migrante com seus entes na terra natal por meio de recursos midiáticos inovadores. Essa pesquisa inquiriu oito migrantes venezuelanos que criaram conteúdo online para a rede social Youtube e também analisou as redes sociais virtuais deles com a utilização do software Nvivo12.Resumen de la Ponencia:
La violencia, las desigualdades y la pobreza, son algunos de los factores que permiten explicar algunas de las causas que caracterizan a Centroamérica como una de las principales regiones expulsoras de población. Si no fuera suficiente esta vida azarosa que muchas de las veces obligan a migrar, las y los migrantes enfrentan el rechazo de las sociedades receptoras y de tránsito. La estigmatización del migrante, las políticas migratorias y la inseguridad en el tránsito, son algunos de los elementos que sitúan a las y los migrantes en condiciones de vulnerabilidad a lo largo de las rutas migratorias. No obstante, a lo largo de éstas se generan y presentan solidaridades, apoyos y acompañamientos; se tejen redes, algunas de ellas conformadas por grupos de ayuda que brindan cuidados y atención a esta población en movilidad, como lo son los albergues. Asimismo, se reconoce la importancia que tienen las redes familiares, de parentesco o de amistad que las y los migrantes, tienen en los países de origen, tránsito y destino mismas que, van facilitando o aminorando muchas de las veces los riesgos de la movilidad en países ajenos o distintos a los de residencia.Por ello, es de interés en el presente trabajo generar un acercamiento al territorio de tránsito que es México identificando entre otros, desde la narrativa de aquellos que migran, centroamericanas y centroamericanos; motivos para dejar su país de origen, redes con las que cuentan y capitales que movilizan e intercambian durante su andar por el territorio mexicano. Lo anterior, para reconocer entre otros el papel que estos factores tienen para que la y el migrante logren cumplir el objetivo propuesto al salir de la región centroamericana. Con observación participante y entrevistas semiestructuradas realizadas al interior de dos albergues en la ciudad de México; la Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes, Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes CAFEMIN y el Albergue Casa Tochan, reconstruimos algunas de las prácticas de cuidados que se brindan a los migrantes centroamericanos en estos espacios. Así mismo, se retoman desde los testimonios y narrativas de algunos centroamericanos que recibieron algún tipo de cuidado en estos espacios, parte de la experiencia de tránsito por nuestro país.Resumen de la Ponencia:
A presente tese tem como preocupação central a questão sobre como a formação dos haitianos ainda em contexto emigratório no Haiti e nos países de migração anteriores ao Brasil contribui para delinear suas trajetórias migrantes na cidade de Curitiba/PR. Para respondê-la toma oconceito de capital, tal como formulado na linha bourdieusiana, como ferramenta central de operação e análise da relação de acumulação/incorporação de recursos e seus investimentos estratégicos na trajetória migratória. O trabalho mobiliza ainda suas variantes capital mobilidade e de habitus migrante, trazendo a perspectiva de trajetória para a perspectiva de formação continuadade agentes que se constituíram para a migração. O contexto de partida da pesquisa são os projetos de acolhimento Português Brasileiro para Migração Humanitária (PBMIH) e o Programa Migração e Universidade Brasileira (PMUB), no período entre 2017 e 2019, variando em sua escala de análise desde dados quantitativos e estatísticos até os vieses mais etnográficos a respeito das relações com afamília, as remessas, o trabalho, a faculdade, e os demais migrantes e nativos. A proposição que norteia a tese é de que as inserções diferenciais dos imigrantes na sociedade de acolhimento se devem ao modo como investem e se apropriam dos recursos que são disponíveis no PBMIH e demais espaços sociais, esse investimento, por sua vez, varia segundo a constituição social dosimigrantes antes dessa etapa migratória. A pesquisa se insere no campo das discussões em torno das migrações haitianas ao Brasil. Ao privilegiar as diferentes relações e ações estratégicas dos migrantes haitianos, pretende contribuir para os estudos sobre os modos diferenciais de inserção dos migrantes em Curitiba e Região Metropolitana. São quatro momentos metodológicos queorganizam a exposição: primeiro a reconstrução da migração haitiana ao Brasil e de sua história como diaspora. Depois reconstrução do espaço objetivo em que os migrantes se inserem, isto é, o contexto espaço temporal da migração haitiana à Curitiba e RMC e sua relação com o PBMIH. Um terceiro momento remonta as origens do PBMIH e do PMUB, tendo os haitianos como protagonistas assim como os voluntários que se ofereceram a construção desse projeto, o seu funcionamento interno e a estrutura e m que são dispostos os capitais para apreensão estratégica dos migrantes. O quarto movimento investe sobre as falas de oito haitianos entrevistados, para então se analisar suas disposições e trajetórias no destino migratório tendo como eixo a passagem pelo PBMIH e o PMUB.Resumen de la Ponencia:
O artigo apresentado é derivado de pesquisa sobre a gestão realizada pelo Governo Federal Brasileiro para atender ao fluxo migratório de venezuelanos na fronteira entre Brasil e Venezuela, no estado de Roraima, no período de 2017 a 2020. Os objetivos deste texto recaem para análise da indústria migratória no território de fronteira brasileira, no contexto das ações emergenciais ao fluxo migratório venezuelano. Foram utilizados múltiplos instrumentos de coleta de dados tais como: site da Operação Acolhida, atas de reuniões do CFAE, planilhas das Agências da ONU e registro próprio da pesquisadora por meio de atividades de campo. Com o aumento dos fluxos migratórios de haitianos e venezuelanos, em especial com atuação da Operação Acolhida, passa-se, a registrar a presença de um número significativo de entidades que colaboram com as ações desenvolvidas no processo migratório venezuelano, especialmente nas estratégias de acolhimento institucional e interiorização. A atuação de um número intenso de pessoas, voluntárias ou não, associada ao conjunto de recursos financeiros empreendido na Operação Acolhida recolhem o véu que desvenda uma categoria em cena e que se posiciona como uma peça importante na engenharia dos fluxos migratórios, a chamada indústria migratória. Os resultados indicaram que de um conjunto de 213 instituições, empresas, entidades e outras organizações catalogadas e que possuem participação nas ações do fluxo migratório venezuelano, 65% são da sociedade civil e congênere, 14% são de entidades religiosas, 12% de outros (incluindo empresas do setor privado) e 6% compõem o serviço público da União. Em 2018, o Plano Regional de Resposta a Refugiados e Migrantes Venezuelanos (PRRM) – Plataforma Brasil continha cerca de 20 organizações em sua composição, 9 das quais eram parte do Sistema ONU no país (ACNUR, OIM, ONU Mulheres, PNUD, ONU Meio Ambiente, UNESCO, UNFPA, UNICEF e UNODC) e outras 11 eram da sociedade civil. O maior recurso empreendido no ano de 2018 foi do governo federal brasileiro (destinado em grande medida ao Ministério da Defesa) e nos anos seguintes, há uma tendência de queda no investimento desses recursos e, por outro lado, a ONU apresenta uma tendência de aumento de recursos. A Operação Acolhida inicialmente idealizada apenas como uma ação humanitária, passa a revelar a presença de diversas influências, sejam elas com viés mercantilista ou não, um cenário em que, além da conjuntura que apresenta o aprofundamento da refração do Estado com as políticas sociais brasileiras, sofre influências de entidades da sociedade civil, instituições religiosas, empresas privadas, organismos internacionais que orquestram a indústria da migração, a qual também é influenciada por questões geopolíticas em ambiente contraditório. Palavras-chave: Migração. Fluxo migratório. Política social. Indústria migratória.Resumen de la Ponencia:
Este ensaio apresenta os contornos da política de atendimento às pessoas solicitantes de refúgio e refugiadas no município do Rio de Janeiro, após o brutal assassinato do refugiado congolês Moïse Kabagambe, em janeiro de 2022. Os processos decisórios que envolvem a formulação de políticas estão relacionados às problematizações da realidade. Rua (1998) entende políticas públicas como “conjunto de decisões e ações destinadas à resolução de problemas políticos” (p. 731); e contrapõe a ideia de “problemas políticos” à condição de “estado de coisas”. Somente quando alcançam a condição de problemas de natureza política ocupantes da agenda pública alguns processos de natureza social abandonam o “estado de coisas” (Sposito e Carrano, 2003). De modo geral, o momento de formulação de uma política é quando se estudam as formas de resolução e as alternativas possíveis para algum tema que se torna prioridade para as autoridades constituídas (Paiva, 2014). Nosso estudo identifica que as ações voltadas às pessoas em situação de refúgio no município do Rio de Janeiro, ao longo dos últimos anos, estruturaram-se de forma frágil, de alcance ainda muito restrito, executadas principalmente por instituições não governamentais de cariz religioso, e com descontinuidades. A repercussão midiática sobre o caso Moïse produziu grande mobilização social, impondo aos policy makers a urgência de responder à demanda por uma política pública de acolhimento que alcançasse não apenas à família do jovem assassinado mas também ao conjunto de refugiados residentes no município. Ainda em 2018/19, através da política de assistência social, se estruturou um protocolo que visava instituir fluxo de atendimento aos migrantes (dentre eles os solicitantes e pessoas refugiadas) em serviços e benefícios já existentes. Este documento (MigraRio), importante para a institucionalização de ação estatal, não levantava as necessidades específicas para atenção especial no interior das políticas mais universais já existentes. Após a morte de Moïse foi instituído o Comitê Municipal de Políticas de Atenção às Pessoas Refugiadas, Imigrantes e Apátridas (COMPAR-Rio) e o Programa de Auxílio ao Refugiado. O auxílio, contudo, é restritivo: limita-se aos que sofreram violência por sua condição de refúgio - demandando comprovação por parte de quem sofre a violência - além de não contemplar menores de 18 anos. Essas duas restrições explicitam visões estigmatizantes sobre a condição de refugiado, desconsideram que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e têm capacidade de agência sobre sua condição de refúgio e também viola a lei nacional que garante a solicitantes de refúgio os mesmos direitos que às pessoas com status de refugiadas. Neste sentido, mapeia-se processos históricos e políticos recentes do município do Rio de Janeiro em interface com eventuais ações estaduais bem como processos e fenômenos sociais que indicam, ainda de forma incipiente, a transposição de estado de coisa para problema político.Resumen de la Ponencia:
El objetivo de la presente ponencia es indagar sobre los diversos cambios en las tendencias migratorias de la diáspora colombiana desde 2018. Como resultado de las transformaciones sociopolíticas marcadas por acciones convulsionadas que han ido desde procesos de protesta social al nivel regional, atravesando escenarios de alta volatilidad económica y diplomática marcados por los diversos conflictos en el plano global, hasta los elementos derivados de la pandemia de Covid-19, han redibujado las diversas lógicas migratorias a lo largo de las diversas realidades continentales. A contrapunto de la tendencia global hacia el cierre migratorio, Colombia ha sido un caso notable de apertura y avance en procesos de recepción de migrantes derivado de la emergencia humanitaria provocada por el éxodo venezolano entre 2015 y 2020. Una muestra de esta tendencia política, en la que se avanzó lógicamente en unidad de materia, se daría en la articulación de los Conpes 3603 de 2009 para el establecimiento de una Política Integral Migratoria, junto con el Conpes 3950 de 2018 para la atención de la migración venezolana, y la Ley 1565 de 2012 sobre retorno migratorio, entre otros, con la creación de la Ley 2136 de 2021 que reglamenta la PIM. No obstante, los procesos de seguimiento del comportamiento migratorio establecidos con la conformación del Sistema Nacional Migratorio siguen teniendo serias limitaciones en la percepción de nuevas tendencias migratorias que van más allá del establecimiento comunitario de los colombianos en el exterior. Se espera que el espectador pueda tener un conocimiento más profundo sobre los eventos recientes de la diáspora colombiana, y los posibles nuevos factores que incidan a futuro en el comportamiento de estos movimientos humanos.Resumen de la Ponencia:
La migración sur-norte que fluye por el subcontinente latinoamericano ha vivido importantes particularidades en los últimos 10 años. Las caravanas migratorias que iniciaron a finales de 2018 muestran una nueva forma de migrar. Estos movimientos migratorios se constituyen en verdaderos ríos humanos, logrando una gran visibilidad a nivel mundial. Al tiempo, el subcontinente vive el flujo de poblaciones extra-continentales y caribeñas que se concentran en el Tapón del Darién, norte de Colombia. Este paso fronterizo se ha convertido desde hace cerca de 10 años, en ruta de miles de migrantes que intentan llegar a los EEUU. Personas que en su paso por Centro América, se suma a las caravanas migratorias. Las personas que se aglomeran en esta frontera, tienen orígenes muy diversos se cuentan alrededor de 50 nacionalidades. Las trayectorias pueden durar años, testimonios hablan de 3 y hasta 5 años, desde el momento de salir de su lugar de origen hasta llegar a la frontera con los EEUU. Todos los lugares de origen son territorios del sur. Territorios agobiados por la guerra, sobreexplotados en sus recursos naturales. Violentados por las estrategias económicas, políticas y geopolíticas de quienes detentan el poder en el mundo hoy. El abordaje metodológico para comprender este problema, se diseño en tres etapas. La primera se concentró en la indagación de fuentes estadísticas particularmente la oficina de migración de Panamá, rastreando la información que reposa allí sobre los migrantes que se identifican al atravesar la frontera entre Colombia y Panamá por la selva del Darién, en este mismo momento se realizó una indagación del estado de la cuestión que permitió encontrar los ejes de acuerdo y las diferencias en los distintos abordajes del problema. En un segundo momento, se realizaron entrevistas directas a migrantes que por las carreteras de Colombia intentan llegar a esa frontera y en tercer lugar, se triangula la información logrando hallar algunos pistas que expliquen el surgimiento y el crecimiento en los últimos años de este nuevo punto crítico en la migración sur-norte.Las legislaciones migratorias alrededor del mundo se caracterizan, entre otras cosas, por ser normas que tienen como base, la solución de las necesidades económicas de los territorios de recepción, fortalecer los intereses geopolíticos, profundizar las relaciones de dominación y hegemonía de las naciones más poderosas del mundo, desde esta perspectiva, se fortalece la militarización de las fronteras y se profundizan las restricciones para la movilidad de la población. Las restricciones a la movilidad de la población en dirección al norte global, impulsa el surgimiento de nuevas rutas migratorias, fortalece las organizaciones delictivas que controlan los territorios de paso, complejiza las fronteras transitorias y definitivas e incrementa el costo y el riesgo de migrar e intensifica la migración sur-sur.Resumen de la Ponencia:
Las personas inmigrantes latinoamericanas llegaron a España entre la última década del siglo XX y el primer lustro del siglo XXI, cuando por lado, se requería hacer frente a la necesidad de mano de obra por el boom económico que se estaba viviendo y por otro, se volvía más complicado, costoso y arriesgado entrar a Estados Unidos debido al reforzamiento de los controles migratorios y al sellamiento de la frontera con México. En 20 años entre 2000 y 2020 se convirtieron en el colectivo regional de inmigrantes más importante residente España, superando los tres millones de personas.Los llamados por algunos autores como los “preferidos”, vivieron una época dorada hasta la crisis mundial de 2008, por más de una década el crecimiento se contrajo y cuando comenzaba a recuperarse llegó la pandemia del SARS-CoV-2 en 2020. En este contexto nuestro estudio tiene como objetivo general conocer el efecto de la coyuntura del SARS-CoV-2 en el empleo entre las personas inmigrantes latinoamericanas residentes en España. Además de dos objetivos particulares, estimar los niveles de desempleo antes y durante la pandemia del SARS-CoV-2; y evaluar cómo se modificaron las condiciones laborales durante la pandemia del SARS-CoV-2 con respecto a otros colectivos de inmigrantes originarios de otras regiones del mundo.Para alcanzar los objetivos propuesto se utilizó como fuente de datos principal la Encuesta Nacional de Empleo (EPA). Una fuente de información especializada en la medición del empleo en España, se realiza con una periodicidad trimestral, de tal forma que se completan al año cuatro levantamientos, sus datos derivados tienen representatividad nacional y es realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre los resultados principales decantan: un efecto negativo en el empleo entre las personas inmigrantes latinoamericanas residentes en España, tras el SARS-CoV-2; poseer la nacionalidad española fue un facto determinante para registrar una menor tasa desempleo, entre otros.Resumen de la Ponencia:
La presente propuesta de investigación denominada “Visibilización de la situación de los desplazados ambientales en el contexto del antropoceno, desde una visión metodológica socioecológica.” surge de una inquietud personal por profundizar en el tema de las interacciones de la migración en el contexto socioecológico. Concretamente esta investigación califica en el Grupo de Trabajo 22 – Migraciones, Refugio y otras Movilidades.Este tema, atiende la línea que comprende la temática englobada en análisis de los procesos de gobernanza en torno a las migraciones, enfocado a los desafíos de sostenibilidad; desigualdad territorial y trabajo; las políticas ambientales; campesinado, relaciones urbano-rurales, y periurbanización; los conflictos territoriales; y las consecuencias ambientales de las dinámicas demográficas. Lo anterior abreva a los esfuerzos de investigación respecto a los refugiados climáticos, contextualizando éstos en la perspectiva del antropoceno. En la presente investigación, el término antropoceno se entenderá como una nueva época donde la humanidad está dando forma a toda la biosfera a través de las actividades antropogénicas (Steffen et al., 2011), y en la que se elige de referencia al Centro de Resiliencia de Estocolmo(Stockholm Resilience Centre)[1].El concepto antropoceno fue acuñado por Paul Crutzen en el año dos mil (Crutzen, P., 2002; Crutzen & Stoermer, E., 2000) durante una reunión para revisar los primeros diez años de investigación del Programa Internacional Geosfera-Biosfera (IGBP). La Organización Mundial de la Salud coindice con Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en que la evidencia científica demuestra que hemos alterado la salud humana al alterar la salud de los ecosistemas (Organización Mundial de la Salud, 2021) hasta tal punto que hemos empezado a trasgredir los límites planetarios.Juntos, científicos de todas partes del mundo han demostrado que cada vez estamos más cerca de un colapso planetario y, que hemos traspasado, al menos cuatro de estos límites: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la carga de nutrientes o contaminación, y la acidificación de los océanos (Steffen et al., 2020), es en este contexto que se producen migraciones debido al cambio global que representa el antropoceno.Finalmente, se buscará realizar una descripción de los desplazados por el clima, en función de los límites planetarios; para complementar esta ponencia se explicitará que no existe acuerdo internacional sobre la denominación de los “climigrantes” y eso conlleva consecuencias grandes en cuanto a la protección que pueden recibir. En el derecho internacional no figura el concepto refugiado medioambiental, de ahi la importancia de la emergencia de este tema en la actualidad. [1] The Stockholm Resilience Centre (Centro de Resiliencia de Estocolmo) es un centro internacional interdisciplinario de investigación de los sistemas socioecológicos, es decir, los sistemas en los que el ser humano y la naturaleza son estudiados como un conjunto integrado. Ver https://www.stockholmresilience.org/Resumen de la Ponencia:
Este estudio abordará dos dimisiones: primero, las trayectorias de los migrantes de su vivencias en sus estancias temporales y segundo, analizar los marcos jurídicos y programáticos donde se estudian los papeles de los tres órdenes federal, estatal y municipal en tres temas fundamentales; gobierno abierto, migración y mujeres a partir de la legislación vigente, los programas que de ella derivan y las instituciones encargadas de operar estos programas en la entidad mexiquense. La perspectiva teórica con la que se trabajará será desde la percepción del gobierno abierto, migración y mujeres. Para ello se realizó un acercamiento a la vida cotidiana de mujeres migrantes retornadas y ver la interpretación de su acción y su experiencia (Schütz, 2008) desde el constructivismo (Berger y Luckman, 2011). Es importante describir las formas de vida cotidiana en paralelo de los dos países. El contextualizar el análisis constructivista es revelar las diversas capas de experiencia, y las distintas estructuras de significado que intervienen. Este enfoque empata con la idea sustancial del gobierno abierto basada en la participación colaborativa en la construcción de políticas consensadas que permita rescatar las acciones en políticas dirigidas a las mujeres en migración y su salud. Lo que nos interesa aquí es el carácter intencional común de toda conciencia de estas mujeres (Berger y Luckman, 2011: 36). Utilizando como técnicas la “observación participativa”, y la “historia de vida” a través de entrevistas semiestructuradas y reconstrucción de distintas trayectorias captadas en un diario sociológico (Taylor y Bodgan,1987).Resumen de la Ponencia:
En esta ponencia afirmamos que la perspectiva de género en la atención humanitaria y su evaluación participativa se sigue concibiendo como un enfoque sin materializarse en las formas en cómo se define la atención, se ejecuta y se evalúa. Para llegar a esta afirmación realizamos un análisis de caso del “Plan de respuesta del sector salud al fenómeno migratorio” desde una perspectiva de género e interseccional, y del informe “Desigualdades en salud de la población migrante y refugiada venezolana en Colombia” elaborado por Profamilia y USAID durante el 2020, además de entrevistas semi-estructuradas con énfasis en la atención de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes venezolanas en Colombia. En este análisis encontramos que el Plan del Ministerio de Salud no incorpora de manera transversal la participación, además tampoco incluye acciones concretas y financiación para que la población migrante incida en el diseño, ejecución y evaluación en estos planes de intervención hacia ellos mismos. No involucra actores externos para su evaluación, ni metodologías claras para la misma, así como la socialización tanto de los procesos de intervención como de participación de la comunidad migrante en Colombia. Además, aún siendo las condiciones de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos una alerta temprana para la atención humanitaria y su evaluación participativa, el estado colombiano omite esta alerta y no prioriza su intervención en su Plan de 2019.Resumen de la Ponencia:
Actualmente Colombia se ha convertido en un importante escenario para los flujos migratorios mixtos en la región latinoamericana y en una ruta fundamental para los movimientos de migración en tránsito que buscan llegar al norte del continente americano. Si bien las rutas que utiliza la población migrante en tránsito son diversas y conectan por aire y tierra con países fronterizos como Ecuador, Brasil, Venezuela y Panamá, en Colombia la principal ruta de paso se encuentra en la frontera colombo-panameña, específicamente en la región del Urabá-Darién.Esta crisis se vio agravada en el contexto de la pandemia de la COVID-19, la cual obligó al Estado colombiano a cerrar las fronteras como medida de urgencia ante la rápida propagación del virus. Los impactos económicos de la pandemia, principalmente en los países del sur global y en las poblaciones más vulnerables, han sido evidentes. Así, los cierres fronterizos, los cierres del comercio formal e informal, los confinamientos obligatorios se suman a otros factores que inciden en la decisión de miles de personas de emigrar hacia países como Estados Unidos. La situación de las personas migrantes en tránsito, por la naturaleza de dicho flujo migratorio, implica una serie de restricciones en el acceso a servicios públicos que garantizan derechos humanos, específicamente sociales, económicos y culturales; no obstante, las restricciones producidas por la pandemia de la COVID-19 produjeron una aún mayor limitación en el acceso a estos derechos y agravaron la situación humanitaria de estas personas. Por lo anterior, en aras de comprender la situación humanitaria de las personas migrantes en tránsito y buscar una respuesta efectiva ante este problema público, resultan clave tres variables para el análisis: los efectos de la pandemia de la COVID-19, el contexto de seguridad y la garantía de derechos humanos, específicamente respecto a la salud, la vivienda y la alimentación. En consecuencia, esta investigación tuvo como objetivo analizar las dinámicas de vulneración de derechos humanos respecto de los movimientos migratorios mixtos en tránsito en la región del Urabá-Darién, en el periodo de medidas de aislamiento por la COVID-19 comprendido entre marzo de 2020 y noviembre de 2021.Resumen de la Ponencia:
Desde hace décadas la migración se ha convertido en uno de los principales retos para los países receptores y expulsores de población, lo que sin duda continuará en el resto del siglo XXI, en la medida que los flujos migratorios seguirán siendo uno de los temas políticos, socioeconómicos y humanitarios de mayor relevancia en las agendas de los países. Como resultado de la dinámica migratoria regional emergieron desde los años noventa diversos posicionamientos inspirados en la idea institucional internacional de “gestión migratoria” que se convirtieron cada vez más en un referente predominante de discursos y prácticas que buscaron optimizar el impacto de la migración internacional por medio de la creación de un nuevo régimen global de regulaciones y normas para la gobernanza de la movilidad transfronteriza. Como parte de ello, se establecieron nuevas visiones hacia la migración y el control de fronteras, enfocadas a ordenar y regular los movimientos migratorios, de forma más segura, haciendo uso de la tecnología como es la biometría. Se crea con ello un sistema sofisticado de control migratorio integrado que combina la obtención temprana de información sobre pasajeros y personas con nuevas tecnologías informáticas, que desempeñan un papel importante en la inspección de pasajeros por agentes aduanales y migratorios en el exterior, así como del control de las personas en contextos fronterizos y en tránsito. Esta ponencia, tiene como objetivo hacer una descripción de los discursos en materia de seguridad y control fronterizo, así como de los programas biométricos implementados en los países de referencia, para mostrar las percepciones que se tienen en materia de protección de datos y derechos humanos de migrantes. La investigación que se presenta fue de corte cualitativo, donde se trabajó desde el análisis del discurso de fuentes secundarias y testimonios de organizaciones civiles y gubernamentales.Resumen de la Ponencia:
GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN DE MEXICANOS A ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.Lorenzo Reyes Reyes[1], Oscar Iván Reyes Maya[2]ResumenLa migración es consustancial a la humanidad, su existencia se explica por multi-factores desde, desastres naturales, persecuciones políticas, religiosas, inseguridad, hasta espíritu de aventura. El factor dominante es la búsqueda de mejores condiciones tanto de ellos, su familia, sus comunidades y sus países. Actualmente, el 3.2 % de la población mundial es migrante internacional, los principales países generadores de migrantes son: India, México y China, en cuanto a países receptores, por mucho es Estados Unidos de América (EUA); dos casos atípicos y muy lamentables son el caso de Siria que el 48 % de su población es migrante forzada, y Venezuela que el 25% está en la misma situación.Regiones mexicanas generadoras de migrantes: La Región Tradicional, la configuran: Aguascalientes, Colima. Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas; La Región Norte que la conforman: Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, Baja California Sur y Sinaloa.La Región Centro, se conforma por las entidades de Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Distrito Federal y el Estado de México. La Región Sur Sureste donde su ubican 8 estados con una incorporación tardía al proceso migratorio con un perfil rural e indígena. Esta región se distingue por su reciente incorporación a la migración hacia EUA, la cual inicia, fundamentalmente, a partir de la década de 1990, con excepción de Guerrero y Oaxaca, cuyos orígenes se remontan a los años cuarenta en el contexto del Programa Bracero.Actualmente las remesas que aportan los migrantes en forma de transferencias privadas es la principal fuente de divisas para el país, sin embargo, la situación de los migrantes mexicanos, es cada vez más difícil, son víctimas del Covid_19, de la no atención del sistema de salud y con relaciones laborales cada vez más pauperizadas; es decir, son cada vez más clandestinos. En la gobernanza de la migración se requiere la capacidad y voluntad diplomática de los países, tanto de los generadores de migrantes como lo son India, México, China, etc. etc., como de los receptores como EUA, los de la Comunidad Europea y los países, que son corredores de paso de los flujos migratorios (México), pero también de sus respectivos sociedad civil y sector privado, para colaborar en diseñar y aplicar mecanismos eficaces y eficientes de la gobernanza de la migración. Palabras clave: gobernanza, migración, países, colaboración, gestión. [1] Profesor investigador de TC-C2 de la Universidad Autónoma Chapingo, carretera México-Chapingo km 38.5, chapingo, estado de México. C. P. 56230[2] Profesor investigador COMECYT. Universidad Autónoma Chapingo, carretera México-Chapingo km 38.5, chapingo, estado de México. C. P. 56230Resumen de la Ponencia:
Durante o século XXI, em razão da crise política, econômica e social da Venezuela, seis milhões de venezuelanos já deixaram a nação de origem e buscado melhores condições de vida, principalmente, na Colômbia, Peru, Chile, Equador e Brasil. Desse modo, a principal entrada dos venezuelanos em terras brasileiras tem sido pela fronteira entre a cidade de Pacaraima, no norte do estado de Roraima, e a cidade de Santa Elena do Uairén, na Venezuela. Para estes migrantes e refugiados, Roraima surge como possibilidades de ficar próximo do seu país e enviar bens como alimentos e medicamentos para familiares que ficaram na Venezuela. Além disso, surge, em março de 2018, a Operação Acolhida, Força-Tarefa Logística Humanitária em Roraima, como medida emergencial ao fluxo migratório de venezuelanos. A Operação Acolhida é um esforço de diversos órgãos nacionais e agências internacionais, dentre as quais a organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras (FSF) faz parte. Assim, o presente trabalho tem por objetivo apresentar os impactos sociais do acolhimento institucional realizado pela FSF, através do projeto “Brasil, um coração que acolhe”, com as famílias venezuelanas na capital do estado de Roraima, Boa Vista. Nesse sentido, o projeto passou a receber famílias venezuelanas desabrigadas com a finalidade de vivenciar e incentivar a prática da fraternidade, sem restrições étnicas, geográficas ou religiosas, amparando as pessoas em situação de vulnerabilidade social. O trabalho de acolhimento institucional de 430 pessoas busca desenvolver atividades de resgate da dignidade humana, atender as necessidades básicas de moradia, alimentação, vestimentas, educação, atendimento médico e psicológico, oficinas profissionalizantes e prepará-las para o processo de interiorização através de oportunidade de emprego em outros estados brasileiros. Como uma resposta ao contexto ambiental, social e político preocupante da migração e refúgio venezuelano no Brasil, pode-se pensar que as oportunidades oferecidas no projeto são iniciativas que perpassam de um cenário filantrópico para uma política pública pautada na equidade, na ajuda mútua e na reciprocidade entre os povos latinoamericanos. Por mais que a língua, a cultura e os costumes sejam diferentes entre Brasil e Venezuela, essas condições não foram um problema para a troca da fraternidade diária entre venezuelanos e brasileiros. Novos modos de vida e contatos foram sendo construídos entre os acolhidos venezuelanos, os profissionais e os voluntários brasileiros do projeto. Assim, o acompanhamento médico, educacional e psicológico é fundamental para entender estes impactos sociais, mudanças e as necessidades de melhorar os atendimentos, as oficinas e as atividades dentro do projeto. Por fim, todo trabalho só é possível com a ajuda de muitos voluntários e de profissionais de diferentes áreas que entendem e respeitam a causa, além de buscar levar amor e fraternidade ao próximo, independente da cultura, da nacionalidade e da cor/raça/etnia.Resumen de la Ponencia:
Neste texto, aborda-se a problemática da migração internacional e da pobreza a partir da análise de matérias jornalísticas, veiculadas em mídias digitais, sobre a presença migrante em Fortaleza, no estado do Ceará, Brasil. Busca-se identificar as classificações sociais em torno da figura do imigrante em condição de pobreza difundidas pelos jornais digitais que circulam na capital cearense. Para tal, parte-se da seguinte pergunta: Quais e de que maneira as classificações sociais, veiculadas em meios de comunicação de massa, homogeneízam e/ou diferenciam a condição do imigrante pobre?. Parte-se do pressuposto de que, nos últimos anos, a presença migrante na capital cearense tem suscitado recorrentes representações difundidas pelos meios de comunicação que apontam, sobretudo, as condições de vida e de trabalho dos imigrantes, as ações no âmbito da assistência pública e da atuação solidária de entidades da sociedade civil na provisão de serviços e recursos assistenciais. Situando essa proposta no domínio da pesquisa qualitativa, utiliza-se como recursos metodológicos a técnica de análise do discurso de textos jornalísticos que abordam a temática da migração, relação de assistência, pobreza e Estado. Coletou-se notícias publicadas entre os anos 2018 e 2022 disponíveis no acervo digital dos Jornais O Povo, O Estado e Diário do Nordeste que tratam das vivências dos imigrantes em território brasileiro. Dialogando com os estudos sobre os emissores midiáticos, compreende-se que a linguagem é um meio de refletir e descrever o mundo, situando-se como prática social. Desde modo, observa-se que essas matérias jornalísticas põem em movimento mecanismos de construção de imagens sobre os estrangeiros que os associam, em sua maioria, à pobreza, à busca de melhores condições de vida e de trabalho. Estes discursos produzidos pelos meios de comunicação em massa são construídos em função da ressignificação que são feitas do imigrante. É dominante, nestas matérias, a figura de um sujeito ambivalente, que une dimensões contrárias de partida e chegada, pertencimento e não pertencimento. Estas representações entrelaçam-se com processos de marginalização, desqualificação social e estigmatização dos imigrantes. Neste cenário, conclui-se que diferenças, desigualdades e discriminações imbricam-se na experiência dos imigrantes em situação de pobreza. Os imigrantes são vistos como ameaças a cultura ou as tradições, a partir de um distanciamento em relação ao “outro”, onde as fronteiras físicas e simbólicas entre “nós” e “eles” são cada vez mais ambivalentes.
Introducción:
A migração é um fenômeno longínquo, presente na história do ser humano. Com as transformações geradas pela globalização contemporânea, observa-se uma intensificação dos deslocamentos populacionais e dos intercâmbios culturais, os quais assumem distintos contornos. Situando os movimentos migratórios internacionais a partir do processo de reestruturação produtiva e do atual contexto da globalização, em suas múltiplas dimensões e desdobramentos, pode-se dizer que o aumento do volume e significância das migrações internacionais refletem as mudanças sociais, políticas, econômicas, demográficas e culturais que englobam a transnacionalização das fronteiras nacionais. Assim, impulsionado pelas duas guerras mundiais, decolonização e guerra fria, o século XX é considerado a “época da migração" (Castles & Miller; 2009).
Ao buscar compreender o fenômeno da imigração em sua totalidade, Sayad (1998) discorre que as condições que levam a migração e as formas de inserção do migrante no país receptor são consequências, sobretudo, das precárias condições de sobrevivência dos imigrantes em seus países de origem. Para este, a migração é vista como processo total, pois se deve considerar sua perspectiva histórica, política e as estruturas presentes no funcionamento da sociedade. Fato que os fazem compor a categoria de emigrantes (de lá) e de imigrantes (aqui), constituindo paradoxalmente sua condição existencial. Os imigrantes em situação de pobreza ao chegar aos países receptores, muitas vezes, são utilizados como força de trabalho e percebidos pelos nativos como um "problema", atrelado à noção de geradores de despesas sociais, ameaças à cultura e tradição instituída.
Pierre Bourdieu, em prefácio de A Imigração ou os paradoxos da alteridade (1998) de autoria de Abdelmalek Sayad, destaca que a condição de “ser imigrante” tem implicações culturais e identitárias, pois “o imigrante pode estar em um lugar onde não é nem cidadão, nem estrangeiro”. Essa condição do imigrante atrelada ao deslocamento, mobilidade e movimento, sucinta à necessidade de pensar os fundamentos de cidadania e do Estado, haja vista que o imigrante demanda do Estado uma série de condições jurídicas, sociais, civis e econômicas, que reverberam nas políticas públicas, no que se costuma classificar como problemas de imigração.
Por conseguinte, a própria natureza da imigração só pode ser captada através dos diferentes problemas que se encontra associada (Sayad, 1998), com destaque para pobreza. Esta condição de “deslocado” do imigrante impõe dificuldades de análise, até mesmo para as ciências, que porventura incorporam as visões ou representações dos órgãos oficiais. Quanto a isto, Bourdieu (1998) alerta que as pesquisas que abrangeriam os chamados problemas da imigração deveriam voltar-se ao olhar sobre a experiência social do imigrante, a fim de aprofundar questões mais íntimas da condição do estrangeiro, abrangendo as causas e os motivos que teriam determinado suas partidas dos países de origem e a diversidade de suas condições e trajetórias.
Partindo desse pressuposto, buscamos transformar os problemas da imigração em problemas sociológicos (Lenoir, 1993). Para tal, trazemos a problemática da migração internacional e da pobreza a partir da análise de matérias jornalísticas, veiculadas em mídias digitais, sobre a presença migrante em Fortaleza, no estado do Ceará, Brasil. Busca-se identificar as classificações sociais em torno da figura do imigrante em situação de pobreza difundidas pelos jornais digitais que circulam na capital do Ceará. Para tal, parte-se da seguinte pergunta: Quais e de que maneira as classificações sociais, veiculadas em meios de comunicação de massa, homogeneízam e/ou diferenciam a condição do imigrante pobre? Parte-se do pressuposto de que, nos últimos anos, a presença migrante na capital cearense tem suscitado recorrentes representações difundidas pelos meios de comunicação que apontam, sobretudo, as condições de vida e de trabalho dos imigrantes, as ações no âmbito da assistência pública e da atuação solidária de entidades religiosas e da sociedade civil na provisão de serviços e recursos assistenciais. Situando essa proposta no domínio da pesquisa qualitativa, utiliza-se como recursos metodológicos a técnica de análise do discurso de textos jornalísticos que abordam a temática da migração, relação de assistência, pobreza e Estado. Coletou-se notícias publicadas, entre os anos 2018 e 2022, no acervo digital dos Jornais O Povo, O Estado e Diário do Nordeste que tratam das vivências dos imigrantes em território brasileiro. Dialogando com os estudos sobre os emissores midiáticos, compreende-se que a linguagem é um meio de refletir e descrever o mundo, situando-se como prática social. Neste cenário, conclui-se que diferenças, desigualdades e discriminações se imbricam na experiência dos imigrantes em situação de pobreza. Os imigrantes são vistos como ameaças a cultura ou as tradições, a partir de um distanciamento em relação ao “outro”, onde as fronteiras físicas e simbólicas entre “nós” e “eles” são cada vez mais ambivalentes.
Desarrollo:
Migração, pobreza e relações de assistência em Fortaleza, Ceará, Brasil: imagens das experiências vividas no cotidiano
A consolidação do Brasil na rota das novas migrações internacionais, a partir nos anos 1990, reverbera na permanência ou transitoriedade dos imigrantes e na construção de novos processos migratórios nas regiões do país. Conforme o “Atlas Temático: Migrações Internacionais na Região Nordeste” (2019), entre 2000 e 2017, o Ceará se consolidou como o segundo Estado do Nordeste brasileiro que mais recebeu migrantes internacionais. Neste período, o Estado recebeu 26,4 mil estrangeiros. Analisa-se que há também um número crescente de solicitações de refúgio. Segundo dados do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), vinculado ao Ministério da Justiça, ocorreram mais de mil solicitações de refúgio somente na capital cearense, entre os anos de 2011 e 2019. Os venezuelanos lideram os pedidos, seguidos pelos africanos de Guiné-Bissau e pelos cubanos (Baeninger, Demétrio & Domeniconi, 2019). Estes dados, contudo, não abrangem as pessoas que se encontram na ilegalidade.
Nos últimos anos, essa presença imigrante no estado do Ceará, especialmente em Fortaleza, tem suscitado recorrentes representações difundidas pelos meios de comunicação de massa que apontam, sobretudo, as condições de vida e trabalho dos imigrantes, as ações no âmbito da assistência pública e da atuação solidária de entidades religiosas e da sociedade civil, conforme o jornal O Povo (2019) em matéria intitulada “Cerca de 90 venezuelanos estão vivendo em situação sub-humana no Centro”. Em “Imigrantes buscam alternativas de vida no Ceará” (2016), O Estado alerta para as dificuldades encontradas pelos imigrantes em Fortaleza e a construção de alternativas de subsistência. E matérias com títulos similares do Diário do Nordeste “Imigrantes buscam melhores condições de vida no Ceará” (Redação, 2015) e em “Imigrantes buscam recomeço e enfrentam mercado de trabalho no CE” (Mesquita, 2019), e no website de O Povo, “Ceará é o 2º estado do Nordeste que mais recebe migrantes internacionais” (Moura, 2019) são retratados estrangeiros que migram atraídos pelo turismo e pela possibilidade de investimento, e profissionais qualificados que se inserem no mercado formal de trabalho ou que estão em busca de oportunidades para construir uma carreira profissional.
Essas matérias jornalísticas põem em movimento mecanismos de construção de imagens sobre os estrangeiros que os associam à pobreza, à busca de melhores condições de vida e ao trabalho. Assim, embora fossem identificadas representações relativas à alocação de mão-de-obra qualificada e a iniciativa de turistas investidores, predominam as que retratam os imigrantes como sujeitos de menor escolaridade e ocupações desvalorizadas, geralmente com baixo status social. Dentre tais percepções que caracterizaram a situação dos imigrantes destacam-se as imagens relacionadas a um sujeito ambivalente, que une dimensões contrárias de partida e chegada, pertencimento e não pertencimento. Outras imagens sugerem representações vinculadas à violência, desvio, quebra de laços familiares, vulnerabilidades, desagregação social e entrelaçam-se com processos de marginalização, desqualificação social e estigmatização dos imigrantes. Conforme Said (2003) esses discursos são construídos em função da ressignificação que são feitas do imigrante.
Nas representações, trazidas por estas matérias de jornais locais, sobre as motivações que ocasionaram as migrações, chama-se a atenção as causas relacionadas às situações de guerra, conflitos políticos, pobreza nos países nativos e busca por trabalho e sobrevivência daqueles que migram e de suas famílias. É dominante a representação da pobreza atrelada as causas e as consequências da migração. Ao tratar dos efeitos das migrações são apontadas as formas de inserção do migrante no país receptor com enfoque na situação de pobreza vivenciada por eles. É recorrente a imagem de que, ao chegar nos países receptores, os imigrantes se deparam com condições precárias de sobrevivência, ausência de locais especializados de atendimento, processos de preconceito e estigmatização, barreiras linguísticas e culturais que dificultam a inserção no mercado de trabalho formal, dificuldade com relação ao custeio e a regulamentação da documentação civil. O aumento do número de migrações para o Ceará, por sua vez, é explicado pelas especificidades turísticas da região e por seu caráter hospitaleiro. O Ceará é retratado paradoxalmente como um lugar de investimento do capital transnacional, que apresenta oportunidades de trabalho e de estudo.
Observa-se ainda um processo de diferenciação da condição de ser migrante. As reportagens trazem a oposição daqueles imigrantes que buscam “oportunidades” de vida e trabalho em Fortaleza em distinção dos que são passageiros atraídos pelos pontos turísticos. Ou dos que estão em situação temporária, que solicitaram o visto para trabalhar ou estudar, e dos imigrantes considerados permanentes, como aquelas pessoas que constituíram família com outros brasileiros. Nos discursos de autoridades oficiais, explicitados por estas matérias, é realçado a figura do imigrante “pobre” atrelado à noção de pessoas em situação de vulnerabilidade social, dependentes da assistência pública ou privada, e susceptíveis às práticas de ilegalidade e ao envolvimento com a criminalidade. A falta de regulamentação da documentação civil, tendo em vista seus custos, é percebida reiteradamente como fator da inserção destes imigrantes em empregos precários, ou em práticas ilegais. São também apontadas as barreiras do idioma e a não validade dos diplomas universitários como dificuldades para a inclusão no mercado de trabalho formal.
Assim sobressam as práticas de legalidade e ilegalidade, em parte, representada pela própria condição de imigrante em situação de pobreza vivendo na “terra do outro”, que os fazem transitar entre o emprego, o desemprego e a informalidade, expondo-os a diversas estratégias de sobrevivência (Telles, 2010). Faz-se referência à matéria do jornal O Povo (2019) sobre a presença de imigrantes e refugiados venezuelanos que estão no Centro de Fortaleza (bairro comercial) em situação de extrema pobreza, dependendo de doações para custear aluguel diário e alimentação mínima para sobrevivência. Estes imigrantes estavam nas ruas e/ou sinais do Centro da cidade na condição de “pedintes” na ocasião da intervenção das instituições de assistência. Conforme destaca a matéria citada, diante desse quadro, foi organizada uma rede de acolhimento para assistir as famílias e “encaminhar os direitos humanos básicos: moradia, educação, saúde”, que englobava a ação da igreja, da sociedade civil e do poder público.
A organização dessa rede de atendimento pressupõe o estabelecimento de conexões interdependentes e complexas que comporiam uma relação de assistência, constituída por fluxos conectados de recursos humanos, materiais e simbólicos. Essa relação de assistência é o que definiria a condição de pobreza para Paugam e Simmel. Segundo Paugam (1999), a desqualificação social surge em decorrência da exclusão do indivíduo do mercado de trabalho e da necessidade de recorrer ao sistema de assistência social. Embora com trajetórias diferentes, Simmel (2014) expõe que o pobre se assemelha ao estrangeiro, pois a condição sociocultural de “ser pobre”, pode ser determinada pela assistência que alguém recebe publicamente do Estado ou da coletividade. Essa relação torna-se necessária, segundo o autor, pois o estrangeiro ao chegar à terra do outro está em uma posição externa e marginal em relação à comunidade de destino, que lhe expõe ao risco econômico e social relativo à inserção precária ao trabalho e aos vínculos afetivos fragilizados. Para ele, somente a categoria política da cidadania ultrapassaria o caráter estigmatizante do assistido.
Mapeando as instituições sociais e as relações de assistência, apontadas pelas matérias, que foram instituídas no atendimento aos imigrantes em busca de proteção social põe em evidência as interlocuções com o CRAS (equipamento público no âmbito da administração municipal) e a Pastoral do Imigrante (entidade religiosa). De acordo com a lei nº 8.742/1993, o CRAS é uma unidade de proteção social básica do Sistema Único da Assistência Social brasileiro (SUAS), que tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio da articulação dos serviços socioassistenciais e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais. A oferta dos serviços no CRAS deve ser planejada conforme as particularidades do território de abrangência e das famílias que nele vivem, suas necessidades e potencialidades, bem como da identificação de situações de vulnerabilidade social existentes (Brasil, 1993).
No âmbito das organizações não governamentais, a Pastoral do Migrante integra a Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, Justiça e Paz e o Pastoral da Mobilidade Humana da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Fundada em 1995 na capital cearense, a Pastoral do Migrante é coordenada por imigrantes e religiosas cristãs scalabrinas, tendo sua prática social fundada em representações de cunho religioso, que propõe acolhimento, proteção, promoção e integração ao imigrante. De acordo com a Pastoral, suas ações sociais partem da premissa de acolhimento ao imigrante carente de assistência. Como pessoas que necessitam de acolhida, os imigrantes “encontram-se em busca de uma vida melhor, longe da pobreza, da fome, da exploração e da injusta distribuição dos recursos do planeta (Papa Francisco)”.
No âmbito da relação de assistência, observa-se que nas suas andanças o imigrante mantém contato com o cenário institucional, recorrendo as ações de organizações governamentais e não governamentais que ofertam serviços socioassistenciais. Os equipamentos de assistência social oferecem benefícios de cesta básica; inclusão no Cadastro Único para políticas sociais; acesso ao Programa Bolsa Família, hoje substituído pelo Auxílio Brasil; acesso a moradia ou alojamento provisório; orientação jurídica; emissão de documentos; cursos de capacitação e encaminhamento profissional; orientações e encaminhamentos a rede de serviços socioassistenciais e as demais políticas públicas, como saúde e educação. Quanto ao atendimento realizado com os imigrantes, nas matérias citadas, é destacado que eles compartilhavam situações de preconceito, experiências de vida, privações materiais, dificuldades jurídico-burocráticas e barreiras simbólicas que vivenciavam no lugar de destino.
Nas práticas dessa rede assistencial, os imigrantes deparam-se com ações que se esbarram em políticas de proteção social focalizadas, de aperfeiçoamento da identificação dos usuários e de compatibilização dos programas aos recursos existentes, reduzindo a ação governamental às funções mínimas ou compensatórias. Por sua vez, os discursos oficiais que permeiam as relações de assistência oscilam entre resiliência, ressignificação e compreensão crítica da condição de imigrante. A dupla contradição, manifesta no estado provisório do ser imigrante que reflete as problemáticas duradouras enfrentadas em sua vida cotidiana, pode ser observada em seus relatos sobre as formas de adaptação na “terra do outro”, que abrange a negociação das tradições originais e a questão do idioma. O aprendizado da língua nativa, o conhecimento das formalidades jurídico-burocráticas, a aquisição dos meios necessários à sobrevivência e a inserção no mercado de trabalho são reconhecidos pelos imigrantes como um sistema de práticas ou padrões de comportamento que englobam os processos de integração dele decorrente.
Entende-se, por fim, que a condição de ser migrante em situação de pobreza abrange um status instituído através das classificações sociais, que marcam as relações de alteridade e os processos de ressignificação identitária, e implica ainda uma intervenção por parte do Estado, no campo das políticas públicas. Segundo Augé (2010), o tensionamento que a presença do imigrante provoca na terra do outro reverbera nos desafios que o imigrante enfrenta para superar as diferenças culturais e materiais encontradas no país de acolhimento. No processo de migração, as fronteiras, que podem ser naturais, linguísticas, culturais e políticas, configuram-se como formas de reafirmar as identidades e revelam os que estão “dentro” e “fora”. Assim, a identidade das pessoas em mobilidade é sentida a partir de sua condição de ambivalência, sendo constituídas pela experiência vivida do cotidiano e como aspecto de diferenciação social. Conforme destaca Castells (2002), os atores que se encontram em posições desvalorizadas e/ou estigmatizadas, por sua vez, desenvolvem uma identidade de resistência. Estas identidades individuais e coletivas do imigrante possibilitam a formação de redes sociais de imigração, incluindo essas redes de atendimento voltadas aos “problemas” decorrentes da imigração, que viabilizam a organização de estratégias de sobrevivência, permeadas por processos de contradições e conflitos.
Conclusiones:
As discussões acerca dos movimentos migratórios evidenciam as identidades do imigrante em um viés relacional e situacional, sendo constituídas pela experiência vivida do cotidiano. Ao chegar na terra do outro, o imigrante se depara com fronteiras físicas e simbólicas entre “nós” e “eles” que dificultam o acesso a diferentes recursos materiais, fazendo-os transitar entre o emprego, o desemprego, a informalidade e expondo-os a diversas estratégias de sobrevivência. As fronteiras do legal e o ilegal são perpassadas ainda pelas exigências, cada vez mais rígidas, colocadas pelos países receptores para impedir a entrada dos outsiders. No contexto em que os imigrantes são vistos como ameaças do ponto de vista cultural, social, econômico, um dos aspectos atuais mais problemáticos procedente da imigração e da globalização é a pobreza e a exclusão social. O estabelecimento de uma rede de assistência é justificado, por sua vez, pela própria condição de “deslocado” vivida pelo imigrante, às margens dos ilegalismos.
Diferenças, desigualdades e discriminações imbricam-se na experiência de migrantes em condição de pobreza. A dificuldade no acesso à estrutura de oportunidades sociais e econômicas resultam em um aumento das situações de desproteção social e insegurança, o que põe em relevo os problemas de exclusão e marginalidade. Constata-se, assim, que na ausência de uma medida pública de equivalência (dos direitos) referenciada nos valores de justiça, igualdade e equidade sociais, podem implicar em culpabilização e responsabilização dos indivíduos por mudanças de um suposto “seu destino”, sobretudo, quando assentada em uma concepção naturalizada de pobreza ou de inadequação das capacidades. Em concepção contrária, as reflexões, aqui levantadas, sobre as condições de vida dos migrantes em situação de pobreza considera a importância da ampliação das políticas públicas e ações frente à esta situação, amparados na perspectiva de direitos dos imigrantes e suas famílias. Compreende-se a pobreza em sua pluridimensionalidade, a reafirmar a centralidade do Estado garantidor da proteção social.
Bibliografía:
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Palabras clave:
Migração. Classificação social. Pobreza. Meios de comunicação.
Resumen de la Ponencia:
Con la implementación de la política económica de libre mercado, el campo latinoamericano sufrió múltiples transformaciones, tales como, reconfiguraciones de la sociedad y economías rurales, en dónde los donde los empleos e ingresos fuera de los territorios adquirieron una mayor importancia. El escenario de cambios radicales que han experimentado las sociedades rurales es adscrito como una “nueva ruralidad” en donde las y los jóvenes son agentes protagónicos; la migración aparece como una práctica que regularmente involucra las personas más jóvenes de los grupos domésticos. La investigación analiza las experiencias migratorias de hombres y mujeres jóvenes vinculados a una organización de pequeños productores de café, como parte de los actuales procesos de transformación del medio rural, para estimar los escenarios de cambio generacional y organizativos en los Altos de Chiapas. Se desarrolla bajo el enfoque “estudio de caso” con La Unión de Ejidos y Comunidades Beneficio Majomut, a través del método historias de vida, llevadas a cabo con personas jóvenes que cuentan con experiencia migratoria y retornadas a sus comunidades, lo anterior nos permite conocer la singularidad de un caso y relacionar el tiempo individual con el histórico social en el análisis de los vínculos intergeneracionales y organizativos en los procesos de cambio social y de transformación del campo.Resumen de la Ponencia:
En Sinaloa, hace tiempo que la violencia asociada al narcotráfico dejó de ser señalada como el único detonante de los desplazamientos forzados de población. Esto aplica especialmente en las zonas serranas, donde un cambio de configuración en las estructuras del crimen organizado ha llevado a trazar nuevos patrones en la migración forzada, recrudeciendo prácticas como el control y el despojo territoriales, que de manera directa o indirecta terminan en beneficio de intereses privados, sean estos de grupos armados ilegales o de compañías transnacionales.Resumen de la Ponencia:
Los trabajadores migrantes en Estados Unidos han adquirido una condición de excepcionalidad que facilita su articulación al trabajo precario y flexible. No obstante, esta articulación los excluye de la protección del Estado (incluida la atención a la salud) y los coloca en una situación de desechabiliadad provocada por la posibilidad, siempre presente, de su deportación. Recientemente, ante la crisis de la pandemia, ha sido evidenciada la esencialidad de la fuerza de trabajo migrante para el mantenimiento de la sociedad en su conjunto. De esta condición desechable, la esencialidad de su trabajo y las formas de reproducción social de esta fuerza de trabajo se discute en esta ponencia.Esta pandemia nos ha tocado a todos, pero especialmente ha expuesto (en el doble sentido de la palabra) a los que se encuentran excluidos dentro de la sociedad o incluidos fuera de la protección del Estado. Los trabajadores migrantes, en especial los “indocumentados”, se encuentran “incluidos” en una situación de excepcionalidad en el régimen de acumulación capitalista, articulados a la producción de bienes, servicios, plusvalor y ganancias a sus empleadores; y, al mismo tiempo excluidos de los derechos históricos ganados por la luchas de los trabajadores contra el capital del siglo XX, peor aún se encuentran excluidos del reconocimiento de los derechos civiles ganados por las luchas de los afroamericanos en Estados Unidos y las minorías excluidas por sus preferencias sexuales. La disyuntiva que observaba Nancy Fraser a principios de la segunda década de este siglo, en su discusión con Judith Butler entre redistribución y reconocimiento, no es en el caso de los trabajadores migrantes una elección. Al estar estos constitutivamente excluidos de ambas y al ser esta exclusión primigenia su posibilidad de articulación al trabajo ¿Se puede desde esta posición de exclusión social y articulación al trabajo organizar la lucha política contra ambas? Ensayaré una respuesta al final de esta ponencia que articule lo que de común tienen los migrantes con los demás trabajadores: el ser explotados por el capital.Resumen de la Ponencia:
La coyuntura sociopolítica en Venezuela ha desencadenado un extenso flujo de migrantes a Colombia, siendo este el principal país receptor debido a la cercanía geográfica y las relaciones históricas entre ambos países. El escenario de los movimientos migratorios entre Colombia y Venezuela tiene largo historial, a pesar de ello, Colombia cuenta con poca experiencia en inmigración en comparación con Venezuela, lo cual gesta un ordenamiento jurídico en la materia con elementos conflictivos como los que se revisan en esta ponencia. En el panorama de la migración, la frontera se constituye como el escenario primario del fenómeno, en donde se hace tangible la necesidad de protección y atención de derechos humanos, especialmente en el caso de niños y niñas migrantes ya que son población de especial protección. En este contexto, esta ponencia presenta los resultados principales de la investigación “Legitimidad de los Derechos Humanos en Colombia. El caso de la niñez migrante en Guajira, Arauca, Cesar y Norte de Santander” para la cual se analizaron 30 documentos y 8 entrevistas semiestructuradas realizadas a entidades gubernamentales y Organizaciones No Gubernamentales ubicadas y/o actuantes en los departamentos mencionados, y que propenden por la protección de los derechos de la niñez migrante, tales como World Vision, NRC, Gobernación del Norte de Santander, entre otros. Se hizo uso del Análisis Crítico del Discurso desde Neyla Pardo (2013) como herramienta metodológica, con el objetivo de comprender la validez de los Derechos Humanos en los discursos de dichas entidades. Por lo cual, se operacionalizaron las variables teóricas en indicadores identificables en los discursos utilizando el software de análisis MAXQDA. Para comprender lo anterior, se consideraron teóricamente las variables Legitimidad y Validez desde postulados weberianos y habermasianos en el plano del Derecho como vector del aparato jurídico en la materia. Dentro de los principales resultados se encuentran dicotomías marcadas en la comprensión y el abordaje que se le da a la niñez migrante, que abarca aspectos como la forma de adjetivación de la niñez, las actividades a desempeñar para atenderles, y cómo se les aproxima epistemológicamente como sujeto migrante. Además, se destaca que la naturaleza de la validez legítima de los DDHH es aparente y compuesta entre distintos tipos de atribuciones de validez legítima. Finalmente, se recomienda entender la importancia de la garantía efectiva de la protección a la niñez migrante en conjunto con la regularización administrativa, y la vigilancia en el discurso y acciones de las entidades en función de la nueva Ley de Migración que empezó a regir en el 2021.Resumen de la Ponencia:
El presente trabajo tiene como objetivo presentar resultados del trabajo de investigación que se ha venido desarrollando de manera longitudinal, sobre el fenómeno de la migración de retorno en México. El proyecto ha venido analizando sobre los retos y condiciones socio-culturales que enfrentan las familias migrantes mexicanas que han regresado a residir a sus comunidades de origen, en el contexto de la crisis económica del 2008 e incremento de las políticas antiinmigrantes en los Estados Unidos. Una de las características del retorno es que se trata de familias de estatus mixto, compuestas en su mayoría con hijos nacidos en los Estados Unidos, lo que acrecienta la complejidad en las condiciones del retorno, acompañada de retos educativos, económicos, sociales y culturales como parte del proceso de incorporación a la comunidad. Las condiciones de adversidad presentes, han resultado en el diseño de estrategias de re-emigración de menores y jóvenes, los cuales han sido enviados de regreso a residir a los Estados Unidos. Desde el enfoque de la transnacionalidad, el trabajo presenta el análisis sobre el fenómeno de la re-emigración de estos menores y el papel que juegan las relaciones y vínculos sociales transfronterizos, así como las identidades, como recursos que participan en el diseño de estrategias de movilidad y re-emigración de los menores retornados. El estudio de corte cualitativo, se lleva a cabo en la comunidad de Cosalá, Sinaloa a través del trabajo etnográfico y la aplicación de entrevistas semi-estructuradas y de profundidad, para el rescate de las narrativas de las propias familias migrantes. El trabajo se presenta como una contribución a los estudios de la movilidad humana desde la perspectiva socio-cultural.Resumen de la Ponencia:
Una forma de movilidad humana que se analiza desde los estudios de migración, es la de personas altamente calificadas que emigran de sus lugares de origen a países para estudiar su posgrado en otros países y que, por distintos factores, no retornan una vez terminan sus estudios. Esto se conoce como el fenómeno de la «pérdida de talentos». El aspecto central de la discusión es que se pierde el conocimiento altamente calificado, útil para el desarrollo de los países de origen que además pierden la inversión en ciencia y tecnología que hacen a través de becas al extranjero. En esta ponencia hablaremos de las personas en movilidad humana por motivos de estudio contribuyendo al conocimiento sobre los flujos migratorios de las personas altamente calificadas y los factores que interactúan con la decisión de retornar (o no) al país de origen una vez que se termina los estudios de posgrado. Para abordar este tema, presentamos avances de la investigación Migración de retorno de recursos altamente calificados. El caso de los becarios del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el extranjero entre 2010 y 2020. El objetivo es identificar el posible papel de la beca de Conacyt, así como de otros procesos analíticamente relevantes, que pudieron conducir a que ocurriera el fenómeno de «perdida de talentos»; es decir, que los estudiantes mexicanos que cursaron su maestría o doctorado fuera del país y que recibieron becas al extranjero del Conacyt no regresaran a México al concluir sus estudios. El diseño metodológico es cualitativo, longitudinal, retrospectivo y cuasi experimental. Esto quiere decir la observación y realización de entrevistas en profundidad con distintas personas y en distintos momentos durante el trabajo de campo para triangular las distintas fuentes de información con la revisión documental. Reconstruimos la experiencia de personas altamente calificadas que realizaron sus estudios de posgrado en el exterior mediante la elaboración de sus trayectorias educativas, ocupacionales y migratorias y comparamos un grupo que realizó sus estudios de posgrado en el extranjero con el apoyo de una beca y otro grupo que también realizó sus estudios de posgrado en el exterior, pero sin el apoyo de una beca. En estos grupos se comparó entre quienes retornaron después de terminar sus estudios y quienes no. Los resultados aportan conocimiento empíricamente riguroso sobre las movilidades humanas para la profesionalización y el desarrollo de la ciencia y tecnología y las formas de integración, reintegración en las sociedades de origen, tránsito y destino y de manera más específica, aporta conocimiento sobre una de las etapas en los procesos migratorios que es la migración de retorno.Resumen de la Ponencia:
El presente artículo explora el proceso de migración de retorno de jóvenes peruanos hacia espacios rurales y ciudades intermedias en el contexto de la pandemia. En específico, se enfoca en la nueva convivencia familiar, las dificultades con la educación virtual, y los cambios o permanencias en sus proyectos de vida durante la pandemia de la COVID-19. En un primer momento, se explican los cambios en las dinámicas familiares, la medida en que las nuevas responsabilidades impactan en su vida cotidiana y las valoraciones positivas en cuanto a la nueva convivencia. Posteriormente, se propone comprender las experiencias y cambios ocurridos debido a la virtualización de la educación superior, con énfasis en las limitaciones en infraestructura y tecnología, presentes en las zonas rurales. Finalmente, se busca analizar de qué manera la pandemia por la COVID-19 fortaleció y transformó ciertos aspectos de sus proyectos de vida. Para la presente investigación, se empleó una metodología cualitativa exploratoria, basada en entrevistas realizadas de manera virtual a 16 jóvenes retornantes a ciudades intermedias y a espacios rurales, 10 mujeres y 6 hombres, de un rango de edad de 18 a 26, en el marco de un trabajo de campo virtual realizado entre octubre y noviembre del 2020Resumen de la Ponencia:
A proposta de apresentação possui como base a pesquisa de doutorado do proponente, ainda em desenvolvimento junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, cujo objetivo central consiste em analisar criticamente a relação entre as dinâmicas de cercamento de fronteiras no contexto da globalização e a constituição de um regime de mediação seletiva de fluxos (in)desejados pautado pela penalização e estigmatização da mobilidade subalterna. Mais especificamente se buscará apresentar, em termos gerais, uma abordagem teórico-analítica sobre um episódio concreto de violência contra jovens migrantes abrigados em um Centro de Acogida de Menores, na cidade espanhola de El Masnou, na Catalunya, de maneira a correlacionar os processos de estigmatização de determinadas populações migrantes com a intensificação dos processos de cercamento e militarização das fronteiras. Ademais, se proporá a compreensão desses processos de cercamento, com seus reflexos concretos sobre sujeitos ou coletividades específicas, como parte de um projeto político neoliberal pautado na regulação punitiva da mobilidade subalterna. A eleição desse microcosmo proporcionado por um evento específico registrado na cidade de El Masnou decorre, em parte, da própria circunstância pessoal de construção do presente trabalho, fruto do diálogo entre dois pesquisadores que se encontravam fisicamente com o Atlântico por meio, mas unidos pela temática das fronteiras. Uma das autoras estava em solo brasileiro, no Sul Global. O outro autor estava circunstancialmente residindo no Norte Global, justamente na cidade Catalã de Masnou, enquanto desenvolvia parte da sua pesquisa de doutorado na Universitat Autónoma de Barcelona, no período de setembro de 2021 a janeiro de 2022, com bolsa do Programa Institucional de Internacionalização da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES-Print.Resumen de la Ponencia:
El objetivo de esta ponencia es cuantificar los cambios de la población de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) inmigrantes e hijos de inmigrantes en México (generaciones 1.5 y 2.0, respectivamente), proveniente de El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, analizar características sociodemográficas, su distribución geográfica y, en especial, su participación en el Sistema Escolar Mexicano y en el mercado laboral del país. La forma en que se busca responder al objetivo planteado tiene como guía una serie de preguntas que ayudan a profundizar en la forma de inserción educativa y laboral y, por supuesto, en las posibles diferencias ¿Asisten o no la escuela los NNA centroamericanos? ¿Qué nivel de extra-edad se detecta entre los NNA centroamericanos? ¿Qué actividades realizan los NNA centroamericanos que trabajan? ¿Cuáles son las condiciones laborales? La aproximación metodológica es de carácter cuantitativa y comparativa con respaldo en datos estadísticos provenientes de los microdatos provenientes del Censo de Población y Vivienda 2010, de la Encuesta Intercensal 2015 y del Censo de Población y Vivienda 2020, realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).Resumen de la Ponencia:
La vulnerabilidad de los migrantes en su desplazamiento ha acentuado los riesgos de victimización de los jóvenes en movilidad por nuestro país, impactando en las cifras de desaparición de migrantes. Las cifras de mayor incidencia de estas desapariciones se concentran en la zona norte de México, en este estudio se analiza las frecuencias de casos de migrantes desparecidos con una nacionalidad extranjera, en el periodo comprendido entre enero del 2010 y diciembre del2020 registradas dentro de la DATA de la Comisión Nacional de Búsqueda, donde se puede observar las afectaciones de victimización por desaparición en afectación a diferentes nacionalidades, y la con tendencia del mayor número de víctimas, así como la reincidencia de los municipios dentro del estado de Tamaulipas, donde se han presentado estas desapariciones.Resumen de la Ponencia:
Dicha reflexión empezó con mi investigación de doctorado, iniciada en 2020 y cuyo tema central son las migraciones internacionales en los territorios brasileño y mexicano. Ese texto específicamente es fruto de trabajo teórico en conjunto con la experiencia del trabajo de campo que realicé en la ciudad de Tapachula, Chiapas, frontera sur mexicana, en el según semestre de 2021. Trabajando como voluntaria en atención humanitaria en un albergue para personas migrantes, bien como con idas regulares al centro de la ciudad para la realización de etnografía, fue posible acceder a una serie de historias de migración, involucrando diferentes actores tales como funcionarios de instituciones mexicanas y de organizaciones sociales que trabajan en la región; personas migrantes; ciudadanos comunes de la ciudad y personas que actúan en el eje de la solidaridad, autoorganizada o institucional. A partir de una serie de datos vividos y colectados, llevando en consideración la importancia de la antropología y de las reflexiones metodológicas acerca de la construcción y vivencia del trabajo de campo, me fue posible observar una serie de cuestiones que me llamaban la atención con relación a la materialización de la política migratoria mexicana en las prácticas cotidianas de gestión de la migración, principalmente en el sentido de poner en cuestión el anunciado paradigma de “derechos humanos” en el cual está basada la Ley de Migración de México de 2011. En diálogo con concepciones teóricas que piensan las nociones de “territorio” y “frontera” más allá de su inscripción en lo que es el Estado nación, lo que intento es pensar las contradicciones de la gestión humanitaria y basada en derechos humanos cuando inscripta a una lógica de respecto al principio de la soberanía nacional y como actualmente dicha gestión humanitaria involucra una serie de aspectos que permite y justifica el control y la militarización de la migración, bien como la generación de una serie de vulnerabilidades a determinadas personas migrantes. El otro lado de la misma moneda es pensar las formas de organización y resistencia de esas mismas personas migrantes que delante de tantas adversidades siguen soñando y generando vida, cultura y esperanza en sus trayectorias migrantes, ubicando mi investigación justamente en ese lugar relacional de las tensiones entre Estado nacional y personas en movimiento.Resumen de la Ponencia:
O mundo acompanhou o recrudescimento no controle e fechamento de fronteiras durante a pandemia do coronavírus. Este controle operou de forma bastante distinta a depender das escolhas governamentais de cada território. No Brasil portarias interministeriais, como a Portaria nº 666, de 25 de julho de 2019, permitiram deportações sumárias e intensificaram o controle seletivo nas autorizações de ingresso e permanência no país. As medidas fomentaram uma clara diferenciação entre aqueles que chegavam por via terrestre e aqueles que utilizavam os meios aéreos, tendo como impacto principal o controle da entrada de venezuelanos que chegaram ao país pela fronteira com os estados de Roraima e do Amazonas - é o que afirma o juiz Felipe Bouzada Flores Viana, em sentença proferida acerca da proibição da deportação sumária de migrantes em situação de vulnerabilidade social, de 28 de julho de 2021. Apenas em 2020 foram cerca de 30 portarias criadas com a finalidade de controlar a entrada de estrangeiros no país, tendo a pandemia como justificativa. Neste mesmo ano, de acordo com dados divulgados pela Polícia Federal, o país deportou 2.901 pessoas, representando um aumento de 5.708% se comparado aos dados do ano anterior, quando foram registradas 36 deportações. Mais do que compreender quais foram os dispositivos que possibilitaram esse aumento, faz-se necessário identificar quem foram os mais afetados pelo modelo de controle de fronteiras adotado pelo Brasil durante a intensificação dos efeitos da pandemia e se operaram de forma prática para controlar a propagação do vírus ou foram utilizadas como argumento para limitar o ingresso de grupos populacionais específicos. A proposta aqui exposta é a análise das medidas adotadas durante os dois primeiros anos de pandemia e alguns de seus impactos sobre a população de migrantes e refugiados que ingressaram no território brasileiro por via terrestre e tiveram sua entrada e permanência controladas por representantes das forças armadas brasileiras, que detiveram o poder de decidir, sem o devido processo legal, aqueles que poderiam, ou não, permanecer no país.Resumen de la Ponencia:
A proposta que segue pretende compartilhar reflexões que atravessam a pesquisa hoje corrente no curso de uma experiência profissional pioneira construída na Escola Graciliano Ramos, no complexo penitenciário masculino de Bangu - cidade do Rio de Janeiro. A investigação nasce da inserção do Serviço Social nas escolas, estabelecida por lei federal no ano de 2021. Desdobra desta legislação o Projeto Escola Criativa de Oportunidades - uma parceria entre o governo do estado do Rio de Janeiro e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro - coordenadores do trabalho do Serviço Social nas unidades educacionais estaduais.O projeto toma forma na contramão de uma conjuntura infausta. Em tempos de ultraneoliberalismo, crise econômica internacional, sob a liderança de um governo neofascista, combinam-se os efeitos deletérios da desresponsabilização do Estado frente ao financiamento e execução da política social; às sequelas da pandemia do COVID-19 e às questões estruturais de um país que, aos moldes latino-americanos, nunca experimentou bem-estar-social.Entre essas questões que compõem a especificidade brasileira, temos a violência e o racismo como base constitutiva de um país econômica e politicamente dependente; faces que assumem traços severos a medida em que a norte-americanização do enfrentamento à “questão social” faz da criminalização da pobreza a marca fundamental da ação estatal.Neste contexto, dentre tantos outros dilemas, temos por um lado a expansão da população encarcerada - regida pela barbárie - e, por outro, a existência de 3 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. Este dado obtido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística está no bojo de uma evasão escolar que, considerada a população adulta participante do Sistema de Educação de Jovens e Adultos, é ainda aprofundada. Este quadro complexifica-se quando analisado o contraditório amálgama coerção-educação que faz da última subalterna no interior do sistema penitenciário. Neste os sobrantes da sociedade, essencialmente negros e pobres, não detém sequer o direito de serem chamados pelo nome. ‘’Bandido’’ é a alcunha institucional daqueles que encontram-se hoje sob a custódia do Estado, reunindo realidades em que o contato com a família, o porte de objetos de higiene, cadernos e canetas lhes é privado. Os inúmeros desafios postos à ação dos assistentes sociais na escola penal, considerando os limites e potencialidade da garantia de direitos a uma população que desconhece o status da cidadania é o tema que será abordado nesta apresentação.Resumen de la Ponencia:
Roraima – enquanto lugar de múltiplas fronteiras (concretas e simbólicas) –, configura-se como um lugar de alteridades e, ao mesmo tempo de violências, de contradições e de conflitos sociais. Roraima é um estado marcadamente mobilizado pelas migrações internas e internacionais e pela presença constante de refugiados(as). Essa condição de estado transfronteiriço favorece a mobilidades de indígenas e nacionais dos países vizinhos, a República Bolivariana da Venezuela e a República Cooperativa da Guiana. A crescente migração de venezuelanos para Roraima trouxe à tona a violação de direitos humanos, expressa em situações que envolvem racismo, sexismo, discriminação de classe – todas essas modalidades de dominação são parte de outra específica, a xenofobia, uma modalidade específica de racismo, aquela direcionada ao não brasileiro não branco. A xenofobia acirra o discurso patriótico, inclusive entre aqueles que, do ponto de vista do racismo interno, muitas vezes estão em polos opostos, como o negro e o indígena de um lado e, de outro, o branco. Esta violência difusa se traduz em atos de discriminação, limitação do exercício de direitos e violência psicológica e pode envolver processos mais violentos e organizados, associados a setores conservadores da sociedade, redundando em violência física e atentados contra a vida, como os vários episódios de violência e barbárie ocorridos em Pacaraima, Mucajaí e Boa Vista, por exemplo. O discurso de que a migração venezuelana é a responsável pelo aumento da criminalidade, da insegurança e da exaustão dos serviços públicos e, entre eles, o de saúde, encontra eco junto a população local. Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa desenvolvida entre 2020-2022, financiada pelo CNPq-Edital Universal 2018 e pela PRPPG/UFRR/Pro-pesquisa 2020. O objeto da referida pesquisa foi compreender as diversas formas de inserção dos migrantes venezuelanos no estado de Roraima, bem como as diversas formas de violência e violação dos direitos humanos contra os migrantes venezuelanos. O desenvolvimento da pesquisa se baseou em pesquisa qualitativa, no uso de diversos métodos, técnicas e instrumentais de pesquisa. Como um dos resultados podemos afirmar que, devido a pandemia e a dependência financeira as mulheres migrantes se encontram desamparadas e reféns em seus próprios lares. A ausência de uma rede de apoio, amigos ou familiares morando próximo dificultam a realização de denúncias. Mulheres e meninas que se encontram em condição de migrantes e refugiadas estão muito mais vulneráveis e suscetíveis à violações de Direitos Humanos, dentre elas, violência de gênero, abuso e exploração sexual.
Introducción:
O presente texto é parte dos resultados do projeto de Pesquisa Migração, Violência e Direitos Humanos em Roraima. Os membros do referido projeto fazem parte do Grupo de Estudo Interdisciplinar sobre Fronteiras (GEIFRON) vinculado à UFRR. A pesquisa contou com a colaboração de outros pesquisadores e de diversos alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. No presente texto apresentaremos alguns aspectos do contextos sociopolítico da Venezuelana. Em seguida alguns dados e informações sobrea a migração venezuelana para Roraima, o papel do Estado, da sociedade civil e de Agências Internacionais no acolhimento e política de integração para os migrantes em Roraima. Depois, alguns dados e informações sobre a criminalização, segregação e violência sofridas por venezuelanos e venezuelanas em Boa Vista-RR. Por fim, algumas considerações finais.
Desarrollo:
Desde o início dos anos 2000 a Venezuela se tornou o centro das atenções das mais diversas mídias a escala planetária. Nas pautas dos mais renovados jornais, revistas e conglomerados multimídia a questão venezuelana ocupa um lugar preponderante sempre identificada com a palavra “crise”. Nas reportagens e artigos de opinião, destaca-se um quadro de instabilidade política e econômica que teria gerado uma crise humanitária, a qual seria a causa dos significativos movimentos migratórios de cidadãos e cidadãs desse país andino-amazônico-caribenho nos últimos 7 anos, que já soma vários milhões de pessoas deslocadas e, por isso, considerada pelos organismos internacionais como uma das maiores ondas migratórias na atualidade.
Para entender a complexidade sócio-histórica deste país situado a norte de América do Sul com uma extensão territorial de 916 445 km², com uma população aproximada de 32.219.521 habitantes e com as maiores reservas comprovadas de petróleo no mundo, entre outras características, faz-se necessário uma localização geopolítica no contexto do ação hegemônica dos Estados Unidos e, da mesma forma, deve-se refletir sobre os efeitos da crise mundial do modelo capitalismo e a emergência de novos polos que estão configurando novas hegemonias na dinâmica do capitalismo global.
Nas eleições de 1998 resultou vencedora a candidatura de Hugo Chávez Frías, que desenvolveu uma campanha eleitoral pela refundação da pátria com um processo constituinte. De fato, seu primeiro decreto após a posse foi a convocatória para um referendum que aprovasse esse processo para fazer uma nova constituição. O novo texto legal jurídico, que foi aprovado em referendum em dezembro de 1999, define o Estado venezuelano como multiétnico e multicultural dando visibilidade e reconhecendo indígenas originários, até as populações afro-venezuelanas, destacando a força cultural da mistura e do sincretismo como marcas de resistência à dominação colonial e neocolonial. A nova constituição que renovou todos os poderes, dá caráter de poder público ao órgão eleitoral (CNE) e cria o poder moral como Defensoria do Povo. Da mesma forma, a estrutura bicameral foi eliminada do parlamento criando a figura da Assembleia Nacional, estabelecido 6 anos para o mandato presidencial e incorporou a figura do referendo revogatório aplicável a todos os cargos de eleição popular, inclusive o de presidente ou presidente da república.
Com a aprovação da Constituição da República Bolivariana da Venezuela, abriu-se o caminho para a criação de leis orgânicas que correspondam ao espírito de equidade e justiça social incluído no marco legal fundamental da nação. Assim foi aprovada a Lei de Terras em 2001, que tocou nos interesses de famílias tradicionais da oligarquia venezuelana que há mais de 100 anos consolidaram sua riqueza com a prática de grandes latifúndios. A partir desse momento as contradições entre os grupos de poder são aguçadas (cúpulas dos partidos políticos tradicionais, organizações empresariais, liderança da Igreja Católica, conglomerados mídia) e o governo bolivariano. Na mídia desenvolvem campanhas sistemáticas contra as ações do governo retomando um discurso anticomunista agressivo, típico do período da Guerra Fria.
A chegada de Hugo Chávez Frías à presidência da República da Venezuela e o projeto político da Revolução Bolivariana cria uma ruptura com uma tradição política bipartidária que durante 40 anos se manteve no poder respondendo aos interesses dos grupos de poder da oligarquia nacional e alinhada totalmente à política exterior do governo dos Estados Unidos e das corporações financeiras, petroleiras e midiáticas desse país do norte global.
No plano internacional, a política bolivariana se baseia no estabelecimento de alianças econômicas, comerciais e políticas de caráter estratégico com países como China e Rússia, em reativar e revigorar a OPEP como um passo fundamental para fortalecer o mercado de petróleo e aumentar os preços, para incentivar e motorizar processos de integração na região da América Latina e Caribe. Chávez incorpora as categorias de mundo multipolar e pluricêntrico para questionar a hegemonia Estados Unidos e seus aliados europeus. Em 2004, o presidente Chávez se declarou anti-imperialista e em 2005 afirmou o caráter socialista da Revolução Bolivariana. Nesse sentido, argumenta-se que é um socialismo contemporâneo, do século XXI, que, diferencia-se do socialismo real do Leste Europeu e incorpora a força histórico-cultural da América Latina para se apresentar como alternativa civilizatória contra o modelo decadente do Capital.
Na segunda metade da década dos anos 2000, o fortalecimento da OPEP levou a uma subida do preço do petróleo, que se refletiu em um aumento significativo na receita que permitiu ao governo bolivariano promover importantes programas sociais nas áreas de educação, saúde, nutrição, habitação, entre outros, que pretendeu saldar uma pesada dívida de exclusão social acumulada ao longo de décadas. Ao mesmo tempo, no âmbito latino-americano, grandes avanços nos processos de integração com a criação da ALBA, UNASUR, CELAC, PETROCARIBE, que caminharam lado a lado com a emergência de governos populares ou progressistas, mudaram o mapa geopolítico com giro à esquerda.
Nesse contexto, a posição do governo dos Estados Unidos tem sido de confronto permanente com o governo bolivariano da Venezuela, que com os anos tem piorado, indo do ataque no discurso da mídia, dos impasses diplomáticos à ordem executiva do presidente Barack Obama em 2015, no qual foi decretado que a Venezuela representaria um ameaça inusitada e extraordinária à segurança daquele país do norte, esse decreto se refletiu nas sanções políticas, econômicas e financeiras implementadas e reforçadas durante os governos de Obama e Trump, agora mantidas pelo governo Baden.
Após a morte do presidente Hugo Chávez em março de 2013, cinco meses depois de conseguir uma vitória eleitoral contundente para um quarto mandato presidencial, inicia-se uma fase de grandes pressões políticas e econômicas para o governo do presidente Nicolás Maduro, eleito em 14 de abril de 2013 com o apoio do Polo Patriótico. A característica mais predominante da oposição política, que vai responder aos novos partidos de direita como Primero Justicia e Voluntad Popular, é a violência que se apresentou desde o anúncio da vitória eleitoral de Nicolás Maduro e se estendeu nos anos 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Talvez, o ano 2017 tenha sido o mais forte com ações armadas diretas e ocupações territoriais, em 18 municípios da zona central do país, durante 100 dias.
O conflito não é apenas de violência direta, de confrontos de rua, mas que tem um ponto nevrálgico na esfera econômica. A nível internacional, apresentou-se uma queda no preço do petróleo a partir de 2014 que terá um forte impacto em um país onde o produto da renda do petróleo é sua principal fonte de riqueza. Internamente, apresentam-se, por um lado, os efeitos da hiperinflação no preço dos alimentos e serviços e, pelo outro, a manipulação monetária, contrabando de notas e consequente falta de moeda, assim como, o fortalecimento de um mercado paralelo de divisas que acaba por impor uma dolarização de facto à economia doméstica. Soma-se a isso o aumento do contrabando de alimentos e gasolina principalmente para a Colômbia.
Nesse contexto, a partir do ano 2015 toma força um processo migratório inédito na Venezuela, país que tradicionalmente tinha sido um lugar de destino da mobilidade humana tanto europeia quanto sul-americana, em diferentes momentos e por diversos motivos. Para entender a origem e o crescimento sustentado da migração venezuelana nos últimos anos, é importante considerar as práticas coercitivas unilaterais exercidas pelo governo dos Estados Unidos, e outros governos sob sua influência, contra a República Bolivariana da Venezuela, que afeta a economia do país e, consequentemente, da população em geral.
A coerção financeira é uma prática utilizada por algumas organizações internacionais (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento [BIRD]), bancos regionais para a América, África e Europa Oriental, o FMI e suas contrapartes regionais, como o Fundo Monetário Europeu) quando emprestam dinheiro, condicionalmente, para enfrentar crises financeiras nos países. No caso venezuelano, responde mais a uma tática de uso da coerção como recurso na dinâmica da política internacional. A Lei 113-278 do governo dos Estados Unidos que apoia medidas coercitivas unilaterais contra a Venezuela entrou em vigor em 2015, mesmo ano em que foi desencadeado o processo de migração venezuelana.
Ao longo do século XX, a Venezuela consolidou sua condição de país petroleiro e, ao mesmo tempo, importador de bens, serviços e tecnologias. As barreiras às transações comerciais criadas pela aplicação da Lei 113-278 e pelas ordens executivas dos governos Obama e Trump tiveram grande impacto na economia do país e, consequentemente, nas condições socioeconômicas da população, com maior destaque nos últimos sete anos, período de aumento sem precedentes das ondas migratórias originárias daquele país.
Migrantes e refugiados venezuelanos em Roraima
Ao final de 2021, havia no mundo 89,3 milhões pessoas deslocadas por guerras, violência, perseguições e abusos de direitos humanos. Isso representou um crescimento de 8% em relação ao ano anterior e bem mais que o dobro verificado há 10 anos (ACNUR, 2021). Destas, cerca de 20% encontram-se nas Américas. Até dezembro de 2022, mais de 7 milhões de migrantes no mundo eram venezuelanos. Na América Latina e Caribe são quase 6 milhões distribuídos, principalmente na Colômbia com 2 milhões e 400 mil e Peru com 1 milhão e 490 mil configurando os países que mais receberam os migrantes venezuelanos. O Brasil representa o 5º. Pais dentre AL&C e conta com 388 mil e 100 venezuelanos no território brasileiro. (RV4, 2022).
De janeiro de 2017 até novembro de 2022 havia entrado no Brasil 822.854 venezuelanos e, destes, 416.297 saíram do pais pelas fronteiras com a Venezuela ou com destino a outros países. Dessa forma, há um saldo de 406.557 venezuelanos no território nacional (OIM, 2022). O perfil da população migrante que buscou a regularização migratória nesse período é de 52% do sexo masculino e 48% feminino; a faixa etária predominante é de uma população jovem, economicamente ativa, ou seja, 33% tem entre 18 e 29 anos e 36% tem entre 30 e 59 anos. Nesse interim houve um aumento considerável da população menor de 18 anos que representa 28% de todos os migrantes (OIM, 2022).
A atuação do Governo Federal por meio da Força Tarefa Força-Tarefa Logística Humanitária (Operação Acolhida), apesar da militarização das ações assumiu papel importante no processo de acolhimento e interiorização dos migrantes venezuelanos a partir de 2017.
No entanto, os agentes das instituições religiosas e Organizações não governamentais da sociedade civil assumiram o papel de minimizar as situações de vulnerabilidades e violências contra esses migrantes ao chegarem em massa, no estado de Roraima, a partir do final de 2016. A atuação das Ong´S enquanto redes de acolhimento e assistência aos migrantes contribui para o registro da temporalidade das redes de ajuda, assistência e acolhimento e de uma história antecedente, “extraoficial”, da acolhida no estado. O trabalho de pessoas e entidades da sociedade civil promovendo ações de acolhimento quando inexistia qualquer outro tipo de intervenção oficial junto aos migrantes e frente ao descaso das autoridades com relação ao tema se mostrou uma tarefa fundamental. A visibilidade, a articulação e às ações da sociedade civil local permitem conhecer várias experiências e memórias da hospitalidade e acolhida que ficaram subsumidas às “grandes narrativas” do acolhimento produzidas no âmbito das Agências Internacionais e das Forças Armadas (DERRIDA, 2000; DERRIDA e DUFOURMANTELLE, 2003)
Consideramos a primeira fase do Acolhimento aquela realizada entre 2016-2017 quando os migrantes venezuelanos enchiam as praças e ruas da cidade e se encontravam em um estado de completa vulnerabilidade social, sem receber nenhuma forma de atenção das autoridades. Essa primeira fase foi marcada pelo protagonismo de entidades religiosas, católicas e evangélicas; atuação do Sindicato da Construção Civil (SINTRACON) e de iniciativas voluntário-informais de pessoas não necessariamente ligadas ao universo religioso. Essas primeiras ações diziam respeito às campanhas de arrecadação de alimentos e de roupas, a distribuição de alimentos e cestas básicas, fornecimento de orientações e assessoria jurídica aos imigrantes, além da organização de audiências públicas para sensibilizar e pressionar o poder público local sobre as condições desses migrantes. No entanto, com o aumento da mobilidade humana e a “omissão planejada” do estado e municípios, a 1a Vara da Infância e da Juventude determinou o estabelecimento de um centro de acolhimento, inicialmente no ginásio poliesportivo, localizado no Bairro Pintolândia. O novo lugar passou a ser o primeiro abrigo para migrantes indígenas refugiados warao em Boa Vista. Enquanto os migrantes indígenas, maioritariamente da etnia Warao, eram precariamente atendidos através do trabalho da ONG Fraternidade Internacional, que gerenciava o abrigo em parceria com a Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social - SETRABES, aumentava o número de migrantes não indígenas que chegavam ao estado e que passavam a ocupar as principais praças e vias da cidade.
Na ausência de qualquer tipo de política ou de atenção à questão migratória pelas autoridades, os criollos, venezuelanos não indígenas (pessoas solteiras, famílias com crianças, mulheres grávidas, idosos, entre outros) ficavam à mercê da caridade de particulares e/ou da assistência das diferentes entidades, especialmente as religiosas. Duas coisas chamaram a atenção nessa primeira fase do Acolhimento, ou seja, uma atuação bastante politizada das entidades ligadas à Igreja católica cujo escopo das atividades extrapolava o viés meramente caritativo atribuído às iniciativas religiosas. A questão migratória em Roraima confirma as proposições de Avritzer (2012, p. 394) de que a sociedade civil brasileira conta com um forte associativismo religioso que transcende à questão da ajuda, pois muitos movimentos identificados com a Teologia da Libertação atuam também na organização dos “pobres para reivindicar bens públicos”. O protagonismo de entidades associadas a denominações de caráter ideológico-dogmático distinto, a cooperação inter-religiosa transcendia o expecto do catolicismo e incluía também o neo-protestantismo, o espiritismo e algumas religiões de matriz africana. Iniciativas de entidades que não possuíam recursos, ou apenas recursos limitados, eram financiadas por denominações mais bem capitalizadas. No campo das organizações financiadoras, a relevância da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Mórmons) e de organizações espíritas Kardecistas foi destacada por coordenadores de outras entidades religiosas e, inclusive, de organizações não confessionais como sendo uma parceria fundamental.
No âmbito da igreja católica, os relatos apontam para iniciativas de algumas paróquias, com destaque para a Igreja da Consolata (em Boa Vista) e a Igreja de Pacaraima e, de modo especial, para atuação da Pastoral Universitária, Pastoral dos Migrantes, do Centro de Migração de Direitos Humanos (CMDH – Centro diocesano), Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH – Irmãs Scalabrinianas) e a Cáritas, foram citadas como as principais entidades envolvidas. No cenário evangélico, a igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a igreja Betesta, a igreja Metodista, dentre outras foram citadas. E no contexto de entidades que escapam essa classificação, o papel das entidades Espíritas e da Maçonaria foi bastante ressaltado.
Partindo das informações dos interlocutores, no campo da participação evangélica outras ações de acolhimento mais individualizadas e corporativistas foram desenvolvidas e, portanto, não podem ser negligenciadas. Com destaque para as ações voltadas exclusivamente a migrantes “irmãos de fé” realizadas pela igreja Assembleia de Deus e, inclusive, as doações realizadas por essa denominação religiosa que extrapolavam o território brasileiro, isto é, em determinado momento se configuraram em doações de alimentos enviados às igrejas assembleia em Venezuela.
O segundo momento ou segunda fase do acolhimento constituiu-se em ações humanitárias coordenadas pelas Forças Armadas e pelas Agências Internacionais, agregando sob esse comando, denominado de Operação Acolhida, um conjunto de entidades que já atuavam no território e outras tantas que surgiram a partir de então, atraídas pela “publicidade humanitária”, que ganhou outra dimensão a partir desse momento, e/ou a convite desses atores baseados no prestígio internacional das entidades convidadas e/ou da experiência de cooperação que já possuíam com as mesmas, em outros contextos de ajuda humanitária, como foi o caso da chegada do Exército da Salvação em Boa Vista.
A instalação das Agências da ONU (ACNUR, OIM) na universidade e a criação do Centro de Referência para Imigrantes e refugiados (CRIR), um prédio da universidade (o chamado Malocão Cultural), passando a ser coordenado pela Acnur em parceria com outras entidades foi um marco no processo de Acolhimento com um mínimo de planejamento. É importante salientar, que com a chegada das Agências da ONU, as atividades anteriormente desenvolvidas pelas distintas entidades continuaram sendo desenvolvidas. Algumas das quais ampliaram o escopo dessas atividades em face o aporte econômico mobilizado por esses novos atores e que, portanto, possibilitou o estabelecimento de distintas e novas formas de cooperação e parceria. Mesmo assim, o aumento progressivo da migração venezuelana resultou na superlotação das praças, especialmente da Praça Simon Bolívar, onde muitos migrantes ficavam alojados.
Em 23 de março de 2018, a comitiva das Forças Armadas iniciou suas atividades no estado de Roraima por meio da Força Tarefa Logístico-Humanitária, denominada Operação Acolhida como uma frente de apoio às ações que estavam em curso, especialmente no âmbito logístico, tendo como eixo três frentes de atuação: acolhimento, abrigamento e interiorização.
Da cooperação entre as Agências da ONU (peritas na ajuda humanitária) e as Forças Armadas (peritas em operações logísticas), as ações humanitárias ganharam uma face mais institucionalizada e militarizada também. Isto é, a combinação entre autoridade e expertise no tema conduziu estes atores a assumirem a gestão (coordenação) das ações de acolhimento. E, a partir de então, até certo sentido, praticamente todas as iniciativas anteriores passaram a estar atreladas à Operação Acolhida, as suas normas e tradições. No que se refere especificamente a Operação Acolhida há uma forte publicidade produzida pelas Forças Armadas, e que ganham repercussão em outros meios de comunicação em torno de todas as ações promovidas no âmbito da Operação. Enquanto algumas entidades cujas ações são muito relevantes para as atividades da acolhida, porém pouco ou nada visibilizadas nas propagandas oficiais, as Forças Armadas e as Agências Internacionais levam a fama e ganham prêmios pelos esforços empreendidos no âmbito da Operação. A premiação desses dois atores pelo trabalho de acolhimento aos venezuelanos, promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos, em novembro de 2018 é um exemplo. Na ocasião, a pouca relevância dada aos esforços das entidades com forte protagonismo nas ações de acolhimento no estado foi motivo para críticas e ressentimentos por parte de algumas entidades.
Ainda em 2017, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), a Organização internacional para as Migrações (OIM) e, posteriormente outras agências da ONU constituíram um Comitê Interinstitucional com representantes dos governos estadual e federal para dar as primeiras respostas ao fluxo migratório venezuelano em um âmbito macro. Entidades da sociedade civil que realizavam algum tipo de ação foram convidadas a se integrarem à Operação Acolhida a fim de potencializar e operacionalizar as ações. Segundo Sarmento (2019), a inserção das Forças Armadas na questão humanitária tinha como finalidade compor a frente de apoio às ações que estavam em curso, especialmente no âmbito logístico, tendo como eixo três frentes de atuação: ordenamento da fronteira, abrigamento e a interiorização.
Na fronteira entre Brasil e Venezuela, em Pacaraima, há uma estrutura da Operação Acolhida com apoio de diversos órgãos que realizam o primeiro atendimento com objetivo a organização e regularização da entrada e saída dos migrantes no Brasil. A trajetória da saída até a chegada dos migrantes na fronteira está dividida em espaços e etapas que ordenam a regularização do migrante: o primeiro passo é a entrada no complexo construído pelos militares, no Posto de Recepção e Identificação. Nesse espaço são realizadas a recepção e orientação aos imigrantes venezuelanos; identificação e controle de entrada; imunização e, se for o caso: regularização migratória das crianças e migrantes refugiadas e outras assistências de garantia de direitos; o segundo passo é o Posto de Interiorização e Triagem onde são realizados o cadastro e regularização migratória, emissão de CPF, carteira de trabalho, atendimento social para identificação das situações de extrema vulnerabilidade (mulheres gravidas, idosos, crianças desacompanhadas, entre outros), proteção e defesa de direitos; o terceiro passo é a passagem pelo Posto de Atendimento Avançado onde são realizadas a atenção médica de emergência e casos de isolamento. O Alojamento Temporário em Pacaraima recebe os migrantes em três situações: os que passaram pela triagem e que não terminaram os procedimentos regulatórios; os que optaram pelo processo de interiorização e aqueles que aguardam serem movimentados para aos abrigos em Boa Vista. Havia, no início do processo migratório, um Posto de Recepção e Apoio no entorno da Rodoviária Internacional de Boa Vista criado para atender aos migrantes e refugiados desabrigados onde eram oferecidos serviços de informações, local para banho, instalações sanitárias, guarda-volumes, local de distribuição de doações e alimentos e refeitório. Hoje, os serviços oferecidos aos migrantes em Boa Vista por esse posto fazem parte do complexo de serviços oferecidos a partir da restruturação do espaço e fusão dos abrigos de emergência.
Até 2021, a ACNUR administrava 13 abrigos de emergência em Roraima para refugiados vulneráveis e população migrante, incluindo indígenas. Atualmente, existem 9 abrigos que acomodam quase 7.000 indivíduos, com aproximadamente 60% da população abrigada permanecendo menos de 6 meses (ACNUR, 2022). A gestão dos abrigos é compartilhada entre Ministério da Cidadania, Forças Armadas e ACNUR e a execução das atividades nos abrigos são terceirizadas com algumas Organizações não governamentais, como: Fraternidade sem Fronteiras; Associação de Voluntários para o Serviço Internacional do Brasil (AVISI), Agencia Humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia (ADRA). O antigo abrigo Rondon 3, que abrigava as populações indígenas venezuelanas (Warao, Enepa, Pemon) foi transformado no Tuaranoko e para lá foram transferidos os indígenas dos abrigos desativados: Tancredo Neves, Pintolândia, Nova Canaã. Muitos indígenas, principalmente do Abrigo da Pintolândia, se recusam a ir para o novo espaço e resistem aos “ procedimentos de gestão de abrigos mais padronizados” (ACNUR, 2022). Devido à resistência, principalmente dos warao, a Força Tarefa da Operação Acolhida tem realizado uma desativação “lenta e gradual”. São 180 pessoas que permanecem no espaço do antigo ginásio. As ameaças da suspensão do apoio básico da ACNUR e da infraestrutura local, como abastecimento de agua e eletricidade, a entrega de alimentos segue no local são constantes.
Os postos de acolhimento e dos abrigamentos oficiais, enquanto política emergencial, não absorve a maior parte dos migrantes que adentram ao estado e, portanto, dirigem-se às ocupações em espaços públicos, privados ou tornam-se pessoas em situação de rua. A Policia Federal indica que, de janeiro de 2017 até novembro de 2022, foram autorizadas 338.365 residências (temporárias e por tempo indeterminado) para venezuelanos no Brasil (OIM, 2022). Não há um dado exato de quantos estão residindo no estado de Roraima, embora algumas estimativas apontem algo em torno de 129.000 venezuelanos (OIM/ONU, 2022)
A Organização Internacional de Migração (OIM), em sua última pesquisa de população venezuelana refugiada e migrantes forma de abrigos em Boa Vista, realizada em outubro de 2022 contabilizou 1.869 venezuelanos vivendo em ocupações espontâneas (espaços públicos ou privados) e em situação de rua. No mês anterior eram 1.702 venezuelanos. Portanto, foi registrado um aumento de 9% da população refugiada e migrante venezuelana fora dos abrigos. No Posto de Recepção e Apoio (PRA), foram 15% a mais de pessoas nos serviços de pernoite em comparação a setembro. A população das ocupações espontâneas subiu 3% em relação ao mês anterior. Foram contabilizadas 206 pessoas em situação de rua (OIM, outubro, 2022). Já em Pacaraima, o número de venezuelanos nessas condições é ainda maior. Foram contabilizados 2.193 e, em setembro eram 2.155 venezuelanos. A oscilação entre setembro e outubro foi menor, 1%. O pico ocorreu em novembro de 2021, em plena pandemia e fechamento da fronteira, quando 3.531 venezuelanos viviam nessas condições (OIM, outubro, 2022).
Os dados têm indicado uma mudança no perfil do migrante venezuelano em Roraima. Ademais, do perfil socioeconômico e educacional ser de pessoas com menor grau de instrução escolar e profissional, o número de crianças e adolescentes, idosos e com alguma deficiência física ou com doenças crônicas tem aumento significativamente nos dois últimos anos. A pesquisa da OIM, de outubro de 2022 em Boa Vista, indicou que 71 pessoas se encontravam com doenças crônicas; 45 com dificuldade de locomoção/deficiência física ou visual; 71 idosas; 06 idosos desacompanhados, 07 crianças e adolescentes desacompanhados; 20 adolescentes e mulheres estavam gravidas. Em Pacaraima os números não são mais animadores: 64 pessoas se encontravam com doenças crônicas; 53 com dificuldade de locomoção/deficiência física ou visual; 79 idosas; 31 idosos desacompanhados, 02 crianças e adolescentes desacompanhados e 14 adolescentes e mulheres grávidas.
Todas essas se encontravam em ocupações espontâneas ou em situação de rua o que agrava as condições de vulnerabilidade econômica, social e expõe os migrantes a às mais diversas formas de violência.
Conclusiones:
A atual dinâmica migratória na Amazonia e, em particular no estado de Roraima demonstra a existência de problemas sistêmicos, comuns ao processo histórico e permanente que acompanham as migrações em toda Pan-Amazônia. É inegável que os migrantes são portadores de mudanças importantes tanto no modo de vida das sociedades de origem quanto naqueles de destino migratório. Os migrantes contribuem para ampliar a visão do espaço amazônico para além das fronteiras brasileiras e relacioná-los com a ideia de simultaneidade de tempos e espaços.
Identificamos que os nacionais e estrangeiros e as cidades que os recebem não ficam ilesos à migração. A propósito, ainda que não seja essa a representação hegemônica, é inegável a contribuição dos migrantes para o desenvolvimento da Amazônia, uma vez que os deslocamentos de populações fazem circular novas bases de produção, transferências de tecnologias e conhecimentos enriquecendo, em maior ou menor grau, as relações culturais, sociais, políticas e econômica. Nesse sentido, os migrantes e refugiados, longe de configurarem-se como problema social, representam avanços importantes para a região..
No entanto, as situações de violências vividas pelos venezuelanos não são produzidas tão somente por aqueles que historicamente passam por processos de humilhação, mas por dominadores/dominantes principais responsáveis pela perpetuação da violência. Cabe uma ressalva quanto à diferenciação, do ponto de vista teórico, daqueles que agridem os imigrantes por defesa psíquica, isso é, por recusa inconsciente de se deparar com uma situação próxima à sua – já que ela (a situação) lhe seria angustiante –, daqueles que primam pela exclusão dos considerados forasteiros apenas para a manutenção de seus próprios privilégios.
A discursividade anti-imigração no estado de Roraima por parte de políticos, de agentes dos governos nas três instancias e de grande parte da sociedade civil se contrapõem às ações implementadas por alguns desses atores, como a atuação das Igrejas, das Ong´s e de particulares. Se, por um lado a atuação do Governo Federal por meio da Força Tarefa Operação Acolhida e do seu caráter militarista, dos “protocolos” rígidos e muitas vezes etnocêntricos e eurocêntricos das Agencias Intragovernamentais e de algumas empresas no controle, principalmente, dos abrigos que, em algumas situações, levam á violação de direitos, por outro, não se pode deixar de considerar o papel desses atores na minimização das condições de vulnerabilidade dos migrantes e refugiados venezuelanos e venezuelanas em Roraima.
As tentativas de humanização do acolhimento aos imigrantes em Roraima é um fenômeno extremamente recente, apesar das migrações não o serem. Portanto, é o momento de reavaliá-las a partir de uma perspectiva decolonial, ouvindo os sujeitos migrantes na elaboração de políticas migratórias e na proteção dos direitos dos migrantes, refugiados, solicitantes de refúgio, apátridas e suas famílias.
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Palabras clave:
migração venezuelana; migração para Roraima; violências; Direitos Humanos
Resumen de la Ponencia:
La migración de latinoamericanos a Estados Unidos ha encontrado muchas de las explicaciones en las condiciones socioeconómicas desde los contextos de origen y de destino. Las disparidades salariales, los niveles de desempleo y la operación de complejas redes sociales han sido los ejes explicativos que mayormente han dado cuenta de la migración de latinoamericanos a Estados Unidos. Pese que Estados Unidos es el principal receptor de migrantes en el mundo y, dada la demanda estructural de fuerza de trabajo inmigrante en sectores económicos, en época recientes en muchos de los países de la región se ha desatada un espiral de violencia asociada al combate al crimen organizado, carteles de droga y de extorsión vinculada a los grupos armados y pandillas en los contextos de origen. Particularmente, México ha experimentado un aumento sostenido en las tasas de homicidios dolosos que reflejen parte del proceso de combate frontal a los carteles de droga y de los grupos armados asociados a ésos y, que han aquejado a la población en general. Por su parte, El Salvador ocupa uno de los primeros lugares en muertes violentas y de extorsión vinculadas a las pandillas (maras) que operan en amplios sectores de las ciudades de ese país. Finalmente, Colombia ha permanecido con una violencia estructural derivada de la operación de complejas redes de bandas criminales y de grupos armados que han propiciado, entre otros, los desplazamientos de población de regiones urbanas y rurales de ese país. En los actuales procesos migratorios en la región de América Latina, suponemos una combinación de factores socioeconómicos y de condiciones de violencia e inseguridad pública que podrían complejizar la migración desde países latinoamericanos a Estados Unidos. Esta propuesta de ponencia pretende revisar la migración que ha ocurrido desde México, Colombia y El Salvador hacia Estados Unidos, en épocas recientes. Para cumplir con lo anterior, se pretende utilizar los datos disponibles del Proyecto sobre Migración Mexicana y del Proyecto sobre Migración Latinoamericana (LAMP, por su acrónimo en inglés), los cuales han recogido información de los procesos migratorios de comunidades seleccionadas de México, Colombia y El Salvador en distintos periodos. Asimismo, se pretende sistematizar información relacionada con estadísticas asociadas a los procesos de violencia y de inseguridad públicas. En esencia, se busca dar cuenta de los efectos de éstas (violencia y de inseguridad pública) en la migración a Estados Unidos, desde una perspectiva comparativa a través de la revisión de las particularidades de México, Colombia y El Salvador. Finalmente, esta propuesta de ponencia buscaría acentuar la necesidad de reflexionar acerca de cómo los procesos de violencia e inseguridad también forman parte de la explicaciones (variables de expulsión) de la población en la región de América Latina.Resumen de la Ponencia:
Venezuela desde el 2014 ha vivido en el escenario internacional sanciones que han provocado efectos nada positivo sobre su población, El 9 de marzo de 2015, el entonces presidente Obama emitió un decreto injerencista que declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad de EE.UU, en el 2015 vinieron consigo varios decretos que impactaron en el desarrollo económico, político y social de Venezuela, la población civil se vio amenazada, la seguridad nacional estuvo comprometida, la seguridad alimentaria hasta la fecha actual ha tenido dificultades, los servicios públicos en su mayoría han colapsado a causa de las sanciones unilaterales, que ha aplicado el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, estas acciones crearon una ola de fuga de profesionales, técnicos, y padres de familia desesperados por la situación, que tomaron la opción de emigrar a varios países de la región, que han sido hostiles al gobierno de Nicolás Maduro. Colombia y Perú son los dos Países con mayor índice de venezolanos, lugar que muchos venezolanos escogieron para conllevar la situación social, económica y política , se han convertido para mas de 1.000.000 venezolanos en una tragedia, (Desempleo, Xenofobia, persecución, violaciones a los derechos humanos, asesinatos, prostitución, entre otro efectos nada positivo. Es de acotar que no solo Colombia y Perú han recibido a una alta población de Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador y Brasil albergan a lo largo de su geografía millones de compatriotas. Las medidas coercitivas iban acompañadas de políticas internacionales de países que se constituyeron en el denominado “Grupo de Lima” cuyo único propósito era intervenir en la política interna de Venezuela y su soberanía, además de derrocar el Gobierno constitucional de Nicolás Maduro, para crear esta crisis se planteo desde varios Estado el robo de Bienes de Venezuela, congelación de fondos públicos en Bancos Internacionales, dinero que estaba destino para la compra de medicamentos y alimentos. El Estado Venezolano se vio en la obligación de tomar medidas para afrontar la crisis provocada a toda la estructura de gobierno, creando los Comité locales de Alimentación, además estas mismas medidas hicieron colapsar el motor económico del país que es la industria petrolera, que dejo de generar ingresos al país en casi un 97%, de cada 100$ que entraban en 2015 en el 2019 solo entraban al país 2$ per capital. se presentaran un análisis critico y de conflicto que es necesario presentarle a la región para su estudio de como se irrespeta la soberanía e independencia de un país. Colombia y Perú han representado para Venezuela los voceros de Estados Unidos en la Región, con sus políticas internacionales nada amistosos y guerreristas.Resumen de la Ponencia:
La presente ponencia es resultado de la investigación en curso titulada “mujeres venezolanas: población migrante pendular y/o flotante en Arauca-Colombia” de la Universidad Nacional de Colombia- Sede Orinoquía”. En este trabajo se realiza una disertación sobre la feminización migratoria en el siglo XXI en el Sur Global, ya que representa una impronta relevante en la historia latinoamericana, y, particularmente en la realidad contemporánea de países como Colombia y Venezuela. En la historia binacional nunca se presentó tal envergadura migratoria, protagonizada sobre todo por mujeres en espacios fronterizos. Se destaca así, la mujer como sujeto migrante activo y como categoría analítica importante en el campo de los estudios migratorios de las ciencias sociales. Colombia desde 2014 ha pasado de ser un país expulsor de ciudadanos (sobre todo por el conflicto armado), para convertirse en un lugar receptor y de tránsito de población con necesidad de protección internacional; situación que se ha intensificado desde 2017 (Correa-Betancourt, 2020). De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR] (2021)."Colombia alberga 1.7 millones de venezolanos, lo cual es el 37% de los 4.6 millones de venezolanos en la región" (p. 3)[1]. Para ese mismo año en Arauca, estaban en situación de regularidad e irregularidad, 21.963 personas venezolanas, de los cuales, el 51% estaba compuesto por mujeres (Migración Colombia, 2019). Por tanto, la presente ponencia presenta los resultados de investigación, centrándose en el tercer paso fronterizo más dinámico y complejo entre Venezuela y Colombia, con el objetivo de interpretar cómo se configuran y re-estructuran las trayectorias sociales de un grupo de mujeres venezolanas, quienes han ejercido en los últimos años, movimientos migratorios flotantes y pendulares en Arauca – Colombia. Metodológicamente, la investigación se realizó, a través de un enfoque cualitativo. Se realizó entrevistas individuales a 24 mujeres venezolanas, un grupo focal, observación de campo y cartografía social. Finalmente concluye la investigación que las trayectorias sociales de las mujeres venezolanas, se ven transversalmente modificadas con la migración que realizan, ya que se ven sometidas a distintos riesgos, de los cuales son conscientes debido a su condición de género y nacionalidad. Al unísono, y, paradójicamente, la diáspora migratoria representa para ellas, la única esperanza a la hora de obtener una mejor calidad de vida, incluso en un contexto violento y afectado por la pandemia del SARSCoV2.
Introducción:
Venezuela afronta en la última década una de las mayores crisis políticas, económicas, sanitarias y de seguridad alimentaria. Esta crisis agenciada por la caída del precio de petróleo, el endeudamiento internacional, la elevada inflación de bienes y servicios, además de la simultánea devaluación de la moneda venezolana (el Bolívar) ha hecho que millones de ciudadanos venezolanos busquen refugio en otros países (Polo-Alvis, Serrano-López, & Triana Barragan, 2018). Esta situación ha derivado en un éxodo masivo que suma más de 5,6 millones de venezolanos fuera de su país, de los cuales cerca de un 31% (1.742.927 personas) se encuentran en Colombia, según datos registrados en la Plataforma de Coordinación para Migrantes y Refugiados de Venezuela (R4V, 2021).
Cabe recordar que Venezuela ha sido tradicionalmente un país receptor de inmigrantes (Palma-Gutiérrez, 2021). En el siglo XIX recibió cientos de migrantes, sobre todo europeos, para trabajar en diversos sectores económicos con necesidad de desarrollarse (agrícola, minero, fabril). En el siglo XX, luego de la segunda guerra mundial, Venezuela vuelve a recibir cientos de inmigrantes, provenientes sobre todo de Alemania, España, Italia y Portugal (Mejía-Ochoa, 2012). La bonanza petrolera que empieza en 1970 atrae a más población europea, pero también a ciudadanos de países vecinos como Panamá, Ecuador y Colombia. Específicamente, de Colombia, se calcula que para la época emigraron hacia Venezuela en promedio 600 mil personas (Aguilar-Alamao, 2015). En pleno siglo XXI esta historia de migración y de relaciones binacionales se ha transformado, principalmente, se expresan cambios a partir de la construcción de flujos migratorios inversos (Polo-Alvis, et al, 2018). Ahora son los ciudadanos venezolanos quienes emigran hacia Colombia, como primer destino, por su frontera terrestre y cercanía, o porque les permite ser un territorio de tránsito ideal para el Cono Sur, el Centro o el Norte del continente Americano.
Dentro del grupo de emigrantes de Venezuela, se resalta de manera especial el papel protagónico de las mujeres en esta diáspora, ya que dentro de los estudios clásicos sobre migración en el campo de las ciencias sociales, la trayectoria del sujeto masculino adulto se ha estudiado como principal actor en las migraciones humanas.
Con todo, en las últimas dos décadas las mujeres no sólo han migrado como acompañantes de sus parejas o esposos, sino que también lo han hecho en solitario o por cuenta propia (Woo-Morales, 1997). Este tipo de migración ha presentado un crecimiento continuo en los últimos años, e incluso, a partir de estudios previos, se ha encontrado que estas mujeres emigran con planes y recursos económicos propios, ya que ellas desempeñan un rol central dentro de la estructura familiar venezolana (Aguilar-Alamao, 2015). Sin embargo, en el camino que deciden emprender, varios son los factores que las señalan como población vulnerable en ese movimiento humano, pues los riesgos a los que se ven expuestas muestran que pueden ser objeto de trata de personas[1], robos, violaciones y xenofobia.
Como fue mencionado, Colombia ha sido el principal receptor de inmigrantes venezolanos en estos últimos años, sin embargo, llama la atención que una porción importante de inmigrantes venezolanos en Colombia:
obedecen a una tendencia migratoria flotante que tiende a movilizarse en la frontera, el 34 % desarrollan patrones de movimientos transfronterizos de corta duración de forma pendular, y el 66 % de tránsito con miras a desplazarse hacia otros países del Norte América o del Cono Sur (Migración Colombia, 2017)
Particularmente, la frontera entre la localidad del Estado de Apure de Venezuela y Arauca-Colombia, se constituye en uno de los pasos o tránsitos más usados por los migrantes venezolanos para establecerse o seguir sus recorridos hacia otras ciudades o países. Según datos suministrados por Migración Colombia, a diario, cerca de dos mil personas llegan por este corredor (Migración Colombia, 2019) y se calcula que para el año 2019, en la ciudad araucana, se encontraban cerca de 42.890 migrantes venezolanos (Migración Colombia, 2019). Todo esto, sin contar con aquella población que carece de registros oficiales y que utiliza varios tipos o modalidades de pasos ilegales. Por tanto, la presente ponencia de resultados de investigación se centra en este espacio; el tercer paso fronterizo más dinámico entre Venezuela y Colombia, con el objetivo de interpretar cómo se configuran y re-estructuran las trayectorias laborales y relacionales de un grupo de mujeres venezolanas, quienes han ejercido en los últimos cinco años movimientos migratorios flotantes y pendulares en Arauca – Colombia.
Desarrollo:
El trabajo de campo en la ciudad de Arauca se realizó a través de una metodología cualitativa en donde se privilegió las narrativas de las migrantes y se usó como técnicas de recolección de datos, los grupos focales, las entrevistas y la observación, permitiendo ubicar varios lugares de tránsito, barrios y/o asentamientos humanos de población migrante venezolana en la ciudad . En efecto, 24 mujeres migrantes venezolanas, de distintas procedencias, algunas en tránsito, tres entrevistadas en el terminal de transportes de la ciudad y 21 moradoras de los barrios Las Cabañas y el asentamiento humano Villa Estrella, decidieron participar voluntariamente de este ejercicio investigativo y nos permitieron conocer sus historias y trayectorias de vida. La edad promedio de las mujeres es de 27,7 años, todas ellas se encuentran dentro del rango de población económicamente activa. Sin embargo, el nivel de escolaridad de la mayoría de las entrevistadas se encuentra por debajo del bachillerato, pues si bien siete de ellas lograron este nivel, tan solo una de las 24 mujeres terminó una carrera profesional en su país de origen. La mayoría de las mujeres entrevistadas en el barrio Las Cabañas iniciaron su migración recientemente, según informan de tres a doce meses. Algunas de ellas suelen tener un flujo migratorio pendular (caracterizada por las constantes entradas y salidas entre Venezuela y Colombia). Otras de las entrevistadas que habitaban el barrio la Cabañas ejercen flujos migratorios nominados como flotantes con períodos más extensos de residencia en el país o ciudad receptora, pero no están debidamente censadas/identificadas.
Uno de los móviles que agenció la migración de estas mujeres, tiene que ver con la ideología compartida en relación a Colombia como un país con mayores oportunidades de vida. Gran parte de ellas menciona su interés por permanecer en el país, pues les permite mantener la cercanía necesaria para visitar a sus familiares de manera ocasional. En este sentido, las razones de migración para estas mujeres son en su mayoría económicas, laborales y familiares.
Antes de iniciar su migración, este grupo de mujeres sostenía un estilo de vida marcado por las dinámicas políticas y sociales venezolanas del momento, es decir, situaciones de crisis humanitaria, emergencia y escasez. Realidades que se agudizaron en los últimos cinco años y que se reflejan tanto en el contexto político, como en el económico, pues el cerco económico internacional, junto con el desgaste de la industria petrolera, se muestran como factores que inciden en la actual diáspora venezolana. De esta manera, la motivación de permanecer en Colombia ha sido reforzada por la relación monetaria que establecen, ya que la devaluación de la moneda venezolana y las precariedades de atención estatal, hacen que ellas se vean obligados a migrar y conseguir trabajos de manera informal en Arauca. Así, este grupo de migrantes, con el dinero que perciben, logran suplir sus necesidades básicas, situación que se tornaba inverosímil en Venezuela.
Por la actividad comercial y la presencia de entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, la capital del Departamento de Arauca es una ciudad que muestra características de área metropolitana. El Amparo y Guasdualito se podrían considerar ciudades satélites, donde los trabajadores van a dormir y a reposar después de la jornada laboral (Castro-Rodriguez, 2021); lo que se traduce en un flujo importante de tránsito y permanencia de migrantes venezolanos. Así, la frontera colombo-venezolana entre el Estado de Apure y Colombia, convierten a Arauca en un lugar con flujos migratorios masivos, flotantes, pendulares, mixtos, es decir, un lugar dinámico por excelencia (Mojica, Aliaga, & Espinel, 2020)
La población migrante venezolana pendular permanece en Colombia y retorna el mismo día o pocos días después a Venezuela, ya que ingresan a Arauca por la frontera seca o fluvial, por víveres o asuntos familiares. La población migrante venezolana flotante, aunque no está legalizada en la ciudad ni establecida formalmente, ejerce trabajos informales por temporadas cortas, en cuanto articulan sus redes de apoyo y deciden qué destino emprender; otros inmigrantes flotantes están en la ciudad por tiempos un poco más prolongados debido a su relación laboral, sentimental o por tratamientos médicos. De esta manera, los habitantes en las fronteras establecen sus códigos y mecanismos para fortalecer y obtener beneficio de la condición fronteriza; donde prevalece la fluidez relacional (Valero-Martinez, 2009).
Diversos estudios expresan que una importante parte de la población venezolana en Colombia obedece a una tendencia migratoria flotante que tiende a moverse en la frontera (Polo-Alvis, et al, 2018), otros autores hablan de desplazamientos pendulares como un tipo de “mercadeo fronterizo diario” (Valero-Martinez, 2009), en cuanto otros resaltan la permeabilidad cultural, sobre la lógica económica o de seguridad (Palma, 2015); lo que sí es claro, es que una porción de la población migrante venezolana en la frontera araucana, en cuanto busca una estabilidad en vivienda, salud, ingreso económico y educación, tiende a tener movimientos flotantes de tal manera que puedan tener un estatus migratorio “formal” y acceder a algunos de los derechos que garantiza la oferta institucional.
Como fue anotado anteriormente, Colombia carece de experiencias significativas como país receptor de población migrante. En este contexto, los colombianos experimentan la transformación de ser un país de emigración a uno de inmigración, tránsito y retorno (Palma, 2015), por lo cual, debe asumir múltiples tareas, como también definir estrategias articuladas a las dinámicas formales e informales alrededor del fenómeno. Luego, propender por una efectiva incorporación al tejido social, en donde haya una atención psicosocial adecuada para esta población (Labarca-Reverol, 2019) e implementar políticas públicas e integrales que atiendan y mitiguen los inconvenientes generados por la migración, desde una perspectiva constitucional y a la luz de los tratados internacionales (Tapia-Bravo, 2020) y sobre todo con un marco normativo con enfoque diferencial son algunos de los retos y desafíos que enfrenta Colombia como país receptor (Palacios-Sanabria y Torres-Villareal, 2020).
Asimismo, Los estudios migratorios con una perspectiva de género permiten entender los impactos de manera diferenciada, pues estamos viviendo el auge de la feminización de la migración que refiere a la participación de la mujer en los movimientos migratorios con un rol activo tanto en el ámbito económico como social (Fries-Monleón, 2019).
En estos flujos migratorios sur-sur o no hegemónicos (Bermúdez-Rico, 2014), las mujeres se posicionan como las protagonistas debido a su vulnerabilidad (Fries-Monleón, 2019; Mesa, 2020; Flores-Sequera, 2020). Las mujeres migrantes, según Oquenda-Lorduy (2019) enfrentan mayores peligros y/o barreras a la hora de integrarse en el país receptor. A la condición de migrantes se le suman “factores de riesgos inherentes como ser pobre, tener una baja escolaridad, ser una mujer sola, y con hijos pequeños” (Otálora, 2020, p. 57), además cuando no existe la documentación legal adecuada, se intensifica la vulnerabilidad de la mujer migrante. Al parecer, la mayoría de mujeres migrantes del mundo ostentan un estatus migratorio irregular, ya que utilizan estrategias fuera de los marcos formales (Palma, 2015) arriesgando, de este modo, sus vidas durante diversos pasos ilegales (García-Arias y Restrepo-Pineda, 2019), pero también y como ya se mencionó, se destaca una importante literatura que no solo las pone en lugar de vulnerabilidad sino que resalta el rol de estas como proveedoras económicas y como agentes de flujos migratorios construidos por ellas mismas y para ellas mismas, gestándose así nuevas formas de subjetivación y de empoderamiento femenino en sus cursos de vida (Woo-Morales, 2007; Aguilar-Almao, 1995; Unda &Alvarado, 2012, Micolta-Leon 2007).
Hoy se debe velar por una visión intercultural que desarrolle la interacción entre personas, conocimientos y prácticas, y se debe propender por una pedagogía que concientice a las personas sobre las implicaciones del fenómeno migratorio, para así evitar implicaciones xenofóbicas . Con base en los estudios consultados, es posible establecer que la migración genera reconfiguración territorial en las fronteras con consecuencias demográficas, económicas y socio- culturales negativas y positivas, por tanto, interpretarla como oportunidad dependerá de su procedencia y del aporte que pueda realizar (Aguilar-Almao, 2015).
Conclusiones:
El fenómeno migratorio venezolano es un proceso que se ha caracterizado por ser mixto, ya que combina múltiples causalidades y actores (Phelán & Osorio, 2020). En especial, la frontera colombo-venezolana entre las jurisdicciones de Apure y Arauca, es una zona importante en cuanto a la integración regional, con servicios de atención humana prioritaria. No obstante, varias son las situaciones que hacen que exista una asistencia prioritaria y de emergencia para esta población. Uno de los casos más mencionados, es la elevada tasa de inseguridad alimentaria en hogares de mujeres migrantes cabezas de familia que llevan poco tiempo en Colombia y que sobre todo le correspondió afrontar las consecuencias económicas de la pandemia global por cuenta del SARS CoV2 (ONU, 2020b). Sumado a lo anterior, muchas de las mujeres venezolanas, se enfrentan o insertan en Arauca a un contexto violento, en donde las dispuesta de actores armados ilegales por el control territorial, conlleva a afectar de manera directa o no a los más vulnerables, en este caso, mujeres extranjeras indocumentadas.
La feminización migratoria en el siglo XXI en el sur global representa una impronta relevante en la historia latinoamericana y particularmente en la realidad contemporánea de países como Colombia y Venezuela. En la historia binacional nunca se presentó tal envergadura migratoria, protagonizada sobre todo por mujeres en espacios fronterizos como los estudiados en la presente investigación. Se destaca así, la mujer como sujeto migrante activo y como categoría analítica importante en el campo de los estudios migratorios (Ciurlo, 2014). Para el año (2020) habitaban en Arauca-municipio 22.208 personas venezolanas, según el Grupo Interagencial Sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM, 2020), de los cuales el 51% correspondían a mujeres en todos los rangos etarios.
De las 24 mujeres migrantes de nacionalidad venezolana entrevistadas, 11 tenían para el momento de la indagación un estatus migratorio pendular, ya que frecuentemente viajaban entre Venezuela y Colombia. Este grupo de mujeres se caracterizó como migrantes pendulares porque no tenían una vocación de residencia permanente en Arauca-Colombia. Las mujeres viajaban constantemente entre los dos países en búsqueda de servicios médicos o por visitar y/o acopiar algo de dinero de co-nacionales que estaban ya establecidos en el mencionado municipio colombiano. Estas mujeres con este tipo de flujo migratorio son muy comunes en los espacios fronterizos, en donde se comparte no solo amigos y familiares, sino prácticas culturales similares debido al idioma, el folclor y la historia política relacional (Gregorio-Gil, 2014). Otras de las 10 mujeres entrevistadas, ostentaban un estatus migratorio flotante, es decir, un poco más estable en Arauca, aunque irregulares/ilegales (entre tres y diez meses- con vocación de permanencia). Las últimas pretendían encontrar un empleo en Arauca o emprender de manera comercial. Tres de las mujeres entrevistadas restantes estaban en tránsito a lugares de Colombia desconocidos, ya que ellas mismas no tenían certeza de su destino final. Las actividades económicas realizadas por ella eran en mayor proporción informales y flexibles como aseo en casas de familia, cuidado de niños y meseras o trabajadoras por horas en restaurantes y pequeños comercios. Los trabajos flexibles, por horas, por contrato a términos fijo, por servicios –OPS- (tercerizados), el trabajo por cuenta propia se caracteriza por las pocas o nulas garantías laborales, por ende, pueden catalogarse como precarios (De la Garza y Neffa, 2010 ). En este escenario los migrantes indocumentados y las mujeres migrantes con hijos pequeños sufren en mayor proporción.
Las trayectorias laborales y relacionales de las mujeres entrevistadas se vieron transversalmente modificadas con la migración que realizaron. La falta de oportunidades laborales, la violencia a la que se ven expuestas, las rupturas familiares y la falta de una red de apoyo resultan ser elementos que en su conjunto constituyen una mayor vulnerabilidad para ellas, debido no solo a su condición de migrantes irregulares, sino por su género, nacionalidad y capacidad económica reducida.
Ahora bien, se debe señalar que el grupo de mujeres percibieron el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, promulgado por el Gobierno Colombiano, a través del Decreto 216 del 1 de marzo de (2021), como algo esperanzador, ya que veían en éste la oportunidad de no ser explotadas laboralmente y de que sus hijos pudiese acceder de manera más regular a servicios de salud y educación. Según investigadores(as) e instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020b) y (Krüger-Sarmiento, Rodriguez, Robayo, & Mendoza, 2020) resulta más beneficioso para el país receptor de migrantes masivos regularizarlos que no hacerlo. Se trata de no solo integrarlos a la legalidad (censar, pagar impuestos), sino a la posibilidad de salvaguardar sus derechos humanos y utilizar sus potencialidades en pos del desarrollo nacional. Se espera que con el transcurso de este estatuto, la población venezolana adquiera una mejor calidad de vida, por tanto, se recomienda para una efectiva implementación de este decreto en Colombia, realizar diagnósticos constantes de la población y establecer una veeduría para que lo promulgado en el decreto, en la praxis, coexista con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con los derechos humanos internacionales, con los estatutos de regularización de los migrantes en contextos de emergencia adoptados por países expertos en el tema. Finalmente, se recomienda que estos mismos se sincronicen a nivel nacional, departamental y municipal con los planes de desarrollo de cada municipio y departamento, para realizar su evaluación y pertinente ajuste.
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Palabras clave:
Palabras clave: mujeres, migración,Venezuela, frontera
key word: women, migration, Venezuela, border
Resumen de la Ponencia:
La ponencia es resultado del artículo con el mismo nombre[1]. Se documenta el estado de la Trata de Personas en el Perú, específicamente la explotación laboral y sexual, se destacan regiones que por su ubicación geoespacial y/o dinamismo económico concentran un significativo flujo migratorio. Se analiza con base en tres dimensiones: a) una discusión teórico-epistemológica, en el marco de la reciente Recomendación General de la CEDAW número 38; b) una revisión del Marco Jurídico nacional y sistemas de protección y empoderamiento de las y los ciudadanos para vivir espacios libres de trata de personas, además de examinar el presupuesto nacional y regional asignado; y c) el análisis de cuatro regiones seleccionadas por su dinámica económica y flujo migratorio: Lima Metropolitana, Tacna, Tumbes y Madres de Dios. Para concluir que en el país, en el marco de las economías extractivas emergentes, del mercado laboral informal y de confinamiento global por la COVID-19, la trata de personas se proyecta como un fenómeno de mayor conflictividad dado su entronque con el incremento de la pobreza y la intensificación de las desigualdades sociales, situación que pone en riesgo el cumplimiento de los derechos humanos de peruanas y peruanos a vivir libres de violencia y de explotación.
[1]VARGAS VALENCIA, Fabiola Teresa. La trata de personas en el Perú. Una mirada enfocada en regiones con apertura a la migración global. Huellas de la Migración, [S.l.], v. 6, n. 12, p. 129-176, jun. 2022. ISSN 2594-2832. Disponible en: <https://huellasdelamigracion.uaemex.mx/article/view/16355>
Introducción:
El primer eje que guía la propuesta centrada en el pensamiento global, el que se ocupa de los estudios de sociedades dominadas por la yuxtaposición de los efectos de la mundialización económica y de la crisis de estados nacionales en América Latina, en donde las mujeres y demás grupos en condición de vulnerabilidad son privados de su acceso a derechos en condiciones de igualdad, hecho que impide el desarrollo regional sostenible, contempla el nivel de los saberes, que en los últimos años lleva a construir Planes Nacionales y Regionales, directrices para la actuación de los gobiernos y la sociedad civil, con el fin de responder de manera razonada a una de las violencias de género más extremas. Un segundo eje contextual, es la compleja trama mundial por la pandemia que coloca en el escaparate internacional el fenómeno de las violencias en mujeres, niñas y adolescentes.
La episteme que nos acoge como civilización, sobre el tema de la trata de personas, exige no abstraerla de su dimensión política que la configura como el tercer negocio criminal más lucrativo en la actualidad, la tercera gran economía, después del narcotráfico y el armamentismo en el mundo.
La trata de personas es un fenómeno que se reconoce como problema social a fines del siglo XIX e inicios del XX. En América Latina los países impulsados por los Organismos Internacionales inician acciones gubernamentales para combatirla. En este proceso la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales y nacionales, han transcurrido por fases de reconocimiento gradual y progresivo ante el problema. De estudios exploratorios se ha pasado a una búsqueda de comprensión mucho más amplia, a nivel macro y global.
En el 2018, emergen las investigaciones que ponen en entredicho la economía mundial neoliberal como proceso generador de encarecimiento y por lo tanto de explotación. Un antecedente destacable, es el caso peruano en Elementos comparados del impacto de la trata de personas en la salud de víctimas adolescentes, en el contexto de la minería ilegal de oro en Madre de Dios (2014). El estudio es un esfuerzo por vincular el fenómeno a la economía de un espacio geopolítico específico, donde predomina el silencio, la negación, el encubrimiento y los subregistros entorno de la explotación sexual y laboral de mujeres jóvenes, niñas y niños, en la zona. Este estudio de carácter antropológico destaca la interrelación entre la realidad compleja que presenta la dinámica económica enfocada en la extracción de oro en la Región de Madre de Dios en el Perú, y sus consecuencias en la salud de mujeres y hombres entre los 16 y 17 años de edad, víctimas de explotación sexual y laboral.
Evalúa el contexto en el cual se circunscribe la trata de personas, valora y discute la movilidad humana y la precariedad laboral de una economía extractiva no formal, mayoritariamente ilícita, que no parece obedecer a mecanismos institucionales regulados por estructuras verticales. Sostiene el autor que esta actividad ha implicado un importante fenómeno migratorio interno más que internacional, y advierte la ausencia del Estado y la precarización de las instituciones púbicas de servicios, de seguridad y del sistema bancario, particularmente y con extremo abandono en los campos de extracción del metal; sin embargo, observamos que al explicar la dinámica socioeconómica la adjudica al deseo de enriquecimiento, la “fiebre del oro”. Así, la explotación laboral y sexual reproducida en el sistema de las economías extractivas, queda aislada de su comprensión integral, no como parte de los grandes procesos actuales de la economía mundial, sí como sistemas micro desarticulados, de economías familiares.
“ […] ¿Qué elementos permiten pensar en la figura de una “fiebre del oro”? Pues al menos tres elementos configuran este escenario: una “gran ola” migratoria, la ausencia de mecanismos de control estatal o regulación institucional, y la presencia de una explotación informal de pequeñas economías en competencia (White, 1998; Reeves, Frost & Fahey, 2010)” (Mujica, 2014: 27).
En contraste, La Trata de personas en el Perú. Criminología de actores y perfiles penitenciarios (2017), evidencia el vínculo entre la trata de personas, la expansión de las industrias extractivas y la informalidad en ciudades intermedias y ámbitos periurbanos. Este estudio ofrece una exploración sobre las características de las personas privadas de libertad por el delito de trata de personas, para ello indaga en la subjetividad de los y las imputadas, y sobre los contextos de riesgo que podrían estar asociados a conductas delictivas o de victimización. Discute aspectos de la trata de personas en contextos de baja presencia estatal, en actividades extractivas, de bienes, servicios y negocios de diversión nocturna (Cavagnoud & Mujica, 2012; CHS Alternativo, 2016; Mujica, 2014a, 2014b); que funcionan en complemento a sistemas delictivos más extensos; y que se distancia de los modelos verticales del crimen organizado asociados a mafias y carteles (Campana, 2016a; Campana & Varese, 2013; Hughes, 2001) (Citados por MINJUSDH, y CHS Alernativo, 2017) , llegando a la siguiente afirmación:
“Este estudio pone de relieve la inequívoca relación entre la trata de personas y sistemas económicos de trabajo informal. Las evidencias son claras respecto a que éste no es un delito aislado: opera en relación a una oferta y a una demanda cuyas fuentes son sistemas económicos extractivos y de servicios informales. Conviene prestar atención a los siguientes datos sobre la población penal: 26.36% de mujeres recluidas tuvo como antecedente laboral directo trabajos como dama de compañía y 22.73% trabajó en bares, discotecas o restaurantes. Es decir, 5 de cada 10 mujeres recluidas tuvo como antecedentes trabajos expuestos a las redes de trata de personas. En el caso de varones hay proporciones semejantes: 33.3% trabajó en bares, discotecas o restaurantes y un interesante 22.2% trabajó como transportista. Para resumirlo en una cifra ilustrativa: 8 de cada 10 internos por trata de personas tuvo empleos informales como antecedente laboral directo” (MINJUDH y CHS Alternativo, 2017, p. 7).
Frente a lo anterior, en La trata de personas, dilema de la frontera norte de México: un análisis de política pública en Baja California, desde una perspectiva de género y los derechos humanos (2018), señalamos que la trata de personas es la llamada esclavitud del siglo XXI, contenida al modelo capitalista neoliberal postindustrial. Es el rapto o secuestro y traslado para la prostitución obligada, la indigencia forzada, la explotación laboral y sexual, matrimonios obligados, el traslado y venta obligada de estupefacientes, la extracción de órganos, entre otros. En aquella oportunidad señalamos el manejo de este ilícito en espacios geopolíticos específicos, en las ciudades:
“Tal afirmación descansa en el planteamiento de Alain Touraine (2017), para quien la historia de los países de América Latina transcurre ahora en dos niveles diferentes: un nivel nacional en el que prevalece la debilidad de acción de los estados y un nivel mundial en el cual el papel principal lo tienen los nuevos imperios que dominan la economía y las crisis políticas y culturales que destruyen los Estados nacionales o que se desarrollan sobre sus ruinas. Tal debilidad de los Estado Nación en América Latina estaría en su incapacidad de combinar las demandas sociales de la población con las exigencias de la competitividad económica, y en su extremo a sacrificarlas en nombre del crecimiento económico, sistema en el que se gesta y reproduce la llamada esclavitud moderna” (Vargas, 2018).
El contexto mundial de pandemia por la COVID-19 y el confinamiento al que entramos en la segunda quincena de marzo del 2020, expone y confronta nuestra realidad social frente al modelo neoliberal, en los territorios y/o regiones, sobre los procesos de precarización económica y política se acrecientan las crisis de salud y humanitaria, por la disminución en los ingresos familiares, la pobreza y la desigualdad social que van en aumento. Amenazan escenarios comunes a lo sucedido en la crisis financiera de 2008, Estados asediados por la deuda pública para asistir el sistema financiero, regular la libre empresa, y subvenir al gran número de desempleados.
Ante lo planteado, abordamos el análisis de la trata de personas en su dimensión global, desde las desigualdades sociales agravadas por el modelo neoliberal del capitalismo contemporáneo, que “organiza a las sociedades y con ellas a las y los sujetos sociales como piezas para la asignación de roles de género y generacionales, basados en comportamientos sexoculturales potencialmente asimétricos” (Vargas, 2009: 115).
El objetivo de este artículo es documentar y reflexionar desde el pensamiento global, la trata de personas como fenómeno social en el Perú, en cuatro regiones seleccionadas por su particular dinámica económica y flujo migratorio: Lima Metropolitana, Tacna, Tumbes y la región Madres de Dios. El propósito es, con base en la Perspectiva de Género y los Derechos Humanos articular el problema social a los efectos de la economía mundial actual.
Desarrollo:
II. La trata de personas en el Perú, una revisión desde el pensamiento global
Partimos de la discusión epistemológica entre trata de personas y prostitución. En América Latina y en el mundo, la trata de personas es un tipo de violencia de género extrema y ha sido interpretada como prostitución por amplios sectores de la sociedad, quienes reducen el problema a su connotación moral, situación que encubre el sentido político existente, es decir: la acción de depositar el significado del problema sobre un grupo en “particular” de las mujeres y sus proxenetas, hecho que libera al resto de la población, de este grave problema. Por el contrario, consideramos que este fenómeno social es amplio y subrepticio, por lo que sugerimos entenderlo en su comprensión integral y global.
Proponemos dos dimensiones para el análisis: una socioespacial y otra sociocutural.
1. La dimensión socioespacial
Refiere un conjunto de elementos geo-territoriales como son las fronteras, los ingresos a la región o al país de flujos migratorios internos y externos: caminos, entradas marítimas, fluviales y aeroespaciales; comprende además las dinámicas económicas de producción y comercialización, los microsistemas económicos de la zona que se enlazan en operación con los grupos delictivos y determinan su tipología, los modos de explotación, que a la vez influyen en las características de los tratantes y sus víctimas.
La Recomendación General de la CEDAW número 38 sobre “tráfico y trata de mujeres y niñas en el contexto de migración global” (2020) define al fenómeno como transnacional, considera las fronteras internacionales y exhorta a los gestores de las fronteras internacionales a trabajar con enfoque de Derechos Humanos, perspectiva de género, delincuencia organizada, migración nacional e internacional y seguridad ciudadana. Integra a los operadores de justicia, policías, fiscalías, poder judicial, autoridades de los gobiernos regionales y locales, alcanzando hasta el Congreso de la República.
Recuperando la propuesta de Saskia Sassen (2007), en Una Sociología de la Globalización, la condición actual de las migraciones difiere de fases anteriores en el mundo capitalista. La autora describe el mundo globalizado ya no como una pirámide de naciones y de estados, sino como un conjunto de ciudades mundiales, de las cuales algunas constituyen hasta centros de comunicaciones mundiales tan importantes como los estados [nacionales] grandes (Sassen, 2007). La autonomía económica de estas megalópolis ha debilitado aún más a los Estados Nacionales, creando los instrumentos de la corrupción, que permiten a unos políticos de importancia secundaria imponer sus intereses en regiones que son marginales con relación a los centros principales de la actividad económica mundial. La corrupción es la manifestación más visible del declive de los Estados Nacionales con relación a las megalópolis globalizadas.
2. La dimensión sociocultural
Comprende la cultura sexogenérica asimétrica, la sexualidad occidentalizada que vigoriza las desigualdades sociales entre los géneros y todo aquel sector de la población excluido del poder que detenta la masculinidad: las infancias, las juventudes, los grupos étnicos, la tercera edad, las diversidades sexuales, entre otras. Desde la perspectiva de género, se aborda la trata de personas con un enfoque interseccional, la interseccionalidad es el sistema interconectado de subordinaciones y opresiones entre actores sociales en vínculo con la configuración del territorio, espacio social-simbólico; concepto que compromete el principio de diversidad de género y sexual, en tanto que no existe la mujer como única, homogénea, estática y etiquetada, es decir un “modelo ideal”.
Las mujeres son sujetas sociales y políticas, cuyo carácter diverso lo dota el género en su particular entronque con otras categorías como son la generación, la etnicidad, la clase social, la diversidad sexual, entre otras. En este contexto, se plantea la obligación de los Estados de tener