El 20 de marzo de 2020, 9 días después de la que Organización Mundial de la Salud declarara el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, el Presidente de Argentina decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. La Ciudad de Buenos Aires, con sus más de tres millones de habitantes y otros tres que a diario ingresan de la homónima y lindante Provincia, inmediatamente se vio convertida en una ciudad fantasma. El temor social frente a las noticias que llegaban de Italia y una fuerte convicción gubernamental sobre las ventajas de la cuarentena hicieron que esta tuviese un acatamiento muy alto.
Para contribuir a la comprensión de algunas transformaciones sociales que se produjeron desde entonces, la investigación aborda el problema de cómo se modificaron durante la pandemia los delitos, las violencias y las detenciones en la ciudad. El problema de investigación incorpora como relevantes aspectos como cambios en la cantidad y en la composición de los delitos, en la evolución de diferentes formas de violencia como la de género y la institucional, en las características de las detenciones, y finalmente, en la gestión del encierro de personas en el marco de la propagación de un virus tan contagioso.
La propuesta metodológica es fundamentalmente cuantitativa. Para alcanzar los objetivos se han utilizado datos elaborados por actores del Poder Judicial (Ministerio Público de la Defensa y Ministerio Público Fiscal). Más allá del énfasis en lo cuantitativo, el análisis se complementa con una etnografía digital de las redes sociales de los mencionados actores. En un contexto de confinamiento, en donde estas se convirtieron en el canal por excelencia de comunicación entre el Estado y la sociedad civil, las redes constituyen una fuente ineludible para un conocimiento más acabado sobre lo social.
De esta forma se espera producir conocimiento sobre las transformaciones sociales ocurridas en Buenos Aires a partir de la irrupción del COVID-19 en materia de delitos, violencias y detenciones.
Introducción:
El siguiente trabajo se inserta en uno más amplio que desde el año 2017 tiene como objetivo realizar un seguimiento de la evolución de las detenciones en la Ciudad de Buenos Aires. El 2020, “el año de la pandemia”, es sin dudas un año excepcional en el que el COVID 19 y el confinamiento lo convierten en un objeto de interés particular, no sólo para esta temática sino para la Sociología en general.
Desde el inicio de este trabajo en las XII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires 2017 ha estado claro que el número de detenciones, así como su evolución, los delitos a las que están vinculadas y demás, no son un reflejo de la real conflictividad en la Ciudad. Por el contrario, en la ponencia presentada en aquel entonces, así como en 2018 en las X Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de la Plata (“Contraventores en el espacio público: de consumidores fallidos a personas privadas de su libertad[1]”), se hacía especial hincapié en la política criminal del Ministerio Público Fiscal, en el rol de los medios de comunicación y en las definiciones políticas de los problemas públicos, como aspectos claves a considerar en el porqué de unas determinadas detenciones, que en ese momento tenían como protagonistas a los “cuida coches” y a otros personajes erráticos del espacio público.
También conviene aclarar que este trabajo es sobre las detenciones en la Ciudad de Buenos Aires en las que interviene el Poder Judicial de dicha Ciudad. En otros términos, al día de hoy, agosto de 2020 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es en realidad plenamente autónoma, sino que está atravesando un largo proceso hacia esa realización. Esto quiere decir que hay ciertos delitos que tienen lugar en su territorio pero que son gestionados aun por el Poder Judicial de la Nación. Este ejemplo servirá de explicación. De acuerdo a datos del Ministerio Público de la Defensa, las detenciones en materia penal en 2017 fueron 703, mientras que en 2018 y 2019 ascendieron a 1734 y 8932 respectivamente. Ese aumento está relacionado precisamente a ese proceso de autonomía y no a una conflictividad diferente en la Ciudad. En esos años se lleva a cabo la transferencia de algunos delitos como los de Desobediencia a la autoridad, Lesiones y Narcomenudeo.
Estos breves comentarios tienen por objeto recordar que los datos nunca son “datos de la realidad” sino que por el contrario son siempre una construcción.
Pandemia
El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró a la epidemia de COVID-19 como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Su extensión por varios países y continentes derivó finalmente en su caracterización como pandemia el día 11 de marzo[2]. 9 días más tarde el Presidente de la República Argentina decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) para hacer frente a lo que se aproximaba como “una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes”[3].
En el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 297/2020 se concluye que en virtud de lo sucedido hasta entonces en Europa y Asia, para que la lucha contra el COVID-19 tuviese éxito era fundamental la oportunidad, la intensidad y el efectivo cumplimiento de las medidas adoptadas. La inmediatez del Decreto y las fuertes restricciones daban respuesta a los dos primeros puntos. Frente al tercero, el Artículo 4° establecía que ante al incumplimiento de las medidas, “se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal”. El 205 se refiere a quien viole las medidas adoptadas por la autoridad para impedir la introducción o propagación de una epidemia. El 239, de carácter más general, de refiere a la desobediencia a la autoridad.
Se inicia entonces una experiencia histórica para todo el país y para la Ciudad de Buenos Aires. Las noticias que a diario llegaban, principalmente de Italia, y una fuerte decisión política, acompañadas de la amenaza de sanciones penales y económicas, hicieron que el ASPO tuviese un gran acatamiento. El Jefe de Gobierno de la Ciudad, opositor en términos políticos, adhirió en los primeros meses de la pandemia a la misma y acérrima defensa del aislamiento encabezada por el Gobierno Nacional.
En relación al delito, a las distintas modalidades de violencia social y a las detenciones, lo que sigue es un período de transformaciones donde fundamentalmente se agravan, y adquieren más visibilidad, problemáticas ya existentes.
Metodología
La producción, difusión y disponibilidad de datos estadísticos del Poder Judicial de la CABA lamentablemente, pese a los avances que se van registrando respecto a años anteriores, no han alcanzado aun el desarrollo que por lo menos como sociólogo uno quisiera del Poder Judicial de la ciudad más importante de la Argentina. Así es que prácticamente no existen datos desagregados por mes, de modo tal que uno pudiera analizar los distintos momentos de la pandemia. En ese marco será necesario entonces considerar al año 2020 como un todo, inclusive con los meses previos al confinamiento. Este, entre otros, es quizás el mayor obstáculo para una mejor aproximación al fenómeno bajo estudio y que tiene que ver justamente con las transformaciones sociales producidas a partir de la pandemia, con relación al delito, las violencias y las detenciones.
No obstante, considero que es siempre un desafío intentar utilizar los datos disponibles -en la medida de lo posible-, y de algún modo contribuir así a la comprensión de la necesidad de mejorarlos. Por otra parte, soy agente de ese Poder Judicial por lo que lo considero una responsabilidad.
Hechas esas salvedades lo que haré es describir las transformaciones que se dieron en materia de delitos, detenciones y violencias durante el año 2020 en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de datos producidos por dos distintos actores del Poder Judicial local: el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal. Cabe aclarar, como otro importante déficit, que no existe entre ellos, ni con otros actores del Poder Judicial, una instancia de articulación que defina algunas unidades de análisis y variables básicas consensuadas por los distintos organismos. Eso va a impactar en los resultados mostrados.
De modo complementario hare una etnografía digital exploratoria a los Instagram de los mencionados actores judiciales para ir analizando a través de las redes sociales las transformaciones sociales ocurridas a partir de y durante la pandemia.
Más abajo se encuentran las Conclusiones del trabajo. Lamentablemente en Desarrollo se presentan únicamente los títulos de los apartados. Esto es así por la imposibilidad de cargar imágenes (gráficos y fotos) que, en el marco de un trabajo de análisis estadístico y de una etnografía digital, resultan imprescindibles para que el texto que las acompaña tenga sentido.
Buenos Aires durante la cuarentena - Casos penales y contravencionales en la Ciudad de Buenos Aires - Delitos ingresados - Contravenciones ingresadas - Detenciones por delitos - Detenciones, lesiones y violencia de género - Violencia institucional - Violencia doméstica y violencia de género - Etnografía digital
Conclusiones:
Una primera conclusión que se desprende de los datos analizados es que durante el año de la pandemia la conflictividad en la que intervino el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires disminuyó. Obviamente sería un error concluir a partir de eso que también la conflictividad en la Ciudad bajó. El que existieran menos causas judiciales con indicadores de violencia doméstica y/o de género no significa que la situación de las mujeres haya mejorado durante la pandemia. Esta primera reflexión me parece oportuna para dejar postura respecto a los límites de los datos para comprender la realidad social.
Pese a las fluctuaciones nominales y porcentuales de los distintos delitos y contravenciones, lo cierto es que los 3 principales en cada materia antes de la pandemia, siguieron siéndolo durante la misma, y en el mismo orden. Lesiones, Estupefacientes y Amenazas en materia penal, y Hostigar, Ruidos molestos y Cuidar coches sin autorización en materia contravencional.
Si contáramos con datos mensuales, sin dudas en los primeros meses Cuidar coches sin autorización no estaría entre los 3 principales, pero el hecho de que lo este considerando el año completo corrobora que las dinámicas fueron volviendo a ser similares a las pre pandemia.
El hecho de que pese a una fuerte caída en el número de casos judiciales, los casos por resistencia y desobediencia a la autoridad prácticamente se triplicaran es ilustrativo de esa fuerte voluntad política tanto nacional como local de que se respetara el aislamiento.
Que el delito/contravención que más haya caído fuese el de Uso indebido del espacio público -actividades lucrativas no autorizadas- cobra sentido si miramos las fotos del principio y que durante mucho tiempo fueron postales de la ciudad en pandemia. Y por supuesto considerando la amenaza del párrafo anterior.
La incorporación al ranking de contravenciones vinculadas a la identidad digital de las personas es absolutamente comprensible en un marco donde la sociedad en su conjunto, sin distinción de clase o edad, se incorporó masivamente al uso de redes sociales, a la compra online y a la educación a distancia, por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, no debe perderse de vista la creación de una Unidad Fiscal Especializada en la materia justo antes de la pandemia como una variante más que haya contribuido a ese ascenso de casos, por ejemplo, a través de una mayor asignación de recursos, de la capacitación de los agentes encargados de investigar, de una decisión política de mostrar resultados, etc. En ese sentido las estadísticas oficiales pueden ser también una suerte de memoria de las instituciones.
Al igual que los casos judiciales, las detenciones también sufrieron un importante descenso durante el año de la pandemia. Sin dudas al haber menos interacción social disminuyen los motivos que pueden generar algunas detenciones. A modo de ejemplo, en una ciudad “vacía” es probable que haya menos casos de detenciones por Lesiones en riña o por Daños efectuados por gente bajo los efectos de estupefacientes o alcohol. Por otro lado, más allá de cambios en la conflictividad, cuestiones operativas pueden estar también explicando parte de esa caída, desde temor al contagio por parte de personal de las fuerzas hasta -como se vio- negativas de distintas instituciones para albergar más personas.
La variación porcentual más importante en materia de detenciones estuvo dada por el incremento de las efectuadas por atentado y resistencia a partir del ASPO, y fundamentalmente en los primeros tiempos.
Las detenciones que fueron por Lesiones sufrieron un importante cambio en su composición, cobrando a partir de la pandemia mayor relevancia las que se dieron en contextos de violencia de género. La convivencia cotidiana en el marco del aislamiento agravó la situación de mujeres que ya eran víctimas de violencia de género y seguramente propició las condiciones para que nuevas mujeres lo sean, entendiendo a esa violencia como el corolario de una socialización previa en el marco de una sociedad machista. Y acá resulta importante insistir en que la pandemia agravó problemas ya existentes.
Tampoco la incapacidad del Estado para gestionar el encierro de las personas en condiciones aceptables resulta una novedad.
En síntesis, hemos dado cuenta del impacto de la pandemia y del aislamiento en los delitos, las detenciones y algunas formas de violencia. Al mismo tiempo hemos insistido en que se trata de cambios producidos en la dimensión jurídica de la conflictividad y que esta no es un fiel reflejo de la conflictividad social, aunque sí, con salvedades, una buena forma de aproximarnos a ella.
Vários fatores influenciam no aumento da violência, como a urbanização acelerada, que traz um grande fluxo de pessoas para as áreas urbanas e também contribui para um crescimento desordenado e desordenado das cidades. Colaboramos também para o aumento da violência contra as fortes aspirações de consumo, impostas pelo modelo capitalista de produção, em parte frustradas pelas dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Dessa forma, as causas da violência estão associadas, em parte, a problemas sociais como miséria, fome, desemprego. Mas em todos os tipos de crimes derivados de condições econômicas, como, por exemplo, a violência contra a mulher, que constituem uma das principais formas de violação de seus direitos humanos, tirando seus direitos à vida, saúde e integridade física. É estrutural para a desigualdade de gênero. Disso Alemão, Um Estado ineficiente e seus programas de políticas de segurança pública, contribuem para aumentar o sentimento de injustiça e impunidade. aplicação no sistema prisional brasileiro. A Lei de Execução Penal (LEP), de acordo com a Constituição e suas leis universais (educação, saúde, assistência social), prevê uma série de ações que devem ser utilizadas para a recuperação do indivíduo preso e sua posterior reinserção na sociedade. O objetivo deste trabalho é analisar as políticas públicas implementadas pelo Governo do Estado de Minas Gerais na perspectiva da ressocialização. Mas podemos apostar, segundo a literatura, que há uma série de erros na implementação dos pressupostos da LEP que causam diversas deficiências no sistema prisional brasileiro, dentre as quais podemos destacar: mau tratamento verbal ou de fato; superlotação prisional; falta de estrutura para o desenvolvimento da educação formal; falta de higiene; condições precárias de trabalho; precariedade de dois serviços médicos ou inexistência total; cuidados psiquiátricos precários; altas taxas de uso de drogas; abuso sexual; ambiente propício à violência A situação do sistema prisional em Minas Gerais e, de modo geral, no Brasil tem passado muito com a pandemia causada pela COVID-19. O precário isolamento social aumenta ainda mais a situação dos presos, pois éramos famílias, projetos sociais e projetos religiosos que subsidiavam tanto parte das questões materiais para os presos (alimentação, remédios, higiene pessoal, entre outros). Além disso, agravou-se muito a questão emocional, causando ou aumentando a violência nas prisões e os índices de suicídio.
#01399 |
Vivir entre la violencia policial y la violencia narco: Configuración política del espacio barrial y organizativo ante las intervenciones socio policiales del Estado en La Legua Emergencia
La Legua Emergencia es una población ubicada en el pericentro sur de Santiago de Chile en la comuna de San Joaquín. En esta población, la violencia estructural se comienza a gestar desde su fundación, con un Estado que entrega viviendas a partir del año 1949 a pobladores provenientes de conventillos, cités y poblaciones callampas (Jakel, 2004), solucionando varias realidades de muchas familias, pero a la vez perpetuando la miseria, al brindar viviendas precarias y prometer una vivienda definitiva a futuro. Este fue el inicio del historial de violencias desde el Estado, el que posteriormente se extendió durante el periodo de la dictadura militar. A finales de los 80’ y principios de los 90’, comienza a proliferar el narcotráfico, tomando terreno y protagonismo en la vida cotidiana de la población. Tras esto vino un fuerte aumento de la violencia, con disputas territoriales, riñas, balaceras, entre otras incivilidades, lo que motivó al Estado a iniciar desde 2001 una intervención socio policial en La Legua Emergencia. Esto marcó un hito en el que el Estado chileno y los distintos gobiernos, comenzaron a focalizar su política de seguridad en determinadas áreas geográficas, con el fin de reducir los niveles delictuales (Fruhling & Gallardo, 2012). Desde aquel entonces, se han destinado gran cantidad de recursos desde el Estado, y los distintos gobiernos han ido reajustando los objetivos, recursos y nombres de los planes. La intervención en La Legua Emergencia, que ha sido permanente, se ha llevado a cabo de forma ambigua por las instituciones a cargo, y ha sido profundamente policial a ojos de los pobladores/as (García-Campo, Delgado y Cortés, 2017).Esta investigación se planteó analizar el modo en que el accionar estatal, a través de sus políticas socio policiales implementadas en la población La Legua Emergencia desde 2001 en adelante, han configurado el espacio barrial, político y organizativo. Desde una posicionalidad de poblador de La Legua Emergencia, y con el fin de poder enriquecer la obtención de datos a través de mis experiencias y facilitar el acceso a informantes claves, decidí emplear una metodología cualitativa con perspectiva auto-etnográfica, en la cual me sitúo en mi rol de investigador/investigado para poder indagar de manera eficaz. Así, utilizando notas de campo auto-etnográficas, entrevistas individuales y grupales a miembros de organizaciones locales, se ha observado que las políticas socio policiales implementadas desde el año 2001 en la población han fracasado rotundamente en cuanto a sus objetivos. Pero más importante aún, pese a la presencia policial permanente, ha existido una constante inacción de las policías frente a hechos violentos derivados del narcotráfico, lo que ha ocasionado que en momentos críticos, los pobladores recurran a prácticas de resistencia para poder manifestarse y detener la violencia generalizada.
#01421 |
(In)seguridad y Partido del Orden: un análisis de los discursos securitarios construidos por el Movimiento Popular Neuquino (Neuquén, 2000-2019)
María Dolores Sancho1
1 - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS)/ Universidad Nacional del Comahue Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Cultura (CEHEPYC)/Facultad de Humanidades/Universidad Nacional del Comahue.
En el presente trabajo, partimos de considerar a la (in)seguridad como una construcción social, específicamente, una particular experiencia histórica relacionada a la reproblematización de la cuestión del delito donde intervienen los medios de comunicación, las políticas públicas, las prácticas de las organizaciones de la sociedad civil y las prácticas policiales produciendo un régimen de verdad a partir del cual se organizan certezas, miedos, discursos y violencias. Por este motivo, interesa analizar, por qué, cómo y/o cuando se instala el problema de la inseguridad.En este sentido, es importante destacar que a partir de los noventa, en el contexto de profundas transformaciones neoliberales, se produce esta reproblematización que reduce la seguridad a la protección de personas y bienes, en espacios públicos y de visibilidad pública, contra aquellos actos que afectan la integridad física y la propiedad privada de los/as "ciudadanos/as" –quedando excluidos otros delitos. No obstante, esta reproblematización no solo recorta el problema de la (in)seguridad al problema del delito sino que también lo desborda en tanto incorpora elementos que no constituyen un delito pero afectan la seguridad de los/as “ciudadanos/as” en tanto se trata de conductas que afectan la tranquilidad pública y que son consideradas un preaviso de una futura conducta delictiva.La provincia del Neuquén no quedó ajena a esta reproblematización. La particularidad de Neuquén es que es el único distrito del país en el cual un partido provincial, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), se ha mantenido en el poder ejecutivo, ya sea por el voto popular o por cooperación activa con los regímenes de facto, desde 1963. El MPN ha logrado construir un esquema hegemónico que se explica, en cierta medida, por el hecho de que ha asegurado la estabilidad política y social a cualquier precio, ha sido el garante de la paz social, a través del disciplinamiento de buena parte de la clase trabajadora, con masas clientelares obedientes, un poder judicial incondicional y represión sin remordimientos. Por lo dicho hasta aquí, en este trabajo nos proponemos dar cuenta de los diversos discursos acerca de la (in)seguridad que se construyeron desde el partido-estado provincial (MPN) en el período 2000-2019 teniendo en cuenta las distintas facciones, planes de gobierno y políticas de seguridad que se sucedieron en esos años. Metodológicamente, el presente trabajo tendrá un carácter cualitativo ya que pone el acento en el análisis de documentos, tanto periodísticos como políticos, y de entrevistas en profundidad a funcionarios políticos del período de estudio. De acuerdo con el objetivo mencionado, el tipo de diseño será de naturaleza descriptiva.
#01666 |
Percepción, inseguridad y vulnerabilidad psicosocial: un estudio sobre la percepción de inseguridad que tienen los habitantes de la zona conurbada Colima- Villa de Álvarez, en Colima, México.
De acuerdo con el informe 2021 del Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), México mejoró en un 3.5% en 2020, tras cuatro años de fuertes aumentos en la violencia registrados entre 2015 y 2018. Las tasas de homicidio y delitos cometidos con armas de fuego alcanzaron su punto máximo en julio de 2018, y a partir de entonces disminuyeron gradualmente. Sin embargo, en 2020, 22 estados mejoraron, mientras que solo diez registraron deterioro. En ese mismo año, Baja California, seguido por Colima, Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato continuaron siendo los estados menos pacíficos de México, con tasas de homicidio de más de 64 muertes por cada 100,000 habitantes (IPM, 2021). Por lo tanto, la violencia y la inseguridad es un fenómeno que ha alcanzado a nuestro estado. Durante marzo de 2022, el INEGI presentó en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, estimaciones sobre la percepción de la seguridad pública en la población de 18 años y más en zonas urbanas y refiere que el 85.7% de la población de la ciudad de Colima se siente inseguro. Este entorno de violencia preocupa particularmente a los ciudadanos de a pie y a las autoridades estatales, quienes en algún momento han referido que el incremento de los hechos delictivos se detona a partir de una riña registrada entre dos grupos al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO) de la ciudad de Colima a finales de enero del presente año. Ante este paisaje social se plantea como objetivo de estudio indagar la percepción de inseguridad que tienen los habitantes de la zona conurbada Colima- Villa de Álvarez. Se trata de un trabajo de tipo cuantitativo, donde la encuesta fue la técnica utilizada y el instrumento de observación y registro de datos fue el cuestionario en línea a través de la plataforma de google forms, con un tipo de muestreo aleatorio simple. Los resultados preliminares indican que el 23.3 % de la población se ha sentido amenazado/a por los hechos delictivos en su colonia frecuentemente, el 23 % menciona que ocasionalmente y el 11.9% muy frecuentemente, solamente un 25% rara vez y el 16.7% nunca. Esta sensación de inseguridad para el 55.5% de la población de Colima-Villa de Álvarez significa vivir con miedo, preocupación y zozobra, lo cual se ancla a la vulnerabilidad psicosocial.
#03478 |
Reconfiguración de la legitimidad en México: Estado y defensa comunitaria
A partir del siglo XXI en México se ha vuelto más frecuente el surgimiento de diversas organizaciones ciudadanas que combaten a la delincuencia común y al crimen organizado, sobre todo en las regiones del país en donde se han deteriorado notablemente las condiciones de vida de las personas y la cohesión social. El objetivo de la ponencia es analizar la percepción que tienen las personas sobre las expresiones de defensa comunitaria como los linchamientos y los grupos de autodefensa, con el fin de conocer cómo se relaciona la legitimidad del Estado mexicano con la legitimidad de las organizaciones civiles que hacen frente a la criminalidad. Se propone como hipótesis que, en la medida en que la legitimidad de las normas, de los principios, de las instituciones y de las autoridades del régimen político disminuyen, será mayor la probabilidad de que las personas aprueben las distintas expresiones de defensa comunitaria configurándose como organizaciones legítimas para la ciudadanía. A través de una metodología cuantitativa de corte transversal se concluye que en México existe un proceso de reconfiguración de la legitimidad, es decir, no sólo hay una debilidad en la legitimidad estatal, sino que, en la medida en que ella disminuye, surge y se fortalece la legitimidad de algunas organizaciones no estatales. Situación que se ha manifestado en el ámbito de la seguridad pública, dicho de otro modo, en las labores que emprenden distintos actores políticos y sociales en busca de la protección de las personas y del restablecimiento del orden público.
11:00 - 13:00
GT_21- Corrupción, violencia social, Seguridad y Defensa
#01269 |
Producción criminal y pandemia. El caso de la ciudad de Torreón, Coahuila, México
Fernando Javier Araujo Pulido1
1 - Universidad Autónoma de Coahuila y Universidad Ibero Torreón.
El objetivo de la ponencia consiste en identificar la relación entre la producción criminal y los aspectos sociodemográficos del espacio urbano durante la pandemia, en ese sentido, se identifica a la zona del sur oriente de la ciudad de Torreón, Coahuila, México como las colonias con mayor grado de marginalidad (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020) y violencia (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2021); por lo tanto, existe un riesgo latente entre los habitantes de dicho sector para que se generen dispositivos de desigualdad y pobreza.El método de análisis corresponde a un enfoque cuantitativo ya que se utilizará la georreferenciación como instrumento de análisis de la dinámica delictiva y la delimitación de la marginación por Área Geoestadística Básica, los datos corresponden a más de mil delitos originados en el espacio urbano y divididos en crímenes que atentan contra la vida (feminicidio y homicidio) y patrimoniales (robo de vehículo, robo a negocio, robo a casa habitación). Por otro lado, el abordaje teórico de la ponencia se centra en conceptos de centro y periferia (Wacquant, 2007) para comprender las relaciones de poder que se generan en los espacios urbanos; también es imperante reconocer la noción de derecho a la ciudad (Lefebvre, 1975) para identificar la construcción de discursos que posibilitan y niegan la apropiación de ciertos espacios urbanos; para identificar la producción del delito es necesario reconocer los márgenes del estado (Maldonado, 2010) como dispositivos que legitiman la protección y vigilancia de los espacios de lo legal y de lo ilegal.
#01346 |
Corrupción y salud: un análisis teórico y aplicado del escenario de la Covid-19 en Brasil a través del pensamiento de Floreal Antonio Ferrara
Introducción: Frente al ostensible escenario de corrupción en el Sistema Único de Salud (SUS) brasileño que salió a la luz de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la Covid-19, la relación entre ‘salud y corrupción’ se ha convertido en un tema ineludible, requiriendo estudios para abordar esta discusión. Sin embargo, es fundamental partir de una acumulación teórica e histórica del sector salud sobre la categoría de corrupción, así como pensarla a través de una matriz crítica que vaya más allá de la mera comprensión institucional de este fenómeno. Es en este sentido que este estudio, en su primera parte, presenta una caracterización de la categoría corrupción en la tradición marxista. Y en un segundo momento, trae algunos aportes del pensamiento elaborado por Floreal Antonio Ferrara, importante sanitarista argentino, en su Tomo 1 de ‘Salud y Corrupción’, sobre la relación ‘salud y corrupción’. Objetivo: Revisar la categoría ‘corrupción’ desde los estudios marxistas y analizar los aportes de Floreal Antonio Ferrara al tema en cuestión reflexionando sobre el caso brasileño. Método: Revisión Crítica Sistemática en la primera parte y Análisis Crítico de Contenido del Tomo 1 de ‘Salud y Corrupción’ de Floreal Antonio Ferrara. Resultados: A través de los autores, fue posible rechazar la idea de sentido común de que la corrupción es una práctica anormal de los ‘malos’ que se apropian de los recursos públicos. Pero, entendiéndolo así con Boito Júnior como parte constitutiva del Estado Capitalista, ya que en él existe una separación formal entre los recursos públicos y privados, de esta manera los recursos no son públicos, sino que están a la al servicio de los intereses de la clase dominante, siendo el sector salud uno de ellos. El pensamiento de comprender la corrupción en el Estado Capitalista camina como dice Ferrara, en el sentido de develar el escenario primario de la corrupción: lo que corresponde a la extracción de plusvalía. Sendo el Sistema Único de Salud (SUS) una política pública imersa en el sistema capitalista, embora construída en un movimiento de resistencia, este también es escenario para los más diversos intereses de la burguesia, como se vió, por ejemplo, en los escándalos de los contractos de compra de vacunas para Covid-19 en Brasil. En resumen, este estudio tiene el potencial de traer reflexiones sobre la corrupción en salud y puede ayudar a pensar en caminos futuros para reorientar la posición política de la comunidad de salud sobre las prácticas corruptas en el sector.
Introducción:
La corrupción es un tema multidisciplinario, que recibe aportes de la Economía, la Administración, las Ciencias Políticas, la Sociología, entre otros. Aunque no es un fenómeno nuevo, es polisémico y tiene diferentes formas de abordaje. Los estudios brasileños sobre la corrupción en ciencias humanas y sociales son en su mayoría públicos, con un enfoque general, sin especificar poder o esfera de gobierno, y hacen mayor uso de referencias extranjeras (Macedo, Valadares 2021). La minoría presenta un enfoque crítico que cuestiona el uso de la corrupción en la disputa política (Vitullo, 2022).
El interés por el tema aumentó en la década de 1990 a partir de la creación de la Transparencia Internacional (1993) y el involucramiento de instituciones multilaterales como el Banco Mundial, el FMI (Fondo Monetario Internacional) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en la lucha contra la corrupción. De un tema poco discutido, la corrupción llega a ser considerada “el mayor inhibidor del desarrollo económico equitativo” en palabras de James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial en aquello momento. (Polzer, 2001 en Vitullo, 2022) A partir de entonces se crearon recomendaciones políticas al respecto, especialmente para los países menos desarrollados que se vincularon como condiciones para el apoyo internacional y las inversiones, las cuales son congruentes con una ideología liberal de mercado, que obviamente se pretendía expandir en estos lugares (Vanucci, Petrarca, 2020).
Además, los casos de corrupción mediática en Brasil también impulsaron el estudio del tema entre 2014-2017 (Macedo, Valadares 2021). Recientemente, en 2021, salió a la luz un ostensible escenario de corrupción en el Sistema Único de Salud (SUS) brasileño a partir de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la Covid-19. Aunque hay una preocupación por el tema, es relativamente poco estudiado (Bahía, 2021). El abordaje de la corrupción en salud es consistente con las concepciones y perspectivas mayoritarias promovidas por organismos internacionales.
Estos casos de corrupción en el sector evidenciaran el carácter de mercado de la salud en la sociedad capitalista, sólo con una mirada crítica será posible construir una salida en defensa del mantenimiento de la salud como un derecho social. La relación entre ‘salud y corrupción’ se ha convertido en un tema ineludible, requiriendo estudios para abordar esta discusión. Sin embargo, es fundamental partir de una acumulación teórica e histórica del sector salud sobre la categoría, así como pensarla a través de una matriz crítica que vaya más allá de la mera comprensión institucional de este fenómeno.
Es en este sentido que este estudio, un trabajo inconcluso de maestria, en su primera parte, presenta una caracterización de la categoría corrupción en la tradición marxista, a partir de una revisión de contenido crítico de la literatura marxista. Y en un segundo momento, trae algunos aportes del pensamiento elaborado por Floreal Antonio Ferrara, importante sanitarista argentino, en su Tomo 1 de ‘Salud y Corrupción’, sobre la relación ‘salud y corrupción’ a través de un análisis del contenido crítico. Importante aclarar que Ferrara fue un médico argentino, dedicado a medicina social con larga trayectoria académica y dos periodos como ministro de salud de la provincia de Buenos Aires.
Desarrollo:
Como este es un estudio de maestría todavía inconcluso se pode mostrar algunos resultados, pero aún no en profundidad. El primero que se percibió fue que aunque corrupción sea polisémico tiene una definición habitual que incluso es la que las organizaciones internacionales proponen, en que corrupción pone en confronto el publico y el privado. Algunos ejemplos de cómo dos autores de artículos de la revisión se acercaran al tema: «el entendimiento más común de corrupción es la subversión del bien público por intereses privados, pero ahora con la transnacionalización, también es sinónimo de ausencia de transparencia» (Bratsis, 2017). Según Cavalcante (2018), «la comprensión neoclásica de la corrupción sería como una forma distorsionada de lograr una remuneración».
Sin embargo, algunos autores critican esta definición más habitual y van pensar que este fenómeno ultrapasa cuestiones morales, que corrupción es una categoría utilizada en el Capitalismo para la dominación, y el mismo pasa con el discurso de combate a corrupción de las organizaciones internacionales:
«La idea de corrupción es una creación ideológica (una representación inconsciente, deformada e interesada) del Estado Capitalista. (…) la idea misma de corrupción es una figura ideológica burguesa y sirve, en primer lugar, para encubrir que las instituciones, equipos, bienes y recursos humanos del Estado capitalista no son “públicos”, sino recursos al servicio de los intereses generales de la clase dominante. »
«La percepción ideológica de que la corrupción es una práctica desviada y anormal promovida por ciudadanos sin escrúpulos se impone con relativa facilidad; » (Boito Jr, 2017)
«corrupción no puede interpretarse como un mero problema de dejación moral de los actuales gobernantes, aunque ésta es evidente y ha tenido su buena parte de responsabilidad, sino que debe situarse en un contexto de giro neoliberal y en el mantenimiento de una larga tradición de capitalismo parasitario. »
«El discurso anticorrupción y transparencia, ahora a escala global, es un instrumento de manipulación ideológica y dominación política; » (Bratsis, 2017)
Estas ideas están de acuerdo con el pensamiento de Floreal Antonio Ferrara sobre corrupción. Para él, el fenómeno está ligado al poder, a la dominación, mismo antes del Capitalismo. Pero en este sistema productivo la escena primaria de la corrupción es la explotación del trabajo con el concepto de plusvalor de Marx. Además en un momento de crises económica desde 2007-2008 (Roberts, 2018), es interesante pensar como Floreal:
« (...) todavía queda la alternativa de considerar a la corrupción, como un fenómeno que al menos en el capitalismo, ha encontrado como fórmula para reinyectarse potencia creadora, ante el proceso del valor de la tasa decreciente del beneficio del capital. » (Ferrara, 1998, p.115)
Así corrupción para Floreal no es una cuestión de moral porque no es individual, sino estructural, es utilizada como parte de un proyecto económico, político, social. Por esto el autor entiende que la incansable búsqueda por al criminal en todos los casos de corrupción mascara el entendimiento y comprensión del crimen, de toda su fuerza generatriz, suya causa estructural. Lo que corrobora con el pensamiento de otro autor de la revisión:
«La simple condena moral de la corrupción puede resultar inútil, como medio de encontrar respuestas políticas a la misma, o incluso peligrosa por cuanto puede generar corrientes de opinión opuestas al desarrollo democrático y promotoras de pasividad social» (Recio ,1995)
Ya en la relación salud y corrupción Floreal percibí que en la Medicina hay un doble discurso, un sacerdotal y científico que mascara la corrupción. Él va a decir que:
«El discurso médico, mantiene en general, la búsqueda ontológica de la enfermedad, más que la indagación sobre el ser, y casi desconoce la búsqueda científica de la comunidad expresada en sus relaciones sociales, históricamente dominantes y de alta responsabilidad en la salud-enfermedad de todos. » (Ferrara, 1998 p.149)
«La oferta del sector, se seguirá encargando de cumplir el viejo papel tranquilizador social…»(Ferrara, 1998 p.151)
Estas son algunas de las contribuciones sobre corrupción aún inconclusas, pero de una mirada crítica. O sea corrupción está ligada al poder, a la dominación, no es una cuestión de moral individual, más sí estructural, es una ideología del Capitalismo, mascara los verdaderos problemas del sistema en la sociedad. No está entre el público y el privado porque en verdad esta separación es solamente formal, pues el público está al servicio de la clase dominante.
Conclusiones:
La perspectiva más usual de corrupción es justamente aquella de carácter ideológico difundido por la burguesía, utilizada por muchos en la academia sin cuestionar. El uso de corrupción, anticorrupción sirve para mascarar los problemas estructurales del sistema productivo, y para perpetuar la dominación de clase en el Capitalismo.
Siendo el Sistema Único de Salud (SUS) una política pública inmersa en el sistema capitalista, este también es escenario para los más diversos intereses de la burguesía, como se vio, por ejemplo, en los escándalos de los contratos de compra de vacunas para Covid-19 en Brasil, entre otros vistos en la CPI. Son necesarios más estudios desde una mirada crítica para que se pueda avanzar en el pensamiento político y económico en salud.
Bibliografía:
Bahia L. Corrupção e saúde: o dilema do embricamento entre o público e o privado no Brasil. In: Carlo LG, Bittencourt MP, Mohallem MF coord. Corrupção e saúde. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung; 2021. p.73-96.
Bratsis P. A corrupção política na era do capitalismo transnacional. Crítica Marxista. 2017 44:21-42.
Boito Jr. A. A corrupção como ideologia. Crítica Marxista. 2017 44:9-19.
Cavalcante S. Classe média, meritocracia e corrupção. Crítica Marxista. 2018 46:103-125.
Ferrara FF. Corrupción y Salud Tomo 1 Una teoría de la corrupción para la salud. Buenos Aires: Catálogos Editora; 1998.
Macedo SV, Valadares JL. A produção acadêmica brasileira sobre corrupção: uma revisão sistemática. REAd. 2021 Mai/Ag 27(2):400-29.
Recio A. Corrupción y transformaciones económicas. Viento Sur. 1995 Abril 20.
Vanucci A; Petrarca FR. A luta contra corrupção: o estado da arte e perspectivas de análise. Civitas. 2020 Set/Dez 20(3):305-314. doi: 10.15448/1984-7289.2020.3.38421
Vitullo GE. O tema “corrupção” na produção acadêmica da Ciência Política brasileira. Revista Sul-AmericanaDe Ciência Política. 2022 7(2):109-135.
Palabras clave:
Corrupción; Salud;
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Trata de personas durante el periodo pandémico en el estado de Chihuahua
El proceso de cosificación y mercantilización de seres humanos que refleja la trata de personas actualmente está posicionado como la tercera actividad más lucrativa en el mundo, solamente después del tráfico de drogas y de armas (Estrada, 2013, pág. 13). En ese marco, el miércoles 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declara que el coronavirus COVID-19 pasa de ser epidemia a una pandemia, en atención a los preocupantes esquemas de propagación y gravedad de la enfermedad (Arroyo, Redacción médica, 2020). Lo anterior trae consigo serios impactos no solo en términos de salud, sino que se expande también, en la producción de implicaciones de orden económico, político y social en el mundo. De hecho, el Fondo Monetario Internacional estima que la afectación que la pandemia generó en el orden económico es grave y que la contracción económica es peor a la originada por la crisis financiera del 2008 al 2009 (FMI, 2020, pág. 1), lo que puede considerarse que la combinación entre la crisis económica y el desempleo puedan actuar como causales propiciatorias para casos de trata de personas (UNODC. 2020, pág. 8). México, por supuesto, no está exento de tales efectos negativos y Chihuahua, que se ubica como la entidad más grande del país y en la que los casos de Covid-19 se concentran mayormente en los municipios de Juárez y ciudad capital, sin omitir que la mitad de los municipios del estado reportan presencia de contagios por Covid-19, y esto, además, se combina con el hecho de que la entidad es un escenario en el que la presencia de trata de personas es prevalente y en la que el gobierno se ha mostrado omiso en acciones preventivas porque aún no existe una política pública desde lo local que aborde el problema (CNDH, 2019).El propósito de este trabajo es identificar las implicaciones de Covid-19 en la trata de personas en Chihuahua. El abordaje teórico se realiza desde los derechos humanos y la propuesta del Modelo Ecológico. El esquema metodológico es cualitativo, exploratorio y descriptivo mediante la exploración de casos reales y revisión de la literatura. Las limitaciones del estudio se concentran en la ausencia de bases de datos confiables, lo cual a su vez, constituye un dato para el análisis. Se concluye una clara discrepancia en las cifras desde las instituciones y la sociedad civil, la modalidad prevalente es de tipo sexual y laboral; en cuanto a los mecanismos de enganche, se fortalecen y facilitan por el uso de redes sociales y video juegos. El valor del estudio reside en establecer factores de riesgo y en delimitar los municipios con mayor número de casos en la entidad describiendo los mecanismos de captación.
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LA CORRUPCIÓN EN LOS TIEMPOS DEL COVID-19
Los primeros meses de 2020 fueron el preámbulo de una realidad nueva para México y el mundo que tuvo que vivir los estragos de la pandemia generada por el Covid-19, mismos que seguimos viviendo hasta la actualidad. La pobreza, la debilidad de los sistemas de salud y la falta de solidaridad se hicieron presentes, especialmente en los momentos más álgidos, cuando miles de personas morían a lo largo y ancho del mundo.
El 11 de marzo de 2020, a tres meses de que fuera reportado un brote de neumonías atípicas en la ciudad de Wuhan, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), invitó a todos los países a encontrar el adecuado equilibrio entre la protección de la salud, la minimización de los trastornos sociales y económicos, y el respeto de los derechos humanos.
El proceder del actual gobierno federal, aunque ha seguido algunos de los lineamientos establecidos por Transparencia Internacional (TI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el manejo de la emergencia sanitaria, se ha visto ensombrecido por la falta de transparencia y la rendición de cuentas, argumentando la apremiante necesidad de adquirir insumos médicos, vacunas y respiradores.
La ponencia presenta el análisis de datos oficiales provenientes del portal de internet “coronavirus.gob.mx”, que el gobierno mexicano habilitó para consultar el comportamiento de la pandemia, recomendaciones para evitar el contagio y la vigilancia epidemiológica; y de la plataforma “Compranet”, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El objetivo es identificar casos de falta de transparencia, irregularidades en la compra de materiales e insumos médicos con sobreprecios a empresas nuevas no relacionadas con el sector salud y por adjudicación directa, realizadas por las entidades públicas facultadas para ello, donde se avizoran decisiones y acuerdos basados en la discrecionalidad, el favoritismo y el tráfico de influencias que, ante las situaciones de apremiante urgencia, conllevan a alimentar la corrupción sistémica y arraigada de nuestro país, amenazando los derechos humanos que los mexicanos debemos de gozar y que los gobiernos deben de garantizar.
Introducción:
La actual emergencia sanitaria ha sido una prueba de primer orden para los gobiernos del mundo en materia de acceso a la salud, en información oportuna y transparente, y en relación con la prevención y sanción de actos de corrupción. El 11 de marzo de 2020, a tres meses de que fuera reportado un brote de neumonías atípicas en la ciudad de Wuhan, la Organización Mundial de la Salud (OMS), hacía una valoración preliminar de la situación sanitaria a nivel mundial. En aquel momento, el número de casos fuera de China se había multiplicado por trece, mientras que el número de países afectados se había triplicado. El panorama inmediato apuntaba en dirección a que “el número de casos, el número de víctimas y el número de países afectados aumenten aún más (…) Por estas razones hemos llegado a la conclusión de que la Covid-19 puede considerarse una pandemia” (OMS, 2020).
El entrelazamiento de dos pandemias: corrupción y Covid-19
Durante los primeros meses de la pandemia se aseguró que los pobres avances en materia de combate a la corrupción, obstaculizaron una respuesta global efectiva contra la pandemia de Covid-19 (TI, 2020). El soborno, la malversación de fondos, el favoritismo y la inflación de precios, se conjugaron nocivamente con la precariedad de los sistemas sanitarios y las instituciones democráticas, de manera que “2020 ha resultado ser uno de los peores años de la historia reciente” (TI, 2020, p.4).
Hasta el día 2 de enero de 2023, se reportaban en nuestro país 7 millones 252 mil 944 casos confirmados, 11 millones 38 mil 227 casos negativos, 6 millones 489 mil 416 personas recuperadas y 331 mil 197 defunciones (Gobierno de México, 2023b). El desafío para la atención de este fenómeno implicó la habilitación y designación de unidades hospitalarias dedicadas exclusivamente a la atención de pacientes con cuadros graves de Covid-19, la compra de insumos, la contratación extraordinaria de personal médico y la adquisición de vacunas.
La dimensión económica del impacto de esta pandemia puede apreciarse en algunos indicadores ofrecidos por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Hasta un 18% de la población no cuenta con seguridad social o un seguro de salud privado; en los últimos seis años se registró un aumento de casi 106% en la contratación de este último tipo de esquemas para hacer frente a gastos de tipo médico y hospitalario, alcanzando en 2022 un total de 12 millones 227 mil personas aseguradas. En el caso específico de erogaciones asociadas con Covid-19 se estima que el impacto financiero para las aseguradoras es de 3 mil 35 millones de dólares (Zepeda, 2022).
En estrecha relación con este conjunto de impactos sociales se ubican los efectos derivados de la opacidad y la corrupción. La preocupación por las consecuencias negativas de la emergencia sanitaria en el ejercicio de la gobernanza a nivel mundial, y especialmente en relación con los compromisos internacionales asumidos en materia de acceso a la salud, transparencia y combate a la corrupción, fue planteada por organismos internacionales:
La respuesta al virus está creando nuevas oportunidades para explotar la supervisión débil y la transparencia inadecuada, desviando recursos que debían estar destinados a personas que se encuentran en su momento de mayor necesidad. Los gobiernos pueden actuar apresuradamente, sin hacer las debidas comprobaciones sobre los proveedores o sin determinar precios justos. Los comerciantes sin escrúpulos venden productos deficientes, como respiradores defectuosos, pruebas mal fabricadas o medicamentos falsificados. (ONU-México, 2020, párr.1)
La corrupción apareció en este escenario como un delicado elemento de vulnerabilidad y riesgo social; se define como “el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca” (TI, 2009, p. 14). Un concepto imprescindible para entender las dinámicas que explican la realización de actos corruptos, es el de transparencia, que se entiende como:
La cualidad de un gobierno, empresa, organización o persona de ser abierta en la divulgación de información, normas, planes, procesos y acciones. Como regla general, los funcionarios públicos, empleados públicos, gerentes y directores de empresas y organizaciones, y las juntas directivas, tienen la obligación de actuar de manera previsible, predecible y comprensible en la promoción de la participación y la rendición de cuentas. (TI, 2009, p. 44)
El combate a la corrupción y la implementación de mecanismos de transparencia no son elementos aislados del conjunto de políticas públicas que implementa el Estado, ya que constituyen dos pilares fundamentales del desarrollo sostenible. En los términos de la Agenda 2030, los gobiernos tienen el compromiso de “reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas (…) crear instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles” (ONU, 2015, p.19).
La transparencia no se agota en las obligaciones establecidas legalmente para las entidades gubernamentales, sino que tiende a ser proactiva. Transparencia proactiva se define como la “información que se difunde para promover en algún grado la identificación, generación, publicación y difusión de información sobre la situación de riesgo, adicional a la establecida con carácter obligatorio por el marco normativo aplicable” (Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 2021, p. 60). Este concepto pretende propiciar procesos de acceso a comunicaciones oportunas, veraces y confiables en el contexto de situaciones de riesgo y enfocadas a la atención de las necesidades de la población en general.
Experiencias recientes de transparencia proactiva y salud
A nivel nacional, existían escenarios y desafíos en materia de salud y combate a la corrupción que entroncaron desfavorablemente con la pandemia. El acceso a la información y la transparencia proactiva representan un camino que recién comienza a transitarse, tanto a nivel federal como en los ámbitos estatales y municipales. Para finales de 2021, se habían documentado 49 experiencias de apertura implementadas por 25 de los 32 organismos locales garantes del país; de ese conjunto, un total de 33 estaban alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 (Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 2021b). En términos generales:
La articulación de las agendas federal y locales de apertura demanda una apropiación previa y arraigo de las prácticas de apertura en el ámbito local. Este proceso es todavía incipiente en varias entidades federativas y requerirá tiempo, aprendizaje mediante la experimentación, acompañamiento continuo y asesoría constante para su institucionalización. (Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 2021b, p. 40)
A nivel nacional se están dando de forma incipiente experiencias y procesos de apertura de gobierno para facilitar el acceso a la información, como parte de un enfoque de transparencia proactiva. La relevancia de estas iniciativas implica tanto la prevención de actos de corrupción como el acceso a información sobre situaciones de alto riesgo y vulnerabilidad. Otro elemento destacado consiste en el desarrollo de enfoques y herramientas metodológicas que permitan evaluar la calidad, consistencia y periodicidad de la información publicada, cuya utilidad concierne no solamente al sector público, sino a los medios de comunicación y a las organizaciones sociales avocadas al combate a la corrupción y el ejercicio del derecho a la salud.
Resulta importante destacar algunos esfuerzos de monitoreo metodológico diseñados e implementados en el contexto de esta crisis sanitaria, como experiencias relevantes que pueden orientar la consolidación en el corto plazo, mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, tanto en términos generales como en la dimensión de la salud. Desde los primeros meses de la emergencia sanitaria se desarrolló una metodología de monitoreo (Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, 2021a) cuyo objetivo consistió en el mapeo de las acciones de las entidades legalmente obligadas a publicar y actualizar datos de interés social sobre la pandemia a través de sus portales institucionales, destacando las dimensiones de “Información de interés” y “Transparencia proactiva”.
Los temas generales que permiten agrupar la información disponible en los portales abarcan a) contrataciones; b) indicadores; c) información estadística; d) medidas de cuidados; e) presupuesto; f) programas sociales; g) solicitudes de información; h) trámites y servicios; i) acciones; j) ejercicio del gasto en infraestructura; k) otro. De manera general el procedimiento implica que:
Una vez identificado el tema general de la información consultada, se sintetiza su contenido, se identifica a qué población objetivo va dirigida la información y se registra el sitio web del sujeto obligado, así como el hipervínculo que da acceso a la misma. En el caso de la información estadística y de contratos, se precisa si esta información está actualizada al último trimestre de la revisión. (Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 2021a, p. 6)
Los datos revisados se valoran mediante una agrupación de dimensiones que apuntan a características, principios y objetivos, cada uno de los cuales se desglosa en varios criterios que se califican en función de su cumplimiento o incumplimiento, asignando puntuaciones de uno y cero. La dimensión de las características tendrá un valor máximo de doce puntos, la de los objetivos un máximo de cuatro puntos y finalmente el rubro de principios tendrá un total de nueve puntos. La puntuación máxima para un sujeto obligado será de veinticinco puntos. Sin embargo, esta herramienta fue aplicada únicamente en la Ciudad de México, sin que hasta el momento se tenga registro de alguna otra entidad del país que haya implementado esta u otras acciones de monitoreo en cuanto a apertura y emergencia sanitaria de Covid-19.
Percepciones sobre corrupción en el sector salud
Un elemento importante para favorecer una respuesta más acertada a los efectos negativos de la pandemia está vinculado con la confianza y las valoraciones que la población crea en torno de las instituciones en general y las de salud en especial. La percepción de las personas sobre la ocurrencia o no de actos de corrupción, de pequeña o gran escala, en los hospitales, entre el personal médico, de enfermería y administrativo pueden influir en el tipo de decisiones que se toman en un escenario tan complejo como el de esta emergencia sanitaria.
Según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) (INEGI, 2022), a nivel nacional y tomando en consideración el conjunto de trámites y servicios públicos que son evaluados, entre 2019 y 2021 hubo una reducción de 32.9% del costo a consecuencia de la corrupción y una disminución de 28.1% del costo promedio por persona afectada a consecuencia de la corrupción (INEGI, 2022, p. 140).
Durante 2021 los trámites con mayores porcentajes de experiencias de corrupción fueron el contacto con autoridades de seguridad pública y las gestiones ante el Ministerio Público; paralelamente la atención médica programada y el pago ordinario del servicio de agua potable fueron las diligencias con las tasas más bajas (INEGI, 2022, pp.131-132). Cabe señalar, sin embargo, que se registró un aumento sensible en las experiencias de corrupción relacionadas con la atención médica de urgencia, pues la tasa pasó de 0.7 en 2019 a 1.3 en 2021.
En relación con la prestación de servicios de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se redujo significativamente el porcentaje de personas que manifestó que en su tratamiento dispuso de medicamentos suficientes, aunque también aumentó notablemente la proporción de derechohabientes que consideró que no hubo saturación de usuarios en clínicas y hospitales (INEGI, 2022, p. 48).
Valoraciones relativamente similares en ambos aspectos se documentaron para el caso de los servicios prestados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabadores del Estado, ISSSTE (p. 53); en el caso conjunto de los servicios estatales o el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), fue aún más notoria la percepción de haber recibido atención sin saturación de usuarios en clínicas y hospitales, pues el porcentaje pasó de 19.90% en 2019, a 36.30% en 2021 (INEGI, 2022, p. 58). En términos generales, la población de 18 años y más que se sintió muy satisfecha o satisfecha con la atención médica fue de 54.5% para los servicios estatales o el INSABI, 52% para el IMSS y 51.8% para el ISSTE (INEGI, 2022. p. 105).
Desarrollo:
La respuesta de la administración federal ante la emergencia sanitaria
Algunos de los aspectos más cuestionados sobre el proceder de la Cuarta Transformación en el manejo de la emergencia, muestran una estrecha relación con las recomendaciones planteadas internacionalmente en el marco de la lucha contra Covid-19 y la mitigación de la corrupción: reforzamiento de los organismos de supervisión, defensa de la democracia y del espacio público, disponibilidad y accesibilidad de datos pertinentes, y procesos de contratación abiertos y transparentes. En este último aspecto se señala que:
Muchos gobiernos han relajado drásticamente sus procesos de contratación, con procedimientos precipitados y opacos que presentan grandes oportunidades para la corrupción y el desvío de recursos públicos. Los procesos de contratación deben mantenerse abiertos y transparentes a fin de combatir irregularidades, identificar conflictos de interés y garantizar precios justos. (TI, 2020, p.5)
El acceso a la información
El acceso a información precisa, veraz y oportuna para conservar la salud, e incluso la vida, devino en un elemento fundamental durante la pandemia de Covid-19, convertida entonces en una situación de riesgo, vulnerabilidad e incertidumbre para el ejercicio de derechos fundamentales (Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales SNT, 2021a). Por tal motivo, el monitoreo de los portales de las entidades gubernamentales obligadas a transparentar la información que está en la base de las decisiones adoptadas antes, durante y después de la emergencia, constituyó un desafío adicional para el manejo de esta crisis:
La información en una situación de emergencia como la actual pandemia por Covid-19 se convierte en un insumo de primera necesidad, que contribuye a que las personas puedan tomar mejores decisiones respecto a su salud, de ahí la importancia de realizar este monitoreo a los portales de internet de los sujetos obligados. (Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 2021, p. 3)
Como parte de su estrategia de comunicación de riesgos, el gobierno federal habilitó un portal en internet para la consulta de información sobre el comportamiento de la pandemia, los lineamientos oficiales para la vigilancia epidemiológica, recomendaciones básicas para la contención y mitigación de contagios en espacios públicos y privados, material visual para la rehabilitación pulmonar de pacientes, y los criterios generales de la política nacional de vacunación (Gobierno de México, 2023a).
Este y otros portales del gobierno federal mostraron inconvenientes e inconsistencias en materia de transparencia y acceso a la información. Aunque través de la pestaña “Transparencia Proactiva. Conocimiento Público Útil. Enfermedad Covid-19”, se puede enlazar directamente con el micrositio diseñado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), su última actualización data del 15 de abril de 2020. Al dar clic en la pestaña “Información relativa a la compra de insumos para la atención de Covid-19” se despliega la leyenda “en proceso de respuesta” (INAI, 2020).
Las lagunas de información dificultan la valoración integral de los aciertos y errores derivados del manejo de la pandemia e implican un notable obstáculo para el monitoreo ciudadano y la identificación oportuna de prácticas de corrupción asociadas con la emergencia sanitaria. Como se advirtió atinadamente, la documentación relativa a las compras, adjudicaciones y licitaciones “también debería publicarse de manera proactiva y completa en el sitio [incluyendo] todos los contratos que el gobierno federal y los estatales han hecho para afrontar la Covid 19” (Ocaranza, 2020).
Este vacío fue ocupado por análisis y estudios basados en la escasa información oficial disponible, elaborados principalmente por organizaciones sociales. También destacaron las notas e investigaciones periodísticas de distintos medios de comunicación, que alertaron sobre presuntos hechos de corrupción. En este contexto, “los aportes de la sociedad civil, los reportajes publicados por el periodismo de investigación y los estudios impulsados por la academia son vitales (…) para emprender acciones de investigación y sanción de los actos irregulares y abusivos cometidos” (Guerrero y Cardoso, 2020, p. 12).
Transparencia y monitoreo ciudadano
Las fuentes elegidas para este texto fueron localizadas con la ayuda del motor de búsqueda “Google”, utilizando como criterios de selección las palabras “México”, “covid-19” y “corrupción”. El análisis se basó fundamentalmente en los hallazgos y las conclusiones de dos sitios: Compras Covid Mx y el trabajo titulado Un año de compras de emergencia en México. Seis propuestas para mejorar, auspiciado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El sitio “Compras Covid Mx”, es una iniciativa impulsada por Serendipia y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, PODER (2021). Aquí puede consultarse información sistematizada de los contratos realizados por la administración federal para la adquisición de diversos equipos, materiales e insumos médicos, hasta el mes de octubre del presente año. Los datos se obtuvieron de la plataforma Compranet, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y mediante solicitudes específicas realizadas a través de los mecanismos de transparencia de las secretarías e instancias involucradas. Los resultados se organizaron a partir de tres criterios básicos: la institución que realizó la compra, el proveedor, y el monto de cada contrato.
El estudio auspiciado por el IMCO sobre la política de compras de emergencia implementada por el gobierno federal durante el primer año de la pandemia (Avendaño, Montes y Santana, 2021) hizo el seguimiento del desempeño de las entidades que, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en marzo de 2020, fueron facultadas para la celebración de contratos mediante adjudicación directa: IMSS, INSABI, ISSSTE, Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Salud (SSA).
Política de compras, adjudicaciones directas y transparencia
De acuerdo con el portal “Compras Covid Mx”, de enero de 2020 a septiembre de 2022 se realizaron más de 17 mil contratos para hacer frente a la emergencia sanitaria, equivalentes a más de 37 mil millones de pesos. En la tabla 1 se muestra el desglose de compras por tipo de procedimiento, número de contratos y monto adjudicado.
Tabla 1
Compras federales realizadas entre enero de 2020 y septiembre de 2022
Fuente: Elaboración propia con base en Serendipia y PODER, 2022.
A partir del análisis de la información de la Tabla 1 es posible identificar la cantidad de adquisiciones realizadas por medio de adjudicación directa, lo cual, en principio es anticonstitucional, pues el artículo 134 establece aspectos, características y obligaciones que tienen que seguir los gobiernos en México para adquirir los productos y servicios que son importantes para desempeñar su labor, pero ante la situación de emergencia generada por la pandemia es explicable pasar por alto los procesos de licitación; sin embargo, se abren espacios para la discrecionalidad, el favoritismo y el tráfico de influencias. Las farmacéuticas que tienen conexiones políticas pueden manipular sus ofertas y ganar contratos, mientras que las personas tomadoras de decisiones públicas también reciben dinero o favores por facilitar el proceso de adquisición.
Estas compras se fundamentan en el Decreto emitido por el Gobierno Federal en marzo de 2020, para facilitar la compra de insumos médicos a través de la modalidad de adjudicación directa. En relación con los proveedores se detectó un total de 2 mil 115 empresas, entre las que destacan cinco que han obtenido los contratos con los mayores montos asignados, que representan el 18.79% del total erogado en compras de emergencia para la atención de la pandemia. El detalle del número de contratos y su equivalente monetario puede observarse en la tabla 2.
Tabla 2
Principales proveedores de la administración federal desde enero de 2020 a septiembre de 2022
Fuente: Elaboración propia con base en Serendipia y PODER, 2022.
En la Tabla 2 se identifica que aunque hay empresas claramente relacionadas con productos farmacéuticos; otras no. Además, según información publicada en Compranet, el mayor desembolso fue hecho en octubre de 2020, “cuando el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA) adquirió vacunas contra la Covid-19 a la empresa AstraZeneca por seis mil millones de pesos” (Serendipia y PODER, 2022), información que no se registra por considerarse de seguridad nacional.
Casi el 93% de los recursos adjudicados por la administración federal fueron ejercidos por las siguientes entidades: el CENSIA, el IMSS, la SSA, el ISSSTE y la SEDENA. En el caso de esta última dependencia se asegura que no hizo públicos un total de 71 contratos, 51 de ellos con importes equivalentes a más de 700 millones de pesos. De los restantes se afirma que “fueron dados de forma abierta, con importes mínimos y máximos, según lo descubierto vía solicitudes de información. Es decir, el gasto de SEDENA en Compranet está subrepresentado” (Serendipia y PODER, 2022).
A partir de su propio análisis de este conjunto de contratos, el IMCO ha puesto en tela de juicio la calidad y la transparencia de la información publicada en el portal Compranet (Avendaño, Montes y Santana, 2021). Entre sus principales inconsistencias destaca la falta de uniformidad de criterios en la captura de los datos, lo que hace complicado identificar, de manera ágil y certera, las compras realizadas ex profeso para la atención de la emergencia sanitaria:
…el sistema electrónico Compranet no permite identificar cuáles son los procedimientos de compra pública que tienen como objeto la atención de la emergencia por Covid-19.
Esto dificulta y limita los análisis del gasto destinado a la atención de la pandemia, así como la coordinación y planeación de procesos de compra entre dependencias, ya que no cuentan con información que permita conocer las condiciones del mercado. (pp. 15-16)
El informe plantea una serie de irregularidades en la política de compras del gobierno federal durante el primer año de la pandemia. Entre las más delicadas sobresale la ausencia de mecanismos especiales para el monitoreo de adquisiciones en tiempos de emergencia, casos de sobreprecio que implicó pagar más del doble por el mismo producto con apenas un mes de diferencia, además de que:
Casi 1 de cada 2 compras (45%) para atender el Covid-19 fueron publicadas de manera tardía, entre uno y 327 días después de la fecha de inicio del contrato (…) Los registros de proveedores rara vez son utilizados y se han contratado empresas sin experiencia en el sector salud. Empresas dedicadas a la venta de muebles, transporte, circuitos de seguridad y refacciones de barcos han recibido contratos para la adquisición de equipo e insumos médicos. (p.5)
El estudio señala que no es posible conocer la descripción detallada y el precio unitario de un conjunto de bienes adquiridos con el 24% de los recursos destinados, entre enero de 2020 y febrero de 2021, a la atención de la pandemia. Un total de 237 contratos, equivalentes a más de 4 mil millones de pesos, no disponen de la documentación probatoria de las distintas etapas de su proceso de adjudicación:
Para facilitar la consulta, las bases descargables de Compranet incluyen un hipervínculo a cada proceso de compra, de tal manera que sea posible acceder al perfil y conocer los documentos e información que no está disponible en la base. No obstante, en los últimos meses las inconsistencias entre las bases de datos y los perfiles individuales de Compranet han incrementado de manera considerable. Especialmente para las compras destinadas a la atención de la pandemia. El IMCO detectó una gran cantidad de compras que no cuentan con un perfil público en Compranet, pero sí tienen un registro en la base de datos. Esto sugiere que en un primer momento las compras fueron registradas en la plataforma y posteriormente eliminadas de la página. (p.20)
Una de las reflexiones más interesantes de este estudio se refiere a las condiciones de compra-venta de las vacunas. En este caso se llama la atención sobre la ausencia de mecanismos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas en el sector privado, tema que ha merecido poca atención por parte de los medios de comunicación y que constituye un tema pendiente en la agenda de los estudios sobre prevención y combate a la corrupción. Como atinadamente fue afirma “en México y el mundo, la información sobre las vacunas, el plan de compra, el precio y las fechas de entrega se encuentra bajo acuerdos de confidencialidad entre el gobierno y los proveedores” (p.5).
Conclusiones:
El combate a la corrupción, el acceso oportuno a la información pública y la transparencia en las decisiones adoptadas por los gobiernos son componentes imprescindibles del desarrollo sostenible (ONU, 2015). En concordancia con los enfoques contemporáneos impulsados desde la sociedad civil, y desde una amplia perspectiva ética, de justicia social, económica y ambiental, es posible sostener que la corrupción y la impunidad constituyen escenarios y formas de relación social que favorecen violaciones graves a los derechos humanos (Guerrero y Cardoso, 2020).
Si bien en la Ciudad de México se aplicó desde el mes de junio de 2020 una metodología de monitoreo explícitamente pensada para evaluar el acceso a la información en materia de Covid-19, no se tiene registro de iniciativas similares en el resto del país; de hecho, tal y como fue planteado en esta exposición, los datos ofrecidos por las entidades del gobierno federal mostraron inconsistencias diversas y la forma en que fueron publicados constituyó en sí misma un obstáculo para realizar análisis adecuados en materia de transparencia y combate a la corrupción. Esto parece sugerir que a nivel nacional todavía son considerables los retos en la materia:
Es pertinente transitar de la discusión conceptual sobre los conceptos de apertura institucional al análisis de sus prácticas, modalidades, contextos y resultados. Documentar adecuadamente la heterogeneidad de estos elementos permitirá identificar los obstáculos que sea necesario considerar en el diseño de nuevas herramientas para promover la apertura. Identificar las limitaciones de su operación o el alcance efectivo que estas prácticas ofrecen a la atención de problemas públicos permitirá transitar de la promoción de la idea de apertura a la adopción de prácticas de apertura por beneficios comprobables. (Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 2021b, p.39)
Como bien lo apunta Nava (2020), la Covid-19 impactó en los procesos de transparencia y la consolidación de las acciones de apertura, especialmente en relación con los plazos que afectan el ejercicio del derecho de acceso a la información, que fueron ampliados o suspendidos, además de los problemas derivados de la consulta de información de interés público; otro aspecto negativo se refiere a la imposibilidad de conocer y supervisar de manera consistente las decisiones del sector público tomadas en relación con la emergencia sanitaria.
La pandemia forzó un ayuno de información por un par de meses. La falta de una política así como de instrumentos normativos de apertura que articulen las necesidades de información de las personas con las acciones que implementan los Estados en situaciones de emergencia, ha conducido a vulneraciones no sólo en el derecho de acceso a la información, sino en muchos otros derechos. (Nava, 2020, p.1)
Si las decisiones en materia de preparación y respuesta a la emergencia sanitaria estuvieron desvinculadas de la observancia de las responsabilidades administrativas contempladas por la ley, y de la actitud de “cero tolerancia a la corrupción” que reivindica la Cuarta Transformación, entonces existe una contradicción profunda que exige atención urgente.
Bibliografía:
Avendaño, F., Montes, P., y Santana, M. (2021). Un año de compras de emergencia en México. Seis propuestas para mejorar. Instituto Mexicano para la Competitividad. https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2021/03/20210322-Un-an%CC%83o-de-compras-de-emergencia-en-Me%CC%81xico.pdf
Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (2021a). Metodología para el monitoreo de información de interés público en Covid 19. Transparencia proactiva [Archivo PDF] https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/CGAyTPMetodologiaMonitoreoInfoInteresPublicoenCOVID-19.pdf
Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (2021b). Estado del arte. Apertura en México [Archivo PDF] https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/DiagnosticoSituaci%C3%B3nAperturaInstEnEntidadesFederativas_V1conPortadaR.pdf
Gobierno de México (2023a). https://coronavirus.gob.mx/
Gobierno de México (2023b). Tablero general del CONACYT. https://datos.covid-19.conacyt.mx/
Guerrero, C. y Cardoso, J. (2020). Corrupción y derechos humanos en tiempos de Covid-19. Informe Ejecutivo sobre México. Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano. https://www.dlmex.org/storage/services/corrupcion-y-derechos-humanos-en-tiempos-de-covid-19-informe-ejecutivo-sobre-mexico.pdf
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental ENCIG 2021. Principales resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2021/doc/encig2021_principales_resultados.pdf
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (2020). Covid-19. Transparencia proactiva. Conocimiento público útil. https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=6791
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (2021). Protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo: prevención, reacción y recuperación [Archivo PDF] https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Protocolo_Apertura_Transparencia_Riesgo.pdf
Nava, M. (2020). Protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y recuperación ante el riesgo [Archivo PDF] https://www.infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/assets/files/multimedia/Protocolo.pdf
Ocaranza, C. (30 de junio de 2020). México compró insumos para la atención a la Covid-19 con sobreprecios y a empresa sin experiencia. PODER. https://poderlatam.org/2020/06/mexico-compro-insumos-para-atencion-a-la-covid-19-con-sobreprecios-y-a-empresa-sin-experiencia/
Organización de las Naciones Unidas México. (15 de octubre de 2020). La corrupción en tiempos de la Covid-19 podría llegar a socavar la buena gobernanza en todo el mundo, dice Guterres. https://coronavirus.onu.org.mx/la-corrupcion-en-tiempos-de-la-covid-19-podria-llegar-a-socavar-gravemente-la-buena-gobernanza-en-todo-el-mundo
Organización de las Naciones Unidas. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. (2015). Transformar nuestro mundo. La agenda 2030 para el desarrollo sostenible. https://www.undp.org/content/dam/argentina/Publications/Agenda2030/PNUDArgent-DossierODS.pdf
Organización Mundial de la Salud (11 de marzo de 2020). Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la Covid-19 celebrada el 11 de marzo de 2020. https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
Serendipia y PODER (2022). Compras Covid MX. https://contratoscovid.serendipia.digital/
Transparencia Internacional. (2020). Índice de percepción de la corrupción 2020. https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_ES_0802-WEB.pdf
Transparencia Internacional. (2009). Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción. https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2014/10/Gu%C3%ADa-de-lenguaje-claro-sobre-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n.pdf
Zepeda, C. (20 de julio de 2022). Mexicanos destinan más de un mes de sueldo en gastos de salud: AMIS. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/20/economia/mexicanos-destinan-mas-de-un-mes-de-sueldo-en-gastos-de-salud-amis/
Palabras clave:
Corrupción, Transparencia, Covid-19
#04286 |
Cárcel y Covid-19. Análisis de un motín en cuarentena.
En marzo de 2020 se decretó el comienzo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en Argentina, para hacerle frente a la pandemia por Covid-19. Este hecho social tuvo un fuerte impacto en múltiples sectores de la sociedad, lo que se agudizó sobre las poblaciones vulnerables, como las personas privadas de la libertad, marcadas históricamente por problemáticas de pobreza, exclusión y desigualdad. En este sentido, como diferentes estudios lo evidenciaron, la pandemia provocó un impacto diferencial para dicho sector, ya que se trata de una población notablemente expuesta en razón de las condiciones de sobrepoblación, hacinamiento y deficiencias de salubridad e higiene, características de las condiciones de encierro en los sistemas penitenciarios.De acuerdo al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), entre los años 2020 y 2021 hubo alrededor de 104 protestas en diferentes instituciones de encierro en Argentina. Siguiendo a este organismo, se advierten como causas principales; los pedidos judiciales, problemas relacionados a la atención de salud, la falta de elementos de higiene y las restricciones en las visitas. En este contexto, surge el interés por indagar sobre el motín del 3 de mayo del 2020 en la Unidad Penal N°1 de Santiago del Estero. Para esto, voy a partir de considerar al motín como un dispositivo de protesta (Mamani, 2020), y luego, mediante un acercamiento de tipo etnográfico, a través de distintas interacciones tanto en el ámbito carcelario como mediante entrevistas con quienes ya no se encuentran privados de libertad, pretendo explorar en la perspectiva de quienes protagonizaron esta experiencia de protesta, para indagar; los sentidos que le atribuyen a dicha protesta, las concepciones en torno a un reclamo en el interior de la cárcel, las valoraciones morales respecto a las prácticas de gobierno y de control en la cárcel, entre otros interrogantes. Este trabajo será elaborado desde una perspectiva teórica que recoge aportes de estudios socio-antropológicos sobre el sistema carcelario, y emplearé un diseño metodológico de tipo cualitativo, adoptado una perspectiva etnográfica. Además, considero fundamental mencionar que esta investigación se inscribe en el proceso de construcción del objeto de conocimiento de mi tesis de doctorado y da continuidad al tema de mi tesis de grado, y por otro lado, mi pertenencia y militancia en la Pastoral Carcelaria de Santiago del Estero me ha permitido construir vínculos con los sujetos privados de la libertad, por lo que lo dicho con anterioridad configura un dato fundamental de la factibilidad de este estudio.Finalmente, es menester mencionar la importancia de la reconstrucción de este hecho, como parte de la producción científica ocupada de estudiar a nivel empírico el mundo carcelario en Santiago del Estero, frente a la escasa producción con respecto a la temática en la provincia.
#04380 |
Corrupcion institucionalizada: Un estudio sobre la corrupción en tiempos de pandemia del COVID 19 en lel Perú
En esta ponencia, en un primer momento se mostrará las definiciones y comportamientos de los actores que incurrem a este acto contextualizando el concepto para poder encontrar sus raizes que lo generan. Seguidamente mostraremos las diferentes corrientes de la corrupción que existen sobre el concepto de corrupción pública en el mendo, en el continente de América y, finalmente, en el contexto peruano. En un tercer momento explicitaremos casos concretos de corrupción en el sector de gestión pública en la región del país y, posteriormente, se analizará los hechos que ocurrieron para mostrar su proceso de ejecución del mismo. En un cuarto momento, mencionaremos los elementos y características que evoca la corrupción a partir del estudio de los casos específicos analizados en el punto anterior. En un quinto momento, intentaremos buscar luces y salidas que permitan acabar con esta problemática de corrupción institucionalizada de tipo público y privado en nuestra sociedad democrática.
#04414 |
La recentralización del poder como lucha contra la corrupción durante la primera mitad del sexenio del presidente López Obrador.
ALBERTO ISAAC DE ÁVILA GALVÁN1
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LUIS RUBIO HERNANSÁENZ
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Durante los primeros tres años del Presidente Andrés Manuel López Obrador se han promovido modificaciones en leyes, reglamentos y la misma constitución para impulsar cambios específicos que permitan cumplir con su proyecto para el sexenio 2018-2024. Acciones concretas como la no apertura a modificaciones al presupuesto federal, la creación de la guardia nacional, el fortalecimiento al ejército, la creación de una estructura de los llamados “superdelegados”, entre otras acciones marcan una tendencia clara hacia la recentralización del poder en México para cumplir con los objetivos de combate a la corrupción e impunidad.Los cuestionamientos de Andrés Manuel López Obrador durante la primera mitad de su sexenio a la división de poderes, a los organismos descentralizados de control del Estado mexicano y su política de recentralización presupuestaria, pueden ser considerados como esfuerzos por reestablecer un modelo de presidencialismo fuerte, en contravía de los procesos de descentralización y liberalización que transformaron el presidencialismo clásico mexicano en concordancia con el neoliberalismo y que a su vez conllevaron a la corrupción imperante en el sistema político.Es decir, se considera que desde su perspectiva la lucha contra la corrupción y la impunidad requiere una recentralización del poder mediante el rescate de algunos elementos que configuraban un presidencialismo fuerte antes de la llegada del neoliberalismo. Para desarrollar nuestro trabajo utilizaremos textos que retoman elementos teóricos sobre el presidencialismo clásico mexicano, el mismo análisis de discurso del actual titular del ejecutivo federal, revisiones especificas a documentos oficiales, seguimiento a las principales acciones promovidas mediante cambios al marco legal normativo vigente, etcétera.
13:00 - 15:00
GT_21- Corrupción, violencia social, Seguridad y Defensa
#00504 |
El papel de los actores armados ilegales en la coyuntura de la pandemia por el coronavirus (COVID 19) en Colombia
Durante los años 2020 y 2021 el mundo experimentó una transformación significativa en las condiciones de vida de las poblaciones por cuenta de la pandemia por el coronavirus covid 19. Esta coyuntura implicó el despliegue de medidas que suponían una vía de prevención y control de la expansión de los contagios que pusieron en crisis el sistema de salud y el sistema económico en naciones como Colombia. Aunque se trató de medidas generalizadas, el impacto en la población que habita el territorio nacional no se vivió de la misma forma. En pequeños centros poblados y/o en zonas rurales donde el Estado tiene una presencia limitada, las personas se vieron enfrentadas al miedo a los contagios y a la muerte por cuenta de la pandemia, pero como un problema adicional a la violencia presente, ejercida por actores armados ilegales que continúan disputándose el control territorial, tales como, disidencias de la guerrilla de las Farc, guerrillas del Eln y del Epl, y grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, Los Rastrojos, entre otros. La presenta ponencia busca precisamente, conocer el accionar de estos actores armados ilegales en Colombia con relación a la pandemia del covid 19 y la afectación a las personas residentes en zonas donde se experimenta la continuidad de dicho conflicto. Para ello, se llevó a cabo una revisión documental de prensa nacional y regional e informes de instituciones oficiales y privadas, especializados en el análisis de la violencia política en Colombia. Esta revisión evidenció el recrudecimiento de la violencia ejercida por estos actores a través de la imposición de medidas relacionadas con el covid 19 como toques de queda y amenazas de muerte, con el propósito de ganar un mayor control sobre territorio, reconocimiento y protección del virus para sus miembros; lo que se posibilitó gracias a la disminución de la ya limitada presencia estatal en estas zonas rurales, en términos de pie de fuerza militar y policial.
#00766 |
Las estadísticas criminales en la República Argentina en los tiempos del Covid19
Las medidas de aislamiento y restricción impuestas en numerosos países a raíz de la pandemia del COVID19 redujeron durante mucho tiempo las prácticas sociales habituales de circulación y ocupación del espacio público, de entretenimiento, de estudio y de trabajo. Esta disminución de determinadas interacciones sociales tuvo sus efectos en la magnitud de delitos ocurridos a nivel nacional en la República Argentina, y se vió reflejado en las estadísticas criminales registradas durante el período de aislamiento. Este trabajo pretende revisar las variaciones entre los años 2018 a 2021 de los delitos contra las personas en homicidio, delitos sexuales, amenazas, agresiones y contra la propiedad en robos y hurtos, a partir del análisis de la información del Sistema Nacional de Estadística Criminal (SNIC), fuente oficial de las estadísticas criminales de la República Argentina. El período seleccionado nos permitirá evaluar el impacto de la pandemia en los eventos criminales, al incluir años previos a la declaración de emergencia, un año con pandemia y altas restricciones y un año con disminución progresiva de las mismas. Para enriquecer esta ponencia se realizará una comparativa a nivel regional de los delitos seleccionados entre el SNIC y los países de Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay utilizando como fuente de datos el “Estudio de las Naciones Unidas sobre Tendencias del Delito y Operaciones de los Sistemas de Justicia Penal” (UN-CTS por su sigla en inglés). Por último, se realizará una evaluación exploratoria de fuentes secundarias nacionales y regionales respecto de la ocurrencia de ciberdelitos ya que, de alguna manera, el avance de la tecnología pasó a suplir el espacio de interacción social habitual del ocio, el trabajo, el estudio, la familia, con el objetivo de establecer observaciones preliminares que se podrán profundizar en futuras investigaciones. El análisis estadístico de estas circunstancias excepcionales en las que se dieron las variaciones delictuales puede permitirnos explorar ciertas hipótesis sobre la elasticidad o inelasticidad de la ocurrencia de determinados tipos de delitos respecto de la circulación de bienes y personas en el espacio público y en los entornos educativos y laborales.La importancia de esta observación radica en comprender el comportamiento de los delitos seleccionados, sus mutaciones, adaptaciones y las variaciones respecto a períodos de libre circulación partiendo de algunas preguntas disparadoras ¿han disminuido los delitos contra la propiedad en relación a los delitos contra las personas? si fue así ¿en qué magnitud? ¿Han aumentado los conflictos interpersonales? ¿Las restricciones ambulatorias y laborales pueden explicar en parte el comportamiento de esos indicadores? ¿Han variado las características y modalidades de los delitos, adaptándose a las nuevas circunstancias?
Introducción:
Entre 2020 y 2021, las medidas de aislamiento y restricción impuestas en numerosos países a raíz de la pandemia del COVID 19 redujeron durante largos períodos las prácticas sociales habituales de circulación y ocupación del espacio público, de entretenimiento, de estudio y de trabajo. Esta disminución de determinadas interacciones sociales tuvo sus efectos en la magnitud y en los tipos de delitos ocurridos a nivel nacional en la República Argentina, y se vio reflejado en las estadísticas criminales registradas durante el período de aislamiento. El propósito del presente trabajo es, en primer lugar, exponer esas variaciones; y en segundo lugar, aproximar algunas hipótesis sobre sus causas.
Siguiendo a Olaeta y Comba (2015) podemos mencionar 4 fuentes de información sobre hechos delictivos, a) las estadísticas oficiales, que nuclean datos aportados por las fuerzas de seguridad y las fuentes judiciales; b) las encuestas de victimización; c) las encuestas internacionales de opinión pública que incluyen temas de seguridad; d) las fuentes internacionales sobre temas de seguridad.[1]
En el presente trabajo nos vamos a centrar en las estadísticas oficiales de la República Argentina, en relación a las cuales encontramos algunas limitaciones. Por un lado, la llamada cifra oculta que representa el conjunto de conductas realizadas efectivamente en la vida social que, presuntamente, se asocian a los tipos penales y que no han sido registradas y oficializadas por los organismos con competencia en la materia, ni por las instituciones policiales o judiciales.
Por otro lado, en el V Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y el Tratamiento del Delincuente realizado en Ginebra en 1975, se hizo referencia a la “cifra dorada” de la criminalidad, definida como las acciones cometidas por aquellos “delincuentes que detentan el poder político y que lo ejercen impunemente, lesionando ciudadanos y a la colectividad en beneficio de su oligarquía, o que disponen de un poderío económico que se desarrolla en detrimento de la sociedad”[2], éste término hace referencia específicamente a aquellos delitos con grandes ganancias económicas que son llevados adelante por personas vinculadas al poder político y/o financiero, tanto a nivel nacional como internacional pero que no son registradas ni contabilizadas en las estadísticas oficiales.
Y por último, otra de las limitaciones es el carácter manufacturado, ya que las estadísticas policiales y judiciales dependen fundamentalmente de las decisiones de registración y oficialización de hechos presuntamente delictuosos tomadas por miembros de la institución policial y judicial, en función de parámetros culturales que no son homogéneos a través del tiempo y el espacio, y sobre las cuales inciden múltiples variables de diversa naturaleza.
No obstante las limitaciones mencionadas, en el presente trabajo se revisan las variaciones producidas entre los años 2018 a 2021 sobre los delitos contra las personas en homicidio, delitos sexuales, amenazas, agresiones y contra la propiedad en robos y hurtos, a partir del análisis de la información del Sistema Nacional de Estadística Criminal (SNIC), entendida como fuente oficial de las estadísticas criminales de la República Argentina.
El SNIC es la estructura única de registración de hechos delictuales y víctimas en todo el territorio nacional. Su fuente de datos son los registros policiales o denuncias realizadas por las propias víctimas. Los organismos que recopilan los datos delictuales son las policías de las 23 Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los Ministerios Públicos Fiscales en algunas jurisdicciones; y las Fuerzas Federales: Policía Federal; Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El SNIC, se encuentra en la órbita de la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo objetivo es gestionar, integrar y validar la información recibida y elaborar estadísticas e informes a nivel país y en sus diferentes niveles, los microdatos y los informes se encuentran disponibles en:
Para enriquecer esta ponencia se incorporan dos aspectos metodológicos. Por un lado, se incluye un ciclo ampliado desde 2015, lo que permite revisar las variaciones estadísticas en un período largo. Y, además, se analizan a nivel regional de los delitos seleccionados entre el SNIC y los países de Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, limítrofes con Argentina, utilizando como fuente de datos el “Estudio de las Naciones Unidas sobre Tendencias del Delito y Operaciones de los Sistemas de Justicia Penal” (UN-CTS por su sigla en inglés), disponible en https://dataunodc.un.org/.
Por el otro lado, se realiza una evaluación exploratoria de fuentes secundarias nacionales respecto de la ocurrencia de ciberdelitos, ya que el análisis de estos datos importa a la hora de explorar hipótesis sobre las mutaciones encontradas en los datos estadísticos anteriormente mencionados.
El análisis estadístico en el contexto de las circunstancias excepcionales en las que se dieron las variaciones delictuales puede permitirnos explorar ciertas hipótesis sobre la elasticidad o inelasticidad de la ocurrencia de determinados tipos de delitos respecto de la circulación de bienes y personas en el espacio público y en los entornos educativos y laborales.
La importancia de esta observación radica en comprender el comportamiento de los delitos seleccionados, sus mutaciones, adaptaciones y las variaciones respecto a períodos de libre circulación, partiendo de algunas preguntas disparadoras ¿han disminuido los delitos contra la propiedad en relación a los delitos contra las personas? si fue así ¿en qué magnitud? ¿Han aumentado los conflictos interpersonales? ¿Las restricciones ambulatorias y laborales pueden explicar en parte el comportamiento de esos indicadores? ¿Han variado las características y modalidades de los delitos, adaptándose a las nuevas circunstancias?
[1] Hernán Olaeta y Antonella Comba (2015). Reflexiones metodológicas: apuntes para una investigación empírica y cualitativa del Delito Económico Organizado. XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Disponible en https://www.aacademica.org/000-061/485
[2] Ibidem.
Desarrollo:
Análisis de la información delictual
Para profundizar en el cotejo de los datos se utilizan como fuentes de datos, para la República Argentina el Sistema Nacional de Estadística Criminal, disponible en la página oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación; y para el caso de los países de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, se extraen datos del United Nations Surveys on Crime Trends (CTS) and the Operations of Criminal Justice Systems (UN-CTS).
El CTS es un reporte anual que realizan los países asociados a la ONU para determinados tipos delictivos en base a la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS, por su sigla en inglés).
Algunas precisiones metodológicas:
La información presentada son las tasas publicadas por los organismos oficiales, indicados en la Introducción.
Considerando, de acuerdo a los estándares internacionales, el cálculo de la tasa como cantidad de víctimas o hechos en un determinado período y territorio sobre la población en un determinado período y territorio dividido por 100.000.
A su vez, si bien se toman los datos de tasas del CTS se cotejaron las poblaciones de los institutos de estadísticas de cada país[1] y con sus proyecciones publicadas contra publicación del Banco Mundial para 2021[2]. Para el caso de Argentina es la población publicada por el INDEC según documento “Instituto Nacional de Estadística y Censos, Proyecciones provinciales de población por sexo y grupo de edad 2010- 2040”, Nº36 Serie Análisis demográfico, 2013.
Por último, los datos para el año 2021 no están disponibles ni en el SNIC ni en el CTS, normalmente los datos se cierran entre julio y agosto del año siguiente y el reporte al CTS se hace en dos momentos al año junio y los ajustes que se requieran en el mes de diciembre.
Análisis de datos delictuales sobre las personas y la propiedad
Se observa que desde 2015 hay un descenso importante en las tasas y para el 2020 alcanza el mismo valor que en 2017 de 5,3. Sin embargo es posible afirmar que la tendencia a la baja se mantuvo aún en el primer año de la pandemia.
Considerando desde 2015 al 2020, en los países limítrofes se observa una tendencia a la baja de este delito, salvo en Chile y Uruguay.
Según lo informado en el Grupo de Trabajo de Seguridad Ciudadana de las Reuniones de Ministros del Interior y Seguridad del MERCOSUR, Mercado Común del Sur, para la armonización de estadística criminal llevado adelante entre 2018 y 2021, Uruguay mejoró su sistema de registración de estadística delictual ajustando, asimismo, el código penal. Por su parte Brasil no incluye en Homicidios dolosos las muertes ocasionadas por las fuerzas policiales ni militares considerándolas como en cumplimiento del deber, esto no es así en el resto de los países que incluyen en el conteo todas las víctimas de homicidios dolosos más allá de quien lo ejecute.
A lo largo del período analizado hay un descenso de las tasas en lesiones dolosas, y que, para el 2020, la tasa de víctimas tuvo el mismo comportamiento a la baja que los años anteriores.
En cambio la tasa de hechos de Amenaza aumentan en 2,6% del 2020 con respecto al 2019 y desde 2015 tiene un comportamiento fluctuante. Este delito se efectúa, en la mayoría de los casos, durante la interacción social de los/as sujetos, sin embargo también se realizan amenazas a través de las redes sociales o de manera telefónica.
Con respecto a los países limítrofes no se pudo obtener datos específicos sobre estos tipos delictuales.
Estos delitos tienen la particularidad de un alza en los casos denunciados a partir de las luchas feministas en Argentina, lo cual de alguna manera habilita hablar de ciertos temas y dar cuenta de las vejaciones sufridas sobre todo por las mujeres, aunque se contabilizan los hechos contra varones y disidencias sexuales.
La violación o los delitos contra la integridad sexual son, en su mayoría, delitos que ocurren en ámbitos privados y por personas cercanas a las víctimas, aun cuando se contabilizan casos en espacios públicos y por personas desconocidas. Sin embargo se considera un delito penal y dejó de estar amparado bajo el manto de silencio del espacio privado lo cual habilita y facilita que se realicen las denuncias del caso. Por ello, el alza en la tasa de víctimas puede deberse más bien al aumento de cantidad de denuncias, que sigue esa tendencia desde el inicio de la serie en análisis. Sobre
Es destacable el salto entre el 2019 y el 2020, desde el 37 al 51 en las tasas de delitos contra la integridad sexual.
No se podría afirmar que en los países limítrofes sucedió el mismo fenómeno que en Argentina con este delito, dado que las tasas fluctúan con saltos importantes en los extremos del rango periódico en análisis. En el caso de Chile (en 10%) y Brasil (0,6%) aumenta en el 2020 con respecto al 2015, mientras que para Paraguay y Uruguay la tendencia fue a la baja en alrededor de 1 punto porcentual.
Con respecto a otros delitos contra la integridad sexual se observa que Brasil sub informó o no registraba este delito en los primeros años y para el 2019 y 2020 hay una sub registración en relación a las tasas informadas por los otros países de la región, por lo tanto se excluye del análisis.
En el caso de Uruguay hay un descenso marcado en la tasa, de 41,5 en 2015 pasa a 25,8 en el año 2020, con lo cual se puede deducir una subregristración o políticas públicas eficientes que previenen este tipo de delitos contra las personas.
En el caso de Chile y Paraguay los datos tienen la misma tendencia que Argentina con una importante variación de la tasa en los extremos del período analizado.
Con respecto a los delitos contra la propiedad, según se identificó en el trabajo de armonización estadística en el MERCOSUR, es necesario aclarar que para Argentina el robo es cuando se sustrae un bien con violencia sobre las cosas o las personas y el hurto es la sustracción de un bien sin violencia.
Para el resto de los países, de manera coincidente con los criterios utilizados por el ICCS, en sus legislaciones distinguen el robo cuando hay violencia sobre la persona y hurto cuando hay o no violencia sobre la propiedad para consumar la sustracción de un bien. Es por ello que no corresponde comparar entre países dado que el concepto de cada delito es diferente entre Argentina y el resto de los países.
Con respecto a los robos, en Argentina, hubo tendencia a la baja desde 2015 hasta el 2019, con una suba de alrededor del 12%, pasando de 1005,3 a 1049,9 con una drástica baja (del 30,3%) en 2020.
En los hechos de robos, aun ante la falta de datos de los países limítrofes para el año 2020, de la pandemia, se observa una variabilidad de las tasas a lo largo del período analizado. Lamentablemente no se puede comparar con el año de la pandemia.
En tanto que había subido un 17,7% entre 2019 y 2015, para los hechos del delito de hurtos ocurre una tendencia similar a los hechos de robos. Hay una baja significativa de 32,2% del 2020 con respecto a 2019.
Datos sobre ciberdelitos
Los ciberdelitos abarcan a todas aquellas conductas ilícitas que vulneran los derechos o libertades de las personas y que se realizan por medio de un dispositivo informático o que procesa automáticamente datos e información. Al referirse en la mayoría de los casos a una modalidad (la preeminencia de un medio informático o virtual con el que se realiza o donde sucede el hecho delictual) de tipos penales ya existentes (estafa, robo, por ejemplo), y no a un tipo penal específico, la registración de los denominados “ciberdelitos” es todo un desafío para los organismos encargados de registrar y consolidar las estadísticas oficiales. Por este motivo en muchos análisis debemos recurrir a informes de organismos o instituciones especializadas.
En el caso de Argentina, el SNIC no registra de manera discriminada cada uno de los tipos delictuales previstos en el Código Penal Argentino, por ello hemos tomado como fuentes secundarias los siguientes
El Informe publicado por la Secretaría de Innovación Tecnológica (SIT) dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, “Delitos informáticos en Argentina: Modalidades detectadas durante la pandemia del COVID-19”[1].El Informe de gestión de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI)[2] correspondiente al año 2020.El Informe de INTERPOL “Ciberdelincuencia: efectos de la covid19” de agosto de 2020.
El primero de los informes realiza algunas observaciones más que interesantes. Destacamos algunas de ellas, en virtud de los objetivos de nuestra investigación. En primer lugar, destaca que en Argentina, a partir de marzo de 2020 y durante toda la pandemia, aumentaron las denuncias por modalidades delictivas realizadas a través de internet. Según la SIT, estos delitos, que se han incrementado durante este período, pueden agruparse en 3 grupos grandes grupos: a) fraudes y estafas online a usuarios particulares[3], b) ataques de ransomware a organizaciones y c) lavado de activos por Internet. En segundo lugar, la SIT detecta un desplazamiento dentro el mismo universo de “ciberdelitos”: antes de la pandemia, el fraude más común en Argentina era el phishing bancario, y durante la pandemia toma preeminencia el denominado “spearphishing”, similar a la anterior pero donde las solicitudes de información están dirigidas y son personalizadas, lo que implica un nivel de sofisticación mayor. Por último, destacamos que el informe concluye que durante la pandemia han surgido nuevas organizaciones ilícitas vinculadas a estas nuevas modalidades.
El Informe de la UFECI incluye algunos análisis comparativos de reportes sobre ciberdelitos recibidos. Destacamos dos: reportes recibidos entre los primeros trimestres de los años 2019, 2020 y 2021; y reportes recibidos del 04/2019 al 03/2020 contra reportes recibidos de 04/2020 a 03/2021.
Finalmente, el informe de Interpol destaca un cambio importante en los objetivos de los ataques, que si antes eran mayormente dirigidos a particulares y pequeñas empresas, ahora tienden a ser contra grandes multinacionales, administraciones estatales e infraestructuras esenciales. El mismo informe esboza que el aumento del trabajo remoto ha sido una ventana de oportunidad para esta mutación, generando más vulnerabilidades informáticas en las empresas.
[1] El informe está disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/04/ciberdelitos_en_pandemia.pdf
[2] La UFECI fue creada en 2015 con el objetivo de fortalecer la política criminal contra el cibercrimen, e intensificar las tareas para su abordaje de modo articulado mediante Resolución de la Procuración General de Nacional N° 3743/2015.
[3] La modalidad más utilizada fue el phishing - derivado de las palabras en inglés password harvesting fishing- a través de la cual se busca pescar datos personales de una víctima que posteriormente son utilizados para suplantar o usurpar la identidad en un hecho ilícito.
[1] Instituto Nacional de Estadísticas de Chile disponible en https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/censos-de-poblacion-y-vivienda/censo-de-poblacion-y-vivienda. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística disponible en https://www.ibge.gov.br/. Instituto Nacional de Estadística de Paraguay disponible en https://www.ine.gov.py/default.php?publicacion=2. Instituto Nacional de Estadística de Uruguay disponible en https://www.ine.gub.uy/anuario-estadistico
[2] Disponible en https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.TOTL
Conclusiones:
De los datos e informes analizados podemos extraer algunas conclusiones preliminares, que deberán ser contrastadas con investigaciones complementarias de mayor profundidad.
Respecto de las preguntas que nos hacíamos en nuestra introducción podemos decir, con cierta seguridad, que algunas magnitudes de los delitos analizados se han visto afectadas por la pandemia, pero no de todos ellos, ni en la misma medida.
Por ejemplo, observamos que la tasa de homicidios no parece haberse visto afectada especialmente por la pandemia, sino que su comportamiento, tanto en Argentina como en el resto de los países analizados, sugiere una continuidad respecto de la tendencia que cada país traía de años anteriores. Una investigación complementaria podría profundizar dentro de la categoría de homicidios dolosos, para determinar si hubo alguna variación entre las distintas modalidades, ámbitos de ocurrencia o relación entre víctimas y victimarios; y si esas variaciones pueden explicarse por las restricciones vinculadas a la pandemia (por ejemplo si disminuyeron los homicidios en ocasión de otros delitos y si aumentaron los homicidios vinculados a conflictos interpersonales o violencia de género).
Respecto de los delitos contra la integridad sexual, los datos analizados para Argentina y el resto de los países no nos permite concluir cuánto y cómo han influido las restricciones en la incidencia de estos casos. No puede inferirse un comportamiento homogéneo entre los países analizados, ya sea de aumento, disminución o continuidad de tendencias. Al mismo tiempo, el período analizado coincide con el aumento del activismo y la lucha feminista en la región, lo que impacta tanto en la ocurrencia como en la realización de denuncias. Por estas razones, debería realizarse también una investigación más exhaustiva y cualitativa, sobre estos tipos delictivos en particular, para poder llegar a algunas aproximaciones más concluyentes.
Tampoco las tasas de delitos contra las personas en Argentina no parecen verse especialmente afectadas. Si bien las lesiones han disminuido respecto al año pre pandémico, se encuentra también dentro de una serie con tendencia a la baja, por lo que la disminución no podría ser automáticamente adjudicada a la disminución en la interacción social por las restricciones. Al mismo tiempo, si bien la tasa de 2020 es la más baja del período, es sólo 1,78% menor a la de 2018.
Por otro lado, tampoco puede ser concluyente el aumento del 2,5% en las denuncias por amenazas respecto del año 2019, ya que durante el período analizado el comportamiento de la tasa es fluctuante. Una exploración interesante sería profundizar si las modalidades en las amenazas “presenciales” tuvieron una disminución respecto de las “virtuales” (realizadas a través de redes sociales, telefonía celular, entre otras).
Donde sí se puede inferir, con claridad, de los datos analizados que las mayores restricciones de circulación a causa de la pandemia se correspondieron con la disminución en la interacción social y sobre la ocurrencia de delitos callejeros como es el caso de los delitos contra la propiedad (robos y hurtos). En todos los países del sur del Cono Sur se observa una baja de las tasas, independientemente de las tendencias en los años analizados.
Consideramos que esto es un indicador concluyente de que el factor determinante para la baja tasa de los delitos de robo y hurto fue la disminución de la circulación de bienes y personas en la vía pública, lugar de mayor ocurrencia de estos delitos.
Por último, el análisis de los informes sobre los denominados ciberdelitos nos permite concluir que si bien el aumento de los mismos es coherente con una tendencia al alza que ya existía antes de la pandemia, la magnitud del aumento entre el año pre pandémico y el año de la pandemia, indica que las condiciones de encierro generadas por la pandemia han propiciado este aumento.
Al mismo tiempo ha causado un desplazamiento, como menciona el informe de Interpol, en los objetivos/víctimas de estos delitos. A diferencia del caso de los robos y hurtos, dónde el ámbito de ocurrencia (la vía pública) se vio “disminuido”, reduciendo las oportunidades para la realización de este tipo de delitos, en el caso de los ciberdelitos, la masiva implementación del trabajo remoto y del uso de herramientas informáticas para la comunicación social, han ampliado enormemente el ámbito de ocurrencia de los ciberdelitos. Sin embargo, el desplazamiento hacia estrategias más complejas así como a objetivos más grandes (de personas hacia empresas o instituciones), refleja también una sofisticación y organización relativamente compleja.
Una investigación ampliatoria podría determinar si hubo un desplazamiento de personas infractoras u organizaciones desde el robo y hurto hacia el ciberdelito o si se trata de universos diferenciados.
Bibliografía:
Anexo: Glosario delictual utilizado por el Sistema Nacional de Estadística Criminal (SNIC):
1. Homicidio doloso consumado: es un delito que se configura cuando se quita la vida a una o más personas con “dolo”, es decir, con intención de provocar la muerte de la o las víctimas. El conteo de este tipo penal, incluye todas las variaciones que contempla el Código Penal de la Nación: Homicidio doloso simple; Homicidio doloso agravado; Homicidio doloso en estado de emoción violenta; Homicidio doloso en ocasión de robo; Homicidio doloso en riña.
5. Lesiones dolosas: son todos aquellos daños en el cuerpo de una persona que hayan sido ocasionados con dolo, es decir, con intención de dañar o lesionar. Dentro de esta categoría se incluirán los registros por lesiones leves, graves, gravísimas, agravadas y en riña. En este código se deben incluir el total de hechos y víctimas de lesiones, independientemente de la gravedad de las mismas y del contexto en el que se producen (por ejemplo, lesiones en riña o lesiones en contexto de violencia de género o familiar).
13. Amenazas: esta categoría comprende los hechos en los que una persona atemoriza a otra/s anunciando un mal grave, posible y futuro y lo hace con idoneidad para intimidar. Es decir, se deben cumplir las siguientes condiciones: debe darse el anuncio de un daño (una lesión o detrimento de un bien o interés de una persona), debe ser factible de suceder (es decir, que dependa de la voluntad del que realiza la acción), debe ser una acción a futuro (ya que sólo de ese modo puede constituir un peligro potencial –y no un daño ejecutado– para la víctima), debe ser injusto o ilegal (es decir, que no se ajuste a derecho).
10. Abuso sexual con acceso carnal (violación): el abuso sexual con acceso carnal, que anteriormente era llamado “violación”, es todo aquel abuso sexual agravado por la existencia de acceso carnal por cualquier vía y en concurrencia o no con otros agravantes. Esta categoría contempla únicamente los hechos consumados.
El abuso sexual refiere a la existencia de contacto sexual con otra persona (sin importar su género) cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo e intimidatorio de una relación de dependencia, autoridad o poder, o aprovechamiento de que a razón de cualquier causa la víctima no puede consentir libremente la acción.
Los casos en que haya habido relaciones sexuales con acceso carnal con menores de 13 años, son contabilizados por más que la víctima haya manifestado su “consentimiento”.
11. Otros delitos contra la integridad sexual: este código es un agrupamiento de delitos contra la integridad sexual y contiene los siguientes tipos delictuales, siempre que no se haya producido con acceso carnal:
Abuso sexual simple, es decir, sin acceso carnal.
Tentativa de abuso sexual con acceso carnal.
Abuso sexual agravado por ser gravemente ultrajante –por su duración o circunstancias, por derivar en daño físico o mental grave, por el vínculo, por tener el agresor conocimiento de portar enfermedad sexual, por ser cometido por dos o más personas o con la intervención de un arma, por ser el agresor miembro de las fuerzas policiales o de seguridad y encontrarse en ejercicio de sus funciones, y por ser cometido contra un menor de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente.
Estupro: son aquellos casos de abuso sexual en los que la víctima es menor de 16 años y el victimario mayor de 18 años.
Abuso sexual sin acceso carnal con resultado de muerte.
Corrupción de menores.
Promoción o facilitación de la prostitución ajena (proxenetismo).
Promoción o facilitación de la prostitución ajena (proxenetismo) agravado: Cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima; cuando el autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima; cuando el autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria.
Explotación económica de la prostitución de otra persona (rufianería).
Difusión de imágenes y espectáculos pornográficos de menores.
Exhibiciones obscenas.
Sustracción o retención de una persona con la intención de menoscabar su integridad sexual.
Ciber-acoso sexual infantil (“cibergrooming”).
Delitos contra la propiedad
En este agrupamiento se incluyen todos los hechos delictivos que afectan, menoscaban o lesionan el derecho de propiedad de una persona sobre su patrimonio. Incluye:
15. Robos: hay robo cuando una persona se apodera ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, ya sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad.
19. Hurtos: este tipo delictual implica la apropiación ilegal de una cosa mueble que sea total o parcialmente ajena, sin que medie fuerza sobre la/s cosa/s o sobre la/s persona/s. Deberán contemplarse dentro de esta categoría los siguientes tipos de hurto: simple o agravado caracterizado por la calidad del autor.
Palabras clave:
Ciberdelitos. Estadística criminal. Covid 19.
#03353 |
Discursos de necropolítica: pospandemia, masacres carcelarias y economía de la muerte en Guayaquil
Andrés Williams1
1 - Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Durante la pandemia del COVID-19, la ciudad de Guayaquil se convirtió en epicentro del desastre, no solo por el elevado número de víctimas mortales, sino porque la ciudad se configuró como el escenario del ejercicio de la Necropolítica por la omisión del Estado y sus obligaciones constitucionales frente al derecho a la vida y la dignidad humana. El presente trabajo explora la correspondencia existente entre esas formaciones discursivas de la muerte en la pandemia y los cuerpos desechables de las masacres carcelarias. La contracción del Estado como producto del neoliberalismo, ha [con]cedido al narcotráfico el control del territorio y la administración del monopolio de la violencia sobre la vida o la muerte. A partir de discusiones poscoloniales y de estudios de la comunicación, se pretende caracterizar el momento de la pospandemia, acentuada por una ola de violencia e inseguridad cuyo acontecimiento está marcado por sendas masacres carcelarias en las principales cárceles del Ecuador. En ese contexto, el ensayo expone un ejercicio de etnografía de la comunicación a una familia dedicada al microtráfico, en el que se recogen los rastros simbólicos de la economía de la muerte en la cotidianidad guayaquileña.
#03905 |
Acolhida militarizada: as Força Armadas como ator político e estratégico no recebimento de migrantes venezuelanos no estado de Roraima- Brasil
Analisar a escolha e a nomeação do Ministério de Defesa para liderar o programa federal de acolhimento aos migrantes venezuelanos/venezuelanas, no estado de Roraima em 2018, permite constatar que tal nomeação, que resultou na entrega às Forças Armadas da coordenação da chamada Operação Acolhida, não representa apenas uma arbitrariedade do governo Michel Temer, face ao estatuto do migrante, sancionado por ele um ano antes, mas trata-se, sobretudo, de uma decisão política estrategicamente calculada na qual se conjuga, dentre outras variáveis, a governamentalidade da migração de populações “indesejáveis”, o controle das tensões sociais emergentes num cenário de “bolsonarização da sociedade” e mecanismos de sustentação do próprio mandato presidencial, marcado por escândalos de corrupção e tensionado pelos entes militares. Sendo assim, à revelia da legislação migratória, as Forças Armadas se impuseram ao governo como atores imprescindíveis, tanto no controle da migração (e migrantes), quanto na contenção dos conflitos e da violência da população de Roraima contra os migrantes, incitada por discursos e medidas xenofóbicas das próprias autoridades locais. O presente trabalho pretende abordar algumas contradições e o papel político-estratégico da militarização da acolhida,representada pela atuação das Forças Armadas na operação federal de recebimento aos migrantes. Para tanto, tomar-se-á o recorte temporal entre os anos de 2018 e 2020, período de abrangência do levantamento de dados da pesquisa pós-doutoral a que esse trabalho se remete, recorte de tempo que oportuniza pensar também alguns aspectos da Operação Acolhida sob o Governo Bolsonaro, que contrariando as previsões de que a extinguiria após a posse, não só não extinguiu a operação, como ainvestiu elevados recursos e aumentou a legitimidade dos atores militares na referida operação, embora fosse declaradamente contra o recebimento daqueles migrantes.
#04050 |
De la Guerra Sucia a la Guerra contra las Drogas. La emergencia de colectivos de búsqueda de desaparecidos en espacios de búsqueda en Atoyac, Guerrero.
México atraviesa una crisis humanitaria en términos de desaparición forzada. Hasta ahora, más de 100 mil personas se encuentran desaparecidas en el país desde la década de 1960. No solo no se trata de una crisis reciente, dado que se remonta al periodo conocido como Guerra Sucia y se ha intensificado durante el mal llamado Guerra contra las Drogas. En todo caso, si bien las dinámicas que subyacen son, hasta cierto punto distintas, lo cierto es que en ambos periodos se juntan, en distintas categorías, la violencia política y la violencia criminal, los grupos armados no estatales, como las guerrillas y las organizaciones criminales. Lo que sí, es que dos actores son importantes, por un lado, el Estado, como perpetrador de las dinámicas que dan cauce a las desapariciones y, por el otro, los colectivos de la sociedad organizada, que ha mantenido una permanente campaña de denuncia y búsqueda de sus familiares desaparecidos. En esta investigación, les autores, a través de trabajo de campo que consistió en observación participante y entrevistas semiestructuradas, estudian el caso de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Atoyac de Álvarez, Guerrero. El objetivo es observar las dinámicas de organización de los colectivos, sus procesos de vinculación entre distintas épocas de desaparición, las formas en que gestionan el dolor y la forma en que construyen el fenómeno de la desaparición que, si bien aparece como distinta tanto en la Guerra Sucia como en la Guerra contra las Drogas, en el fondo comparten múltiples dinámicas subyacentes.
#04334 |
De la vigilancia al vigilantismo. El caso de los linchamientos perpetrados por colectivos vecinales en Puebla
La presente ponencia examina la evolución y las características de una serie de linchamientos ocurridos en el estado mexicano de Puebla, en un contexto marcado por el aumento del crimen y la violencia. A partir de ello, destaca que la mayoría de los linchamientos ocurrieron en centros urbanos de la entidad y fueron perpetrados por organizaciones de vigilancia vecinal fomentadas por gobiernos locales bajo el esquema de la coproducción de la seguridad. La evidencia reunida da testimonio de los vínculos y negociaciones informales que se construyeron entre habitantes de vecindarios urbanos que participan en programas de vigilancia y agentes gubernamentales a nivel local, lo que ha dado pie a la constitución de áreas grises en las que actores estatales –policías e intermediarios políticos– toleran y/o propician la comisión de linchamientos.
