Resumen de la Ponencia:

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Resumen de la Ponencia:

A partir de los hallazgos de la investigación realizada durante el periodo 2017-2019 para la tesis “Malabares para llegar a fin de mes. Deuda, finanzas y trabajos en cinco hogares asalariados precarios en la CDMX” (Gallardo Kishi, 2020) la presente ponencia busca reflexionar sobre la génesis de una subjetividad deudora en los hogares asalariados formales precarios en la CDMX y la masificación del endeudamiento en un contexto de Economía de la deuda así como de la colectivización de estas deudas como una estrategia basada en redes e indispensable para “llegar a fin de mes”.El trabajo de campo comprendió el seguimiento durante un año de cinco hogares en la CDMX compuestos por un total de 17 personas que tuvieran un gasto común adicional al pago de servicios y que estuvieran integrados por lo menos por un miembro asalariado formal que recurriera al endeudamiento. A lo largo de un año visité los hogares aproximadamente cada dos meses; en cada visita realicé entrevistas familiares e individuales en las que ahondé sobre su historia de vida, historial laboral, trabajos no remunerados, ingresos, gastos, deudas, ahorros, redes y favores, prestando especial atención a la gestión del dinero y los malabares que efectuaban para “llegar a fin de mes”.En la investigación fue evidente la relación directa que existe entre entrar al mundo salarial y entrar al mundo de la deuda bancaria. Ya que en todos los casos las personas obtuvieron su primera tarjeta de crédito bancaria al comenzar un trabajo asalariado con ingresos regulares. Pero la relación no es únicamente temporal, las exigencias propias del mercado laboral formal (en términos de formación, capacitación, presentación, consumo) sumado a la pérdida de derechos laborales, privatización del acceso a la salud y la educación así como la pérdida del poder adquisitivo, han hecho del crédito bancario algo necesario para acceder y mantenerse en el mundo asalariado formal. Este proceso de bancarización y masificación del endeudamiento de los hogares asalariados formales en México, propio de una Economía de la deuda, viene de la mano de discursos de educación financiera que articulan un mandato a ser no sólo trabajador (como adjetivo, como sustantivo y como una ética) sino también a ser gestor y administrador, a ser un buen sujeto financiero, un buen sujeto deudor. Pese a que la educación financiera ha logrado introyectarse en los horizontes y prácticas financieras de los hogares, éstos distan mucho de ser y actuar como “homo economicus”. En las decisiones financieras de los interlocutores, lejos de estar motivados por su propio interés, predomina una lógica colectiva de reciprocidad y apoyo mutuo tanto al interior del hogar como fuera de éste. Las muchas formas que toma la colectivización de la deuda son ejemplos  de esto. 

Introducción:

A partir de los hallazgos de la investigación realizada durante el periodo 2017-2019 para mi tesis “Malabares para llegar a fin de mes. Deuda, finanzas y trabajos en cinco hogares asalariados precarios en la CDMX” (Gallardo Kishi, 2020) la presente ponencia busca reflexionar sobre la génesis de una subjetividad deudora en los hogares asalariados formales precarios en la CDMX (con quienes realice la investigación) y la masificación del endeudamiento en un contexto de Economía de la deuda. Pero también de la colectivización de estas deudas como una estrategia basada en redes e indispensable para “llegar a fin de mes”.

 El trabajo de campo comprendió el seguimiento durante un año de cinco hogares pluripersonales en la CDMX compuestos por un total de 17 personas que tuvieran un gasto común adicional al pago de servicios y que estuvieran integrados por lo menos por un miembro asalariado formal que recurriera al endeudamiento. A lo largo de un año visité los hogares aproximadamente cada dos meses; en cada visita realicé observación, entrevistas familiares e individuales en las que ahondé sobre su historia de vida, trayectorias laboral, trabajos no remunerados, ingresos, gastos, deudas, ahorros, redes y favores, prestando especial atención a la gestión del dinero y los malabares que efectuaban para “llegar a fin de mes”. 

Durante dos meses, los interlocutores llevaron un registro puntual de todas sus transacciones en unas “chequeras” que les facilité, las cuales me permitieron conocer con bastante precisión los gastos, ingresos y transferencias de los sujetos

Los interlocutores son en su mayoría personas asalariadas que desempeñan trabajos como secretaria, empleada bancaria, supervisor, chofer de una empresa, becarios, etc. Son en su mayoría oficinistas con jornada laboral de ocho a diez horas, con trayectorias laborales fluctuantes pero con periodos prolongados de estabilidad sostenidos en buena medida gracias a sus redes y líneas de crédito. En todos los casos, hablamos de hogares que cuentan con amplísimas líneas de crédito (incluso superiores a sus ingresos anuales), múltiples tarjetas de crédito y mucha familiaridad con el endeudamiento. 

Cómo se construye un sujeto deudor? Si bien existen muchas modalidades de la deuda, siguiendo a Lazzarato parece que la tarjeta de crédito es el medio más simple de transformar a su portador en deudor permanente, 'hombre endeudado' de por vida (Lazzarato 2013, 23) 

Desarrollo:

GÉNESIS DEL SUJETO DEUDOR. En la investigación fue evidente la relación directa que existe entre entrar al mundo salarial formal y entrar al mundo de la deuda bancaria. Ya que en todos los casos las personas obtuvieron su primera tarjeta de crédito bancaria al comenzar un trabajo asalariado formal con ingresos regulares. 

Pero la relación trabajo formal-crédito bancario no es únicamente temporal, las exigencias propias del mercado laboral formal (en términos de formación, capacitación, presentación, consumo) sumado a la pérdida de derechos laborales, privatización del acceso a la salud y la educación así como la pérdida del poder adquisitivo, han hecho del crédito bancario algo necesario para acceder y mantenerse en el mundo asalariado formal. Los hogares se endeudan para pagar educación preuniversitaria o gastos de salud, adquirir bienes (vehículo para transporte, electrodomésticos, ropa), así́ como para gastos “cotidianos” como son comprar la despensa y pagar servicios, elementos sin los cuales difícilmente lograrían acceder al empleo formal.

Algunos de las máximas promovidas por la educación financiera que se han introyectado en los horizontes de lo deseable y a las decisiones financieras de los hogares en cuestión son: 

Todos los puntos anteriores son deseos y representaciones muy presentes en las dinámicas financieras de los hogares en cuestión y aun cuando en buena parte de las ocasiones los hogares no logran cumplir a cabalidad todos estos puntos, o aún realizándolos no logran escapar de la tiranía de la deuda, su plan y horizonte financiero es guiado por estos principios y en su cotidianidad despliegan estrategias complejas a costa de sacrificios personales (en muchos casos feminizados) con tal de intentar ser un buen sujeto financiero. 

Y mientras que convertirse en deudor es cosa de unos minutos, dejar de serlo es una misión cercana a lo imposible. Todos los hogares comentaron haber intentado clausurar una línea de crédito pero haber frustrado su intento por dificultades que les ponía el banco o tienda banco para lograrlo. 

Los hogares en cuestión comparten una gran convicción por pagar sus deudas y consideran inmoral e incorrecto dejar de hacerlo. Su ferviente motivación a pagar se encuentra en parte en la necesidad de mantener un buen historial crediticio pero sobre todo en una obligación moral sustentada en la legitimidad que confieren a las deudas.  

Conclusiones:

Mi investigación se centro en hogares asalariados formales en la CDMX, sujetos entre comillas privilegiados y encontré que necesitan profundamente de la deuda para llegar a fin de mes. Caffentzis (2018) entiende por Economía de la deuda a una “economía que requiere que la mayoría de los trabajadores tengan que endeudarse sólo para reproducirse” 

En las decisiones financieras de los interlocutores, lejos de estar motivados por su propio interés, predomina una lógica colectiva de reciprocidad y apoyo mutuo tanto al interior del hogar como fuera de éste. Las muchas formas que toma la colectivización de la deuda son ejemplos excepcionales de esto. Registre numerosísimos ejemplos en los que las deudas fueron gestionadas de forma colectiva tanto al interior del hogar como con redes más amplías, lo que me obligó a abandonar el imaginario de un individuo deudor aislado y en su lugar, pasar a reconocer las múltiples formas de responder colectivamente a una deuda. 

Pese a que la educación financiera y la bancarización ha logrado introyectarse en los horizontes y prácticas financieras de los hogares en cuestión, éstos distan mucho de ser y actuar como “homo economicus” y consumidores trabajadores y/o deudores perfectamente “racionales” en este sentido economicista. Hablo de una subjetividad deudora no para copiar y pegar un sujeto abstracto en un análisis social y producir narrativas generalizadoras sino para señalar una serie de representaciones que están configurando las estrategias económicas de los sujetos y sus prácticas financieras. 

Bibliografía:

Caffentzis, George. 2018. Los límites del capital. Deuda, moneda y lucha de clases. Buenos Aires: Tinta Limón y Fundación Rosa Luxemburgo.

Gago, Verónica, y Luci Cavallero. 2019. Una lectura feminista de la deuda. ¡Vivas, libres y desendeudas nos queremos!Buenos Aires: Fundación Rosa Luxemburgo.

Gallardo Kishi, Verónica Sayuri. 2020. «Malabares para llegar a fin de mes. Deuda, finanzas y trabajos en cinco hogares asalariados precarios en la CDMX». ENAH.

Lazzarato, Maurizio. 2013. La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición neoliberal. Traducido por Horacio Pons. Buenos Aires: Amorrortu editores.

Perez-roa, Lorena, y Matías Gómez Contreras. 2019. «Deuda temporalidad y moralidad: Proceso de subjetivación de parejas jóvenes profesionales». Psicoperspectivas 18 (3).

Palabras clave:

subjetividad deudora, financiarización, endeudamiento, sujeto deudor, asalariados, crédito bancario

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia parte de la experiencia de quien escribe, es el resultado del tejido de historias recolectadas en una comunidad de un pueblo originario en México, autonombrado en su lengua como ayuuk jääy y la historia de quien narra esta ponencia y que construyó el argumento con una mirada crítica y feminista desde América Latina y alrededor del trabajo que reproduce la vida comunalmente.[1]  

Esta reflexión es una interpretación de una noción de poder que trastoca la que occidente introdujo en América Latina desde la conquista y la época colonial. Con la intención de colocar la visión comunal como propuesta subversiva al poder occidental que también es considerador colonial. A lo largo de la ponencia encontrarás algunas claves contextuales, antecedentes y los encuentros de la autora con el trabajo que reproduce la vida en la comunidad y la cosmovisión de este pueblo, expresado en la mayordomía. Asimismo, se comparten elementos teóricos que algunos intelectuales indígenas en México han aportado a los estudios de esto que lo que ellos nombran como poder comunal. 

La convergencia de los aspectos anteriores conduce a la pregunta ¿Cuáles son las expresiones del trabajo que crea y sostiene el poder comunal y sus estructuras? Para responder se apela a una lectura crítica latinoamericana y para ilustrar la síntesis en este proceso, se recurre a algunos fragmentos de las narraciones que mujeres de la comunidad y a la autoetnografía desde una perspectiva feminista, que pretende rescatar el valor heurístico de los relatos locales y personales como fuente de conocimiento y verdad que invitan a descolonizar las Ciencias Sociales, al centrar su atención en aspectos que están más allá de la lógica capitalista y patriarcal, para interpretar la realidad. 

Las reflexiones en esta ponencia colocan algunas claves del potencial subversivo del trabajo, del trabajo de servicio, del trabajo concreto que produce poder comunal, principalmente, el de las mujeres que es pilar en la descolonización.

[1] Comienzo la disertación ofreciendo una disculpa a las mujeres ayuuk y al ayuuk jääy si perciben a lo largo del documento un tono colonial, he intentado que esto sea un diálogo en donde yo también me exponga. Intento mostrar cómo me ha descolocado esta investigación de mi centro eurocéntrico colonial. Tal vez no lo logré del todo y mis luchas internas no salieron libradas completamente. Sin embargo, dejo manifiesto es que esta investigación me ha permitido mirarme, mirar y nombrar a través de la diferencia desde un intento no jerarquizado y con conciencia de que el poder siempre está en juego en una relación, que va y viene, y que no tiene que ser ni necesaria ni únicamente de dominación. También, les agradezco mucho su paciencia y su nobleza para compartir conmigo su esencia.

Introducción:

En el año 2013 en medio de una crisis personal, laboral y profesional tuve un momento creativo para armarme y disputar una nueva subjetividad, una más consciente, y encontré una más común cuando decidí hacer un voluntariado. Sin mucha claridad de lo que ocurriría, el 5 de enero de 2014 emprendí un viaje a la comunidad ayuuk de la que hablaré en los siguientes párrafos[1]. La noche de ese domingo, llegué a la terminal de autobuses en la Ciudad de México conocida como la TAPO (Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente); solo de ahí podría tomar el autobús que me llevaría a María Lombardo de Caso en el estado de Oaxaca, en un viaje de aproximadamente 12 horas. 

Por la mañana del 6 de enero de 2014 arribé a María Lombardo, pueblo conocido simplemente como Lombardo, de ahí tomé un transporte colectivo que en 40 minutos me llevó a una comunidad en la sierra mixe región baja, a un poblado Ayuuk[2]. La intención de este viaje fue una estancia de seis meses en el Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA)[3] en un voluntariado que consistió en realizar trabajo de docencia e investigación junto con el estudiantado y la subdirección de investigación y vinculación comunitaria. Tequio[4] intelectual, le llaman.  

[1] Para mantener el anonimato de esta comunidad sólo me referiré a ella como comunidad o pueblo ayuuk. 

[2] El ayuuk jääy, es un pueblo originario del estado de Oaxaca en México. 

[3] Universidad en la región del bajo mixe que es parte del Sistema Universitario Jesuita (SUJ), cuyo modelo educativo tiene la intención de ser una formación profesional y humana “integral que fortalezca la práctica de valores y actitudes acordes a la propia cultura, para que sea posible que estas se concreten y manifiesten en la práctica cotidiana de la comunalidad, con actitudes que muestren solidaridad, equidad y respeto a otras manifestaciones lingüísticas y culturales” (Centro de Estudios Ayuuk–Universidad Indígena Intercultural, 2008: 16).

[4] Trabajo de servicio. 

Desarrollo:

El ritual de hacer común: el trabajo en la mayordomía. 

La comunidad me recibió con una fiesta: la mayordomía del Santo Rey. A la cual estábamos invitadas todas las personas del ISIA, desde las colaboradoras hasta las y los estudiantes.  Eso para mí ya rompía el esquema de la Universidad tradicional y me introducía en una dinámica desconocida que llamaba mi atención por la vinculación tan estrecha de la institución con la comunidad.

En cuanto llegué a las oficinas del ISIA, en el centro de la comunidad a un costado de la agencia comunal, me instalaron en un espacio que era llamada la casa de los profesores. Me explicaron que en ese espacio es donde se hospedan las personas colaboradoras externas que van a impartir clases modalidad intensiva, características del esquema ISIA. Después de un descanso, regresé a las oficinas y junto a un colaborador emprendí camino hacia la casa del mayordomo, como le nombran a la persona a cargo de la festividad: la mayordomía. 

Durante los escasos diez minutos que duró el recorrido hablamos del modelo educativo ISIA y se me hizo saber que el hacer comunidad, es uno de los pilares y que la propuesta deriva de reflexiones que el pueblo ayuuk realiza sobre el hacer común al cual ha llamado: comunalidad según me explicó el compañero jesuita que me recibió. Asimismo, me compartió que esta categoría estaba basada en el pensamiento, principalmente del intelectual ayuuk/mixe Floriberto Díaz y, también del intelectual zapoteco Jaime Martínez Luna, quien ha discutido en distintos foros esta propuesta intelectiva. 

Hablar de lo común me abrió la puerta para compartirle algo de los hallazgos que había tenido en la investigación de maestría; la cual, un año atrás había defendido y en la que escribí sobre las formas comunes hña-hñu/otomíes en el Estado de México mediadas por el estado y las comparé con las formas comunes potenciadas por la autonomía que vivía el pueblo K’ich’e en Guatemala, en Totonicapán con sus Organización llamada Los 48 Cantones. En esta investigación denuncié lo que llamé “descomunitarización” del pueblo hña-hñu (otomí) en el Edo. Méx., a partir de la intervención del estado y por las relaciones clientelares y serviles impuestas por el PRI (Partido Revolucionario Institucional) que convierten a una parte en formas impostadas (o forzadas, o controladas, o uniformadas y fijadas por el estado) de lo común. Asimismo, me percaté que también en lo privado de cada unidad familiar o trama comunal, se disputa esta forma común propia del pueblo hña-hñu a partir del trabajo de las mujeres. Esta investigación previa me dejó reflexionando sobre el sentido de las formas comunes impostadas y las propias de cada pueblo. 

En este tenor, comencé el diálogo con el mundo ayuuk. Al llegar a la casa de la familia que estaba organizando esta fiesta me di cuenta de que la casa estaba llena de personas que colaboraban para hacer posible tal celebración. Para ser una fiesta comunitaria de las “pequeñas”, estaban muchas personas ahí que además de disfrutar y gozar, también estaban trabajando.

Comencé a observar lo que a mí alrededor pasaba, a la luz del diálogo sobre hacer común, hacer comunidad o materializar la comunalidad. Pude darme cuenta de todo el trabajo que se requiere y que es organizado con meses de anticipación y desde los hogares o las casas de cada una de las personas que apoyan en las siete celebraciones menores (6 de enero “Santo Rey”; 19 de marzo día de San José; el 15 de mayo día de San Isidro Labrador; el 13 de junio San Antonio de Padua; 8 de diciembre la Virgen del Perpetuo Socorro, 12 de diciembre Virgen de Guadalupe; 18 de diciembre Virgen de la Soledad y 24 de diciembre nacimiento de Jesús) y las dos grandes, la Ascensión del Señor la principal festividad cuya fecha es a los cuarenta días posteriores a la Pascua, por lo que es variable y el 24 de junio, fiesta en honor de San Juan Bautista, de quien lleva el nombre el pueblo. 

Desde ese momento, el hacer común del mundo ayuuk o la comunalidad, se convirtió en mi ocupación, pues encontré en estas formas sociales una fuente de poder: el comunal y una manera de disputar al capital y la forma de concreción social desde el trabajo.  

El trabajo como clave política comunal.

En la experiencia del hacer común o la comunalidad, reconocí algunos elementos característicos y fundamentales en la lógica social colectiva, sobre todo, en los rituales de hacer común como las mayordomías. Me quedó claro que toda celebración implica un gozo y un trabajo, uno que además no es remunerado; pues este trabajo se hace por reciprocidad, un trabajo para todos, donde disfrutan compartiendo, trabajo de servicio le llaman. Por lo que, comencé a dilucidar sobre la categoría y la acción trabajo que configuran las relaciones cuya característica es la interdependencia[1]y que desde el marxismo es pensado como trabajo concreto que genera valores de uso.

Por un lado, por trabajo será entendido “el proceso de producción que integra tanto el acto productivo como el acto de consumo de lo producido, al interior de un sistema de capacidades y un sistema de necesidades” (Fuentes, 2015: 195) que genera relaciones y condiciona las estructuras y formas sociales, e incluso humanas (Engels, 1985). Por otro, el trabajo de servicio será asumido como “la relación social -fuerza de trabajo- que habilita la producción de lo que necesitamos para vivir y que tiene que ser pautado, organizado y reglamentado” (Tzul, 2015a:113) usualmente vía la asamblea. Es una figura política en la que se sintetiza la producción colectiva de las decisiones. El trabajo de servicio, en algunas regiones de Oaxaca en México tiene cinco expresiones, según Martínez Luna (2013): 

El trabajo para la decisión -la asamblea-.El trabajo para la coordinación -el cargo-.El trabajo para la construcción -el tequio-.El trabajo para el goce -la fiesta/mayordomía-. Una forma de trabajo, la de las mujeres y la de los jóvenes. La mano vuelta. “Nuestro trabajo o servicio comunal no se llama tequio, se llama mano vuelta.” (Entrevista a Anita Garrido, 2017).

La pregunta que respondo en esta reflexión es ¿Cuáles son las expresiones del trabajo que crea y sostiene el poder comunal y sus estructuras? Para responder me centro en la versión de trabajo de las mujeres que es trabajo de reproducción de la vida (trabajo concreto que genera valores de uso) y que contiene características que lo convierten en el sostén de una forma de poder en los marcos de lo comunal con algunos elementos distintos a los del universo mental occidental o de la modernidad capitalista[2] (trabajo abstracto que genera valor valorizante). 

Ahora bien, colocar la mirada en el trabajo de las mujeres, irremediablemente conduce a pensar en el trabajo cotidiano en el espacio íntimo/doméstico[3] y en trabajo de servicio que se despliega en lo comunitario: la mano vuelta en ambos se puede notar el rasgo de trabajo de reproducción de la vida[4].

Configuración de la comunalidad: la propuesta epistemológica. 

Para desarrollar el argumento se apeló, por una parte, a la tradición feminista devenida del marxismo que va más allá de la categoría tradicional marxista de trabajo -el que sólo es visible en la fábrica y está realizado por varones-, abriendo esta categoría al trabajo de reproducción de la vida, con lo que se visibiliza el trabajo que se realiza fuera de la fábrica y que, sin embargo, sostiene el que se realiza dentro (Federici, 2013) y, por otra parte, a  la propuesta de intelectuales de pueblos originarios que nombran y describen la categoría poder comunal, desde una visión propia definido a partir de la categoría comunalidad[5] según Martínez Luna, que implica justicia y normatividad comunal. 

Para ilustrar la disertación sobre la relación entre el trabajo de reproducción de la vida (trabajo concreto) y la configuración del poder comunal, se presentan algunos fragmentos de las narraciones que mujeres de la comunidad compartieron en entrevistas a profundidad durante varios años (2014-2018). Esta reflexión es un diálogo con pertinencia cultural entre el mundo occidental de la investigadora y las experiencias y voces de las compañeras ayuuk que se acompañan de una autoetnografía[6] elaborada durante varias estancias a lo largo de cuatro años (2014-2018). Con la autoetnografía como metodología de investigación, se nos recuerda como investigadores que no existimos aislados, que vivimos interconectados a redes sociales y que cuando investigamos implicamos a otras personas y eso requiere una relación. La autoetnografía nos permite colocar la atención y reflexión sobre las tensiones y relaciones, abriendo los horizontes de las posibilidades metodológicas. 

En esta ponencia únicamente pretendo dar cuenta de las tensiones que se presentan en el trabajo de servicio o comunitario: tequio y mano vuelta, en relación con el capitalismo, sus formas mercantilistas y patriarcales, por un lado y, por el otro, desde la inclusión diferenciada, entre el trabajo de servicio comunitario de varones y el de las mujeres (Tzul, 2015). 

La diferencia es que con el trabajo de servicio que hacen los varones adquieren reconocimiento y autoridad, mientras el trabajo de las mujeres no está regulado por la institucionalidad comunal -sistema de cargos y asamblea- aunque sea este el que sostenga y reproduzca concretamente a la trama comunal.

Pues al menos pienso yo que si estás bien, sabes por qué, si a mí me mandaran a leñar es un trabajo que no lo voy a poder realizar ¿por qué?, porque es un trabajo pesado, y pues no, como ya estamos acostumbrados, no, a pensar o a mirar una mujer en la cocina, pues tampoco no lo veríamos bien ver a unos señores, no, haciendo la comida, cuando ya es así es en la mayordomía no hacen los tamales, pero sí sirviendo atole, sacando los tamales de la olla, porque pues sí es trabajo pesado porque llenan una cubetota y así lo van acarreando donde las señoras están repartiendo los tamales, ahí sí, ¿verdad? Ahí si entra el trabajo de los señores (Entrevista a Vásquez, 2017).

Por el contrario, el trabajo de mano vuelta de las mujeres no está simbolizado en el sistema de cargos, pero si en su cosmovisión. “Yo he ido a las fiestas porque es la forma de vida en comunidad. Si hay un difunto, vas y ayudas, vas, por propia cuenta o porque te invitan a elaborar los tamales, al velorio, la comida, al entierro.” (Entrevista a Manuel, 2016). “Y hay otras que preparan el agua, hay otras que se dedican a lavar los trastes, hay otras que se dedican a repartir comida, hay quien nada más está dirigiendo, o sea, todas ya tienen una responsabilidad.” (Entrevista a Vásquez, 2017). Las mujeres de esta comunidad me abrieron su intimidad al ver que me interesaba por trabajar con ellas en espacios menos visibles en el imaginario político de la comunalidad, como la cocina y, en general, el espacio íntimo/doméstico. 

Mirar la comunalidad desde la cocina y el espacio íntimo/doméstico, me llevó a observar que el trabajo cotidiano de hombres y mujeres se ampliación en el comunitario con el tequio de varones y la mano vuelta de las mujeres. El problema está en los alcances que tiene este trabajo en las estructuras de poder comunal, la titularidad de la propiedad comunal, la asistencia a la asamblea, la entrega de los cargos, etc. Es decir, que el trabajo de varones si les coloca en estas estructuras y el trabajo de mujeres no. 

A lo largo de las estancias de “trabajo de campo” comprendí que los varones, en su espacio de varones, tomaban decisiones y eran quienes con mayor facilidad tenían el reconocimiento comunitario en los espacios comunitarios. Al principio, desde mi mirada colonial, no dejaba de asumir que sólo había una forma machista en esas relaciones, pero no podía ver nada más. Esa mirada se fue transformando a lo largo de las visitas en las cuales intente diálogos con las compañeras, amigas, comadres y, hoy para mí, ya mis hermanas ayuuk y de otros pueblos. Algunas diferencias con la lectura de las compañeras sobre las razones de la violencia me condujeron a la discusión sobre la manera en que se veía el problema y en dónde estaba poniendo la atención, no negaban la violencia y me invitaban a colocar mi curiosidad en un lugar que me permitiera complejizar y abrir mi panorama para comprender lo que ellas perciben como violencias patriarcales, “machistas” como ellas las nombran. 

Así me percaté que, la reflexión sobre el trabajo cotidiano de las mujeres debería estar a cargo del pensamiento de mujeres que estuvieran discutiendo las violencias sobre los cuerpos de mujeres y sobre el trabajo que realizan y el espacio que ocupan para producir en la modernidad capitalista; así abrí un diálogo con intelectuales feministas que estuvieran discutiendo teóricamente las violencias que ejercen sobre los cuerpos de mujeres que trabajan para producir la vida. 

[1] “Se urde en el conjunto de actividades, trabajos y energías interconectadas en común para garantizar la reproducción simbólica, afectiva y material de la vida” (Navarro y Gutiérrez, 2018: 48)

[2] Por modernidad habría que entender el carácter peculiar de una forma histórica de totalización civilizatoria de la vida humana. Por capitalismo, una forma o modo de reproducción de la vida económica del ser humano: una manera de llevar a cabo aquel conjunto de sus actividades que está dedicado directa y preferentemente a la producción, circulación y consumo de los bienes producidos. Entre modernidad y capitalismo existen las relaciones que son propias entre una totalización completa e independiente y una parte de ella, dependiente suya, pero en condiciones de imponerle un sesgo especial a su trabajo de totalización. Este predominio de la dimensión económica de la vida (con su modo capitalista particular) en la constitución histórica de la modernidad es tal vez justamente la última gran afirmación de una especie de "materialismo histórico" espontáneo que ha caracterizado a la existencia social durante toda "la historia basada en la escasez". "Facultad" distintiva del ser humano ("animal expulsado del paraíso de la animalidad") es sin duda la de vivir su vida física como sustrato de una vida "meta-física" o política, para la cual lo prioritario reside en el dar sentido y forma a la convivencia colectiva. Se trata, sin embargo, de una "facultad" que sólo ha podido darse bajo la condición de respetar al trabajo productivo como la dimensión fundamental, posibilitante y delimitante, de su ejercicio. El trabajo productivo ha sido la pieza central de todos los proyectos de existencia humana. Dada la condición transhistórica de una escasez relativa de los bienes requeridos, es decir, de una "indiferencia" o incluso una "hostilidad" de lo Otro o lo no humano (la "Naturaleza"), ninguno de ellos pudo concebirse, hasta antes de la Revolución Industrial, de otra manera que como una estrategia diseñada para defender la existencia propia en un dominio siempre ajeno. Ni siquiera el "gasto improductivo" del más fabuloso de los dispendios narrados por las leyendas tradicionales alcanzó jamás a rebasar verdaderamente la medida de la imaginación permitida por las exigencias de la mera sobrevivencia al entendimiento humano. (Echeverría, 1995: 5-6)

[3] Entendido el espacio íntimo/doméstico como el punto de partida de la actividad humana de reproducción de la vida y de relanzamiento reiterado de los ciclos que ésta exige y que, por lo tanto, garantiza las condiciones para la capacidad autónoma de forma social, (Gutiérrez, Navarro y Linsalata, 2015) que se extiende, en su forma comunitaria a la hora de dar un servicio.

[4] “El trabajo reproductivo hace referencia al trabajo destinado a satisfacer las necesidades de la familia. A pesar de constituir una dimensión necesaria para la reproducción de la sociedad, su desarrollo ha quedado históricamente circunscrito al marco privado, primordialmente a la esfera doméstica, razón por la que también se define como «trabajo doméstico» o «familiar». El escenario fundamental para su desarrollo es el hogar, pero su espacio físico y simbólico no se reduce exclusivamente a este ámbito, e incluye actividades de gestión, relación, mantenimiento, cuidado, etcétera. Tanto la definición como la valoración del trabajo reproductivo se realizan de forma interdependiente y subordinada al trabajo productivo (producción de bienes y servicios), el único que social y económicamente ha recibido el reconocimiento de trabajo1. El eclipse del trabajo reproductivo frente al productivo parte de la diferenciación entre el valor de uso y el valor de cambio suscrito por la teoría económica, según la cual al trabajo destinado a cubrir las necesidades se le concede valor de uso, mientras que a los productos destinados al intercambio en el mercado se les reconoce un valor de cambio2. La perspectiva mercantil, que concede valor únicamente a las mercancías susceptibles de aportar valor de cambio, despoja de relevancia social al trabajo reproductivo, relegándolo a lo doméstico, no cuantificable como beneficio económico. La óptica del capital ha asimilado trabajo con empleo y ha impuesto una visión sesgada y reducida de la actividad económica. Así, el trabajo equivale a lo funcional, lo instrumental, lo productivo, lo que vale, y constituye un poderoso medio de normalización social y el principal referente para construir nuestra cotidianidad. Esta visión parcial ha sido contestada desde distintos sectores que defienden la necesidad de redefinir el trabajo, promoviendo una perspectiva basada en el dominio individual y colectivo del tiempo, en el fortalecimiento de nuevos modos de cooperación y de intercambio que generen relaciones y lazos de cohesión social más allá del salario4. Sólo desde la perspectiva del trabajo como elemento de cohesión social es posible impedir que las actividades reproductivas queden ocultas y sometidas a las productivas, desvalorizadas unas y magnificadas las otras. Sólo la redefinición de nociones como productividad y domesticidad puede elevar el trabajo reproductivo al rango de categoría económica y darle un lugar propio dentro de los indicadores de bienestar social y económico. Además de su carácter no remunerado e «invisible», otro de los rasgos característicos del trabajo reproductivo es que está realizado mayoritariamente por mujeres. Durante largo tiempo, esta asignación se ha justificado en la propia naturaleza femenina, dotada de una «virtud» para las tareas hogareñas, mientras que la naturaleza masculina estaría adaptada para suministrar y producir bienes y recursos.” Larrañaga, Isabel, Arregui, Begoña, & Arpal, Jesús. (2004). El trabajo reproductivo o doméstico. Gaceta Sanitaria, 18(Supl. 1), 31-37. Recuperado en 24 de enero de 2023, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112004000400007&lng=es&tlng=es..

[5] Que para Jaime Martínez Luna es un “proceso organizativo que se realiza en la acción de quienes reproducen su vida en lo comunal.” (Ruíz, 2021) (Disponible en: https://piedepagina.mx/el-pensador-jaime-martinez-luna-explica-la-importancia-de-la-comunalidad/#:~:text=Es%20una%20palabra%20que%20no,decir%2C%20el%20poder%20comunal%E2%80%9D.)

[6] Desde una perspectiva feminista, la autoetnografía busca rescatar el valor heurístico de los relatos locales y personales como fuente de conocimiento y verdad que invitan a descolonizar las Ciencias Sociales, al centrar su atención en aspectos que están más allá de la lógica capitalista y patriarcal para interpretar la realidad. Cabe destacar que la autoetnografía como fuente de recopilación de investigación es también parte de la propuesta del documento, pues da cuenta de lo que a la investigadora le ocurrió en el momento de convergencia de la propia experiencia con los testimonios de mujeres ayuuk. La autoetnografía es la “combinación característica de la autobiografía y la etnografía. Cuando se escribe una autobiografía, el autor escribe sobre experiencias pasadas, retrospectiva y selectivamente.” (Blanco, 2012: 21)

Conclusiones:

Así llegué a la disertación de una noción de trabajo desde la corresponsabilidad y autorregulación, desde el que se sostiene al poder comunal y es considerado trabajo de mujeres, el que acompaña el trabajo de servicio de varones: el tequio, el cargo y la asamblea, la defensa, la fiesta. Gladys Tzul, parafraseando a Chakravorty Spivak (2003), coloca a las mujeres en un papel estructural más que marginal en la reproducción de los entramados comunitarios y en el juego político del pueblo. 

El trabajo comunitario o de servicio es donde las formas sociales de la “vida doméstica (la organiza el mundo de la reproducción) y sociedad política (la que organiza la vida pública) no se encuentran plenamente separadas […] En el mundo comunal más bien uno sustenta al otro y al mismo tiempo, se alimentan mutuamente” (Tzul, 2015: 133).

Por lo tanto, el trabajo concreto y cotidiano de las mujeres en el espacio íntimo/doméstico se despliega hacia lo comunitario y extraordinario y este tipo de trabajo, por sus características, recrea relaciones de interdependencia que, a su vez, construyen las condiciones para experimentar lo común, cuyos despliegues más evidentes son las expresiones del servicio de los varones: el tequio, el cargo, la mayordomía y la asamblea. Dicho de otro modo, a partir del trabajo concreto la comunidad gestiona la vida cotidiana por fuera, parcialmente, de los circuitos y bucles de intercambio pautados por la acumulación de capital, como es el tequio y la mano vuelta, produce común (con tequio cotidiano y reiterado para garantizar la reproducción material y simbólica). Este hacer común se realiza principalmente dentro de los márgenes del considerado espacio íntimo/doméstico, que se amplía constituyendo el espacio aquí denominado comunitario.

Bibliografía:

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Lista de personas entrevistadas 

Entrevista a Garrido, 2017

Entrevista a Vásquez, 2017

Entrevista a Manuel, 2016

Palabras clave:

Trabajo, comunalidad, poder. 

Resumen de la Ponencia:

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Resumen de la Ponencia:

A institucionalização da Sociologia Rural no começo do século XX atrelada ao meio acadêmico norte-americano, alinhou a disciplina inicialmente à tendência da modernização agrícola emergente no mundo ocidental. A preocupação dos primeiros pesquisadores com a disseminação dos novos métodos e tecnologias produtivas os fez nutrir um entusiasmo com a premissa de que através da modernização agrícola seriam superados os “atrasos” do mundo rural naquele período. Vislumbrava-se uma perspectiva homogênea na compressão das populações rurais, seus problemas e sua transformação mediante a incorporação de uma agricultura moderna e capitalista. Essa perspectiva negligenciou as especificidades das diversas populações rurais existentes nos continentes asiático, africano e latino-americano, que destoavam do ideal do camponês que se desenvolveu no continente europeu (e daquele que, em alguma medida, observou-se da porção norte do continente americano). Entre as décadas de 1960 e 1970 diversos sociólogos e pesquisadores latino-americanos passaram a desenvolver um pensamento sociológico rural particular partindo de reflexões sobre as condições socioculturais e políticas específicas do continente. Na transição entre os séculos XX/XXI, observamos nos estudos sobre as populações rurais e povos tradicionais latino-americanos a adesão de intelectuais a um repertório de conhecimentos e experiências desses povos para traçar novas perspectivas de compreensão sobre as problemáticas ambientais, produtivas e econômicas vivenciadas no continente.  Este estudo objetiva lançar reflexões, a partir de uma revisão de literatura, sobre as diferentes perspectivas através das quais a Sociologia Rural se propôs a analisar as transformações na produção agrícola e no chamado “mundo rural”, sobretudo no contexto latino-americano. Propõe, em especial, delinear um olhar ao Sul sobre essas problemáticas para além das premissas analíticas eurocêntricas e norte-americanistas, buscando apoio nas reflexões de autoras e autores latino-americanos. 

Introducción:

A geração pioneira no desenvolvimento da Sociologia (a partir da segunda metade do século XIX), além dos esforços na delimitação das próprias especificidades teórico-metodológicas da disciplina enquanto uma ciência em afirmação empenhou-se em investigar os desdobramentos da consolidação do capitalismo em sua feição industrial. Nas primeiras décadas do século XX, com a Sociologia já consolidada enquanto disciplina científica, observamos a ampliação de seus objetos e campos de investigação. Nesse processo, emergem interesses em investigar as implicações dos processos de modernização e industrialização em diversos âmbitos e formações sociais. Nos Estados Unidos, um contingente de sociólogos se empenhou em analisar as consequências dos processos apontados anteriormente para as populações rurais e suas dinâmicas sociais e produtivas, delineando assim o campo de estudos para uma Sociologia Rural. As reflexões propostas neste estudo não tratam estritamente de um resgate historiográfico e cronológico das diferentes vertentes da Sociologia Rural e suas ramificações. Esse empreendimento pode ser encontrado na obra de autores como Sevilla-Guzmán (2006) e Queiroz (1969), com os quais, estabelecemos diálogo neste trabalho. O percurso analítico aqui proposto leva-nos a refletir sobre os processos de estruturação da Sociologia Rural, suas principais abordagens de estudo e transformações analíticas, auxiliando-nos a compreender as interpretações produzidas pela disciplina frente ao processo de modernização agrícola, principalmente nos contextos locais onde ele se instala. Chamamos a atenção para seus desdobramentos nos países que foram dominados pelo empreendimento colonial, em particular, no contexto latino americano. Problematizamos seus efeitos e dialogamos com as perspectivas analíticas produzidas por autoras e autores desses países como via de lançar um olhar diferenciado sobre as problemáticas emergentes desses processos.

Para esse intento, este estudo parte de uma pesquisa bibliográfica que pretende identificar como o fenômeno da modernização agrícola foi analisado por diferentes correntes da Sociologia Rural. Pretendemos, assim, identificar quais foram os temas em destaque nos estudos, marcos teórico-metodológicos em desenvolvimento, e as transformações nas perspectivas analíticas sobre o meio rural, suas populações, seus aspectos socioculturais, bem como sobre as conflitualidades vivenciadas a partir das transformações produtivas. 

Buscamos compreender o desenvolvimento da Sociologia Rural a partir de uma perspectiva ao Sul global, e para além do colonialismo intelectual eurocêntrico e norte-americanista deste fazer científico, culminando para a emergência de novas abordagens analíticas e aportes teórico-metodológicos de investigação. Nesse contexto, são propostas também reflexões sobre as estratégias e possibilidades de articulações entre o arcabouço teórico-metodológico da Sociologia Rural e a abordagem integradora da Agroecologia, através da dinâmica do diálogo de saberes (LEFF, 2002; 2012). Essa abordagem nos conduz por um caminho que potencializa o processo de afirmação de conhecimentos que foram relegados a uma posição marginal no que diz respeito ao manejo dos sistemas produtivos da agricultura moderna, tais como os conhecimentos dos povos do campo, indígenas, comunidades quilombolas, e das demais populações que estabeleceram relações íntimas com a natureza e a produção de subsistência como aspectos emblemáticos de suas dinâmicas vitais. 

Desarrollo:

A Sociologia Rural frente ao processo de modernização agrícola

Ao longo da primeira metade do século XX, é possível observarmos transformações significativas nas dinâmicas agrícolas com o desenvolvimento de pesquisas científicas com sementes modificadas em laboratório e agroquímicos objetivando combater pragas, acelerar o crescimento das plantas e fertilizar os solos (Carneiro et al. 2015). Além desses aspectos bioquímicos, houveram significativos desenvolvimentos tecnológicos nos maquinários agrícolas que modificaram drasticamente os manejos produtivos. Esses movimentos de modernização na agricultura culminaram naquilo que se convencionou chamar a partir de meados daquele século de Revolução Verde. Acerca disso, Pereira (2012) nos mostra que: “(...) a Revolução Verde foi concebida como um pacote tecnológico – insumos químicos, sementes de laboratório, irrigação, mecanização, grandes extensões de terra – conjugado ao difusionismo tecnológico, bem como a uma base ideológica de valorização do progresso” (Pereira, 2012, p. 687).

Os entusiastas da modernização indicavam que através do desenvolvimento tecnológico e da produção agrícola em larga escala seria resolvido o problema da fome no mundo, debate em pauta no período pós-Segunda Guerra Mundial. Para esse processo foram ampliadas as fronteiras da produção, mobilizando pesquisas científicas, territórios, recursos naturais, força de trabalho e capital em uma escala transnacional. 

Essas transformações nos processos produtivos deixaram um rastro danoso com impactos ambientais para os ecossistemas onde são desenvolvidas, além de consequências sociais, políticas, econômicas, culturais e sanitárias para as populações envolvidas nessa conjuntura. No campo ambiental, algumas das principais consequências dessas mudanças são elencadas por Altieri (2012), Caporal et al. (2011) e Carneiro et al. (2015): perda das variedades nativas, contaminação do solo e das bacias hidrográficas devido ao uso intensivo de agroquímicos, o desmatamento de áreas de matas nativas para o estabelecimento dos monocultivos, entre outras. Nos contextos, sociocultural, político, econômico e sanitário, destacam-se problemáticas como: contaminação dos trabalhadores rurais pelo manuseio contínuo e inadequado dos agrotóxicos, dependência dos referidos pacotes tecnológicos para a produção, perda do controle sobre as áreas férteis e produtivas, dificuldade de garantir a soberania e a segurança alimentar, além de intensos processos de migração do campo para as cidades devido à pauperização das condições de vida nos contextos rurais e substituição da força de trabalho humano pela mecanização da lavoura.

Os estudos de José de Souza Martins (2012), Maria Isaura Pereira de Queiroz (1969) e Eduardo Sevilla-Guzmán (2006), nos mostram que a Sociologia, desde o seu período clássico até o estabelecimento da primeira geração de pesquisadores da Sociologia Rural, havia estudado sobre os inúmeros processos de transformação no mundo rural com o advento da industrialização capitalista. No entanto, o meio rural, nesse processo analítico clássico, foi tratado como emblema do atraso a ser transformado pela modernização. Diante disso, para compreender as mudanças pelas quais o mundo rural passou enquanto campo de estudos da Sociologia é preciso uma reflexão sobre as próprias bases através das quais esse conhecimento científico foi construído. 

Martins (2012) aponta que o papel assumido pela disciplina, em seus primeiros estudos, supunha as populações rurais como retardatárias ao desenvolvimento da economia, da história e, por conseguinte, do próprio capital. A Sociologia Rural lançou um olhar muito mais sobre a ocupação agrícola e a produtividade, do que sobre o rural como universo cultural, com suas dinâmicas de sociabilidade e de trabalho particulares. Nesse processo, ela deixou de contemplar os modos de ser e de viver no campo, bem como seus aspectos socioculturais e históricos específicos. Assumindo o discurso da modernização como estandarte, a Sociologia Rural não se mostrou, em um primeiro momento, tão atenta à compreensão dos aspectos destrutivos que caminhavam juntos com essas transformações no campo. Havia uma íntima relação entre as concepções analíticas da Sociologia Rural, emergente no começo do século XX, e o projeto de modernização do campo pautado na agricultura industrial, modelo hegemônico a ser difundido ao redor do mundo.

A abordagem da Sociologia da Vida Rural apresentou-se de forma pioneira nos principais centros de estudo e no pensamento sociológico agrário norte-americano no início do século XX[1]. Um dos fundamentos apontados por Queiroz (1969) sobre essa corrente é a identificação da necessidade de superar o "atraso" no mundo rural a partir do processo de modernização agrícola. Nesse contexto, vemos a perpetuação de um binômio antagônico que reafirma a associação entre rural e atraso, colocando-o em oposição ao urbano (e industrial), emblema do moderno. Enxerga-se, a partir dessa perspectiva, uma irreversibilidade das transformações pelas quais o meio rural passaria através de processos de mecanização da lavoura, além de novas e especializadas técnicas de trabalho, proporcionando assim uma homogeneização cada vez maior entre esses dois mundos (o rural e o urbano). 

A primeira geração da Sociologia Rural norte-americana não desenvolveu reflexões em profundidade que levassem à compreensão das dinâmicas culturais que diferenciavam as diversas populações rurais dispersas ao redor do mundo, seus saberes, fazeres, aspirações e demais peculiaridades de seu manejo produtivo e organização geral da vida. Essas diferenças e particularidades na constituição dos diversos povos do campo figuravam como variáveis pouco importantes no bojo analítico dos primeiros sociólogos rurais norte-americanos.

Sevilla Guzmán (2006) reforça que os esquemas teóricos elaborados por essa corrente ignoraram justamente as problemáticas emergentes no meio rural em decorrência do processo de modernização. Dentre elas, podemos apontar o processo de desaparecimento das populações tradicionais que tiveram, historicamente, na atividade agrícola de subsistência ou na pequena atividade extrativista, suas atividades produtivas vitais. Observou-se a intensificação dos processos de privatização, mercantilização e cientifização da natureza, demandando transformações ambientais sem precedentes em diversos ecossistemas. Existiam ainda problemas relacionados à própria conjuntura histórica dos processos de exploração socioeconômica aos quais foram submetidos os camponeses europeus colonizadores do território norte-americano pelo próprio avanço modernizante no campo, que divergem, por exemplo, dos processos de ocupação, produção e particularidades socioculturais do meio rural na porção latino-americana do continente. 

Diferente daquilo que observamos na tradição inicialmente desenvolvida nos Estados Unidos, a tradição francesa da Sociologia Rural, como podemos perceber através dos escritos de Mendras (1969), revela forte ímpeto em se debruçar sobre os aspectos teórico-metodológicos que deveriam nortear o curso das pesquisas desenvolvidas sobre as chamadas sociedades rurais. De início, ele parte de uma constatação basilar na qual aponta que o “meio rural” é um campo de investigação para várias Ciências Sociais e seu estudo não se constitui simplesmente a partir de uma disciplina autônoma e isolada. A Geografia, a História, a Economia Rural, a Etnologia, antes mesmo da Sociologia, já teciam estudos sobre diversos aspectos físicos, políticos, econômicos, entre tantos outros, que compõem as sociedades rurais. Ele reconhece a necessidade de uma análise interdisciplinar para compreender os diversos aspectos que constituem os modos de ser, viver e produzir no meio rural. O sociólogo rural deve estudar ele mesmo os aspectos da sociedade que dependem de sua especialidade e também integrar à sua pesquisa os elementos fornecidos por trabalhos desenvolvidos por pesquisadores de outras disciplinas.

Outro fundamento proposto por Mendras (1969) é que o sociólogo deve adaptar os métodos de pesquisa à estrutura da sociedade que ele se propõe a estudar. Temos aí a busca por um particularismo investigativo que escapou às abordagens iniciais desenvolvidas pela Sociologia Rural norte-americana. Segundo o autor, processos de mudança produtiva e social, desencadeados pelo advento da modernização ocorrem a partir de uma movediça zona marginal que se desloca continuamente. Não é um processo uníssono ou uniforme em todo o lugar. Assim, os limites da investigação não poderiam ser definidos a partir de um a priori, e sim a partir de um contexto in situ, particular para cada local onde se processa a pesquisa. 

A vertente francesa descarta do bojo de suas análises tentativas de universalização nas classificações, buscando compreender as dinâmicas específicas que norteiam a existência de sociedades rurais particulares. Observando o caso específico do continente americano, vamos constatar que nele se instalou outro tipo de agente e de produção rural com o advento da colonização, voltada para a comercialização nas metrópoles, cujo aspecto norteador da produção era seu caráter econômico. Ademais, existiam no continente outros povos com modelos específicos de pequena produção agrícola ou extrativismo, orientados por relações particulares com a natureza, e, por conseguinte, com a própria produção, para os quais o aspecto econômico não seria central. Seguindo o fio analítico proposto por Mendras (1969), essas sociedades precisariam de um tipo específico de investigação, e não da simples submissão a um modelo universalizante para o seu enquadramento em uma “sociedade camponesa” geral.

A Sociologia Rural através de um olhar ao Sul

É possível perceber que, no contexto latino-americano, o período entre as décadas de 1950/60 marcou a emergência de várias correntes de pensamento sociológico crítico em diversos países do continente. Surgiram pensadores como Florestan Fernandes (Brasil), Pablo Gonzáles Casanova (México), René Zavaleta (Bolívia), Orlando Fals Borda (Colômbia), só para citar alguns, que delinearam as especificidades de um pensamento social latino-americano para além das premissas hegemônicas herdadas da Sociologia europeia. No tocante à produção latino-americana da Sociologia Rural não foi diferente. Podemos identificar essa manifestação através da publicação de dois dos textos pioneiros nos estudos sociológicos rurais no continente pelo colombiano Orlando Fals Borda: Campesinos de los Andes – estúdios sociológicos de saucío (1955)[2]; e El hombre e la tierra em Boyaca: bases sociológicas e históricas para uma reforma agrária (1957)[3]. Nesses textos, o autor procura refletir sobre as especificidades da população rural colombiana, suas dimensões simbólicas, socioculturais e históricas, além de problematizar a introdução da agricultura moderna nos contextos locais, partindo de um rigoroso exercício de compreensão sociológica. 

Fals Borda (2015) aponta que, ao refletir sobre o caso de Boyacá, na Colômbia, observamos o exemplo típico de uma sociedade agrária em um momento crucial: o seu caminhar rumo ao chamado progresso e ao mundo tecnológico apressadamente. Esse processo proporcionaria mudanças sociais nunca antes experimentadas nos últimos 400 anos, promovendo a paulatina substituição daquilo que ele designa de vontade natural do grupo (wesenwille), por uma vontade racional (Kürwille). Em meio à percepção sobre os conflitos que se pronunciaram entre a força das tradições e o processo de modernização, o autor percebe instalar-se um inevitável processo de mudanças. Caberia, pois, estudar formas de compreender esse fenômeno e canalizá-lo de forma construtiva para as populações envolvidas e os diversos aspectos de suas dinâmicas vitais. Para esse intento, um dos emblemas da análise sociológica proposta pelo autor dizia respeito a observar os diferentes fatores que podem retardar ou acelerar esses processos de mudança a partir dos contextos locais.

Em um artigo intitulado Sete teses equivocadas sobre a América Latina, Rodolfo Stavenhagen (2014) aponta aspectos que nos ajudam a refletir sobre como a narrativa do desenvolvimento atrelada à perspectiva da homogeneização eurocêntrica da história deturpou e alijou as particularidades históricas e culturais dos povos com quem estabeleceram relações coloniais. Destacamos duas teses em particular para esta análise. Na segunda tese equivocada apresentada, o autor reflete sobre a premissa de que “O progresso na América Latina só se realizaria mediante a difusão de produtos do industrialismo nas zonas atrasadas, arcaicas e tradicionais” (Stavenhagen, 2014, p. 162). Ele constata que as novas formas de dominação que emergem a partir da virada do século XIX para o século XX, alinham-se aos interesses do capital industrial em expansão. O efeito da modernidade aqui aparece sob o discurso das benesses da industrialização e da urbanização dos territórios aliada a ela. Não é à toa que o estímulo às mudanças ocorre dos centros urbanos em direção às áreas rurais, naquele momento, vistas como emblema do arcaico e do atraso. Essa perspectiva é o que fundamenta os entusiastas da modernização agrícola através da difusão das chamadas novas técnicas e tecnologias produtivas como solução para o “atraso” das populações rurais. Ao apontar o difusionismo como porta de entrada na modernidade e no progresso através de técnicas, produtos e valores, essa abordagem esquece de compreender as contradições que esses processos fomentam nos contextos locais. 

Uma das contradições que Stavenhagen (2014) indica em suas reflexões é que a difusão dos produtos e técnicas modernos, como emblema do desenvolvimento, não implica necessariamente um incremento em termos de bem-estar social dessas regiões. Ao contrário, esses processos provocam a destruição das bases produtivas locais, e modificam as relações desses grupos sociais com a terra e a natureza ao atravessá-las com as técnicas modernas. Nesse sentido, ao invés de produzir o progresso, o que se observa é um acirramento de um atraso social e pauperização concreta dessas regiões. Em países como os da América Latina, a produção do capital provoca uma descapitalização local, à medida que os insumos, a renda e o lucro gerados circulam em pequena proporção entre os contextos locais, e fluem majoritariamente para os mercados internacionais. O produtor deixa de produzir uma diversidade de insumos para sua subsistência e para a circulação local, passando a produzir para os mercados externos, para o abastecimento e a acumulação de capital de outros. Como exemplo dessa manifestação, podemos citar os empreendimentos vinculados ao agronegócio, grande estandarte da agricultura moderna, a partir do século XX, em terras latino-americanas. Grande parte das empresas nesses moldes são de capital estrangeiro e produzem em terras latino-americanas commodities, alimentos (em menor proporção) e capital para circulação nos mercados internacionais. Deixam nos contextos locais um rastro de mão de obra precarizada, trabalhadores adoecidos e territórios degradados, com reservas naturais comprometidas, tal como já enunciado anteriormente nesse trabalho. 

O referido autor considera que o fluxo de capital, matérias primas, produtos alimentícios e mão de obra, todos oriundos das zonas atrasadas (e geralmente rurais), propicia o rápido desenvolvimento dos polos de crescimento (geralmente áreas urbanas e industriais), mediante a estagnação e o subdesenvolvimento das zonas provedoras desses recursos. Um tipo de relação semelhante ao que se estabeleceu com o advento da colonização, entre as colônias e as metrópoles, e que contemporaneamente se manifesta entre os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que fornecem os mais diversos produtos do setor primário (principalmente commodities agrícolas, minerais e energéticas), e favorecem o desenvolvimento contínuo dos países já desenvolvidos e seus polos industriais e tecnológicos.

A terceira tese equivocada problematizada pelo autor é aquela que indica que “A existência de zonas rurais atrasadas, tradicionais e arcaicas é um obstáculo para a formação do mercado interno e para o desenvolvimento do capitalismo nacional e progressista” (Stavenhagen, 2014, p. 163). Segundo ele, salvo raras exceções, não se constituiu na América Latina um capitalismo nacional e progressista, cuja efetivação necessitaria de uma série de ações e políticas orientadas para o desenvolvimento interno independente do país e, por conseguinte, de sua população.  Destacamos aí uma chave analítica na relação entre o fluxo e a circulação interna da produção agrícola e o desenvolvimento de mercado interno. Essa articulação subsidiaria, tanto o consumo da população, como o fornecimento de gêneros primários para o desenvolvimento da industrialização nacional, ao invés de reforçar a estabelecida agricultura nos moldes da exportação e fornecimento de commodities para os mercados e indústrias internacionais. O autor aponta que o fortalecimento do mercado interno é um aspecto fundamental para propiciar uma maior equidade na distribuição de renda. Ao contrário disso, o que se observa é um acirramento nas desigualdades sociais e na concentração de renda, principalmente naqueles polos urbanos e “desenvolvidos” dos países latino-americanos. Os capitalistas dessas regiões reinvestem seu dinheiro em bancos internacionais e o fazem circular em investimentos a milhares de quilômetros de distância das fontes originárias de seus rendimentos. 

A pretensa ideia do desenvolvimento e do progresso necessários, atrelados à modernidade, encobriu historicamente toda a sorte de opressões às quais foram submetidas as populações dos continentes africano e americano, por exemplo. Silvia Cusicanqui (2010) compreende que uma perspectiva antagônica ao colonialismo será realizada como história a partir da percepção da necessidade de derrotar aqueles que se esforçam em conservar o passado com todos os privilégios a ele associados. Uma premissa de ruptura com o passado cristalizado rumo à construção de novas narrativas que se distanciem daquela que aponta o sucesso do colonizador, da modernidade e do seu processo civilizatório sobre as populações subjugadas. Ainda sobre as possibilidades de ruptura com essa narrativa construída sobre o projeto desenvolvimentista colonizador, Enquique Dussel (2005) indica que um movimento importante a ser estabelecido é o reconhecimento da dignidade do outro, da sua cultura, do modo de viver, de sexo e gênero, como algo que foi negado pela experiência da modernidade ocidental. Assim, segundo o autor, a razão moderna poderia ser transcendida, não como negação da razão enquanto tal, mas como contraposição dessa perspectiva da razão eurocêntrica, cujo projeto desenvolvimentista esteve amparado na violência e usurpação dos outros povos, de suas culturas e de seus territórios (Dussel, 2005, p. 31).

No que concerne às possibilidades analíticas da Sociologia Rural que emergem tomando como ponto de partida as reflexões até aqui apresentadas, podemos nos amparar naquilo que Martins (2012) nos chama a atenção, para o fato de que é preciso que a Sociologia Rural dialogue com a História, a Geografia, a Literatura e, assinalamos mais, com os conhecimentos das populações que foram tratadas historicamente como "objetos investigação". Segundo Sevilla Guzmám (2002), não se trata somente de conhecer ou explicar, mas, sobretudo, de intervir e articular-se com o universo investigado para incidir criticamente no curso de suas transformações. Para tanto, é exigida uma postura diferente daquela comum aos primeiros sociólogos rurais, que se posicionaram na condição de pesquisador-sujeito-que-sabe em uma relação de antagonismo com pesquisado-objeto-que-ignora.

Para que haja essa ruptura, precisamos reconhecer que as populações rurais são muito mais do que simples instrumentos da produção agrícola. São autoras e consumadoras de modos de vida cujas experiências se apresentam como um forte referencial para compreensão das próprias contradições que existem dentro e fora do mundo rural. Em consonância a essa compreensão, Enrique Leff (2019) destaca que:

A lógica da unidade econômica rural e o estilo étnico próprio de uma cultura remetem a racionalidades sociais constituídas como sistemas complexos de ideologias-valores-práticas-comportamentos-ações, que são irredutíveis a uma lógica unificadora. (LEFF, 2019, p. 134)

É preciso colocar como variáveis desses processos analíticos a compreensão do ser e o viver no campo, as relações particulares com a terra/natureza, os tipos de espiritualidade, relações de solidariedade, dinâmicas alimentares, entre muitos outros elementos que constituem os diversos universos rurais. 

No âmbito científico, as primeiras tentativas de pensar um modelo alternativo àquele proposto pelo paradigma da modernização agrícola surgiram ainda nas primeiras décadas do século XX. Gliessman, (2000) destaca que na década de 1930 começou-se a utilizar o termo Agroecologia para designar experiências de Agronomia a partir de uma perspectiva ecológica, com tentativas de desenvolvimento das chamadas "agriculturas alternativas"[4]. Ao longo das décadas seguintes, com a organização dos movimentos ambientalistas, as contribuições advindas da Geografia Agrária, da Sociologia e da Antropologia[5], e apoio de alguns setores da Agronomia, impulsionaram-se críticas às transformações produtivas e aos impactos socioambientais provenientes da Revolução Verde ao longo segunda metade do século XX. Essas múltiplas contribuições ampliaram o conceito de Agroecologia, indicando que ela se transformou em:

(...) uma constelação de conhecimentos, técnicas, saberes e práticas dispersas que respondem às condições ecológicas, econômicas, técnicas e culturais de cada geografia e de cada população. Estes saberes e estas práticas não se unificam em torno de uma ciência: as condições históricas de sua produção estão articuladas em diferentes níveis de produção teórica e de ação política, que abrem o caminho para a aplicação de seus métodos e para a implementação de suas propostas. (...) um campo de saberes práticos para uma agricultura mais sustentável, orientada ao bem comum e ao equilíbrio ecológico do planeta, e como uma ferramenta para a autosubsistência e a segurança alimentar das comunidades rurais. (Leff, 2002.p. 37)

Um dos aspectos centrais para a confluência dessas abordagens reside na possibilidade de existência de uma matriz comunitária, que insere o agricultor a partir de uma práxis intelectual e política, sua identidade local e rede de relações sociais, no delineamento não apenas dos processos produtivos, como também sobre as próprias relações do produtor com a natureza de forma mais abrangente. Essa matriz pressupõe propostas coletivas que transformam as formas de produção dependentes herdadas da Revolução Verde e seu modelo hegemônico (Sevilla-Guzmán, 2008). 

Nesse sentido, podemos observar o fortalecimento de uma vertente no início do século XXI  que, para além das construções científicas sobre a Agroecologia produzidas no século XX, parte, sobretudo, das experiências dos movimentos sociais do campo, suas estratégias produtivas e relações particulares com a natureza. Torres e Rosset (2012) destacam que nos últimos 20 anos a confluência de movimentos e organizações sociais rurais ao redor do mundo, cujas lutas desencadearam a estruturação de uma articulação global através de La Via Campesina, têm agregado e articulado aproximadamente 200 milhões de famílias ao redor do planeta, se consolidado como o maior movimento social atuante no globo. Uma das principais propostas encabeçadas pelo movimento é a de integrar, intercambiar e promover o encontro entre saberes e experiências sustentáveis de manejo da terra entre diversas culturas e populações envolvidas.

Essa Agroecologia que parte dessa articulação entre os movimentos sociais do campo e a ciência apresenta possibilidade de um exercício não apenas produtivo, mas também de conhecimento, que se nutre e produz uma série de saberes cujos pontos de partida estão vinculados às identidades pessoais, grupais e culturais que, diferente da razão instrumental da ciência moderna, buscam no encontro com o(s) outro(s), no mundo das experiências vivas, a sua razão de ser. Segundo Leff (2012), o saber que emerge a partir de uma perspectiva agroecológica, busca uma reapropriação do mundo a partir do ser, e no ser. Enquanto a ciência moderna fragmentou a produção do conhecimento em esferas nem sempre articuláveis, a Agroecologia reintegra os saberes. Esse empreendimento só é possível, pois traz consigo a força das lutas sociais pelo estabelecimento de relações particulares com a natureza, e a gestão dos modos de vida que se tecem a partir dessa relação. Essa articulação surge através de um dialogo de saberes. Segundo o autor:

A Agroecologia convoca a um diálogo de saberes e intercâmbio de experiências; a uma hibridação de ciências e técnicas, para potencializar as capacidades dos agricultores; a uma interdisciplinaridade, para articular os conhecimentos ecológicos e antropológicos, econômicos e tecnológicos, que confluem na dinâmica dos agroecossistemas. Estas ciências se amalgamam no caldeirão no qual se fundem saberes muito distintos para a construção de um novo paradigma produtivo. (LEFF, 2002. p. 42)

Ao observarmos, por exemplo, as experiências que surgem a partir do dialogo de saberes promovidos na ação de movimentos sociais, como nos mostram Torres e Rosset (2012), é possível perceber que essas articulações estão voltadas para o fomento de uma autonomia produtiva dos camponeses, não deixando de considerar as relações éticas entre os agentes envolvidos, e a sustentabilidade das relações que desenvolvem com a natureza. Os caminhos que se abrem para o novo paradigma de produção do conhecimento a partir da Agroecologia e do diálogo de saberes lançam um desafio para a própria ciência moderna. 

Para a Sociologia Rural, há, nesse processo de articulação, a possibilidade de transformação nas suas próprias abordagens de estudo, ao estabelecer um diálogo com a matriz de conhecimentos da Agroecologia e os conhecimentos e as experiências produzidos pelas comunidades locais. Para a Agroecologia, o dialogo com a Sociologia Rural possibilita um aprofundamento na compreensão dos conflitos que atravessaram, ao longo dos anos, o meio rural, aspectos que incidiram sobre esses processos, seus desdobramentos e saídas analíticas para engendrar modelos produtivos sustentáveis. Para as populações rurais, esse diálogo proporciona a reemergência, a valorização e o fortalecimento de seus conhecimentos e estilos de vida como portadores de legitimidade para pensar as dimensões produtivas, socioculturais e econômicas dos contextos nos quais estão inseridas.

[1]O trabalho considerado como fundador da Sociologia Rural nos Estados Unidos é Constructive Rural Sociology (1913), de John M. Gillete. Além de ter sido o primeiro a utilizar o termo Rural Sociology, é o estudo que permite, juntamente com Rural Life (1918), de Charles J. Galpin, o estabelecimento do primeiro marco teórico da disciplina naquele país (Sevilla Guzmán, 2006).

[2]Sua dissertação de mestrado na universidade de Minesota, EUA. E que em 1961 ganharia a publicação no formato de livro.

[3]Fruto de sua tese de doutorado na Universidade da Flórida, EUA

[4]Modelos não dependentes dos pacotes tecnológicos e químicos. Uma agricultura ecológica que propunha a utilização de insumos naturais, uso racional dos recursos naturais, respeito às biodiversidades locais na hora de selecionar as áreas cultivadas, entre outros aspectos que confeririam um caráter bem menos danoso do que àquele proposto pela moderna agricultura de produção em larga escala.

[5]No estudo de sistemas tradicionais de produção – indígenas e camponeses – de países da periferia do capitalismo.

Conclusiones:

O percurso analítico aqui desenvolvido nos trouxe reflexões sobre as bases da produção do conhecimento sobre o rural, suas populações e dinâmicas produtivas. Pensar a partir de uma perspectiva alicerçada em aportes teórico-metodológicos que vão de encontro à dominação referencial norte-americanista e eurocêntrica apresenta-nos também possibilidades políticas de ruptura com a dominação intelectual na construção das narrativas científico-acadêmicas latino-americanas. Estas se apresentaram por muito tempo como expressão de uma dominação intelectual/histórica. Deslocar o lugar de onde partem as análises também é um componente fundamental para descolonizar as interpretações. Com isso, temos possibilidades concretas de que novas narrativas sejam produzidas sobre eventos historicamente cristalizados em nossas mentalidades, modos de enxergar e viver o próprio contexto sociopolítico no qual estamos inseridos.

Por fim, a proposição de uma Sociologia Rural que se articula a partir de uma abordagem agroecológica, tal como enunciado nos debates aqui propostos, nos conduz a um caminho onde  a ciência não se apresenta como matriz dirigente na produção/legitimação dos conhecimentos sobre a alteridade, e abre espaço para um dialogo de saberes que se nutre e fomenta a visibilidade e ação dos múltiplos agentes que atuam nos diversos arranjos produtivos rurais.

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Palabras clave:

Sociologia Rural; Modernização Agrícola; Dialogo de Saberes 

Resumen de la Ponencia:

Resumen de la Ponencia:

Resumen

Si bien, el posmodernismo como filosofía y aplicado al arte se extrapoló a la política, a la sociedad y a la economía; el posmodernismo en la política se han usado los términos de izquierdismo y progresismo, para de esta manera no centrarse únicamente en el Estado, el poder o los partidos políticos, sino hablar de la justicia social, de la opresión, la búsqueda de la identidad, etc. y con ello buscar los intereses de grupo, los intereses comunes, la solución para las víctimas de toda injusticia social. Existe una coexistencia de la modernidad con la posmodernidad, porque lo nuevo (posmodernidad) ya está en lo viejo (modernidad). En n el caso de América Latina, tales conceptos y reflexiones  se aplican, y a la vez se relacionan con el posneoliberalismo, gobiernos de “izquierda”, que específicamente se instalaron en algunos países de América Latina, y en cada uno de ellos con algunas características similares, pero también con características específicas de acuerdo a las circunstancias propias de sus sociedades.

Palabras clave: Posmodernismo. Posneoliberalismo, América Latina

GT-13 # 03020 Pormodernismo y Posneoliberalismo en América Latina, 

Sala Dr. Ángel Bassols

Introducción:

Introducción

Los términos con los que coincide el posmodernismo y con los cuales se menciona dicha corriente, concepto y enfoque son: modernidad tardía, modernidad líquida, sociedad del riesgo, globalización, y capitalismo tardío; dicho en otras palabras  designa un vasto  número de movimiento  artísticos, literarios, culturales, filosóficos, sociales, políticos y hasta económicos. Más adelante muchas de las ideas del posmodernismo se confunden, se entrelazan y se relacionan con el posneoliberalismo, concepto aplicado a los gobiernos progresivistas de algunos países de América Latina.

En el caso de América Latina, el posmodernismo se puede relacionar con el posneoliberalismo, pues los gobiernos de “izquierda”  que se instalaron en algunos países de América Latina, con sus características y aplicaciones de acuerdo al contexto sociopolítico y económico de cada país donde se pusieron en práctica, con algunas características similares, pero también específicas de acuerdo a las circunstancias propias de sus sociedades. 

La problemática fundamental se ubica en  las expresiones de dichas tendencias que fueron reacciones a los cambios radicales que acarreó el neoliberalismo (fundamentalismo económico), que al apostarle al mercado como asignador de la distribución de la riqueza nacional se perdió de vista  la redistribución social, trayendo como consecuencia  los grandes males sociales o bien agravamiento de los mismos como mayor desigualdad social, pobreza, desempleo, problemas de salud, discriminación, racismo, etc.  por lo cual, en varios países de América Latina se instauraron, por la vía democrática, gobiernos que inician sus políticas públicas distinguiéndose de los gobiernos y neoliberales, especialmente por las políticas públicas aplicadas durante sus gobiernos y tratando de separarse de las inducciones desde el exterior, especialmente de Estados Unidos, como el Consenso de Washington. A dichos gobiernos, que por su aplicación de políticas diferenciadoras, inclusivas y de sensibilidad social se le empezó a llamar regímenes progresistas latinoamericanos: Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela. En este contexto, es donde se ubica las características sociales del posmodernismo político y también del posneoliberalismo, aquí tratdas. 

Las ideas que se expresan con respecto al posmodernismo, al posneoliberalismo son reflexiones del autor, basados en las aportaciones de un sin número de autores fundadores e intérpretes de los conceptos centrales de dichas tendencias (Lyotard, 1987) (Derrida, 1989) (Foucault,1994; pero que se intenta hacer coincidir con los gobiernos progresistas o progresivistas de América Latina, tomando en cuenta que la posmodernidad es lo que sigue a la modernidad (Ruíz Collado, 2011), o bien, lo nuevo de la modernidad, y el posneoliberalismo  lo que trata de revertir al  todavía neoliberalismo.

Más adelante muchas de las ideas del posmodernismo se confunden, se entrelazan y se relacionan con el posneoliberalismo, concepto aplicado a los gobiernos progresivistas de algunos países de América Latina  y finalmente con las posdemocracias, que también tiene mucho del posmodernismo político; por lo que la finalidad de este artículo;  los temas a tratar son: Posmodernismo y sus características; Posneoliberalismo y sus características, la vinculación del posmodernismos y posneoliberalismo con algunos gobiernos progresivistas en América Latina y  terminar con algunas conclusiones.

Desarrollo:

Posmodernismo

Si bien el posmodernismo como filosofía y aplicado al arte se extrapoló a la política, a la sociedad y a la economía. El posmodernismo en la política con frecuencia se usan los términos de izquierdismo y progresismo, para de esta manera no centrarse únicamente en el Estado, el poder o los partidos políticos, sino hablar de la justicia social, de la opresión, la búsqueda de la identidad, etc. y con ello buscar los intereses de grupo, los intereses comunes, la solución para las víctimas de toda injusticia social. Existe una coexistencia de la modernidad con la posmodernidad, porque lo nuevo (posmodernidad) ya está en lo viejo (modernidad).

El posmodernismo (Posmodernidad, 2022), representa una respuesta a la crisis de la modernidad, cuya finalidad es describir y explicar la realidad tal como se entiende en el presente y se caracteriza por explicar el fracaso de las ideas modernas que vienen desde la ilustración, crítica a la razón ilustrada, y además pretende encontrar su razón en la consideración de más realismo. Defiende lo híbrido, la cultura popular, la descentralización de los saberes y la ciencia, por lo que no se admiten los grandes relatos que tienden al universalismo,  propios de la modernidad. También el posmodernismo es un movimiento cultural y artístico, literario y filosófico, y no se trata como un movimiento homogéneo sino con varias aristas y presentaciones; con frecuencia se utiliza posmodernidad y posmodernismo como sinónimos, pero el posmodernismo es aquello que se opone a la modernismo; y el concepto de modernidad designa un determinado período cronológico  que abarca los últimos cinco siglos, por lo cual posmodernidad es después de la modernidad, y posmodernismo al conjunto de expresiones políticas, de valores, económicos, culturales después del modernismo. 

El posmodernismo encuentra su espacio temporal de desarrollo en la guerra fría; por esto se desenvuelve en los 40 años del siglo XX y continúa  hasta nuestros días. Ciertos fenómenos político-sociales y económicos encuadran al posmodernismo: Los disturbios raciales en Estados Unidos, la China maoísta, la Primavera de Praga en Checoslovaquia, o el mayo francés de 1968, la guerra de Vietnam. Además en los años setenta debido a la revolución conservadora de Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos y en la década de los años noventa el colapso de  la Unión Soviética, y a partir de ahí la aparición del neoliberalismo, que le da más peso al mercado y todo ello como elemento contradictorios, como lo veremos en el posmodernismo. (Cfr. Anderson, 2000). De igual manera, el posmodernismos es una reacción a la derechización de la política, de la sociedad y de  la economía, al neoconservadurismo, al fundamentalismo de todo tipo. y es anti-socialismo.

La economía y la sociedad en el neoliberalismo se dirigen a la terciarización como prioridad de la producción y de consumo. La tecnociencia y la tecnocracia como productos de la tecnología que supera a la razón de la modernidad, por esto la realidad es medida lingüísticamente (Cfr. Vásquez, 2006). 

Existe una dominación de las empresas transnacionales, pues se flexibilizan los mercados por parte del mismo Estado. El consumismo adquiere nuevas formas; la apertura del Estado-nación da paso a la globalización que no sólo va a ser económica sino cubre a todas las  esferas de actividades en el mundo; el Estado y los gobiernos ya no son exclusivamente políticos, sino tienden a ser Estado empresarial; las sociedades capitalista se pretende modernizarla en aras del mercado que al fin y al cabo se torna en una tiranía del mercado y se deja de lado las necesidades y demandas sociales de la sociedad.

En la vida importa el presente y su inmediatez que adquieren relevancia; y por el achicamiento de las distancias por el internet, el face, el twiter, porque importa la imagen, la apariencia, la mercadotecnia;  la tecnología uniforma y contradictoriamente libera porque los ciudadanos tratan de libremente expresar sus pensamientos y voluntades , inclusive hasta el extremo mediante la redes sociales; la educación en los valores de convivencia, produce el autismo social y se desfasa el valor de la comunicación de la valoración del “otro”; por esto se da paso al multiculturalismo, al feminismo y a la  preferencias sexuales y diferencias de género.

Como el capitalismo de nuestros días provoca consumo, negocios, lucro, codicia y desregulación en lugar de bienestar social; la tecnología informática se apresura para el control e implementación de medidas favorables al mercado, al individuo, pero también para no profundizar en el pensar. El capitalismo salvaje, radical, globalizador hegemónico y sin fronteras es el centro del cuestionamiento del posmodernismo, y en el capitalismo transnacionalizado; también se puede decir, que es la filosofía crítica del capitalismo.

El posmodernismo metodológicamente conduce a la deconstrucción pero no para mejorar sino para fragmentar la realidad, con la simulación y la falta de reflexión. Importa la parte no el todo, y en todo caso se toma la parte por el todo. Comparte un mundo común a pesar de las diferencias, esto es, lo plural, es decir, la multiplicidad de razones y visiones del mundo; de aquí las diferencias y el relativismo que provoca que no exista una sola ideología.

La realidad concreta es la que da pie al relativismo, y no una razón única ni verdad única. La realidad artificial (virtual)  da pie a diferentes, muchas y varias realidades nuevas; los medios de comunicación son diversos y por ello no dan nuevos conocimientos, se apoya la pluralidad. Aparece una pregunta ¿el posmodernismos significa el fin de la ideologías?, puesto que cada individuo tiene su propio pensamiento y no hay una ideología común.

Posneoliberalismo y sus características

Conviene saber de antemano ¿Cuáles serían groso modo las características del neoliberalismo?: liberación de los mercados, flexibilización laboral, economía de riesgo, altos niveles de rentabilidad, especulación financiera, terciarización de la economía, alejamiento de la cuestión social, concertación de la riqueza nacional, ascenso de la iniciativa privada al beneficio financiero estatal, ascenso de la tecnocracia a los gobiernos, derechización de los partidos políticos, involucramiento de las instituciones sociales en el circuito financiero en el juego especulativo; en resumen, se creó un capitalismo de saqueo, y en todo ello tuvo su soporte en el Estado; le apuesta a las libertades en favor del sector  privado, acotando la intervención del Estado, con políticas favorables al capital versus trabajo; aumento de las tasas de interés, aumento de impuestos al consumo; menos gasto público, que significa menor intervención del Estado; privatización de los activos estatales y de los servicios públicos. En la apertura de las fronteras nacionales se privilegió la inversión de las empresas transnacionales, sobre todo de Estados Unidos. El mercado libre fue un engaño, porque estaba condicionado por el Estado, pero eso si favorable a las élites nacionales y transnacionales (Cfr. Máxima, 2019 y Zegada,  2016).

En la realidad concreta, algunos obiernos de “izquierda” se instalaron en algunos países de América Latina, y en cada uno de ellos con algunas características similares, pero también con características específicas de acuerdo a las circunstancias propias de sus sociedades para construir políticas más dirigidas a resolver los graves problemas sociales causados por la puesta en vigor del neoliberalismo y la aceptación del Consenso de Washington; rechazan la intromisión de las hegemonías; Se inician distinguiéndose de los gobiernos liberales y neoliberales, especialmente por las políticas públicas aplicadas durante sus gobiernos y tratando de separarse de las inducciones de políticas económicas realizadas desde el exterior, especialmente de Estados Unidos, como el Consenso de Washington. A dichos gobiernos, que por su naturaleza de aplicación de sus políticas diferenciadoras, inclusivas y de sensibilidad social se le empezó a llamar regímenes  progresistas latinoamericanos: Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela. En este contexto donde se ubica el posneoliberalismo (Cfr.Elias, 2006).

Existen una serie de términos que se asocian al neoliberalismo: Proteccionismo nacional de exportación, corporativismo, eliminación del Estado (anarcocapitalismo), monetarismo neoclásico, socioliberalismo, reducción mínimo de poderes estatales (minarquismo).

La relación del neoliberalismo con el posmodernismo se puede ubicar con la siguientes características: el egoísmo como virtud individual, y esta virtud es considerada como condición natural de la humanidad; la competitividad, donde el más apto gana, todo proyecto comunitario basado en la equidad y justicia quedan desplazados, aunque contradictoriamente, el posmodernismo  y posneoliberalismo buscan la justicia y la equidad.

El neoliberlismo acepta la mono-cultura, como sifuera algo universal, en cambio la posmodernidad acepta la pluricultura. Sin embargo, en tanto el posneoliberalismo con sus características es una transición ideológica y política, pero contradictoriamente, mantiene una serie de valores que van de la mano del neoliberalismo que en términos generales expresa lo siguiente: el individuo busca su interés personal  y propio, la eficacia  en la competencia y del mercado nacional, en donde la autorealización individual se privilegia más que en la realización social. En el neoliberalismo se alza el espíritu emprendedor y la competencia, situación que se asemeja al posmodernismo. 

Por lo contrario, el posneoliberalismo, como podría pensarse aparece como una oposición contraria, aunque fueron gobiernos en contra del neoliberalismo, lo cual relativamente es verdadero, sin embargo, para poder subsistir como gobierno y regímenes políticos no rompen del todo con el Consenso de Washington, sino continúa con los cambios institucionales y sociales hacia aquellos sectores económicos: extractivismo, servicios ambientales, agrocombustibles, la multimodalidad del transporte, con la diferencia que habría un control del Estado, por lo que el posneoliberalismo es un proceso político que continúa con cambios institucionales y sociales para garantizar el capitalismo tardío; en otras palabras, tanto el neoliberalismo  como el posneoberalismo cumplen con la tarea de la acumulación capitalista con diferente estrategia, porque al fin tanto uno como otro tienen de común el contexto capitalista en el que se desenvuelven.

El futuro postcapitalista del posneoliberalismo es una serie de acciones versus populismo de izquierda  no democrático. Más que anticapitalismo o creación de un socialismo, se busca un equilibrio y un nuevo pacto social; denuncia de la corrupción y cambio de élites; y como bien se ha dicho sus características son el extractivismo simulado, pero que a su vez obstaculiza e desarrollo progresista, por ejemplo en Bolivia. Es un intento de pasar de un modelo a otro, por ejemplo del primario exportador a otro como el manufacturero; se procura una política de redistribución, pero sin abandono de la explotación de la naturaleza, lo que constituye una serie de contradicciones, además la transferencia estatal se dirige a las políticas sociales e infraestructura social; se eliminan ciertas formas del modo de producción capitalista hacia otro menos capitalista; se da un proceso de inclusión y distribución de la renta nacional. Se busca la felicidad social como estrategia colectiva; y la misiones de asesoría extranjera (Cuba) especialmente en lo electoral,  en lo educativo, especialmente en Bolivia y Venezuela.

Las instituciones se vuelcan inestables  por su acciones de inmediatez y no de largo plazo; financiadas por el recurso financiero estatal para combatir la pobreza, la salud y el atraso educativo. En síntesis en el posneoliberalismo existe una relación entre la ilusión desarrollista y la ilusión comunitaria; de igual manera en los tres países de esta tendencia (Venezuela, Bolivia y Ecuador) los créditos blandos son un instrumento de integración social; aunque algunas políticas públicas sociales estaban ligadas a los precios internacionales de las materias primas. 

El discurso del posneoliberalismo supera con mucho las realizaciones llevadas a cabo, podrían convertirse en una transición del neoliberalismo , y poner las bases de un equilibro entre el capitalismo salvaje y la democracia igualitaria.

¿Qué logros han obtenido los gobiernos posneoliberales de América Latina, especialmente en lo que se refiere a la democracia social y a l solución de los problemas sociales, los cuales fueron efecto de la puesta en vigor de las diferentes formas de operar el neoliberalismo? Se redujeron algunos grados de la pobreza, de la indigencia a través de programas socializantes y el asistencialismo a los sectores menos favorecido, acceso a la salud universal, reivindicación de los derechos de los pueblos originarios y confrontación con movimientos antiextractivista  con pueblos organizados indígenas; se ligó políticamente al pluripartidismo  y se privilegió el mercado nacional y estableció una sociedad pluricultural; aunque para poder llevar a cabo sus programas se tuvo que subir al  modelo neoliberal, y no se logró superar el Consenso de Washington; y en el comercio exterior se buscó la diversificación comercial. Se buscaron otras formas de integración, como búsqueda de relaciones con países de empatía política; se critican las hegemonías en cualquiera de sus formas, se crean centros de estudio crítico para buscar alternativas.; nuevas formas de conducir las políticas exteriores. Internamente se dio una confrontación con la prensa orgánica y los medios de oposición;  se busca crecimiento del consumismo de los sectores de clase media. 

El posneoliberalismo no estuvo exento de contradicciones, y la más importantes fueron no poder superar la hegemonía capitalista y las políticas asistencialistas de corte capitalista financiero; en síntesis la idea central entre el neoliberalismo y posneoliberalismo es la diferencia entre el desarrollo capitalista de uno y el desarrollo progresivismo del otro.

Relación entre posmodernismos y posneoliberalismo en algunos gobiernos progresivistas en América Latina

Los ensayos de Frank Gaudichaud, Jeffery Weber y Massimo Modonosi (2019) analizan que los Gobiernos progesistas,  latinoamericanos del siglo XXI, permiten  establecer con claridad la íntima relación entre posmodernismo y posneoliberalismo en los gobiernos progresistas, como ellos les llaman, y que también se les conoce como gobiernos progresivistas.

En el primer quinquenio del 2000 se produjo en América Latina una oleada de derrotas electorales de los antes “invencibles” partidarios del neoliberalismo y la correspondiente apertura de uno de los más grandes procesos de recambio relativo de los grupos dirigentes que ha visto la historia de la región. Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Nicaragua y El Salvador, en una breve secuencia que se aceleró entre 2002 y 2006, pasaron a ser gobernados por partidos y presidentes que se declaraban antineoliberales. Así, en la primera década del siglo XXI, se contaron tantos gobiernos de tinte progresista como no se veían desde los años treinta y cuarenta del siglo anterior (Gaudichaud,  2019)[1]

 (…).los gobiernos que se proclamaron posneoliberales e incluso revolucionarios, fueron evaluados con esta vara tanto desde su derecha como su izquierda y, en ambos casos, por ir demasiado lejos o por quedarse cortos respecto de las proclamas y las aspiraciones (Gaudichard, 2019).

No hay que olvidar que la denominación posneoliberalismo apareció a mediados de la década  de los noventa y se volvió punto de agregación en el encuentro en defensa de la humanidad y contra el neoliberalismo, convocado por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas en 1996, que sintonizó un campo de luchas populares que, de allí en adelante, serán llamadas antineoliberales. A lo largo de esta misma década, en torno a la tensión neoliberalismo-antineoliberalismo, es decir, de la caracterización crítica del neoliberalismo y la gestación del antineoliberalismo como opción antagonista y alternativa, se fue re-estructurando un campo intelectual de izquierda, rescatando y prolongando la tradición del pensamiento crítico latinoamericano (Ibidem).

No deja de ser significativo que precisamente en el contexto de un nuevo ascenso y una nueva oportunidad de cristalización de una alternativa en la frontera entre el antineoliberalismo y el anticapitalismo–, afloraron divisiones que, en cierta medida, evocan aquellas añejas fracturas gestadas entre los años sesenta y setenta aunque otras sean claramente hijas de nuevos clivajes –como, por ejemplo, el ecoterritorial, el autonomista y el poscolonial– o del retorno renovado de antiguas cuestiones como la indígena y la campesina que habían sido subsumidas y proletarizadas en el altar del sujeto histórico obrero destinado a realizar el socialismo en nombre de la humanidad en su conjunto, y que en este artículo le hemos llamado el posneoliberalismo.

Los argumentos a favor del giro posneoliberal han circulado ampliamente ya que corresponden al discurso elaborado y difundido por los distintos gobiernos de la región bajo los rubros de revolución bolivariana, socialismo del XXI, socialismo comunitario, revolución ciudadana, proceso de cambio, progresismo o simplemente chavismo, kirchnerismo, evismo, lulismo, correismo y orteguismo. Al mismo tiempo es útil destacar y revisar aquellas lecturas que buscan sintonizarlos y, por lo tanto, dar definiciones positivas a escala latinoamericana del llamado “cambio de época” (Gaudichaud,  2019).

De la cuestión nacional se deprende la cuestión popular, es decir la de la justicia social que es el otro pilar del discurso posneoliberal, esgrimiendo un argumento clásico: no hay desarrollo posible sin no se resuelve la dependencia. Tanto la cuestión nacional como la social, según el planteamiento progresista, deben ser atacadas a través de la intervención estatal, contrario a lo que pregonaba en los hechos el neoliberlaismo, en defensa de la soberanía y en pos de la redistribución de la riqueza (Gaudichaud, 2019).

Como ejemplo de posneoliberalismo, podemos mencionar: En el gobierno de Argentina con los esposos Kichsner la lucha antineoliberal se expandió en dos frente,s en el interno en contra de los terratenientes de la soya, en el frente externo en contra del Fondo Monetario Internacional por razón de la deuda externa. En el caso de Brasil, de igual manera en el frente interno la lucha en favor de las capas populares más necesitadas y su defensa de la soberanía medioambiental y en el externo, con sus nuevas alianzas internacionales a través de los BRIC´s.  En el caso de Bolivia, su lucha por el rescate de los recursos naturales, especialmente el gas; la inclusión de los movimientos indígenas y  en el exterior su lucha en contra de las inversiones extranjeras superextrativistas.

Ahora bien, sin ser simplista, el posmodernismo y sus expresiones analizados en la primera parte de este artículo, lo podemos observar en los gobiernos progresistas  o progesivistas de América Latina tanto en la parte discursiva como en la práctica de sus políticas públicas de algunos de los gobiernos del Cono Sur de América Latina, ya sea al interior de sus naciones tendientes más a lo social: así por ejemplo el rechazo al pensamiento único de la globalización neoliberal, la particularidad de los sectores sociales a los que proteger, la reivindicación  de la justicia social, lo cual  se ve con claridad durante la vigencia de los gobiernos de Argentina, Brasil. Uruguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela, etc.  En el ámbito externo sus políticas exteriores fueron, sino de confrontación, con Estados Unidos, con el imperio, tampoco fueron antisistémicas, si presentaron rasgos de buscar autonomía, autodeterminación y limitar la dependencia (Cfr. Fundación Global Democracia y Desarrollo, 2022 y Aportes Andinos, 2011).

Con relación al posmodernismo podemos afirmar, que el posmodernismo es una reacción a la derechización de la política, de la sociedad y de la economía, al neoconservadurismo, es anti-socialismo y al fundamentalismo de todo tipo, y en este sentido, la relación entre posmodernismo, posneoliberalismo y gobiernos progresisivistas de América Latina se evidencia en esas políticas asumidas.

Sin embargo, no podemos cerrar los ojos, que contrario sensu se sostiene también que los gobiernos “progresistas” con la puesta en marcha de su política económica, han mostrado la verdadera intención de su proyecto político, que no ha consistido en superar el neoliberalismo y mucho menos el capitalismo; y si bien, se han desarrollado políticas sociales que “beneficiaron” a algunos sectores poblacionales empobrecidos (Sierra, 2011).

[1]Estos gobiernos lograron instalar cierto grado de hegemonía que les permitió sostenerse por un ciclo temporal sorprendentemente largo –que varía entre 10 y casi 20 años de gobierno- que incluyó tres procesos constituyentes, varias re-elecciones presidenciales, logrando inclusive sostener el recambio del titular del ejecutivo al interior del mismo partido (salvo el de Bolivia y Nicaragua). Sin embargo, el llamado “fin de ciclo”– que se manifestó en la derrota electoral en Argentina en 2015, el golpe institucional en Brasil 2016, la negativa plebiscitaria a la reelección de Evo Morales en Bolivia ese mismo año, la apretada victoria de Lenin Moreno en 2017 y su casi inmediato enfrentamiento con Rafael Correa en Ecuador, y que se presenta en forma explosiva tanto en la crisis venezolana desde 2014 como en la del “orteguismo” en Nicaragua en 2018.

Conclusiones:

Conclusiones

Un realidad se impone a los gobiernos progresistas en América Latina, hoy que observamos una crisis de los sistemas electorales, de los partidos políticos, como es la pérdida de su credibilidad, se banaliza el debate público, la mercadotecnia política convierte en espectáculo, aunque otra distinción de la llamada posdemocracia (Sánchez, 2009 y  Crouch, 2004) es la existencia del pluripartidismo y la separación de los partidos de masas, además coalición de partidos heterogéneos, partidos de Estado, de empresas, de la sociedad civil para poder solucionar problemas globales; existen intereses de empresas cuya conveniencia se materializa en los gobiernos elegidos; existe un alejamiento de los asuntos políticos por parte de los ciudadanos, se limita la participación pública.

Existe una contradicción: el universalismo de la democracia liberal y regímenes representativos con respecto al posmodernismo, pues el desarrollo no se ha universalizado, por lo que podría permanecer como un valor realizable en el posmodernismo, el posneolibearlismo, porque en estas tendencias el Estado de derecho y los derechos humanos son esenciales. Las migraciones de nuestros días, son consecuencias del colapso de Estado de bienestar, además existe un ascenso de las derechas en varias partes del mundo, y en Europa asciende la xenobia. En la vuelta de gobiernos de derecha contraviniendo a los  gobiernos progresistas en América Latina, empiezan a recrearse de nueva cuenta las alianzas entre el Estado-nación con las transnacionales y las organizaciones tecnocráticas financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). En el fin de las dictaduras en América del Sur, llegaron democracias directas y participativas, un elemento coincidente con el posneoliberalismo, por lo que las izquierdas en el mundo, se adaptaron al neoliberalismo y otras al keynesianismo.El engaño, el fraude como posverdades en la posdemocracia, como ya se dijo a través de la manipulación,  tiene un rumbo contrario de la democracia.

En el posmodernismo político y en el posneoliberalismo, que cuyos contenidos fueron analizados; con tintes nacionalistas echan culpas y responsabilidades por el deterioro social a los de atrás, a los de adentro y a los de afuera; así con dosis de mentiras y odios en contra de los medios de comunicación que no les son afines; se vuelven con frecuencia más autoritarios que los gobiernos del neoliberalismo; aunque básicamente también, es una democracia versus neoliberalismo transnacional; maneja; la austeridad después de las crisis que se  presentan. 

Los temas aquí planteados son complejos en su tratamiento, pero en un esfuerzo también como conclusión se puede llegar a lo que podría suceder o ya está sucediendo en América Latina. A pesar del reconocimiento de los derechos sociales y políticos, sin embargo el nivel democrático en las sociedades ha tendido a bajar; cada vez más existe menos participación colectiva; la globalización neoliberal ha provocado que la clase trabajadora se ha diseminado, por lo cual ha disminuido su participación. Por esto, no cabe duda que América Latina vive un péndulo entre neoliberalismo, posneoliberalismo y posmodernismo,  tal como fue tratado en el contenido de este artículo, y actualmente se observa en la realidad de la región, puesto que se van gobiernos  progresistas y vuelven gobiernos más favorables al liberalismo de mercado y otra vez gobiernos  progresistas y así sucesivamente, y hoy la polarización, los golpes de Estado blandos, los golpes a la democracia son ciertas evidencias.

Bibliografía:

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Palabras clave:

Palabras clave: Posmodernismo, Posneoliberalismo, América Latina

Resumen de la Ponencia:

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El trabajo pretende exponer la propuesta posdoctoral dirigida a abordar la exacerbación de la crisis civilizatoria y la colonialidad de la naturaleza durante la pandemia, a partir del refuerzo del extractivismo en la región de Latinoamérica y el Caribe bajo el amparo de gobiernos mediante el relajamiento de legislaciones ambientales con la justificante de la recuperación económica. Junto a ello, el aumento del deterioro ambiental, los conflictos eco territoriales, la criminalización y asesinatos de líderes y lideresas ambientales, por citar algunos. Por todo ello, el proyecto presentado aportará elementos para enriquecer los debates sobre los impactos de la pandemia en la región, desde miradas críticas y descoloniales, que relacionan pandemia, extractivismo,  crisis civilizatoria y colonialidad de la naturaleza. Contando con dos salidas principales,  primero abordar de forma general la relación entre crisis civilizatoria y colonialidad de la naturaleza tomando como eje articulador el extractivismo, y segundo exponer el refuerzo de la crisis civilizatoria y la colonialidad de la naturaleza,  a partir del refuerzo del auge del extractivismo en la región latinoamericana y caribeña en tiempos de pandemia. Palabras clave: crisis civilizatoria, colonialidad de la naturaleza, estrabismo, pandemia. 

Introducción:

El estadillo de la pandemia, dentro del sistema-mundo moderno capitalista y colonial potenció la crisis sistémica existente a estados inimaginables de perturbaciones. Al poner al desnudo –según Vargas, 2021- las enormes carencias, supremacías y desigualdades operantes dentro del sistema neoliberal. Lo cual, junto con la mirada a sus causas, llevó a asumirla no solo como una crisis sanitaria y epidemiológica, sino como síntoma de la crisis civilizatoria, donde se entrecruzan los análisis del sistema del capital y la colonialidad, con impactos diferenciados en regiones, grupos poblacionales, composición etaria, de género, de etnia, de raza, así como un continuo deterioro del estado ambiental marcado por la crisis climática en curso.   

 Las respuestas frente a la emergencia sanitaria y epidemiológica generada por la covid-19, marcada por restricciones laborales, de movilidad y digitales, desde las cuarentenas establecidas gubernamental, evidenciaron con mayor nitidez la crisis del modelo neoliberal con sus respuestas fallidas marcadas por el colapso del sistema de salud, la vulneración del empleo formal e informal, el desigual acceso a la educación debido a la digitalización de los procesos, el aumento de la violencia de género, el acceso a las vacunas, la inaccesibilidad de grupos poblacionales a las ayudas estatales. Todo ello dentro de un escenario de crisis económica profundizada, afianzamiento del control biopolítico y reforzamiento de lógicas extractivas que impactaron negativamente en la sostenibilidad de la vida.

El escenario crítico que afloró, si bien impacto en la producción y reproducción de la vida, sirvió de acicate para la consolidación de mecanismos legales desde el plano gubernamental en pos de flexibilizar procesos apropiación y expropiación de territorios, y con ello de sus bienes comunes, en detrimento del derecho de los pueblos a su autodeterminación y soberanía. En este sentido la región de Latinoamérica fue un escenario propicio para el fortalecimiento de dichas prácticas, a partir del refuerzo del extractivismo, reconocido por los gobiernos de la región como una actividad esencial para la salida de la crisis económica generada por la pandemia. 

 Las miradas a estos procesos estuvieron permeadas, no solo por análisis cualitativos sobre los impactos de la pandemia, sino también sobre las causas que le dieron origen, devalando así, los entresijos de la dominación ejercida por el sistema del capital y la colonialidad de la naturaleza que afloran dentro de la irracionalidad descarnada del sujeto moderno que coloniza la finitud de bienes comunes naturales en su entelequia de infinitud dentro de lógicas expansivas y de acumulación.

 En este sentido el siguiente artículo aborda los impactos de la pandemia en la región de América Latina y el Caribe, así como los debates que se potenciaron al colocarla  como síntoma de la crisis civilizatoria y la colonialidad vigente. Todo ello dentro de procesos extractivos que se profundizaron durante los dos años transcurridos. Además de aclarar que el siguiente texto responde a la propuesta de proyecto posdoctoral Crisis civilizatoria y colonialidad de la naturaleza en América Latina y el Caribe: un acercamiento desde el extractivismo en pandemia, aprobada por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, de la UNAM, para el periodo de agosto de 2022 a julio de 2023.

Desarrollo:

Contexto Pandémico en la Región de América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe altamente impactados por la pandemia, con un 30% de las muertes en todo el mundo, a pesar de tener solamente el 8,4% de la población mundial, experimentó a inicios de la pandemia la mayor contracción económica en los últimos 120 años. Lo cual implicó sumar a la pobreza a 22 millones de personas, con un efecto importante en niñas y niños, así como personas en condiciones de vulnerabilidad, como trabajadores informales, mujeres y jóvenes, migrantes y personas con discapacidad (CEPAL-OPS, 2021).

Según datos de la OIT para el 2020 se perdió el 8,8% del total de horas de trabajo, el equivalente a las horas trabajadas en un año por 255 millones de trabajadores a tiempo completo. A su vez, ocurrió un crecimiento de la informalidad en el empleo, situación que afecta a dos tercios de las trabajadoras y los trabajadores del mundo. Las políticas durante la pandemia –como afirma Gambina (2021:3)- favorecieron la ofensiva del Capital contra el Trabajo, la Naturaleza y la Sociedad. 

 En cuanto al trabajo, la creciente digitalización y la tecnología asociada a internet como vías para mantener el trabajo y la adecuación, excluyó a millones de pobres sin “accesibilidad” a equipos, energía o a condiciones de vida adecuadas para el trabajo remoto o a distancia; tanto como a mujeres, a quienes el “tele-trabajo” condenó con mayor tiempo de trabajo gratuito dedicado a “los cuidados” de la familia (Gambina, 2021). 

Los efectos de la crisis provocada por la pandemia en el mercado de trabajo fueron mucho mayores que en crisis anteriores, tanto en lo que respecta a la pérdida en los niveles de ocupación y la caída en la participación laboral, como en lo relativo a los aumentos en la tasa de desocupación. El impacto fue mayor en el empleo femenino y en los grupos más vulnerables. Entre 2019 y 2020, el nivel de ocupación se redujo casi 25 millones de personas, cerca de 13 millones de las cuales son mujeres (CEPAL-OPS, 2021).

Entre los impactos en la naturaleza destaca un peor estado ambiental difícil de revertir –tal como indica la CEPAL (2021. En Giraldo, 2021:23)- donde, si bien hubo mejoras temporales en la calidad del aire y reducción de la emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones aumentarían 5% este año, a la par que en 11 países de la región se observa una caída de 35% en el presupuesto o gasto de protección ambiental durante el periodo 2019-2020. Ello fue de la mano de la expansiva extractivista, como se analizara más adelante.

Dentro de este escenario se retoma el canje de deuda externa por naturaleza fomentado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, como mecanismo para la apropiación/expropiación de los territorios, y sus bienes comunes tangibles e intangibles. Mediante este canje países altamente desarrollados compran por precios muy bajos los títulos de deuda, los cuales tienen que ser donados a las ONGs, convirtiéndose estas en acreedoras del gobierno deudor. Ello ha posibilitado la intervención y manejo de grandes extensiones (comunidades, áreas de reservas, biodiversidad, bosques, agua) por ONGMA y capital transnacional en alianza con el Estado. (Islas, 2013. En Morejón, 2019).Este mecanismo se refuerza a raíz del recrudecimiento de la crisis generada por la covid-19, siendo un tema de debate dentro de la COP26, celebrada en Glasgow, donde los presidentes de Argentina y Colombia pidieron canjes de deuda por naturaleza (Soutar y Koop, 2021).

Otro impacto importante es la tendencia a la disminución de bosque regional -según la Cepal (2021)-, se explica principalmente por la disminución experimentada en los grandes países boscosos en los últimos 30 años. Brasil alberga 53.3% de los bosques de toda la región, y en los últimos 30 años ha perdido 92,3 millones de hectáreas de bosque, en tanto que Bolivia perdió 7 millones, Argentina 6,6 millones, Colombia 5,8 millones y Paraguay otros 9,4 millones de hectáreas. Aunque tienen menor superficie, las tasas de variación negativa de cobertura boscosa han sido muy acentuadas en Nicaragua (30,3%), Guatemala (26,9%), Paraguay (25,7%) y Honduras (22,3%).

En el ámbito social la pobreza y, especialmente, la pobreza extrema que afectaba en mayor medida a la población más joven, sobre todo a niñas, niños y adolescentes de hasta 14 años, para el 2020 había afectado al 51,3% de esta población, es decir, a más de 91 millones de niñas, niños y adolescentes (CEPAL, 2021b). A ello se le agrega una relación directamente proporcional con los índices de morbilidad y mortalidad en la región, que se tradujo en un aumento de contagios y muertes en personas y grupos en condiciones de hacinamiento, patologías de base, vulnerabilidad socioeconómica, comunidades rurales e indígenas (CEPAL-OPS, 2021). 

La heterogeneidad de la región, de gran abundancia de bienes comunes, pero a su vez, generadora de desigualdad, pobreza y expoliación marcadas por la asunción del neoliberalismo, y con ello la intensiva privatización y recortes de prioridades sociales como la educación, la salud, la sanidad o el acceso al agua, experimentó, durante la pandemia, la saturación de los servicios de salud y de la atención en general. De acuerdo con los datos recabados por la OMS (2021) la mediana de servicios interrumpidos para los países de ingreso medio-bajo y bajo fue del 67%, mientras que entre los países de ingreso alto dicha mediana se situó en el 34%. 

También es significativo referir el avance lento y desigual de los procesos de vacunación. En promedio, en América Latina y el Caribe se registra una cobertura de vacunación de un 30% de la población con esquema completo. Si bien países como Chile y el Uruguay se encuentran cercanos al 70%, la mayoría de los países aún no alcanzan el objetivo original de cobertura mínima del 20% (CEPAL-OPS, 2021). 

 Frente al despliegue del virus por la región, sus múltiples implicaciones en los diversos estratos sociales y las respuestas desde los Estados y de diferentes grupos poblacionales estuvieron dirigidas a contener la propagación del contagio, ya sea desde medidas cuarentenales impuestas como desde el fortalecimiento del tejido comunal. Ello se vio permeado por estrategias económicas erigidas sobre fundamentos políticos y legales para salir de la crisis estructural profundizada. En este sentido, sin bien la pandemia paralizó numerosas actividades con implicaciones directas para el empleo formal e informal, o en sentido general la producción y reproducción de la vida, a su vez se potenció la actividad extractiva, comprendida como actividad fundamental para la recuperación económica. Junto a ello la profundización de lógicas de exclusión, despojo y criminalización en los territorios implicados.

  El influjo del extractivismo durante la pandemia 

La región, considera como la más desigual del planeta, no solo tomando en cuenta la distribución de ingresos, sino también la generación y apropiación de excedente, desde un análisis que incluye, además de las clases sociales, a los pares categóricos, como raza, etnia, territorio y género dentro de la evolución histórica que toma como punto de inicio la colonización  (Pérez, 2014), experimentó durante el contexto de la covid-19 un aumento en un 41% del número de millonarios comparando marzo del 2020 a marzo del 2021 (López-Calva, 2021). 

Ello deriva en una extrema concentración de la riqueza, la tierra y el ingreso, destacándose que el 12% de esta generación de riquezas –según Oxfam 2016- es aportada por las empresas extractivas. Si bien la pandemia de la covid-19 impacto negativamente en el crecimiento de las ganancias de las empresas extractivas – hidrocarburos y minería- para el 2020, ya para el primer trimestre del 2021 se alcanzó una utilidad de 3,1 billones restableciendo la exportación en un 47%. Situación similar tuvo el agronegocio, donde la soya tuvo un incremento de precio en un 60% y el azúcar en un 27%, gracias al crecimiento de la demanda y la baja producción a nivel mundial.[1]

No obstante a este crecimiento, las empresas extractivas mineras pidieron a los gobiernos flexibilizar los procedimientos relativos a las consultas indígenas y las licencias ambientales a fin de moderar los riesgos a la producción y atraer nuevas inversiones. (Mongue, 2020). Tal es el caso de Ecuador que expidió el Decreto Presidencial 151 del 2021, que impulsa un Plan de Acción en dirección opuesta a las Consultas Populares, con el objetivo de fortalecer las capacidades de la política pública minera para generar un ambiente de negocios propicio a la inversión, priorizando los controles ambientales ex post, y optimice los tiempos para entregar las licencias ambientales. El cual con “urgencia administrativa” pretende entregar más de tres mil concesiones mineras que cubren dos millones de hectáreas en el país, posibilitando la participación de inversionistas privados en la Empresa Minera Nacional, así como al capital transnacional minero (Isch y Zambrano, 2021:49).

Otra estrategia de las elites empresariales durante la pandemia fue apostar por la caridad, mediante la donar insumos médicos a hospitales y productos alimenticios de sus empresas al gobierno, así como el lanzamiento de campañas de información como #JuntosSaldremosAdelante del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) en Guatemala. Ello con el objetivo negociar acuerdos tripartidos entre Estado, empresas y trabajadores, para poder hacer valer sus demandas. Las cuales van desde reformas estructurales y políticas de austeridad, como por ejemplo la reducción de los salarios del sector público o la venta de empresas públicas, en Costa Rica; como potenciar la cooperación económica en los organismos financieros, lo que probablemente aumentará la deuda pública en n Honduras, Guatemala y Nicaragua (Cárdenas; Robles-Rivera; Martínez- Vallejo, 2020).

 La conservación y exacerbación de privilegios por empresas extractivas, mostró otro cariz, este fue el impacto generado en los territorios de pueblos indígenas, y de los (as) campesinos (as), a partir de la invasión legal de las empresas extractivas, promovida por los gobiernos de la región, bajo la excusa de una reactivación económica. A la vez, que los defensores ambientales son más vulnerables, ya que se encuentran en una sola ubicación, se suspendieron los juicios y las audiencias se realizan a puertas cerradas. Adicionándole a ello las limitaciones a la libertad de expresión y a la manifestación, lo que impide acciones de protesta, así como el incremento de la vigilancia y la intimidación de los (as) defensores (as) (XI Foro de la Tierra ALC, 2020).

 Ello trajo que para el periodo 2019/2020, el último reporte de la Comisión Pastoral de la Tierra presentara un número récord de conflictos en el campo, por agua y por la minería. Los conflictos contra rancheros, madereros, y grileiros de tierra, aliados políticos de Bolsonaro, han crecido 48%, y atingido 81.225 familias que víctimas de invasión, deforestación, acaparamiento de tierras, entre las cuales, 72% son indígenas. El pasado año, mientras la pandemia asolaba la vida, la gran minería internacional promovió más de 350 conflictos, victimizando a 56.292 familias (Milanez, 2021:22). 

El contexto generado por la pandemia sirvió de acicate para la conservación de privilegios, violando regulaciones ambientales, desde el relajamiento de medidas instauradas por los gobiernos. Así como la negociación de nuevos privilegios desde su accionar “caritativo”. De ahí que –como refiere Oxfam 2016- la extrema concentración de riqueza va de la mano de la extrema concentración de poder. Lo cual hace posible que las élites políticas y económicas moldeen las políticas y las leyes en su propio beneficio tanto individual como de grupo. 

Dicha concentración, se extiende a la propiedad de la tierra, con una apuesta al monocultivo con alta dependencia al uso de agroquímicos y semillas transgénicas, así como la consolidación de un modelo agroexportador. Los renglones fundamentales –según Oxfam (2016)- son el azúcar, soja y café, con lo que abastece más del 50% de las exportaciones globales de esos productos. Sin embargo esto genera grandes ganancias para el capital, crean poco empleo, y son ecológicamente insostenibles. Ello se debe a la concentración del agronegocio por Monsanto, DuPont y Syngenta, que controlan el 55% del mercado de semillas dependientes de agrotóxicos, mercado manejado en un 51% por tres compañías: Syngenta, BASF y Bayer (ETC Group, 2017b. En Sotiru; Tamagno; Melón 2021:51).

La producción primaria de cultivos industriales como trigo, maíz, soya u otros cereales, tuvo una cosecha récord. Según FAO-Cepal 2020 sus ingresos para la presente temporada, comenzaron a regresar al nivel de junio 2019. La pandemia, en este sector, tuvo un impacto significativo en el empleo informal -prevalente entre mujeres, indígenas, migrantes, jóvenes y niños- que representa un 79,2% en la región. Los cuales además de padecer mayor inseguridad laboral, tuvieron mayor riesgo de contagio, ya que no se les aplicó las mismas medidas preventivas (equipamiento de protección personal, por ejemplo) que corren para los trabajadores formales.   

La rápida mirada al contexto que arroja la pandemia, desvela que los procesos de desestatalización con el advenimiento del neoliberalismo, que implicaron mayor desigualdad, pobreza, exclusión, aunado a la privatización, mercantilización de la vida, y refuerzo de la matriz productiva extractivista, se vean intensificados por la covid-19. Panorama que arroja una gran devastación ambiental, marcada por el aumento de procesos de despojo, criminalización y asesinato de líderes y lideresas ambientales, dentro de una gran ofensiva extractiva que acarreó el aumento de conflictos ecoterritoriales, a partir del relajamiento de legislaciones ambientales y militarización de regiones claves para empresas extractivas.

Traspasando el contexto regional: Miradas críticas a la génesis de la pandemia 

La urdimbre de problemáticas generaron miradas críticas, dentro de las que destacan dos reflexiones, primero la comprensión de la pandemia como un síntoma de la enunciada crisis ambiental devenida civilizatoria en los albores del siglo XXI, recogidas en Pandemia al Sur (2020). Segundo, como resultado del mantenimiento y profundización de lógicas de colonialidad heredadas por siglos en la configuración del sistema mundo capitalista moderno colonial, especialmente cuando se definen los horizontes de progreso y desarrollo siguiendo las premisas de los designios globales (Quijano, 2000; Escobar, 1996. En Corredor, 2020:164). 

Tanto la crisis civilizatoria, que alude al modelo económico, tecnológico y cultural que depreda a la naturaleza y niega culturas alternas; como la colonialidad, específicamente de la naturaleza, que pone el énfasis en la existencia de un patrón de poder colonial aún vigente sobre la naturaleza (Cajigas-Rotundo, 2007:60), convirtiéndola en un espacio subalterno, que puede ser explotado, arrasado, reconfigurado, según las necesidades de los regímenes de acumulación vigentes (Alimonda, 2011: 22), se vuelven explosivas durante la pandemia, reconociéndose no solo como síntoma y resultado respectivamente, sino también desde su potenciación y refuerzo.

 En este sentido los debates en cuanto a sus causas y modos de enfrentarla recurrieron a la multiplicidad de análisis, unos centrados en el descubrimiento y control del patógeno desde miradas virólogas, epidemiológicas y de contención sanitaria. Otros, desde la incisión crítica  en el tejido social que implicó un acercamiento al sistema del capital como relación humana enajenada que destruye sus propias condiciones de vida al racionalizarse la irracionalidad económica dentro de la operatividad del sistema (Morejón, 2019), que emerge y se consolida de conjunto a un patrón de dominación moderno/colonial.

Desde este segundo abordaje, el prolifero debate en la región de Latinoamérica llevó a enunciar la pandemia como síntoma de la crisis civilizatoria manifiesta en (Morejón, 2019a): 

•          Control sobre la diversidad de prácticas sociales en sus múltiples dimensiones –tecno-científica, agrícola, cultural, industrial- hacia formas homogéneas de producción de plusvalor.

•          Capitalización de la naturaleza que se expresa en la integración de todo elemento externo a la composición orgánica del capital. Dentro de este proceso la naturaleza es comprendida como materia prima extendiéndose el dominio del sistema a: los cascos polares, el suelo del fondo de los océanos, el espacio exterior y los nanoespacios de los genes de las plantas, los animales y los seres humanos (Altvater, 2009). 

•          Apropiación/expropiación de conocimientos ancestrales, bienes comunes mediante la privatización y el patentamiento legal de la vida. Conocido como segundo cercamiento. 

•          Rol violento de establecimiento del poder del sistema del capital a escala global, mediante la ubicación de bases militares en zonas de alto extractivismo, así como criminalización y asesinato de líderes y lideresas ambientales. 

•          Incremento y reforzamiento de conflictos ecoterritoriales generados por la triada Capital-Estado-Territorio a partir del influjo de las trasnacionales, la privatización del Estado, refuerzo de la matriz extractivista, y la implementación de políticas ambientales que se instauran como mecanismos legales para justificar el despojo. 

•          Sobreexplotación de la capacidad de carga del planeta en un 50 por ciento, develado por los indicadores tipo índice de huella ecológica, que mide el impacto –lo que extrae y devuelve en forma de desechos- per cápita del ser humano sobre el planeta.   

•          Incremento de la exclusión, desigualdad y pobreza generados por la dinámica intrínseca de la lógica del capital -estrategias del mercado total, cálculo de utilidad, políticas a favor de las trasnacionales- que incrementan las elevadas cifras de marginados del sistema social. 

•          Problemas ecológicos que se intensifican por los efectos del cambio climático de génesis antrópica. 

•          Enverdecimiento del sistema del capital mediante un marco legal que se establece en pos del desarrollo sostenible y la economía ambiental y verde para justificar la recolonización de la naturaleza bajo el lema del enfrentamiento al cambio ambiental global. 

•          Violencia cultural, epistémica, racial, étnica, de género, hacia cuerpos y territorios que no entran dentro de las lógicas del sistema-mundo capitalista, moderno y colonial. 

La pandemia como síntoma del orden civilizatorio naturalizado, que incurre en procesos de despojo para la necesaria acumulación del capital, se vio complementado por debates sobre la profundización  de la colonialidad entendida como la “(…) producción de una trama de subjetividad a través de una colonización de lo imaginario que perdura hasta el presente, y hace que la cultura moderna europea se erija como sinónimo de cultura y civilización universal (Bautista, 2012: 36)”. La cual –según Quijano, 2007- ha probado ser más profunda y duradera que el colonialismo.

La colonialidad, como colonización del imaginario de los dominados que inicia con la conquista de América en el siglo XVI, implica dominio y supremacía del pensamiento eurocéntrico, que se impone a través de una clasificación racial/étnica de la población del mundo, como piedra angular del patrón de poder. Desde donde se naturaliza la occidentalización dentro de las múltiples relaciones entre los sujetos, sus subjetividades, y para con la naturaleza (Quijano, 1992, 2007). 

Ello implica, no solo discriminación por raza, etnia o clase, sino que trae la subvaloración de seres humanos, cosmovisiones y conocimientos no occidentales. Así como la discriminación, sojuzgamiento, y el lugar dado a la mujer de color dentro de opresiones coloniales. Lo cual lleva a la colonización del ser, el saber, y de género, a partir de subjetividades moldeadas dentro de lógicas modernas/occidentales/civilizatorias, aunando a ello no solo el control de cuerpos, sino también  la producción de conocimientos e instrumentalización de la naturaleza bajo las exigencias del sistema-mundo moderno capitalista y colonial.

 En este sentido la colonialidad se extiende hacia la naturaleza. La cual -según Cajigas-Rotundo, 2007- alude a visibilizar las asimetrías de poder presentes en las relaciones económicas, sociales, culturales, subjetivas, epistémicas y políticas entre los centros y las periferias del sistema mundo moderno, capitalista y colonial que posibilita la subordinación de la naturaleza en el marco del capitalismo verde. 

 La existencia de dicho patrón de poder colonial sobre la naturaleza, - al decir de Alimonda, 2011: 22- instala como pensamiento hegemónico global y ante las elites dominantes de la región su subsunción según las necesidades los regímenes de acumulación vigentes, al convertirla en un espacio subalterno que puede ser explotado, arrasado y reconfigurado. Lo cual provocó impactos, tanto en la flora, fauna, sus habitantes humanos, la biodiversidad de sus ecosistemas, como en su configuración territorial, tomando en cuenta la dinámica sociocultural que articula significativamente esos ecosistemas y paisaje. 

En este sentido la pandemia aflora como la irracionalidad racionalizada que preconiza dentro del progreso y sus bondades mediante un sinfín de estratagemas legales, morales, políticas, sociales, culturales y económicas que apuestan a mantener a la naturaleza como espacio subalterno a ser arrasado y reconfigurado por los regímenes de acumulación vigentes.   

En la intersección de los debates sobre el sistema del capital y la colonialidad de la naturaleza se pone al desnudo la crisis sistémica dentro de la cual se despliega y opera el virus, profundizándose así las desigualdades preexistentes (Aguirre 2021. En Sotiru, 2021: 73). En este sentido al aterrizar estos acercamientos a procesos concretos se visibilizan los vínculos entre pandemia, economía capitalista, y el modelo extractivista (Villula, 2021. En Sotiru, 2021) que pone énfasis en la destrucción de territorios rurales por parte del agronegocio, como sistema diseñado para la acumulación de capital, y no para la producción de alimentos encaminados a la alimentación. Por lo que al chocar con los límites físicos del planeta genera tensiones, entre las que destaca el desplazamiento de personas que continúan con sus costumbres de consumir y comercializar especies. 

 Ello concomita con la conexión existente entre la proliferación del coronavirus y el modelo de agricultura y ganadería industrial dependiente de agrotóxicos, antibióticos, transgénicos y la crianza intensiva en condiciones de hacinamiento. Lo cual posibilita el salto del virus desde un animal hacia personas que lo consumían para alimentarse o lo manipulaban dentro de las granjas. También mediante su comercialización en los mercados o por el desplazamiento de animales silvestres debido la expansión del agronegocio (Wallace, 2020. En Gandarrilla, 2021) (Ribeiro, 2020; Verzeñassi, 2020; Aizen, 2020. En Sotiru; Tamagno; Melón (2021:52). 

Desde estas reflexiones la pandemia no puede escindirse del cambio ambiental global y la forma de producción actual de alimentos (Pengue, 2021. En Soturi, 2021), destacando la lógica expansiva del agronegocio, donde se estima, que un 40% de las nuevas tierras que se van a agregar hasta el año 2030 van a provenir de América Latina. Lo cual implicaría que millones de hectáreas, que hoy son reservorios de agrobiodiversidad, pasen a formar parte de los territorios explotados por el modelo agroindustrial extractivista. Ello aúna con la mirada aportada desde el pensamiento complejo (Aguirre, 2021. En Soturi, 2021) que establece las conexiones entre pandemia, producción de alimentos, y pensamiento lineal, al instaurar la lógica del mercado costo-beneficio y exacerbar la producción-consumo desde la premisa que todo es mercantilizable, sin detenerse en las consecuencias ambientales, poniendo en jaque la continuidad de la vida.

Las conexiones entre sistema del capital y colonialidad de la naturaleza, que operan dentro y, a su vez, dan origen a un mundo con desigualdades estructurales, profundizadas con el neoliberalismo, ponen de relieve procesos y lógicas productivas extractivas de larga data que acarrearon una gran devastación ambiental y con ello el surgimiento de la pandemia provocada por el Sars Cov-2. Lo cual fue posible, no solo por la exacerbación de una “economía de rapiña” que propició un ritmo acelerado de destrucción de los bienes comunes (Castro Herrera, 2002) que se remonta –según Vitale (1976)- al siglo XVI, con la colonización y los grandes desequilibrios ecológicos. Sino también, a acciones que provienen del poder y la legalidad para afianzar el sistema del capital (Duchrow y Hinkelammert, 2003. En Morejón, 2019), aunado a la exacerbación de la cultura moderna europea como sinónimo de civilización que hace que la colonialidad perdure al colonialismo.

[1] Toro, Jonathan. Valor de exportaciones de la región creció 8,9% durante el primer trimestre de 2021. Consultado 12 de octubre de 2022.  https://www.larepublica.co.

Conclusiones:

Aportes de los debates críticos: A modo de conclusión 

Poner sobre la cuerda de análisis las implicaciones de la pandemia en la región implica visibilizar las marcadas desigualdades existentes. Las cuales se profundizan y potencian por el recrudecimiento de la crisis neoliberal y sus políticas de austeridad. Así como por el influjo del extractivismo que potencia el control de los bienes comunes en tiempos de cuarentena y solicita beneficios a partir de contribuciones para amortiguar las condiciones existentes. 

 Ello aúna que los debates sobre los vínculos entre pandemia, extractivismo, crisis civilizatoria, y colonialidad de la naturaleza, establecen una mirada contrahegemónica frente al discurso hegemónico que perpetúa la dominación estructural del modelo neoliberal. El cual –según Hackeo Cultural (2020:72-73)- Invisibiliza las razones estructurales de la crisis, al no tomar en cuenta que sus impactos dependen de vulnerabilidades preexistentes del sistema. Reproduce un discurso de guerra, que ataca al virus, pero no sus causas profundas relacionadas con el modelo de sociedad instaurado por el capitalismo neoliberal. Justifica la militarización, a través del despliegue de tropas en comunidades con conflictos históricos de tierras y megaproyectos extractivos. Impera un discurso economicista, que no muestra al sistema económico como la enfermedad, debido al crecimiento infinito en un planeta finito. Promete regresar a la normalidad, que fortalece la idea de que el statu quo es estar sanos y culpan al virus de la crisis social y económica, con el fin de mantener vigente el sistema.

 Desde estos sentidos críticos la pandemia se inscribe y percibe no como “un fenómeno enteramente natural o biológico, sino que el brote se inscribe en dinámicas históricas, geopolíticas, ecológicas y culturales que activan lógicas de virulencia y letalidad variable, según sean las fortalezas del espacio medioambiental y el metabolismo social en que inscriban su historia los cuerpos humanos (Gandarilla, 2021: 26)”. Ello a su  vez coloca sobre la cuerda de debate la necesaria trasformación del sistema del capital y de lógicas modernas. Lo cual pasa por revisiones profundas y críticas del antropocentrismo, de la mercantilización de la vida dentro de lógicas extractivas, de la reivindicación de los cuidados y revisión de sus cargas unilaterales, de la revalorización del tejido comunal en la defensa y sostenimiento de la vida sobre bases agroecológicas, solidarias y de ecodependencia. Así como la necesaria reconstrucción de lo público –como señala Bringel, 2020: 185- desde la necesaria ponderación de la salud pública, gratuita y universal y la financiación pública para investigaciones socialmente relevantes.

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Palabras clave:

crisis civilizatoria, colonialidad de la naturaleza, extractivismo, pandemia

Resumen de la Ponencia:

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Resumen de la Ponencia:

O presente artigo analisa a educação e a interculturalidade a partir da perspectiva contra hegemônica. Para tanto, objetiva-se analisar as teorias decoloniais e as epistemologias do Sul, historicamente subalternizadas e excluídas na construção do conhecimento e no currículo escolar, em detrimento da legitimação dos saberes produzidos no Norte global (Ocidente). A ideia de civilização unilateral, então defendida pelos ocidentais com base na classificação de raça, considera o Ocidente e suas culturas superiores às demais. Seguindo essa lógica, todos os conhecimentos e culturas produzidos fora do Ocidente eram caracterizados como inferiores e/ou não civilizados. Com propósito de compreender as lutas contra a colonialidade na educação, estabelecemos o diálogo com a concepção crítica, antirracista e feminista de bell hooks (2013), a pedagogia libertária de Paulo Freire (2019) e a análise da colonialidade do ser, do saber e do poder de Aníbal Quijano (2005), como forma de entender o processo de colonialidade no modelo educacional vigente na contemporaneidade. Dialogamos ainda com a perspectiva da interculturalidade crítica de Catherine Walsh (2009) e com as experiências pedagógicas insubmissas e dos movimentos sociais de Jorge Rincón (2015). Considerando que todo modelo educacional é constituído com base numa intencionalidade, a educação pode tanto ser utilizada pela classe dominante para oprimir, dominar, explorar e/ou reproduzir seus valores, quanto pode servir à autonomia, para libertar, emancipar e formar pessoas com consciências libertárias através de ações e reflexões críticas sobre a realidade sociopolítica, econômica e cultural em que vivem e participam. No que diz respeito ao procedimento metodológico, o trabalho foi desenvolvido com uma abordagem qualitativa, tendo como material de análise livros, teses, dissertações, monografias e artigos científicos sobre a temática da educação e a interculturalidade na perspectiva crítica e decolonial. Este trabalho é composto de dois tópicos além da introdução e das considerações finais, sendo eles “Educação libertária na perspectiva de Freire e bell hooks” e, na sequência, “Movimentos Sociais: Educação, Multiculturalismo e Interculturalidade Crítica”. Por fim, ressaltamos a importância urgente dos estudos decoloniais na formação inicial, nas universidades, na pós-graduação e na formação continuada das/dos profissionais da educação básica, corroborando a construção de práticas pedagógicas e teorias para uma educação antirracista, antissexista, decolonial e anticapitalista. 

Introducción:

A educação é um dos pilares para a construção de uma sociedade livre, justa, democrática e paritária. É por meio da educação que milhares de pessoas espalhadas por toda parte do mundo almejam alcançar a equidade na contemporaneidade. No entanto, segundo Apple (1982), a educação é uma área de constantes lutas políticas e ideológicas, um campo de enfrentamento e de resistência. Assim, não pode ser compreendida de forma neutra, porque está sempre a serviço da ideologia de uma classe dominante, que exerce o seu controle por meio de políticas pedagógicas a seu favor; a educação, em outras palavras, também pode ser instrumento de reprodução das lógicas mais opressivas da sociedade.

Ao analisarmos a educação a partir da conjuntura sociopolítica da sociedade “moderna”, particularmente do Brasil, compreendemos que os níveis de violência, intolerância, racismo, xenofobia, homofobia e sexismo que assolam as relações cotidianas no espaço educacional estão intimamente atreladas aos reflexos do descaso no contexto educacional.

Nesse sentido, este artigo versará sobre obras de pensadores e pensadoras da Educação por meio das teorias decoloniais e da pedagogia libertária, tendo como principais referenciais Paulo Freire (Pedagogia do Oprimido); Jorge Enrique García Rincón (Educação Própria, Educação Libertadora ou Pedagogia da Desobediência nas Comunidades Afro do Pacífico Sul Colombiano)[1]; Catherine Walsh (Interculturalidade crítica e pedagogia decolonial: in-surgir, re-existir e re-viver); Eduardo Restrepo e Axel Rojas (Inflexão decolonial: fontes, conceitos e questões)[2]; Aníbal Quijano (Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina); e bell hooks[3] (Ensinando a Transgredir: a educação como prática da liberdade).

Além dessas referências, também dialogamos com outras autoras e autores que escreveram sobre as temáticas da diferença, diversidade e desigualdade, com propósito de termos uma compreensão macro sobre as temáticas abordadas. O presente artigo foi produzido com base na abordagem qualitativa, tendo as obras supracitadas como principais objetos de análise. O trabalho foi dividido em dois tópicos além da introdução e das considerações finais, sendo eles “Educação libertária na perspectiva de Freire e bell hooks” e, na sequência, “Movimentos Sociais: Educação, Multiculturalismo e Interculturalidade Crítica”.

[1] As traduções que aqui constam foram feitas pelos próprios autores deste artigo.

[2] As traduções que aqui constam foram feitas pelos próprios autores deste artigo.

[3] A decisão de se tornar uma pesquisadora independente fez com que a autora adotasse o nome de sua avó, e uma das características dessa pesquisa independente é o fato da autora escrever seu nome em letras minúsculas. Decisão tomada também por uma posição política, no sentido de dar mais ênfase ao seu trabalho do que ao seu nome, para valorizar mais suas ideias que sua personalidade.

Desarrollo:

Educação libertária na perspectiva de Freire e bell hooks

Segundo Freire (2019), qualquer sistema educacional é constituído com base numa intencionalidade, e por isso a educação pode ser utilizada pela classe dominante tanto para oprimir, dominar, e explorar, quanto para reproduzir seus valores. No entanto, a educação pode servir também à autonomia, para libertar, emancipar e formar pessoas com consciências libertárias através de ações e reflexões críticas sobre a realidade social em que vivem e participam.

Nesse sentido, Freire (2019, p. 41) salientou que “a luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela afirmação de homens e mulheres como pessoas e como seres para si não teria significação” senão por meio de uma educação libertária e inclusiva, que garanta a todas as pessoas participantes os mesmos direitos da fala, de ir e vir de forma igualitária, sem distinção de raça, etnia, nacionalidade, classe, gênero, religião, orientação sexual ou convenção social e filosófica.

Para bell[4] hooks (2013), a educação como prática libertária é um ato contra-hegemônico, uma forma de resistência às estratégias de colonização e dominação branca, européia, ocidental, racista e sexista. Em sua obra também é notável a diferença entre educar para libertar e educar para dominar. Para chegar a tal afirmação a autora faz uma contextualização histórica, mostrando como a pedagogia crítica foi de extrema importância para a formação da consciência crítica dos jovens de classe baixa oriundos das periferias do Sul dos Estados Unidos na época da segregação racial, onde existiam escolas para negros/as e escolas para brancos/as.

Ainda, ao longo da sua trajetória estudantil na escola segregada, bell hooks (2013) considerava a sala de aula como um lugar para descobertas, um lugar de libertação e afirmação de sua identidade e valores sociais, porque havia um contato maior entre estudantes e professores negros no sentido de uma educação com práticas libertárias. Isso difere do período pós-abolição, em que a prática de segregação racial nas escolas foi proibida e estudantes negros e brancos passaram a frequentar as mesmas escolas. Assim, é importante evidenciar que as escolas inter-raciais iam ao encontro das lutas por igualdade racial nos EUA; no entanto, mais uma vez, quem se deslocou para as escolas que antes eram apenas da população branca foi a população negra, que se viu novamente desterritorializada, sem suas referências.

Com este advento, esperava-se melhorias na educação ofertada para a população negra. Entretanto, depois da abolição da segregação, bell hooks deixa de perceber a escola como um lugar prazeroso, pois a sala de aula se transformou em lugar de dominação, de obediência e de silenciamento das vozes dos/as estudantes negros/as e das mulheres feministas. Não havia professores negros — somente professores brancos lecionavam nessas escolas mistas/inter-raciais; esses professores passavam conteúdos estereotipados, lições racistas que reforçavam o negativo em relação à população negra, para assim a manter no seu “devido lugar”, reiterando uma hierarquia racial (HOOKS, 2013).

A compreensão dessas diferenças entre a educação como prática libertária e educação como prática de dominação enfatizada por bell hooks em seu livro Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade é fundamental para a compreensão da realidade contemporânea e o cotidiano de estudantes negras e negros dentro de uma sala de aula racializada. Além disso, bell hooks (2013) descortina em sua obra que a universidade também se tornou um lugar que reforça os estereótipos, bem como práticas racistas de dominação epistemológica, tal como infere o pensador Boaventura de Sousa Santos (2017) em seu escrito sobre o pensamento abissal. Nele, o autor aborda a dominação que o Norte global detém sobre o Sul global no campo do saber. Desta forma, nos perguntamos: o que fazer para que o Sul saia dessa encruzilhada de dominação epistemológica perpetrada pelo Norte? bell hooks (2013) infere que

A educação como prática da liberdade é um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender. Esse processo de aprendizado é mais fácil para aqueles professores que também creem que sua vocação tem um aspecto sagrado; que creem que nosso trabalho não é o de simplesmente partilhar informação, mas sim o de participar do crescimento intelectual e espiritual dos nossos alunos. Ensinar de um jeito que respeite e proteja as almas de nossos alunos é essencial para criar as condições necessárias para que o aprendizado possa começar do modo mais profundo e mais íntimo (HOOKS, 2013, p. 25).

Como observado na citação acima, um dos caminhos para mudar o quadro de dominação epistêmica apontado pela autora parte justamente de um ensino diferenciado, ou seja, da necessidade de implementar a educação como prática libertária, ideia essa fortemente influenciada e conceitualizada por Paulo Freire.

Na obra de bell hooks fica nítido o quanto a teoria de Freire foi fundamental e potencializou a busca da autora por uma educação como prática libertária. Além disso, os escritos de Freire proporcionaram à autora uma compreensão muito maior em relação à educação que ela teve na infância nas escolas ainda segregadas. Isso se deu, especialmente, quando bell hooks começou a nomear os acontecimentos, sentimentos e processos que vivenciava à sua volta, e que a perpassavam enquanto mulher, negra, professora, escritora e pesquisadora.

Portanto, quando Freire fala de uma educação para a autonomia e de uma educação libertária, bell hooks, a partir desses marcos, tende a olhar para a sua trajetória e percebe nas escolas segregadas a potência que os professores negros tinham em relação a uma educação antirracista. O olhar atento sobre sua trajetória histórica marcada pela violência racial e de gênero, sexista e altamente classista acabaram constituindo um dos principais alicerces para a criação de uma consciência crítica e de lutas antirracistas em defesa do feminismo negro na sociedade estadunidense.

Apesar do olhar antirracista ser visceral na abordagem de bell hooks, a autora também fez duras críticas ao feminismo enquanto uma categoria de discurso feita e ouvida só por e entre homens brancos e mulheres brancas, ressaltando a importância de falar sobre a experiência diaspórica e ancestral feminina negra. Para bell hooks, a falta de “disposição de abordar o ensino a partir de um ponto de vista que inclua uma consciência de raça, sexo e classe social tem suas raízes, muitas vezes, no medo de que a sala de aula se torne incontrolável, que as emoções e paixões não sejam mais represadas” (HOOKS, 2013, p. 55).

Além de a escola da educação básica e a universidade terem marcado a trajetória de bell hooks (2013) como espaços e instituições de reprodução e legitimação dos valores dominantes, na pós-graduação a autora se depara com um ambiente entediante, que não a representava, assim como não representava a sua história. Era um espaço que, segundo ela, não permitia que as pessoas da classe baixa falassem/pensassem/construíssem conhecimentos a partir das suas trajetórias socioculturais, de suas experiências, ainda mais sendo ela uma mulher negra e de periferia. Lembramos que embora bell hooks (2013) fale do contexto estadunidense do século XX, é possível constatar essa postura na base curricular de muitos cursos de graduação e pós-graduação no Brasil e no mundo — o que de certa maneira configura aquilo que Quijano (2005) denominou de colonialidade do saber e do poder. Nessa senda, como forma de protesto para acabar com essa postura na base curricular, Freire (2019) aponta que:

Nosso objetivo é chamar a atenção dos verdadeiros humanistas para o fato de que eles não podem, na busca da libertação, servir-se da concepção “bancária”, sob pena de se contradizerem em sua busca. Assim como também não pode esta concepção tornar-se legado da sociedade opressora à sociedade revolucionária (FREIRE, 2019, p. 92–93).

De um lado temos a denúncia de Paulo Freire (2019) sobre a necessária desconstrução da educação elitista, sexista, racista, dominante e colonial, que atualmente se configura como hegemônica, construída e perpetuada a partir do processo de colonialidade do saber e do poder. Do outro, temos bell hooks (2013) compartilhando conosco seus processos e vivências enquanto estudante com pensamento crítico, na construção de sua trajetória política, social e profissional, atuando enquanto professora, pesquisadora, escritora e militante nas questões de gênero, classe e raça. bell hooks nos traz grandes aprendizados, possibilidades críticas, dicas, sugestões e exemplos de como construir uma educação transgressora e libertária para o entusiasmo e prazer na transformação de cada um de nós e da sociedade de um modo geral.

Do mesmo modo, Jorge Enrique García Rincón, em seu artigo intitulado Educação Própria, Educação Libertadora ou Pedagogia da Desobediência nas Comunidades Afro do Pacífico Sul Colombiano, traz uma abordagem processual sobre o impacto da prática da pedagogia libertária, utilizada pelas professoras e professores da comunidade Afro-Colombiana, como forma de resistir à prática de homogeneização da educação nos territórios da Colômbia. Rincón enfatiza as dificuldades e possibilidades que as Comunidades Afro-Colombianas enfrentavam para constituir uma educação própria, que valoriza o desenvolvimento das suas identidades culturais, sociais e raciais, diferentemente daquilo que foi instituído pelo Estado Colombiano como oficial, e que ensinava mais sobre as epopeias do Ocidente do que sobre a cultura dos povos nativos, ou seja, dos povos indígenas e Afro-Colombiano.

Para elucidar melhor esse processo, Rincón (2015) fez uma analogia histórica sobre o processo colonial escravista na Colômbia, demonstrando como as ideias colonizadoras ainda são reproduzidas na sociedade contemporânea, principalmente por uma parcela das elites nacionais, que utilizam discursos racistas e xenofóbicos para caracterizar e classificar as populações afrodescendentes como pessoas inferiores em relação aos brancos e seus descendentes. Perante esta situação, conforme Silva (2019), a escola não deveria estar isenta desses debates, uma vez que

[...] repensar a normatividade da branquitude tão presente no imaginário da instituição torna-se uma tarefa, além de necessária, primordial. A manutenção do status da tradição por ela sustentado reforça a ideia do mérito, conforme visto. Ademais os mecanismos utilizados pela escola encerram por legitimar no campo das interações entre jovens negros(as) e brancos(as) a existência dessa normatividade. Muito se tem discutido a respeito das desigualdades sociorraciais e do efeito do racismo nos últimos anos. Contudo, ainda hoje, podemos perceber que essa discussão, na maioria das vezes, está circunscrita, em última instância, à responsabilização do indivíduo (SILVA, 2019, p. 214).

Ademais, Rincón (2015) ressaltou que os Afro-Colombianos, além de serem subestimados pelo regime colonial, eram desprovidos da cidadania (direitos civis, políticos e sociais) nos períodos escravistas, porque eram considerados como sujeitos que não pertenciam à raça pura (branca). Dessa forma, “[...] a colonialidade como categoria de dominação não apenas impediu o acesso da população negra à educação, mas também negou a capacidade de construção de conhecimentos pelas comunidades, e suas formas de saberes foram deslegitimadas e invisibilizadas” (RINCÓN, 2015, p. 74).

A fim de inverter esse quadro, professores e professoras que atuaram nas escolas comunitárias Afro-Colombianas tiveram contato com a pedagogia libertária de Freire e com as teorias decoloniais da educação. Isso fez com que adotassem um sistema de ensino diferenciado, que passou a ser chamado de pedagogia da desobediência. A pedagogia da desobediência é uma forma de resistência contra a prática neocolonialista do Estado em relação às populações negras e pobres. Ademais, a pedagogia libertária utilizada de forma transgressora pelas(os) professoras(es) possibilitou uma nova percepção sobre os estudantes, que passaram a ser considerados sujeitos ativos, com potencial para transformação da realidade social (FREIRE, 2019; HOOKS, 2013; RINCÓN, 2015). Tal como aponta Rincón (2015):

Ter clareza conceitual é muito importante para o desempenho dos professores em geral, mas especialmente para um professor da diáspora africana, pois sua formação universitária padronizada os colocou na posição de repetidores de noções oficiais, em muitos casos em sério prejuízo de seu próprio povo. Analisar e problematizar os conceitos básicos que circulam nos discursos educacionais atuais com o objetivo de identificar sua origem e os interesses daqueles que os promovem (RINCÓN, 2015, p. 82).

A pedagogia da desobediência e/ou a pedagogia libertadora foram constituídas a partir de uma abordagem social, política e cultural, com propósito de resgatar os valores da comunidade e dos povos tradicionais, diferentemente das instituições escolares ocidentalizadas, nas quais o ensino está sob orientação da lógica do discurso da meritocracia e de reprodução da ideologia dominante. Os professores e as professoras que lecionam nas comunidades Afro-Colombianas desenvolveram uma relação afetiva e culturalista com a comunidade, com base na valorização da identidade, tradições culturais e ancestrais afrodescendentes (RINCÓN, 2015).

O modelo do ensino dessas abordagens pedagógicas é baseado na ideia de Freire do diálogo como prática da liberdade. Dessa maneira, o professor “não apenas se apropria de seu papel como educador, mas também como parte da tradição, cultura e pensamento decolonial. Sua tarefa é criar cenários de debate dentro da comunidade como uma estratégia para a identificação e o desenvolvimento de interesses coletivos” (RINCÓN, 2015 p. 84).No entanto, o caminho percorrido pela sociedade, pela educação escolar formal e, principalmente, pelos movimentos sociais tem nos provocado e nos convocado constantemente a desobedecer e/ou a transgredir o modelo hegemônico, bem como a questionar os conhecimentos (re)produzidos nos currículos escolares e a função social da escola e da universidade.

Contudo, ainda urgem as seguintes inquietações: de onde vieram os conhecimentos que foram colocados nos currículos? Quem realizou a seleção? Para quê e a quem servem esses conhecimentos? Esses são alguns dos questionamentos postos especialmente por movimentos sociais às escolas e às universidades.

Uma das formas de se contrapor a esses conhecimentos ocidentais impostos às populações do Sul perpassa justamente a criação de projetos educacionais com base nas políticas e/ou práticas decoloniais, libertadoras e de resistência, como esse das comunidades Afro-Colombianas analizadas por Rincón (2015). Tais projetos são construídos pela, com e para a comunidade, a partir de estratégias, práticas e pedagogias transgressoras, insubmissas, rebeldes, desobedientes aos documentos oficiais que reforçam a colonialidade e a desumanização das pessoas e coletivos das classes baixas (RESTREPO E ROJAS, 2010; RINCÓN, 2015; WALSH, 2009). Tudo isso atrelado a um projeto multicultural e intercultural, integrador e emancipatório, tal como veremos a seguir.

Movimentos Sociais: Educação, Multiculturalismo e Interculturalidade Crítica

Os movimentos sociais populares no Brasil, na América Latina (e quiçá em diferentes partes do mundo) têm muitas inspirações nos estudos e reflexões de Paulo Freire, intelectual conhecido por acreditar na educação como ferramenta para a emancipação e transformação da realidade dos sujeitos oprimidos. Nesse sentido, Catherine Walsh (2009) traz alguns questionamentos e aprendizados sobre o papel da educação na complexa conjuntura em que vivemos e pensamos, utilizando o conceito de interculturalidade crítica como contraste e como possibilidade de construção de uma pedagogia decolonial, que se opõe radicalmente à manutenção da matriz colonial nos saberes e fazeres, e nas relações e estruturas sociais.

Partindo disso, é importante frisar e reafirmar que a colonização foi um dos principais responsáveis pela transformação global da sociedade, e também pelas mazelas do capitalismo social moderno, iniciado com a invasão da América Latina e depois se expandindo por todos os continentes (QUIJANO, 2005).

Catherine Walsh (2009), em seu artigo intitulado Interculturalidade Crítica e Pedagogia Decolonial: in-surgir, re-existir e re-viver, busca compreender a colonialidade do poder na sociedade moderna através da lógica do multiculturalismo neoliberal, em relação à interculturalidade de corte funcional de matriz colonial. O discurso da interculturalidade, segundo a autora, foi problematizado a partir da perspectiva crítica da pedagogia decolonial, pautado no questionamento, transformação, intervenção, ação e criação de estratégias opostas à lógica de colonialidade e do capitalismo neoliberal em que estamos inseridos. Catherine Walsh (2009) também ressaltou que as pessoas são educadas para aceitar a lógica ocidental de dominação e do eurocentrismo como algo natural e hegemônico, a partir da qual todas as sociedades deveriam se constituir, e aqueles que se contrapõem às práticas de colonialidade e de exploração (da pessoa pela pessoa) muitas vezes são vítimas de perseguições e/ou silenciamento.

Nessa perspectiva, a autora recorre ao conceito de raça como elemento primordial para constituição e classificação das sociedades na América — que continua sendo reforçado até os dias atuais através da colonialidade do poder que diferencia e estabelece uma hierarquia racial — o mesmo conceito analisado por Quijano (2005) em sua ilustração acerca da suposta superioridade ‘natural’ expressa “numa operação mental de fundamental importância para todo o padrão de poder mundial, principalmente com respeito às relações intersubjetivas” (QUIJANO, 2000, p. 210 apud WALSH, 2009, p. 14). Esse conceito também foi utilizado na caracterização binária entre colonizador e colonizado para justificar e legitimar práticas de dominação e exclusão dos outros (os colonizados), sobretudo a partir das seguintes classificações sociais:

[...] oriente-ocidente, primitivo-civilizado, irracional-racional, mágico/mítico-científico e tradicional-moderno justificam a superioridade e a inferioridade — razão e não razão, humanização e desumanização (colonialidade do ser) — e pressupõem o eurocentrismo como perspectiva hegemônica (colonialidade do saber) (WALSH, 2009, p. 15).

Essas foram e ainda são algumas das estratégias racistas e xenofóbicas criadas ao longo do processo da dominação colonial, ainda utilizadas para legitimar ações e práticas da colonialidade do poder sobre países em desenvolvimento, principalmente da América Latina e da África.

Segundo Quijano (2005), a classificação social por meio da categoria racial não é algo recente da sociedade moderna, ao contrário, é uma prática antiga e colonial que iniciou antes do século XV, e que foi globalmente expandida pelo capitalismo e suas teorias de classificação dos países.

Partindo deste pressuposto, Catherine Walsh (2009) conceituou a prática racial de classificação das pessoas como a desumanização racial da modernidade, salientando que as pessoas foram desprovidas das suas histórias, culturas, tradições e religião por conta desta prática. Ainda, a autora considera que “a dupla modernidade-colonialidade historicamente funcionou a partir de padrões de poder fundados na exclusão, negação e subordinação e controle dentro do sistema/mundo capitalista, hoje se esconde atrás de um discurso (neo)liberal multiculturalista”. (WALSH, 2009, p. 5). Com base na criação dos projetos e políticas de “inclusão”, do consumo e da globalização do capitalismo econômico como forma de esconder as diferenças raciais criadas pelo Ocidente, como diria a socióloga e professora Avtar Brah, “a ‘raça’ ainda atua como um marcador aparentemente inerradicável de diferença na relação social” (BRAH, 1996, p. 331) entre as pessoas.

Diante disso, ao contrário do que quer a lógica de colonialidade do poder, é importante enfatizar que já foram criadas teorias críticas com propósito de desvendar algumas narrativas falsamente construídas pelos colonizadores ocidentais sobre os povos colonizados. A interculturalidade crítica foi parte deste processo pedagógico por meio das reflexões e críticas acerca das práticas de hierarquização racial, subalternização, inferiorização e colonialidade do poder. Segundo Catherine Walsh (2009), a pedagogia crítica procura dialogar com

[...] os antecedentes críticos-políticos, ao mesmo tempo em que partem das lutas e práxis de orientação decolonial. Pedagogias que enfrentam o que Rafael Bautista (2009) colocou como “o mito racista que inaugura a modernidade [...] e o monólogo da razão moderno-ocidental”; pedagogias que se esforcem para transgredir, deslocar e incidir na negação ontológica, epistémica e cosmogónico-espiritual que foi – e é - estratégia, fim e resultado do poder da colonialidade; isto é, “pedagogia(s) de-colonial(ais) (WALSH, 2009, p. 27).

Por isso, é importante enfatizar que a teoria crítica possibilitou grandes avanços, sobretudo no que diz respeito às produções das literaturas contra-hegemônica e de resgate aos valores historicamente ocultados pelo processo de dominação colonial. Portanto, alguns autores(as) como bell hooks (2013), Freire (1997), Catherine Walsh (2009), Restrepo e Rojas (2010) consideram a decolonialidade como um processo de luta, de ruptura e de resistência contra as práticas de colonialidade do ser e do conhecimento, a favor das práticas culturais dos que foram submetidos às práticas colonialistas ocidentais.

Os conhecimentos colonizados, os “[...] seres, territórios e populações são epistêmica, ontológica e socialmente inferiorizados pelo olhar colonialista. São lugares e experiências que se constituem como exteriores à modernidade (não-moderna), numa lógica de negatividade (de inferiorização)” (RESTREPO; ROJAS, 2010, p. 132). As práticas de negação da história e de classificação dos povos colonizados como desprovidos dos conhecimentos foram historicamente utilizadas como mecanismo para classificar produções oriundas dos países colonizados como inferiores em relação aos que foram produzidos nos países do Norte global (EUA e Europa), sejam elas acadêmicas, políticas, sociais ou culturais.

É o eco da “diferença como relação social” que reverbera quando legados da escravidão, do colonialismo ou do imperialismo são invocados; ou quando a atenção se volta para a “nova” divisão internacional do trabalho e o posicionamento diferencial de diferentes grupos dentro de seus sistemas de produção, troca e consumo, em contínua evolução, que resultam em desigualdades massivas dentro e entre várias partes do globo (BRAH, 1996, p. 363).

Por isso, as teorias decoloniais adotaram como um dos principais pontos de partida dos seus estudos o questionamento da superioridade europeia, bem como da dominação de poder que o Norte global detém sobre o Sul global, como forma de resgatar histórias, culturas, tradições e saberes tradicionais dos povos colonizados para somar aos debates atuais dentro das Ciências Sociais e Humanas. Segundo Catherine Walsh (2009), perante aos desafios atuais é de extrema importância

[...] uma perspectiva crítica da interculturalidade, que se encontra enlaçada com uma pedagogia e práxis orientadas ao questionamento, transformação, intervenção, ação e criação de condições radicalmente distintas de sociedade, humanidade, conhecimento e vida; isto é, projetos de interculturalidade, pedagogia e práxis que assumem a perspectiva da decolonialidade (WALSH, 2009, p. 13-14).

 Portanto, os projetos de interculturalidade crítica e decolonialidade se contrapõem à lógica dos mecanismos de controle do trabalho e da produção global da sociedade. Tais mecanismos são perpetrados pela colonialidade do poder (QUIJANO, 2005) e pelo capitalismo oriundo do processo histórico da exploração de mão de obra escravizada, em que também se verifica a colonialidade do poder como determinante para a “distribuição geográfica de cada uma das formas integradas no capitalismo mundial” (Ibidem, p. 120). “Em outras palavras, determinou a geografia social do capitalismo: o capital, na relação social de controle do trabalho assalariado” (Ibid.) e de monopólio dos recursos oriundos dos países não hegemônicos, principalmente do Sul global.

[4] Para não cair no apagamento epistemológico, ao longo deste trabalho as autoras citadas serão referenciadas com nomes e sobrenomes, por ser entendido que, na maioria dos casos, os sobrenomes referem-se ao masculino. Por isso, decidimos adotar essa estratégia como forma de dar mais visibilidade às autoras citadas no texto.

Conclusiones:

Conforme observado ao longo do texto, é necessário traçar novos caminhos para a educação, pensando num projeto intercultural e decolonial. A ideia de civilização unilateral pregada pelo Ocidente com base na codificação da raça foi o principal conceito utilizado para caracterização do outro como inferior e/ou não civilizado, em detrimento da superioridade da cultura e do povo europeu. Esse foi o ponto de partida para a hierarquização dos povos a partir da ideia do estado de natureza.

Contudo, vimos que atualmente é cada vez mais notável o poder de dominação epistêmica que os países colonizadores detêm sobre os países colonizados. Desta feita, urge a necessidade de colocar em prática as várias vertentes dos estudos sobre a modernidade e a colonialidade, no sentido de nos contrapormos a todas as práticas de dominação perpetradas pelo Ocidente.

Compreendemos que nossas principais ferramentas para combater essas práticas de dominação se encontram nas pesquisas, investigações, componentes curriculares, temáticas de estudos, projetos educacionais, vivências e organização com os movimentos sociais que reflitam sobre a dominação epistemológica dentro de uma perspectiva intercultural e decolonial, no sentido de ajudar a quebrar o paradigma estabelecido. Assim, ressaltamos a urgência da inclusão dos estudos decoloniais na formação inicial, nas universidades, na pós-graduação e na formação continuada das/dos profissionais da educação básica, contribuindo para a construção de práticas e teorias pedagógicas para uma educação antirracista, antissexista e decolonial.

E como bem nos traz Mignolo (2007), o giro decolonial como abertura e liberdade de pensar, de viver, de ser, e como ruptura com as retóricas da modernidade e com o imaginário imperial e colonial que habitam o nosso ser e o nosso saber, também atua como mecanismo de constituição de uma sociedade mais igualitária, livre para todas e todos.

Também Catherine Walsh, dialogando com Freire e Fanon, nos convoca ao “[...] pensar e agir pedagógicos fundamentados na humanização e descolonização; isto é, no re-existir e re-viver como processos de re-criação” (WALSH, 2009, p. 37-38), que só serão possíveis com a construção de pedagogias que estimulem a luta e a transformação social, e que construam outros caminhos.

Em suma, foram esses alguns dos elementos que pudemos constatar e contrastar em relação à dominação cultural, epistemológica, do poder e do ser do Norte sobre o Sul. Embora acreditemos que nossa narrativa não seja tão nova no seio do mundo acadêmico, ainda assim defendemos que as mudanças são urgentes e devem começar imediatamente. Os desafios acerca do debate para a quebra da dominação dos conhecimentos ocidentais anunciam a necessidade e o começo de outras práticas, no sentido de traçarmos um futuro melhor para a nossa sociedade.

            Sendo assim, por meio das nossas abordagens inferimos que as práticas e as teorias pedagógicas decoloniais, antirracistas e feministas nas universidades, assim como na educação básica, têm sidos subalternizadas — fato preocupante, pois, apesar da libertação do jugo colonial, ainda somos colonizados mentalmente na pós-colonialidade, respondendo às epistemologias e às formas curriculares advindas do Ocidente sem grandes questionamentos.

Tal como outras pensadoras e pensadores que se preocupam com o futuro da educação no Sul, este artigo procurou contribuir para o debate da decolonização do saber. Para tanto, apresentamos no âmago da discussão o papel fundamental de autoras e autores decoloniais na contraposição à dominação existente. Com isso, proporcionamos uma leitura consistente de perspectivas críticas à epistemologia moderna, visando alterar as epistemologias dominantes e confrontá-las enquanto paradigmas estabelecidos pelo Ocidente com raízes coloniais.

AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer o Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica (CAPA – www.capa.ufpr.br) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) pela revisão de língua portuguesa.

Bibliografía:

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BRAH, Avtar. Difference, Diversity, Differentiation. In: BRAH, Avtar. Cartographies of Diaspora: Contesting Indentities. Traduzido pelo comitê editorial dos cadernos pagu - Longon/New York, Routledge, 1996. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: editora Paz e Terra, 67 edições, 2019.

HOOKS, Bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla – São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013.

MIGNOLO, Walter. El Pensamiento Decolonial: desprendimiento y apertura (Un Manifiesto). In: CASTRO-GÓMEZ, S.; GROSFOGUEL, R. (Orgs.). El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Instituto Pensar, 2007. 

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, Edgardo (Org.). A Colonialidade do Saber: Eurocentrismo e Ciências Sociais perspectivas latino-americanas. Colección Sur-Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Editora CLACSO, 2005. 

RESTREPO, Eduardo; ROJAS, Axel. Colonialidad del saber y geopolíticas del conocimiento. In: Inflexión Decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos. Popayán, Colombia: Editorial Universidad del Cauca, 2010.

RINCÓN, Jorge Enrique García. Educación Propia, Educación Liberadora o Pedagogía de la Desobediencia en las Comunidades Afro del Pacífico Sur Colombiano. In: MALGAREJO, Patrícia. M. (Org). Pedagogías insumisas: movimientos político-pedagógicos y memorias colectivas de educaciones otras en América Latina. México: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas-Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica: Educación para las Ciencias en Chiapas: Juan Pablos Editor, 2015.

SILVA, Natalino Neves da. Qual é o valor do ensino médio? Experiências social e escolar de jovens negros(as) e brancos(as). 1 edição – Curitiba: Appris, 2019.

WALSH, Catherine. Interculturalidade crítica e pedagogia decolonial: in-surgir, re-existir e re-viver. In: CANDAU, Vera Maria. Educação intercultural na América Latina: entre concepções, tensões e propostas. RJ: 7 letras, 2009.

Palabras clave:

Educação. Decolonialidade. Interculturalidade.

Resumen de la Ponencia:

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O ensaio busca destacar a importância do tema do subdesenvolvimento como debate político na América Latina e, no Brasil, também como bandeira de lutas de Leonel Brizola (1922-2004) no período de 1945-1964. Apoiando-se em discursos e conferências proferidos pelo líder trabalhista brasileiro em 1947 e 1961, procuramos demonstrar como o tema do subdesenvolvimento, que aparecia nos discursos pelo debate sobre a pobreza e as condições de vida era mobilizador do debate político da América Latina e mobilizado por diversos e amplos setores sociais interessados em construir um discurso que pudesse se colocar de modo hegemônico na sociedade e no Estado. Neste espectro, Brizola nasceu politicamente tendo o combate ao subdesenvolvimento como bandeira e assim permaneceram até 1964, no caso brasileiro, quando os acontecimentos políticos do período interromperam a democracia, o mesmo se passando na América Latina em tempos diferentes, com a instalação de ditaduras em diversos países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e outros. Brizola, que foi uma importante liderança política brasileira no período, adotava a superação da dependência da América Latina dos países centrais, mais especificamente dos EUA, como bandeira de lutas, construindo uma plataforma política baseada na denúncia da pobreza e das péssimas condições de vida dos trabalhadores como consequências do subdesenvolvimento latino-americano, a quem atribuía responsabilidade por drenar os frutos do trabalho para os países centrais, traduzindo politicamente os conceitos construídos pela CEPAL de termos de troca, substituição de importações, dependência e outros, os quais ele dominava e eram tanto norteadores de suas intervenções como também a própria denúncia política em si, reforçando a hipótese de que o subdesenvolvimento e as condições de vida eram o principal debate político latino-americano para amplos setores da sociedade de então. É o que procuraremos demonstrar ao longo do trabalho.

Introducción:

O presente ensaio busca destacar o tema do subdesenvolvimento, uma das principais bandeiras de lutas de Leonel Brizola e que, em nosso ver, também era o tema central do debate político do período entre 1930-1945, ora aparecendo sobre a forma das “condições de vida”, ora como “espoliação”, como preferia o líder trabalhista gaúcho, mas sempre norteando a atuação política de amplos setores daquele período histórico. 

Ao longo de sua trajetória, o tema da emancipação nacional acompanhou a luta política de Brizola até o fim de sua vida. Neste trabalho, veremos somente três passagens, uma de 1947, de quando ainda era deputado e outras duas, mais conhecidas, de 1961, já depois dos eventos da Campanha da Legalidade e, portanto, em uma posição mais radicalizada da luta política no Brasil. 

Em todos os casos, o que une as passagens é o domínio que Brizola tinha destes conceitos e como eles eram tanto norteadores de suas intervenções como também a própria denúncia política em si, reforçando nossa hipótese de que o subdesenvolvimento e as condições de vida eram o principal debate político do período para amplos setores da sociedade de então. É o que procuraremos demonstrar ao longo do trabalho. 

Ensaios, no entanto, são um modelo de trabalho científico que tem por finalidade apontar grandes panoramas de ideias, formular problemas, sem, contudo, esgotar o assunto, mais deixando questões em aberto do que as resolvendo e este não foge à regra. Em termos metodológicos, nossa intenção foi a iniciar o debate, abrir espaços para que pesquisas outras possam se aprofundar tanto sobre Brizola quanto sobre o desenvolvimentismo, que é praticamente uma linhagem política brasileira. Neste sentido, nos apropriando da definição de Barrington Moore Jr (1983), o presente ensaio se assemelha a um “mapa em grande escala”, que busca localizar o debate em uma teia de acontecimentos maior, abrindo caminho para outras pesquisas detalharem melhor o terreno que aqui exploraremos panoramicamente. 

Daí a escolha dos três discursos aqui utilizados para explorar a visão de Brizola sobre o tema: todos versam sobre a questão das condições de vida, ainda que em momentos e com profundidades diferentes, nos ajudando a ver como tais ideias evoluíram junto com a atuação do líder gaúcho. 

Por fim, importante destacarmos que, ainda que não tenham sido citados diretamente, os trabalhos de Brigadão e Ribeiro (2015), Marco Antonio Medeiros Silva (2015), Gilberto Vasconcelos (2005) foram consultados e, portanto, referenciados, pois são fontes importantes para se compreender o pensamento e a atuação de Brizola, entre muitos outros dignos de destaque.

 Feita esta introdução, passemos ao estudo do objeto em si deste ensaio.

Desarrollo:

Brizola e as condições de vida: um projeto de nação para superar o subdesenvolvimento

Diversos e importantes analistas do pensamento e da atuação política de Brizola, além do farto material colecionado sobre seus discursos e intervenções, nos permitem acessar a obra política do líder trabalhista por diversos ângulos. Nossa intenção é enfatizar o debate sobre a pobreza e as condições de vida e como elas se articulam no discurso de Brizola , em muito porque era uma bandeira do PTB que ele próprio ajudou a elaborar, em partes porque a carestia era a “questão política” nacional naqueles tempos. 

Octávio Ianni (1989) entende que, após a Revolução de 1930, o proletariado, que até então era tratado como uma “questão de polícia”, passa a ser encarado de outra forma, que o próprio Vargas resumiu na expressão “questão política”. Isso porque, no processo de formação e consolidação do capitalismo industrial tornou-se imperativo a inclusão da classe operária na dinâmica capitalista, na medida em que nela se concentrava a força produtiva necessária para impulsionar a indústria.

E é esta ideologia da “paz social”, da harmonia e da parceria entre capital e trabalho que moldará o pensamento e a ação de Estados e industriais nas relações com o proletariado, seja através da legislação trabalhista, do reconhecimento dos sindicatos e, principalmente, do salário-mínimo. Não sendo mais possível ignorar as desigualdades e a luta entre as classes desiguais, reforçar o modelo de parceria pacífica era fundamental para a consolidação do capitalismo industrial brasileiro.

No mesmo diapasão, Ângela Maria de Castro Gomes (1978), aponta que a Revolução de 1930 foi um marco na medida em que inaugurou uma nova era nas relações capitalistas, com o modelo industrial de acumulação ganhando a dianteira em relação à agricultura, reorganizando, também, a linha argumentativa e de ação da burguesia industrial na busca de seus interesses.  A questão das condições de vida e seu enfrentamento já faziam parte, segundo a autora, da preocupação dos formuladores das teses políticas da Aliança Liberal, constando inclusive de seu manifesto, no entanto abordadas por um viés de naturalidade, de consequência da expansão capitalista. Após a chegada ao poder, fez-se necessário incorporar a parcela excluída da sociedade no nascente projeto hegemônico. (GOMES, 1978, p. 311).

Como se vê, portanto, as condições de vida e o subdesenvolvimento eram questões políticas correntes no Brasil daqueles tempos, iniciando os debates nos anos 1930 e seguindo pelas décadas seguintes, em muito pela atuação de Brizola e do PTB. 

Sobre a formação do PTB e sua importância política para a formação de suas lideranças, Cánepa (2005) afirma que, desde sua fundação e ao longo do período de 1945-1964, o PTB do Rio Grande do Sul enraizou-se socialmente, a partir de lideranças como Jango, Brizola e outros, o que teria sido decisivo para que o partido no Rio Grande do Sul fosse a sessão mais destacada, incorporando as questões nacionais dentro das regionais.  

Ainda, Miguel Bodea (1992) entende que Brizola não era um líder “populista”, mas uma liderança que, tal como o trabalhismo, transcendia sua formação partidária e eleitoral para se colocar como uma força social, indo além de sua liderança – e sua liderança indo além das questões políticas regionais (BODEA, 1992, p. 179). Em importante diálogo teórico com o conceito de populismo, que aqui trataremos apenas de passagem, o autor entende que a liderança de Brizola não se deu pela ligação direta com as massas, mas sim baseado em uma estrutura partidária forte e organizada que permitiu a Brizola se identificar e ser identificado com a própria ideologia trabalhista. 

Por sua vez, Roberto Bitencourt da Silva (2011) entende que Brizola, Jango e outros políticos riograndenses do PTB tinham uma concepção partidária que, para além da representação das demandas políticas, incluía uma doutrinação política das massas aos valores e ideias por eles defendidas. O autor afirma que, até o golpe militar de 1964, o PTB e suas lideranças sempre mantiveram a defesa da ideia de reformas, ainda que cada uma de suas lideranças fizesse tal enfrentamento a seu modo e estilo: Jango com uma estratégia parlamentar, Brizola buscando a democracia direta (SILVA, 2011, p. 190-191).

Bodea (1992) credita ao positivismo e sua incorporação e adaptação pela ideologia trabalhista por meio de Brizola e de outras lideranças trabalhistas gaúchas é que abre espaço para que o tema das condições de vida do proletariado se torne uma questão política, sendo agregado aos discursos e análises políticas do período.

Sobre esta questão, Jorge Ferreira (2016), em importante obra (FREIRE e FERREIRA, 2016) – cujas análises vão ao encontro de parte dos argumentos que aqui lançamos no tocante às questão da bandeira do subdesenvolvimento, ainda que os autores caminhem mais pela atuação política de Brizola, enquanto nossa hipótese é mais voltada a reforçar o desenvolvimentismo como questão política chave do período e como uma das bandeiras do líder gaúcho – aponta que Brizola estava antenado com as teorias mais recentes daqueles tempos sobre as razões do subdesenvolvimento latino-americano, associando a pobreza dos países latinos com a exploração estrangeira dos grandes centros.

Liderando a ala mais radical do PTB, para Brizola o Brasil era um país dotado de riquezas, mas com um povo pobre (FERREIRA, 2016, p. 27), pois estaria estruturado de modo a produzir e a enviar suas riquezas para os grandes centros, atrasando, quando não impedindo, nosso desenvolvimento. Adotando a luta contra a espoliação, o modo como se referia aos mecanismos promotores do subdesenvolvimento, Brizola entendia que somente um projeto de reformas - as “reformas de base” - que alterasse as estruturas sociais e econômicas nacionais, fazendo romper com a exploração externa.

Colocada a questão do ponto de vista teórico, vejamos nos discursos do próprio Brizola como estes temas acima relacionados aparecem em suas intervenções políticas. 

Combater o subdesenvolvimento: a bandeira de Brizola

Separamos para este ensaio três discursos, feitos em tempos e circunstâncias diferentes por Brizola, procurando evidenciar seus argumentos em relação aos temas aqui relacionados: condições de vida, pobreza, subdesenvolvimento. O primeiro deles, de 1947, de quanto ainda era Deputado Estadual pelo Rio Grande do Sul, em uma situação política tensa, mas ainda distante da radicalização dos anos 1960, o líder trabalhista já alinhavava os conceitos que acabariam por moldar a própria atuação do PTB enquanto partido.

Os outros dois, mais famosos, são conferências feitas a jovens da Escola Júlio de Castilho e para a Junta Acadêmica Regional do Oeste Paulista e Norte Paranaense, ambas em 1961 e depois dos eventos da Campanha da Legalidade e já apresentam argumentos mais consolidados e radicalizados, tendo como centro as reformas de base em debate naquele período e que eram o centro do programa do PTB, como vimos acima nas contribuições de Cánepa (2005), Bodea (1992) e Ferreira (2016).

A mensagem do discurso proferido na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 1947, período de Assembleia Constituinte Estadual, é clara: não se pode falar em democracia se o povo vive na miséria. 

Todos os estudiosos de nossos problemas sociais são unânimes em ressaltar o baixo padrão de vida, as dificuldades e a ignorância, em que se debatem as classes mais empobrecidas. Essas classes, Sr. Presidente, englobadas, constituem a imensa maioria do povo brasileiro, o que se pode constatar pela simples verificação do ridículo coeficiente médio de nosso poder aquisitivo. Ou então, se atentarmos para as nossas condições de saúde e para o analfabetismo, fácil é concluir que, dos nossos tão cantados 45 milhões de habitantes, possivelmente, em condições plenas para o trabalho, talvez nem sequer 3 milhões nos restem. E, então, Sr. Presidente, como deveremos encarar o conceito de democracia, numa sociedade de tal natureza? Apenas nos reservamos em dizer que toda a política não orientada para o reerguimento da grande massa do povo brasileiro, do pauperismo em que vive, portanto, orientada para as questões sociais, não é política da maioria e, portanto, não pode ser democrática.” (BRIZOLA, 1947, apud BRAGA et al, 2004, p. 343). 

É digno de registro, ainda que o tema esteja contido na citação acima, a constatação de Brizola de que a conciliação trabalho-estudo dependia de “favoritismos” dos patrões, pois não havia regulamentação legal que permitisse aos jovens equacionar trabalho e estudo em condições que lhes fossem favoráveis, ficando tais arranjos na dependência “(...) da maior ou menor magnanimidade dos chefes de serviço”, ainda que a maioria dos jovens compusessem a classe trabalhadora, portanto, eram obrigados a trabalhar, ainda que em detrimento de sua própria formação. O resultado, a seu ver, seria a conversão de toda uma geração de jovens em pessoas “sem espírito de iniciativa”, como que roubadas da energia da juventude, toda consumida pelo trabalho. (BRIZOLA, 1947, apud BRAGA, ANO, p. 346 e seguintes). E encerra a reflexão com a pergunta final:

É justo, humanamente justo, patrioticamente justo, que somente a minoria, filhos da fortuna, cercados de todas as garantias, possa realizar as suas aspirações, e os filhos da pobreza somente o consigam, à custa de sua própria saúde, ou então, inexoravelmente, morram na ignorância? Esta pergunta, há longos anos temos repetido. Não será com essas bases que iremos edificar um regime de igual oportunidade, como constitui a democracia. (BRIZOLA, 1947, apud BRAGA et al, 2004, p.347)

As transcrições acima apontam para a hipótese de que as condições de vida eram uma questão política, na medida em que refletia a consciência de parte das lideranças políticas do período de que a pobreza e a baixa produtividade da economia nacional, as péssimas condições de trabalho, de saúde, de moradia, enfim, o conjunto da obra da miséria nacional não só era um impeditivo para nosso desenvolvimento, como também era uma questão geradora de tensões políticas e sociais que não podia mais ser ignorada.

Em outra passagem importante, que se deu anos depois da intervenção na Assembleia Legislativa gaúcha e depois da campanha da Legalidade – portanto, em um ambiente já mais radicalizado – Brizola (1961, apud BRAGA, 2004, p. 510), então governador do Rio Grande do Sul, proferiu uma conferência no Auditório do Colégio Júlio de Castilhos, em 20 de outubro de 1961, com o tema “Subdesenvolvimento e processo espoliativo – atraso, pobreza, marginalização”. 

O título já aponta uma mudança em relação ao argumento anterior: se no discurso de 1946 a discussão aparece como “condições de vida” e em perspectiva genérica, em 1961, amadurecida a questão do subdesenvolvimento e dos efeitos da dependência econômica, o tema já aparece em sua roupagem política: subdesenvolvimento, atraso, pobreza, processo espoliativo, elementos causadores da carestia nacional, o problema nacional prioritário. 

Depois de iniciar a conferência ressaltando a importância da juventude de se inteirar das questões políticas mais urgentes e de colocar-se em neutralidade em relação à guerra fria, entendendo que o Brasil tinha problemas seus e que mereciam maior atenção do que as disputas entre os polos de então, Brizola apresenta o tema sobre o qual irá discorrer na palestra: a pobreza:

Este é um imenso país, um dos maiores do mundo em território, senhor das maiores reservas naturais de que o mundo ainda dispõe, abrigando a maior população latina do mundo. Infelizmente, entretanto, também em pobreza e atraso alcançamos o superlativo: somos dos povos mais pobres do mundo. (BRIZOLA, 1961, apud BRAGA, 2004, p. 512)

Brizola constata e reforça o efeito mais nefasto do subdesenvolvimento nacional: o Brasil era um país rico que tinha um dos povos mais pobres do mundo, com o trabalho mais mal pago, analfabeto, miserável, que vivia em péssimas condições sanitárias e de moradia, faminto, despossuído. Mesmo tendo condições de abrigar parte importante da população mundial, não conseguíamos abrigar nem o povo aqui vivente, oprimidos economicamente pelas seguidas crises econômicas que empurrava o povo para a base da pirâmide social sem condições de emergir (BRIZOLA, 1961, apud BRAGA, 2004, p. 512).

Depois de discorrer sobre a importância, a seu ver, de pensar os problemas brasileiros sem se deixar levar pelas disputas políticas da guerra fria, ou seja, sem defender o liberalismo e nem o marxismo como solução para as questões nacionais, o líder trabalhista se propõe a utilizar mecanismos do socialismo, especialmente a função social da propriedade, justiça nas relações de trabalho, condenar o colonialismo e outros, que ele entendia serem “cristãos”, citando para reforçar esta posição a encíclica Mater et Magistra, de João XXIII, para combater a pobreza. 

A partir de sua experiência como governador, estudando a situação econômica do Rio Grande do Sul, constatou que no Estado, não obstante se produzisse sempre mais, a vida do povo não melhorava em igual proporção, mas o contrário: o trabalhador só se empobrecia. Constatou também que se tratava de um problema nacional e, em limites mais amplos, da própria América Latina. 

(...) Imaginemos o nosso país como se fosse uma grande represa de que a barragem se encontre com seu eixo passando pelo Rio Grande e São Paulo. As áreas dependentes desta barragem estão parcialmente inundadas e aqui, junto à barragem, um sistema de bombas funciona sem parar. (...) Junto à represa a região centro-econômica do Brasil – São Paulo e Rio, a parte mais profunda, onde maior é a reserva de águas. Naturalmente todos os córregos, todos os rios deste país correm para a imensa represa. Todas as chuvas que porventura se precipitarem, para lá se escoarão. E lá estão as bombas, trabalhando incessantemente. Sugando incessantemente. (BRIZOLA, 1961, apud BRAGA, 2004, p. 515)

Direto ao ponto e sem mais metáforas, Brizola expõe a tese: o modelo produtivo brasileiro e da América Latina foi construído para manter a dependência econômica dos países periféricos em relação aos centrais. E, sem “terracear” e “entupir os canais”, não haverá como alterar tal situação:

Meus jovens amigos – vamos resumir: disse-lhes isto para significar que, no meu entender, a estrutura econômico-política de nosso País está orientada no sentido do processo espoliativo. Vou além – e atentem bem para esta afirmação, que considero fundamental: nossa estrutura interna é consequência, é modelada, foi sendo criada insensivelmente para servir ao processo espoliativo internacional, é função do processo espoliativo assim como o fundo da represa foi sendo modelada num complexo de canais para servir ao abastecimento das bombas. Isto nos leva a uma segunda conclusão, ainda mais importante: enganam-se os que imaginam que conseguiremos vencer o círculo vicioso da miséria, realizar reformas de base, alterar nossa estrutura econômico-política interna sem tocar no processo espoliativo. (BRIZOLA, 1961, apud BRAGA, 2004, p. 516/517)

Constatado o problema, falta a solução, não sem antes o alerta de que enfrentar as estruturas do capitalismo mundial requer preparo político, na medida em que os países centrais não aceitarão de bom grado renunciar a estruturas que lhes garantiam a riqueza que faltava aos demais povos do mundo. Na visão de Brizola, o caminho eram as reformas estruturais que pudessem reverter o processo espoliativo sem se descuidar da reação que se seguiria das nações centrais, pois as grandes corporações teriam sobreposto seus interesses inclusive a seus países de origem, que não mediriam esforços, inclusive contando com apoio de políticos ingênuos e corruptos, para manter intactos seus negócios:

Eis o motivo pelo qual firmamos a impressão de que aquela grande nação, a federação de Jefferson e Hamilton, em lugar de ser, hoje, uma federação política, é mais na prática uma federação de corporações econômicas e financeiras. Aí está porque considero ingenuidade sonharmos com reformas, sem nos precavermos contra a reação. Para fazê-las, teremos de estancar o processo espoliativo. Ao prejudicá-lo, teremos atraído contra nós seu poderio – o poderio destas corporações econômicas que, a princípio envolvendo políticos ingênuos e corruptos do Brasil, terminará envolvendo políticos ou corruptos do mundo inteiro. (BRIZOLA, 1961, apud BRAGA, 2004, p. 518)

Uma última passagem da conferência conecta ainda mais os argumentos que procuramos demonstrar acerca de como o tema do subdesenvolvimento era presente no debate político nacional – e em prismas variados. Relatando toda a sorte de ataques que sofreu por parte das grandes corporações e de seus aliados internos, que o acusavam de ser “comunista” por conta de suas ações enquanto governador, Brizola apresenta um argumento já defendido anteriormente por outras lideranças políticas: a de que a pobreza era o principal fator de “promoção" do comunismo no Brasil e na América Latina. 

A grande diferença entre nós e os que nos acusam está em que eles querem combater o comunismo com a polícia, com a violência, com a ilegalidade, com o desrespeito à Constituição e, portanto, com o terrorismo e com a mentira. Querem a implantação do atestado ideológico e querem, principalmente, através destas campanhas odientas, envolver e inutilizar todos os que apontam seus privilégios e querem um Brasil novo e livre. E nós entendemos que a melhor maneira de combater o comunismo está em resolver os problemas que nos afligem. (BRIZOLA, 1961, apud BRAGA, 2004, p. 521)

Insta esclarecer, a despeito da expressão “combater o comunismo”, que pode denotar um viés diferente do que o apresentado na conferência e nas próprias ideias de Brizola, que não era incomum que se abordasse a questão política da pobreza por um prisma não revolucionário ou mesmo não classista, seja pela força da ideia de “união” entre as classes, ou porque era uma forma de se defender da pecha de “comunista”, que em um ambiente polarizado como o de então poria fim ao debate antes dele começar – talvez ambas. Associam suas críticas ao mercado e ao liberalismo desregulado mais a uma posição “anticristã” do que propriamente a uma condição inerente ao próprio capitalismo. Era a doutrina da “paz social”, já aqui debatida pela obra de Angela Maria de Castro Gomes (1979)

Ainda, a incorporação do positivismo no trabalhismo, de acordo com Bodea (1992), também nos ajuda a compreender por que parte das lideranças políticas do período acreditavam na conciliação entre as classes para fazer avançar a questão social, tendo o Estado como mediador dos conflitos, que deveriam ser resolvidos de forma “racional”, com compromissos entre as classes e não antagonismo. O Estado, então, passaria a ser o instrumento de construção das políticas sociais e as classes deveriam buscar sua mediação, usando da racionalidade cientifica e não da disputa política para dirimir seus conflitos.

Em outra conferência proferida no mesmo ano, desta feita para jovens da Junta Acadêmica Regional do Oeste Paulista e Norte Paranaense, em Presidente Prudente/SP, em 25 de novembro de 1961, Brizola retoma o assunto do subdesenvolvimento, conclamando os jovens ouvintes a se levantarem contra a “espoliação” que “marginalizava e brutalizava” o povo, ressaltando sua visão de que a pobreza, o efeito mais nefasto do subdesenvolvimento, era o principal problema nacional:

Muito mais dramático é verificar que, se persistir o quadro atual, tenderá a crescer em razão do próprio crescimento da pobreza nacional o desperdício de vidas humanas que hoje ocorre em nosso País, com nítidas características de hecatombe nacional. Já se disse que o homem é a maior riqueza de uma nação. Que perspectiva poderemos ter, porém, se a nossa estrutura econômica e social continuar sendo o que hoje é: um atentado frontal contra os direitos do homem brasileiro à vida e à própria dignidade?! (BRIZOLA, apud BRAGA, 2004, p. 529)

Espoliação e pobreza, no raciocínio do líder trabalhista, são causa e consequência do subdesenvolvimento: quanto maior a espoliação, maior a pobreza, maior a miséria que o povo está inserido, maior a dependência econômica em relação aos países centrais. 

Em outra passagem da conferência, Brizola expõe seu entendimento sobre o que seria o “processo espoliativo” que, já vimos anteriormente, é a forma como ele entende se dar o movimento de dependência e subdesenvolvimento dos países periféricos, especialmente dos da América Latina, cuja situação ele entender ser “semicolonial”. O mais importante a se notar das passagens é o modo como Brizola se apropria dos conceitos de subdesenvolvimento, dependência e outros sem a roupagem acadêmica na qual foram forjados, mas com a experiência e o sentimento político da importância de tais temas que reforçam o entendimento de que o debate sobre o desenvolvimento era, antes de tudo, um debate político, mobilizador de parcelas da sociedade.  

Mas o que significa processo espoliativo? É um complexo de relações: umas perceptíveis, outras invisíveis. Ele pressupõe no país em que atua, a existência de uma estrutura econômico-social modelada à sua imagem. Nas nações como o Brasil a estrutura interna é dualista, isto é, ao lado de uma economia moderna, em contato com o exterior, subsiste, em larga escala, uma economia semifeudal que aprofunda suas raízes aos capilares do organismo nacional. Esse dualismo é um dos traços característicos de todas as sociedades subdesenvolvidas, submetidas ao processo espoliativo. Uma complementa a outra. E como age o processo espoliativo? Ele opera da seguinte forma: através da penetração de certo tipo de capital estrangeiro adquire o controle próprio ou remoto da faixa econômica mais desenvolvida. Como, porém, nesses países subdesenvolvidos os empresários industriais e comerciais, os empresários das grandes empresas e os proprietários de bancos, são também proprietários rurais e, em tais países, a sociedade rural típica é a latifundiária, temos que o capital estrangeiro embutido nas grandes empresas modernas é também um fator decisivo na manutenção do latifúndio. (BRIZOLA, apud BRAGA, 2004, p. 533)

Reforçando seus conhecimentos sobre conceitos complexos como depreciação dos termos de troca, dependência econômica e outros, Brizola segue na linha de que as reformas “de base” precisam se chocar com os interesses do capital externo, pois “(...) não se pode tocar na estrutura interna de um país subdesenvolvido sem afetar os interesses do processo espoliativo”, não havendo mais tempo a perder para tomar logo as medidas necessárias ao desenvolvimento, pois não seria mais possível “(...) aguardar com resignação, soluções de maturação a longo prazo” em termos de desenvolvimento (BRIZOLA, apud BRAGA, 2004, p. 534), provavelmente aqui, se referindo à tese de ROSTOW (1961) sobre o desenvolvimento econômico ser uma etapa temporal a ser alcançada pelos países periféricos e não construída por eles. 

As constantes menções à América Latina como região explorada e aos EUA como explorador também nos ajudam a visualizar que Brizola tinha em mente os conceitos de divisão internacional do trabalho, de imperialismo e, principalmente, de como as nações centrais operavam para manter este status quo no qual seus lucros estariam assegurados acima de qualquer outra demanda. 

Parece óbvio destacar no líder trabalhista o conhecimento de conceitos que eram muito debatidos nos anos 1950 e 1960 no Brasil, mas esta é exatamente a questão que queremos ressaltar: protagonista do debate político daquele período, Brizola mobilizava os conceitos que eram debatidos socialmente e aos quais ele ajudou a construir e consolidar politicamente, buscando aprofundar a contradição então latente entre executar ou não um projeto nacional-desenvolvimentista. 

Ao contrário de muitas visões que argumentam que nosso desenvolvimento político e social deu-se por meio de um eterno arranjo conservador entre elites, ver Brizola trabalhando politicamente estes conceitos, um debate que se iniciou nos anos 1930 e ganhou corpo até se converter na causa do golpe militar de 1964, demonstra, a nosso ver, que não só havia uma luta política na sociedade como ela se dava entre termos ou não um projeto de desenvolvimento que rompesse com as amarras que nos mantinham na condição “semicolonial” a qual denunciava. 

Uma última passagem, de um longo debate no Congresso Nacional envolvendo a questão da espoliação, demonstra bem o quanto o tema era caro a Brizola e ao debate político nacional de então:

Concluo então as minhas palavras para dizer a este Congresso que, com a sua vontade ou contra a sua vontade, com as resistências ou sem as resistências das maiorias reacionárias e insensíveis que aqui tem assento, as reformas vão sair e o nosso País vai se libertar da espoliação internacional. Se os governantes e legisladores, os responsáveis pelos nossos destinos, continuarem indiferentes, insensíveis, como até agora, comprometidos, - porque não dizer? – com esse quadro de desgraça, de espoliação e de domínio estrangeiro, então, inexoravelmente, como está escrito na Carta de Vargas, o nosso povo há de fazer tudo isso em nome dos seus destinos, dos destinos eternos da nacionalidade, pelas suas próprias mãos e iniciativas e eu, como milhões, estarei ao seu lado. (BRIZOLA, apud BRAGA, 2004, p. 613).

Ao longo de tantas passagens, procuramos demonstrar o quanto o tema do subdesenvolvimento ganhou corpo na política nacional, mobilizando os debates políticos do período. O fato de Brizola, uma das mais destacadas lideranças políticas de então, ter encampado não só o discurso, mas tê-lo convertido em sua bandeira de lutas e de atuação, só reforça nossa hipótese de que as condições de vida, da carestia e dos caminhos para o desenvolvimento brasileiro por meio da execução de um projeto nacional de desenvolvimento era o centro da política nacional, envolvendo diversos setores. 

Conclusiones:

Procuramos demonstrar que a questão do subdesenvolvimento foi o centro do debate político nacional do “século” 1930-1964, sendo a bandeira de lutas sobre a qual se ergue o PTB e suas lideranças, que continuaram o legado varguista da promoção do desenvolvimento nacional até a Ditadura. E nesta caminhada, Brizola teve papel fundamental.

O nacional-desenvolvimentismo era um tema amplo, que mobilizava diferentes setores sociais e que congregou parte importante da luta política nacional do período. Mas esta constatação não diminui a importância do líder trabalhista gaúcho, a eleva: em um ambiente radicalizado,  Brizola conseguia transportar para a massa entendimentos complexos sobre as razões pelas quais tudo lhes faltava, um feito cujos precedentes mais imediatos só encontramos no primeiro dos líderes trabalhistas gaúchos, Getúlio Vargas.

Em seu último discurso em vida, Brizola afirmou (apud Braga, 2004, p. 612): “Estamos cumprindo a missão que nosso grande chefe inspirador, Getúlio Vargas - o maior de todos os brasileiros, porque foi simples, humilde e sábio –delegou”. Essa foi a vida do líder trabalhista: levar a bandeira da emancipação nacional adiante.     

Bibliografía:

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BRAGA, Kenny et al. Leonel Brizola: perfil, discursos, depoimentos (1922-2004). PA, ALRS, 2004.

BODEA, Miguel. Trabalhismo e Populismo no Rio Grande do Sul. PA, UFRGS, 1992.

BRIGADÃO, Clóvis; RIBEIRO, Trajano. Brizola. SP/RJ, Paz e Terra, 2015.

CÁNEPA, Mercedes Maria Loguercio. Partidos e Representação política: a articulação dos níveis estadual e nacional do Rio Grande do Sul (1945-1964). PA, UFRGS, 2005.

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FREIRE, Américo; FERREIRA, Jorge (Org.). A Razão Indignada: Leonel Brizola em dois tempos (1961-1964 e 1979-2004). Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2016

GOMES, Angela Maria de Castro. Burguesia e trabalho. Política e legislação social no Brasil (1917-1937). Rio de Janeiro: Campus, 1979.

IANNI, Octávio. Estado e Capitalismo. 2. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1989.

MOORE Jr., Barrington. As origens sociais da ditadura e da democracia: senhores e camponeses na construção do mundo moderno. São Paulo: Martins Fontes, 1983.

ROSTOW, WW. Etapas do Desenvolvimento Econômico (um manifesto não-comunista). RJ, ZAHAR, 1961.

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VASCONCELOS, Gilberto F. A jangada do sul: Getúlio, Jango e Brizola. SP, Casa Amarela, 2005.

Palabras clave:

Brizola. Condições de vida. Subdesenvolvimento

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A partir da crítica pós-colonial, ganharam espaço as etnografias enfocando outras vozes, subjetividades e perspectivas apoiadas principalmente em propostas teóricas geopoliticamente situadas no sul global. Estas epistemologias têm em comum partirem do testemunho e da experiência de marginalidade, subalternidade e subjugação, de onde emergem novos sujeitos políticos, nova autoridade discursiva e representação cultural. Como perspectiva, elas desafiam as narrativas hegemônicas e ampliam o interesse no uso da memória e história oral como metodologia de pesquisa, estabelecendo relações entre história, memória, saber e poder. Sendo parte dessa crítica radical, o pensamento decolonial convoca a compreensão de que as ações emancipatórias são resultantes de processos pelo meio dos quais re-conhecemos outras histórias, trajetórias e formas de ser e estar no mundo, distintas da lógica racional do capitalismo contemporâneo como expressão cultural. Esse caminho teórico segue humanizando a existência no sentido de reconhecer a dignidade de pessoas que, por força do projeto hegemônico moderno/colonial sofreram processos de desumanização. Dar visibilidade a diversidade das lutas contra a colonialidade travadas no cotidiano significa reparar desigualdades históricas, inauguradas pela modernidade eurocentrada. O desafio decolonial que se impõe a pesquisa etnográfica é o de superar o extrativismo. Uma característica das sociedades formadas na lógica do imperialismo, capitalismo, colonialismo e patriarcado que subjugou povos como recursos a serem explorados, e que se estende ao saber e a ciência moderna sob a face de extrativismo epistêmico. Esta perspectiva teórica embasou a investigação pós doutoral em Mudanças Societais – CIDEHUS – Universidade de Évora (2019-2022) intitulada “As mulheres de Minas Gerais, do Minho e do Alentejo: subalternidades e reexistências que atravessam oceanos e gerações”. A pesquisa etnográfica realizada no Brasil e em Portugal atravessou o período pandêmico se apropriando de estratégias e táticas críticas e criativas para investigar, a partir da narrativa de três mulheres, as dimensões e os impactos dos processos migratórios protagonizados por homens ao longo do século XX sobre as construções de novas reconfigurações sociais e familiares. Buscou compreender como as mulheres vivenciaram as migrações e com que intensidade reproduziram, adaptaram e/ou subverteram os valores patriarcais na ausência dos homens. 

Introducción:

Meu objetivo é tocar em pontos que desafiam a realização da investigação científica crítica e a produção de conhecimento, tendo a etnografia como ferramenta estratégica. 

Gosto muito de Paulo Freire, em especial dessa frase onde ele afirma que: “O que não é possível é simplesmente fazer um discurso democrático, anti discriminatório e ter uma prática colonial”(Freire, 2008, p. 68). 

Nessa frase, ele chama a atenção para temáticas fundamentais que atravessam a investigação crítica: a responsabilidade ética e a coerência política. Ambas fazem parte dos debates em torno do extrativismo epistêmico numa perspectiva pós colonial e decolonial, temas da minha comunicação. 

Nesse contexto, é possível afirmar que o ponto central que está por trás do olhar pós-colonial é a luta por um deslocamento do locus de enunciação, do “primeiro” para o “terceiro” Mundo (Mignolo 2003).

Desarrollo:

Nas últimas três décadas, partir da crítica pós-colonial e decolonial, ganharam espaço as etnografias enfocando outras vozes, subjetividades e perspectivas apoiadas principalmente em propostas teóricas geopoliticamente situadas no sul global. Estas epistemologias têm em comum partirem do testemunho e da experiência de marginalidade, subalternidade e subjugação, de onde emergem novos sujeitos políticos, nova autoridade discursiva e representação cultural. Elas desafiam as narrativas hegemônicas e ampliam o interesse no uso da memória e história oral como metodologias de pesquisa, estabelecendo relações entre história, memória, saber e poder. 

O pensamento decolonial convoca a compreensão de que as ações emancipatórias são resultantes de processos pelo meio dos quais re-conhecemos outras histórias, trajetórias e formas de ser e estar no mundo, distintas da lógica racional do capitalismo contemporâneo como expressão cultural. Esse caminho teórico segue humanizando a existência no sentido de reconhecer a dignidade de pessoas que, por força do projeto hegemônico moderno/colonial sofreram processos de desumanização. Dar visibilidade a diversidade das lutas contra a colonialidade travadas no cotidiano significa reparar desigualdades históricas, inauguradas pela modernidade eurocentrada. O desafio decolonial que se impõe a pesquisa etnográfica é o de superar o extrativismo. 

Mas, a que me refiro quando utilizo o conceito extrativismo epistêmico?

Para compreender o conceito de extrativismo epistêmico é preciso considerar que o extrativismo é uma característica das sociedades formadas na lógica do imperialismo, capitalismo, colonialismo e cisheteropatriarcado. 

Nas palavras de Ramón Grosfoguel (2016), o extrativismo, como forma de dominação, vem ocorrendo desde a época colonial até o neocolonialismo neoliberal de nossos dias. Se trata do saque, expropriação, roubo e apropriação de recursos do Sul global para o benefício das minorias demográficas do planeta consideradas racialmente superior que compõem o Norte global. O extrativismo, como uma forma de ser e de estar no mundo, exerce uma prática na qual se apropria de seres, conhecimentos, culturas e naturezas sem consentimento e sem considerar o impacto negativo que gera na vida desses outros seres (humanos e não humanos).

Grosfoguel constrói o conceito de extrativismo epistêmico a partir das reflexões de Lianne Simpson, intelectual indígena canadense que estendeu o conceito de extrativismo econômico às epistemologias para caracterizar a reprodução das práticas de dominação colonial no campo do conhecimento. O conceito expõe como a ciência moderna se apoia e reproduz uma mentalidade extrativista colonial a nível intelectual, cognitivo e epistêmico.

Essa constatação torna ainda maior o desafio de realizar investigação científica e produzir conhecimento crítico apoiado na convicção de que a alternativa ao extrativismo é a reciprocidade profunda, que implica um compromisso ético e político mediado pelo intercâmbio justo nas relações estabelecidas entre o/a pesquisador/a e os/as sujeitos/as. Tal compromisso coloca na pauta dos debates a urgência de uma descolonização epistêmica radical (Grosfoguel, 2016).

No campo da antropologia, a relação de poder presente na investigação de caráter etnográfico não é um tema recente. O drama de que a hierarquia é inerente a todas as epistemologias e metodologias é alvo de debates a algumas décadas. O trabalho de campo é marcado pela assimetria complexa das identidades dos interlocutores. Mas, como afirma Hastrup (1992), “o conhecimento antropológico é baseado na diferença empírica e na hierarquia discursiva. A violência simbólica é inevitável, mas escrever etnografia não é um ato de opressão. O texto etnográfico pode e deve desafiar a lógica do poder ocidental”.

O deslocamento epistêmico necessita fundamentar um diálogo crítico que articule as teorias e fundamente a prática etnográfica favorecendo a construção de conhecimentos que reflitam e reconheçam os diversos coautores. 

Foi sobre esses referenciais, dentre outros, que construí minha pesquisa pós doutoral (CIDEHUS-Universidade de Évora, Portugal). O conceito de extrativismo epistêmico impôs desafios para desenvolver a pesquisa etnográfica sobre bases de reciprocidade, dando sequência a pesquisa de doutorado, realizada entre 2012 e 2017 em Minas Gerais no Brasil. 

A investigação intitulada “As mulheres de Minas Gerais, do Minho e do Alentejo: subalternidades e reexistências que atravessam oceanos e gerações” foi realizada no Brasil e em Portugal entre 2019 e 2022. Atravessou o período pandêmico se apropriando de estratégias e táticas críticas e criativas. A partir da narrativa de três mulheres, investiguei as dimensões e os impactos dos processos migratórios protagonizados por homens ao longo do século XX sobre as construções de reconfigurações sociais e familiares. Busquei compreender como as mulheres vivenciaram as migrações e com que intensidade reproduziram, adaptaram e/ou subverteram os valores patriarcais na ausência dos homens. 

As narrativas de dona Augusta, Elena e Emília se apoiaram no vínculo de respeito e confiança estabelecidos ao longo de anos. Através delas, foi possível concluir que nas regiões onde as migrações não foram regulares, a permanência dos homens prolongou de forma mais intensa as relações e práticas patriarcais. Tal característica reforçou os papéis sexuais de gênero tradicionais e impôs graus mais altos de subalternidade às mulheres.

O estudo evidenciou que a busca das mulheres por alternativas para escapar aos processos de subalternização patriarcal se dá de maneira silenciosa, constante e permanente no cotidiano. Ocorrendo de maneira aparentemente subjetiva, ela é uma luta potente e invisível travada possivelmente por todas as mulheres e que necessita ter visibilidade.

Os resultados vêm sendo compartilhados entre as sujeitas da pesquisa nos diversos espaços coletivos, acadêmicos, movimentos sociais. A devolução em forma de livro, artigos e reuniões comunitárias são estratégias para dar visibilidade as narrativas e superar o apagamento das vozes silenciadas de mulheres como dona Augusta, Elena e Emília tanto pela história quanto pela historiografia. 

Conclusiones:

É possível construir caminhos que levem a relações entre os sujeitos e sujeitas presentes na investigação, nas quais as hierarquias, as assimetrias, os dramas e as violências, ainda que “necessariamente” presentes, sejam, também, e majoritariamente, capazes de transcender diferenças, de aceitar a multivocalidade e de acolher a heterogeneidade dos/as múltiplos/as autores/as. Relações em que floresçam produções resultantes da não opressão, do não “extrativismo” e do não colonialismo.

Bibliografía:

Acosta, Alberto. 2012. Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición. Eco 25/07/2020. Disponível em https://www.ecoportal.net/temas-especiales/mineria/extractivismo_y_neoextractivismo_dos_caras_de_la_misma_maldicion/.

Barbosa, Vera. 2018. “Não extrativismo” epistêmico: desafios à investigação científica crítica. Antropolítica 22/07/2020. Disponível em https://periodicos.uff.br/antropolitica/article/view/41818.

Barbosa, Vera. 2019. De arraial do Bichinho a Vitoriano Veloso: a confeção artesanal das narrativas identitárias de um povoado nas Minas Gerais do Brasil. doctoralThesis—[s.l.] 00500: Universidade de Coimbra. Disponível em: https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/87647. 

Freire, Paulo. 2008. Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. 3ª edição. São Paulo: Paz e Terra.

Grosfoguel, Ramón. 2016. Del «extractivismo económico» al «extractivismo epistémico» y al «extractivismo ontológico»: una forma destructiva de conocer, ser y estar en el mundo. Tábula Rasa 25/07/2020. Disponível em http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n24/n24a06.pdf

Klein, Naomi. 2017. Danzar el mundo para traerlo a la vida: conversación con Leanne Simpson de Idle No More. Tábula Rasa. 30/07/2020. Disponível em http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-24892017000100051

Mignolo, Walter. 2003. Histórias locales/dieños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamento fronterizo. Madrid: Ediciones Akal.

Rivera Cusicanqui, Silvia. 2010. Ch’ixinakak utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones.

Santos, Boaventura. 2009. Epistemologias do Sul. Coimbra: Almedina.

Santos, Boaventura. 2017. Master Class – A educação popular e a universidade. Disponível em http://alice.ces.uc.pt/en/index.php/alice-info/video-master-class-may-29-popular-education-and-the-university/?lang=pt

Palabras clave:

Pensamento decolonial, extrativismo epistêmico, etnografia

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El análisis social y la investigación forman parte fundamental para la formación de sociólogos, así lo afirma el plan de estudios de la licenciatura en Sociología de la FES Aragón; sin embargo, en el diagnóstico para el Proyecto de Modificación del plan y programas de estudio de dicha licenciatura se detectó un alto índice de reprobación y de deserción en los seminarios de investigación, así como en algunas otras materias pertenecientes a las áreas de mayor importancia para su formación. Los cambios y las consecuencias producidas a partir de las condiciones generadas durante la pandemia de COVID-19, ocasionaron un gran impacto en diversos sectores. En el caso del sector educativo, modificó completamente la percepción del ideal de asistir a la escuela de manera presencial, pues se tuvo que optar por una modalidad a distancia, transformando así las formas de enseñar y, por supuesto, de aprender, complicando en algunos casos el aprovechamiento pleno ante la inexperiencia de dicha modalidad.  Aunado a lo anterior, esta situación hizo latente la existencia de una multiplicidad de realidades, en donde se hicieron visibles las desigualdades sociales, pues no todos los alumnos pudieron tener  acceso a equipos de cómputo, sin perder de vista que, en el caso del nivel superior, el panorama fue más complejo debido a que en muchos casos se vieron forzados a comenzar a trabajar o a abandonar sus estudios temporalmente o definitivamente por falta de medios, recursos o problemas de salud física y mental, complicando aún más la adaptabilidad a esa nueva lógica educativa. En este sentido, el trabajo aquí presentado tiene como objetivo hacer un análisis comparativo sobre los niveles de reprobación, los índices de deserción y los procesos de titulación de los alumnos de la licenciatura de Sociología, antes y durante la pandemia, y poner de manifiesto las afectaciones que este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje trajo en cuanto a una ya de por sí compleja formación de sociólogos en el área específica de investigación. Todo ello se hará a través de la recolección de las vivencias de los alumnos durante la pandemia, por medio de grupos focales, y realizar una comparativa con los datos recuperados del Diagnóstico de plan de estudios.  

Introducción:

La enseñanza aprendizaje en la investigación social

De acuerdo al perfil de egreso de la Licenciatura en Sociología de la FES Aragón, el egresado obtendrá diversos conocimientos, y desarrollará habilidades, aptitudes y actitudes que le permitan comprender, analizar, explicar y proponer alternativas en cuanto a lo social, los estudiantes al egresar tendrán la habilidad para el ejercicio de la investigación (teórico y técnico) a fin de explicar cualitativa y cuantitativamente el surgimiento y desarrollo de los nuevos fenómenos sociales, es decir, en el plan de estudios vigente se plantea desde los objetivos que la enseñanza “no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y esta realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos vinculados a aprender”. (Meneses, 2007, p.32). 

Los procesos de enseñanza aprendizaje se entienden como aquellas estrategias encaminadas a brindar conocimiento, enmarcadas desde los planes de estudios,  aunque esto no quiere decir que se trate de un modelo didáctico estático, en la investigación social la enseñanza aprendizaje se considera fundamental el trabajo de exploración que debe de hacer el alumno en las asignaturas que se encuentran en el Área de Metodología de Investigación Social y en el área de Investigación  para lo cual una “didáctica de las metodologías de la investigación debería considerar, en la estructura de los cursos en las Ciencias Sociales, tanto la enseñanza de las metodologías como la práctica – o prácticas – misma de la investigación” (Escobedo y Arteaga, 2016, p.284). 

El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar el proceso enseñanza aprendizaje en la investigación social, en los alumnos de sexto y octavo semestre, por medio del análisis de los resultados del Cuestionario Diagnostico y dos grupos focales, realizados como parte de las actividades del proyecto PAPIME PE3O4121 “La articulación teórico metodológica para el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de investigación en la carrera de Sociología de la FES Aragón”.

Es importante mencionar que dichas herramientas de recolección de datos pretenden reflexionar sobre sus experiencias en la educación remota de emergencia como consecuencia de la llegada del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), y de la implementación de medidas de seguridad sanitarias y de confinamiento social que obligó a todas las escuelas a cerrar sus aulas, las cuales se pueden resumir en dos apartados: a) la problemática de desigualdad social y la brecha digital en la educación remota de emergencia, en donde trataremos de reflexionar sobre su vivencia en la adaptación de la educación virtual y problemáticas con TIC, tanto de los docentes como de los estudiantes, y b) dificultades durante el proceso enseñanza aprendizaje en la investigación social.

Desarrollo:

Educación remota de emergencia y la brecha digital. 

Los procesos de modernización y de globalización han traído consigo cambios sociales, económicos y tecnológicos que han impactado la vida cotidiana de acuerdo a Castell:

 la nueva sociedad que surge de ese proceso de cambio es tanto capitalista como informacional, aunque presenta una variación considerable en diferentes países, según su historia, cultura, instituciones y su relación específica con el capitalismo global y la tecnología de la información (2000, p.27) 

El papel que juega la tecnología en los últimos años es fundamental, tal como ha sucedido con la inserción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito educativo, en primera instancia desde la alfabetización digital, integrando las TIC, como instrumento para aprender de ellas agregándolos a la curricula de los estudiantes y mejora en la productividad en el proceso de la información, sin embargo, el nivel de alcance en la distribución de bienes tecnológicos y por ende el acercamiento a la producción del conocimiento definirá el nivel de exclusión. 

Derivado de la crisis a la que nos enfrentamos en los dos últimos años, esto como consecuencia de la llegada del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), y de la implementación de medidas de seguridad sanitarias y de confinamiento social, limitando así la movilidad social e impactando en la mayoría de las actividades económicas y por ende en los empleos, afectando los ingresos de parte importante de la población. En el caso de América Latina, de acuerdo con la CEPAL: 

el impacto en la región fue aún más severo por tres razones simples: la región se encuentra en un ciclo negativo económico desde antes de la pandemia, las capacidades fiscales de los Estados de la región son notoriamente menores que las de los países desarrollados, y la salud de sus cadenas productivas, de pagos y sus nodos de estabilidad financiera son más endebles que en los países desarrollados (Filgueira et al., 2020 p.9)

Aunado a esto, cabe señalar que los grupos sociales de estratos bajos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad vivieron las consecuencias de manera diferente a la clase privilegiada, pues aquellos que lograron mantener un ingreso constante para garantizar el acceso a bienes y servicios básicos (casa propia, electricidad, agua potable y telefonía e Internet). Aunque en este trabajo no analizaremos a fondo los índices de pobreza, ni las repercusiones económicas ocasionados por la contingencia sanitaria, es importante resaltar que en el contexto latinoamericano y de manera más específica en el nacional, las brechas de desigualdad entre los mexicanos se hicieron más grandes, dificultando el vivir día a día. Esta situación no fue ajena para los estudiantes de la licenciatura en Sociología de la FES Aragón, quienes en diferentes momentos han expresado las múltiples dificultades a las que se enfrentaron en su proceso formativo mediante la modalidad a distancia.

El sector educativo, frente a la crisis sanitaria que se estaba haciendo presente, tomó como primera medida suspender las clases presenciales, inicialmente desde el 23 de marzo al 20 de abril del 2020, en todas las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, así como las de nivel medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, medida que obligó a tomar alternativas para el seguimiento de los ciclos escolares. La UNAM no hizo caso omiso de estas acciones y recomendaciones y a partir de los últimos días del mes de abril se iniciaron las clases en formato virtual, también conocida como modalidad a distancia. 

Esta situación fue el escenario perfecto para visibilizar fortalezas y debilidades estructurales en la sociedad, específicamente las del sistema educativo. 

Si bien, el proceso globalizador ha permitido tener un acercamiento a las tecnologías, como ya se mencionó, no es un factor que garantice el acceso a la conectividad a internet plena. De acuerdo con cifras oficiales de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021 del INEGI, se estimaba que en 2019 un 62% con un aproximado de 70.8 millones de usuarios de la población tenía acceso a internet desde el interior de sus hogares, presentándose un aumento de 10.0 puntos porcentuales para el año 2021, siendo un 72% con un aproximado de 84.4 millones de usuarios el total de la población a nivel nacional que contaba con conectividad a internet desde sus hogares. 

En cuanto al uso de las computadoras al interior de los hogares para usos escolares se presentó un aumento en el año 2019 (44.9%) al año 2020 (55.0%), mientras que del año 2020 al año 2021 (50.9%) se marcó un ligero descenso

Partiendo de los datos expuestos, es necesario reflexionar si tanto alumnos como profesores se encontraron en las cifras positivas en cuanto a acceso a servicios de conectividad y equipos en sus hogares comenzando el confinamiento y la educación a distancia, o qué porcentaje de ellos se encontraban en las cifras contrarias, haciendo notoria esta brega digital. 

La problemática no parte del impedimento de asistir cotidianamente a las aulas de clases, ni de la idea de las clases en línea, ya que la UNAM, y otras tantas instituciones de educación superior, han hecho uso de modelos híbridos previos a esta situación, tal es el caso del el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), perteneciente a la UNAM, que desde el año 2009 está destinado a extender la educación media superior y superior hacia grandes sectores de la población por medio de métodos teórico-prácticos de transmisión y evaluación de conocimientos y de la creación de grupos de aprendizaje que trabajan dentro o fuera de los planteles universitarios, e impulsar la integración de las tecnologías de la información y comunicación a los procesos educativos; sin embargo, estamos hablando de un porcentaje mínimo de la población educativa y la cual ha decidido participar en ella porque cuenta con los recursos digitales para ello, lo que no se puede comparar con el cien por ciento de la población que integra al sector educativo quien se vio obligada a ser partícipe de esta dinámica prácticamente de la noche a la mañana, sin experiencia previa y con la idea de que se trataría de un lapso de tiempo corto.

La educación remota de emergencia provocó en la educación básica, media superior y universitaria una serie de complicaciones y limitantes, las cuáles no sólo quedaron enfrascadas en cuestiones como problemas de conectividad, ya sea por falta de conexión a internet o de un equipo, sino que también estas se ampliaron a aspectos psicoemocionales, familiares, económicos, laborales, impactando profunda­mente en los procesos de enseñanza – aprendizaje que hasta antes del confinamiento se daban por hecho que ocurrían de formas ya conocidas y respondían a objetivos planteados en cada uno de los planes de estudio. 

La brecha digital se define como un nuevo factor de inequidad social y económica entre la población, en este caso entre la conectada y la no conectada a internet y, por ende, usuaria y no usuaria de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)[1]. De acuerdo con cifras oficiales de la UNAM[2], el celular y la laptop son los dispositivos más utilizados como herramientas de apoyo para desarrollar actividades académicas por estu­diantes y docentes de esta institución, en  el caso de los estudiantes que respondieron el “Cuestionario diagnostico”[3] expresaron que el 34.1%  no conto con el equipo necesario para tomar con sus a distancia, el impacto en el cambio de la formación en educación en línea y a distancia como la incorporación de tecnologías digitales se muestran como claves para sortear los retos de la transición.

Como se mencionó con anterioridad, se debe destacar que la problemática de la brecha digital afecta tanto a los docentes como a los estudiantes, pues en la mayoría de los textos académicos derivados del contexto de COVID 19, se parte principalmente desde la realidad de los estudiantes reflexionando las desigualdades sociales e invisibilizando las vivencias de los docentes y su proceso de adaptación a las clases en formato virtual.   

Problemáticas en la enseñanza aprendizaje en la investigación social durante la educación remota de emergencia en la Licenciatura en Sociología de la FES Aragón. 

Las condiciones laborales de los académicos pertenecientes a la planta docente de la UNAM están reguladas por medio de nombramientos que establecen características para definir los estímulos y sueldos que reciben. De acuerdo con la DGAPA, dentro de la UNAM se tiene registro que los profesores de licenciatura están conformados por un 70% de profesores de asignatura, 11% son profesores de carrera y 6% son técnicos académicos[4]. En el caso del personal académico de la licenciatura en sociología de la FES Aragón, se observa que la mayoría de la planta docente se ubica en la categoría de profesores y profesoras de Asignatura “A” Interino, cuya proporción equivale al 61%, mientras que los profesores y profesoras que se ubican en la categoría de profesor de Asignatura "A" Definitivo representa un 24%, los profesores y profesoras significan el 12% Asignatura "B" Definitivo y solo el 4% de los profesores de carrera[5].

El tipo de nombramiento y grado académico de la planta docente, y otros factores como lo son la edad, el género, el nivel de conocimiento en el manejo de plataformas digitales, así como contar con un espacio que les permita impartir clases a distancia sin interrupción, pudo dificultar su adaptación y su óptimo desempeño en esta modalidad, teniendo consecuencias directas en el proceso enseñanza aprendizaje del que es partícipe.

Por otra parte, es importante considerar que las complicaciones que se dieron en el proceso de enseñanza-aprendizaje, específicamente en investigación, de los estudiantes de la licenciatura en Sociología de la FES Aragón, durante la educación remota fueron variados, en donde la brecha digital es solo una de estas. 

Para poder identificarlas, se aplicó  “Cuestionario Diagnostico”, que tuvo como objetivo realizar un diagnóstico sobre el Área de Investigación para identificar los problemas que se presentan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación en investigación de las y los estudiantes de la licenciatura en Sociología de la FES Aragón, realizado en el marco del proyecto PAPIME PE3O4121 “La articulación teórico metodológica para el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de investigación en la carrera de Sociología de la FES Aragón”. Dicho cuestionario fue complementado con la organización de dos grupos focales en el turno de la matutino y otro en el turno vespertino, en donde se logró identificar otra clase de problemáticas en torno a la educación remota. 

La percepción de los estudiantes con respecto a la educación a distancia fue negativa, pues el 60% de los alumnos de la UNAM, afirman que empeoró, y el 28% considera que sigue igual[6]. Dicha percepción es compartida por la población de sociología de la FES, ya que el 47[7]% de los alumnos entrevistados considera que la educación en línea es de menor calidad en comparación a la educación presencial. Ejemplo de esta situación se hace evidente cuando el 87% de los entrevistados expresaron haber tenido dificultades con la elaboración de su diseño de proyecto de investigación por causa de la modalidad a distancia, siendo una de las causas principales la falta de acercamiento a sus asesores, aún y con un 51% de estudiantes que dice tener el suficiente conocimiento sobre la vinculación teórico-metodológica, entre los cuales, el 3% asume tener total conocimiento sobre ello; sin embargo, este panorama parece contradictorio según lo que expresaron en los grupos focales, ya que ahí se reconoció que las estrategias didácticas de enseñanza aprendizaje propuesta por los docentes en los Seminarios de Investigación I,II,III y los Seminarios de Análisis Social I, II, III, en donde se proporcionan conocimientos teóricos y conceptuales, no hubo ejercicios prácticos que les permitan entender el vínculo entre teoría y metodología, situación que no solo se fijó en las dificultades de generar un diseño, como ya se mencionó, sino también en los datos obtenidos sobre los altos índices de reprobación en materias propias del área de investigación, lo cual es síntoma de las complicaciones existentes a la hora de enseñar los contenidos propuestos en una situación remota.

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Los estudiantes expresaron que dentro de las problemáticas constantes en estas situaciones arriba señaladas está la poca interacción con los docentes y viceversa, pues en el caso de los Seminarios de Investigación I, II, III, ya que la didáctica en la mayoría de las veces se resumía en el seguimiento del proyecto de investigación, en su mayoría estableciendo comunicación por medio de correos electrónicos y algunas veces por medio de las aulas virtuales, sin tener un asesoramiento personalizado, lo que les provocaba una sensación de abandono e incertidumbre, tanto en la construcción de sus proyectos, así como de su propia evaluación de la asignatura. 

De acuerdo a la propia experiencia de los estudiantes, la educación en línea no tenía una didáctica propositiva que los alentara a interesarse en la investigación y por ende a sus propias clases, considerándose como un proceso mecánico en donde solo importaba cumplir con las evaluaciones determinadas por cada uno de los profesores, además que destacaron la falta de actualización en temas referentes al manejo de la TIC, y de la propia vinculación de estas con el procesos de enseñanza, así como en el proceso de investigación, como lo son la carencia de saberes por parte de los docentes en el área de la etnografía digital y otras temáticas de interés por parte de los estudiantes. 

[1] Micheli Thirión, Jordy y Valle Zárate, José Eduardo. La brecha digital y la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en las economías regionales de México

[2]La educación remota y digital en la UNAM durante la pandemia. Panorama General por Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia UNAM

[3] “Cuestionario diagnostico”, parte de las actividades del proyecto PAPIME PAPIME PE3O4121 “La articulación teórico metodológica para el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de investigación en la carrera de Sociología de la FES Aragón”.

[4] La educación remota y digital en la UNAM durante la pandemia. Panorama General por Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. UNAM

[5] Diagnostico para el Proyecto de Modificación del Plan y Programas de Estudios de la Licenciatura en Sociología de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. 

[6] De acuerdo a los datos de La educación remota y digital en la UNAM durante la pandemia. Panorama General por Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. UNAM

[7] De acuerdo a los datos obtenidos del “Cuestionario Diagnostico” parte de las actividades del proyecto PAPIME PAPIME PE3O4121 “La articulación teórico metodológica para el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de investigación en la carrera de Sociología de la FES Aragón”.

Conclusiones:

La metodología de la investigación en Ciencias Sociales es una herramienta fundamental que se debe dominar tanto en sus contenidos como en su aplicación en el desempeño profesional. Por lo tanto, su enseñanza y aprendizaje ha tomado una relevancia clave en las últimas décadas. En general, las pocas investigaciones que se han realizado desde el área han abordado el binomio señalado, en el contexto de la educación remota, la didáctica en las clases en línea resulto difícil en el proceso de aprendizaje de acuerdo al testimonio de los propios estudiantes, aunado a la brecha digital a la que se enfrentaron les obligó a reconfigurar la idea de asistir a la universidad. 

Cabe mencionar que el ejercicio de reflexión que se desarrolló con anterioridad parte de la autopercepción de la formación de los alumnos en el área de la investigación, pues en los dos métodos de recolección de datos los alumnos expresaron una opinión negativa ante la enseñanza aprendizaje por parte de los docentes, por lo que tal ejercicio nos deja pendientes de saber la percepción que los docentes tuvieron en el contexto de la educación en línea, para conocer las didáctica ejercidas y el trabajo desarrollado en las herramientas electrónicas y tener un diagnostico sobre el conocimiento de la planta docente en el uso de estas para el procesos enseñanza aprendizaje de la licenciatura en Sociología de la Fes Aragón. 

La educación en línea puede brindar beneficios y es necesaria durante el proceso de enseñanza aprendizaje en la actualidad, pero en este contexto de crisis visibilizo que es insuficiente, si no se cambian los paradigmas educativos, pues debe de hacerse un análisis profundo de los currículos, evaluaciones, práctica docente, gestión académico-administrativa y brechas digitales, es decir, buscar los medios suficientes para garantizar el acceso de conectividad y digital a todo el sector educativo buscando a cortar las desigualdades institucionales y económicas y sociales que garanticen los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Bibliografía:

Castells, M. (2000) La era de la información: economía, sociedad y cultura.Volumen I. LA SOCIEDAD RED. (Versión castellana de Carmen Martínez Gimeno y Jesús Alborés) Segunda edición. 

Comité de Carrera de la licenciatura en Sociología de la FES Aragón (2018). Diagnóstico para el proyecto de modificación del plan y programas de estudio de la licenciatura en Sociología. (s. f.) (manuscritos no publicados). Nezahualcóyotl, Estado de México: Facultad de Estudios Superiores Aragón-Universidad Nacional Autónoma de México (FES Aragón-UNAM).

Escobedo, C. y Arteaga, E. (2016). El proceso de enseñanza-aprendizaje de los métodos de investigación social en un contexto de vulnerabilidad económica, social y cultural. Prisma Social, núm. 16, junio-noviembre, pp. 278-321

Filgueira, F., Galindo, L.,  Giambruno, C.,  Blofield, M.(2020)  América Latina ante la crisis del COVID-19. Vulnerabilidad socioeconómica y respuesta social. Políticas Sociales, N° 238 (LC/TS.2020/149), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Meneses, G. (2007). NTIC, Interacción y aprendizaje en la universidad. Universitat Rovira I Virgili. 

Micheli Thirión, Jordy y Valle Zárate, José Eduardo. La brecha digital y la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en las economías regionales de México.

Universidad Nacional Autónoma de México (2021) “La educación remota y digital en la UNAM durante la pandemia. Panorama General” por Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia UNAM. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cuaieed.unam.mx/url_pdf/educacion-remota-digital_V06-29-10-21.pd

Palabras clave:

Enseñanza-aprendizaje. Sociología. Investigación social. COVID. 

Resumen de la Ponencia:

Resumen de la Ponencia:

Nos proponemos abrir un espacio de intercambio para reflexionar, por un lado, acerca del conocimiento que se produce en el trabajo investigativo en un contexto político latinoamericano complejo, interdisciplinar e intersectorial, y por otro lado analizar los nudos de tensión que se presentan en la enseñanza de la metodología de la investigación, delineando objetos/problemas insertos en esta crisis socio-política emergente. Para ello apelamos a ponencias presentadas en un congreso de metodología de la investigación, cuya pertinencia temática fue evaluada por las coordinadoras de las mesa de trabajo, quienes también suscriben la presente propuesta. Los temas seleccionados se vinculan al nivel superior de carreras diversas en el marco de talleres de tesis y/o espacios vinculados a la investigación social como parte de la formación docente. Nos preocupa identificar las cercanías en relación al uso de estrategias metodológicas, soporte teórico disciplinar, accesibilidad al trabajo de campo, procesos de reflexividad y de vigilancia epistemológica.Las experiencias tuvieron lugar en las IV Jornadas de Sociología 2020, con una propuesta actual, comprometida y compleja: “Agrietar al neoliberalismo en Nuestra América. Resistencias, emergencias y proyectos políticos en pugna en el centro del quehacer sociológico”, organizadas por la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNCuyo)Es nuestro interés ofrecer un análisis de las experiencias provenientes de diferentes áreas, saberes y métodos; voces críticas del impacto de las políticas de ajuste en nuestro país, discutir estrategias metodológicas interdisciplinares y multidisciplinares que revelen la retroalimentación de la actividad científica y profesional. En síntesis, este trabajo -en base a las seis experiencias (ponencias) seleccionadas-, aspira a: mostrar los entrecruzamientos de metodologías, teorías y objetivos de investigación; y los modos que dicha relación vertebra -y es vertebrada- por las prácticas de investigación.de-construir las principales decisiones metodológicas que se desprenden de las lecturas de los artículos seleccionados;  esto es, el ejercicio de identificar cómo los autores recortaron el tema, plantearon el problema y tomaron decisiones acerca de los componentes que participan en el diseño de una investigación social.reflexionar acerca de los modos singulares en que se anudan las prácticas de conocimiento disciplinares, los contextos y los saberes que participan en la hechura de los objetos de investigación. En ese marco -y atento a la lógica de investigación del caso por caso- prestaremos especial atención  a las tensiones epistemológicas que hoy se presentan a la luz de análisis teóricos contemporáneos y que tengan como foco aproximaciones comparativas, interdisciplinarias y transdisciplinarias en sus diferentes campos de investigación.

Introducción:

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Desarrollo:

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Conclusiones:

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Bibliografía:

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Palabras clave:

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Resumen de la Ponencia:

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 Desafíos del derecho del trabajo frente al trabajo en plataformas 

melgarito Rocha Blanca Estela (Becaria de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia)

El trabajo de plataformas en México no está regulado. Este trabajo no cuenta con un capítulo como Régimen Especial Laboral, y tampoco puede serle aplicable el derecho del trabajo general porque éste solo es aplicable a las relaciones laborales.  Por lo tanto, las trabajadoras y los trabajadores de plataforma no cuentan con derechos laborales. Actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mediante un programa especial, les permite que puedan sumarse a la seguridad social en el régimen voluntario, sin embargo, los costos de esta seguridad social los cubren los propios trabajadores.Para que las trabajadoras y trabajadores de plataformas puedan tener acceso a derechos laborales y a la seguridad social, en cumplimiento con las obligaciones patronales, es necesario acreditar que el vínculo jurídico que les une a las empresas de plataformas es del tipo laboral y no de otro tipo: mercantil o civil. Esta ponencia se dividirá en tres partes, en la primera se hará referencia a las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de plataformas en México; en la segunda se refieren los elementos que integran la relación laboral de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia mexicana; y finalmente, se abordarán  algunos de los principales argumentos jurisprudenciales y doctrinarios que se han generado a nivel internacional respecto de la   existencia de la relación laboral  entre empresas y trabajadores de plataformas 

Introducción:

Al finalizar los años setenta, para paliar las recurrentes crisis económicas que amenazaron con aniquilar a empresas —y en ocasiones lo consiguieron—, se generaron una serie de transformaciones políticas y económicas dirigidas por las tendencias políticas que ganaban terreno a nivel mundial, entre estas transformaciones se encuentran aquellas a nivel de la en la organización del trabajo. Estas transformaciones se renuevan y profundizan en los años noventa a partir de la incursión de nuevas tecnologías y la denominada “Era digital”. Este proceso encuentra su fundamento jurídico en reformas laborales en todo el mundo que han permitido flexibilizar y tornar menos rígido al trabajo, todo ello dirigido a ampliar la creación de empleo; al mismo tiempo, la creciente desigualdad social e incluso la ampliada diferencia entre países del norte y del sur global, han obligado a los estados a mejorar las condiciones desiguales entre trabajadores, así como a regular las nuevas formas de trabajo atípico.Sin embargo, esto redunda en un fuerte desafío para el derecho del trabajo, toda vez que pareciera estar alejándose cada vez más de su esencia “protectora”, por un lado, ha ganado terreno la idea de que es necesario reformarlo para reducir su rigidez a fin de fomentar el empleo, por otro, se muestra incapaz de regular las emergentes formas de trabajo. El derecho del trabajo ha usado desde su surgimiento como modelo teórico al “trabajo típico”; esto es, trabajo que emergió de la industria y que puede extenderse a los servicios, pero que en todo caso, tiene como características la continuidad, estabilidad, el tiempo completo, y que es una relación laboral subordinada directa entre el trabajador y el empleador.  En las últimas décadas se ha incrementado el trabajo “atípico” e informal por encima del trabajo “típico”, esto es, nuevas formas de trabajo  a tiempo parcial, temporal, subcontratado, empleo por cuenta propia económicamente dependiente, relaciones de trabajo encubiertas, trabajo digital, teletrabajo y trabajo de plataformas. El trabajo “atípico, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no cuenta con la misma calidad que el trabajo “típico”, y si bien es una nueva forma de creación de empleo también . plenos y juntas especiales al momento resulta fundamental que éste se regularice a fin de tornarlo trabajo decente.En ese sentido, es fundamental, la acreditación de la “relación laboral”, de forma en que sea posible establecer los deberes y obligaciones entre patrones y trabajadores, a fin de que los trabajadores puedan beneficiarse de los derechos que les corresponden, de ahí la importancia de conocer cuáles son las características de la “relación laboral”, desde el punto de vista de la OIT.Por lo anteriormente expresado, el presente trabajo se divide en dos partes, en la primera refiero un panorama general acerca de las transformaciones en el mundo del trabajo y las nuevas formas de trabajo “atípico”; en la segunda parte refiero unas notas acerca de la noción “relación de trabajo desde el punto de vista de la OIT.

Desarrollo:

I. Trabajo atípico y relaciones laborales.

Para algunos estudiosos del derecho del trabajo, éste se encuentra en crisis toda vez que su esencia es “la protección de los derechos humanos laborales”, y en el contexto actual, se ha visto presionado a incluir formas jurídicas que no defienden o aumentan los derechos humanos laborales sino que los disminuyen, todo ello  bajo la justificación de que para desarrollarse y aumentar los niveles de bienestar es necesario crecer primero, y para ello resulta fundamental crear empleo, cualquiera sea su forma. Esta perspectiva ha sido cuestionario por la Organización Internacional del Trabajo, organismo que ha sostenido la necesidad de que el empleo emergente mantenga las condiciones del trabajo decente.[1]

La denominada crisis del derecho laboral está íntimamente relacionada con las transformaciones al interior del mundo del trabajo en el contexto de la reestructuración productiva que pretendía aumentar la productividad del trabajo a fin de aumentar también los beneficios sociales generales. Esta propuesta también se acompañó de políticas neoliberales tendientes a reducir el tamaño del estado y ampliar la participación del mercado en la vida social. 

En gran medida, estos cambios surgen en el contexto de las recurrentes crisis capitalistas, que son expresiones de la fallida capacidad del sistema para aumentar la productividad del trabajo y generar bienestar social. De forma inversa a sus planteamientos, cuando el sistema se encuentra en crisis no responde generando condiciones para el bienestar social, sino, por el contrario, generando bases de destrucción social que traigan aparejado mayores niveles de producción de valor a fin de contrarrestar sus pérdidas. Veamos esto detalladamente.

Las nuevas formas de trabajo, entre ellas las del trabajo en plataformas, es una forma más a través de la cual el capitalismo en cuanto sistema y sus personificaciones pretenden esquivar la crisis estructural del capital, esto es, el predominio de largos ciclos recesivos de la economía mundial, el descenso del crecimiento y del desarrollo, crecientes dificultades para valorizar al capital en escala mundial, esto es, menos producción del valor y de plusvalor a pesar del incremento de la productividad del trabajo impulsada por las innovaciones tecnológicas y la organización del trabajo, es el crecimiento de las actividades especulativas del capital ficticio (Sotelo, 2010, 29-30).

A diferencia de otras teorías que consideran la era digital como la época del “fin del trabajo” (Gortz, 1982); en donde el trabajo se aniquila por el uso de la robótica, Ricardo Antunes demuestra que las y los trabajadores sí se reducen en la industria “tradicional”, y con ello, sus trabajos estables, herederos del taylorismo y del fordismo a nivel global, pero al mismo tiempo aumenta el número de trabajadores asalariados y subordinados, especialmente en el sector servicios, aunque estos permanecen dependientes de la acumulación industrial y de la capacidad de las industrias para realizar la plusvalía en los mercados mundiales(Antunes, 2018: 52—61). 

De esta forma, las y los trabajadores son desplazados de la economía formal a la informal, se reducen derechos, se expande la precariedad, crece el desempleo estructural, se amplía el ejército industrial de reserva, todo ello presiona los salarios y los derechos a la baja y profundiza los efectos nocivos del sistema sobre la clase que vive de su trabajo.  Por ello, es falso que la riqueza aumente sin trabajo o con menos trabajo, sino que el capital pretende sortear la tendencia inherente a la caída de la tasa de ganancia a través del aumento del trabajo no remunerado, lo que se potencia por el desarrollo científico y tecnológico (Sotelo, 2010:51).

Como explica Caamaño Rojo (2005), las nuevas tecnologías han revolucionado los procesos productivos, y con ello, las relaciones laborales. Frente a los cambios de la reestructuración económica, las empresas tendieron a la flexibilidad en la producción y comercialización. Las nuevas tecnologías aplicadas al proceso productivo permiten multiplicar la capacidad de trabajo producido por cada persona,  por lo que las empresas  requieren tendencialmente de menos personas para realizar las mismas  actividades; esto genera también una gran movilidad de aquellas empresas que decidieron por la reconversión industrial —mientras que algunas otras cerrarán por su incapacidad de sostenerse frente a la competencia y su demanda de reconversión industrial—; la reconversión industrial promueve mayor productividad y competitividad. De esta forma, con el desarrollo de las nuevas tecnologías se pasa de la producción estandarizada a la producción diversificada”.

Se fragmentan los procesos productivos lo que incrementa la posibilidad de realizar las actividades laborales en diversos espacios físicos, incluso fuera de la empresa, todo ello posibilitado por límites difusos de la tecnología. De esta forma los nuevos trabajos que de aquí surgen, son cada vez menos con una duración indefinida y tienden a representar relaciones de trabajo esporádicas, de poca duración y transitorias, es cada vez más habitual el trabajo temporal por tiempo o actividad determinada; la tercerización del trabajo es más frecuente (Caamaño, 2005).

Como explica Anner (2019) las empresas tienden a trasladar actividades a otras empresas a fin de aminorar costos, esto lo hacen convirtiendo relaciones laborales en transacciones de mercado , esto en condiciones de plena competencia, de esta forma  se incrementa la tercerización, las franquicias y cadenas de suministro, esto se hace posible también a través de la “Gig economy”, de este proceso resulta el deterioro de  salarios y condiciones laborales y un aumento del empleo precario e inseguro ( p.8)

Ann y Rani (2019) explican que como resultado de la incursión de nuevas tecnologías, crecen y se diversifican las formas de trabajo, y esto es ya una característica de los mercados laborales actuales en el mundo. Las  formas de empleo más tradicionales están desapareciendo o transformándose a raíz de la automatización y la digitalización, las empresas , los nuevos empleos que adoptan las empresas,son a partir de contratos temporales, contratos a corto plazo, “on call work (trabajo de guardia), y de “Gig economy” o trabajo o plataforma (Ang y Rani ,2019),.esta tendencia plantea un problema importante con respecto a la calidad del empleo que se generara una vez que los antiguos empleos desaparecen y quienes buscan empleo se verán forzados a aceptar trabajos con menor calidad y pago (Anker, 2019) .

Esta situación se profundizó con el arribo de la pandemia provocada por la COVID 19, la cual mostró, al mismo tiempo, la importancia de los trabajadores de plataformas, en cuanto a brindar soluciones respecto al uso de tecnologías, el traslado de bienes y personas, a fin de que las personas pudieran quedarse en casa; también mostró la fragilidad  de estos trabajos, ya que frente a sus bajos ingresos muchos trabajadores, sobre todo aquellos que se dedican al traslado de bienes  y personas tuvieron que permanecer en sus trabajos con nula o escas seguridad y limitadas posibilidades de guardar sana distancia (Rishabh y Rani, 2020). 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (2021), en América Latina, estos empleos son tendencialmente ocupados por jóvenes y migrantes, sobre todo en aquellas de ejecución local y con baja demanda de especialización. Si bien los salarios pueden estar por encima de los salarios generales, cuando en su calculo se suman las horas de trabajo no remuneradas los ingresos caen (p.32). En las horas de trabajo influye la necesidad de tener mejores ingresos. Estos empleos no cuentan con contrato de trabajo sino contrato de servicios, por lo que se hace permisible la “desconexión unilateral”. Los ingresos son inestables porque dependen de diversos factores fuera del alcance del trabajador, lo que hace que, en tiempos de poca afluencia de trabajo, los trabajadores requieran invertir más tiempo y esfuerzo a obtener sus ingresos básicos. Y la evaluación de su trabajo es inapelable, e incide en su capacidad de obtener trabajo o ser desconectado. Estos trabajadores se enfrentan a accidentes y asaltos en la ejecución de sus tareas, así como a la falta de espacios adecuados para permanecer a la espera de la ejecución de tareas (p.36). El trabajo en plataformas tiende a no otorgar seguridad social (p.36). Las mujeres están subrepresentadas en todas las plataformas, sin embargo lo están más en aquellas que demandan trabajos especializados (p.35). En estas condiciones resulta muy imitada su capacidad de generar un diálogo social que les permita mejorar sus condiciones de vida, a pesar de ello en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y México (p.38)., hay iniciativas de autoorganización y se han generado alianzas sindicatos, y comienzan a genera los propios, así como algunas acciones colectivas como la huelga de trabajadores de Delivery en Costa Rica (p.33)

Como se ha explicado anteriormente, el contexto actual repercute sobre el derecho del trabajo, presiona hacia abajo los derechos humanos laborales bajo la justificación de crear nuevas oportunidades de empleo frente a la pérdida de empleos típicos, al tiempo que transforma las formas de trabajo, muchas de las cuales no se encuentran reguladas, por lo que los trabajadores se encuentran desprotegidos al ser desconocidos para el derecho del trabajo. 

 En ese sentido, como explica Reynoso (2000), la orientación protectora del derecho del trabajo es vista como dañina para la “economía en su conjunto” (p.58) y para la generación de empleo de forma específica . De ahí la presión que han ejercido sobre las leyes del trabajo los organismos internacionales en todos los países del mundo. Siguiendo a Jean -Claude Javillier , el autor explica: “el derecho del trabajo tropezó con los cambios tecnológicos y la crisis económica” (p.58). Los cambios tecnológicos y la era digital, han generado transformaciones profundas en el mundo del trabajo que se manifiestan como destrucción y creación de nuevos empleos que difieren de los típicos en cuanto a las condiciones laborales y de seguridad social, se trata tendencialmente de nuevos empleos con baja cualidad, entre ellos los empleos  atípicos e informales. Este proceso a su vez, ha repercutido en la forma en que se caracteriza la “relación de trabajo”.

Ahora bien, conrespecto a la relación de trabajo o relación laboral, como explica Caamaño (2005), el derecho del trabajo ha considerado como “la relación laboral normal”, aquella que surge en el contexto del modelo fordista-taylorista, la cual se caracteriza por: empleo subordinado, regularidad en la duración de tipo indefinida de la relación, y jornadas de trabajo estables. Esto no implica que no existieran formas de trabajo atípicas, sino que al ser el modelo fordista-taylorista el predominante, fue a partir de éste que se establecieron las características de la relación laboral. 

Por ello, quienes estudian el tema explican que las transformaciones de las últimas décadas ponen en crisis al derecho del trabajo en general, y a la relación del trabajo en particular. De ahí la importancia que tiene el estudio de las nuevas formas de trabajo a fin de ampliar y renovar el concepto de “relación laboral”, de la concepción típica de empleo a la inclusión de la forma “atípica de empleo”.

Frente a estos retos, un esfuerzo importante en este sentido lo realizó la OIT en el año 2006, emitió la recomendación internacional del trabajo número 198 en la que refiere elementos centrales de la relación de trabajo en el contexto anteriormente referido, atravesado por formas de trabajo informal, subcontratación y otras de insuficiente protección. A pesar de que no vinculante, se trata de orientaciones relevantes respecto de la determinación de la existencia de una relación de trabajo, que puede ser exigible toda vez que México se comprometió a respetar los acuerdos y tratados de la OIT.

 En su primer parte, se enfoca a llamar a los estados a formular una política nacional encaminada a garantizar la protección de los trabajadores , por lo que la política nacional debe incluir medidas que permitan la determinación de la existencia de la relación laboral por parte de trabajadores y empleadores; luchar contra relaciones encubiertas, asegurar que los contratos establezcan las responsabilidades; especifica que se debe asegurara protección efectiva a  trabajadores “especialmente afectados por la incertidumbre, los más vulnerables; abordar la dimensión de género, entre otras(OIT, 2006). 

La recomendación exalta principios fundamentales para la determinación de la relación laboral, entre ellos, la primacía de la realidad “de acuerdo con los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador” (Art.9); los miembros deben considerar la admisión de variedad de medios para la verificación de la relación laboral; el principio de presunción de la existencia de la relación de trabajo; la determinación en conjunto con organizaciones de trabajadores y empleadores de aquellos trabajadores que deben considerarse dependientes o independientes (Art.11); la consideración de definir con claridad la relación de trabajo: subordinación o dependencia; la adopción de medidas para garantizar la aplicación al respecto con inspecciones de trabajo; eliminar incentivos a las relaciones de trabajo encubiertas (OIT, 2006)

En su artículo 13 refiere los indicios de la relación laboral, entre ellos la existencia de instrucciones y control; la integración a la organización de la empresa; trabajo en beneficio ajeno; ejecución personal de trabajo; realización del trabajo en horario específico; realización en lugar determinado; duración; disponibilidad; suministro de maquinaria o herramientas; remuneración periódica; pagos en especie; reconocimiento de derechos como vacaciones o descanso semanal; pago de viajes para realizar la labor; inexistencia riesgos financieros. (OIT, 2006)

Una crítica importante que se ha hecho a esta recomendación es la que refiere la necesidad de que ésta pudiera referir la “subordinación” sin que se limite a la “subordinación jurídica”, esto a fin de que se incluya la subordinación económica, esto dado que en las nuevas formas de trabajo, muchas veces no es fácil determinar la subordinación jurídica pero sí la económica (Uriarte, s/f)

Otro esfuerzo importante es el que realiza actualmente  la Comisión del Futuro del trabajo de la OIT en la que esta buscando la creación de un consensos respecto de un sistema de gobernanza en relación con las plataformas digitales.

[1] El derecho del trabajo pensado como derecho humano, es más bien un espacio en disputa y una herramienta de lucha para las clases subalternas. Al mismo tiempo, es un discurso propio de quienes tienen el poder.(Correas, 2003)

Conclusiones:

A lo largo del análisis presentado se aborda la crisis del derecho del trabajo como una situación en la que se encuentra actualmente la regulación en materia laboral, de cara a su histórica esencia: la protección de los trabajadores, el reconocimiento de éstos como actores con desigual fuerza frente a los patronos, lo que le otorga la característica de derecho social. Sin embargo, frente a los cambios mundo del trabajo y la necesidad de que  el derecho del trabajo regule las diversas formas de trabajo emergentes, así como frente a las contrarreformas que restan derechos humanos laborales, se muestra una gran debilidad del derecho laboral. Ante ello surge la necesidad de más actividad jurídica que permita el reconocimiento derechos bajo estándares internacionales, así como el reconocimiento de existencia de relaciones laborales, sobre todo respecto de nuevas formas de trabajo atípicas desconocidas por el derecho laboral.

Bibliografía:

Anner, Mark;  Pons-Vignon, Nicolas Rani, Um. (2019) For a Future of Work with Dignity: A Critique of the World Bank Development Report, the Changing Nature of Work. Global Labour Journal, 2019, 10(1).

Caamaño Rojo, Eduardo. (2005) “Las transformaciones del trabajo, la crisis de la relación laboral normal y el desarrollo del empleo atípico”. En Revista de Derecho Vol. XVIII - Nº 1 - Julio 2005, pp. 25-53

Correas, Oscar (2003).Acerca de los derechos humanos. Apuntes para un ensayo. Ediciones Coyoacán/UNAM.

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)/International Labour Organization (ILO). (2021)  Decent work for platform workers in Latin America. Employment Situation in Latin America and the Caribbean, No. 24.https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46956/1/S2100276_en.pdf

OIT. (2016). Retos y perspectivas. Oficina Internacional del Trabajo OIT. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534518.pdf

OIT. (2006) Recomendación sobre la relación de trabajo. 198. https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYP

OIT. (2006B). Informe V (1) La relación de trabajo. En Conferencia Internacional del Trabajo, 95.a reunión. http://www.ilo.int/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-v-1.pdf

Reynoso Castillo, Carlos (2000). “Sobre las nuevas contrataciones laborales “ . En Kurczyn, Patricia (coord.). Relaciones laborales en el siglo XXI. Secretaría del trabajo y previsión social y la Universidad nacional autónoma de México.

Sotelo, Adrian (2010) Crisis capitalista y desmedida del valor, enfoque desde los Grundrisse. UNAM/ITACA.

Uriarte, Oscar.(s/f)  La recomendación 198 sobre la relación de trabajo y su importancia para los trabajadores Disponible en: http://www.relats.org/documentos/EATP.TA.Ermida.pdf

Palabras clave:

Trabajo en plataformas, derecho del trabajo, relación de trabajo.

Resumen de la Ponencia:

Resumen de la Ponencia:

Resumen de la Ponencia:

Resumen de la Ponencia:

Resumen de la Ponencia:

Resumen de la Ponencia:

La pandemia de covid-19 profundizó la crisis económica en México, esta catástrofe mundial propició la reconfiguración de la producción, dividiendo actividades esenciales de las que no lo eran. Las actividades esenciales se caracterizaron por estar a piso de fábrica, mientras que, las no esenciales son actividades de cuello blanco o de comercio y algunos servicios. La reconfiguración se orientó al uso intensivo del internet y las diversas aplicaciones para la comercialización de productos que, si bien no era novedoso, si generó una ampliación del sector para reactivar el consumo. 

Las consecuencias fueron para los trabajadores, pues el home office no tenía ningún tipo de regulación, por lo que, los costos de materiales tangibles e intangibles los asumió el trabajador, así como la capacitación y el ambiente laboral en contexto difuso entre las actividades laborales y las íntimas, tales como, un espacio para el trabajo vía electrónica. En esta historia del home office derivado de la pandemia, las mujeres son quienes mostraron un mayor impacto negativo respecto a los hombres, pues las actividades de cuidado y de labores domésticas se incrementaron, así como ser las personas que tenían menores recursos técnicos para el ejercicio de trabajo remoto. El empleo informal también se virtualizó, como es el caso de los repartidores por aplicaciones y  vendedores por redes sociales. 

El home office es parte de la reconfiguración productiva que permite acelerar los procesos de circulación mercantil que promueve el consumo y su posterior impacto en la generación de valor. No obstante, se deben diseñar políticas laborales que protejan a los trabajadores virtuales. 

Agradecimiento

El trabajo es resultado de la investigación realizada gracias al proyecto UNAM-PAPIIT, con clave, IA300721.

Introducción:

La pandemia de la covid-19 profundizó la caída en el crecimiento económico de México, alcanzó una disminución de -8.5% en 2020, respecto a la caída de -0.1% en 2019. El pronóstico para el 2022 es apenas del 2.2 %. En este contexto de crisis económica se crean nuevos procesos en la organización del trabajo, que permiten reactivar la generación y acumulación de la riqueza. La principal se dio en los trabajadores de cuello blanco: oficinistas, personal de ventas, profesores y otras actividades, que por sus características laborales pueden realizar actividades a distancia. El teletrabajo como se le denominó en la década de los setentas, ahora home office, condujo a nuevos fenómenos y características, entre los principales: el ahorro en los tiempos de traslado, costos de alimentación, diseño de horarios que permiten la vida familiar y laboral casi al mismo tiempo. Por otro lado, generó efectos negativos como: problemas para separar lo individual, social y laboral, en menor medida daños psicosociales debido al aislamiento y la dismorfia por zooming, que se refiere al no reconocimiento de la persona frente a la imagen que reflejan las videollamadas.

 Durante el 2022 el contagio de covid-19 disminuyó a niveles que contribuyeron a la reapertura de las actividades productivas, comerciales y de servicios en su totalidad; sin embargo, algunos trabajadores han preferido un sistema híbrido que les permita compaginar diversas actividades personales con las productivas, en ese sentido se ancla la pregunta ¿el trabajo a distancia es una nueva forma de organización del trabajo que permite reactivar los niveles de acumulación y tiene un impacto en el crecimiento de la economía nacional? En ese sentido, el objetivo de este trabajo consiste en analizar el home office a partir la premisa de que la economía nacional se encuentra en crisis y propicia como una necesidad, la reorganización productiva y del trabajo que permitan continuar o elevar la acumulación de capital, con la finalidad de explicar si el trabajo a distancia consiste en una forma viable de organización laboral sostenible en el tiempo que permita elevar el crecimiento económico. 

La hipótesis de trabajo indica que el trabajo en forma de home office o híbrida, es solo viable en las grandes empresas y el impacto en la acumulación no es evidente, sin embargo, si es una forma organizacional que permite la subcontratación o el trabajo freelance, que tiene poca regulación por autoridades laborales y procura la precarización del trabajo. La metodología del trabajo es estadístico descriptiva que permite obtener datos sobre el home office durante la pandemia y los primeros meses de pospandemia. Los datos son extraídos de INEGI, OIT y otros organismos nacionales e internacionales. 

El trabajo se divide en tres partes, la primera aborda la crisis económica en México desde el 2008 como prolegómenos de la pandemia, la segunda incorpora las afectaciones, sociales, físicas y conductuales que trajo el trabajo a distancia y la baja regulación legal que tiene. En la tercera parte se describen los datos sobre el home office en México y se señalan las desigualdades de genero y de insumos de trabajo en lo general. 

Desarrollo:

Crisis económica pre y durante la pandemia

La economía mexicana atravesó por una profunda crisis durante el 2008-2009 a consecuencia de la catástrofe financiera mundial del sector financiero altamente especulativo. Esta crisis ocasionó un pobre crecimiento durante los años subsiguientes, ver la gráfica 1. En ese contexto México y el mundo se encontraron con un problema mayor: la pandemia de covid-19 que cambió las normas sociales de conducta y también la forma en la que se desarrollan las actividades productivas y de servicios, condenando a la economía a una caída más profunda que la del 2008. 

Nota: La serie es una variación anual a precios de 2013, serie desestacionalizada.

Fuente: Elaboración propia con datos de BIE-INEGI. https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

La crisis sanitaria terminó por confeccionar otras formas de trabajo. Si bien el trabajo a distancia o teletrabajo es una definición como acción que existe desde la década de los setentas, con la pandemia adquirió un nuevo patrón de significancia, en el sentido que contribuye a una nueva forma en la que se organizan los trabajadores, pero esta vez de manera masiva, se convirtió en una opción laboral real. 

El trabajo a distancia o como el anglicismo lo denomina; home office se da esencialmente en trabajo de cuello blanco ¿cómo funcionó y funcionará para reactivar la creación de valor? La industria por definición es a piso de fábrica, no existió manera de que los obreros industriales (farmacéutica y alimentos) se trasladaran de manera virtual por la naturaleza de su trabajo. No obstante, el trabajo administrativo si lo hizo se generaron estrategias para que el trabajador continuara con los metas de productividad y confidencialidad. Los servicios educativos, salud, contables entre otros fueron los que más se enfrentaron a una nueva realidad laboral y social, ver la gráfica 2. 

Fuente: Elaborado con datos de:  INEGI. https://www.inegi.org.mx/investigacion/covid/

Con respecto a la creación de valor entendida esta como el desgaste físico intangible para el ojo humano; pero que, se refleja directamente en el quehacer del humano de productos generalmente desde la manufactura. La crisis derivada por la pandemia propició la generación de ésta “nueva” ruta en la circulación de productos, ampliando la capacidad de la comercialización, mediante la explosión de comercio electrónico (e-commerce), la venta por aplicaciones, la hiper-comunicación mediante redes sociales y así la distribución de productos. Esta forma tuvo un impacto positivo en la disminución del contagio por covid-19, pero un impacto difuso en los trabajadores, debido a que incrementaron su jornada de trabajo, el espacio personal se mezcló con los horarios de trabajo y la falta de capacitación en el uso de estas herramientas intangibles de trabajo. Esta trasferencia de valor permitió que el sistema continuara produciendo y vendiendo, aunque se ralentizó, pero no se detuvo. 

El Home office es importante para las grandes y las medianas empresas, pero no para las pequeñas, que representan el mayor numero de unidades económicas en el país. No obstante, las micro y pequeñas empresas también desarrollaron comercio electrónico, así como, pagos en terminales de venta, con la finalidad de aumentar sus transacciones. 

Fuente: INEGI, 2020: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/COVID-ActEco.pdf

La gráfica 3, señala que el comercio, industria y servicios son los que tuvieron mayor trabajo a distancia, es decir, las grandes y medianas empresas de los servicios, trabajo de cuello blanco de la industria y servicios como los educativos son los que se desarrollaron en mayor medida a distancia. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. https://www.inegi.org.mx/investigacion/covid/

Regulación del home office 

El trabajo a distancia tuvo efectos en la vida de los trabajadores, entre los que se destacan: la salud, social y conductual. La primera, la salud se originó por pasar la mayor parte del tiempo frente a una pantalla y sentado, generó múltiples problemas en la función de órganos como riñones, espalda, ojos entre otros, aunado a los problemas derivados del SARS-CoV2. Los problemas sociales diferencias históricas existentes sobre el género y el acceso a los sistemas de  informáticos, así como a tareas de cuidado de domésticas que implicó una mayor dificultad para llevar a cabo tareas a distancia, también, se encuentran las discapacidades de las que el acceso se vuelca complejo. Por último, las complicaciones conductuales como la pérdida en el sentido del trabajo, la distinción entre el trabajo de día o de noche se volvió difusa, así como el espacio de trabajo, la conectividad con el uso de cámaras de video implicó problemas en el no reconocimiento de las personas frente a ella, fenómeno que se denomina zooming, generalmente estudiantes tuvieron esta complicación en su identidad. 

Figura 1. Consecuencias del trabajo a distancia

Fuente: elaboración propia.

Las condiciones de trabajo ya complejas en las aristas señaladas con anterioridad se complicaban debido a que la regulación del trabajo a distancia era nulas y las que se establecieron derivadas del trabajo a distancia existente fueron insuficientes. En México las regulaciones se enfocaron a 9 puntos elaborados por la Secretaria del Trabajo (ST, 2022) que son más una especie de recomendaciones que de ley:

Recibir los equipos necesarios para las actividades. Que los salarios sean pagados en forma y fechas estipuladas. Percibir los costos derivados del trabajo: servicios de telecomunicación y electricidad. Tratamiento correcto de la información y datos utilizados. Desconexión al término de la jornada laboral. Tener seguridad social. Recibir capacitación y asesoría para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías.Tener una relación laboral equilibrada, a fin de gozar de un trabajo digno o decente.Perspectiva de género que permita conciliar la vida personal. 

El home office tuvo y ha tenido una baja regulación gubernamental a pesar de que se ha convertido en creciente forma de empleo después del periodo de cuarentena. Es necesario la creación de políticas publicas que establezcan una normatividad que cuide los intereses de los trabajadores en pro de su bienestar. 

Estadísticas sobre el home office en México durante los primeros trimestres de la pandemia de la covid-19

En un inicio los trabajadores no contaban con las condiciones laborales necesarias y suficientes para el ejercicio de las actividades a distancia, por lo que, el costo de una computadora y el acondicionamiento adecuado se trasladó al trabajador, ver la gráfica 3. 

Fuente: Elaborado con datos de: INEGI. https://www.inegi.org.mx/investigacion/covid/

El aspecto de género también puso en una posición menos favorecedora a las mujeres quienes tenían un menor equipamiento para hacer trabajo vía home office. Las actividades de cuidado también tuvieron un impacto mayor en el género femenino, pues son las mujeres sobre las que recae el cuidado de hijos y adultos mayores, los quehaceres domésticos también fueron mayores para mujeres que para hombres, ver gráfica 4. 

Fuente: Elaborado con datos de: INEGI. https://www.inegi.org.mx/investigacion/covid/

La sociedad informal del conocimiento 

La pandemia también generó otra forma de trabajo informal que comercializa a través de aplicaciones que, peyorativamente se denominó “nenis” , esta es una forma de trabajo precario que tiene las siguientes características:

Normativa legal inexistente.

 Hiper flexibilidad del trabajo

 Ingresos volátiles. 

El pago de impuestos de este tipo de trabajos como el de repartidores por aplicación, se les retienen los impuestos, pero no tienen ninguna garantía laboral, por lo que el ambiente de trabajo es difuso y al no tener ninguna figura patronal se les niega derechos como: una jornada laboral de 40 horas a la semana, vacaciones, aguinaldo, caja de ahorro, entre otras prestaciones, es decir, son las mismas características del empleo informal con la variante, de que el capital circulante es electrónico.  

El comercio informal femenino se combinó con las tareas de cuidado, el trabajo por redes sociales se convirtió en la oportunidad derivada de la crisis para obtener ingresos, sin embargo, los ingresos no son constantes, por lo tanto, es un sector vulnerable que se invisibiliza por la cierta libertad que genera este tipo de comercio. 

Conclusiones:

Las crisis económicas han permeado en la caída en el nivel de acumulación esperado (crecimiento) como consecuencia a la baja en la generación de valor (plusvalía) que, impacta directamente a la tasa de beneficios. La crisis de 2008 condujo a un pequeño crecimiento de la economía mexicana, por lo que, la recesión comenzó desde el segundo trimestre de 2019, la pandemia acentúo las condiciones económicas negativas del país. 

La pandemia condujo a reorganizar el trabajo con formas que se venían desarrollando desde la década los setentas como el caso del teletrabajo, ahora home office. La reorganización del trabajo a raíz de la crisis económica de Covid-19, se orienta al uso intensivo de internet y de diversas aplicaciones que conectan y conciertan el trabajo a distancia, que se tendrá que ir normalizando en el mediano plazo como tendencia del desarrollo creciente. El home office tenderá a incrementarse en los trabajos de cuello blanco y en la forma freelance, no obstante también son objeto de la precarización y desigualdad laboral. 

El home office tendrá que regularse concienzudamente a favor de los trabajadores, de lo contrario implicará el crecimiento del trabajo precario e informal, hasta ahora las leyes son parecidas a recomendaciones  y no a una prestación de los trabajadores y obligación patronal.  

Bibliografía:

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022), BIE-INEGI. https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie

Madero Gómez S. (2021). Efectos del estrés y el bienestar laboral con el trabajo a distancia en el entorno del COVID-19: México, Perú y Chile. https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/4027/Liliana%20Alvarado%20de%20Marsano_Sergio%20Madero%20Gomez_Carolina%20Elena%20Luengo%20Martinez_Articulo_Religacion_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2022), https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_824103/lang--es/index.htm

Organización Internacional del Trabajo, (2012), Del Trabajo Precario al Trabajo Decente. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@actrav/documents/meetingdocument/wcms_179789.pdf

Quezada Díaz B. (2022), La historia de una Neni: la venta informal desde los bazares en Facebook y la resignificación de la precariedad. http://contexlatin.cucsh.udg.mx/index.php/CL/article/view/7937/7576

Savona M. (2020) ¿La “nueva normalidad” como “nueva esencialidad”? COVID-19, transformaciones digitales y estructuras laborales https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46831/1/RVE132_Savona.pdf

Secretaria del Trabajo (2022). Derechos de las personas trabajadoras en el Teletrabajo. https://www.gob.mx/stps/prensa/entra-en-vigor-reforma-que-regula-el-teletrabajo-en-mexico?idiom=e

Palabras clave:

Home office

Reorganización productiva

Crisis económica 

Covid-19

Resumen de la Ponencia:

Resumen de la Ponencia:

Resumen de la Ponencia:

Resumen de la Ponencia:

Estudio teórico y empírico multidisciplinario sobre la organización de, y condiciones laborales, en plataformas digitales de Argentina y México. El trabajo se llevó a cabo en dos equipos de trabajo, uno en Argentina y otro en México, revisando la amplia literatura global sobre el tema y mediante estudios de campo en ambos países. Se presentan los resultados, tanto del análisis teórico como de los resultados empíricos. 

Introducción:

En la investigación que realizamos en México y Argentina nos por pusimos analizar los factores de satisfacción y restricción que se derivan del trabajo que la juventud realiza con el uso de tecnologías.

En la primera parte de esta ponencia reflexionamos acerca de la tecnología en el mundo capitalista y sobre sus contradicciones y en la segunda arte presentamos resultados de la investigación que llevamos a cabo desde 2019 en los dos países. No arece que esta temática es de la mayor relevancia y que alcanzó una visibilidad aún mayor en tiempos de COVID 19

Desarrollo:

Las contradicciones del desarrollo tecnológico bajo el sistema de mercado

capitalista.

La digitalización tiene el potencial de abrir espacios y liberar territorios, pero la competencia en el mercado capitalista puede también erigir barricadas difíciles de franquear. La expectativa social ante la digitalización de las acciones humanas tiende a oscilar entre la esperanza de mayor participación social de los individuos y el temor ante el potencial de represión y mercantilización de las relaciones que la digitalización facilita. La digitalización del esfuerzo humano hace más clara la coexistencia, dentro del capitalismo mundial, de extraordinarias tecnologías y los talentos que las mueven, con la inmensa masa de seres humanos cuya miseria y condiciones laborales recuerdan un pasado brutal que se querría ya superado.

En detrimento del trabajo, de un lado, se crean patrones/jefes digitales que anónimamente gestionan el trabajo; de otro lado, la automatización y robotización desplazan al trabajo vivo de los procesos sociales de producción.

Desarrollo tecnológico

Se desarrolla la transición tecnológica de los medios analíticos a los medios digitales y la dualidad de hardware y software, desde el siglo XIX con Charles Babbage hasta el internet de las cosas y la IA. La revolución digital se dio fundamentalmente durante el siglo XX, aunque sus antecedentes son mucho más antiguos. Un momento importante se dio en el siglo XIX cuando Charles Babbage, considerado el padre de la computación, se plantea realizar cómputos mediante instrumentos enteramente mecánicos, su “máquina analítica” con el pleno establecimiento de la electricidad como medio de transmisión energética, en 1939 se desarrollaron las primeras computadoras electromecánicas y en 1941 se creó la primera computadora electromecánica programable, completamente digital.

En 1950 se completó la primera computadora comercial, mientras que los circuitos electrónicos digitales fueron sustituyendo los mecánicos y electromecánicos. para el desarrollo de la computadora moderna fue la idea de programas almacenables. Primero se desarrollaron muchos prototipos de máquinas con esta tecnología de hardware, pero más adelante surgieron métodos que permitieron la programación de las computadoras y se desarrollaron los programas de programación, es decir los lenguajes de programación. Se complementó así el desarrollo del hardware con el del software.

Las redes digitales desde los 1970s. Asincrónicas y sincrónicas. Internet.

En estas redes, primero asincrónicas en que los usuarios no recibían los mensajes de forma inmediata, se desfasaban en el tiempo, los primeros mensajes sólo podían ser textos. El sistema sincrónico de mensajería electrónica de los años 80s se convirtió en el nuevo espacio comunicativo porque permitió la interacción instantánea, sin retrasos de la mensajería. Esto y el desarrollo de las computadoras personales y la telefonía celular facilitaron la entrada masiva de la población mundial a las redes comunicacionales. Adicionalmente, con la Web 2.0 todos los aparatos en los que se puede insertar un chip que contiene programas de aplicaciones (apps) se vuelven conectables y manipulables entre sí, dando lugar a lo que se ha llamado el “internet de las cosas”.

En los 90s nacen los blogs (un acortamiento del término en inglés weblog que significa “entrada o ingreso a una sesión en internet”)

Con el tiempo, algunos de esos blogs cobraron forma comercial, es decir se

constituyeron en grandes empresas con el surgimiento de las llamadas plataformas sociales del tipo MySpace, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter,

un instrumento que jugó un papel decisivo en la formación de las plataformas digitales fue el llamado capital de riesgo (venture capital), grupos de capitalistas

que se arriesgan a financiar proyectos tecnológicos que nacen entre jóvenes investigadores de las universidades o centros de investigación, inicialmente en

Estados Unidos. Un caso muy estudiado es el de Uber que surge en conexión con los centros de investigación del Silicon Valley cerca de San Francisco y tuvo como campo de implantación inicial la ciudad de San Francisco

Las plataformas son infraestructuras digitales que permiten que dos o más

agentes (sean grupos y organizaciones o individuos) interactúen en línea entre sí (Srnicek. 2018;45).

Son estructuras materiales que reúnen a diferentes tipos de usuarios humanos y máquinas o componentes inteligentes (internet de las cosas) que se conectan entre sí. La plataforma, entonces, proporciona las herramientas de comunicación y manejo de información para mediar entre individuos, grupos de personas y objetos ´inteligentes´. Definida así la plataforma, internet puede ser considerada la plataforma general origina: Internet como la plataforma general, las plataformas sociales y las plataformas de trabajo, entre estas últimas unas son de intercambio y otras de producción.

La familia de plataformas digitales que constituye un negocio en sí mismo (la plataforma de negocios) se define como una de las “infraestructuras digitales que

permiten que dos o más grupos interactúen “la plataforma digital se coloca como intermediaria que reúne a diferentes usuarios: clientes, anunciantes, proveedores de servicios, productores, distribuidores e incluso objetos físicos.

Este modelo exige tres agentes que entran en relaciones recíprocas, dos tipos de usuarios, uno el que brinda el servicio profesional -ocasional o no- y que generalmente comparte recursos, información y tiempo en competencia con otros; y el otro tipo de usuario constituido por el cliente o el que adquiere los servicios profesionales del anterior, que también lucha por obtener la mejor calidad de servicio al menor costo. El tercer agente es el dueño-operador de la plataforma digital misma, que sirve de intermediación entre prestadores y cliente, al brindar los recursos para la realización de las transacciones entre usuarios (Ídem), y que funciona como una empresa generadora de ganancias

Ser propietario de una plataforma, es ser propietario de toda la infraestructura

central que abarca tanto el software (programas, aplicaciones, etcétera) como el

hardware (servidores, centros de datos, medios de transmisión, etcétera). Los

demás agentes, si es que son independientes, se conectan vía internet con esa

infraestructura central, mediante el uso de sus propios equipos, básicamente

 computadoras y telefonía celular 1 .

En particular, el giro hacia las cadenas de suministro “justo a tiempo” de las

grandes empresas multinacionales es un proceso que acompaña, desde los

1970s, la incorporación de plataformas digitales, tanto de la familia de plataformas que constituye un medio de producción propio, como de la familia de plataformas que constituye empresas autónomas.

Precarización -o no- del trabajo en plataformas digitales.

Las relaciones laborales siguen siendo las mismas: trabajo asalariado subordinado al emprendedor capitalista.

Para hablar de plataformas digitales de trabajo queda entendido que la actividad

que se desempeña en la plataforma está determinada por una relación salarial o

de remuneración Esta relación salarial presupone, además, que la actividad se

lleva a cabo en un proceso de producción orientado al intercambio, y constituye

una relación del proceso de reproducción del capital en cuanto a que en algún

punto de la red se lleva a cabo un proceso de acumulación de capital (Srnicek,

2018). La relación capitalista-trabajador está dada por el hecho de que el dueño

de la plataforma, o la plataforma en su conjunto se apropia del trabajo que llevan a cabo los diferentes componentes trabajadores de la red. La digitalización de la

plataforma sólo introduce situaciones relativamente novedosas por la flexibilidad

operacional facilitada por los dispositivos digitales.

1 durante la pandemia se dio el caso que muchas empresas que utilizan las plataformas para sus negocios se beneficiaron de que sus empleados utilizaban sus propios recursos (computadoras, celulares, suscripciones alos servicios de internet) para realizar sus tareas, logrando un gran ahorro.

La realización de algunas de tareas en las plataformas puede proporcionar al

trabajador ciertos beneficios, de menor esfuerzo físico y mental y de mayor flexibilidad en las jornadas laborales. Sin embargo, también puede significar mayor precariedad de las condiciones salariales y de la seguridad social. La Organización Internacional del Trabajo reconoce que buena parte del trabajo en

las plataformas digitales se caracterizan por el hecho de que “los trabajadores suelen llevar a cabo tareas generalmente de poca envergadura, que pueden ser

realizadas a distancia, mediante la computadora e internet ...donde las remuneraciones son inferiores al salario mínimo, los flujos de ingresos son impredecibles y hay una ausencia de protección laboral”

Los jóvenes

Antes de la gran difusión de los procesos de trabajo digitalizados lo que predominaba entre los jóvenes eran los trabajos mcdonadizados (temporales, informales, tercerizados, rutinarios, de bajos salarios) (Ritzer, sf). Hoy son cada

vez más comunes su versión en plataforma, los gig 2 -empleos, ahora digitalizados.

La legislación laboral

Ante crecientes protestas, en varios países de la Unión Europea están aumentando los juicios legales de casos en los que los trabajadores de plataformas exigen su reclasificación como trabajo dependiente con acceso a lasprestaciones sociales correspondientes.

No obstante que los sindicatos -sobre todo los más grandes y los que forman parte de federaciones nacionales- tienden a organizarse en federaciones mundiales, al no funcionar todavía ellos mismos en redes, por ejemplo, en un solo sindicato mundial de Uber, no tienen la fuerza ni la cohesión para poder realmente defender a los trabajadores. A legislación laboral, al ser nacional, se encuentra fragmentada por país.

Las propuestas emitidas por la Comisión Europea (European Commission, 2021) laman a proteger a los trabajadores, tanto de plataformas de trabajo dependiente En este sentido, el trabajo con recursos digitales asumió protagonismo durante los confinamientos dictados en diversos países para limitar la transmisión del COVID-19, y parece haber vigorizado modificaciones en la división del trabajo al interior de las familias. Por ese motivo, también presentaremos en este artículo un análisis de los datos según una perspectiva de género que permita comprender las representaciones de los jóvenes al respecto.

Resultados en Argentina 

En el equipo de Buenos Aires se decidió aplicar una técnica de investigación que se denomina “Asociaciones libres de palabras” y destacaron asociaciones referidas a la comodidad de poder realizar el trabajo desde la casa, también se articulan con aquello que, un 40% de los jóvenes encuestados, conciben que el trabajo virtual les permite: conducirse con “autonomía”. De este modo, conciben que el trabajo con recursos digitales les posibilita organizar por sí mismos su día, adaptar los horarios a sus necesidades y autoorganizarse.

Por otra parte, un 20% de los jóvenes de la muestra asocian al trabajo virtual (a partir de esta frase dicotómica sobre aquello que “permite”) con la posibilidad de articular el trabajo con la vida personal. Se observa que ambas categorías: autonomía y compatibilidad entre el trabajo y la vida personal, se encuentran muy relacionadas. 

Así como la mayoría de los jóvenes asocian el trabajo virtual con cualidades positivas, un grupo menor (17,8%) lo asocian con aspectos de insatisfacción, representado sobre todo por los términos “cansador” (f=22) y “difícil” (f=14), triplicando y hasta cuadruplicando la aparición de otras expresiones (tales como incómodo y aburrido; f=8 y f=7 respectivamente). Mientras que otros jóvenes (9,8%) definen al trabajo virtual incluyendo simultáneamente aspectos satisfactorios e insatisfactorios, señalando que es: “práctico” y “cansador”, “cómodo pero aburrido”, “cansador” y además “interesante”. Como señala una de las entrevistadas que trabaja de manera asalariada.

Al indagar sobre las asociaciones referidas al Beneficio personal, se refuerzan contenidos antes dichos sobre la “readecuación del trabajo y el aprendizaje de las herramientas tecnológicas

En lo que respecta a las asociaciones sobre el Beneficio a la comunidad, un tercio de los jóvenes (35,4%) hace referencia al trabajo colaborativo y a la ampliación de las redes de contacto mediante el uso de las “herramientas tecnológicas”; también para la generación de procedimientos más transparentes que favorecen a la vinculación comunitaria, al bien común (29,9%). Un 25,6% de los jóvenes hacen mención a una reducción de la contaminación ambiental.

Era de la Información. Con el desarrollo de las nanotecnologías digitales se incrementó la capacidad de almacenaje y la velocidad de procesamiento -mediante la conexión a una red inalámbrica-, e introdujo cambios no sólo en las dinámicas de producción (Martínez, Palma y Velásquez, 2020). Modificó la percepción de la relación tiempo-espacio: se generaron vínculos laborales globalizados que fortalecieron la necesidad de flexibilizar los horarios de trabajo, y los trabajadores comenzaron a trasladarse de una localidad a otra, o bien a trabajar a distancia -de manera remota. Por otra parte, se modificaron los contratos de trabajo asalariado: a tiempo parcial, entre otros con menor carga horaria, de tipo marginal, caracterizados por horarios escalonados, semanas de trabajo comprimidas, el trabajo compartido, entre otras modalidades.

La irrupción abrupta del COVID-19 en marzo del 2020 aceleró de manera inusitada esos cambios que se estaban produciendo en el mundo del trabajo, generando una “disrupción” en tanto fractura e interrupción en el modo tradicional como se ejecutaba algo (Melamed y Jalife, 2020). El trabajo con recursos digitales, imprescindible para amortiguar los efectos de las medidas del ASPO, dejó en evidencia un desacople del trabajo de la presencia física en el ámbito laboral, dejando nuevamente en escena la histórica tensión entre tiempo laboral y tiempo no laboral, con alteraciones en la compatibilidad entre trabajo y familia. Se produjo lo que Neffa (2020) refiere como una división social y técnica del trabajo, donde la “esfera laboral pugna por invadir el espacio doméstico y la vida privada”.

De este modo, el trabajo virtual es representado según cualidades de satisfacción y de restricción, distintas según se trate de jóvenes que trabajan con recursos digitales en una modalidad de empleo tradicional (asalariado), de aquellos que trabajan de manera independiente, informales o cuentapropistas (trabajadores libres). De igual modo que difieren según una perspectiva de género.

Según lo analizado, es posible afirmar que el trabajo virtual desde sus cualidades de satisfacción es concebido como una actividad valorada de manera favorable por la flexibilidad horaria, y el mayor aprovechamiento del tiempo al no tener que trasladarse a los lugares de trabajo, permitiéndole ello compatibilizar distintos ámbitos de su vida. Además, se significa al trabajo virtual como cómodo y práctico, que permite desempeñarse con autonomía e independencia, además de presentar desafíos y oportunidad para aprendizajes.

Desde la vertiente de cualidades de restricción, el trabajo virtual desagrada respecto del distanciamiento social que implica. Son significativas las referencias a la pérdida de sociabilidad, relaciones, posibilidad de compartir con otros. Los afectos tomaron protagonismo al relevarse las asociaciones de aquello que impide el trabajo virtual.

Además de lo dicho, entre las cualidades de restricción se encuentran la confusión del espacio laboral y familiar, si bien por un lado es significado como satisfactorio por la comodidad que implica, al mismo tiempo es adjetivado con apreciaciones de desagrado por la confusión y superposición de los espacios familiares y laborales. Son significativas las reiteradas experiencias acerca del trabajo virtual y las excesivas horas de trabajo, hiperconectividad, presión y vivencias de abuso por elevadas exigencias. 

Como queda en evidencia mediante varias de las asociaciones libres, representar al trabajo virtual es un modo de mirar hacia el futuro, previendo un escenario laboral cada vez más atravesado y caracterizado por el avance constante de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Dinámica que también está renovando los roles tradicionales en la división del trabajo doméstico, o bien reactivando representaciones de la mujer como cuidadora del hogar y el varón en su rol de proveedor material del mismo.

Según la perspectiva de género, quedó en evidencia una sobrecarga en la mujer por las dificultades para compatibilizar el trabajo y la vida familiar, conllevando cansancio y estrés. Asimismo, denotan apertura para aprender e incorporar nuevos recursos tecnológicos. Se muestran más necesitadas de diálogo y comprensión, mientras que los varones parecen estar más preocupados por el rédito económico, la productividad y resolución de problemas, enfocando en aquello de lo cual no disponen, como materiales o insumos que estaban en la oficina, y que afectan el desempeño al no tenerlos accesibles. 

Considerando la modalidad de trabajo, el trabajo con recursos digitales es asociado por los emprendedores, con la inestabilidad de su fuente de trabajo y por ende, de su seguridad económica. Se encontraron ante la necesidad de capacitarse para el uso de recursos tecnológicos que le permitiesen superar los obstáculos del ASPO y los derivados de factores impositivos.

La sociabilidad, que era la base de muchos emprendimientos, así como el trato personalizado, se dificultó con el aislamiento. Para quienes pudieron superar ese primer impacto, encontraron que la tecnología podía serles útil para llegar a ámbitos en los cuales no habían accedido, fortaleciéndose el emprendimiento una vez superado el impacto por la pandemia.

Los teletrabajadores, por un lado, tenían más resueltos algunos temas, ya que solían manejar más la tecnología, y el tener un trabajo en relación de dependencia les daba cierta seguridad laboral. De todos modos, se encontraron con una fuerte dificultad: la pérdida de lazos facilitadores para la comunicación con compañeros y jefes, además de desconfianzas y fallas en la comunicación que fueron el cimiento de algunas experiencias de maltrato y abuso en los ámbitos de trabajo. En otros casos, saturación de horas de trabajo, cansancio y estrés.

La dinámica social, en un contexto de emergencia sanitaria que requirió rápidos ajustes en la cotidianeidad, puede inclinarse a favorecer una precarización de las condiciones de trabajo, alejándose de las luchas que venían instalándose para propiciar la igualdad de oportunidades para la inclusión social. A través de la investigación queda en evidencia el necesario acceso a recursos tecnológicos para continuar con las actividades laborales (y educativas) a la vez que, de ser insuficiente, resultaría una limitante generadora de desigualdades sociales. Por otra parte, las relaciones y comunicaciones sociales afectadas por el establecimiento del distanciamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia covid-19, puso en escena la necesidad de promover lazos de respeto, confianza y colaboración -necesarios para prevenir experiencias de maltrato subjetivo-, además de concientizar sobre el derecho a la igualdad de oportunidades superando las diversidades y exclusiones sociales.

En el equipo de investigación de México destacamos:

Nos interesó saber si tienen contrato laboral y que tipo es, de tiempo completo, fijo o por honorarios o por tareas; con que prestaciones cuentan; sus ingresos y como los evalúan, así como el tipo de movilidad que les permite este trabajo. Nos interesamos por saber si el sujeto decide su lugar de trabajo o se le impone. 

En relación con el trabajo en tiempos de COVID quisimos saber cómo se modificó el trabajo en esta etapa, como visualizan su trabajo después de esta pandemia y cómo imaginan que será su trabajo en el futuro.

También se quiso saber desde cuando trabajan como lo hacen en la actualidad, en teletrabajo y si el sujeto tiene experiencias laborales previas.

En relación con la representación de su trabajo actual quisimos comparar este con sus trabajos anteriores, poniendo énfasis en la diferencia entre cómo es el trabajo con o sin teletrabajo.

También se buscó que valoraran los aspectos más importantes que el sujeto destaca respecto a su trabajo.  Asimismo, quisimos saber si la vida laboral se enriquece al usar tecnología y si la nueva tecnología facilita el trabajo que realizan, así como buscar que el sujeto describiera como es ésta. 

En cuanto a ejes de satisfacción quisimos conocer qué satisfacciones les proporciona esta modalidad de trabajo. De qué forma se facilita o mejora su vida personal.

En cuanto al eje de restricción quisimos saber que le desagrada y que obstáculos encuentra en este tipo de trabajo en relación con la esfera laboral y la familiar y/ o personal.

En cuanto a la distinción de bien propio/ bien común se trató de saber a que nivel individual, conectivo, en equipo o social se promueve el bien común. 

Conclusiones:

Una conclusión y resultados

Una conclusión que nos parece fundamental al analizar estas formas de trabajo

digital es que las relaciones de trabajo no son alteradas en lo esencial, sino que se reproducen de otra manera. Sin embargo, sin la participación decidida de los

estados y sus legislaciones la ya de por si grave precarización laboral, producto de las relaciones laborales en el capitalismo, se seguirá agudizando con el uso de la nueva tecnología.

La tecnología per se no genera precarización laboral ni perdida de prestaciones ni da lugar a carencia de empleo digno. La tecnología solamente está contenida por los instrumentos que pueden ser favorables o desfavorables al desarrollo humano, dependiendo de la relación capital trabajo imperante.

Si bien es cierto que el teletrabajo existía y crecía de manera importante antes de que estuviéramos viviendo confinados como producto de la pandemia COVID 19, es indudable que esta situación aceleró el proceso que ya veníamos viviendo y puso en cuestión muchas “certezas” anteriores y muchas formas de trabajo se vieron trastocadas y transformadas.  Como dicen Fernández y Boso (2022) el confinamiento derivado del COVID que obligó a utilizar el teletrabajo, dejó nuevamente en escena la histórica tensión entre tiempo laboral y tiempo no laboral con alteraciones en la compatibilidad entre trabajo y familia 

En la época COVI 19 las condiciones laborales se modificaron estructuralmente, la dinámica laboral se diversificó, desde el espacio físico en el que se desarrollaban antes esas actividades, el hogar se convirtió en el centro de operación de los trabajadores, con diversas consecuencias. Se asumía anteriormente a la casa como el lugar privado, doméstico, y ahora se convirtió en el espacio donde se incrementaron las horas de trabajo.  Los que ya lo hacían así no percibieron cambios, pero para la mayoría fue un proceso muy complicado.

Los y las trabajadoras de diversos tipos vivieron un proceso acelerado de cambio y la necesidad de adoptarse a las nuevas situaciones.  Esto sucedió en muy diversos tipos de trabajo, considerados más elementales, que requieren menor capacitación, hasta el trabajo que realizan personas de alta calificación profesional. 

La nueva realidad se fue imponiendo, sin saber cuánto duraría esta situación y como viviríamos después, si algún día superábamos la pandemia.  Estas realdades generaron representaciones sociales novedosas, algunas de ellas relacionadas con el teletrabajo.

En estos tiempos la mayoría de las personas que trabajan utilizan tecnología de diverso tipo. Existe una jerarquía de tecnologías y de trabajadores que utilizan esas tecnologías. Y existen desarrolladores de tecnología. En este contexto viven nuestros entrevistados. 

En términos generales podemos resumir que los cambios más importantes en la era del COVID se dieron en los siguientes aspectos:

Ritmo de trabajo, forma de comunicarse en el trabajo, intensidad del trabajo, movilidad del trabajo, relación tiempo de trabajo-tiempo libre; en la relación espacio laboral ye espacio doméstico y en la relación que los entrevistados perciben en cuanto a autonomía y dependencia en el trabajo. 

Si bien es cierto que nuestra muestra se integró con sujetos que hacen trabajo en línea, es cierto que reafirmaron la idea de que el trabajo que realizan requiere de forma ineludible de la tecnología. 

En relación con los cambios en el trabajo en tiempos de pandemia para la mayoría de los entrevistados se generó un cambio sustantivo en el desempeño de sus tareas.  Muchas empresas quebraron y eso obligó a los trabajadores a buscar otras opciones y las que encontraron ya eran en línea. En algunos casos las empresas ya habían adoptado la forma de teletrabajo, algunas estaban preparadas para el cambio y otras no.  En esos casos todo fue más difícil pues implico una transformación radical.  En algunos casos no se modificó la tecnología ni su uso, pero si las medidas de seguridad. 

Uno de los espacios en los que se dio una gran transformación fue en el ambiente educativo, que vivió muchos problemas por ejemplo por la falta de equipo adecuado. Ahí la brecha tecnológica fue notable.  Desde la representación de nuestros entrevistado “se requiere un momento de aprendizaje en la erad digital”

En cuanto a su situación salarial encontramos diversidad. En algunos casos no se afectó el salario, en otros sí.  Hubo casos en los que hubo muchos despidos, otras empresas lograron sobrevivir con la misma planta laboral.

Cambiaron los ritmos de trabajo, en unos casos se aceleraron y en otros disminuyeron

Una conclusión interesante es que el uso de las tecnologías potenció las capacidades de personas con baja escolaridad. Sin necesidad de obtener un grado académico, al capacitarse en el uso de nuevas tecnologías mejoro su situación laboral.

En términos de diferencias de género nos parece interesante destacar que, en el rubro de ventajas, desventadas del trabajo remoto son claras las diferencias en las representaciones sociales que hombres y mujeres tienen respecto al trabajo en la familia y el cuidado de los demás- Las mujeres resaltan este aspecto en sus narrativas, los hombres lo ven más como convivencia, pero no como reparto de tareas en el hogar. Por su discurso podemos inferir que ellas asumen como “natural” ser ellas quienes se encargan del hogar y dan un lugar muy relevante a estar en casa para atender a la familia. El tema del cuidado asignado a las mujeres y reproducido por su propia actitud aparece nítidamente en esta investigación 

En general el uso de tecnologías ha sido positivo en el desempeño de su trabajo, aunque depende tamicen mucho del tipo de trabajo que realizan. 

En resumen, el trabajo en plataformas en tiempo de pandemia ha sido, desde la perspectiva de los entrevistados, algo positivo, que ha generado mayor eficiencia y aun las empresas reconocen que el rendimiento ha sido mayor. En la investigación realizada aparece una paradoja pues para el 96% de los entrevistados el trabajo remoto beneficia y facilita la vida personal , destacando movilidad laboral, descanso, movilidad cotidiana, hacer cosas a la vez, comer mejor, mayor comunicaron con las familias, no tener un horario fijo, no tener que convivir con personas que no desean,), posibilidad de autocuidado, de hacer más ejercicio, mejorar la calidad de vida), , y solo el 4% consideró que no le proporcionaba beneficio (mezclar trabajo con la vida personal sentirse invadido en el hogar por  trabajo) y sin embargo al preguntarles acerca del desagrado con el teletrabajo  aparece un 85% que así lo representa porque apuntan que :

No les gusta depender de la tecnología; depender de si funciona o no la máquina;  estar permanentemente conectados, se exige dejar rastro, evidencia, de todas las actividades, es mayor la monotonía, por tanto mentalmente  es más cansado; las relaciones son impersonales; hay lagunas en las comunicaciones; problemas de salud como vista cansada y problemas en la columna vertebral ; carecer de seguro; le desagrada la vigilancia que posibilita este tipo de trabajo; dejar de esforzarse y el cerebro se alienta porque la máquina resuelve todo; falta de privacidad en los espacios. “MI habitación es mi oficina y mi sala de juntas y todo”., afirmó un entrevistado.  “Como saben que están ahí quieren tener parte de tu tiempo”. Se borran los horarios laborales. Todo es “urgente”; tienes que estar disponible todo el tiempo. Un sentimiento que les preocupa es ser prescindibles. Algunos destacan sentir aburrimiento, falta de concentración, el sentimiento de no ser productivo. Este tipo de comunicación no sustituye para nada lo presencial, en términos de convivencia.  En el sector educativo: “La enseñanza no es solo contenido sino es aprendizajes sociales, emocionales, que implican contacto, una relación”.  Ese tipo de trabajo en línea no permite construir grupo, comunidad, no es una opción. “Los niños no tiene conflictos y no pueden resolverlos”. “Al no tener a la persona frente a frente muchas veces la gente no entiende lo que les estás explicando” Al carecer de la tecnología adecuada hay que improvisar. 

Los mayores obstáculos que encuentra en el desempleo de su trabajo con el uso de tecnología se resumen en:

Problemas de conexión en Internet, distracciones, falta de equipo adecuado, tener que estar disponible todo el tiempo, problemas de comunicación, sentimiento de aislamiento, problemas de salud, infraestructura eléctrica, dificultad en los procesos y cuestiones de administración del tiempo.

En cuanto a la percepción de bienestar individual y del equipo de trabajo en la modalidad de teletrabajo, alrededor de la mitad de los entrevistados considera que, si lo favorece, mientras que en cuanto a bienestar social a mayoría (93%) considera que si lo favorece

Trabajar en casa tiene muchos beneficios cuando se cuenta con un espacio adecuado y con la tecnología necesaria. En esos casos aumenta la autonomía y la calidad de vida, en casos de hacinamiento, violencia y cuando hay niños que crear genera graves dificultades. 

Podemos concluir también que la tecnología no es solamente una herramienta dosificadora de trabajo, no solamente asigna tarareas a los trabajadores, sino que en la actualidad incorpora cada vez más la creatividad humana y en particular se vuelve una extensión de la creatividad humana.

Finalmente, es importante anotar que a pesar de que la percepción de nuestros entrevistados en general es positiva en relación con su teletrabajo, en este aspecto también existe una gran brecha.  Los trabajadores muy capacitados en el uso y desarrollo de las tecnologías con o sin pandemia, cuenta con una situación laboral muy positiva y con un futuro prometedor.  Muchos trabajadores entrevistados muestran una actitud positiva hacia su trabajo en el presente, pero una pesimista hacia el futuro, Pero muchos trabajadores siguen recibiendo salarios muy bajos, carecen de prestaciones, requieren tener varios trabajos, y también viven en un mundo laboral precario e incierto.

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Srnicek, Nick (2018) Capitalismo de plataformas, Caja Negra Editora, Buenos Aires

Palabras clave:

Trabajo, uso tecnología, precarización laboral, juventud 

Resumen de la Ponencia:

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O foco deste trabalho está na análise descritiva e bibliográfica: a) da história do programa de pesquisa em capital humano, denominado de Teoria do Capital Humano; b) da base de sua idéia de investimentos em seres humanos e c) as críticas que essa teoria têm recebido no contexto recente. Usaram-se os textos de Mincer (1958); Schultz (1961); Becker (1962); Mankiw (1992); Smith (1996), entre outros, como fonte de análise do lado mainstream da Teoria, e textos de Blaug (1975 e 1993); Frigotto (1986); Gentilli (2002); Motta (2007) entre outros, como fonte de análise crítica da Teoria. Os resultados apontam que a natureza do programa de pesquisa em capital humano é estritamente liberal clássica, desde Adam Smith. No entanto, permaneceu adormecida ao longo da história do pensamento econômico, tendo seus estudos retomados na década de 1950, nos Estados Unidos, pelos economistas ultraliberais da Universidade de Chicago (Gary Becker) e de Columbia (Jacob Mincer e Theodore Schultz). Os referidos estudiosos consideram que as fontes de capital humano podem ser de cunho geral adquiridos com a escolarização, no entorno familiar e social, ou de cunho específico, adquiridos na experiência da vida profissional e através de cursos profissionalizantes. Identificou-se que apesar da abordagem ultraliberal ser a predominante, teóricos críticos levantam pontos de interrogação sobre a Teoria e a validação de seus postulados nos dias atuais, defendendo que durante o período no qual os estudos foram retomados, o locus da Teoria desfrutava de um cenário social, político e econômico favorável, fato distinto dos dias atuais, onde não se enxerga com tanta linearidade a conexão virtuosa entre capital humano e emprego ora vivenciado naquele período. Conclui-se que é inegável que tanto o lado da visão mainstream, quanto o lado da visão crítica, foi consolidado na Economia e Sociologia do Trabalho e da Educação, os estudos em capital humano, inspirando um grande número de pesquisas até os dias atuais que analisam os impactos do capital humano no desenvolvimento de um país, na qualidade da força de trabalho, no comportamento do mercado de trabalho, da educação e da sociedade no contexto geral.

Introducción:

Desde os meados do século XX, o fator de produção trabalho tem sido alvo de muitos estudos e críticas dentro da Teoria do Capital Humano. Na perspectiva Macroeconômica, o investimento internacional em países pobres estava fadado ao fracasso, pois a produtividade do trabalho nesses países é menor do que em países ricos, devido a quantidade e qualidade do capital humano (Mankiw, 1992). O nível de capital humano é expresso em indivíduos que apresentem características de maior educação, saúde e conhecimento, pois se configuram indivíduos mais habilidosos e produtivos. Partindo dessa premissa, o investimento nas pessoas seria uma alternativa de ‘correção’ da distorção da trajetória de crescimento das economias pobres, à partir do investimento em capital humano, ou seja, nas habilidades dos indivíduos.

Dessa forma, as políticas nacionais que atuam na construção e melhoramento de estoque de capacidades físicas e psicológicas das pessoas e seu aproveitamento no processo produtivo são amparadas em resultados de testes e medidas através de funções matemáticas/econométricas (Mankiw, 1992). Grande parte do crédito pelo uso desses testes pode ser atribuída à tradição ortodoxa clássica/neoclássica da Economia, que consolidou o uso da matemática para medir o nível de Capital Humano e explicar a importância do uso do fator trabalho como fonte para o crescimento econômico.

A parte da literatura que estuda o ‘investimento nos indivíduos’ é denominada de Economia da Educação. Fora do escopo tradicional que lida com a disciplina (as licenciaturas e educadores), a perspectiva econômica da educação tem assumido atualmente a hegemonia no assunto. Segundo Ramos (2015, p. xii), 

O sistema escolar é assumido no dia a dia, como um espaço que delimita as possibilidades de crescimento da economia, determina o perfil da distribuição de renda entre assalariados, define o leque de empregos e salários que o indivíduo terá em sua vida ativa, explica a pobreza e sua reprodução entre gerações [e] pauta o perfil de trabalhadores que a estrutura produtiva terá a sua disposição.

Nesse sentido, o paradigma teórico que trata sobre a perspectiva econômica da educação é conhecida por Teoria do Capital Humano (TCH). Relativizando esse modelo, elogios e críticas evidenciam o alcance da Teoria. Dentro desse embate, muita produção acadêmica acerca da importância e do limite da TCH foi realizada, culminando com a derivação em outras vertentes de estudos, como: a ‘skill-biased technological change’ (Mudanças Tecnológicas Enviesadas, Tradução Livre) e a mais recente, ‘Teoria do Capital Social’ (Motta, 2007). O presente trabalho objetiva discorrer acerca da história da TCH, seus elementos constituintes e o surgimento das primeiras críticas sobre a visão de investimento em indivíduos, ressaltando o papel que a escola assumiu dentro deste campo da pesquisa. Destaca-se que não é intenção deste trabalho analisar e discutir a TCH em si, pois o que se pretende alcançar é conhecer a origem, os principais elementos e as críticas recebidas.

Dessa forma, usou-se a pesquisa bibliográfica e documental como metodologia, tendo sido desenvolvida em duas etapas: A primeira, realizou uma revisão de literatura mainstream para apresentar a história do programa de pesquisa em capital humano e a base teórica da idéia de investimentos em indivíduos, valendo-se de textos como Mincer (1958); Schultz (1961); Becker (1962); Mankiw (1992), Smith (1996), Ramos (2015), etc. A segunda, realizou outra revisão da literatura com autores que realizam críticas à TCH, destacando as mudanças que o papel da escola assumiu para dar sustentação às bases teóricas da TCH, valendo-se de textos como Blaug (1975, 1993); Frigotto (1986); Gentilli (1998); Motta (2007), Almada Lima (2004) etc.

Por fim, o presente trabalho está organizado em três partes, além desta introdução e conclusão. Na primeira, tem-se a apresentação das inspirações teóricas desde as clássicas, na literatura econômica, à emergência da TCH. A segunda apresenta os primeiros estudos do programa de pesquisa em investimentos em indivíduos. Finalmente, a terceira realiza uma abordagem crítica sobre os investimentos em capital humano, sobretudo, no que se refere ao papel da educação.

Desarrollo:

2 AS INSPIRAÇÕES TEÓRICAS PARA O PROGRAMA DE PESQUISA EM CAPITAL HUMANO

De forma complementar e independente, Gary Becker e seus colegas da Universidade de Chicago, Jacob Mincer e Theodore Schultz, conhecidos por seu ultraliberalismo, foram os que desenvolveram e popularizaram a Teoria do Capital Humano (Piketty, 2015). Contudo, a preocupação com a produtividade do trabalho relacionada à qualificação do trabalhador no processo produtivo já fazia parte da pauta dos escritos econômicos clássicos. Segundo Blaug (1975, p. 2), “A educação hoje em dia é um lucrativo investimento privado”, porém, até a década de 1950 essa constatação não era compreensível. “Isso é o que há de mais surpreendente”, (Blaug, 1975, p.2), pois a idéia básica é a equiparação de investimentos geradores de retornos econômicos, seja via habilidades (capital humano), seja via máquinas (capital físico).

Apesar do tema ser relativamente recente, foi retratado pela primeira vez em 1776, por Adam Smith, no seu livro ‘A Riqueza das Nações’. No entanto, nos primórdios da ciência econômica, não se encontrava bases analíticas de pesquisas entre o trabalho e a assistência social, como educação, saúde e moradia. A constatação mais importante abstraída por Smith (1996) foi que a divisão de tarefas [trabalho] aprimora as forças produtivas do trabalhador dando-lhes destreza, habilidade e bom senso. Ora, sendo a divisão do trabalho o propulsor da produtividade, seus produtos seriam a destreza e a habilidade, que por sua vez produziriam maiores vantagens na produção/produtividade.

Seguindo a visão de Smith (1996), admitindo que o trabalho torna-se mais produtivo quando submetido à fragmentação, o aprendizado deste é imprescindível para que haja de fato rendimentos maiores das forças produtivas utilizadas nesse processo de produção. O rendimento anunciado se refere tanto na perspectiva de que um maior “aprimoramento da destreza do operário aumenta a quantidade de serviço que ele pode realizar” (Smith, 1996, p. 68), como na perspectiva de salários maiores por parte do trabalhador especializado, em detrimento a salários menores por parte de trabalhadores comuns. Nos dois sentidos, um trabalhador educado é uma espécie de máquina dispendiosa, que lhes é aplicado um determinado investimento, para posteriormente, recuperar o capital investido. Para Smith (1996, p.149).

Quando se instala uma máquina cara, deve-se esperar que o trabalho extraordinário a ser executado por ela antes que se desgaste permita recuperar o capital nela investido, no mínimo com o lucro normal. Uma pessoa formada ou treinada a custo de muito trabalho e tempo para qualquer ocupação que exija destreza e habilidade extraordinárias pode ser comparada a uma dessas máquinas dispendiosas. Espera-se que o trabalho que essa pessoa aprende a executar, além de garantir-lhe o salário normal de um trabalho comum, lhe permita recuperar toda a despesa de sua formação, no mínimo com os lucros normais de um capital do mesmo valor. E isso deve acontecer dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a duração muito incerta da vida humana, da mesma forma como se leva em conta a durabilidade mais certa da máquina.

Segundo Blaug (1975), parecia um início promissor para os estudos de investimentos em educação, mas, em sua opinião, o teórico Alfred Marshall, em seu livro ‘Princípios de Economia’ de 1890, ‘matou’ todo interesse pelo problema dentro da discussão ortodoxa, quando opinou como irrealista “a ideia de incluir as habilidades adquiridas da população na medida da ‘riqueza’ ou ‘capital’ da economia” (Blaug, 1975, p. 3). Marshall afirmava que havia poucos problemas práticos para a economia em relação ao princípio que relaciona as despesas com educação dos filhos e sua alocação entre família e Estado, enveredando seus estudos para outros temas (Blaug, 1975). Entretanto, deve-se ressaltar que Alfred Marshall aceitou a ideia de Adam Smith, ao comparar um trabalhador educado com uma máquina e como pessoas mais educadas tendem a ganhar mais em relação às que carecem de educação. Smith e Marshall [e mais tarde Irving Fisher] produziram uma aproximação dos estudos onde educação e treinamento pode ser encarado como um tipo de investimento, análogo a capital humano (Blaug, 1975).

Assim, passados quase dois séculos, Theodore William Schultz em seu discurso presidencial à American Economic Association em 1960 usou pela primeira vez a metáfora Capital Humano, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento de pesquisas em capital humano, pois este episódio seria uma espécie de anúncio da teoria. O ‘nascimento efetivo’ da TCH ocorreu em 1962 com Gary Stanley Becker. Segundo Monteiro (2016, p. 45), o trabalho de Schultz, iniciado na década de 1950, tem “demonstrando o alcance da TCH através da aplicação não apenas à escolaridade e formação, mas também em termos de migração, saúde, crescimento econômico e seus beneficiários sociais”. Ele também foi responsável por liderar pesquisas relacionadas à demografia, agricultura e ao capital educacional. Seus trabalhos sobre a agricultura e o desenvolvimento colocavam a ideia de investimento na capacitação humana no centro do seu pensamento. Para o autor, capital humano representa a aquisição de todas as habilidades e conhecimentos úteis, que é parte do investimento deliberado (Monteiro, 2016).

Por ser um membro muito respeitado na época, com fortes ligações entre organizações de financiamento públicas e privadas, Schultz usaria essas conexões para a sensibilização da importância dos estudos, colocando o capital humano em alta nas suas pesquisas e formulação de políticas de diversas organizações (Monteiro, 2016). A importância de seus trabalhos foi ampliada pelas pesquisas de Gary Stanley Becker e Jacob Mincer. Em 1979, veio o reconhecimento da grande contribuição de Schultz à TCH, quando recebeu, juntamente com Arthur Lewis, o prêmio Nobel em Economia, pesquisando os problemas do desenvolvimento econômico em países pobres com um grande contingente de mão de obra de educação precária (Nobel Prize, 1979).

Outro economista muito importante para a agenda de pesquisa foi Jacob Mincer. Sua tese de doutorado, publicada no Journal of Political Economy em 1958, é considerada uma grande contribuição sistemática [se não a primeira] à emergência da TCH. Em seu trabalho há a abordagem empírica de várias características dos assalariados (ocupação, educação, indústria, idade e sexo) e a proposta de usar o investimento em educação e formação [o termo capital humano ainda não estava em vigor] como um princípio explicativo à distribuição de renda (Mincer, 1958) e afirmou a necessidade da abordagem neoclássica, ortodoxa, pautada na teoria da escolha racional. Para Mincer (1958), a escolha ocupacional era um ato racional e livre, sendo as diferenças de renda um resultado natural e inevitável pela compensação das vantagens e desvantagens associadas a cada ocupação e suas exigências de formação. Seus inspiradores teóricos foram Alfred Marshall, Irving Fisher e especialmente Milton Friedman (Teixeira, 2017).

Gary Stanley Becker é o terceiro pensador da época que seguiu os passos de seus antecessores Schultz e Friedman da Universidade de Chicago, acerca do investimento em indivíduos. Também desenvolveu muitas pesquisas com Mincer na Universidade de Columbia. Apesar de Schultz ter sido o ‘anunciante’ da TCH, foi Becker quem ‘promoveu’ o nascimento do termo, quando em 1962, publicou no periódico Journal of Polítical Economy um artigo intitulado ‘Investiment in human capital: a theoretical analysis’, tanto esse artigo, como sua monografia (Human Capital – 1964), têm sido “o lócus clássicus do assunto” (Blaug, 1993, p. 285).

Becker trabalhava no intuito de analisar a aplicação da teoria econômica a questões sociais, como por exemplo, os efeitos do preconceito sobre o salário, o emprego e as ocupações das minorias, coisa que em seu tempo, tal prática era vista com muita antipatia pelos economistas mais tradicionais. Contudo, os mais jovens encaravam a análise com muita receptividade (Monteiro, 2016).

Dessa forma, Becker, em suas pesquisas sobre capital humano, desenvolveu um método de análise do comportamento humano com uma abordagem econômica (Blaug, 1993; Monteiro, 2016), para explicar, através dos pressupostos da economia neoclássica, o comportamento humano como resultado das escolhas, perspectivas, posturas, racionalidade e preferências individuais orientadas pela maximização da utilidade e limitadas pela renda, tempo e oportunidades. Apesar de todas as críticas e controvérsias da época entre os economistas neoclássicos/ortodoxos e economistas heterodoxos, bem como dos cientistas sociais, a abordagem econômica do comportamento humano de Gary Becker seguiu suportando as críticas e prosperando e, em 1992, ele foi Nobel em economia (Nobel Prize, 1992). Por fim, o programa de pesquisa ‘investimentos em indivíduos’ progrediu e se tornou uma teoria amplamente conhecida atualmente, nos mais diversos campos de estudo conhecida como Teoria do Capital Humano.

3 O PROGRAMA DE PESQUISA EM INVESTIMENTOS NOS INDIVÍDUOS

Conforme foi visto, Gary Becker é considerado por muitos como o pai da TCH (Teixeira, 2017; Ramos, 2015 e Monteiro, 2016), dada sua participação no estabelecimento do termo ‘Capital Humano’. Segundo Becker (1962), melhorar as habilidades físicas e mentais das pessoas aumenta a perspectiva de sua renda real. Tais melhorias advêm de atividades que incidem no bem-estar, as quais afetam o homem tanto no presente, quanto no futuro.

As atividades elencadas por Becker (1962) incluem a escolaridade, o treinamento no trabalho, os cuidados médicos, o consumo de vitaminas e a aquisição de informações sobre o sistema econômico como fontes de Capital Humano. Segundo Becker (1962), essas atividades diferem dos efeitos relacionados ao lucro, ao consumo, na quantidade de recursos investidos, no tamanho dos retornos e na extensão em que se percebe a conexão entre investimento e retorno. Entretanto, o mesmo considera que é inegável que todas melhoram as habilidades físicas e mentais dos indivíduos aumentando as perspectivas de retorno com altas rendas.

Em seu trabalho pioneiro sobre TCH, Becker (1962) buscou investigar vários temas relacionando indivíduo e o mercado de trabalho. Entre estes estão: 1) se a renda aumenta com a idade a uma taxa decrescente; 2) se a taxa de aumento ou decréscimo da renda está relacionada positivamente ao nível de qualificação/habilidades; 3) se a taxa de desemprego tende a ser negativamente relacionada com o nível de habilidade; 4) se o paternalismo das empresas em relação aos seus empregados está mais presente em países em desenvolvimento do que em desenvolvidos; 5) se os jovens mudam de emprego de forma mais frequente e recebem mais escolaridade e formação no local de trabalho do que os idosos; 6) se a distribuição dos ganhos é positivamente distorcida, especialmente entre profissionais e outros trabalhadores qualificados; 7) se as pessoas mais ricas receberam mais educação e outros tipos de treinos do que as demais; 8) se a divisão do trabalho é limitada pela extensão do mercado e, por fim 9) se o investidor típico em capital humano é mais impetuoso e, portanto, mais propenso a errar do que o típico investidor no capital tangível (Becker, 1962). No seu estudo, os itens foram agrupados em quatro temas, e ficaram divididos em: a) Formação no local de trabalho; b) investimento na escolarização; c) investimentos na informação e d) investimentos na saúde (Becker, 1962).

Sobre ‘formação no local de trabalho’ – on the job treining, Becker (1962) considera como importante fator que implica, de forma considerável, o aumento da produtividade do trabalho. Segundo o autor, muitos trabalhadores aumentam sua produtividade aprendendo novas habilidades e aperfeiçoando as antigas enquanto estiverem no trabalho, sendo esta aprendizagem diferente da formação escolar, pois o investimento é feito no trabalho, e não numa instituição de ensino (Becker, 1962). Neste pensamento, a escola é uma importante instituição empenhada na produção de conhecimento, mas é insuficiente, pois, alguns tipos de conhecimento podem ser melhor dominados se forem simultaneamente relacionados ao problema prático, ou seja, o desenvolvimento de certas qualificações requer tanto especializações como experiência e pode ser obtidas em parte na empresa, e em parte na escola. Becker (1962), vê empresa e escola como elementos complementares para a construção do conhecimento do trabalhador.

Ainda na concepção de Becker (1962), outra maneira de investir em capital humano é melhorar a saúde emocional e física dos trabalhadores mediante salários produtivos, promovendo uma melhoria nas condições de trabalho, salários mais altos, pausas para café e assim por diante. A saúde emocional é cada vez mais considerada como um determinante importante dos ganhos, assim como uma melhor dieta alimentar que adiciona força e resistência no corpo humano, culminando em ganhos de capacidade e produtividade do trabalhador (Becker, 1962).

Jacob Mincer, por sua vez, dedicou-se aos estudos da relação entre a distribuição de renda e os investimentos nas pessoas, tanto nos aspectos individuais, como no contexto familiar (Teixeira, 2017). As principais análises de Mincer (1958), estão ligadas a questões como: a) migração, como forma de mobilidade profissional para readaptação e renovação de habilidades; b) a importância do capital humano para a análise do desemprego; c) os efeitos do progresso tecnológico no mercado de trabalho; d) as mudanças no emprego e, e) a formação on-the-job.

Mincer (1958) também defendia que a mobilidade deve ser interpretada de acordo com a fase do ciclo da vida. Para ele, a mobilidade antecipada não reflete um indicativo sobre investimento em capital humano, mas, sim, como resultado por uma maior intensidade nos ganhos salariais. Ademais, de acordo com Teixeira (2017), os estudos de Mincer também estimularam o aprofundamento de outras pesquisas, exploradas mais tarde, como: a importância da educação em casa para o desenvolvimento de habilidades naturais, o investimento em idade tenra e a herança do capital humano que os filhos herdam de seus pais, de acordo com o nível de renda, local de moradia, experiências de emprego, cultura e instrução (Teixeira, 2017).

Ao longo de sua carreira, Mincer seguiu explorando as múltiplas implicações do capital humano até os dias próximo ao seu falecimento em 2006. Segundo Teixeira (2017), Mincer utilizou um quadro básico para explicar várias questões da análise do mercado de trabalho, proporcionando assim ao capital humano um papel central e unificador na explicação do comportamento individual do trabalhador. Um resumo do que estuda o ‘programa de pesquisa em investimento nos indivíduos’, representado por, Schultz, Becker e Mincer, apresenta os seguintes itens: “procura por emprego, migração, assistência médica, educação, obtenção de informações e treinamento profissional’ (Blaug, 1993, p. 289).

Por fim, ressaltasse que este programa de pesquisa foi desenvolvido no contexto norte-americano entre os anos 1950 e 1970, durante o boom econômico do modelo fordista-keynesiano (Melo, 2012). Nesse contexto, predominava-se a presença de educação e saúde privadas, bem como a ausência de esquemas de treinamento de trabalhadores patrocinada pelo Estado (Blaug, 1975). Considera-se que tais situações deram apoio à ênfase da TCH aplicada a lógica dos ganhos e investimentos privados. No entanto, com o desenvolvimento e aprimoramento do programa, outras variáveis, fontes e benefícios do investimento em indivíduos foram incluídos na agenda de pesquisa acerca do conjunto de fatores que contribuem para o aumento no capital humano, para além das fontes tradicionais citadas até aqui.

4 A educação como investimentos em indivíduos e suas críticas

Conforme anunciaram os pioneiros do programa de pesquisa em Capital Humano, uma pluralidade de fontes nutre a sua formação. Trata-se de um conjunto de qualidades, cognitivas ou não, sociais, econômicas entre outras, que o indivíduo adquire ao longo da vida cuja interação é capaz de tornar factível o aumento da produtividade dos seres humanos (Mincer, 1958; Schultz, 1961; Blaug, 1993 e Ramos, 2015). 

Para Schultz (1961), a aquisição de capital humano e sua formação se classificam em dois ramos: Capital Humano Geral (CHG) e Capital Humano Específico (CHE). Segundo Ramos (2051), os dois tipos de capital: CHG e CHE, são complementares e se articulam entre si desde a etapa inicial do ciclo de vida do indivíduo, conforme pode ser observado na figura 1, abaixo.

Figura 1: Interações do Capital Humano Geral e Capital Humano Específico

Fonte: Ramos (2015, p. 37)

Na figura 1, vê-se que no CHG está incluído todos os conhecimentos e habilidades que são de uso comum em quase todas as atividades da vida, sejam elas econômicas ou não. Nesse conjunto de atributos individuais [com maior ou menor sofisticação e extensão] pode ser considerado a leitura, a escrita, o domínio de operações elementares simples, interpretação de textos básicos, raciocínio abstrato e etc., variando segundo o nível de escolaridade com ampla gama de aplicações (Ramos, 2015).

Sobre o CHG, o sistema escolar permite adquirir conhecimentos e habilidades de cunho generalizado. No entanto, a figura 1 também demonstra que questões culturais (atitudes, disciplina, valores, pontualidade, iniciativa etc.), o entorno social (família, amigos), econômico (renda, bairro), somados ao ambiente escolar são singularidades que o indivíduo entra em contato no transcurso de sua vida em diferentes etapas e espaços que interferem em sua personalidade e afetam sua produtividade (Ramos, 2015).

Já o CHE, representa um tipo de formação que vai sendo acumulada na vida laboral, ao executar tarefas, ou em cursos de formação específicos, que vão se acumulando e formando um perfil de habilidades com domínios distintos ligados a tarefas ou postos de trabalho. Na perspectiva de Ramos (2015), o acesso ao posto de trabalho de qualidade (entendido como não precário, regulamentado, remuneração adequada, etc.) oferece melhores perspectivas ao futuro laboral do indivíduo, o inverso também vale. 

Portanto, através do esquema da figura 1, percebe-se que há uma série de variáveis que se interagem, permitindo identificar que o sistema escolar não é o único âmbito onde se acumulam capacidades cognitivas, habilidades, competências e etc., que contribuem para a vida laboral. Entretanto, o programa de pesquisa de investimentos em indivíduos também recebe críticas.

Uma das críticas rebate a idéia de que ‘investir no capital humano’, via escolarização ou treinamento dando-lhes acesso aos graus elevados de ensino, haveria uma garantia de ascensão do mesmo a um trabalho qualificado e de níveis de renda cada vez mais elevados e compatíveis com sua escolaridade. Segundo Motta (2007), a visão burguesa do papel econômico da educação reproduz a idéia que basta que o indivíduo esteja qualificado para o mercado, que haverá ascensão profissional, mobilidade e a garantia do bem-estar socioeconômico do indivíduo e seus familiares. Para a autora, essa ideia não retrata a realidade.

Nos preceitos de Mincer (1958), a educação de berço era o primeiro contato do indivíduo com suas habilidades naturais. Segundo Schultz (1961), esta é a herança do capital humano que os filhos herdam dos pais. Nesse caso, na TCH, o nível de instrução dos pais, renda familiar, experiências com trabalhos anteriores, local de moradia, condição de saúde e cultura irão influenciar na qualidade do investimento em capital humano despendido desde a idade tenra. Assim, percebe-se que a idéia burguesa de meritocracia é um dos pilares que sustenta o discurso da TCH.

Tal discurso foi predominantemente sustentado até os anos 1980, pois, no contexto no qual as pesquisas em capital humano iniciaram-se, em países capitalistas avançados, a economia prosperava, a mão de obra era constantemente absorvida em um mercado de trabalho crescente e estável, com ganhos reais de renda e com desigualdades salariais contrabalanceadas pelo certo grau de segurança que as políticas de bem-estar e o sindicato proporcionavam em conjunto (Blaug, 1993). Nesse contexto, a escola seria aquela variável que influenciaria a integração não só econômica, mas também civil, política e social dos indivíduos, com a presença de um vínculo ‘quase linear’ nas possibilidades de integração ao mercado de trabalho, em um cenário de relativo pleno emprego. Naquele cenário, o papel da escola era proporcionar o desenvolvimento do indivíduo enquanto cidadão para integrá-lo na vida produtiva, e isso se dava através do ensino do raciocínio lógico, leitura e escrita, isto é, uma educação universal (GENTILLI, 1998).

Nos dias atuais, o discurso burguês de que a escola é um importante canal de investimento para o desenvolvimento do capital humano ainda é hegemônico. No entanto, as visões críticas argumentam que dado o cenário econômico adverso, este se exprime nas dificuldades de integração do trabalhador ao mercado de trabalho. Autores como Frigotto (1986); Gentili (2002); Almada Lima (2004) e Velasco (2007) a escola/educação perdeu sua função integradora (integrar o indivíduo ao mercado de trabalho) para desempenhar outra função, que é preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, proporcionando apenas o aumento do ‘potencial de inserção’, ou seja, não garante integrar, mas, sim, aumentar sua empregabilidade. 

As mudanças na função da escola também vão produzir impactos quanto à formação profissional do trabalhador. O famoso jargão, ‘aprender fazendo’ (Ford, 1967) era o lema da produção fordista na época de início do programa de pesquisa em capital humano, e estava totalmente alinhada aos fundamentos de Schultz (1961) e Becker (1962) onde dava maior importância as aptidões adquiridas no trabalho. Porém, com as mudanças na função da escola e as dificuldades de inserção no mercado de trabalho, a formação do trabalhador que ocorreria com treinamentos dentro do ambiente das empresas (em detrimento a escola) deixa de ser exclusiva e sua aquisição passa a ser, em grande medida, orientada para dentro das escolas.

Segundo Gentilli (1998), a escola passa também a ser responsável por formar, capacitar e qualificar o trabalhador, através de uma educação tecnicista e preparatória para o trabalho, perdendo o seu caráter universal. Assim, com a ascensão do modelo de produção flexível nos anos 1970, a escola perde seu caráter integrador e o foco das ‘novas’ políticas educacionais voltou-se oferecer uma educação mercadológica, trazendo a preparação para o mercado de trabalho para dentro das escolas, com vistas a aumentar a empregabilidade do trabalhador para disputar as limitadas possibilidades de inserção no mercado (Gentilli, 1998).

Esta nova função da escola culmina com o segundo momento do programa de pesquisa em capital humano. Segundo Frigotto (1986, p. 136), “A educação e a qualificação aparecem como panacéia para superar as desigualdades entre nações, regiões e/ou indivíduos. O problema da desigualdade tende a reduzir-se a um problema de não-qualificação”. Na opinião de Frigotto (1986), o que está valendo é apenas que esse vínculo, entre educação e mercado de trabalho, importa mais em nível do aprendizado de habilidades, do desenvolvimento de atitudes funcionais para o processo produtivo, do que para a cidadania do indivíduo.

Portanto, o foco da nova visão do programa se estende para o viés de ‘investir’ na empregabilidade individual para disputar as limitadas possibilidades de inserção que o mercado oferece (Velasco, 2007; Almada Lima, 2004). Segundo Motta (2007), esta nova “perspectiva acortina o antagonismo de classe e busca cimentar a ideia de que a mobilidade social depende exclusivamente do esforço e mérito individual em promover o investimento no bem educacional” (Motta, 2007, p. 166). Almada Lima (2004) e Velasco (2007) consideram que com os mercados mais competitivos dentro de um sistema de produção flexível e poucas garantias de trabalho, as possibilidades de um trabalhador obter uma inserção efetiva no mercado, mesmo dotado de mais conhecimento e habilidades, passam a ser parcas.

Conclusiones:

Viu-se que os postulados da Teoria do Capital Humano defendem que há uma integração virtuosa entre escola (indivíduos mais escolarizados) e a inserção dos indivíduos ao mercado de trabalho (melhores posições no trabalho e rendas mais altas). No entanto, os críticos da teoria defendem que essa conexão virtuosa é difícil de sustentar nos dias atuais. Uma das críticas se refere ao papel que a educação adquiriu para se moldar aos ditames do mercado. Deixando de ser uma educação de garantia integradora e universal, para ser uma educação de caráter tecnicista, voltadas para preparar o indivíduo para o mercado sem garantias de inserção, apenas de aumento das possibilidades/empregabilidade.

O que se viu é que a história do programa de pesquisa em capital humano é contemporânea ao modo de produção fordista vigente na época. O programa foi criado em um cenário de relativa estabilidade da economia norte americana, que contava com crescentes oportunidades no mercado de trabalho, predominando um vínculo linear entre a saída da escola e entrada no mercado de trabalho, com os trabalhadores aprendendo profissões predominantemente no local de trabalho.

Contudo, no presente período de produção flexível e de parcas garantias de inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, os postulados da TCH, argumentam que a não inserção do indivíduo no mercado se dá devido a sua baixa empregabilidade (educação) e pouco esforço (mérito individual). Apesar dos discursos, os críticos argumentam que esta visão acortina todo antagonismo existente na TCH. Portanto, em tempos recentes, mais capital humano, não garante inserção no mercado de trabalho, apenas aumenta a perspectiva de inserção na atividade laboral, sem garantias efetivas.

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Palabras clave:

Teoria do Capital Humano; Trabalho; Educação; Teoria Crítica.

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Resumen de la Ponencia:

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El estudio que se presenta, propone la construcción de un Índice de Calidad del Empleo (ICE) tomando como base la metodología empleada por Farné-OIT (2003), para la comparación entre unidades territoriales en Uruguay. Se parte de considerar que la medición de la calidad del empleo, requiere del diseño de un recurso metodológico que recoja un conjunto de variables explicativas construido mediante la ponderación de variables simples, considerando indicadores enfocados en el tipo de trabajo más que en el acceso (tener o no tener empleo) (Farné, 2003). De esta manera, se cuestiona la idea de que los problemas de empleo son directamente atribuibles al desempleo (Sehnbruch, 2004 en Porras y Rodríguez, 2014).

Autores sostienen que la calidad del empleo está determinada por el contexto económico productivo (productividad, nivel de desarrollo económico, apertura externa) y por la institucionalidad laboral (legislación y negociación colectiva), no obstante, a nivel latinoamericano, ninguna de éstas condiciones es homogénea al interior de los países (Weller y Roethlisberger 2011 citados en RIMISP, 2013). En Uruguay, pese a la homogeneidad con la que históricamente se lo ha asociado, existen significativas desigualdades entre los espacios sub-nacionales. De este modo, se instala la necesidad de centrar el debate en las desigualdades territoriales, consideradas el principal obstáculo para el desarrollo de la región (RIMISP, 2013).

Considerando que, en materia de empleo, cuando se comparan territorios, se lo hace a partir de indicadores de los cuales informa el sistema oficial de estadísticas tales como tasa de empleo, tasa de actividad, tasa de desempleo y a través de los indicadores de restricciones al empleo (subempleo e informalidad), el uso de un indicador compuesto, constituye un aporte a su estudio como fenómeno complejo y multidimensional.

De acuerdo a estas consideraciones, la propuesta considera cuatro indicadores: ingreso, seguridad social, estabilidad en el empleo y tiempo de trabajo. Se plantea un diseño transversal, siendo la población objetivo los/as ocupados/as en ocupación principal. La estrategia metodológica, de carácter cuantitativo, se centra en el tratamiento de la Encuesta Continua de Hogares (2019) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Introducción:

El estudio desarrolla una propuesta de medición de la calidad del empleo mediante la construcción de un índice sumatorio ponderado (ICE), aplicándose dicho instrumento para evidenciar la desigual distribución territorial de la calidad del empleo en Uruguay. 

A partir de explorar los orígenes y desarrollo del concepto de calidad del empleo, se aborda el proceso de operacionalización del concepto mediante la elección de dimensiones y selección de los indicadores, en base a un modelo de cuatro componentes: ingresos, seguridad social, estabilidad y horario de trabajo. Las mismas se formalizan en un índice ponderado que, a partir de criterios teóricos y de la técnica de Análisis de Componentes Principales (PCA), asigna pesos diferenciales en función de la contribución de cada variable a la variabilidad del conjunto. Asimismo, se discute el proceso de ponderación de los indicadores y determinación de umbrales de calidad. 

Posteriormente, se presentan los resultados del estudio, constituyendo el ICE adaptado un primer producto. A su vez, la aplicación del instrumento para Uruguay (2019) permite observar que, en el total del país, un 64,1% de las personas ocupadas (en ocupación principal) alcanza el umbral de un empleo de buena calidad, definido en 57 puntos. Sin embargo, ese dato esconde significativas diferencias entre ámbitos sub-nacionales, como por ejemplo los 19 puntos porcentuales que separan a los departamentos de Colonia y Rivera (67,2% y 48,1% respectivamente). 

Por otro lado, el comportamiento territorial de la calidad del empleo permitió construir agrupamientos de departamentos, mediante la técnica de conglomerados jerárquicos, obteniéndose cuatro agrupamientos, además de Montevideo, que se analizan por criterio de porcentaje de personas ocupadas que alcanzan el umbral de calidad del empleo, así como por niveles de calidad. 

Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo. Entre las mismas se destacan los desafíos que supuso el proceso de adaptación del índice, dada la falta de criterios universales para seleccionar y ponderar las variables o indicadores componentes, la necesidad de establecer umbrales de calidad y las limitaciones relativas a las fuentes de datos disponibles. Asimismo, se retoman los principales resultados del estudio y se dejan planteadas posibles líneas de trabajo a seguir profundizando, con foco en la explicación de la desigual distribución de la calidad del empleo en Uruguay, a partir de la herramienta construida.

Desarrollo:

En la actualidad, la dinámica de los mercados globales se caracteriza por la búsqueda de menores costos de producción, crecientes niveles de competitividad y cambio tecnológico. Las nuevas exigencias de flexibilización propias del patrón de acumulación vigente (flexible) han provocado cambios en relación a los salarios, estabilidad, cobertura social entre otras variables laborales, lo que se traduce en un conjunto de formas de empleo que se distancian del modelo típico fordista (Harvey, 1998). En tal contexto, el debate en torno al empleo atípico, contingente y los malos empleos ha contribuido a despertar el interés en el tema de la calidad del empleo[1] (Reinecke y Valenzuela, 2000 citados por Farné, 2003); asimismo, la aprobación en varios países del mundo de reformas laborales en procura de adecuar la legislación a estas transformaciones  y el fenómeno de la expansión del empleo en el sector servicios (caracterizado por un crecimiento de la productividad menor que en el sector industrial), reforzaron dicho interés (Van Bastelaer y Hussmann, 2000; Carty, 1999 citados por Farné, 2003).

La presencia del tema en la producción teórica, de manera explícita, data de la década de los setenta, en el marco de estudios sobre calidad de vida desarrollados en Estados Unidos y Holanda (Reinecke y Valenzuela, 2000). Su presencia en las agendas de organismos internacionales adquiere especial relevancia a partir de los postulados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999 sobre “Trabajo Decente” (Jiménez y Páez, 2014). Asimismo, la Unión Europea ha destinado esfuerzos desde el año 2000 para el desarrollo de indicadores de calidad, siendo un ejemplo los Job quality Indicator lanzados en el Consejo Europeo de Laeken en 2001 (Huneeus, Landerretche, Puentes y Selamn, 2013). Por su parte, en el año 2008, se modifican los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), escenario en el que comienzan a incluirse indicadores específicos vinculados al empleo. 

En tal contexto, se observa un crecimiento de estudios sobre calidad del empleo en los países de América Latina. En los mismos, se ofrecen discusiones conceptuales y esfuerzos de medición que parten de los avances del debate europeo -introducido al trabajo regional de la OIT por Rodgers-, e incorporan modificaciones de acuerdo al contexto y particularidades regionales (Weller y Roethlisberger, 2011). 

Ante la ausencia de una teoría única sobre Calidad del empleo, existen diversas valoraciones sobre lo que constituye un empleo de calidad y las dimensiones que lo componen, que resultan en instrumentos de medición también diversos (Jiménez y Páez, 2014). En este estudio se retoma y adapta la propuesta desarrollada por la oficina de la OIT en Santiago de Chile y aplicada por primera vez en Colombia por Farné (2003) para el cálculo de un índice sintético que se fundamenta en cuatro dimensiones: ingreso, estabilidad, tiempo de trabajo y seguridad social. El mismo se propone por su sencillez conceptual, metodológica y de cálculo (Farné, Rodríguez Guerrero y Carvajal, 2013). Se logra de esta manera captar en un conjunto reducido de indicadores, las principales dimensiones de la calidad del empleo señaladas por la literatura.

Entendiéndose que la calidad del empleo está “determinada por un conjunto de factores vinculados al trabajo, que son expresión de características objetivas, dictadas por la institucionalidad laboral y por normas de aceptación universal que influyen en el bienestar económico, social, psíquico y de salud de los trabajadores” (Reinecke y Valenzuela, 2000, Farné 2003, Farné, Vergara y Baquero, 2012), se construye el instrumento con el objetivo de medir la calidad del empleo de forma multidimensional, así como evidenciar su desigual distribución territorial en Uruguay.

Centrar el análisis en las desigualdades territoriales implica para Uruguay cuestionar el mito del país territorialmente integrado, dada la heterogeneidad que presenta en sus diferentes escalas; se trata de un imaginario construido en torno a una clase media integrada y a una fuerte matriz Estado-céntrica, a partir de diversos formatos institucionales creados bajo el concepto de Nación y organizados territorialmente en torno a la figura de Montevideo. Asimismo, la reducida extensión geográfica del país, el escaso tamaño poblacional, entre otros aspectos, han contribuido a reforzar este imaginario de aparente homogeneidad (Sañudo, Leal, Quiñones y Andrioli, 2020).

La evidencia empírica muestra que la distribución territorial de la calidad del empleo en Uruguay es desigual. La anterior afirmación se fundamenta a partir de indicadores que el INE incluye para medir calidad del empleo: subempleo e informalidad y de los aportes de la literatura disponible para países de América Latina. En tal sentido RIMISP (2013) constata la existencia de profundas brechas territoriales en indicadores relacionados a calidad del empleo para ocho países latinoamericanos, señalando que, si bien los resultados promedio indican mejoras en las variables consideradas tales como formalidad laboral, ingreso, protección social, entre otras, esto no se traduce en una reducción de las brechas territoriales, mostrando como la medición de la calidad del empleo a través de promedios nacionales tiende a invisibilizar las desigualdades territoriales.  Asimismo, un análisis del indicador de empleo no registrado en Uruguay en el período 2006-2016 permite observar que, si bien en el promedio nacional la informalidad bajó, cuando se comparan los datos entre departamentos se observa un aumento de la dispersión (Leal, 2018)[2].

Considerando que, cuando se comparan territorios, se lo hace a partir de indicadores de los cuales informa el sistema oficial de estadísticas tales como tasa de empleo, tasa de actividad, tasa de desempleo y a través de los indicadores de restricciones al empleo (subempleo e informalidad), el uso de un indicador compuesto para medir la desigual distribución territorial de la calidad del empleo a partir de múltiples variables, constituye un aporte a su estudio como fenómeno complejo y multidimensional.  De acuerdo con lo expresado, la investigación buscó generar un aporte metodológico mediante la adaptación de un Índice de Calidad del Empleo para Uruguay y, a su vez, mediante su aplicación específica, incorporar al análisis la mirada territorial de las desigualdades en relación a la calidad del empleo. 

Diseño general y decisiones metodológicas

El estudio adoptó un diseño cuantitativo centrado en el tratamiento de una fuente de datos secundarios, la Encuesta Continua de Hogares (2019)[3] del Instituto Nacional de Estadística (INE), Uruguay. La estrategia implementada consistió en la adaptación del Índice de Calidad del Empleo (ICE) tomando como modelo la metodología empleada por Farné (2003) basado en la OIT. 

De acuerdo a los datos disponibles en la base de referencia, se define como unidades territoriales, a efectos de su comparación, los 19 departamentos del país. Se plantea para éste trabajo un diseño transversal, siendo la población objetivo las personas ocupadas[4] en ocupación principal (es decir, aquella que provee los mayores ingresos), en las categorías de ocupación: asalariados/as e independientes.

        Especificación de dimensiones y selección de indicadores.

El ICE combina cuatro dimensiones que comprenden los siguientes indicadores: Salario; Antigüedad en el empleo; Horas de trabajo semanales trabajadas, Subempleo y Afiliación a la seguridad social; optándose por la construcción de un índice sumatorio ponderado. A continuación, se describe brevemente el proceso de especificación del concepto mediante la elección de dimensiones, selección de los indicadores y criterios para su ponderación.

        Dimensiones

-Ingreso: Para ésta dimensión se mantienen los valores que propone el ICE de referencia (Farné,2003): Menos de 1.5 SML=0; Entre 1.5 SML y 3 SML=50; Más de 3 SML = 100. De acuerdo a la base de datos empleada, se considera la siguiente variable: Ingresos de la ocupación principal.  

-Seguridad social: El estudio se centrará en analizar el registro de los trabajadores a la Seguridad Social, tomando en consideración las variables: Aporta a alguna caja de jubilaciones; Aporta por la totalidad del salario, dando lugar a los siguientes criterios y valores: Con registro a la SS=100; Con registro parcial a la SS (el trabajador no aporta por la totalidad del salario) =50; Sin registro a la SS=0 

-Estabilidad: El ICE de referencia considera para esta dimensión la variable tipo de contrato, la misma implica la existencia de un contrato laboral escrito a término indefinido, a término fijo o la ausencia de contrato escrito. Dado que la variable “Tipo de contrato” no es relevada en la ECH, se empela en éste caso la variable antigüedad en el empleo, como indicador de estabilidad.

De acuerdo a lo señalado la variable a considerar es la cantidad de años que trabaja en la empresa de manera continua, estableciéndose las siguientes categorías: Mayor o igual a cinco años de antigüedad=100; Entre un año y cuatro años de antigüedad=50; Menos de un año de antigüedad =0 

-Tiempo de trabajo: Considerando la legislación de Uruguay, para la medición del tiempo de trabajo existe una doble limitación: no se puede trabajar más de 8 horas diarias y de 44 o 48 horas semanales, según se trabaje en el Comercio o en la Industria respectivamente (MTSS, 2008). 

El estudio considera que el trabajador alcanza el óptimo para esta dimensión cuando su jornada laboral no excede las 48 horas semanales ni se encuentra en situación de subempleo. En tal sentido, la ECH (2019) provee las variables: cantidad de horas habitualmente trabajadas por semana y Trabajador subempleado.

Se establecen las siguientes categorías: Hasta 48 horas semanales y no subempleado=100; Más de 48 horas semanales y hasta 60 horas semanales = 50; Más de 60 horas semanales o subempleado=0

        Ponderación

Cada una de las variables recibe una valoración horizontal y una vertical. El criterio de valoración horizontal asigna a cada variable un puntaje de 0 a 100 puntos, el valor 0 representa la privación de la característica en tanto que el 100 implica la cobertura total de la característica de referencia. La valoración vertical corresponde a la ponderación asignada a cada una de las variables que componen el índice, de acuerdo a su importancia relativa. El empleo de criterios de valoración horizontal y vertical permite asignar a cada individuo un puntaje que será creciente al crecer la calidad de su empleo (Quiñones, 2011). 

Respecto al proceso de ponderación y su valoración vertical, Farné (2003) advierte de las complejidades que supone dada la multidimensionaldad del concepto, lo cual implica asignar pesos a cada una de las variables o dimensiones contenidas en el Índice, proceso al decir de Rodgers (1997) con pocas posibilidades de ser universalmente válido. En el estudio, se opta por mantener la distinción propuesta por Farné (2003) entre trabajadores/as asalariados/as e independientes y contemplar los criterios teóricos aportados por el autor en base a la revisión de la literatura realizada, pero se modifica el peso que cada variable asume en el Índice, dada la necesidad de considerar las especificidades del caso estudiado, Uruguay, distintas a las de Colombia, estudiado por Farné.

De esta forma, se trabaja a partir de Análisis de Componentes Principales (PCA), técnica estadística que permite explicar la mayor variabilidad total de un conjunto de variables con el menor número de componentes posible, permitiendo realizar dos acciones fundamentales: cuantificar las variables originales y reducir la dimensionalidad de los datos (Navarro, Casas y Rodríguez, 2010). 

Los valores resultantes se resumen a continuación:

        Umbrales

El estudio fija como umbral 57 puntos, situación que implica que se obtenga como mínimo, un puntaje de 50 puntos en tres de las dimensiones consideradas y 100 puntos en la restante dimensión. Este valor representa la situación donde la persona percibe un ingreso entre 1,5 y 3 SML, se encuentra afiliada a la seguridad social (con aporte parcial), posee entre 1 año y 4 años de antigüedad en el empleo y su jornada laboral no excede las 48 horas semanales ni se encuentra en situación de subempleo.

A su vez, se establecen cuatro niveles o conjuntos definidos en base a los puntajes recibidos, los que se describen a continuación.

Nivel 1: puntaje obtenido mayor a 79 y hasta 100 puntos.

Nivel 2: puntaje obtenido mayor a 57 y hasta 78 puntos. 

Nivel 3: puntaje obtenido mayor a 29 y hasta 56 puntos. 

Nivel 4: puntaje obtenido entre 0 y 28 puntos. 

        Decisiones relativas a la aplicación del instrumento

Luego de asignarse a cada indicador los puntajes detallados en los puntos anteriores, se crean las variables correspondientes a SML, Seguridad Social, Antigüedad y Horas de trabajo; sus valores agregados (multiplicados por su correspondiente ponderación) resultan en un puntaje del ICE por persona ocupada (en ocupación principal). Posteriormente, los valores obtenidos se recodifican bajo la siguiente variable y categorías:

ICE_Umbral: Empleo de buena calidad; Empleo de mala calidad.

Una vez construido el ICE, se procede a probar su utilidad para medir la desigual distribución territorial de la calidad del empleo, evidenciada en estudios previos mediante medidas unidimensionales. Para ello, mediante análisis de distribución de frecuencias se compara el porcentaje de personas ocupadas que alcanzan el umbral de calidad del empleo definido (57 puntos) y el porcentaje que alcanza el umbral por “sub umbrales” o niveles de calidad/privación. 

El análisis se realiza para el total del país, por departamentos y agrupamientos departamentales, éstos últimos concebidos como producto de la aplicación del ICE a nivel departamental y construidos mediante la técnica de Clúster jerárquico, técnica multivariada que tiene por objetivo agrupar elementos por la similitud o similaridad entre ellos, creando grupos homogéneos. Se trata de un método de clasificación automática o no supervisada que permite estudiar tres tipos de problemas: partición de los datos, construcción de jerarquías y clasificación de variables (Peña, 2002). A efectos del análisis propuesto, el estudio considera como casos los dieciocho departamentos del país (exceptuando Montevideo[5]) y como variable “Empleo de mala calidad” obtenida a partir del porcentaje de personas ocupadas que no alcanzan el umbral de calidad del empleo por departamento. Como resultado se obtienen n conglomerados, que agrupan los departamentos en “regiones” de acuerdo a su calidad del empleo. 

Resultados y discusión

Descritos los componentes del índice y su forma de medición, se define el ICE del individuo i en el periodo t como la sumatoria de los indicadores componentes: Ingreso (I); Seguridad Social (S); Antigüedad (A); Tiempo de trabajo (H) por su correspondiente ponderador (w), resultando en un valor por persona ocupada (en ocupación principal) que varía de 0 a 100. 

Posteriormente, los datos agregados se interpretan como el porcentaje de personas ocupadas que alcanzan/no alcanzan el umbral de calidad del empleo, definido en 57 puntos, así como por “sub umbrales” o niveles de calidad.

El estudio se propone, una vez construido el índice, aplicarlo a la medición de la desigual distribución de la calidad del empleo en Uruguay. En función del mismo, a continuación, se exploran primero los resultados del ICE a nivel país, en función del resultado global y por umbrales, para luego analizar y comparar el indicador por departamentos y agrupamientos departamentales.

Mediante el análisis de distribución de frecuencias se observa que, en Uruguay, un 64,1% de las personas ocupadas alcanzan o superan el umbral de calidad del empleo, fijado en 57 puntos, en tanto un 35,9% no lo hace, tratándose éstos últimos de empleos de mala o muy calidad. La situación analizada, en base al criterio de corte definido, muestra una primera diferenciación, entre empleos de buena y de mala calidad. Asimismo, considerando el porcentaje de personas ocupadas según los 4 niveles establecidos se observa que casi 1/3 (33%) se ubica en el nivel 1, el mismo da cuenta de un empleo que alcanza el óptimo (100 puntos) en todas o la mayoría de las dimensiones consideradas en el ICE. Por su parte, un porcentaje similar de personas ocupadas (31%) se ubican en el nivel 2, en este caso, al igual que en el anterior, ninguna dimensión considerada en el ICE presenta carencia (0 puntos) pero, a diferencia del nivel 1, la mayoría de las variables asumen valores parciales (50 puntos).

Los niveles 3 y 4 representan privaciones en términos de calidad del empleo. El nivel 3 integra un 19,3% de personas ocupadas con empleos de mala calidad; por su proximidad al umbral, muestra mejores situaciones en términos de cobertura de las dimensiones consideradas en relación al nivel 4. En este último caso, un 16,6% de las personas ocupadas presenta empleos de muy mala calidad.

Por su parte, una primera aproximación al análisis departamental permite confirmar la existencia de una desigual distribución de la calidad del empleo entre los territorios considerados. De esta forma, es posible observar que existen territorios en situaciones notoriamente distintas, siendo un claro ejemplo los departamentos de Colonia y Rivera: mientras en Colonia las personas ocupadas que alcanzan el umbral de calidad del empleo se sitúa en un 67,2%, en Rivera este porcentaje desciende a 48,1%. En situaciones similares se encuentran los departamentos de Maldonado (64,3%) y Artigas (48,6%) o Canelones (61,8%) y Cerro Largo (50,5%), como se observa en la tabla N°3.

Los datos analizados permiten confirmar significativas diferencias entre ámbitos sub nacionales, como, por ejemplo, los 19 puntos porcentuales que separan a Colonia de Rivera o los 16 puntos porcentuales observados entre Maldonado y Artigas. 

Por otra parte, el análisis de los datos desagregados por niveles de calidad del empleo, muestra que los departamentos con mayor porcentaje de personas ocupadas en situaciones óptimas (nivel 1 o empleo de muy buena calidad) son Montevideo (40,7%), seguido por Maldonado (33%), Colonia (32,5%) y Canelones (31,8%). Los desempeños más bajos en este nivel están dados por los departamentos de Rivera (21,8%), Cerro Largo (23,4%) y Soriano (24%). Si se observan los valores correspondientes a situaciones críticas (nivel 4 o empleo de muy mala calidad), los departamentos con mayor porcentaje son Artigas (28,2%), Rivera (27,4%), Cerro Largo (26,4%), Salto (24%) y Soriano (24%), en tanto los menores porcentajes para el nivel están dados por los departamentos de Montevideo (10,8%), Colonia (14,2%), Flores (16,8%) y Florida (16,9%).

Finalmente, el comportamiento territorial de la calidad del empleo permitió construir agrupamientos de departamentos, pudiendo establecerse cuatro conglomerados, además de Montevideo, que confirman la distribución heterogénea de la calidad del empleo en Uruguay:

Agrupamiento 1: Cerro Largo, Soriano, Artigas, Rivera

Agrupamiento 2: Durazno, Salto, Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha, Tacuarembó, Río Negro.

Agrupamiento 3: Canelones, Flores, Florida, Paysandú, San José

Agrupamiento 4: Maldonado, Colonia

Al analizar los datos agrupados, nuevamente se constatan significativas diferencias: el agrupamiento 1 (Cerro Largo, Soriano, Artigas y Rivera) presenta un 49,2% de personas ocupadas que alcanzan el umbral de calidad del empleo, frente a un 50,8% que no lo alcanzan, en tanto para el agrupamiento 4 (Maldonado y Colonia) estos valores son de 72,1% y 27,9% respectivamente, diferencias que se mantienen si los datos se desagregan por niveles de calidad. En tal sentido, se observa que el porcentaje de personas ocupadas en peor situación (nivel 4 - muy mala calidad) es 22,9 puntos superior en el agrupamiento 1 con respecto al agrupamiento 4, dato que no puede evidenciarse cuando se analiza únicamente por criterios dicotómicos, reforzando las posibilidades del instrumento construido para medir con mayor precisión el fenómeno de interés frente a instrumentos existentes.

[1] Si bien el crecimiento del empleo atípico ha estimulado el debate sobre calidad del empleo, este fenómeno no puede asimilarse en su totalidad al crecimiento de malos empleos, dado que, si bien se trata de empleos diferentes al estándar, no necesariamente son peores (por ejemplo, encuestas realizadas a trabajadores/as ingleses/as con empleos temporales evidencia que un 30% de los/as mismos/as no desea un empleo permanente). Asimismo, ocupaciones con características típicas pueden haber sufrido un proceso de deterioro cualitativo (volverse rutinarias con el paso del tiempo, pérdida de autonomía y representación colectiva, menores oportunidad de formación y ascenso) (Farné, 2003).

[2] Ver Leal (2018).

[3] Se optó por trabajar con la ECH 2019 dado que representa el último año de “normalidad”, previo a la pandemia mundial por COVID 19 transitada en Uruguay desde marzo de 2020. La emergencia sanitaria supuso que la metodología del Encuesta se modifique, pasando a partir de abril de 2020 a aplicarse mediante la modalidad de panel rotativo y de forma telefónica, empleando a su vez un formulario reducido que permitió estimar los principales indicadores de mercado de trabajo e ingresos de los hogares y las personas (ECH, 2020). Si bien el módulo sobre trabajo no sufrió alteraciones en su relevamiento, a nivel de las condiciones de trabajo en el país se han registrado importantes trasformaciones, siendo el mercado laboral uno de los más afectados, motivo por el cual se decide trabajar con datos disponibles para 2019.

[4] Persona que trabajó por lo menos 1 hora durante la semana anterior a la realización de la entrevista, o que no lo hizo por estar de vacaciones, por enfermedad, accidente, conflicto de trabajo o interrupción de este a causa del mal tiempo, averías producidas en las maquinarias o falta de materias primas, pero tiene empleo al que volverá con seguridad. Se incluyen en esta categoría a los/as trabajadores/as familiares no remunerados (INE, 2021). 

[5]Retomando los aportes de Veiga (2015), para el Análisis de Clúster se introduce la decisión metodológica de eliminar a Montevideo del procedimiento (únicamente para esta fase) dado que, dentro de los 19 departamentos del país, este presenta valores desviados respecto al resto.

Conclusiones:

La revisión de la literatura ha dado cuenta de diversas dificultades para la medición del concepto calidad del empleo, razón por la cual, diferentes estudios tienden a presentar y analizar un conjunto de indicadores de manera individual; no obstante, se registran antecedentes de la elaboración de índices sintéticos, tanto a nivel internacional como nacional (Porras y Rodríguez, 2014). 

En el presente estudio se retomó la propuesta de medición desarrollada por la oficina de la OIT en Santiago de Chile y aplicada por primera vez en Colombia por Farné (2003), fundamentado en cuatro dimensiones: ingreso, seguridad social, estabilidad y tiempo de trabajo. La decisión por la adaptación y no la réplica del ICE elaborado por Farné (2003) surge de considerar las características del Uruguay, distintas a las del caso estudiado por el autor de referencia, Colombia, el contexto histórico en el que se aplica, así como la disponibilidad de datos con las que cuenta cada país. 

En este marco, algunas discusiones y dificultades en el proceso de construcción a destacar son aquellas vinculadas a la disponibilidad de datos, ya que las decisiones de los sistemas estadísticos oficiales acotan las posibilidades de incluir variables, obligando a recurrir a proxys, tal es el caso del tipo de contrato, considerada en el índice de referencia para la dimensión estabilidad, que no es relevada en la ECH, lo que implicó la utilización de la variable antigüedad en el empleo. Asimismo, para la dimensión tiempo de trabajo, se destaca la inclusión de una nueva variable, el subempleo.

Otras de las dificultades que debieron sortearse en el proceso de adaptación son las relativas al proceso de ponderación. Si bien los estudios de calidad del empleo han avanzado en la identificación de sus múltiples dimensiones, la ponderación de las mismas representa un importante obstáculo, dada la imposibilidad de contar con un criterio universal para asignar pesos diferenciales a las variables (Pineda y Acosta, 2010). Ello supuso una exhaustiva revisión de la literatura que se complementó con análisis empírico, mediante la técnica de Análisis Componentes Principales. 

Finalmente, se resaltan desafíos en torno al establecimiento de umbrales de calidad, lo que supone definir cuántas privaciones y en qué dimensiones se consideran tolerables. En este estudio, se consideró que, para hablarse de buena calidad del empleo, todas las dimensiones deben tener cobertura, además, al menos una variable debe alcanzar la situación óptima, pudiendo presentar las restantes dimensiones valores parciales.

Por otra parte, el estudio buscó evidenciar la desigual distribución territorial de la calidad del empleo en Uruguay. En esta línea, el análisis del ICE (2019) permite identificar territorios en situaciones notoriamente distintas, siendo un claro ejemplo los departamentos de Colonia y Rivera: mientras en Colonia el porcentaje de personas ocupadas que alcanzan el umbral de calidad del empleo se sitúa en un 67,2%, en Rivera este porcentaje desciende a 48,1%. 

Asimismo, la medición por niveles o sub umbrales de calidad del empleo que posibilita el ICE adaptado permite desagregar la información con mayor precisión frente otras medidas existentes, trascendiendo la lectura dicotómica: buena/mala calidad; informal/formal; dado que contempla en su construcción un rango mayor de situaciones posibles: muy mala, mala, buena y muy buena calidad, lo cual contribuye a hacer más sensible el instrumento.

Por su parte, el comportamiento territorial de la calidad del empleo permitió construir agrupamientos de departamentos, mediante la técnica de conglomerados jerárquicos. Al analizar los datos agrupados, nuevamente se constatan significativas diferencias: el agrupamiento 1 (Cerro Largo, Soriano, Artigas y Rivera) presenta un 49,2% de personas ocupadas que alcanzan el umbral de calidad del empleo definido, en tanto para el agrupamiento 4 (Maldonado y Colonia) este valor asciende a 72,1%, diferencias que se mantienen si los datos se desagregan por estratos o niveles de calidad. 

Al respecto de la propuesta y su evaluación en relación a los antecedentes revisados, se confirma que las posibilidades de acceso a un empleo de calidad varían inter regionalmente y entre departamentos. La literatura señala que esto se debe entre otros, a factores de tipo socioeconómico, ya se trate de zonas dinámicas, agroindustriales, de servicios, ciudades de tamaño medio o fronterizo. El análisis de las disparidades territoriales desarrollado en base a la aplicación del ICE (2019), permite describir esta expresión de la desigualdad territorial; si se desea trascender este nivel hacia la explicación, resultará necesario complementar el análisis con la introducción de otras variables, incorporando dimensiones históricas, sociopolíticas y culturales, muchas de las cuales no son cuantificables (Veiga, 2015). De acuerdo a estas consideraciones, la respuesta al porqué de estas desigualdades excede este trabajo, no obstante, se deja planteada como interrogante y línea a continuar profundizando en futuros estudios.

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Palabras clave:

Palabras clave: Calidad del empleo, desigualdad territorial, índice compuesto

Resumen de la Ponencia:

Resumen de la Ponencia:

El documento aborda la calidad del empleo que genera el sector emprendedor de las Mipymes, el cual es considerado como un emergente del modelo actual de desarrollo económico territorial (DET) en Uruguay, aplicado en territorios industriales en declive. En este sentido, se compara con el empleo que ofrecía el modelo industrial actualmente en crisis. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son un actor central en el marco del actual paradigma del desarrollo territorial, formando parte del sustento económico del modelo de desarrollo ensayado sobre la base de ese enfoque. En el caso de aquellos territorios industriales en declive, los cuales estuvieron organizados en torno al sistema de grandes plantas manufactureras, las expectativas con respecto a la demanda de empleo pasan a estar centradas en estas unidades económicas. 

En cuanto a la significación de las Mipymes, en Uruguay se detecta un incremento en el número de este tipo de empresas, así lo muestran los datos del Informe de 2017 de la Encuesta Nacional de Mipymes (MIEM), y en el Registro Permanente de Actividades Económicas (RPAE) del INE; donde se establece que, para 2015, las mismas alcanzaban a 151.910. Si se compara con los datos correspondientes al año 2011, se comprueba un crecimiento del 11,1 %, con un incremento principalmente de las microempresas del sector Comercio instaladas en el interior del país. Según el mismo informe, las empresas pequeñas constituyen el 12 % (18.544), mientras que las medianas representan solamente el 3 % (4.178). Sin embargo, aunque su peso cuantitativo es importante, la información disponible indica que en las unidades económicas de menor tamaño el empleo es de menor calidad, principalmente se detecta una mayor incidencia de la informalidad laboral, específicamente en los países de bajos y medianos ingresos (OIT, 2015 a). Además de presentar un mayor peso porcentual de ocupados no registrados a la seguridad social, el empleo en estas unidades se caracteriza por una mayor carga horaria, una baja afiliación sindical y, relacionado con eso, una menor presencia de espacios de participación en las negociaciones colectivas. El mencionado déficit en la calidad del empleo en este sector en términos de demanda induce a cuestionar su capacidad para generar integración social, en un contexto donde el trabajo ha perdido su función como mecanismo de cohesión social para buena parte de los asalariados; y por tanto, como estrategia de desarrollo sostenible.

La metodología utilizada para la recolección de los datos fue mediante la implementación de la estrategia metodológica mixta, la cual consistió en la realización de encuestas y entrevistas a ocupados del sector emprendedor de las Mipymes.

Introducción:

Los territorios que estuvieron organizados en torno de las grandes plantas manufactureras, -como Paysandú-, durante el modelo ISI, en la actualidad están repensando su estrategia de desarrollo. La misma se viene orientando hacia un desarrollo de tipo económico territorial endógeno, donde las micro, pequeñas y medianas empresas son protagonistas. En ese sentido, Alburquerque sostiene que estas estrategias, “(…) no se sustentan en el desarrollo concentrador y jerarquizado, basado en la gran empresa industrial y la localización en grandes ciudades, sino que buscan un impulso de los recursos potenciales de carácter endógeno” (Alburquerque, 2004 a, pág. 5).

En este aspecto, la estrategia de desarrollo económico territorial basado en el aprovechamiento de los recursos locales difiere de la estrategia tradicional sustentada en la industria, en vista de que, la primera se focaliza en impulsar y fortalecer las pymes y las microempresas, así como también en la creación de nuevas empresas innovadoras; mientras que a segunda centra su atención en las grandes empresas (Morales de Llano: 2014). 

Indudablemente los territorios que supieron tener grandes industrias en la actualidad se encuentran apostando a una reestructuración productiva, en el caso de la ciudad de Paysandú la importancia se encuentra canalizada en las pymes. Cabe resaltar que dichas unidades económicas representan la porción mayoritaria y más vulnerable del tejido empresarial, y además, conforman un colectivo que frecuentemente depende de una parte considerable del crecimiento y del empleo. 

El cambio de modelo de desarrollo y de paradigmas, conlleva a la necesidad de conocer la calidad del empleo que generan los nuevos sectores de la demanda, en un contexto donde el trabajo ha perdido su función como mecanismo de cohesión social para buena parte de los asalariados. 

En ese sentido cabe preguntarse cuáles son las condiciones de empleo en estos nuevos sectores, asumiendo que los mismos deberían reunir una serie de características para poder constituir una alternativa a las inserciones laborales que se perdieron con la crisis del empleo fabril. Se trata de cotejar el empleo en el sector emprendedor de las Mipymes con lo que se espera que deba ser:

“Un empleo de calidad debería ser productivo, cubrir al menos las necesidades básicas, haber sido elegido en libertad, ofrecer protección contra accidentes, desempleo, vejez y enfermedades, permitir la participación y la capacitación del trabajador, y también incluir los derechos fundamentales en el lugar de trabajo con estándares internacionales” (Porras & Rodríguez, 2014, pág. 5).

En tanto, la investigación se propuso analizar el caso de este territorio industrial en declive, Paysandú, comparando la calidad del empleo que genera el modelo de desarrollo basado en sectores emergentes de la demanda, las Mipymes, con la que presentaba el modelo salarial fabril en Uruguay. 

Ese sector generaba inserciones laborales que se correspondían con la sociedad salarial descrita por Castel (1997), en lo que respecta al vínculo entre el empleo y la integración social.

Se utilizó una estrategia metodológica mixta, que consistió en la aplicación de 35 cuestionarios estandarizados a trabajadores registrados en el Centro de Competitividad Empresarial (CEE), y 30 entrevistas a dichos ocupados. Para cotejar los resultados se tomó el estudio de Leal (2010), donde se analizó el cambio de modelo de desarrollo y la reestructuración productiva ocurrida en ese territorio, enfocándose en la calidad del empleo y las condiciones de vida de los trabajadores industriales. 

Los hallazgos muestran que, en comparación con el sector fabril, en el de Mipymes existe un déficit de calidad del empleo. Así se evidencia en los indicadores referidos a las condiciones laborales, la modalidad de contratación, los ingresos, las prestaciones sociales y la existencia de ámbitos de organización colectiva. Sin embargo, desde un enfoque cualitativo aparecen otras valoraciones, donde el trabajo es entendido como un espacio de comodidad, conformidad; a diferencia del modelo fabril donde se pensaba como un proyecto colectivo ligado al desarrollo del territorio.

Desarrollo:

La estrategia metodológica utilizada fue mixta, la cual consistió en la realización de un censo (cuestionario estandarizado), y entrevistas a ocupados del sector emprendedor de las Mipymes en la ciudad de Paysandú. Para la identificación de las empresas y los trabajadores se tomó como referente al Centro de Competitividad Empresarial (CCE), debido a que ellos llevan a cabo un trabajo de acompañamiento y asesoramiento técnico exclusivamente con dicho sector. De este modo, se procedió a solicitar el acceso a un registro de base de datos con información de los ocupados y las empresas. El estudio se llevó a cabo durante el mes de septiembre del año 2020.

Se aplicó un cuestionario estandarizado (censo) a 35 trabajadores con el fin de conocer las características de los ocupados, las condiciones laborales, así como también aspectos cualitativos en preguntas abiertas vinculadas a las motivaciones y perspectivas de la situación de los trabajadores en Mipymes. Para el procesamiento de dicho censo se utilizó el programa software PSPP.

Posteriormente, se realizaron 30 entrevistas semiestructuradas con la finalidad de conocer el significado e identidad que le genera esa ocupación; además de indagar acerca de sus motivaciones y expectativas. Se utilizó el programa software Atlas-ti para procesar las entrevistas.

La elección del método mixto mediante la combinación de los enfoques cuantitativo y cualitativo respondió al propósito de describir, entender y caracterizar el objeto de estudio

Teddlie y Tashakkori afirman que las “metodologías mixtas tienden a acercarse más con perspectivas cualitativas, incluyendo la creencia de que existen múltiples realidades que dependen del individuo, pero responden a sus preguntas al combinar métodos cuantitativos y cualitativos de diversas maneras, en orden paralelo, concurrente o secuencial” (Teddlie y Tashakkori 2003, citado en (Pole, 2009, pág. 39).

Para cotejar los resultados se tomó el estudio de Leal (2010) “Trabajo y vulnerabilidad social. Una reflexión a partir de dos casos empíricos en Uruguay”, donde se analizó el cambio de modelo de desarrollo y la reestructuración productiva ocurrida en ese territorio, enfocándose en la calidad del empleo y las condiciones de vida de los trabajadores industriales.

Análisis de la información

El análisis que se presenta a continuación se centra en la calidad del empleo que se genera en el nuevo paradigma del desarrollo territorial endógeno, específicamente en el sector emprendedor de Mipymes, lo que se realiza de manera comparativa con el empleo del modelo de sociedad salarial. Para ello, -cómo ya se mencionó- se tomó el estudio realizado por Leal (2010), considerando como aspectos centrales las características objetivas y las percepciones de los propios trabajadores, con el objetivo de contrastar las ocupaciones del modelo industrial manufacturero con la de este nuevo sector.

El análisis de la información recogida se estructura de la siguiente forma, primeramente, se expone una descripción sociodemográfica de los ocupados. Luego se presentan datos vinculados a la modalidad de contratación, derecho a aguinaldo y aporte jubilatorio, Posteriormente se presenta la organización de los trabajadores, la cual exhibe las situaciones de los trabajadores tanto industriales como las del sector actual de Mipymes, para posteriormente hacer una reflexión comparativa. Por último, se expresa el significado que los trabajadores le otorgan a esa ocupación, las motivaciones y perspectivas en función de las variables de interés teórico.

A continuación, se presentará una breve caracterización de los ocupados del sector emprendedor de las Mipymes.

En lo que refiere a la distribución según sexo se detectó que dos de cada tres encuestados son mujeres, en este sentido, eso se condice con la feminización del mundo del trabajo como uno de los rasgos de las transformaciones acontecidas. Este nuevo escenario generó oportunidades de inserciones laborales para jóvenes y mujeres, principalmente en el sector terciario. Por lo tanto, ya no es el obrero masculino el único perceptor de ingresos, sino que se incrementó la necesidad de que otro miembro del hogar saliera al mercado de trabajo, debido a que no lograban satisfacer las necesidades básicas del hogar.

Igualmente, está vinculado a un cambio cultural sustentado en que las mujeres cuentan con más años de educación formal, por ende, dejan de cumplir con el rol tradicional del cuidado del hogar y se insertan al mercado laboral.

En relación con a la distribución por edad, se visualiza que en el sector analizado existe una alta inserción de jóvenes. En cuanto a eso, si bien el universo de los obreros fabriles se componía de un importante porcentaje de los mismos, también estaba compuesto por trabajadores en edad de prejubilación.

En lo que respecta al nivel educativo de los encuestados, si bien algo más de la mitad presenta como máximo nivel, secundaria completa, es pertinente resaltar el hecho de que cuatro de cada diez manifiestan tener estudios terciarios, ya sean completos o incompletos. En lo que concierne a esta variable, se observan diferencias con el perfil de los ocupados en el modelo fabril, donde predominaban quienes tenían primaria completa como máximo nivel alcanzado.

Por otra parte, con el propósito de conocer los antecedentes laborales de estos trabajadores y observar su procedencia, es decir si eran obreros industriales o en qué sector estaban empleados, se les consultó acerca de su ocupación anterior; Un 72% eran empleados privados, un 22% empleados en el sector público y un 6% eran trabajadores cuenta propia sin local.

En lo que compete a la procedencia laboral de los trabajadores un 85,7% trabajó anteriormente, para un 14,3% esto es su primer empleo. La mayor parte de quienes trabajaron antes estaban ocupados en el sector terciario, especialmente en el área de servicios seguido por el comercio. Esto se corresponde con la mayor movilidad laboral en comparación con lo que ocurría en el período fordista, donde era habitual que un trabajador desarrollara toda su vida laboral en la misma rama e incluso en la misma empresa, el trabajo en este modelo era más rígido y con escasos desplazamientos.

En este nuevo sector de Mipymes las trayectorias laborales no son fijas, sino que son menos estables, dinámicas, variables. Esto se refleja cuando se les pregunta sobre el período de duración de dicha ocupación, un 56,7% de los trabajadores no estuvieron en ella más de cuatro años, un 26,6% entre cinco a nueve años, un 13,3% más de veinte años, y un 3,3% entre quince a diecinueve años.

Entre quienes dijeron haber tenido anteriormente una ocupación, siete de cada diez eran asalariados privados, un 23%, pertenecían a la categoría de empleado público, y, por último, 6,7% trabajador por cuenta propia sin local.

Empleo Actual

Existe un predominio de aquellas unidades económicas pertenecientes al sector terciario, específicamente comercio u otras actividades de servicios turístico/actividades recreativas, lo que se relaciona con la influencia de este sector en la estructura económica departamental y del país. Las actividades económicas, son específicamente aquellas desarrolladas en el hogar en calidad de emprendedores, actividades recreativas y entretenimiento, también vinculadas a profesionales con un componente científico- técnico, y por último actividades referidas a alojamiento y servicios de comida. No obstante, aún permanece la base industrial, especialmente vinculado a los emprendimientos que realizan reparaciones, como es el caso de los talleres mecánicos.

En cuanto a la distribución de las empresas según la cantidad de personal ocupado, se detecta que, nueve de cada diez unidades económicas relevadas emplean un máximo de 4 trabajadores, a comparación del modelo industrial, las fábricas llegaban incluso a ocupar hasta 2500 trabajadores.

Este dato es relevante en tanto que, el estar ocupado en una empresa con menos de cinco trabajadores es considerado como un indicador de mala calidad laboral, debido a que Uruguay presenta una alta informalidad laboral cuando las unidades económicas son menores en términos de tamaño, por lo cual allí se concentra el mayor porcentaje de empleo informal (Leal, 2018). Pero, es necesario tener presente, además, que la calidad del empleo en las Mipymes depende también del sector en que desarrollan su actividad económica (OIT, 2015 a).

Cuando se les consulto acerca de la antigüedad en la ocupación, se observó que para un 77% esta es una ocupación reciente en comparación a lo que ocurría con los obreros industriales, la antigüedad en esa ocupación partía de 10 años como mínimo llegando a 35 años y más, en tanto existía un alto grado de permanencia en dicha ocupación. El obrero “iniciaba su carrera laboral pensando en la estabilidad y la movilidad ascendente, y una normativa laboral que está siendo desbordada por la inestabilidad, la flexibilización de la empresa y del empleo y por la cultura y la ideología de empleadores y trabajadores” (Espinoza, 2003, pág. 02). Por lo tanto, el dato recogido es significativo para el sector indagado puesto que refleja lo mencionado anteriormente en cuanto a que, además de que se trata de sectores de formación reciente, en los mismos existe una mayor movilidad laboral.

En lo que respecta a la importancia de esta ocupación, se detectó que para siete de cada diez trabajadores esta es la única ocupación. Esto indica la relevancia que tiene la misma para los trabajadores, como se visualiza a continuación la mayoría son jefes de hogar o cónyuge (Retomando a Leal (2010), entre los obreros fabriles que fueron el objeto de su estudio, el 85% definía a esa ocupación como la única, teniendo en cuenta que los trabajadores cumplían jornales de 8 por 8 horas y eso dificultaba el poder acceder a otro empleo remunerado, y si lo había era en calidad de cuenta propia; para este caso concreto no existía ocupación de carácter secundaria.

Por otro lado, el ingreso de los encuestados ya sea este cónyuge o jefe de hogar, es el principal sustento económico. Este dato es relevante a la hora de compararlo con el modelo de empleo industrial, como se puede evidenciar ya no es el jefe de hogar el que trabajaba en las grandes fábricas el único proveedor de ingreso. En este sentido se generó un cambio, no solo se pasó al sector de corte emprendedor, sino que aumentó la densidad ocupacional del hogar. 

Por tanto, eso no implica que el empleo generado por este sector pueda ser catalogado de buena calidad en términos de ingreso, en vista de que no satisfacen las necesidades básicas con un único ingreso, sino que otro integrante de la familia debe salir al mercado laboral.

Con respecto al salario o ingreso que se obtiene en el sector analizado, la mitad de los encuestados percibe menos de un salario mínimo, esto indica que existen bajos niveles salariales, y acumulativamente ocho de cada diez ganan hasta dos salarios mínimos. Si se contrasta con el ingreso que percibía el obrero industrial se detectan diferencias, teniendo en cuenta que eran salarios que permitían cubrir las necesidades básicas de los hogares, además de asegurarles un lugar en la estructura social que era valorado por la sociedad de la cual formaban parte.

A continuación, se procede analizar las dimensiones seleccionadas para evaluar la calidad del empleo.

Al ser consultados sobre la modalidad de contrato se detectó que cinco de cada diez no tienen. Esto indica que existe un déficit importante en una de las dimensiones de la calidad del empleo de acuerdo con el concepto de trabajo decente de la OIT, es decir que el trabajo debe realizarse bajo las condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Ese dato se contrapone con la existencia de contratos por tiempo indefinido típicos del modelo salarial clásico del cual Paysandú industrial fue un exponente, lo que daba lugar a un contexto laboral estable, en dónde muchas veces los hijos heredaban el puesto de trabajo del obrero a la hora de su retiro.

Por otra parte, siguiendo con el criterio de condición de asalariados, se visualiza que en cuanto al aporte jubilatorio un 61% no realiza aportes a la caja de jubilación.

En lo que respecta al cobro de aguinaldo, se visualiza que seis de cada diez no reciben aguinaldo, ciertamente este hallazgo evidencia que existe informalidad en este nuevo sector.

Si se observa ambas variables más de la mitad de los trabajadores dependiente del sector emprendedor de Mipymes no aportan a la caja jubilatoria y tampoco reciben aguinaldo, esto significa que no se encuentran registrados como trabajadores formales, y por ende existe una alta informalidad y una mala calidad en términos de empleo.

“El no registro a la seguridad social tiene como consecuencia para el trabajador en lo que respecta a la imposibilidad de contar con un seguro por desempleo o enfermedad; el no goce de derechos como aguinaldo, salario vacacional o despido; así como el no acceso al beneficio jubilatorio en el momento del retiro de la actividad” (Leal, 2018, pág. 30).

En cuanto a cuántas horas trabajan por semana, respondieron trabajar menos de 40 horas, y cuando se les consultó por el motivo un 77% expresó que desea trabajar más pero no tienen la posibilidad, a causa de que las unidades económicas no tienen la demanda suficiente para ofrecer más horas a esos trabajadores. Este dato es importante porque no cumple con las horas establecidas según la ley N° 5.350, de esta manera los trabajadores se encuentran en situación de subempleados.

El subempleo surge de reducciones y reorganizaciones de la demanda de mano de obra, muchos trabajadores enfrentan no sólo una carencia total de oportunidades de empleo, sino también una falta de oportunidades de empleo adecuadas, dándose el caso de personas con empleo que se ven a menudo obligadas a utilizar sus calificaciones parcialmente, a ganar salarios horarios más bajos o a trabajar menos horas de las que están dispuestas y son capaces de trabajar (Mata: 1999).

Por lo tanto, los asalariados tienen un déficit en términos de insuficiencia horaria, son subempleados debido a que quieren trabajar más horas en la empresa, pero no hay demanda. Sin embargo, en las fábricas del período industrial de Paysandú los trabajadores cumplían con jornadas laborales de 8 horas y descansaban 8 horas, para luego continuar con el proceso de producción. En contraste con lo que ocurre en el sector estudiado respecto a la jornada laboral, no necesariamente los trabajadores cumplen con 8 horas diarias, sino que dependen del tamaño de la empresa y de la demanda existente.

Por otra parte, el 77% recibe menos de un salario mínimo nacional, es decir que cobra menos de 17930 pesos mensuales, por lo que se trataría de trabajadores con dificultades para cubrir las necesidades básicas. En este sentido se detecta una mala calidad del empleo en el sector investigado.

Por otro lado, cuando se le consultó respecto a, si están buscando trabajo para sustituir el actual, un 69% dijo que no, esto significa que estarían conformes con su actual empleo a pesar de lo no dicho acerca de la calidad del mismo.

Dentro de los que respondieron que, si buscan, el motivo es porque no satisface las aspiraciones salariales. En tanto se observa que un 75% de los encuestados no se encuentra satisfecho con su salario de su empleo actual, lo que se corresponde con la información ya mostrada sobre los bajos niveles salariales.

Organización de trabajadores

Una de las características del trabajo fabril era que tenían un alto grado de sindicalización. El estar afiliado al sindicato les permitió a los trabajadores gozar de beneficios laborales extralaborales, como el fondo de retiro y de becas para los hijos que se encontraran en calidad de estudiantes, por ende, eran beneficios no solo personales sino también que incluían a los familiares.

Por el contrario, los trabajadores del nuevo modelo no presentan actividad sindical, es decir, que no cuentan con organizaciones dentro del sector. En este sentido, se puede observar que establecen un relacionamiento cercano entre patrón-asalariado, en donde se tiene como objetivo central la viabilidad del emprendimiento. De este modo, se antepone el emprendimiento sobre las relaciones laborales lo que inhibe algún tipo de conflicto.

No obstante, las relaciones laborales y la negociación colectiva cumplen un cometido determinante en la mejora de la seguridad del empleo y las condiciones de trabajo, tal es así que OIT (2015 b) intenta incentivar a trabajadores del sector emprendedor de Mipymes para que se encuentren representados, debido a que existe una fragilidad en términos de afiliación sindical y negociación colectiva. Para aumentar la representación sindical en microempresas de las Pyme se requiere de una perspectiva diferenciada por parte de los sindicatos, es decir que se respondan y aborden temas específicos del interés de esos trabajadores.

En el caso de los asalariados, esto puede implicar una menor capacidad de negociación sobre aspectos relacionados con el salario y las condiciones de trabajo, lo que hace al empleo de calidad.

El significado del trabajo

Más allá de la descripción cuantitativa se procedió a realizar entrevistas con el propósito de conocer sobre la percepción, significado, ventajas y desventajas, aspiraciones que tienen los trabajadores del sector de Mipymes con respecto a dicha ocupación. A continuación, se presentan extractos de discursos.

En lo que respecta a que es el ingreso para los asalariados del sector Mipymes, los entrevistados manifiestan que:

“No es lo que esperaba, pero me encantaría ganar más, igual antes que no tener trabajo me conformo con este” (Laura, asalariada, comercio).

Por otra parte, en lo que tiene que ver con la satisfacción y conformidad del empleo responden:

“Si si me encanta me apasiona, siempre me gustó mucho la naturaleza, la flora y fauna…Es todo para mí, lo veo como algo recreativo, pero a la vez como algo que me satisface porque puedo transmitir conocimientos en algo que considero que tengo mucha experiencia, aparte de todo eso me encanta” (Carlos asalariado, servicio turismo).

“Te sentís bien haciendo lo que vos te gusta, viste que cuando vos vas a hacer las limpiezas y todo eso, tienes que hacer como a ellos les gusta que limpien o cuando vas de niñera, sino te gustan los niños tienes que aguantar igual, pero en este caso a mí me gusta” (Laura, asalariada, comercio). 

Considerando que existe una conformidad y satisfacción con el empleo cabe resaltar que estos aspectos se encuentran influenciados porque los trabajadores comparan las condiciones laborales de este sector con las de trabajos anteriores, en cambio en algunos casos reconocen las condiciones actuales, pero priorizan otras profesiones, y por tanto aspiran a un nuevo empleo de mejor calidad.

Por el contrario, hay quienes se centran en los aspectos negativos del trabajo,

“La desventaja es que no tienes un piso asegurado de ingreso porque la actividad es muy cambiante, depende de factores propios y sobre todo depende de factores que dependen de otro tipo de decisiones políticas o de situaciones ambientales” (Danny, asalariado de Servicios Turismo).

A diferencia, en el modelo fordista, según lo expuesto anteriormente por Castel (1997) el tener acceso a un salario conducía a nuevas normas de consumo, promoviendo a que el obrero fuera el propio  consumidor de la producción en masa, ya que se requería de la existencia de un mercado interno. Considerar al trabajador como “salariado” generaba una especie de distinción en la estructura social, esto significa que era principio único que unía y separaba, de tal modo que evidenciaba su identidad social, en tanto que, “El salariado no era sólo un modo de retribución de trabajo, sino la condición a partir de la cual se distribuían los individuos en el espacio social” (Castel, 1997, pág. 312).

Conclusiones:

El trabajo buscó dar cuenta de la calidad del empleo en sectores emergentes de la demanda vinculados con el emprendedurismo en las Mipymes, en aquellos territorios industriales en declive, comparando los nuevos empleos con los que ofrecía la industria manufacturera de gran porte. Para esto se analizó el caso de Paysandú, área especializada en la producción manufacturera. 

En comparación con el empleo en el modelo fabril, el cual cumplía con las condiciones del modelo salarial que describe Castel, en el sector de las Mipymes se observa un déficit en términos de calidad, debido a que las condiciones laborales son de carácter informales, con ingresos bajos, con un alto grado de inestabilidad laboral y de subocupación, sin prestaciones sociales, con una fuerte presencia de mujeres, y ausencia de ámbitos de organización de los trabajadores.

Ante este contexto y teniendo presente la transformación ocurrida en el mundo del trabajo, la experiencia laboral ya no es pensada de manera colectiva, tampoco se trata ocupaciones para un perfil de único perceptor masculino, ni brinda la estabilidad y seguridad que ofrecía al modelo fabril. En la actualidad predomina otro tipo de demanda, centrada en los servicios, donde las experiencias son de carácter más individual y más flexibles.

Al igual que lo era para los trabajadores fabriles, la ocupación en el sector Mipymes es relevante, en la medida en que se trata de la principal ocupación. A pesar de eso, la diferencia está en las condiciones en que se realiza, principalmente en el elevado porcentaje de inestabilidad laboral en comparación con el empleo que generaban las grandes industrias.

Lo anteriormente mencionado se encuentra vinculado a que los trabajadores del sector Mipymes no cuentan con una organización sindical, como sí la tenían sus pares obreros. El estar afiliado a un sindicato les permitió a los trabajadores gozar de beneficios laborales, personales y familiares. El relacionamiento que existe entre empleado y empleador tiene una perspectiva centrada en la viabilidad del emprendimiento, impidiendo cualquier tipo de conflicto o lucha. 

Por otro lado, si se analiza a las experiencias laborales desde un enfoque cualitativo, se puede sostener que el trabajo en este nuevo sector es valorado en tanto que los trabajadores cuentan con un espacio de comodidad, conformidad en el cual prima en su mayoría la creación o la realización como un proyecto de vida personal, individual o de un grupo pequeño. En tanto, no tiene el mismo significado que tenía el ser obrero industrial, quienes sentían que contribuían con el desarrollo del departamento mediante su trabajo en la industria.

A modo general y en consonancia con lo expresado por los informes de OIT, también se observa que las Mipymes específicamente emplean a jóvenes y mujeres, y en muchos de los casos es el inicio de su trayectoria laboral, a pesar de que los puestos de trabajos evidencian inestabilidad, informalidad, salarios bajos, menor acceso a los sistemas de protección social, exhibiendo relaciones laborales frágiles y bajas tasas de afiliación sindical. Sin embargo, desde la perspectiva de los trabajadores existen algunos aspectos que son reconocidos de manera positiva, esto significa que los trabajadores sienten satisfacción a la hora de realizar las tareas laborales, y a su vez, valoran las relaciones personales con los empleadores.

Aun así, cuando esta ocupación es considerada como una forma de realización personal, los datos arrojados de este estudio revelan que existen déficit en diferentes dimensiones, como, por ejemplo: ingresos, estabilidad, formalidad, entre otros, lo que permite cuestionar la capacidad de que estos sectores sean una alternativa para impulsar un modelo de desarrollo con inclusión.

En relación, uno de los ODS propuesto por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, estrictamente el objetivo 8. 3 promueve el crecimiento económico sostenido y el empleo de buena calidad, mediante la estimulación del “espíritu empresarial”, apoyando a este tipo de actividades productivas desarrolladas en el departamento, mediante la creación de políticas que otorguen herramientas para fomentar la creatividad, innovación y la formalización, en post de generar empleo decente para las mujeres y los jóvenes.

De acuerdo a lo explicitado y teniendo en cuenta los datos arrojados se comprueba que a la hora de evaluar la calidad de empleo es necesario tener en cuenta componentes subjetivos, especialmente desde el punto de vista de la satisfacción personal, sin eludir o sin dejar de lado aspectos que hacen un empleo de buena calidad.

Esta indagación intento realizar un aporte a la reflexión sobre, en qué medida estos nuevos sectores, a los cuales el Estado apuesta para la creación de empleo, son capaces de generar condiciones para el desarrollo inclusivo en los territorios. 

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Calidad del Empleo/Desarrollo/ Mipymes   

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Resumen de la Ponencia:

Resumen de la Ponencia:

La falta de políticas públicas en materia de empleo en zonas costeras del país, afecta directamente a pescadores artesanales y a pesar de que Costa Rica tenga  una extensión marina de 572 877 km2 frente a una terrestre mucho menor de 51.030 km2,  , esto no es relevante en el modelo de desarrollo neoliberal que da prioridad  de atención a otros sectores productivos o por el contrario en el Golfo Dulce y  Península de Osa en donde existe el 2,5% de la biodiversidad del mundo, la prioridad política, científica y económica es para la conservación ambiental. Pescadores-as empobrecidos-as y desempleados-as, representan una realidad que requiere de investigación destacando su contexto sociocultural, económico, político y ambiental.La Universidad Nacional (UNA), desde el Programa Interdisciplinario Costero (PIC) y la Vicerrectoría de Extensión, impulsan acciones en procura del mejoramiento de la calidad de vida de una de las organizaciones de pescadores en la región: Asociación de Pescadores artesanales, turismo y afines de Golfo Dulce (ASOPESCAR).  Y mediante la Escuela de Sociología, el PIC y el Centro de Investigación de Estudios Sociales (CETIS) del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) se realizó el primer diagnóstico sociolaboral con 21 pescadores-as voluntarias de la organización, durante el segundo semestre del año 2021, con un corte descriptivo,  se utilizó la técnica de la encuesta mediante el cuestionario integrado por preguntas: datos personales, educativos, familiares, laborales, migratorios, acceso a información de gobernanza marina.  Con los resultados obtenidos se aportará al avance de plan de acción, acciones interuniversitarias e interdisciplinarias que fortalezcan la organización y la seguridad laboral  El enfoque dialéctico de las relaciones sociales y organizativas en dinámicas socioproductivas de subsistencia, constituyó una de las categorías de análisis más importantes, desde Simmel se destacan insumos teóricos sobre su estudio  como parte de la estructura asociativa de una organización,  la construcción de un tejido social basado en pactos y alianzas entre las personas para  la reproducción de la vida.  El materialismo histórico abordado desde las investigaciones pesqueras de Breton y Estrada (1985), De la Cruz (1996) Zamora (2011) facilitan el estudio de la pesca artesanal desde las dinámicas socioproductivas. Se incorporan elementos teóricos de Morín (2000) relacionados con la administración de los recursos pesqueros, vínculos de parentesco especialmente desde la  antropología marina. La promesa de la pesca artesanal como horizonte utópico para una mejor calidad de vida es truncada por la inexistencia de políticas en procura de la reactivación económica, educación, aunado al sistema patriarcal, el fenómeno de la migración de poblaciones desempleadas hacia zonas costeras, la masculinización de sus prácticas socioproductivas y la invisibilización de mujeres con roles de acompañantes no asalariadas.

Introducción:

La falta de políticas públicas en materia de empleo en zonas costeras del país, afecta directamente a pescadores artesanales y a pesar de que Costa Rica tenga  una extensión marina de 572 877 km2 frente a una terrestre mucho menor de 51.030 km2,  esto no es relevante en el modelo de desarrollo neoliberal que da prioridad de atención a otros sectores productivos o por el contrario en el Golfo Dulce y  Península de Osa en donde existe el 2,5% de la biodiversidad del mundo, la prioridad política, científica y económica es para la conservación ambiental. Pescadores-as empobrecidos-as y desempleados-as, representan una realidad que requiere de investigación destacando su contexto sociocultural, económico, político y ambiental

Las zonas costeras cuentan con muchos recursos naturales, además de la belleza natural. Sin embargo, la población ha aumentado y con ella una gran desigualdad económica, social, política, etc. Entre sus principales problemas en estas zonas ha sido la falta de empleo, abandono, tal como lo expresa Rivera y Porras, “La generación de empleos de calidad en territorios rurales es uno de los principales retos de los gobiernos latinoamericanos, ya que la concentración de la riqueza se presenta en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental. Este desbalance estructural crea intensas transformaciones sociales en las dinámicas familiares y de elección educativa que, por hecho consustancial, legitiman tal desigualdad funcional del modelo de desarrollo capitalista” (Rivera y Porras, 2018; p 60).

El materialismo histórico abordado desde las investigaciones pesqueras de Breton y Estrada (1985), De la Cruz (1996) Zamora (2011) facilitan el estudio de la pesca artesanal desde las dinámicas socioproductivas. Se incorporan elementos teóricos de Morín (2000) relacionados con la administración de los recursos pesqueros, vínculos de parentesco especialmente desde la antropología marina. Finalmente, la promesa de la pesca artesanal como horizonte utópico para una mejor calidad de vida, empleo y generación ingresos es truncada por un estado ausente; falta de educación; los roles de género patriarcales imperantes en la pesca artesanal; migración de poblaciones desempleadas hacia zonas costeras para dedicarse a la pesca artesanal, la masculinización de sus prácticas socioproductivas y la invisibilización de mujeres con roles de acompañantes no asalariadas que aspiran al mejoramiento educativo y formación empresarial.   

Desarrollo:

El objetivo principal del diagnóstico organizacional y socio productivo de la Asociación de pescadores Artesanales de Puerto Jiménez y afines es definir líneas de trabajo desde el ámbito de la pesca artesanal y la diversificación productiva en esta comunidad.

Este diagnóstico se realizó en conjunto con la Escuela de Sociología, el Programa Interdisciplinario Costero (PIC) y el Centro de Investigación de Estudios Sociales (CETIS) ambos del Instituto de Estudios Sociales en Población.

El estudio se realizó con personas afiliadas de la Asociación de Pescadores Artesanales, Turismo y Afines del Golfo Dulce (ASOPESCAR) (21 asociados y asociadas) los días 08 y 09 de noviembre. Esto mediante un cuestionario integrado por una serie de preguntas relacionadas con datos personales, educativos, familiares y laborales y su participación fue voluntaria.

Análisis de la información 

De las 21 personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines, 12 de ellos son del sexo femenino y 9 masculinos. La mayoría son mayores de 50 años y viven en unión libre. Al consultarles cómo se consideran, indican más como una persona Mestiza, Blanca y negra o afro costarricense. 

La mayoría de las personas que conforman la asociación nacieron en otras regiones del país, del total de personas sólo tres son originarias de Puerto Jiménez.  Actualmente la mayoría de las personas asociadas viven en Puerto Jiménez, en La Palma, Playa Blanca. La mayoría tienen más de 25 años de vivir allí.

Cuadro N°1

Datos sociodemográficos de las personas asociadas a la Asociación de pescadores 

de Puerto Jiménez y afines

(N:21)

Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas a la Asociación, de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre,2021.

La mayoría cuentan con primaria completa e incompleta, y algunos con secundaria completa. Más de la mitad de las personas asociadas han llevado capacitaciones adicionales. Y actualmente, dentro de los cursos que les gustaría llevar, es el de inglés, zafarrancho, manipulación de alimento y cursos de cocina, principalmente. 

Gráfico N° 4

Cantidad de personas asociadas a la Asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines, según el nivel educativo más alto aprobado, noviembre 2021

(N:21)

Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre,2021.

Cuadro N° 3

Cantidad de personas asociadas de la Asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines, según las capacitaciones que les gustaría tener, noviembre 2021

(N:21)

  Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas a la Asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre, 2021.

Las personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez viven en su mayoría en casa propia y alquilada. Estas viviendas por lo general se ubican en zona rural, en urbanización, en una finca y en zona pública, es decir cerca de la playa. La mayoría cuentan con electricidad de lCE y el agua del acueducto de AyA.

Gráfico N° 6

Cantidad de personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, según la vivienda dónde viven actualmente, noviembre 2021

(N:21)

                              Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre,2021.

Las familias que conforman las personas asociadas tienen una composición familiar muy diversa, pues viven solas o solos, en un hogar de 2 personas, con tres integrantes, y la mayoría conviven con familia de más de 4 miembros. 

Más de la mitad son jefas de hogar y actualmente tienen a su cargo la manutención de alguna persona, entre ellas de uno a tres personas por vivienda. 

Un poco más de la mitad de las personas pescadoras de Puerto Jiménez, cuentan con seguro social de ellas los tipos de seguro son: trabajador independiente (5), familiar o seguro familiar (4), por el Estado (2), voluntariado (1) y como pensionado del Régimen no contributivo.

Gráfico N° 7

Cantidad de personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, según cuantas personas viven en la vivienda, noviembre 2021

Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre,2021.

Gráfico N° 8

Cantidad de personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, según si es el jefe de hogar, noviembre 2021 

(N:21)

Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas de la asociación  de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre, 2021.

Gráfico N° 10

Cantidad de personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, según si cuentan con seguro social, noviembre 2021 

(N:21)

Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre, 2021.

El 100% de las personas pescadoras de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, saben pescar y ha sido aprendido principalmente por sus papás, por su mamá u algunos familiares. La mayoría de las personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, consideran que su pesca es principalmente artesanal. Más de la mitad de los pescadores tienen más de 15 años de dedicarse a la pesca.

Cuadro N° 11

Cantidad de personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, según hace

 cuantos años se dedica a la pesca, noviembre 2021 

(N:21)

Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre, 2021.

Todas las personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez cuentan con licencia de pesca. El tipo de licencia que utilizan principalmente es la artesanal en pequeña escala, GPS 9217 artesanal que le permite pesca artesanal y Ballyhoo. El principal producto que pescan con estos tipos de licencia es el Ballyhoo, para carnada, pargo, dorado, tiburón, chatarra, peces, langostas, camarón, pescado y crustaceos. 

La mayoría pescan de 1 a 3 días por semana, tres personas lo realizan de 4 a 6 días y solo tres personas se dedican todos los días a la pesca. Los días que más le dedican a la pescan son los martes, miércoles sábados y domingos. 

Por lo general las personas pescadoras de la asociación, pescan más de 8 horas. La mayoría realizan esta labor en la noche, en las mañanas y tarde o tardes y noches. 

Gráfico N° 14

Cantidad de personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, 

según cuantos días pesca normalmente por semana. Noviembre 2021 

(N: 21)

Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre, 2021

Dentro de los productos que capturan principalmente se encuentra el pargo, Ballyhoo, Barracuda, entre otros. También mencionan que capturan voladores y pargo roquero entre otros. 

La mayoría de los pescadores indican que comercializan los productos capturados.  comercializan principalmente el ballyhoo, barracuda, pargo, manchado y seda. Por lo general para venderlo utilizan el precio que está establecido, por el tamaño, por kilo. 

Las personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez salen a pescar con uno o más familiares, solos o con sus compañeros y también salen a pescar con sus amistades.

La mayoría de las personas de la asociación de pescadores indican que trabajan en otra actividad, además de la pesca. Algunos en actividades permanentes, temporal u ocasional. 

Las personas de la asociación de pescadores indican que su principal actividad económica es el trabajo propio y la pesca

Gráfico N° 19

Cantidad de personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, 

según si además de la pesca, trabaja en otra actividad productiva. Noviembre 2021 

(N= 21)

 Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre, 2021.

Cuadro N° 14

Cantidad de personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, según condición actual de su empleo principal, noviembre 2021 

(N:21)

Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre, 2021.

Algo importante que hay que retomar es el proyecto u objetivo que les gustaría tener como realización personal Según las personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez el proyecto productivo que le gustaría realizar de manera independiente  es principalmente lo relacionado a la pesca o marisquería, pues así lo comentan diez personas, dentro de esta actividad mencionan por ejemplo cría de pescado, de pargo, cultivo de chucheca, estanque de tilapia, producir camarón; seguido de la venta de comida, dos personas indican que les gustaría un carro móvil para vender comida, venta de comidas preparadas. 

Con menos menciones señalan la idea de tener cerdos, porqueriza, ganado, algo relacionado con turismo, mecánica, taxista etc.   

Cuadro N° 16

Cantidad de personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, según lo que le gustaría realizar de manera independiente, noviembre 2021 

(N:21)

Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre, 2021.

Conclusiones:

Conclusiones

Desde esta visión es importante que se den más acciones interuniversitarias e interdisciplinarias que fortalezcan la organización y la seguridad laboral. La falta de políticas públicas en materia de empleo en zonas costeras del país afecta directamente a pescadores artesanales. 

Las personas pescadoras representan una realidad que requiere de investigación destacando su contexto sociocultural, económico, político y ambiental. Para Carmen González, Geógrafa, especialista en ordenamiento territorial la problemática marino-costera del país se debe trabajar de forma integral y conjunta desde varias instituciones, desde una política, orden e interés. 

“lo que requiere más atención para ordenar el espacio marino costero mediante el establecimiento de las políticas necesarias es: mejora de la eficiencia en la gestión municipal, mayor coordinación institucional, promoción de la capacitación de profesionales en manejo

costero, establecimiento de prioridades para ejecutar obras y acciones, generación de conocimiento académico y científico y encuentro de buenas vías de transmisión a las comunidades y su participación” (González, 2013; P 31).

Las zonas costeras de Costa Rica están sufriendo gran cantidad de problemas, por lo que su mejoramiento en la calidad de vida, empleo y generación de ingresos no se hace posible ante un estado ausente, falta de políticas, falta de educación, y por ende hay que tomar iniciativas institucionales bajo un enfoque integral. 

Bibliografía:

Rivera, R y Porras, A (2018) Población, empleo y pobreza en los territorios rurales de Costa Rica. Revista Rupturas 8 (2), Costa Rica, Jul-Dic 2018. ISSN 2215-2466. Pp59-76.

González, Carmen (2013) Situación de las áreas marino -Costeras en Costa Rica. Revista Mensual sobre la Actualidad Ambiental. 

Palabras clave:

Pesca artesanal, bienestar socioecológico

Resumen de la Ponencia:

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Resumen de la Ponencia:

La crisis por Covid-19 representó un desafío para los distintos ámbitos de gestión, tanto públicos como privados. El caso de las organizaciones pertenecientes al sector transporte no fue una excepción, sino que éstas se convirtieron en protagonistas de múltiples transformaciones.

La ponencia tiene el objetivo describir y analizar algunas de las estrategias y prácticas de gestión de crisis desarrolladas por organizaciones reguladoras y proveedoras de servicios de transporte en la Argentina durante el año 2020, con foco en sus efectos sobre la salud y condiciones laborales de los/as trabajadores/as. Estas estrategias y prácticas se orientaron a garantizar la seguridad operacional y sanitaria, así como la continuidad de los servicios, dentro de los márgenes impuestos por las reglamentaciones excepcionales vigentes.

A tal fin, se ha optado por un diseño de investigación descriptivo basado en un enfoque metodológico cualitativo. Las técnicas empleadas fueron: el relevamiento de fuentes secundarias (documentos organizacionales, normativa, etc.) y la realización de entrevistas semiestructuradas a actores clave del sistema de transporte (funcionarios de entes reguladores y prestadoras de servicio, representantes sindicales y trabajadores/as).

En la ponencia se presentan los principales hallazgos de la investigación, así como una primera evaluación de las prácticas de gestión identificadas y de sus potenciales implicancias para el abordaje de futuros eventos de similares características.

Introducción:

Esta ponencia se elaboró en base a una investigación realizada por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) de Argentina, organismo desde el cual -en el contexto de la crisis sanitaria que azotó a la comunidad internacional- se identificó la necesidad de llevar adelante una investigación que extendiese el campo de aplicación de la JST hacia eventos excepcionales[1]. La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) es un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, que tiene como objetivo contribuir a la seguridad en el transporte en todos sus modos a través de la investigación técnica de accidentes e incidentes de transporte y la emisión de recomendaciones que permitan mejorar la seguridad operacional (Ley 27514/2019)

Esta ponencia constituye una aproximación a la gestión de la crisis del coronavirus desarrollada por el sistema de transporte argentino. Los alcances de la misma fueron definidos por los siguientes interrogantes: ¿cuáles fueron las estrategias de gestión de crisis que pusieron en marcha frente a la pandemia del COVID-19 las organizaciones constitutivas del sistema de transporte multimodal[2]? ¿de qué manera estas nuevas prácticas afectaron las condiciones de trabajo del sector?

El objetivo general de la ponencia es indagar las estrategias y prácticas de gestión de crisis pandémica desarrolladas por distintas organizaciones de los cuatro modos de transporte de Argentina durante 2020. Dichas estrategias estuvieron orientadas a gestionar los riesgos de seguridad (operacional y sanitaria), así como a asegurar la continuidad de las operaciones.

El 3 de marzo de 2020 la Argentina registró el caso cero de coronavirus en un pasajero arribado en un vuelo proveniente de Italia. Ante este hecho, y frente a un escenario internacional signado por la incertidumbre, el Estado argentino adoptó medidas excepcionales y de emergencia para enfrentar la pandemia[3].  En este contexto, las actividades del transporte fueron declaradas servicios esenciales, lo que significó un desafío inédito hasta entonces: todos los modos del transporte deberían asegurar el sostenimiento de las operaciones, garantizar los estándares de la seguridad operacional y morigerar los riesgos de contagio y transmisión del virus Sars-Cov-2 para preservar la salud tanto de las personas usuarias como del personal. 

[1] Un evento excepcional alude a un acontecimiento de gravedad inusitada (que puede o no ser un accidente), cuyas consecuencias impactan en las funciones básicas de la sociedad.

[2] Transporte multimodal alude a los modos automotor, ferroviario, aeronáutico y marítimo, fluvial y lacustre.

[3] El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) emitió, el 12 de marzo de 2020, el Decreto 260/2020 de emergencia sanitaria, en uso de las facultades otorgadas por la Constitución Nacional. 

Desarrollo:

Encuadre teórico metodológico

Como se mencionó en la introducción, esta ponencia constituye un desprendimiento de un estudio desarrollado por la JST sobre la base de un diseño descriptivo. El equipo de investigación a cargo de llevarlo adelante se conformó con personal de las distintas direcciones modales que componen el organismo, y fue encabezado por la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo Accidentológico (DNEYMA).[1]

La ponencia, elaborada en base a una metodología de trabajo cualitativa, se sustenta en los aportes y testimonios brindados por una red colaborativa constituida ad hoc, integrada por un entramado de entidades nacionales del transporte, entre las que se incluyen organismos normativos, regulatorios y fiscalizadores; prestadores de servicios públicos y privados; cámaras y asociaciones del transporte; así como obras sociales y sindicatos que agrupan a los trabajadores sector. Actualmente, la red está integrada por 25 organizaciones, tanto públicas como privadas.

En el marco de este estudio, se realizaron 20 entrevistas semiestructuradas a referentes de 15 entidades del transporte pertenecientes a la red colaborativa. En la mayoría de los encuentros fueron entrevistadas entre dos y tres personas pertenecientes a diferentes áreas de las organizaciones. Acorde con los objetivos de la investigación, las guías de entrevista utilizadas focalizaron en tres dimensiones: gestión de riesgos de seguridad operacional, gestión de crisis y gestión de riesgos sanitarios.

En lo referente al marco conceptual sobre el que se construye esta ponencia, se parte de considerar a la pandemia como un accidente normal (Covello y Muro, 2020). De acuerdo a Perrow (1984), el accidente normal o sistémico se caracteriza por ser previsible e inevitable. El autor afirma que es propio de sistemas complejos donde ocurren acoplamientos e interacciones inesperadas, es decir, que está en la naturaleza misma de los sistemas sociotécnicos. En esta línea, la investigación considera válido incluir (dentro de los muchos marcos teóricos abordados para analizar la pandemia) el análisis sistémico de la pandemia bajo la teoría de accidente normal. Desde esta perspectiva, el brote infeccioso en Wuhan se propagó hacia otros sistemas fuertemente acoplados, que trascendieron el ámbito de la salud interactuando de manera inesperada y derivaron en una crisis social, económica y política global (Costa, 2021; Covello y Muro, 2020)

Los accidentes sistémicos precisan modelos de análisis atentos a sus características. El análisis sistémico de accidentes se aleja de los modelos lineales de tipo causa-efecto y de las explicaciones de accidentes basadas en fallos únicos (generalmente, errores del personal operario, de diseño o fallos mecánicos) o de un árbol de fallos (Perrow, 1984; Hollnagel, 2004).  Este tipo de análisis busca identificar situaciones estructurales que expliquen los factores desencadenantes o contribuyentes (Perrow, 1984). 

Por otro lado, se entiende a las crisis como eventos potencialmente riesgosos que efectivamente ocurren y traen aparejadas fuertes incertidumbres (Gilbert, 2002 citado en Pucci y Walter, 2007:29).  La gestión de la crisis refiere, particularmente, a la toma de decisiones ejecutivas u operativas que buscan asegurar el control frente al caos que caracteriza a estos eventos. En el caso de empresas y organizaciones, implica atender al bienestar y seguridad de las personas involucradas en tanto trabajadoras o usuarias. (Pucci y Walter, 2007).

Se entiende al riesgo como un evento probable o potencial, susceptible de causar daños a las personas y organizaciones. Normalmente, se describe en relación a sus probabilidades y severidad, a la situación que potencialmente puede causar o a sus consecuencias (Pucci y Walter, 2007; Norma IRAM-ISO 31000). La gestión de riesgos refiere a estrategias y actividades elaboradas por una organización, idealmente coordinadas, orientadas a dirigir y controlar el riesgo (Norma IRAM-ISO 31000). 

La Ley 27514, mediante la cual se creó la JST, en su artículo 3 define a la seguridad operacional como el “estado de operación de un sistema en que el riesgo de lesiones a personas o daños a los bienes que participan e interactúan, se ve reducido y se mantiene a un nivel aceptable o por debajo del mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos”. 

Respecto de los riesgos sanitarios, en esta investigación se hace foco en el riesgo de infección por COVID-19, o dicho en otros términos: la probabilidad de que se concrete el peligro de contagio y diseminación de la enfermedad, y la severidad de las consecuencias. Por consiguiente, se comprende a la gestión de seguridad sanitaria como un grupo de actividades de carácter tanto proactivo como reactivo, orientadas a reducir todo lo posible los mencionados riesgos en materia de salud.

Análisis de la información

La información recabada en las entrevistas se organizó en función del modo de transporte y se analizó a partir de la distinción de tres grandes dimensiones que hacen a la gestión del transporte en el marco de la crisis pandémica: la gestión de los riesgos sanitarios (refiere a la gestión de la seguridad sanitaria y otros riesgos para la salud asociados); la gestión de la seguridad operacional (gerenciamiento de riesgos de seguridad operacional vinculados a la gestión del contexto pandémico); y la continuidad de las operaciones (refiere al sostenimiento y operabilidad del servicio de transporte en todos sus modos). La última dimensión se configura, de algún modo, como resultado del manejo de las otras dos dimensiones mencionadas.

Modo ferroviario

Gestión de riesgos sanitarios

La mayoría de las prestadoras del modo conformaron, desde el inicio de la pandemia, equipos o comités de gestión de crisis, destinados a abordar el nuevo escenario sanitario. Entre las acciones prioritarias abordadas por los equipos de gestión de crisis se destacan la elaboración y adecuación de protocolos de acuerdo con los lineamientos emanados por el Ministerio de Salud.

En todos los casos, los protocolos (también denominados “mecanismos de defensa” por las prestadoras) se elaboraron en base a los lineamientos y planes de emergencia desarrollados por la CNRT. Entre sus aspectos centrales destaca el establecimiento de mecanismos de reemplazo de personal en caso de contagios; la disposición de elementos de protección y limpieza en coches y establecimiento; las medidas de distanciamiento social al momento de las rotaciones; y la administración/regulación del volumen de personas transportadas; entre otras medidas.

Una de las preocupaciones centrales de las prestadoras desde el inicio de la pandemia se centró en la necesidad de minimizar la transmisión del COVID-19, en el marco de un sistema caracterizado por trasladar grandes volúmenes de personas en espacios reducidos. El desarrollo de la aplicación “Reservá tu Tren”[2] por parte de la Gerencia de Tecnología, Información e Innovación de Trenes Argentinos, contribuyó a complementar la protocolización de procesos en este sentido. 

Se destaca también el hecho de que varias prestadoras desarrollaron sistemas estadísticos que les permitieron monitorear, de forma sincrónica y diacrónica, el estado de situación de su planta en materia sanitaria: contabilizaron entre el personal casos detectados, casos sospechosos, contactos estrechos, hisopados realizados, etc.; y evaluaron la curva de casos al interior de la prestadora, en función de la situación nacional y la dinámica de las medidas dispuestas desde las mismas organizaciones.

Gestión de riesgos de seguridad operacional

Los testimonios recogidos señalan que muchas medidas de seguridad operacional se vieron interrumpidas a razón de lo dispuesto por los lineamientos sanitarios destinados a prevenir contagios entre el personal a cargo. La gestión de seguridad operacional concerniente a equipos de monitoreo, auditores de campo y control en vías fue la más afectada, ya que se limitaron las prácticas de auditoría en cabinas de señales y cabinas de conducción. Esto se debió al riesgo sanitario que representaba que los inspectores de seguridad operacional realizarán las inspecciones en campo en la misma cabina que el personal de conducción o en las cabinas de señales, ambos espacios muy reducidos que impedían sostener el distanciamiento social recomendado. 

En respuesta a esta problemática, se definió la migración paulatina de estos controles a la modalidad de telerelevamiento y otras acciones de monitoreo remotas, realizadas con cámaras go pro instaladas de forma estratégica, o bien mediante la inspección con drones. Las actividades y prácticas de SO en campo que no fueron afectadas por el distanciamiento social se continuaron desarrollando de forma habitual. Esto incluyó relevamientos funcionales, relevamiento de material rodante y de infraestructura, entre otros.

Otro factor asociado a un potencial incremento de riesgos de seguridad operacional se vincula con el aislamiento masivo de personal abocado a tareas de monitoreo, control y auditoria, que obran como fuentes de información permanente y permiten establecer escenarios predictivos. En ocasiones, los equipos de monitoreo de riesgos (de exceso de velocidad, etc.) debieron ser aislados casi en su totalidad, por lo que se dificultaba la tarea de prevención de posibles accidentes o incidentes.

Continuidad operativa

La gestión sanitaria y operativa desarrollada por las prestadoras durante la pandemia permitió no solo sostener, sino, en algunos casos, potenciar el servicio. Vale, a modo de ejemplo, mencionar el caso de los servicios ferroviarios de carga que, con base en la reorganización operativa, lograron incrementar los volúmenes de mercancía transportada.

Entre las principales dificultades que amenazaron la continuidad de las operaciones destaca la alta tasa de contagios entre los/as trabajadores/as, que dificultó el funcionamiento no solo de los coches, sino de los Centros de Control de Operaciones (CCO) y el Centro de Conductores. 

Finalmente, cabe destacar que los servicios con presencia en provincias del interior del país encontraron exigencias legales jurisdiccionales que, en ocasiones, limitaron la circulación de las formaciones por los pasos fronterizos interprovinciales. Esta descoordinación, producto de la insuficiente articulación entre actores de distinto nivel jurisdiccional, generó serios trastornos para la operación y para el personal de “primera línea”, cuyo descanso y condiciones de trabajo se vieron perjudicados.

Modo automotor de pasajeros[3]

Gestión de riesgos sanitarios

Según los testimonios recabados, las prestadoras de servicio del modo automotor de pasajeros/as no contaban, en casi ningún caso, con planes preexistentes de gestión de crisis al inicio de la pandemia. Los hechos de marzo de 2020 forzaron la creación de equipos/comités de gestión de crisis, en cuyas manos estuvo el diseño de los planes y protocolos destinados a palear la crisis sanitaria. Entre las medidas incluidas en los protocolos elaborados destacan la apertura permanente de ventanillas, el aislamiento plástico del espacio reservado al personal de conducción, la reorganización del cronograma de trabajo presencial, la difusión de información de prevención y la capacitación sanitaria del personal.

Entre las dificultades presentadas para cumplimentar los protocolos dispuestos se encontraron, como se observó en el modo ferroviario, la imposibilidad de operativizar la reglamentación dispuesta por la autoridad de aplicación en materia de límite máximo de personas transportadas. Los intentos de aplicación de la normativa supusieron incidentes de diversa seriedad entre los personas usuarias y personal de conducción, único mediador disponible durante los recorridos.

En lo que refiere a la coordinación entre actores del sistema de transporte, los testimonios reflejan que el diálogo y la articulación entre las prestadoras, agrupadas en cámaras empresarias, permitió el intercambio de datos e información y la definición consensuada de medidas para una eficiente gestión de la crisis. 

La relación entre las prestadoras y los sindicatos, por su parte, fue positiva. El sindicato de la actividad y los cuerpos de delegados se mostraron siempre dispuestos a trabajar articuladamente con las prestadoras: participaron en acciones de consenso para la toma de decisiones y actuaron como nexo entre la empresa y el personal. Para las prestadoras, los/as delegados/as sindicales resultaron un eslabón central para la difusión de información sanitaria entre el personal, propiciando una circulación “boca a boca” más efectiva que otros medios de difusión oficiales.

Gestión de riesgos de seguridad operacional

Contrariamente a lo ocurrido con los procedimientos y protocolos de gestión de crisis, las medidas y prácticas de seguridad operacional vigentes hasta la declaración de la pandemia no requirieron grandes adecuaciones[4].

Entre los elementos de alarma que los protocolos debieron atender, se destaca que, en algunos casos, los protectores de nailon, que inicialmente se utilizaron para resguardar a los choferes, dificultaban o limitaban la visión, por lo que algunas empresas procedieron a reemplazarlos por materiales cuyas características fueran aptas para garantizar una visión óptima de espejos y puertas.

Por otro lado, el personal de conducción que prestó servicio durante la pandemia sufrió la readecuación de su cronograma de trabajo, ya que debió suplir la carga laboral del personal dispensado por pertenecer a grupos de riesgo, lo que redundó en una sobrecarga de trabajo.[5] Esta situación excepcional repercutió sobre las condiciones de trabajo y descanso del personal de primera línea, incrementado los riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga[6].

Cabe destacar que las nuevas medidas impactaron en la relación entre las personas usuarias y las prestadoras, cuyo rostro visible era el personal de conducción. Se registraron casos de lesiones como consecuencia de altercados y se incrementó -en relación con el escenario prepandémico- el número de personas con heridas leves producto de su “interacción” con los vehículos. El clima de tensión social incrementó, entonces, el riesgo de ocurrencia de sucesos que derivaran tanto en lesiones como en la demora o suspensión de los servicios, afectando su continuidad. 

Continuidad operativa

En función de las medidas sanitarias dispuestas por los gobiernos nacionales y jurisdiccionales durante marzo y abril de 2020, el transporte automotor de pasajeros/as (interurbano y de larga distancia) disminuyó drásticamente su frecuencia. Con el correr de los meses, paulatinamente, se fue retomando la continuidad del servicio, alcanzando sus frecuencias habituales hacia fines de 2020.

Entre los acontecimientos asociados a la pandemia que pusieron en riesgo la continuidad operativa de los servicios, destacan dos hitos sobresalientes: se registró escasez de insumos y dificultades para el abastecimiento de repuestos durante las primeras semanas tras la declaración de la pandemia; y la dispensa de trabajadores perteneciente a grupos de riesgo supuso la reducción drástica de la planta del personal de conducción, lo que implicó adaptaciones del cronograma de frecuencias.

Modo aeronáutico

Gestión de riesgos sanitarios

Tras la declaración de la pandemia y la disposición de un nuevo corpus normativo para el desarrollo de operaciones aeronáuticas, las prestadoras ingresaron a una etapa de actualización y adecuación permanente de los planes y protocolos de gestión de crisis sanitaria. 

Durante los primeros meses de la pandemia, los testimonios recogidos revelaron un déficit de procesos de articulación entre prestadoras y organismos de gobierno como PSA, EANA y ANAC. No se convocó un comité de crisis ni se consolidaron otras instancias de intercambio con los actores del modo. 

En lo que respecta a la capacitación y actualización de competencias, las prestadoras desarrollaron formas de capacitación y comunicación novedosas hacia el personal, mediadas por el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estas permitieron transmitir rápidamente información actualizada, nuevas recomendaciones a tripulantes y cambios en protocolos de actuación ante casos sospechosos, entre otras medidas.

En cuanto al impacto sanitario de la crisis sobre los/as trabajadores/as, esta repercutió en distinto grado sobre la salud mental y se vivieron situaciones de temor, ansiedad y estrés vinculadas al miedo al contagio en los lugares de trabajo. Para abordar este fenómeno, algunas prestadoras instauraron dispositivos de contención y acompañamiento, entre los que destacan el seguimiento médico y psicológico por vía telefónica de los casos sospechosos o positivos.

Gestión de riesgos de seguridad operacional

Durante el período en estudio, la disminución del número de operaciones (cercana a la paralización de los servicios) redujo la probabilidad de eventos negativos de seguridad operacional de manera sustantiva. En este escenario de paralización de actividades, el principal riesgo de seguridad operacional pasó a estar asociado a la falta de entrenamiento del personal por parte de tripulaciones y otros miembros del staff, de cara a la rehabilitación de las operaciones.  En respuesta a esta deficiencia, se ejecutaron nuevos planes de capacitación, actualización y mantenimiento de competencias, basados en el uso de simuladores y dispositivos móviles. 

En lo que respecta a las complejidades para el cruce de fronteras internacionales, las compañías aéreas observaron que las distintas normativas nacionales restringían la presencia de las tripulaciones en los países de arribo. Esto dificultó en algunos casos el correcto descanso del personal, con consecuencias sobre la fatiga e implicancias para la seguridad operacional. 

En cuanto a la readecuación de actividades, las prestadoras del modo aeronáutico, y en particular las aerolíneas, debieron atravesar durante la pandemia un proceso de adaptación continua a funciones novedosas, como los vuelos de repatriación y los vuelos para búsqueda de equipamiento médico y vacunas. La identificación de los riesgos asociados a estas operaciones se realizó, en parte, a través de estudios ad hoc, elaborados a partir de encuestas suministradas a las tripulaciones. 

Continuidad operativa

A razón de la crisis, y en sintonía con gran parte de los países del mundo, el Gobierno argentino tomó la decisión de suspender la mayor parte de los vuelos comerciales. Sin embargo, se sostuvieron algunas operaciones, tales como los vuelos de repatriación, vuelos gubernamentales, vuelos sanitarios, vuelos para la búsqueda de insumos, entre otros.

Modo Marítimo, Fluvial y Lacustre

Gestión de riesgos sanitarios

En línea con la experiencia del modo aeronáutico, en el modo marítimo, fluvial y lacustre existieron antecedentes que permitieron desplegar una rápida respuesta a la crisis. Se destaca la experiencia de gestión de la crisis del ébola (2014-2016) y, más cerca en el tiempo, la de la gripe H1N1 (2009). 

Entre las prácticas de gestión de crisis más significativas desarrolladas por la autoridad de aplicación destacan tres medidas clave. Por un lado, la prórroga de las fechas de vencimiento de las certificaciones, rectificaciones y carnets de conducción; el establecimiento de circuitos de comunicación y recepción de información sobre la situación sanitaria a bordo de los buques, a cargo de los equipos médicos de Prefectura; y la conversión a la modalidad virtual de las inspecciones tradicionales a buques.

Entre las medidas de gestión de crisis sanitaria llevadas adelante por las prestadoras destacan la realización de testeos y aislamientos preventivos del personal —una semana antes y una semana después del período de embarque-; la organización de burbujas de personal; la puesta a disposición de medios de transporte privados para su traslado[8]. Paralelamente, Prefectura creo un número telefónico para que los tripulantes pudiesen denunciar incumplimientos a bordo. 

Respecto al rol de las organizaciones gremiales, de forma similar al caso ferroviario, los sindicatos marítimos llevaron adelante una labor clave en materia de acompañamiento y contención psicológica de los/as trabajadores/as. Se realizó el seguimiento personalizado de los casos detectados, en especial de aquellos que debieron realizar aislamiento a bordo de los buques o en hoteles.

La relación de los sindicatos con las prestadoras se vio atravesada por una demanda puntual:  los sindicatos se expresaron en favor de liberar el wifi en las embarcaciones, para que cualquier miembro de la tripulación pueda realizar consultas médicas en caso de necesitarlas. A este reclamo se sumaron demandas concernientes a la comunidad de practicaje[7]: reclamaban que Sanidad de Fronteras se constituyese en el primer actor en embarcar los buques en recalada sin limitar sus funciones a puerto y solicitaban trajes de protección sanitaria acordes a sus funciones.

Entre las actividades que sufrieron mayor exposición a la transmisión de la enfermedad sobresale la pesca. El registro de casos confirmados y fallecidos por COVID-19 en el rubro superó ampliamente al del resto de las actividades.

El impacto de la crisis sanitaria sobre la dinámica laboral del personal embarcado, se observó con énfasis en la actividad arenera, en donde la estadía se extendió de 7 a 14 días. Esta adecuación, realizada con la finalidad de “garantizar” que no embarcaran personas contagiadas, supuso un fuerte desgaste para el personal. Desde los sindicatos se reclamó el regreso a los períodos habituales de trabajo pasado el primer pico de la pandemia, sin embargo, las prestadoras decidieron sostener esta modalidad, ya que disminuía los tiempos de “parate” de la actividad.

Gestión de riesgos de seguridad operacional

En cuanto a los riesgos de seguridad operacional asociados a la pandemia, los testimonios relevados destacan dos hitos significativos.

El primero concierne a la actividad de practicaje, en la que destacan los efectos perjudiciales sobre la seguridad operacional de los equipos de protección sanitaria. Los camisolines y guantes quirúrgicos reglamentarios dificultaban las tareas de ascenso a las embarcaciones y entorpecían la eficacia de los equipos de seguridad ante naufragios.

El segundo hito está asociado a la disposición gubernamental de extender los períodos de embarque de las tripulaciones de ciertas actividades, como en el caso de la arena, de 7 a 14 días. Esta nueva forma de operar, en el marco de actividades que se realizan con barcos antiguos, en condiciones generalmente precarias, supuso el incremento de la fatiga de la tripulación y, con ello, el aumento de los riesgos de seguridad operacional. 

En sintonía con lo antedicho, se observó que el sistema modal fue tensionado: el descenso en la masa de tripulantes (ya sea por pertenecer a grupos de riesgo, por ser contacto estrecho o por ser caso confirmado) se vio compensado por el esfuerzo del resto de los/as trabajadores/as.

Continuidad operativa

Las actividades ligadas al modo nunca fueron interrumpidas (con excepción de las actividades turísticas y, parcialmente, las del transporte de personas en el área del Delta). Esta continuidad se alcanzó a costa de la tensión del sistema y el esfuerzo del personal implicado en períodos prolongados de navegación. Requirió, asimismo, la reestructuración de organigramas y un férreo sostenimiento de las medidas de cuidado y protección de los/as trabajadores/as del modo, lo que permitió dar continuidad a las actividades dentro de los marcos regulatorios dispuestos para el período.

[1] Los equipos de las direcciones modales de la JST estuvieron a cargo de la realización de buena parte de las entrevistas realizada a actores correspondiente a su área de incumbencia. Destacamos la colaboración de Jorge Arman, Marcia González, Humberto Reynoso, Lorena Villada, Cristian Duca, Esteban Maddoni, Alejandro Costas, Juan Mangiameli, Marianne Von Lucken, Candela Hernández, Patricio Klimezuk, Gabriela Stazzone, Cataldo Javier Allende, Nayme Gaggioli y Marcelo Muro.

[2] Este sistema permitió a las personas usuarias reservar un espacio en las formaciones ferroviarias durante los horarios de mayor demanda, para los servicios que llegaran a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[3] El modo automotor de cargas no se incluye en la presente ponencia, dado que no se realizaron entrevistas a sus referentes organizacionales. 

[4] Estas medidas de seguridad operacional no se hallaban necesariamente plasmadas en protocolos, sino que eran, mayoritariamente, formas asentadas sobre la misma práctica, de actuar y proceder.

[5]No existía la posibilidad de efectivizar el contrato de nuevos/as conductores/as en el corto plazo, dados los tiempos de capacitación y evaluación previstos.

[6] La preparación del personal de primera línea, previa asunción de sus funciones, exige el cumplimiento de estrictos protocolos (protocolo de seguridad vial certificado por IRAM) y la realización de numerosas instancias de formación y evaluación.

[7] Los prácticos son el personal habilitado de forma exclusiva para asesorar a los capitanes de buque en materia de navegación, maniobras y reglamentación, en zonas declaradas de practicaje obligatorio o facultativo (Decreto 2694/91).

[8] El cumplimiento efectivo de estos lineamientos de gestión se ha sostenido en el tiempo de forma disímil/oscilante según la prestadora.

Conclusiones:

El análisis de la información relevada permite inferir que, desde los primeros meses de la pandemia, las organizaciones argentinas del transporte tuvieron una rápida capacidad de respuesta e inventiva ante la incertidumbre planteada por la pandemia. Fue necesaria la adecuación de unidades destinadas al transporte de pasajeros/as, la modificación de sectores de trabajo, el reagrupamiento de personal (organización de burbujas), la readecuación de tiempos de servicios y descanso y la autorización de exenciones a las licencias, cursos de instrucción y exámenes médicos, entre otras cuestiones. 

Se observa como denominador común a los diferentes modos, que los protocolos creados tanto por las prestadoras como por los organismos de control durante la pandemia, tuvieron siempre un carácter dinámico y flexible, para poder adaptarse a los cambios vertiginosos del escenario pandémico. Esto implicó, para los/as trabajadores/as del sector (especialmente para los de “primera línea”), asumir instancias de formación y actualización continuas que les permitiesen proceder en función de las disposiciones cambiantes. 

Sobresale también, la falta de coordinación que existió, en ocasiones, entre prestadoras de servicio, autoridades modales y otras agencias gubernamentales (como el Ministerio de Seguridad de la Nación) para definir los criterios de estadía, acceso a servicios, pernoctes y circulación de trabajadores/as esenciales. Esto derivó en que el personal esencial (principalmente quienes se desempeñan como trabajadores/as de primera línea) encontrara dificultades para su libre circulación tras haber cruzado fronteras jurisdiccionales, tanto municipales como provinciales.

Como contracara, el análisis permite ponderar el efecto positivo de la existencia de espacios de articulación entre lo público y privado. Ejemplo de ello es que, durante la pandemia, las prestadoras estatales de transporte acompañaron las estrategias de crisis de gobierno, poniendo sus servicios a disposición: la aerolínea de bandera estuvo a cargo de vuelos de repatriación, así como de la búsqueda de equipamiento médico y vacunas, mientras que en el modo de transporte ferroviario se implementó un “tren sanitario” para la realización de testeos de COVID. 

Respecto a la migración de la actividad presencial a plataformas digitales o telerelevamiento, en el ámbito del transporte tuvo lugar con mayor preponderancia el traspaso de tres áreas clave: entrenamientos, auditorías y chequeos operativos. Estas medidas, se acompañaron por otras acciones de monitoreo y entrenamiento remotas (mediante el uso de dispositivos móviles, cámaras go pro, drones, etc.).

En otro orden de análisis, la pandemia evidenció que, ante un evento excepcional de la magnitud descripta, la fatiga se convierte en un peligro estructural en todos los modos de transporte. El personal operativo que prestó servicio durante la pandemia sufrió la readecuación del trabajo prescripto, debiendo suplir la reducción del personal operativo, la exención de normas prescriptivas de fatiga, la extensión de los períodos de embarque y la imposibilidad de descanso en hoteles o lugares aptos.

Por último, entre las consecuencias de la pandemia sobre los/as trabajadores/as del transporte, se presenta como elemento significativo el impacto en la salud mental. En este marco, los gabinetes psicológicos dentro de las organizaciones cobraron una importancia central junto con las organizaciones gremiales, las cuales articularon diversas líneas de acción orientadas a la contención y el acompañamiento psicológico. Así, sobre la base de esfuerzos combinados y una significativa resiliencia de las organizaciones durante el curso de la crisis, el sistema de transporte argentino logró garantizar —con contadas excepciones— la continuidad operativa en las distintas ramas de actividad.

Bibliografía:

Referencias bibliográficas:

-Costa, F. (2021). Tecnoceno: algorítmos, biohackers y nuevas formas de vida, Argentina, Taurus.

-Covello. A. y M. Muro (2020). Análisis sistémico de la pandemia del coronavirus. Un accidente normal, Buenos Aires, Argentina. 

-Organización de Aviación Civil Internacional (2018). “Documento 9859: Manual de gestión de la seguridad operacional”, Québec, OACI.

Perrow, C. (1999). Normal accidents: living with high risk technologies, Princeton, New Jersey, Princeton University Press.

- Safety Investigation Authority of Finland (2021). First wave of the COVID-19 pandemic in Finland in 2020, Finlandia, SIAF. 

Normativa:

- Decreto 260 de 2020 [con fuerza de Ley]. Por el cual se amplía la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27541. 12 de marzo de 2020. B.O.: 34327.

- IRAM-ISO 31000 (2015). “Gestión del riesgo. Principios y guías”.

- Ley 27514 de 2009. Por la cual se declara de interés público nacional y como objetivo de la República Argentina la política de seguridad en el transporte. B.O.: 34184.

Palabras clave:

Transporte; pandemia; gestión de crisis

Resumen de la Ponencia:

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Resumen de la Ponencia:

Las medidas sanitarias de aislamiento social, tomadas por la irrupción de la pandemia Covid-19, causaron profundas transformaciones en nuestras sociedades latinoamericanas. A nivel musical, el contexto de aislamiento alteró las formas en que se realiza la actividad e interrumpió las presentaciones presenciales en vivo a nivel global, haciendo que las formas digitales dominen la escena. En el caso argentino, este panorama permitió ver las desigualdades en la inclusión digital y la falta de acceso y apropiación de herramientas digitales de muchos/as músicos/as autogestionados/as para reacomodarse ante los nuevos desafíos. Lo dicho implicó nuevas formas de precariedad para quienes no pudieron acceder a modalidades virtuales y reprodujo y amplificó las desigualdades preexistentes; además de intensificar el malestar y el descontento social de muchos/as de estos/as artistas. 

En este nuevo y complejo escenario, algunos/as artistas se organizaron y lucharon en pos de transformar la realidad, es el caso de los/as músicos/as de rock de Avellaneda (una ciudad del suburbio de la provincia de Buenos Aires, Argentina) que, a causa de las medidas gubernamentales de restricción social, vieron restringidas sus posibilidades de tocar en vivo –bajo el formato convencional-. Estos/as artistas pusieron en común sus intereses y se organizaron en colectivos que demandaron al municipio políticas culturales acordes con la nueva realidad. En este trabajo considero a la actividad musical como una práctica social cooperativa, colaborativa y colectiva, y me sirvo de las propuestas que plantean el protagonismo que los colectivos artísticos asumen en el diseño, la implementación y la gestión de las políticas culturales -y en la lucha por la ampliación de derechos-.

Focalizando en el surgimiento de nuevos colectivos de artistas y músicos/as autogestionados/as de rock, durante la pandemia de la Covid-19, esta ponencia se propone analizar la organización, la acción colectiva y la lucha que emprendieron los/as músicos/as avellanedenses para obtener políticas culturales que los/as beneficien, como así también vislumbrar los procesos de negociación, articulación, demanda y disputa que encararon con el estado municipal. Para cumplir dicho objetivo, me serviré de entrevistas –a autoridades, funcionarios y músicos/as locales- y observación participante, a fin de recuperar las voces –múltiples, variadas y cambiantes- de agentes que intervienen en la producción musical y analizar sus particulares prácticas y experiencias.

En definitiva, me interesa remarcar que ciertos grupos de músicos –varones– han participado colectivamente en los procesos de demanda, negociación y elaboración de las políticas culturales; aunque también han promovido conflictos y disputas que provienen de las desigualdades en el acceso a las políticas culturales y que se vinculan con desigualdades de género, desigualdades en el uso y apropiación de las tecnologías digitales y con la falta de consideración de los/as músicos/as como trabajadores de la cultura.

Introducción:

Considero a la actividad musical como una práctica social cooperativa, colaborativa y colectiva, en los términos planteados por Becker (2008), que emerge gracias a una red de trabajo que incluye a diferentes actores, actrices y agentes. En esta trama, el Estado interviene mediante sus políticas culturales dirigidas a la actividad musical; aunque, como ha sido señalado (García Canclini, 1987; Crespo et al., 2015; Infantino, 2019b, 2019c, 2020), no es el único actor de las políticas culturales, pues grupos comunitarios y colectivos artísticos, entre otros, también inciden, disputan y generan políticas culturales. Según Infantino (2019c), desde mediados de los 2000, diferentes colectivos culturales y artísticos –que en otras épocas constituían su independencia separándose del Estado y el mercado- resinificaron su relación con el Estado, en términos de demanda política –y ya no solo de resistencia–. 

En este clima de época, caracterizado por demandas de políticas democrático-participativas a nivel regional y por el proceso de discusión que derivó en 2012 en la sanción de la Ley Nacional de la Música (Cingolani, 2019, 2020; Infantino, 2019a, 2019c, 2019d, 2020), los músicos comenzaron a pensar al Estado como agente garante de derechos, al cual se le puede demandar (recursos, reconocimiento y participación en la formulación de políticas culturales) y con el cual se puede articular y negociar para defender sus derechos. En la ciudad de Avellaneda sobresale el caso la Unión de Músicos de Avellaneda (UMA), un colectivo de músicos/as autogestionados/as de rock -en su mayoría adultos mayores y exclusivamente varones- que nació en 2012, durante el concurso de municipal Arde Rock. Este colectivo tiene contacto directo con el área de cultura municipal, participa en la elaboración y el desarrollo de sus políticas públicas y asume una militancia política alineada con la gestión municipal; además, algunos/as de sus integrantes ocupan puestos laborales en el municipio –en el área de sonido-.

Siguiendo las propuestas que plantean el protagonismo que los colectivos artísticos asumen en el diseño, implementación y gestión de las políticas culturales -y en la lucha por la ampliación de derechos-, propongo analizar el caso de los colectivos de músicos/as autogestionados/as de Avellaneda y las disputas que sostienen en relación a la demanda hacia el Estado por políticas culturales democrático-participativas, inclusivas y redistributivas, en el contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), decretado a causa de la pandemia de Covid-19[1]. Si bien los grupos de artistas estudiados accionan de forma conjunta, cooperativa y colaborativa, en el campo hay desacuerdos (Rancière, 1996) y tensiones ligadas con la organización interna de cada colectivo. En el caso de la UMA, muchos/as músicos/as cuestionan su forma de cubrir eventos municipales, que prioriza a los músicos y bandas que integran su Comisión Directiva. En este sentido, y tal como ha argumentado Infantino (2020), la potencia de lo colectivo y del actuar juntos para lograr objetivos comunes implica generar consenso dentro de los mismos colectivos de artistas que deben trascender las disputas internas.

El ASPO alteró la actividad musical e interrumpió las presentaciones presenciales a nivel global durante gran parte del año 2020 y 2021. En el caso local, los formatos en que pasó a realizarse la actividad permitió ver las desigualdades en la inclusión digital, la falta de acceso, uso y apropiación de las nuevas tecnologías digitales y la falta de herramientas de muchos/as músicos/as para reacomodarse ante los nuevos desafíos. Lo dicho implicó la emergencia de nuevos conflictos y desafíos para la producción musical autogestionada y para las políticas culturales locales –que se suponen inclusivas-, nuevas formas de precariedad para quienes, por diferentes motivos, no pudieron acceder a modalidades virtuales y la conformación de nuevos colectivos de artistas y profesionales que hacen al mundo del rock local -y que pasaron a articular con el área de cultura municipal-. El contexto de emergencia sanitaria, según señaló Quiña (2020), puso de manifiesto que son los/as trabajadores/as de la cultura quienes más han padecido el estancamiento económico debido a la precariedad de sus condiciones laborales.

En este contexto local, atravesado por brechas digitales y la reconfiguración de las formas de hacer música, me pregunto ¿Cómo reconfiguran sus prácticas musicales los/as músicos/as que por diferentes motivos no se han apropiado de las tecnologías virtuales? ¿Cómo se adecuan las políticas culturales a estas nuevas dinámicas de exclusión/inclusión que suponen los nuevos formatos en que se realiza la actividad musical? Para responder estas cuestiones realicé entrevistas y observación participante, a fin de recuperar las voces –múltiples, variadas y cambiantes- de quienes intervienen en la producción musical local y analizar sus prácticas y experiencias. Considero que hay un grupo de músicos/as que permanece alejado –por motivos múltiples– de las tecnologías digitales, para quienes tocar en vivo es su principal recurso, motivación y posibilidad –y así lo expresan–; pues, fruto de mi trabajo de campo con músicos/as autogestionados/as de rock de Avellaneda, advertí la preferencia entre los/as artistas por tocar en vivo “de forma tradicional”.

[1] Partes de los desarrollos presentados en este trabajo forman parte de mí tesis doctoral (Saponara Spinetta, 2021). Versiones preliminares fueron presentadas en jornadas, congresos y coloquios (Saponara Spinetta, 2020, 2021).

Desarrollo:

Nuevos desafíos para la actividad musical autogestionada y para las políticas culturales locales durante la pandemia

A diferente de lo que sucede en otras ciudades, como La Plata, donde el uso de las nuevas tecnologías permite realizar actividades extra sonoras, abaratar costos de producción y aportar a la profesionalización de los/as músicos/as (Gallo y Semán, 2015); el estudio de Quiña et al. (2019) señala la falta de acceso, uso y apropiación de las nuevas tecnologías digitales por parte de los/as músicos/as que autogestionan su actividad en Avellaneda -además de las condiciones laborales informales, precarias e inestables-. Me interesa reproducir un fragmento donde un músico expresó: “No lo usamos [N. del A.: a lo digital] como herramienta porque no sabemos cómo ni tenemos las condiciones” (ídem: 138). Aunque refiere a otro momento y contexto, dicho trabajo aporta datos para pensar el contexto de ASPO.

Según la perspectiva de Becker (2008), la actividad cooperativa y colectiva, que permite realizar la obra artística, se realiza gracias a la existencia de convenciones artísticas.Y esto es lo que se reconfiguró en el contexto de ASPO: las convenciones, esas formas de hacer y de producir música en coordinación con otras personas y agentes. Entiendo que el trabajo en red de las personas que colaboran para realizar recitales se vio afectado por la interrupción de la actividad. En este marco, las plataformas digitales, los shows vía streaming o los vivos de artistas en redes sociales cobraron un protagonismo mayor y fueron ocupando el lugar vacío que dejó el recital en vivo. Lo cual, si bien para ciertos/as músicos/as significó nuevas formas de percibir ingresos (mediante un pago prefijado o la modalidad a la gorra virtual), para otros/as implicó nuevas formas de precariedad. Es el caso de muchos/as músicos/as que producen sus obras de forma autogestionada -y de manera colectiva– en contextos locales como el expuesto; y que, por diversas y múltiples razones, se encuentran alejados de las tecnologías digitales. 

Me interesa introducir el caso de un músico local: “El Viejo”, a quien conocí en 2016 cuando comencé a tocar en su banda. Él se angustiaba cuando las cosas en la música no le salían como quería y su mayor angustia llegó con la pandemia. Solíamos charlar por Whatsapp y él me contaba que estaba cansado de estar encerrado, que necesitaba tocar y que no veía la hora de hacerlo: “ya vamos a poder tocar de nuevo”, decía con optimismo. Ante esta situación, le pregunté: ¿por qué no hacer un vivo por redes sociales? En ese momento no recibí una respuesta, con el tiempo advertí que para este músico la virtualidad ni siquiera era una alternativa que pudiera considerar. Él quería hacer música de forma “tradicional”, ensayar con su banda, tocar en vivo, estar con sus amistades. El caso de este artista me permitió advertir la falta de apropiación de recursos virtuales aplicados a la producción musical autogestionada en el caso local y la falta de reconocimiento de estas limitaciones por parte de las políticas públicas.

Ahora bien, las políticas culturales que el municipio venía dirigiendo a la actividad musical no eran aptas para funcionar en el contexto de ASPO, ni tampoco tenían en cuenta los soportes virtuales que –aunque ya venían creciendo– pasaron a tener mayor uso. El encargado de gestionar los eventos culturales del municipio señaló programas que –antes de la pandemia- contemplaban la actuación en vivo bajo el tradicional formato. Sobresale el Cine Teatro Wilde -con programación musical de artistas locales-, “los eventos de los orgullos de las localidades” -donde artistas locales telonearon a las bandas grandes-, los programas en las plazas o en la vía pública[1] y el Estudio Municipal de Grabación –que se ofrece gratuitamente a los/as músicos/as locales-.

Según el director del área de cultura, estas políticas vienen a resolver la mayor demanda que tienen los/as músicos/as: tocar. Sobre la cuestión, el músico que gestiona los eventos musicales en el municipio explicó que, si bien el Estado pone las herramientas necesarias para promover a la profesionalización de los/as músicos/as, son estos/as mismos/as quienes no se asumen como trabajadores/as de la cultura. En esta línea expuso: 

Teniendo 16 años podes pensar la posibilidad de vivir de la música, y si el Estado te propone a vos diferentes herramientas de formación académica, de formación profesional, espacios para tocar, no solo El Veredazo sino también que puedas hacer un teatro y tocar para un público desde 200 a 2000 personas, creemos que el Estado tiene que poder garantizar eso, ahora para que la comunidad pueda pensarse a sí misma como trabajador de la cultura tiene que haber un cambio generacional (entrevista, 2019).

Considero que en el mundo del rock autogestionado local los/as músicos/as tienden a no considerarse como trabajadores/as culturales pues, aunque muchas veces demandan al municipio que se les pague por tocar, a la hora de relacionarse con el sector privado reproducen la práctica de “pagar para tocar”. Ahora bien, pese a que las políticas culturales dirigidas al sector venían a dar posibilidades para tocar en vivo, durante el contexto de aislamiento los/as músicos/as pasaron a demandar exclusivamente espacios para tocar en la vía pública y ya no compensaciones económicas.

El surgimiento de nuevos colectivos de artistas y profesionales durante la pandemia

Al frenar la actividad en vivo, el nuevo contexto perjudicó a quienes colaboran para realizarla. En el caso local, advertí una puja entre dos posiciones. Una demandó al municipio espacios públicos para tocar y la otra avaló y acató la suspensión de eventos municipales como una política sanitaria repitiendo el lema: “quédate en casa”. La segunda postura fue encarada por la UMA, acorde con las medidas impulsadas desde el gobierno. Mientras que la primera fue impulsada por músicos que han criticado a la UMA por la posición de privilegio que sus integrantes tienen en la política municipal, y fue encarada por los músicos que participan en una reconocida zapada local -Jam Blues en Avellaneda- y que pasaron a demandar y presionar al municipio.

Sostengo que las disputas al interior del mundo del rock autogestionado avellanedense provienen de las desigualdades en el acceso a los recursos y oportunidades que provee el área de cultura municipal. Además, esa injerencia se articula con otras dinámicas, propias del mundo del rock local, vinculadas con las desigualdades de género, las desigualdades en el acceso (uso y apropiación) de las tecnologías digitales y la falta de consideración de los/as músicos/as como trabajadores/as de la cultura. Considero relevante el hecho de que los/as músicos/as tendieron a acusar a la UMA por acaparar oportunidades al mantener vínculos con la gestión municipal; y es a partir de esta trama que se puede entender el acercamiento de los/as músicos/as, mediante la organización en nuevos colectivos, que pujaron y demandaron al municipio para acceder e intervenir en el desarrollo y acceso a las políticas culturales dirigidas al sector. En efecto, en el caso local, son los mismos conflictos que emergen entre los/as músicos/as los que hacen que se generen agrupamientos y nuevos colectivos –con intereses propios– que pujan por acceder y participar en la elaboración y realización de las políticas culturales.

Desde febrero de 2021, los músicos de la Jam Blues en Avellaneda realizaron una campaña mediante redes sociales con el lema: “que el municipio nos deje tocar”. Lo dicho derivó en reuniones entre el área de cultura municipal y diferentes músicos/as y en la realización espectáculos gratuitos transmitidos por el canal de YouTube de la Municipalidad -Pantalla Avellaneda[2]-. Con el lema “contenidos audiovisuales producidos en nuestra ciudad para disfrutarlos desde tu casa” se encararon las Sesiones Centro Municipal de Arte (CMA) –haciendo uso de las instalaciones del estudio de grabación municipal- y los recitales en el Cine Teatro Wilde y en el Teatro Roma. En este sentido, considero vital entender la producción de las políticas culturales como campo de disputa, enfrentamiento, consenso y negociación en la que intervienen diferentes agentes –no solo estatales– (García Canclini, 1987) y desde desiguales condiciones de poder (Crespo et al., 2015; Infantino, 2019b). En julio de 2021 se retomó la actividad presencial, con aforo, en el Cine Teatro Wilde, allí se presentaron músicos/as y bandas locales, entre estos/as Blues en Avellaneda. 

Además de Blues en Avellaneda, sobresale el caso de la Unión de Salas de Ensayo y Estudios de Grabación de Avellaneda (USEEGA), un colectivo que se formó en marzo de 2020. Según uno de sus fundadores “empezamos a hablar un par de salas que nos conocíamos, por el tema de que estaba todo cerrado” (entrevista, 2021). Tal como expresó el entrevistado, más allá del contexto de la falta de trabajo por la pandemia, USEEGA se formó para pedir por una legislación, una habilitación, una reglamentación para las salas de ensayo de Avellaneda, y por eso se buscó gestionar con el área de cultura, para generar un proyecto que les permita salir de la situación marginal en que se encuentra el sector[3].

Para ilustrar las reconfiguraciones producidas durante el nuevo contexto, el vínculo con el estado municipal y la emergencia de nuevos colectivos, considero pertinente focalizar aquí en la trayectoria del líder de la banda Flema y representante de USEEGA. El músico ha articulado y se ha vinculado con la UMA y el área de cultura municipal; esa experiencia le brindó información sobre las convenciones y le permitió organizarse con otros actores del sector de salas de ensayo y grabación en pos de disputar espacios y sentidos a nivel local. De este modo, USEEGA se conformó como un nuevo colectivo que pasó a incidir, colaborar y participar en la elaboración e implementación de las políticas culturales municipales. En términos generales, considero que el caso de la UMA, como colectivo de artistas, sirvió de ejemplo para que otros actores vinculados con el mundo del rock local se organicen, se agrupen y conformen nuevos colectivos, los cuales pasaron a articular, negociar y pujar con el área de cultura para obtener recursos y políticas públicas del gobierno municipal.

Incorporación de nuevos colectivos, exclusiones y articulación con el municipio

Entre septiembre y octubre se realizó el Festival municipal Arde Rock 2021, donde bandas locales realizaron sus shows los días domingo en dos escenarios simultáneos. En sus versiones anteriores, la UMA era la única organización que colaboraba con el evento aportando artistas, pero en 2021 se integró a los colectivos emergentes que demandaron intervención estatal. De este modo, UMA, Blues en Avellaneda y USEEGA colaboraron con el área de cultura municipal para organizar el evento. Según el representante de USEEGA (entrevista, 2020): “la municipalidad nos convocó para ayudar y para alquilamos el backline[4]”, lo cual representó una ayuda al sector. Por su parte un miembro de Blues en Avellaneda -a cargo de uno de los escenarios- agradeció mediante redes sociales: “eso era lo único que pedimos, pudimos hacerlo y salió de diez, gracias a todas las personas que confiaron en nosotros siempre!” [Facebook, 31/10/2021].

Sobre la forma de contener la demanda de los/as artistas y de seleccionarlos/as para los eventos municipales, según expresó el encargado del área (entrevista, 2019): “no hay una convocatoria formal, se trabaja con el boca en boca”[5]. Desde el área de cultura municipal se señala una relación abierta y de cercanía entre el municipio y las organizaciones de artistas, pues son quienes transmiten las demandas de los/as músicos/as. En este marco, en el recorrido que derivó en la incorporación de nuevos colectivos que pasaron a articular con el área de cultura, advertí que la participación de Blues en Avellaneda y USEEGA tomó la forma de demanda al Estado por intervención, lo cual instaló, en términos de Infantino (2019c: 50), “las necesidades y derechos que cada sector cultural reivindica como demanda a ser garantizada por el Estado”. 

Por otro lado, si bien hay una contención a la demanda realizada por los colectivos de artistas y profesionales de la música, en este proceso quedaron afuera las demandas planteadas por las mujeres músicas quienes, en 2019, habían sido invitadas a unirse a la UMA, pues desde el colectivo se buscaba estar en sintonía con el por entonces proyecto de Ley de cupo femenino. Sin embargo, estas mujeres fueron excluidas de los espacios de toma de decisión, no se les brindó el lugar que se les prometió y, ante sus demandas, el vínculo con los varones de la organización pasó a ser conflictivo; por lo que decidieron apartarse del colectivo y, hasta la fecha, no se han organizado colectivamente para intervenir en el diseño de políticas culturales. De este modo, muchas de las demandas realizadas por los/as músicos/as quedaron invisibilizadas y no fueron objeto de política pública. Considero importante vincular lo dicho con la modalidad de trabajo que asume el área de cultura municipal, que busca contener las demandas que se les plantean, principalmente mediante los referentes –varones- de los colectivos artísticos. A la luz de lo dicho, sostengo que las políticas culturales dirigidas a la actividad musical local fallan pues no abren espacios de participación femenina y disidente.

La dimensión política del arte transformador implica luchar contra desigualdades sociales y promover la participación, es así que me resulta oportuna la propuesta de Infantino (2019b: 17) de estudiar los “sentidos emergentes en torno al rol social y político del arte, donde la idea de transformación de nuestras desiguales sociedades latinoamericanas se expande y demanda protagonismo en el diseño, implementación y gestión de las políticas culturales”. En este sentido, transformar es disputar, demandar para que los/as mismos/as artistas diseñen y gestionen las políticas culturales y aquí el Estado aparece como objeto de demanda por políticas culturales democrático-participativas y redistributivas. Este proceso muestra a la vez, cómo en el caso local los/as mismos/as músicos/as que cuestionan el vínculo político que asume la UMA con respecto a la gestión municipal –y la dependencia del Estado que genera– son quienes se asumen independientes pero, también, demandan la intervención del Estado municipal en términos de recursos y reconocimiento simbólico, material y político[6].

En sintonía con estudios que señalan las articulaciones entre políticas públicas y manifestaciones culturales (Crespo et al., 2015; García Canclini, 1987; Infantino, 2019c, 2020), sostengo que incorporar las prácticas y producciones de estos colectivos –en términos de agentes no estatales– al análisis de las políticas culturales resulta central. Pues, en las políticas culturales que se realizaron en 2021, articularon y colaboraron el área de cultura municipal, la UMA, Blues en Avellaneda y USEEGA. Los tres colectivos buscaron instalar sus necesidades y derechos –como demanda a ser garantizada por el Estado– en la agenda municipal. En línea con los planteos de Infantino (2019c, 2019d, 2020), estos colectivos demandaron al Estado la creación de programas públicos que les contengan en los nuevos formatos y contextos –en los cuales expresaron la urgencia y necesidad de tocar en vivo y de reactivar la actividad musical presencial local– para garantizar la producción y reproducción de la actividad musical; además de reconocimiento –simbólico y material–, redistribución de recursos y una participación en el diseño, la gestión y la implementación de las políticas culturales –democráticas y participativas– dirigidas al sector. Por su parte, el municipio contempló, mediante sus políticas públicas, las demandas y necesidades expresadas por ciertos músicos y no otros/as. 

[1] Sobresale El Veredazo, un programa que funciona desde 2017 y permite trabajar a la gorra en puntos de la ciudad con aval municipal y toma de corriente para los equipos. El entrevistado (2019) explicó la falta de interés en este programa pues: “el 80% de los músicos tienen otros trabajos, viven de otra cosa y no se reconocen a sí mismos como trabajadores de la cultura”. En este sentido, según expuso, quienes participaron de este programa “son músicos de entre 20 y 30 años, que viven de la música dando clases, que actúan en otros lugares y muchos tienen una estabilidad económica garantizada porque viven con sus padres, no son pibes que la están pasando mal”.

[2] Disponible en: https://www.youtube.com/c/PantallaAvellaneda [consultado: 08/11/2021].

[3] El entrevistado (2021) resaltó que si bien la municipalidad no persigue a la actividad de las salas de ensayo, el problema se da por las denuncias de vecinos que pueden llevar al cierre de las salas que no cuentan con habilitaciones pertinentes o por accidentes antes los cuales no se cuenta con algún seguro.

[4] Refiere al equipo electrónico de amplificación de audio colocado sobre un escenario, sala de ensayo o estudio de grabación.

[5] En esta dinámica, a las bandas que telonean a artistas grandes -se les paga un caché- se las selecciona según criterios de trayectoria, convocatoria y por su compromiso con la comunidad; en cambio, a las nuevas se las destina a eventos no tan masivos. En general, quienes conforman la Comisión Directiva de la UMA acaparaban los eventos más masivos y más buscados por los/as músicos/as locales, de ahí las críticas y los conflictos con este grupo de músicos, incluso al interior de la UMA misma.

[6] En esta búsqueda hay estrategias más individuales como buscar un beneficio propio o prestigio para el propio grupo.

Conclusiones:

Pese al trabajo colectivo, articulado y colaborativo entre el área de cultura municipal –que busca encarar políticas culturales democráticas participativas- y los colectivos de artistas y profesionales de la música, siguen existiendo desigualdades en términos de apropiación de las nuevas tecnologías y dificultades para ofrecer, desde el municipio, oportunidades laborales que permitan generar recursos económicos. En cuanto a la brecha digital, sostengo que Pantalla Avellaneda solo ofreció espacio y equipamiento para tocar, pero no saldó las desigualdades tecnologías pues no brindó capacitaciones para usar y apropiarse de las herramientas digitales. A su vez, si bien el Arde Rock contuvo la demanda por espacios para tocar, los programas municipales no asimilan a los/as músicos/as como trabajadores/as ni generan oportunidades laborales estables. 

Considero que la UMA sirvió de abono para la conformación de otros colectivos como Blues en Avellaneda y USEEGA, en un contexto particular donde los/as músicos/as vieron limitadas sus posibilidades para encarar la actividad musical en vivo (así como para encarar las nuevas modalidades virtuales de producción y circulación musical) y denunciaron públicamente y demandaron al Estado por lugares para tocar. A su vez, en este juego de articulación, negociación y puja entre los colectivos y el área de cultura municipal, los nuevos colectivos fueron contemplados y pasaron a intervenir en la elaboración y realización de las políticas culturales. Sin embargo, en este marco de inclusión de nuevos grupos, las mujeres músicas no fueron invitadas a participar ni fueron resueltas sus demandas. A su vez, tampoco se solucionaron las brechas en el uso y apropiación de las tecnologías digitales ni se saldó el mayor problema manifestado por los/as músicos/as y reconocido desde el área de cultura: el reconocimiento de los/as músicos/as como trabajadores/as de la cultura. En este sentido, busco trazar futuras líneas de análisis vinculadas con cuestiones de género que emergieron durante mi trabajo de campo y con las nuevas formas de encarar la actividad musical durante el contexto de ASPO.

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Palabras clave:

Políticas culturales, medidas sanitarias de aislamiento, músicos/as autogestionados/as de rock

Resumen de la Ponencia:

Dialogando com os estudos de trabalho e sindicalismo, este artigo busca apresentar as formas de resistência encontradas por motoristas e entregadores por aplicativos digitais no contexto de pandemia da Covid-19, fenômeno que, no caso brasileiro, se imbrica ao aprofundamento dos efeitos da crise econômica internacional e ao avanço do autoritarismo, representado pelo governo de Jair Bolsonaro (PL). Por meio de entrevistas com sindicalistas e trabalhadores, da análise bibliográfica, documental e de materiais audiovisuais, e com foco no território de São Paulo, que concentra o maior número dos chamados “trabalhadores uberizados” brasileiros e latinoamericanos, buscamos elucidar: os principais impactos da pandemia de Covid-19 nas condições de vida e trabalho dessas categorias e suas principais demandas, bem como suas principais características de ação e organização coletivas. Além dos patentes riscos e acidentes no trânsito, e das constantes inseguranças e imprevisibilidades durante a jornada de trabalho, com a pandemia da Covid-19 os motoristas e entregadores por aplicativos digitais tiveram aprofundadas as suas condições de precarização, sobretudo no que diz respeito ao aumento do tempo de trabalho em detrimento à redução dos rendimentos, resultado da concorrência pela oferta de trabalho — dado o alargamento dos índices de desemprego, que levou muitos trabalhadores a se ocuparem desta forma tipicamente precarizada e informal, sem acesso a direitos sociais e trabalhistas —, e das políticas de taxas e promoções das empresas detentoras dos aplicativos digitais, que reduzem o valor do serviço pago pelos clientes e o respectivo repasse aos trabalhadores. Ademais, destaca-se que maior tempo de trabalho, num contexto pandêmico, gera maior grau de exposição e risco de contágio.As principais demandas dos motoristas e dos entregadores por aplicativos digitais envolvem o aumento dos rendimentos após o serviço de transporte e entrega e a distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) por parte das empresas detentoras dos aplicativos. Desta forma, é transferido para elas os custos com os equipamentos de trabalho. e garantida a segurança sanitária aos trabalhadores. As ações coletivas de maior repercussão são aquelas realizadas por fora das organizações sindicais, com destaque às articulações por páginas, perfis e grupos em redes sociais e aplicativos de comunicação. Além da ausência de organizações tradicionais, novas e velhas performances são incorporadas no repertório da ação coletiva, combinando ações presenciais e virtuais, envolvendo os consumidores em boicotes, fazendo denúncias ao poder público e pressionando as empresas. As organizações que tentam representar essas categorias utilizam-se de ações de solidariedade como forma de aproximação, diálogo e projeção política. São sindicatos oficiais, de trabalhadores formais, que estendem seu raio de atuação aos trabalhadores informais, associações que se reivindicam politicamente como sindicatos dessas categorias, e mesmo coletivos autoorganizados. 

Introducción:

Sob os efeitos de um governo de orientação política neofascista e com um programa econômico neoliberal (Boito Jr., 2020), o Brasil esteve entre os países com maior número de pessoas infectadas e mortas pelo novo coronavírus. O desencorajamento público para que a população se vacinasse e tomasse as medidas adequadas de isolamento social, a demora na compra e na produção de vacinas, o sucateamento dos serviços públicos de saúde, ciência e tecnologia e a ausência de medidas que garantissem renda e proteção social, combinado aos impactos da crise econômica, da desindustrialização e das características estruturantes do mercado de trabalho do país, marcado pela informalidade, pela precarização e pela heterogeneidade, deterioraram ainda mais as condições de vida e trabalho da população. Tais efeitos foram ainda mais intensos para as frações mais expostas ao risco de contágio da Covid-19, isto é, os profissionais da saúde e da limpeza urbana, por um lado, e os trabalhadores informais, que não possuem acesso aos direitos sociais e trabalhistas, como os trabalhadores por aplicativos, por outro.

Este artigo busca discutir os impactos da pandemia na precarização do trabalho dos entregadores e motoristas por aplicativos, bem como as formas de ação e organização coletivas encontradas durante este contexto. Com base na análise bibliográfica, documental e de dados quantitativos, bem como na realização de entrevistas, iniciamos a próxima seção discutindo especificamente sobre o trabalho subordinado às plataformas digitais para, na sequência, expor os impactos da pandemia sobre esses trabalhadores. Antes das considerações finais, discutimos sobre as formas de ação e organização coletivas encontradas por esses trabalhadores durante o contexto da pandemia, demonstrando que, embora o contexto seja adverso aos trabalhadores e às suas condições de vida e trabalho, há formas de resistência que têm sido articuladas e materializadas contra a exploração e a precarização social. 

Desarrollo:

O trabalho por plataformas digitais é um fenômeno complexo e cada vez mais crescente. Sua origem está relacionada à modernização e popularização das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs), surgidas no final da década de 1990, representando, deste modo, a combinação da modernização tecnológica com transformações muito significativas nas condições de vida da classe trabalhadora (Kalil, 2020). Os trabalhadores por plataformas digitais são subordinados às empresas que detém essas tecnologias, pois embora a subordinação do trabalho seja mascarada pelo discurso da autonomia, os trabalhadores durante a execução do trabalho respondem diretamente aos algoritmos digitais, posses dessas empresas, que controlam cada movimento durante as etapas do trabalho: o estabelecimento de metas e regras; a possibilidade ou não da oferta de um trabalho; a precificação e a estimativa do tempo para realização do trabalho etc. (Fontes, 2017; Haider; Menéndez; Arias, 2020; Abílio; Amorim; Grohmann, 2021). 

Embora existam diversos tipos de trabalho subordinado às plataformas digitais, os mais comuns são aqueles realizados pelos aplicativos, que conectam os clientes demandantes de serviços aos trabalhadores. Dos trabalhos por aplicativos, os que mais se destacam são aqueles voltados ao transporte de passageiros e à entrega de alimentos e objetos (Artur; Cardoso, 2020; Kalil, 2020; Cardoso; Garcia, 2021). Como no caso brasileiro a compreensão prevalecente no campo jurídico é de que o trabalho por plataformas digitais não é realizado de maneira subordinada às empresas (Carelli; Carelli, 2020; Kalil, 2020; Rosenfield; Mossi, 2020; Almeida; Kalil, 2021; Almeida; Kalil; Fonseca, 2021), esse conjunto de trabalhadores têm negado o acesso aos direitos sociais e trabalhistas, uma vez que direitos como piso salarial, férias e licenças são concedidos apenas aos trabalhadores com reconhecimento do vínculo empregatício e contrato de trabalho formal.

O trabalho subordinado às plataformas digitais, em geral, e o trabalho por aplicativos, em específico, é caracterizado por suas condições notavelmente precárias. São diversos os riscos e imprevisibilidades que se impõem durante a espera e a realização dos serviços, além dos baixos rendimentos a despeito da extensa jornada de trabalho (Abílio, 2020a; 2020b). Combinados à ausência de direitos sociais e trabalhistas, esse trabalho promove incertezas e insegurança, alavancando, assim, o processo de precarização social do trabalho (Pereira, 2022), fenômeno que é compreendido como a intensificação das condições do trabalho precário (Druck, 2011). 

Para se ter uma dimensão do espaço que é ocupado pelas empresas detentoras das plataformas digitais no território brasileiro, em 2021 a Uber, empresa que é referência no setor, atuava em 500 municípios e contava com 22 milhões de clientes e cerca de 1 milhão de motoristas e entregadores cadastrados. A 99, principal empresa concorrente da Uber no que tange ao transporte por aplicativos, atuava em mil municípios, contando com 18 milhões de clientes e cerca de 600 mil motoristas. A Ifood, que realiza entrega de alimentos e bebidas por aplicativos, e que atualmente monopoliza o setor, atuava em 1,2 mil municípios, tendo 270 mil restaurantes cadastrados e 410 mil entregadores. Por fim, a Loggi, que também realiza entregas por aplicativos e é especializada na entrega de objetos, atuava em todo o país com 1,8 mil postos de redistribuição próprios e nove grandes centros de distribuição em todas as regiões brasileiras, com a estimativa de 40 mil entregadores cadastrados (Pereira, 2022).

Durante a pandemia, os entregadores e os motoristas por aplicativos ganharam destaque no debate público, sendo considerados categorias de trabalhadores “essenciais” justamente por desempenharem o importante papel de garantir o conforto e a segurança sanitária àquela parcela da sociedade que conseguiu desfrutar, em diferentes momentos, do direito de isolamento social.  Conforme as recentes produções científicas têm demonstrado (Abílio et al., 2020; Filgueiras e Lima, 2020; Lapa, 2021), esses trabalhadores foram ainda mais precarizados durante o contexto de pandemia, fenômeno que se materializou tanto nos riscos de contágio da doença, dada a exposição durante as jornadas de trabalho, como na queda dos rendimentos, no aumento do tempo de trabalho e no agravamento das condições de trabalho. 

Ainda com relação à pandemia, importante destacar que no intervalo compreendido entre 26 de fevereiro de 2020, quando foi notificado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, e 26 de fevereiro de 2022, se estimava que o total de brasileiros infectados pelo novo coronavírus era de 28,7 milhões, sendo o total de mortes decorrentes da infecção do vírus de 648,5 mil. O estado de São Paulo, durante o mesmo período, teve o maior número de casos de infecção e morte, registrando aproximadamente 5 milhões de casos de contágio e 164,1 mil óbitos. Além dos impactos na saúde pública, a pandemia do novo coronavírus também afetou a economia brasileira, com destaque não apenas no aprofundamento da desigualdade social, mas também na diminuição do crescimento econômico, mensurado pelo Produto Interno Bruto, no comportamento dos preços e no custo da alimentação, no reajuste salarial abaixo da inflação e nos baixos níveis de ocupação e empregabilidade (DIEESE, 2021a; 2021b), além do rebaixamento das condições de trabalho, expressado na redução da inserção ocupacional, no aumento da desocupação e nos baixos rendimentos dos trabalhadores (DIEESE, 2020; 2022).

Neste contexto, diversos movimentos sociais e organizações da sociedade civil agitaram palavras de ordem pressionando o Estado brasileiro a assumir um papel protetor quanto à valorização do trabalho, da renda e da vida, reivindicando, assim, a proteção ao emprego e renda, a valorização da saúde, a segurança e melhores condições de trabalho, a garantia da negociação coletiva e o fortalecimento do setor público para promover proteção à vida (Campos, 2020; Cesit, 2020). 

Com o prolongamento da crise sanitária, combinado aos efeitos da crise econômica e à ausência de investimentos em políticas públicas de assistência social e amparo econômico, houve crescimento do trabalho informal e maior exposição aos riscos de contágio, impactando, desta forma, no aumento da precarização social. Assim, o trabalho por aplicativos digitais passou a ser considerado uma alternativa de sobrevivência aos trabalhadores para o sustento de suas famílias.

Segundo as pesquisas realizadas por Abílio et al. (2020), Filgueiras e Lima (2020) e Lapa (2021), a categoria dos entregadores por aplicativos, considerando tanto bikers quanto motofretistas, teve um aumento considerável durante a pandemia. A combinação entre o modo flexível com que essas empresas operam e o ingresso rápido e fácil de novos trabalhadores nas plataformas digitais acabou por impactar de maneira significativa nos rendimentos do conjunto desses trabalhadores e nas próprias políticas de bonificação anteriormente praticados, reduzindo os valores e, inclusive, os períodos com tarifas dinâmicas e oferta de prêmios (Abílio et al., 2020; Pereira, 2022). 

Diante do aumento da concorrência entre os próprios trabalhadores e da redução dos rendimentos, os entregadores aumentaram o tempo de duração de suas jornadas de trabalho. Filgueiras e Lima (2020) apontam que a maior parte dos entregadores entrevistados trabalhava cerca de seis dias na semana, seguida por aqueles que trabalhavam todos os dias. A maior parcela dos trabalhadores entrevistados trabalhou mais de 10 e até 12 horas, seguida pelos que trabalharam mais de oito e até 10 horas. 

Além do aumento da jornada de trabalho e da diminuição dos rendimentos, os trabalhadores por aplicativos não contaram com a total distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) que pudessem impedir os acidentes de trabalho ou mesmo a exposição ao coronavírus. Neste sentido, ter uma jornada de trabalho mais extensa significou aos trabalhadores que estivessem mais tempo expostos aos acidentes de trabalho e ao risco de contágio do novo coronavírus, e que, além disso, mesmo que tivessem os baixos rendimentos, seriam eles próprios que deveriam comprar seus equipamentos de proteção, ao passo em que tentam suprir todas as necessidades básicas de suas famílias e demais custos com o trabalho, a exemplo da compra de combustível, da manutenção do veículo, do pagamento das multas de trânsito etc. 

Frente ao notável aprofundamento da precarização da vida e do trabalho, os entregadores e os motoristas por aplicativos realizaram manifestações reivindicando acesso a maiores rendimentos e melhores condições de trabalho, não apenas em nível nacional, mas também internacional (Moda; Gonsales, 2020; Miguez; Menendez, 2021). No caso brasileiro, a principal manifestação neste sentido foi o “Breque dos Apps”, feito em 1º de julho de 2020. A manifestação contou com motociatas e piquetes em estacionamentos e entradas de shoppings centers, restaurantes e bolsões de espera, conseguindo envolver não apenas os próprios entregadores, mas também os clientes das plataformas digitais de delivery. 

Em geral, as manifestações dos trabalhadores por aplicativos combinam velhos e novos elementos do repertório de ação coletiva (Pereira, 2022). A ação paredista envolve o desligamento temporário nos aplicativos, impactando o lucro das empresas, e o movimento dos veículos sobre as vias públicas, seja por meio de motociatas, como é o caso dos entregadores, ou de carreatas, como é o caso dos motoristas por aplicativos. Além disso, os piquetes, sejam eles feitos pelos próprios corpos dos trabalhadores ou os seus veículos, são essenciais para causar o tumulto que gera a atenção necessária do poder público. Tão importante quanto as manifestações presenciais feitas nas ruas, são as manifestações feitas no ambiente virtual: além do movimento ser articulado nos grupos em plataformas de comunicação, o desgaste público das empresas é promovido e amplamente repercutido nas redes sociais. É aqui que entram os clientes das empresas detentoras das plataformas digitais, que em solidariedade aos trabalhadores repercutem as pautas do movimento e não realizam pedidos de serviços por meio dos aplicativos de delivery ou transporte.

Dada a legitimidade das pautas e o impacto político e econômico da ação coletiva, o Breque repercutiu nas redes sociais e nas mídias tradicionais e alternativas (Abílio; Grohmann; Weiss, 2021). Embora a manifestação tivesse uniformidade quanto à luta por maiores rendimentos e melhorias nas condições de trabalho, perpassando a redução das jornadas e o fornecimento de EPIs por parte das empresas, o Breque se caracterizou como um movimento heterogêneo, abarcando diferentes perspectivas acerca da formalização ou não do trabalho subordinado às plataformas digitais, além da vinculação ou não de pautas mais amplas, como críticas aos governos federal e estaduais quanto à condução política frente à pandemia.

Logo após o primeiro Breque, outra manifestação foi realizada duas semanas depois, em 25 de julho, apresentando as mesmas reivindicações às empresas detentoras das plataformas digitais e ao poder público. Porém, o segundo Breque contou com menor público, o que é justificado, conforme Abílio, Grohmann e Weiss (2021), pelo fato de as empresas terem intensificado as suas táticas de lobby junto ao poder público e feito campanhas publicitárias visando produzir uma “contranarrativa” aos seus clientes, relativizando, desta forma, a precarização do trabalho da qual são responsáveis. Assim, percebe-se que além de aprofundar as condições de precarização do trabalho, a pandemia também representou, por um lado, um contexto de resistência e de pressão política para os trabalhadores, e, por outro, de maior ofensiva por parte das empresas detentoras das plataformas digitais, tanto no plano objetivo quanto no subjetivo. 

As organizações coletivas que se envolveram nas lutas dos trabalhadores por aplicativos no contexto da pandemia, e que se envolvem com esses trabalhadores cotidianamente, são coletivos, associações, sindicatos tradicionais e sindicatos extraoficiais (Moniz; Boavida, 2019; Gondim, 2020; Pereira, 2022). O que distingue uma organização da outra é principalmente a forma de ação, relacionada ao interesse de se prestar ou não ao papel de representação jurídica desses trabalhadores, além do próprio reconhecimento legítimo da categoria e do reconhecimento legal perante as instituições do Estado. 

As associações são organizações muito comuns entre os trabalhadores por aplicativos, e buscam exclusivamente prestar certos serviços, ofertar benefícios e, em alguns casos, organizar ações coletivas. Há casos de associações que se reivindicam politicamente como sindicatos, considerados sindicatos extraoficiais, que justamente por não representarem uma categoria formalizada não são reconhecidos pelo Estado brasileiro e nem incorporados na estrutura sindical vigente no país, não podendo, assim, firmar convenções coletivas. Por outro lado, também há sindicatos oficiais, que representam trabalhadores formais, que estendem o seu raio de atuação aos trabalhadores informais por meio da prestação de serviços, oferta de benefícios etc. Há também coletivos, que não contam com estruturas físicas, mas organizam ações coletivas e dão identidade aos trabalhadores. 

Com base em entrevistas realizadas com dirigentes de dois sindicatos que buscam organizar e representar os interesses dos entregadores e dos motoristas por aplicativos em São Paulo, destaca-se que as principais ações, além da representação jurídica em processos contra as empresas e a convocação de manifestações, são as ações de solidariedade, sobretudo com relação a entrega da cestas com mantimentos básicos para a sobrevivência familiar e o fornecimento de equipamentos de proteção individual. Essas ações dão respostas concretas às demandas dos trabalhadores, por um lado, e projetam politicamente essas organizações (Pereira, 2022). 

As manifestações que foram articuladas por essas duas organizações, e os processos jurídicos movidos por elas contra as empresas detentoras das plataformas digitais, notavelmente a Uber e a Ifood, se relacionam às reivindicações dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, expressas no desejo pelo aumento dos rendimentos e em mudanças nas políticas de oferta dos serviços, sejam elas relacionadas às políticas de banimento e exclusão das plataformas, ou mesmo às políticas promocionais feitas pelas empresas para atrair clientes, que impactam sobremaneira no rebaixamento dos rendimentos dos trabalhadores. 

Conclusiones:

O trabalho por plataformas digitais avança com o processo de precarização do mercado de trabalho. Sendo assim, é urgente o debate sobre as formas de regulamentação desse tipo de ocupação informal, não perdendo de vista a necessidade do reconhecimento do vínculo de emprego para que haja garantia dos direitos sociais e trabalhistas. 

A pandemia precarizou ainda mais o trabalho subordinado às plataformas digitais, sobretudo no que diz respeito aos riscos de exposição ao novo coronavírus e a desproteção ainda maior aos trabalhadores, materializada no aumento das jornadas de trabalho e na redução dos seus rendimentos. Neste sentido, buscando combater a notável rebaixamento de suas condições de vida e trabalho, os trabalhadores por aplicativos realizaram formas de ação coletiva que tiveram no centro do debate a precarização que sofrem cotidianamente. O maior desafio dessas manifestações é transformar essas pautas em um debate que envolva a regulação do trabalho, uma vez que esse debate não é consenso entre a categoria e não é apresentado como reivindicação em suas manifestações. Isso é um desafio que deve ser superado no próximo período e um debate que deve ser publicitado e empreendido por trabalhadores, sindicalistas, legisladores e órgãos públicos diversos. 

O tema do trabalho subordinado às plataformas digitais deve continuar instigando a academia, em âmbito nacional e internacional, por um bom período. Mais do que o necessário e urgente debate sobre a regulamentação do trabalho e as características desse tipo de trabalho, devemos olhar com maior curiosidade as formas de ação e organização coletiva que são encontradas por esses trabalhadores, analisando e compreendendo não apenas os impactos, mas qualificando e contribuindo com as formas de superação do neoliberalismo e da precarização social do trabalho.

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Palabras clave:

trabalho por plataformas digitais; uberização; Covid-19; precarização

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Antes de la pandemia, las características de la acción colectiva y la protesta social permitían enfocar movimientos y luchas sociales en torno a los derechos (indígenas, mujeres, jóvenes, medio ambiente) y a procesos territoriales reivindicativos o de acompañamiento. La pandemia impactó también a los movimientos sociales, que no dejaron las calles pero los espacios de la organización se desplazaron primordialmente a lo virtual, desde donde se organizan redes feministas, colectivos de desaparecidos, periodistas. En tiempos de confinamiento la protesta social no se inhibe y la organización se reinventan desde lo virtual en “encuentros” a través de plataformas, donde las organizaciones de la sociedad civil, colectivas, intelectuales y académicos se articulan en frentes, coordinadoras, foros, semilleros, redes diversas a nivel latinoamericano y mundial. Redes y movimientos que cuestionan y deliberan sobre situaciones y escenarios por la presencia del virus SARS-COV-2; y que si la crisis agudizó las desigualdades y las vulnerabilidades sociales, también representa una oportunidad de cambio y de construir un futuro con el cuidado de la vida  (Pacto Ecosocial del Sur, julio 2020).El cine documental es una herramienta transdisciplinaria para la investigación que apela a lo narrativo para socializar el conocimiento en públicos más allá de lo académia. Como género cinematográfico, el documental nació como el cine de la verdad bajo el principio de no intervenir; solo mostrar lo que se ve. Pero, ¿cómo se documenta sin intervenir? El ojo mecánico registra, mira, observa, interviene. Y en tiempos de hoy las imágenes y lo sonidos siguen siendo el lápiz para escribir lo que se piensa o para defender en lo que se cree. El cine documental es la memoria de las luchas y de los movimientos sociales. A mediados de 2020 un grupo de integrantes de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales A. C. produce y realiza un cortometraje documental con testimonios y voces desde la investigación, la docencia y el activismo, en Veracruz y en la Ciudad de México.Un relato colectivo de la movilización y la protesta en tiempos de confinamiento.Palabras clave: cine documental, acción colectiva y movimientos sociales.

Introducción:

El estudio de los movimientos sociales y la acción colectiva proviene de la sociología pero hoy en día es multidisciplinar el conocer y  estudiar las diferentes formas de organización y de protesta social. Los movimientos sociales son diversificados, abarcan procesos identitarios, construyen sujetos, disrumpen el orden establecido, movilizan recursos y despliegan repertorios para la acción y la protesta en contextos socio-históricos específicos.

La pandemia provocada por la COVID-19 paralizó al mundo y se tradujo en la mayor crisis económica que haya experimentado la humanidad en el último siglo. El virus se presenta como un actor no humano, invisible, que pone jaque a la raza humana, por lo que su combate  requiere una estrategia global, de ahí la urgencia de conseguir las vacunas que, en tiempo record, de diseñan y que poco a poco se van vacunando los países, pero su producción y distribución evidencia el control geopolítico de la pandemia, los más países más pobres, los del Sur global, los que menos acceso tienen a la inoculación.

De las advertencias de esta crisis, en pleno año 2020 se escucharon voces como las de Chomsky: “las funciones públicas en manos privadas explica el desastre de la pandemia”; Han: los países de la periferia capitalista padecerán más las consecuencias de la crisis; Touraine: la crisis empujará “hacia arriba a los cuidadores”; Horvat: la tecnología nos lleva a un totalitarismo digital, el coronavirus cayó muy bien a las grandes tecnológicas; De Sousa: la cuarentena pone a los marginados y olvidados de la modernidad occidental ante el desafío de seguir luchando por construir algo mejor.

El confinamiento devino por la interrupción del contacto físico humano, por lo que la “prohibición” trastoca el interaccionismo social y simbólico. El cambio del confinamiento se ve en la socialización, la “distancia social”, ya no saludar de mano, el trabajo en casa, la interacción social se vuelve virtual. Bauman describió las relaciones líquidas de la modernidad para mostrar lo frágil y efímero del ser humano moderno, acrecentado con la coyuntura pandémica, que para “estar juntos” tenemos que estar aislados y cada vez más dependientes de la virtualidad, para estar juntos.

Pero en tiempos de confinamiento la protesta social no se inhibe totalmente y la organización se recrea desde lo virtual. En México en el contexto de la pandemia organizaciones de la sociedad civil, colectivas, movimientos de intelectuales y científicos sociales se articulan en frentes, coordinadoras, foros, semilleros, redes diversas a nivel latinoamericano y mundial, donde los “encuentros” son a través de plataformas virtuales. La mayoría de estas redes y movimientos, cuestionan y deliberan sobre situaciones y escenarios por de la presencia del virus SARS-COV-2; si la crisis agudizó las desigualdades sociales y mostró que el futuro humano está en juego, también representa una oportunidad de cambio, la de construir un futuro desde el cuidado de la vida (Pacto Ecosocial del Sur, julio 2020).

Desarrollo:

El cine documental y las ciencias sociales

La modernidad es el mundo de las imágenes. Una sociedad de consumo necesita sumistrar mucho entretenimiento para “atestesiar lesiones de clase, raza y sexo”, decía Susan Sontag en 1977, los seres modernos consumen imágenes reproducidas que diseñan sus creencias y nutren el imaginario colectivo. Observar imágenes es una experiencia modernidad. El espectador se formó a la manera en que registran las cámaras. Una fotografía posee un lenguaje universal y en teoría va destinada a todos al ofrecer “un modo expedito de comprender algo y un medio compacto de memorizarlo” (Sontag, 2006). 

            El documental como género cinematográfico, nació como el cine de la verdad bajo el principio de no intervención, solo mostrar lo que se ve. ¿Cómo se documenta sin intervenir? El ojo mecánico registra con la mirada que es subjetiva, y quien observa, interviene. En los tiempos actuales el cine-documental puede ser un arma para defender lo que se cree. El cine documental de corte social representa esa lucha de comunidades y de colectivos por apropiarse del discurso y contar historias alternativas que posibiliten generar un discurso reivindicativo o de denuncia social.

            Las ciencias sociales han alimentado la producción del género documental por lo menos desde finales del siglo XIX y principios del XX. El trabajo etnográfico permitió a Robert Flagerty adentrarse con el cinematógrafo en la vida de un esquimal y realizar uno de los documentales más impresioantes de todos los tiempos, Nanot. Después Dziga Vértov inicia el movimiento de “cine verdad” con la cámara como herramienta artística y política. “El hombre de la cámara de cine” (1929) es un clásico del cine mundial, una clase magistral de lo que hace el ojo mecánico y la edición.

El cine documental retoma del quehacer antropológico el método etnográfico, el uso de las fuentes orales, el trabajo social implicado, la “descripción densa” (más allá de lo aparente y superficial), entrevistas, historias de vida. También incorpora la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, un aprender vinculado a la vida y en la resolución de problemas. 

            La sociología surgió al fragor del el rigor científico y el arte de la desconfianza, para develar cosas que incomodan a poderes establecidos. El cine documental, como la sociología, cumple la función social y pone en juego “las cosas que se ocultan, que se censuran y por las cuales uno está dispuesto a morir”, dice Bourdieu.El documental sobre todo cumple la premisa del arte de contar: “a nadie le interesan las historias de familias felices”. El cine documental de nuestro tiempo narra luchas de resistencias y de memoria colectiva. Ydesde Robert Flagerty el documental ha venido caminando a contrapelo no solo por adversidades de índole natural o social, sino sobre todo por cuestiones políticas.

Voces de la primera ola

El cine documental es una herramienta transdisciplinaria para la investigación, que apela al discurso narrativo para decir algo y socializar el conocimiento con públicos más allá de lo académico. A mediados de 2020 un grupo de integrantes de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales A.C. (RMEMS) se da a la tarea de producir un cortometraje documental que recogiera las voces de la protesta y de los movimientos sociales en tiempos de confinamiento. Se produjo un documental de 12 minutos que recoge voces testimoniales de la primera ola de la pandemia, marzo-agosto, en Veracruz y en la Ciudad de México. Testimonios vinculados a la investigación y la movilización social. A manera de relato colectivo aparecen docentes universitarios y activistas,

Con una asesoría previa para realizar la grabación, varios de los participantes enviaron su grabación de video, la mayoría fueron grabados con teléfono celular. En algunos casos hubo que repetir el envío del material buscando tener la mejor grabación posible. Los testimonios se trabajaron a partir de entrevistas realizadas durante los meses de junio y julio de 2020. El objetivo era dar a conocer lo que acontecía con algunas de las luchas y movimientos sociales, sus estrategias y retos para luchar desde el confinamiento. El documental está disponible en la página de YouTube de la RMEMS: https://www.youtube.com/watch?v=98_K4Sv6-I0

El documental muestra el contexto de las movilizaciones previas a la pandemia. El movimiento feminista. Colectivos de familiares de desaparecidos. Trabajadores petroleros despedidos. Defensa del territorio ante los llamados proyectos prioritarios del gobierno de la Cuarta Transformación. Periodistas. Comunidades indígenas y los usos y costumbres para defenderse del coronavirus.

El EZLN continúa con su lucha en la construcción de autonomía principalmente en comunidades de Chiapas. La voz del movimiento zapatista es legítima dentro y fuera de México. Diversos pueblos y comunidades organizados en el Congreso Nacional Indígena han encabezado las principales protestas por la construcción del tren Maya en territorio de pueblos originarios, sus luchas se articulan con otros movimientos socio-ambientales contra el despojo y la explotación de los recursos naturales por parte de empresas trasnacionales y del gobierno. Acción colectiva que también resisten a la criminalización, el acoso y el asesinato de activistas.

Los diversos movimientos feministas y sus movilizaciones masivas y de acción directa desde inicios de la pandemia, han cimbrado no solo al régimen de la 4T, sino al patriarcado en general en México, poniendo en la agenda pública y mediática los derechos de las mujeres y el flagelo de los feminicidios en el país. Su presencia es importante en el debate público, en las redes y en las calles, las colectivas impulsan la cultura del derecho a vivir libre y sin violencias. Recientemente se dio un paso muy importante con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del derecho al aborto.

Los colectivos de familiares de desaparecidos resisten a la parálisis de las fiscalías, pero presionan para que no decaiga el interés del gobierno federal en los programas de búsquedas y en la reparación del daño. En el contexto de la pandemia se desmovilizan los colectivos en todo el país al intentar mantener una agenda desde lo virtual y se vuelve muy lento y tortuoso la permanencia de las exigencias de los familiares de personas desaparecidas ante el poder ejecutivo, los gobernadores y las fiscalías, pues muchas de sus actividades se disminuyeron o se interrumpieron por completo durante la pandemia.

  El gremio periodístico en Veracruz sigue trabajando en la precarización laboral y bajo el acoso de la delincuencia organizada y de grupos políticos. Mal pagados y golpeados. Pero junto con el gremio internacional continúan en la lucha por el esclarecimiento de los asesinatos de periodistas en México durante los últimos años; dos de los casos más sonados, el de los periodista Regina Martínez en 2012 y el del fotoperiodista Rubén Espinoza en 2015, permanecen impunes. Regina Martínez era colaboradora de la revista Proceso, donde publicaba sus reportajes e investigaciones sobre redes de políticos y empresarios vinculados con la delincuencia organizada durante el sexenio de Fidel Herrera en Veracruz. Rubén Espinoza era fotógrafo de la revista Proceso y cubría las protestas y movimientos sociales en el sexenio del gobernador Javier Duarte, quien actualmente está preso por corrupción en un penal federal.

Conclusiones:

La pandemia tiende a desmovilizar las diferentes formas de organización y de protesta. Sin embargo, vemos que en tiempos de confinamiento los espacios de la acción y de la lucha se desplazan al ámbito privado, donde lo virtual se convierte en tribuna y gestión para organizar y seguir luchando a contrapelo de la desmovilización social: feministas, ambientalistas, obreros, intelectuales, se organizan y protestan,fortaleciendo el sentido colaborativo de los grupos sociales y la construcción permanente de una comunidad para mantener viva la esperanza del buen vivir para las nuevas generaciones.

Los movimientos sociales son problemas complejos que no se explican solamente desde una mirada científica. Hace falta tejer redes de investigación y de grupos de trabajo para estudiarlos, intervenir y caminar junto a ellos. Hace falta reinventar el uso de los dispositivos tecnológicos dentro del proceso investigativo. En el mundo de las imágenes en que nos movemos, los medios audiovisuales juegan un papel importante para producir conocimiento y divulgarlo a nivel masivo. El cine documental es una herramienta clave, por lo que debiera jugar un papel más sistemático y creativo, estudiar y narrar las diferentes formas de protesta y de acción colectiva.

En el contexto de la 4T (Cuarta Transformación) resulta importante reconocer a los múltiples y diversos movimientos y luchas sociales que han contribuido al cambio de régimen en el país y que piden ser escuchados por un gobierno de izquierda que debe dialogar con las viejas y actuales demandas de los actores sociales que han interpelado al poder en diferentes momentos de la historia moderna en México.

En plena pandemia organizaciones de la sociedad civil, colectivos, colectivas, grupos de trabajo, intelectuales y científicos sociales, se comprometen y articulan a través de distintos espacios como los frentes, coordinadoras, alianzas, foros, y diversas redes a nivel latinoamericano e internacional en permanente contacto a través del uso de plataformas virtuales. La mayoría de estas redes y movimientos cuestionan y deliberan sobre las distintas situaciones y escenarios ante la presencia del SARS-COV-2.Una preocupación tiene que ver con los efectos de estar en confinamiento, pero donde no deja de ser necesaria la protesta social pero ahora recreándola con distintas expresiones. La pandemia trajo un adelgazamiento de derechos básicos como la salud y la educación. Para una agenda global está el impuesto a la riqueza, la participación en equidad y el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza.Intelectuales de izquierda de América Latina se abrazan en la epistemología del Sur y proponen un pacto Eco-Social, una apuesta para que la coyuntura permita de nuevo cambiar el mundo, porque quizá la vieja normalidad no regrese y porque nosotros ya no somos los mismos.

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Palabras clave:

Pandemia, cine documental, movimientos sociales

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      O escopo é a discussão da perspectiva de gênero como aspecto imprescindível à hermenêutica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) elencados na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.         Subsume-se às propostas do GT10, posto que visa à abordagem sociojurídica da questão socioambiental e suas intersecções com o direito.        O objetivo geral é analisar, com base no substrato teórico-metodológico da Sociologia Ambiental do Direito, se os ODS e suas metas promovem a proteção socioambiental de gênero. Os objetivos específicos são (i) apresentar conceitos envolvidos; (ii) analisar os ODS e suas metas; (iii) analisar os dados produzidos pela ONU concernentes ao recorte de gênero.           Os procedimentos metodológicos consistirão na revisão bibliográfica e documental e análise dos dados secundários disponíveis sobre a Agenda 2030.          Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável compõem a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da  Organização Mundial das Nações Unidas (ONU), publicada no ano de 2015, em  continuidade da Agenda de Desenvolvimento do Milênio. A Agenda 2030 foi adotada por 193 países, incluindo o Brasil na qualidade de signatário.          São dezessete (17) os ODS, a saber: erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida na água; vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; e parcerias e meios de implementação. Desdobram-se em cento e sessenta e nove (169) metas que visam a ações concretas de abrangência econômica, social e ambiental, sob perspectivas integrais e intersseccionais.           A análise ora proposta concerne aos direitos socioambientais, que exigem hermenêutica transversal, transdisciplinar e transcientífica, e cujo enfoque são as vulnerabilidades sociombientais. A consideração da dimensão de gênero no âmbito dos ODS e de suas metas, descortinam direcionamentos eficazes para proteção jurídica e respondem às reivindicações contundentes das populações envolvidas, e sustentam as respectivas garantias do ordenamento jurídico.         A relevância patente da proteção de gênero importa na explicitação de referenciais de ações afirmativas e políticas socioambientais consistentes. Oferecem alternativas às formas de direito cristalizadas, legisladas ou em processos de construção, e possibilitam redução de desigualdades e participação concretas dos indivíduos e coletividades afetados pela destruição da natureza e outras formas associadas de violações de direitos. Pela educação socioambiental e jurídica, abrem-se espaços de emancipação cidadã e fruição de direitos.

Introducción:

O programa Agenda 2023 foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para atualizar e viabilizar a continuidade da Agenda de Desenvolvimento do Milênio. Com intuito de identificar as principais questões que envolvem a sociedade global, traçando metas que almejam a preservação dos direitos humanos em suas múltiplas aplicações (vida, saúde, trabalho, moradia, meio ambiente).

A Agenda 2030, publicada no ano de 2015, foi adotada por cento e noventa e três países, incluindo o Brasil na qualidade de signatário. O plano de ação é composto por dezessete Objetivos de Desenvolvimento Social - ODS, a saber: erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida na água; vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; e parcerias e meios de implementação. Desdobram-se em cento e sessenta e nove metas que visam a ações concretas de abrangência econômica, social e ambiental, sob perspectivas integrais e interseccionais.

Apresenta-se como escopo do trabalho a discussão da perspectiva de gênero como aspecto imprescindível à hermenêutica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) elencados na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, apresentando-se o marco teórico da Sociologia Ambiental do Direito e para a análise do documento que institui a Agenda 2030 da ONU, além da bibliografia pertinente ao tema.

De início, conceitua-se o parâmetro pelo qual será desenvolvido o trabalho, caracterizando o verdadeiro instrumental advindo da Sociologia Ambiental do Direito, que pressupõe uma análise multifacetada dos fenômenos socioambientais.

Para complementar o propósito do estudo, é apresentado o conceito de interseccionalidade, a partir da análise do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, que trata da igualdade de gênero.

Estabelecido o paradigma da proteção socioambiental de gênero são apresentados os ODS e metas selecionados para exemplificar a interseccionalidade, necessidade e urgência de uma compreensão integralizada de proteção, capaz de superar as vulnerabilidades, sobrepostas e cumulativas, que atingem cidadãos e natureza.

Desarrollo:

ENQUADRE METODOLÓGICO

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar, com base no substrato teórico-metodológico da Sociologia Ambiental do Direito, se os objetivos de desenvolvimento sustentável (Agenda 2023 da ONU) e suas metas promovem a proteção socioambiental de gênero. Para tanto, elenca como objetivos específicos: (i) apresentar conceito de proteção socioambiental sob a perspectiva sociologia ambiental do direito; (ii) apresentar o conceito de interseccionalidade e o ODS 5 sobre igualdade de gênero; e (iii) identificar nos ODS e suas metas a proteção socioambiental de gênero.

            Os procedimentos metodológicos consistirão em realizar uma revisão bibliográfica, analisando o marco teórico da Sociologia Ambiental do Direito, o documento que institui a Agenda 2030 e a produção acadêmica selecionada que aborda a temática. 

            A análise ora proposta concerne aos direitos socioambientais, que exigem hermenêutica transversal, transdisciplinar e transcientífica, e cujo enfoque são as vulnerabilidades sociombientais. A consideração da dimensão de gênero no âmbito dos ODS e de suas metas, descortinam direcionamentos eficazes para proteção jurídica e respondem às reivindicações contundentes das populações envolvidas e sustentam as respectivas garantias do ordenamento jurídico.

A relevância patente da proteção de gênero importa na explicitação de referenciais de ações afirmativas e políticas socioambientais consistentes. Oferecem alternativas às formas de direito cristalizadas, legisladas ou em processos de construção e possibilitam a redução de desigualdades e participação concretas dos indivíduos e coletividades afetados pela destruição da natureza e outras formas associadas de violações de direitos. Pela educação socioambiental e jurídica, abrem-se espaços de emancipação cidadã e fruição de direitos.

A PROTEÇÃO SOCIOAMBIENTAL

            Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável direcionam ações de fomento, proteção e concretização de direitos humanos. Ainda que se possa realizar uma crítica sob a perspectiva culturalista do que seriam os elencados direitos humanos , a Agenda 2030 engloba objetivos e metas que se relacionam diretamente com os chamados direitos da natureza a exemplo do ODS 13 que trata do combate às alterações climáticas, o ODS 14 que almeja a preservação da vida debaixo d’água e o ODS 15 da vida sobre a terra.

            A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, em seu Capítulo VI, especialmente no art. 225, reconhece como direito de todos o meio ambiente ecologicamente equilibrado, colocando como garantia das presentes e futuras gerações.

Ressaltado o lapso temporal entre a Agenda 2030 e a Constituição Cidadã, percebe-se que está alinhada a necessidade de proteção jurídica ao meio ambiente, em um sentido mais restrito, para a preservação da qualidade de vida humana e também, podendo-se colocar dessa maneira, em um sentido mais amplo, a preservação (e muitas vezes, necessidade de recuperação) da natureza, reconhecendo-a como sujeito de direitos, assim como os animais.

Ante a complexa e multifacetada relação entre meio ambiente e direitos humanos, o aporte da Sociologia Ambiental do Direito mostra-se imprescindível para analisar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A perspectiva da Sociologia Ambiental do Direito, que propõe reflexões transversais, transdisciplinares e transcientíficas que fomentam a efetiva interação entre os campos do saber, tem como enfoque os direitos socioambientais e as vulnerabilidades sociais, com destaque para os conflitos ambientais, tendo como dimensões essenciais para promoção da abordagem o aspecto (i) antropossocial, (ii) ambiental e ecológico e (iii) relacional e intersubjetiva (PONZILACQUA, 2015).

A INTERSECCIONALIDADE DO OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 5: IGUALDADE DE GÊNERO

O quinto objetivo de desenvolvimento sustentável trata da igualdade de gênero. A promoção da equidade é pauta em diversos documentos da ONU (a exemplo da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres) e está prevista expressamente no texto constitucional brasileiro (artigo 5º, inciso I). 

            O ODS 5 enuncia como objetivo: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, sendo desdobrado nas seguintes metas: 5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte; 5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos; 5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças e mutilações genitais femininas; 5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais; 5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública; 5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão; 5.a Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e recursos naturais, de acordo com as leis nacionais; 5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres; 5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicáveis para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis.

            As metas traçadas no ODS busca a igualdade, assim, inevitavelmente, trabalhará o enfrentamento à violência doméstica e familiar nas suas diversas formas: física, psicológica, sexual, patrimonial, entre outras; a discriminação no mercado de trabalho (incluindo acesso e permanência nos estudos); direitos sexuais e reprodutivos e divisão sexual do trabalho (com ênfase no trabalho doméstico). Pontos cruciais para promoção do empoderamento de mulheres.

            Para entender o impacto do ODS 5 deve-se ter por base o conceito de interseccionalidade. Atribuído à autora Kimberle Crenshaw (2002) em seus estudos sobre gênero e raça, que visa incluir questões raciais nos debates sobre gênero e direitos humanos e incluir questões de gênero nos debates sobre raça e direitos humanos, proporcionando um entendimento de sobreposição de grupos discriminados ao invés de tratar como situações segmentadas. 

            Nesse sentido, propõe-se uma abordagem de gênero sobre a sociologia ambiental do direito, nesta análise dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com intuito de relacionar a necessidade de proteção socioambiental e a proteção de gênero, tão bem destacadas ao longo da Agenda 2030. 

            A autora brasileira Lélia Gonzalez (2019) ao longo de sua trajetória política e acadêmica, apresenta em seus estudos uma abordagem interseccional de gênero e raça, trazendo importantes considerações sobre as vulnerabilidades socioambientais das mulheres negras no Brasil. Lélia maneja o depois nomeado conceito de sobreposição, denunciando a vulnerabilidade advinda do racismo, do sexismo e que acarreta também em vulnerabilidade urbana e ambiental. 

A PROTEÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE GÊNERO NOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A abordagem de gênero no instrumental de análise da Sociologia Ambiental do Direito possibilita uma apreensão da proteção socioambiental de gênero, focada nas vulnerabilidades socioambientais, que aspira a sobreposição dessas vulnerabilidades para que se busque um enfrentamento que se pretenda integral, consciente da complexidade socioambiental.

            Com esse intuito, realiza-se a revisão da Agenda 2030, apontando os principais mecanismos (objetivos e metas) que traduzem a proteção socioambiental de gênero. 

            No ODS 1 “ acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares” a meta 1.5 que dispõe “até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais”,

O ODS 2, sobre “acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável”, apresenta duas metas que destacam a proteção de gênero e ambiental: (i) 2.2 “até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir, até 2025, as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas” e (ii) 2.3 “até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola”.

            De maneira mais abrangente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável elencados a seguir serão analisados apenas em seus enunciados, tendo em vista tratarem de aspectos gerais de direitos humanos difusos e/ou direitos da natureza. São eles, ODS 3: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades; ODS 4: assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos; ODS 7: assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos e ODS 10: reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, ODS 13: tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos; ODS 14: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável; ODS 15: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade; ODS 16: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

            No tocante ao ODS 6: “assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos”, destacam-se as metas 6.2: “até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade” e a meta 6.6: “até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos”.

            O acesso à água e saneamento básico são situações muito didáticas para demonstrar a interseccionalidade entre gênero e proteção socioambiental. A exemplo do relatório da UNICEF e UNICEF (2021) sobre pobreza menstrual no Brasil, que aponta a necessidade de infraestrutura adequada que garanta a dignidade das pessoas que menstruam concomitantemente com a urgência de se repensar os resíduos sólidos gerados, por exemplo, por uso de absorventes descartáveis. 

O ODS 8, que propõe “promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos”, possui duas metas que coadunam com a proteção ambiental e a proteção de gênero, a meta 8.4  sobre “melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a liderança” e a meta 8.8 sobre “proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários”.

O ODS 9, que trata de “construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação”, possui as metas 9.4 “até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos; com todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades” pode e deve ser interpretada a partir do fomento da harmonia entre natureza e ser humano, resgatando aqui outro documento promovido pela Organização das Nações Unidas, Harmony With Nature, sobre a necessidade de construção de um novo paradigma, não antropocêntrico, portanto, considerando de fato o impacto ambiental de todas as ações humanas.  

Sob a perspectiva da vulnerabilidade urbana, tratada no conceito de racismo ambiental, o ODS 11 sobre “tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”, traz as metas 11.2 “até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos”; 11.6 “até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros” e 11.7 “até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência”.

            Com intuito de promover e coagir globalmente as nações, o ODS 12 visa “assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis”, com meta estipulando que 12.4 “até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente”.

            Encerrando a lista da Agenda 2030, o ODS 17 sobre “fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável” tem como destaque a meta 17.7 que visa “promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, em condições favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme mutuamente acordado”. Ressalta-se os esforços para compartilhamento de programas e ações que forem bem-sucedidos, instituindo verdadeiro dever de solidariedade entre as nações.

Conclusiones:

A Agenda 2030 tem se apresentado como agenda política pelos países signatários, os objetivos e metas de desenvolvimento sustentável pretendem estabelecer ações consonantes a nível local e global. 

            Esta pesquisa pomenorizou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas metas que versavam especificamente sobre proteção socioambiental de gênero, selecionando e analisando os tópicos que tratavam de meio ambiente e gênero, almejando explicitar a relação interseccional entre os temas. 

Para analisar as diretrizes trazidas na Agenda 2023 foi utilizado o instrumental da Sociologia Ambiental do Direito, com sua perspectiva transdisciplinar e voltada para as vulnerabilidades socioambientais. Pode-se refletir sobre a importância de analisar as questões ambientais não apenas como recursos disponíveis e imprescindíveis para a vida humana, mas revelando a natureza (fauna e flora) como sujeitos de direitos.

A partir da análise dos ODS e suas metas, reflete-se sobre uma relação simbiótica entre proteção socioambiental e proteção de gênero, forjada da compreensão integral da Agenda 2030. Os objetivos são segmentados para fins de exposição, mas relacionam-se de maneira inequívoca.

A sobreposição das vulnerabilidades (ambiental, social e de gênero) pressupõe uma abordagem também interseccional, aqui proporcionada pela Sociologia Ambiental do Direito, que reverbera em ações multifacetadas a serem implementadas pelos países signatários.

Bibliografía:

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, Presidência da República. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

CRENSAW, Kimberle. A intersecionalidade da discriminação de raça e gênero. 2002. Disponível em: <http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wpcontent/uploads/2012/09/Kimberle-Crenshaw.pdf>

GONZALEZ, Lélia. . 2020. Por um Feminismo Afro-Latino-Americano: Ensaios, Intervenções e Diálogos . Rio Janeiro: Zahar. 375 pp.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Plataforma Agenda 2030. Disponível em: <http://www.agenda2030.org.br/>.

 PONZILACQUA, Marcio Henrique Pereira. Sociologia Ambiental do Direito: Análise sociojurídica, complexidade ambiental e intersubjetividade. Petrópolis: Vozes, 2015.

PONZILACQUA, M. H. P., & SACILOTTO, L. M. (2021). Sociologia ambiental do direito: horizontes, aplicações e perspectivas. Revista Latinoamericana de Sociología Jurídica, ( 3), 246-269. Disponível em: https://usi.edu.ar/publicacion-archivos/numero-3-completo-2/ 

UNICEF, UNFPA, 2021. Pobreza menstrual do Brasil, desigualdades e Violações de direitos. Site do UNICEF. Disponível em https://www.unicef.org/brazil/media/14456/file/ dignidade-menstrual_relatorio-unicef-unfpa_maio2021.pdf

UNITED NATION. SA/RES/67/214. Harmony with Nature. New York: UN,2012b. Disponível em: <http://undocs.org/A/RES/67/214>.

Palabras clave:

Proteção Socioambiental; ODS; Gênero.

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De forma geral, a oferta de empréstimo de dinheiro a taxas de juros acima do permitido e, sem a devida autorização dos órgãos reguladores de um determinado país, é considerada agiotagem. Contudo, pensar tal prática no atual período histórico – notadamente marcado pela hegemonia e capilaridade da esfera financeira – consiste numa importante tarefa da qual as ciências humanas e sociais não devem se furtar. Assim, tão antigo quanto atual, historicamente “irreparável” nas esferas existenciais das formações socioespaciais do Sul, a agiotagem pode ser tomada como um fenômeno multiforme, complexo e, portanto, também passível de análise geográfica, intentada no presente trabalho, a partir do exame dos conteúdos normativos – através dos tempos – que combatem a agiotagem no Brasil. No plano metodológico, realizou-se uma análise pormenorizada – via pesquisas bibliográfica e documental – do tema e observou-se que a redefinição dos conteúdos normativos do território brasileiro – sobretudo, com o Golpe Militar de 1964, através das Reformas Gerais do Sistema Monetário-Creditício (1964) e a Financeira (1965), – teve papel fundamental na execução das políticas de reestruturação do sistema financeiro, além de abrir um leque de possibilidades de criação de novas formas de atuação das instituições financeiras no território, ampliando, ainda, a comercialização de novos produtos e serviços. Mais recentemente, a Lei Complementar n. 167, que dispõe sobre a Empresa Simples de Crédito (ESC), foi sancionada pela Presidência da República no dia 24 de abril de 2019, permitindo que empréstimos, financiamentos e descontos de títulos sejam realizados por pessoas jurídicas, com seu próprio capital, sem a regulação do Banco Central, com o propósito de diversificar a “oferta legal” de crédito no país, e dessa forma, superar o avanço do “mercado ilegal” de crédito. Entretanto, a referida medida não enfrenta a extrema concentração no setor bancário, ademais, legitima o quadro permanente de usura institucionalizada, acirrando a tensão entre o binômio legal-ilegal no espaço geográfico e revelando o papel exercido pela norma, carregada de um pluralismo jurídico.

Introducción:

A agiotagem tradicional, consiste na mais conhecida e convencional forma ilegal e antediluviana de empréstimo de dinheiro. Trata-se de um tipo de “rugosidade”, pois essa forma atravessa o tempo, sendo conhecida, antes mesmo dos registros bíblicos. A título de informação, a Bíblia[1] não apresenta o termo agiotagem ou agiota, porém menciona a palavra usura, que do ponto de vista etimológico, provém de duas palavras latinas: usus e rei, tendo o sentido de cobrança pelo uso das coisas. No que se refere ao empréstimo pecuniário (de dinheiro), usura designa a cobrança exagerada de juros ao devedor, tendo, no limite, o mesmo sentido de agiota[2]. Desse modo, a prática de empréstimo de dinheiro, na forma de “capital usurário”, precede o modo de produção capitalista e sempre possuiu uma relação direta com a religião – mais precisamente, com o Cristianismo.

Contudo, inicialmente avessa ao mercador-banqueiro medieval (sinônimo de usurário), ao longo do tempo a Igreja – passando do compromisso com o feudalismo ao compromisso com o capitalismo – não tardou a admitir o essencial de suas práticas. Nas palavras de Le Goff ([1986] 1991: 99)

A condenação da usura, de certas formas de empréstimo a juros, levou os mercadores a aperfeiçoar os seus métodos, a recorrer a sutilezas. O desenvolvimento da letra de câmbio, documento capital na ascensão da classe mercantil, encontra sua fonte no desejo de obedecer à Igreja substituindo uma operação de crédito que ela reprova por uma operação de câmbio que ela tolera.

Todavia, é na sociedade capitalista, com o desenvolvimento do sistema de crédito, que esta forma denominada por Marx ([1867] 1983), “capital portador de juros”, torna-se mercadoria. A propósito, o termo agiotagem designa formas de usura ilegais, já que o sistema bancário é um sistema normatizado de usura. Quer dizer, de um sistema de cobrança de juros institucionalizado e legalmente aceito. Logo, no plano etimológico, a palavra agiotagem advém do francês – agiotage, sendo considerada sinônimo de especulação, usura. Assim, quem pratica a agiotagem é denominado agioteur, usurier. Em português [brasileiro]: agiota (provém do italiano aggio [vantagem, lucro] e allage, do grego [troca, câmbio]; em português de Portugal: onzenário, onzeneiro; em língua inglesa: moneylender, loanshark; em espanhol: usurero, prestamista.

No plano metodológico, no âmbito teórico – para além dos diálogos com os campos da sociologia, história, direito, por exemplo –, alguns dos referenciais, no plano geográfico foram, Santos (1996), a partir da sua noção de espaço geográfico e território usado; Antas Júnior (2005), para uma discussão mais apurada sobre as normas; Contel (2006) a partir da noção de hipercapilaridade das finanças; Castro (2003), sobre os nexos entre território e instituições e Machado (2017), sobre o papel das finanças no espaço geográfico e a sua discussão sobre o binômio legal-ilegal.

Com o propósito de apreender a temática da agiotagem realizou-se uma pesquisa documental a partir de uma análise pormenorizada dos conteúdos normativos – textos constitucionais, leis, decretos, resoluções e o código penal – que vigeram ou estão em vigor no território brasileiro, possibilitando identificar as redefinições da temática ao longo do tempo. Assim, o presente texto está estruturado em dois pontos principais: I. apresenta-se um panorama do processo de regulação da agiotagem no Brasil; II. trata-se das implicações –principalmente no âmbito geográfico – da Lei Complementar nº 167, que dispõe sobre a Empresa Simples de Crédito (doravante ESC), sancionada pela Presidência da República no dia 24 de abril de 2019 e considerada pelo Governo brasileiro vigente a principal medida de combate à agiotagem dos últimos 20 anos.

[1] “Por usura, a Igreja entende, com efeito, todo negócio que comporta o pagamento de juros: Por isso, o crédito, base do grande comércio e do banco, é interdito. Em virtude dessa definição, todo mercador-banqueiro, praticamente, é um usurário” (LE GOFF, [1986] 1991, p. 73).

[2] A esse respeito, Richard Sennet ([1994] 2003: 174, 190-191) usou o termo agiotagem e agiota para tratar do empréstimo de dinheiro realizado pelos povos judeus desde o século XII, em Veneza, desde o século XII.

Desarrollo:

Território normado: breve panorama da regulação da agiotagem no Brasil

A política e a norma são variáveis-chave para a interpretação do espaço geográfico que ao ser utilizado, torna-se território na perspectiva teórica ora adotada. Assim, o entendimento da dimensão temporal e do processo das modernizações se faz imprescindível à apreensão de como os sistemas normativos são fundamentais na compreensão das formações territoriais (Antas Jr., 2005) e, portanto, no entendimento do território normado. Isto é, como se estabeleceu temporalmente uma dimensão repressiva acentuada, resultado da ação arbitrária expressa por instituições jurídicas.

Ora, a agiotagem está presente na legislação brasileira entendida como a prática da usura fora das normas estabelecidas e agentes autorizados, possuindo instrumentos normativos que fazem referência direta e outros indiretamente a essa prática de rendimento de capital através de cobrança de juros, conforme constatou-se através da pesquisa documental realizada.  Para esta análise, para fins didáticos e de exposição, o conjunto de normas foi organizado de forma cronológica em cinco períodos do Brasil republicano (vide Prado Júnior ([1945] 2012) e Fausto (2001), como também pelo sítio eletrônico do Senado Federal do Brasil), a saber: 1. República Velha e marco inicial da fase republicana, empreendido entre os anos 1889 a 1930; 2. Era Vargas e segunda fase da república, entendido entre os anos 1930 a 1945; 3. República Nova, referente aos anos 1945 até 1964; 4. Ditadura Militar, vivida no Brasil entre os anos 1964 a 1985; e Nova República, iniciada em 1985 e ainda em curso.

Para o primeiro período referido (1889-1930) não se verificou nenhum instrumento que tratasse da usura de maneira específica. Esta prática não estava prevista conforme as análises realizadas tanto na Constituição Politica do Imperio do Brazil, de 25 de março de 1824, quanto na Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. 

            A prática da usura aparece como crime na legislação a partir do segundo período definido (1930-1945), que empreende a Era Vargas e a segunda fase da República, conforme se verifica no Quadro 1. Inicialmente sua tratativa ocorre de maneira indireta através do Decreto nº 19.604/1931 e posteriormente diretamente já com o Decreto do Governo Vargas de nº 22.626/1933, que chega a ser revogado por Fernando Collor por Decreto de 25 de abril de 1991 e sendo revigorado por Decreto de 29 de novembro de 1991. Esse instrumento do Governo Vargas passa a ser conhecido como a Lei da Usura, vedando em contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal, admitindo somente a taxa extra de 1% a título de mora e ainda proibindo a contagem de juros sobre juros, os chamados juros compostos.

            Com isso, a prática da usura passa a configurar crime previstos nas duas constituições brasileiras seguintes (de 1934 e de 1937), sendo inclusive registrada a sua punição na forma da lei, que será mais claramente expressa somente alguns anos depois, quando passa a ser prevista no Código Penal Brasileiro de 7 de dezembro de 1940, considerada crime de extorsão e/ou extorsão indireta, com penas de acordo com Quadro 1. 

Quadro 1 – Era Vargas e o segundo período da República: 1930-1945

Fonte: Pesquisa documental. Elaboração própria, 2022. 

No terceiro período elegido, referente a República Nova entendida entre os anos 1945 a 1964, a usura permanece prevista em texto constitucional com punição, agora na constituição de 1946. Ademais, nesse período outros instrumentos surgem com um trato indireto em referência a usura e mais diretamente em relação a operações de câmbio e cobrança de juros. Conforme se verifica no Quadro 2, destaca-se a Lei 1.521/51 promulgada na ditadura de Getúlio Vargas e que altera os dispositivos dos crimes contra a economia popular, e ainda a Lei 1.807/53 que dispõe sobre operações de câmbio com taxas de juros livres mediante acordos entre as partes.

Quadro 2 – República Nova: 1945-1964

Fonte: Pesquisa documental. Elaboração própria, 2022. 

O quarto período, referente a Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) é marcado por dois instrumentos que abordam mais especificadamente a questão das taxas de juros no país. De acordo com o Quadro 3, a Lei 4.595/1964 promulgada no Governo Castelo Branco dispõe sobre as instituições da máquina pública que acompanham as atividades financeiras no Brasil, tornando-se amplamente conhecida como Lei da Reforma Bancária, instituindo o Conselho Monetário Nacional com competência de disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, além de limitar, sempre que necessário as taxas de juros. Já a Constituição Federal de 1967, quando versa sobre a ordem econômica no país, prevê a repressão ao abuso econômico através de aumentos de lucros, citando inclusive a questão da taxa de juros a ser limitada.

Quadro 3 – Ditadura Militar: 1964-1985

Fonte: Pesquisa documental. Elaboração própria, 2022. 

O quinto período elegido empreende a Nova República, iniciada em 1985 no contexto da redemocratização do país após a Ditadura Militar, com o estabelecimento de eleições diretas em todos os níveis governamentais e em vigência até os dias atuais. Nesse período o primeiro instrumento a se destacar é a Lei 7.492/86 promulgada pelo Governo Sarney e que ao definir os crimes contra a economia nacional criminaliza a cobrança de juros fora dos limites previstos na legislação, inclusive com pena de reclusão e multa. 

Em acordo com o Quadro 4, a Constituição Cidadã de 1988 previa em seu Art. 192, inciso 3º, que as taxas de juros não poderiam ultrapassar os 12% ao ano, sendo as eventuais cobranças acima dessa porcentagem enquadradas como crime de usura. No entanto, isto é revogado pela Emenda Constitucional nº 40 de 29 de maio de 2003, a partir de quando a cobrança de juros passa então a não possuir taxa regulamente definida. 

Genericamente, no Governo Collor a usura passa a também ser prevista no Código de Defesa do Consumidor a partir da Lei 8.078/90 que o institui, bem como no Governo FHC com o Código Civil Brasileiro, instituído pela Lei 10.406/02, mas em ambos os casos sem definição de limites ao que seriam as taxas de juros permitidas, o que não permite clareza de quando a cobrança de juros passaria a configurar o crime de usura. 

Já no Governo Bolsonaro, a Lei Complementar nº 167/19 cria as ESCs e para tanto altera Leis como a de Lavagem de Dinheiro e Lei do Simples Nacional conforme Quadro 4. Com isso, as ESCs permitem que qualquer indivíduo empreste dinheiro ao mercado local das Micro e Pequenas Empresas e Micro Empreendedores Individuais, não existindo capital mínimo e o capital máximo limitado a R$ 4,8 milhões, sendo a remuneração da ESC resultante somente dos juros remuneratórios que não se limitam aos previstos na Lei da Usura e no Código Civil. 

Quadro 4 – Nova República: 1985 (em curso)

Fonte: Pesquisa documental. Elaboração própria, 2022.

Com a análise do conteúdo normativo acima apresentado, torna-se possível entender como a legislação sobre a usura e a taxa de juros surge nos diferentes momentos da história do Brasil. Logo, até a publicação da Lei da Usura em 1933 não se tinha um tratamento claro do tema em nenhum instrumento normativo. A partir desse momento passa a estar presente na legislação brasileira, sendo inserida na constituição federal a partir da edição de 1934 e passando a ser tratada como crime contra a economia popular. 

Esse tratamento da usura como crime passa a ser “suavizado” a partir da Emenda Constitucional nº 40, de 2003, que revoga o inciso 3º do Art. 192 da Constituição Federal de 1988. Permitindo, portanto, a prática livre de taxas de juros, sem limitações previstas em lei. Já com a criação das ESCs, conforme Lei Complementar 167/19 anteriormente referida, passa a ser previsto a atividade de empréstimos sem uma limitação de taxas de juros, isso é melhor analisado no item a seguir.

O território como norma e a resposta do Estado brasileiro via ESC

Compreendido como instância social, as diferentes formas do direito são constituídas historicamente a partir de instituições que também são produtoras de normas. Logo, para uma análise do fenômeno congruente com a complexidade do período, é fundamental atentar não somente para as normas oficiais – leis, decretos, circulares – que regulam a atividade, mas identificar as normas internas que modulam os sistemas de ações de cada agente, pois cada objeto técnico criado e implementado no território é gerador de demandas por normas de uso e demandas sociais por regulação. Portanto, de acordo com Faria ([1999] 2004: 154), “[...] o direito positivo do Estado-nação já não dispõe mais de condições para se organizar quase exclusivamente sob a forma de atos unilaterais, transmitindo de modo ‘imperativo’ as diretrizes e os comandos do legislador”. 

De acordo com Wolkmer (2001: 154), existem amplas parcelas de “corpos intermediários”, que mesmo com baixo grau de institucionalização, elaboram e produzem suas próprias disposições normativas onde “[...] ocorre uma ‘regulação interna’, ‘informal’, ‘autônoma’ e ‘espontânea, paralela e independente da normatividade estatal, dos códigos oficiais, das legislações elaboradas pelas elites políticas dominantes e pelos juízes nos tribunais estatais”.

Dessa forma, para a compreensão da difusão do crédito, nomeadamente no período atual, faz-se necessária uma interpretação congruente com os usos do território e, assim, entender porque ele se mostra como é atualmente. Ou seja, de avaliar que, conforme Souza (2003: 17), “O território, modernamente, é entendido não apenas como limite político administrativo, senão também como espaço efetivamente usado pela sociedade e pelas empresas.” Logo, os eventos relativos ao sistema financeiro deflagrados (sobretudo a partir da segunda metade do século XX), se acirraram e apresentam graves implicações nas formações socioespaciais latino-americanas em quase duas décadas do século em curso, tendo como uma importante expressão dos processos mencionados a estrutura oligopolista dos mercados, a exemplo do mercado bancário.

É nesse sentido que é preciso situar a análise da ESC, destinada à realização de operações de crédito com recursos próprios, vedada a cobrança de encargos e tarifas. Tendo uma atuação – área geográfica de atuação – limitada ao seu município sede e em municípios limítrofes. No que se refere ao seu funcionamento, a ESC pode ser aberta com as seguintes naturezas jurídicas: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), Empresário Individual ou Sociedade Limitada. O que permite que toda pessoa física possa abrir uma ESC, mas podendo participar de apenas uma, não sendo permitidas filiais.

A lei que regulamenta a ESC, altera leis anteriores, a saber: I. Altera parte do artigo 9 da Lei de Lavagem de Dinheiro (nº 9.613, de 3 de março de 1998) para incluir a ESC como sujeitas aos mecanismos de controle, inserindo-a nos mecanismos da identificação dos clientes e manutenção de registros e ainda da comunicação de operações financeiras; II. Altera os artigos 15 e 20 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, inserindo a ESC na legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e III. Altera a Lei do Simples Nacional (Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006), enquadrando a ESC no artigo 17 que prevê as microempresas e empresas de pequeno porte que não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional. 

As ESCs são autorizadas pela referida Lei para a prestação dos seguintes serviços: empréstimos, financiamentos e desconto de títulos de crédito para Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Para tanto, poderá utilizar-se de alienação fiduciária, avalista e fiador como garantias das operações, que realizará obedecendo as seguintes etapas: formalização da operação, a partir de contrato entre a ESC e o tomador do crédito; disponibilização do empréstimo, que deverá acontecer através de debito em conta bancária da ESC e consequente crédito em conta do tomador; e registro da operação através de entidade registradora devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil. Conforme se verifica no Gráfico 1, o número de ESCs no Brasil tem se mantido estável e com aumentos, considerando as grandes regiões.

Gráfico 1 – Brasil: evolução do número de Empresa Simples de Crédito por grande região (2021/2022)

Fonte: Portal DataSebrae, 2021-2022. Elaboração própria.

Com o propósito de diversificar a “oferta legal” de crédito no país, como também, de superar o avanço do “mercado ilegal” de crédito, a Presidência da República sancionou a Lei Complementar nº 167, que dispõe sobre a ESC, que consiste na permissão de que empréstimos, financiamentos e descontos de títulos sejam realizados por pessoas jurídicas, com seu próprio capital, sem a regulação do Banco Central. Como principal idealizador das ESC, o ex-presidente nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e atual assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Afif Domingos afirmou:

A empresa simples de crédito é aquele indivíduo que, sem autorização nenhuma, porque não precisa de autorização, simplesmente registra uma empresa, que é simples de crédito, e passa a emprestar na sua comunidade, a um juro que vai ser com certeza menor do que é oferecido na região, porque hoje os grandes bancos captam de todos, mas só emprestam para alguns. (apud AGÊNCIA BRASIL, 2019)[3].

Na verdade, a ESC tem como objetivo principal, fornecer crédito aos microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs). Quando questionado sobre a natureza da ESC, respondeu Afif (apud DINIZ, 2019)[4]: “Não estou inventando nada, só estou voltando ao século passado, o famoso crédito na caderneta, que era o crédito olho no olho.” Já com relação a outra questão, se a ESC não seria uma legalização da agiotagem, completou: “É a concorrência com a agiotagem. A agiotagem já é oficializada com os juros do cartão de crédito e do cheque especial, que chega a 340% ao ano.”

Portanto, a ESC passa a concorrer diretamente com os bancos estatais – de desenvolvimento e comerciais – que são responsáveis pela oferta da maior fatia do microcrédito no país e, desde o ano de 2016 sofrem com o “movimento” de redução no número de fixos e de recursos humanos. Contudo, vale destacar a reflexão de Lazzarato ([2013] 2017: 14, grifo nosso): “o que é preciso sublimar nem é tanto o poder econômico da finança ou suas inovações técnicas, mas muito mais o fato de que ela funciona como um dispositivo de governança transversal – transversal à sociedade e transversal ao planeta.”

Na contemporaneidade, as instituições financeiras detêm amplo e eficiente raio de ação alcançando a totalidade dos níveis e escalas do sistema urbano brasileiro. Logo, os avanços técnicos[5] permitiram ao sistema financeiro a incorporação de uma considerável variedade de serviços bancários e não bancários, que somaram-se aos já desempenhados pelas redes de agências e postos de atendimentos. Contel (2006) destaca os principais canais eletrônicos que conheceram uma difusão mais acentuada no espaço geográfico, como os Caixas Eletrônicos (ATMs), Banco por Internet (internet banking), Centrais de Atendimento Telefônico (call centers), Terminais de Cartões de Crédito e de Débito, Cheque Eletrônico e Wireless Aplication Assistent (WAP). Acrescente-se a esse grupo as Fintechs – empresas (Startups) especializadas na prestação de serviços financeiros com o uso de plataformas digitais.

Dada essa recente hipercapilaridade do acesso ao crédito, vê-se que se instala, de forma ubíqua, uma racionalidade vertical, financeira, que impõe muito mais uma solidariedade organizacional que uma solidariedade orgânica ao sistema de ações do espaço brasileiro. A finança se entroniza como principal variável do atual período histórico e passa a comandar as regiões segundo suas vicissitudes. (Contel, 2006: 285-286).

Nesse contexto, vale lembrar que a diversificação e a intensificação da capilaridade dos serviços financeiros no território não se deram concomitantemente a qualquer alteração mais profunda no quadro de concentração bancária no país. Em face disso, o pluralismo jurídico surge como conceito importante na compreensão dos vários sistemas de ações nos lugares. Trata-se de perceber que o monismo estatal é insuficiente para apreender os múltiplos e diferentes usos do território realizados pela população, instituições de naturezas distintas, firmas (Santos, 1996). Portanto, o pluralismo jurídico permite captar as instituições geradoras de uma produção jurídica mediante meios normativos não-convencionais, infra-estatal e não oficial (Santos, 1988; Wolkmer, 2001; Faria, [1999] 2004). 

Daí a importância do papel atribuído a norma no presente estudo. Outrossim, é basilar apreendermos que as organizações – na forma de empresas, instituições e associações de pessoas – exercem ações em diversos lugares, e são por excelência produtoras de normas (Silveira, 1999). Desse modo, vale acrescentar que o território é constituído tanto por normas jurídicas quanto por normas não jurídicas[6].

[3] AGÊNCIA BRASIL. Bolsonaro sanciona lei de criação da Empresa Simples de Crédito: o objetivo é facilitar acesso de micro e pequenas empresas ao dinheiro. Época Negócios, abr. 2019. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/04/bolsonaro-sanciona-lei-de-criacao-da-empresa-simples-de-credito.html>. Acesso em: 03 jul. 2019.

[4] DINIZ, Ana Carolina. “É o famoso crédito na caderneta olho no olho”. O Globo [O Boa Chance], 12 maio 2019. Disponível em: <http://afif.com.br/wp-content/uploads/2019/05/O_Globo_ESC_12052019-completa.pdf>. Acesso em: 03 jul. 2019.

[5] Segundo Mattos (2014: 4): “El aporte de las NTIC fue de crucial importancia para la intensificación del despliegue económico-espacial y el funcionamiento en tiempo real, y a escala planetaria, de la nueva arquitectura financiera y productiva, que en ese mismo momento se estaba constituyendo en uno de los componentes medulares del proceso de globalización.”

[6] “Daí que a geografia precise se aproximar mais do debate sobre o pluralismo jurídico contemporâneo, uma vez que fazem parte da construção da geopolítica atual não só os Estados territoriais, mas também outra sorte de agentes que produzem políticas e produzem instrumentos legais próprios – normas, regulamentos, leis – para a realização de suas políticas. Cumpre ressaltar que tais modos de produção jurídica não colidem obrigatoriamente com interesses estatais, aliás, podem até concorrer para objetivos comuns” (Antas Jr., 2017: 17).

Conclusiones:

Com a análise do conteúdo normativo oficial ora apresentado, verificou-se que, até o momento não foi possível realizar uma periodização, restando-nos, apenas, reconhecer os diferentes “momentos” do ponto de vista normativo do tratamento do tema no Brasil. Ademais, o tratamento claro da usura no Brasil acontece somente a partir da Lei da Usura de 1933, passando a se fazer presente também nos textos constitucionais. 

De acordo com Contel (2006), no que concerne ao Brasil, a formação do sistema bancário e financeiro obedece a três períodos definidos, especialmente, a partir dos conteúdos políticos, técnicos e normativos vigentes em cada momento histórico no território. Observou-se que há uma relação intrínseca entre o processo de formação do sistema bancário e financeiro brasileiro com a emissão de conteúdos normativos relacionados ao tema da agiotagem ou usura. Logo, a redefinição dos conteúdos normativos do território brasileiro – sobretudo, com o Golpe Militar de 1964, através das Reformas Gerais do Sistema Monetário-Creditício (1964) e a Financeira (1965), – teve papel fundamental na execução das políticas de reestruturação do sistema financeiro, além de abrir um leque de possibilidades de criação de novas formas de atuação das instituições financeiras no território, ampliando, ainda, a comercialização de novos produtos e serviços.

Para o autor, o primeiro período (1905-1964) se refere à gênese e à formação do moderno sistema bancário brasileiro, sendo caracterizado pela instalação dos primeiros agentes financeiros no território e da sua base regional de atuação, com destaque para a criação da Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc). O segundo período (1964-1994)[1] marca a integração do território nacional, sobretudo nos aspectos material e informacional, o que possibilitou novas perspectivas aos agentes do sistema bancário, com destaque para a Reforma Bancária de 1964/1965. Por fim, o terceiro e atual período se inicia em 1994, com a criação do Plano Real e, consequentemente, com o processo de privatização e desnacionalização de vários empresas e autarquias estatais, inclusive parte do sistema bancário público, resultando, por sua vez, na emergência de novas racionalidades financeiras no território brasileiro.

Compreende-se que a ESC, faz parte dessas racionalidades. Entretanto, a referida medida não enfrenta a extrema concentração no setor bancário, ademais, legitima o quadro permanente de usura institucionalizada, acirrando a tensão entre o binômio legal-ilegal no espaço geográfico e revelando o papel exercido pela norma, carregada de um pluralismo jurídico. Na verdade, como a regra para o período histórico atual é o fortalecimento do caráter tentacular do sistema de crédito nas suas mais diversas formas – a hipercapilaridade do crédito, segundo Contel (2006) – o dinheiro disponibilizado via sistema de crédito de uma dada maneira, é, sempre, capital portador de juros (e portanto, funciona como “mercadoria”). 

Na verdade, verifica-se que o não cumprimento do dispositivo constitucional – § 3º do Art. 192 da Constituição de 1988 – que limitava a taxa de juros a 12% ao ano, permitindo, a prática livre de taxas de juros, sem limitações previstas em lei, imediatamente, desconstrói o argumento dos sucessivos Governos brasileiros que justificam o aumento exponencial do número de intermediários e agentes financeiros bancários e não bancários, sob o pretexto de aumentar a concorrência na oferta de crédito e consequentemente baixar as taxas de juros e a oferta de crédito ilegal. Revelando, portanto, à tendência do período da globalização neoliberal da proeminência de uma política das empresas sob a política dos Estados.

Bibliografía:

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Palabras clave:

Território brasileiro, regulação, crédito.

Resumen de la Ponencia:

O artigo intitulado “Encarceramento feminino e questão social na realidade brasileira contemporânea”[1], objetiva analisar os processos de encarceramento vivenciados por mulheres na contemporaneidade, refletindo-se sobre a ação do Estado e a função do cárcere no contexto da reestruturação produtiva do capital. A crise estrutural do capital na atualidade e os mecanismos adotados para aumentar a margem de lucro têm ensejado processos de profunda precarização, empobrecimento e repressão. Com a aprovação da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), houve uma ampliação dos processos de encarceramento considerando que na referida lei a definição de usuário e traficante depende da subjetividade do julgador. De modo que o controle social pela via penal do Estado impulsiona um processo de criminalização da pobreza frente aos conflitos sociais que se apresentam, fazendo com que as expressões da questão social sejam tratadas na esfera pública como uma questão penal. Com a ascensão da extrema direita ao poder a partir do golpe parlamentar de 2016 vivencia-se a implementação de diretrizes ultraneoliberais e conservadoras, bem como o aumento do aparato repressivo, com profundas alterações nas sociabilidades e nas condições de vida, sobretudo no cenário pandêmico decorrente da Covid-19. Quando se examina o perfil das mulheres encarceradas, observa-se que estas são majoritariamente jovens, pobres, negras e moradoras das periferias dos centros urbanos. A metodologia utilizada consistiu em estudo bibliográfico e documental, com análises sobre o encarceramento feminino e as expressões da questão social que afetam as mulheres e suas famílias, tendo como base os dados relativos a desemprego, pobreza e violências referente ao período 2016-2021. Os resultados mostraram que o controle social exercido pelo Estado pela via da repressão visando a manutenção da ordem pública reafirma e aprofunda as desigualdades de classe, raça/etnia e gênero histórica e socialmente construídas na realidade brasileira. Assim, defende-se que as medidas de desencarceramento deverão ser efetivadas a partir de alterações nas legislações, bem como da implementação de medidas que favoreçam a garantia do direito à liberdade. Para além disso, Por outro lado, é de fundamental importância à desconstrução da categoria mulher como um bloco universal e homogêneo é preciso romper com o racismo estrutural e com a lógica punitiva que ensejam a segregação social a partir de processos de seletividade penal, que faz com que pessoas pobres e negras, moradoras das periferias urbanas sejam alvos constantes de abordagens, discriminação e criminalização.

[1] Trabalho desenvolvido com o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) - Chamada Nº 16/2020 – Bolsa de pós-doutorado Junior (PDJ) - Processo nº 150037/2021-0.

Introducción:

O sistema carcerário brasileiro tem produzido violências, torturas e mortes a partir de um encarceramento massivo e seletivo, sendo a população carcerária constituída, majoritariamente, por pessoas pobres, jovens, negras e moradoras das periferias urbanas.

A partir de 2016 tem-se a ascensão da extrema direita ao poder com o alinhamento do Estado aos interesses do capital financeiro e o recrudescimento do aparato repressivo, ancorado no negacionismo, em discursos de ódio e na chamada guerra às drogas. Nesse sentido, o artigo objetiva examinar o encarceramento feminino discutindo-se o papel exercido pelo cárcere no referido contexto neoliberal e conservador. 

A metodologia utilizada consistiu em estudo bibliográfico e documental, com análises sobre o encarceramento feminino e as expressões da questão social que afetam as mulheres e suas famílias, tendo como base os dados relativos a desemprego, pobreza e violência referentes ao período 2016-2021. 

Os resultados mostraram que a ação do Estado por meio do cárcere reafirma as desigualdades de classe, de raça/etnia e de gênero histórica e socialmente construídas na realidade brasileira. Desse modo, deverão ser efetivadas medidas de desencarceramento com alteração nas legislações e na execução penal com a garantia do direito à liberdade.  É preciso desenvolver ações que contribuam para a desconstrução do racismo estrutural e institucional que faz com que pessoas pobres e negras, moradoras das periferias urbanas sejam alvos constantes de abordagens, discriminação e criminalização.

Desarrollo:

1 MULHERES E ENCARCERAMENTO NO BRASIL

A dominação patriarcal historicamente atribuiu à mulher um papel subalterno de esposa e mãe, responsável pelo cuidado com a casa e os/as filhos/as, cujo processo de desconstrução tem ensejado contínuas e reiteradas lutas sociais, visando enfrentar o sexismo e a misoginia que perpassam as esferas políticas, econômicas e sociais. 

Quando se aborda o encarceramento de mulheres, a prática considerada delituosa se apresenta como um lugar que não se coaduna com os padrões femininos pré-estabelecidos e, por conseguinte, as mulheres que cometem atos tipificados como crime são alvo de duplo julgamento: o judicial e o da sociedade. 

1.1 O encarceramento de mulheres no modelo econômico agrário-exportador

A análise do contexto brasileiro no modelo econômico agrário-exportador remete à discussão da diáspora forçada da população africana que foi brutalmente escravizada e trazida para as Américas e, também, é preciso enfatizar a dívida histórica da sociedade brasileira. No que se refere às condições das pessoas que foram escravizadas, as “mulheres negras eram alvo de requintes cruéis, a saber: jornadas excessivas de trabalho, objetificação, recorrentes violações dos seus corpos, impedimento da maternidade, dos afetos, da religiosidade” (CABRERA, 2017 apud AMORAS; COSTA; ARAÚJO, 2021, p. 5).

A partir da diáspora africana a presença de mulheres negras escravizadas tem incidência em todas as regiões do Brasil, contudo, em decorrência da concentração do modelo econômico agrário-exportador no Nordeste, havia uma predominância da população negra na referida região. Atualmente, o nordeste brasileiro tem um elevado contingente de populações quilombolas e um significativo número de famílias com baixa renda chefiadas por mulheres negras, tendo se destacado na trajetória histórica brasileira as resistências e lutas dessas mulheres “por sobrevivência de seus corpos, de seus filhos e de seus territórios” (AMORAS; COSTA; ARAÚJO, 2021, p 17).

Durante o período colonial no Brasil a legislação portuguesa era adotada para a repressão às condutas consideradas crimes. Com a Independência do Brasil em 1822, “além das pessoas condenadas por crimes previstos no Código Criminal do Império de 1830, outros sujeitos como os desordeiros, os vagabundos, os bêbados e escandalosos eram presos correcionalmente pela polícia” (ANGOTTI; SALLA, 2018, p. 8), visando a manutenção da ordem vigente.

Em contraposição aos padrões sociais impostos as ações repressivas estavam voltadas para as mulheres que “desfaziam os arranjos esperados de esposas devotadas, boas mães e bons exemplos sociais: prostitutas, mães solteiras, mulheres masculinizadas, mulheres escandalosas, boêmias, histéricas e outras” (ANGOTTI, 2018, p. 83).

Na primeira metade do século XX ocorreu um aumento do aparato policial, com a criação de instituições de internação, a exemplo do “Hospício do Juqueri”, do “Instituto Disciplinar”, do “Asilo dos Inválidos” e da “Colônia Correcional da Ilha dos Porcos” (ANGOTTI; SALLA, 2018, p. 8).

Desde 1911, o Estado de São Paulo havia feito um grande investimento para a edificação de uma Penitenciária nova no Carandiru para 1200 presos, que foi inaugurada em 1920. Mas para as mulheres, nada de concreto havia ainda aparecido no Brasil. Diante das péssimas condições que estavam sendo encarceradas as mulheres, e dos impulsos reformistas que tomaram conta dos juristas e médicos, na década de vinte do século XX, começaram efetivamente a se intensificar as propostas de criação de penitenciárias propriamente destinadas a mulheres (ANGOTTI; SALLA, 2018, p. 8).

Os estabelecimentos correcionais para mulheres já tinham sido implantados na Argentina e no Chile com a administração das irmãs do Bom Pastor d’Angers no final do século XIX. Em 1891 “as Irmãs do Bom Pastor d’Angers fundaram sua primeira Casa no Brasil, no Rio de Janeiro. Em 1906 já havia quatro Casas, umas delas em São Paulo, e 35 religiosas no país” (ANGOTTI; SALLA, 2018, p. 15), sendo que a partir de 1910 “foram abertas duas Casas no sertão da Bahia, nas cidades de Barra e Caetité, e, nos anos 1920, surgiram filiais em Belo Horizonte, Recife, Pelotas, Petrópolis e no estado do Ceará (Campos, 1981)” (ANGOTTI; SALLA, 2018, p. 15). Cabe destacar que apesar dos referidos estabelecimentos, foi somente com a implantação do Reformatório de Mulheres Criminosas, em 1937, na cidade de Porto Alegre, é que ocorreu a criação do primeiro presídio para mulheres (ANGOTTI; SALLA, 2018, p. 15).

Desde o ano de 1905 pode-se identificar defesas em prol da criação de estabelecimento prisional específico para mulheres no Brasil, considerando que estas permaneciam nos mesmos espaços prisionais destinados aos homens, onde eram comuns os estupros e outros tipos de violências, prática abominável, porém costumeira na sociedade brasileira do período, diante dos paradigmas patriarcais vigentes (SANTIAGO, 2018).

O relatório “As Mulheres Criminosas no Centro mais Populoso do Brasil”, datado de 1928, mostra que em 1926 havia “oito mulheres presas no Distrito Federal, duas em Niterói, então capital do estado do Rio de Janeiro, 18 no Estado de São Paulo e 15 no Estado de Minas Gerais”. Por outro lado, no ano de 1927, o total das mulheres condenadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Distrito Federal era de “aproximadamente 39 condenadas cumprindo pena por homicídio, infanticídio, ferimento, roubo e uso de tóxicos. Havia também as contraventoras, em geral detidas por ‘vadiagem’” (ALMEIDA, 1928, p. 6293 apud ANGOTTI; SALLA, 2018, p. 14).

A misoginia era evidente nos discursos da época em prol da criação de estabelecimentos penais específicos para as mulheres em situação de prisão, considerando que não almejavam defender os direitos destas, mas promover um suposto controle da libido dos homens que se encontravam em situação de cárcere, cujos discursos misóginos ficavam evidentes frente à objetificação do gênero feminino, considerando que um dos aspectos mais enfatizados era o de evitar a prostituição nos referidos espaços (SANTIAGO, 2018).

Historicamente, o cárcere teve um papel incisivo no controle do gênero feminino e na restrição da liberdade das mulheres, sobretudo, a sexual, “o que denuncia a existência de um controle masculino-opressor por trás de uma justificativa fictícia de criminalização de atitudes caracterizadas como uma ‘ofensa a moral e bons costumes’” (SANTIAGO, 2018, p. 63). Tais práticas institucionalizadas tem como base o machismo e a estrutura patriarcal.

O próprio “Patronato das Presas”, instituição que, em um primeiro momento, parece destinada a defesa dos direitos das mulheres em encarceramento, em verdade servia como uma “recuperação de mulheres desviadas”. Quando se utiliza o termo “desviadas”, não se trata apenas de um “desvio” relacionado ao descumprimento da lei pura e simplesmente, mas principalmente um desvio das condutas ditas como femininas. Utilizavam-se mulheres inseridas na lógica da dominação masculina (religiosas e submissas ao governo e à família) como forma de trazer para essa esfera opressora, as mulheres aprisionadas. A verdadeira intenção de todos e quaisquer elementos, sejam relatórios ou Patronato, inicialmente criados para concretizar a existência de prisões femininas, jamais poderá ser interpretada como uma iniciativa em prol dos direitos das mulheres, mas sim como uma medida de ressalva e conivência com os padrões patriarcais previamente operantes. Prova do referido se faz a partir do surgimento do primeiro estabelecimento prisional destinado exclusivamente a mulheres no Distrito Federal (SANTIAGO, 2018, p. 64).

Na passagem do modelo econômico agrário-exportador para o urbano-industrial, no pós-promulgação da Lei do Ventre Livre na região Sudeste do Brasil, “as atividades de comércio foram utilizadas não apenas para a venda dos bens da grande elite senhorial da época, mas também como meios para que as mulheres negras guardassem recursos em busca das cartas de alforrias” (TELLES, 2019 apud AMORAS; COSTA; ARAÚJO, 2021, p 16), considerando que a referida legislação permitiu que as pessoas escravizadas que adquirissem bens comprassem a sua alforria.

1.2 O encarceramento de mulheres no modelo econômico urbano-industrial

O encarceramento de mulheres no modelo econômico urbano-industrial se articula com os esforços do Estado de impor os costumes que interessavam ao modelo civilizatório e modernizador adotado. Nesse sentido, foram desenvolvidas ações para a domesticidade da classe trabalhadora visando a afirmação do modelo de família nuclear burguesa.

Por outro lado, foram adotadas ações higienistas e repressivas para a efetivação das reformas modernizadoras no meio urbano com a “derrubada de cortiços e organização da cidade; o mapeamento dos espaços de prostituição e sua regulamentação; a medicalização do corpo feminino, que era objeto de intervenção de uma política reprodutiva eugênica” (ANGOTTI, 2018, p. 85), articulando ações pautadas no binômio higienismo e repressão.

O populismo ancorou-se em ações assistencialistas e paternalistas, sendo que a adoção do trabalho assalariado nos espaços urbanos requereu a intervenção do Estado na questão social com a aprovação da legislação trabalhista e a adoção dos seguros sociais, além do desenvolvimento de ações assistenciais, porém, essa atuação teve um caráter paternalista assentada na liberalidade e no favor.

De modo que a proteção social exercida pelo Estado se deu por meio de ações esparsas e pontuais, enquanto que, no campo político-ideológico o aparato repressivo se fez presente com especial recrudescimento durante o Estado Novo (1937-1945), quando as instituições assistenciais e protetivas foram perpassadas por um caráter repressor e de controle, com decisões centradas no aparato policial e penal.

Diante dos tensionamentos e das ações repressivas adotadas nos anos 1930, notadamente após 1937 com o estabelecimento do Estado Novo, há um recrudescimento da ação do Estado por meio do cárcere, inclusive no que se refere ao encarceramento de mulheres, com a criação dos presídios femininos no Rio de Janeiro e em São Paulo. (ANGOTTI; SALLA, 2018).

Considerando o binômio caridade e repressão que predominou no Brasil a partir de 1930, no que se refere à atuação estatal, esta ocorreu mais pela via do cárcere do que pela lógica da proteção social, engendrando profundas desigualdades. Assim, observa-se o deslocamento da abordagem da questão social pela via protetiva para a tecnologia do cárcere. Em relação às mulheres, este tinha uma perspectiva de moralização social, de higienização dos espaços urbanos, de repressão à prostituição e de controle dos corpos femininos, reafirmando o modelo capitalista-patriarcal-racista, visto que os principais alvos eram as mulheres negras.

Assim, o encarceramento de mulheres no Brasil tem um importante papel na modernização conservadora configurada na segunda metade do século XX, com importantes inflexões na década de 1950 em face do programa de crescimento acelerado, porém, sem contrapartidas efetivas no campo social.  Assim, o encarceramento feminino tem significativos aportes no contexto urbano-industrial considerando os antagonismos que se apresentam.

Vale lembrar que, no lapso entre 1930 até a primeira metade da década de 1980, experimentamos dois regimes autocráticos longos, entrepostos por uma curta experiência democrático-liberal conhecida como “populista” (1945 a 1964). Em relação à ditadura burgo-militar iniciada em 1964, verifica-se a intenção de frear o crescimento das classes subalternas e manter a política econômica voltada para a expansão de um capitalismo dependente e desigual. A repressão constante e a não penetração ideologicamente nas massas, aliada a um pífio desenvolvimento social em detrimento do econômico, foram combustíveis para o fortalecimento da sociedade civil e crescimento do movimento favorável à abertura política. Para Behring (2008), a redemocratização operou transformações significativas, mas que tiveram um caráter mais de desconstrução da modernização nacional-desenvolvimentista e obstrução à seguridade e direitos sociais. Esse processo, denominado de contrarreforma, encontrou subsídio na ideologia neoliberal, que encontrou terreno fértil no país diante da conjuntura social e econômica da época (ATHAYDE; PASSOS, 2017, p. 195).

Por sua vez, a chamada industrialização restringida, se apresenta como forma de consolidação de um desenvolvimento industrial assentado em bases excludentes, com significativos limites para ampla parcela da população brasileira, sobretudo, para as mulheres, que, em conformidade com os padrões vigentes, deveriam se dedicar à casa, à família e a/os filhos/as (SANTOS, 2012).

As bases do corporativismo e do assistencialismo se complementam a partir da repressão exercida por meio do cárcere, notadamente, do encarceramento de mulheres. Desse modo, o cárcere assume um importante papel na formação do que Santos (1979) chamou de cidadania regulada, como forma de controle dos antagonismos da relação capital e trabalho. Nesse sentido,

[...] para explicar a “questão social” no Brasil, não basta identificar as categorias centrais ao modo de produção capitalista — a relação antagônica entre capital e trabalho, por exemplo — que compõem o nível da universalidade. Há que acrescentar a esse nível a singularidade dos ­componentes dessa sociedade enquanto formação social concreta, para que se tenha condições de dimensionar suas particularidades enquanto mediações centrais das expressões da “questão social” (SANTOS, 2012, p. 433).

Na década de 1970 tem-se a crise capitalista (MANDEL, 1982) com profundos desdobramentos na questão social. Para Davis (2016) em relação às mulheres negras há uma interconexão entre corpo e sexualidade e os estereótipos que historicamente as subalternizaram, a partir de estruturas de desigualdades (SANTOS; OLIVEIRA, 2017). Assim, a lógica patriarcal e machista perpassa as sociabilidades e os estabelecimentos prisionais considerando que quando as mulheres sofrem algum tipo de violência são postas como culpadas, por descumprirem os padrões de moralidade vigentes, discurso que, abominavelmente, tem servido para justificar as violências. 

O sistema patriarcal-racista-capitalista produzido no Brasil tem como base as desigualdades de classe, de raça/etnia e de gênero, dentre outras, que, em tempos de reestruturação produtiva do capital e de adoção das diretrizes do neoliberalismo, afeta diretamente a classe trabalhadora, com a subalternização das mulheres, notadamente as mulheres negras (CISNE, 2018).

Apesar das lutas sociais pela visibilidade e direitos, em tempos de neoliberalismo e de conservadorismo, ao invés de proteger as mulheres em situação de violência, o Estado brasileiro as culpabiliza por sua liberdade e pelo exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos (SANTIAGO, 2018).

Enquanto as mulheres brancas são propriedades dos pais, e posteriormente dos maridos, experimentando processos de submissão, sem direito à participação da vida em sociedade, as mulheres escravizadas, além de subordinadas ao domínio masculino, têm seus corpos apropriados para o trabalho forçado e exploração e violência sexual. Partindo da condição de trabalhadoras, as cativas desenvolviam serviços iguais aos dos homens escravizados, contudo, vivenciavam experiências distintas, haja vista o fator sexual como elemento capaz de intensificar a exploração e expressões de violência. Em sua análise geral sobre a condição da mulher negra escravizada (CISNE; IANAEL, 2022, p. 194).

A estruturação do patriarcado e sua reafirmação social por meio do cárcere afeta sobremaneira as mulheres desempregadas, em trabalhos precarizados, em atividades informais, que atuam com múltiplas jornadas de trabalho e sofrem os rebatimentos das estruturas do racismo, do classismo, do patriarcado e do sexismo (COLLINS, 2019)

Ao atuar na perspectiva do reforço do patriarcado e do racismo o cárcere violenta duplamente as mulheres, considerando que ao tempo em que atua sob a égide da repressão o Estado deixa de exercer a proteção a estes segmentos sociais, reproduzindo, por conseguinte, as desigualdades.

2 ENCARCERAMENTO FEMININO E QUESTÃO SOCIAL NA REALIDADE BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

A questão social na ordem capitalista emerge a partir do fenômeno do pauperismo na Inglaterra no século XVIII, considerando que a pobreza crescia em uma sociedade onde havia um aumento da produção de riquezas. De modo que não era a escassez dos recursos existentes que provocava a pobreza, e sim a concentração da riqueza socialmente produzida (NETTO, 2001).

A história social brasileira é marcada pelo escravismo e pelo colonialismo, que no capitalismo se revestem de estruturas perversas, que atravessam as sociabilidades e as instituições, sendo o cárcere o aparato institucional por excelência no controle social das populações periferizadas e marginalizadas dos centros urbanos, não incorporadas à ordem industrial moderna. O referido movimento engendrou relações antagônicas entre burguesia e proletariado e com múltiplas determinações, considerando que, para as mulheres pobres, negras e moradoras das periferias urbanas a cidadania se apresentou apenas no campo formal.

A adoção das diretrizes do neoliberalismo no Brasil a partir dos anos 1990 teve importantes inflexões durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, considerando que as “ações reformistas tiveram a intenção de desmontar e destruir o Estado brasileiro a fim de adaptá-lo à lógica do capital internacional” (ATHAYDE; PASSOS, 2017, p. 196). No governo Lula, tem-se a partir de 2003 um cenário marcado por avanços no campo social, porém, com contradições, considerando que o desenvolvimentismo social foi perpassado pelo receituário neoliberal. 

A questão social é indissociável da sociabilidade capitalista com a produção de tensionamentos e antagonismos que se expressam na arena pública a partir das lutas e das resistências da classe trabalhadora ao longo da trajetória histórica brasileira. 

A gênese da “questão social” encontra-se no caráter coletivo da produção e da apropriação privada do trabalho, de seus frutos e das condições necessárias à sua realização. É, portanto, indissociável da emergência do trabalhador livre, que depende da venda de sua força de trabalho para a satisfação de suas necessidades vitais. Trabalho e acumulação são duas dimensões do mesmo processo, fruto do trabalho pago e não pago da mesma população trabalhadora, como já alertou Marx (1985). Sabemos que o capital é uma relação social por excelência que, na sua busca incessante de lucro, tende a expandir-se indefinidamente por meio da apropriação de trabalho não pago dos trabalhadores. Seu ciclo expansionista realiza-se por meio da ampliação da parcela do capital investida em meios de produção – capital constante – aumentando a produtividade do trabalho e reduzindo relativamente aquela investida em força de trabalho – capital variável (IAMAMOTO, 2013, p. 330).

Com a adoção das diretrizes do neoliberalismo no Brasil a situação das mulheres se agravou frente ao encarceramento massivo e à retração do Estado na proteção social. No referido cenário tem-se o agravamento das vulnerabilidades e a ampliação das desigualdades de gênero, de raça e de classe, com profundos desdobramentos no núcleo familiar, sobretudo, quando se trata de famílias monoparentais geridas por mulheres, afetadas pela pobreza ou pobreza extrema, diante do desemprego massivo, do aumento da informalidade e do crescimento exponencial da miséria e da fome.

No neoliberalismo a gestão da pobreza ocorre eminentemente por meio do cárcere, como forma de reprodução das bases capitalistas, com uma intrínseca relação entre o cárcere e os interesses do capital, como forma de controle da classe trabalhadora, marcada pelo desemprego estrutural e pela fragilização de vínculos trabalhistas. 

A aprovação da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), tem ensejado um processo de encarceramento em massa visto que na referida lei a definição de usuário e traficante depende da subjetividade do julgador. A maioria das mulheres encarceradas é constituída por jovens, negras e moradoras das periferias urbanas, mostrando que há um processo de criminalização da pobreza, sendo a questão social abordada como uma questão penal.

Com o golpe jurídico e parlamentar de 2016 e a ascensão da extrema direita ao poder, os discursos de ódio e as medidas regressivas nas políticas públicas promoveram um acirramento da questão social e de suas expressões junto às mulheres, notadamente negras. Nesse contexto, tem-se um recrudescimento das políticas criminais e penais com o reforço do encarceramento em massa (FERNANDES, 2020). 

O Governo Bolsonaro foi marcado pelo negacionismo, discursos de ódio e medidas regressivas de direitos, bem como pelo desmonte das políticas sociais. A partir de 2020 tem-se o crescimento do desemprego estrutural, agravado pela crise do capital e pandêmica decorrente da Covid-19, que “contribuiu no sentido de complicar um contexto econômico e social que já se encontrava estagnado em termos de ações de promoção de equidade social” (IBGE, 2022, p. 70).

O número de pessoas em extrema pobreza, considerando os domicílios que recebem menos de US$ 1,9 PPC 2011 per capita, também registrou aumento entre 2020 e 2021, saindo de 5,7% da população para 8,4% (Tabela 2.19). Outro indicativo que retrata o aumento da pobreza no período foi o número de famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal - CadÚnico no qual, em janeiro de 2019, havia 12,9 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza (renda per capita até R$ 89,00) e, em janeiro de 2020, passou a, 13,6 milhões, ou seja, crescimento de 4,8%. Em janeiro de 2021, havia 14,0 milhões, o que correspondeu a aumento de 3,2%. Ao final do ano o número de famílias atingiu 15,7 milhões, ou seja, quase 2,7 milhões de pessoas a mais do que o ano anterior ao início da pandemia, variação de 21,2% entre dezembro de 2021 e janeiro de 2019 (IBGE, 2022, p. 70).

No primeiro semestre de 2020, ocorreu uma redução do registro policial de tráfico e de uso de entorpecentes, tendo havido uma “redução de -8,5%, saindo de 91.185 registros entre janeiro e junho de 2019 para 83.396 no mesmo período de 2020” (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2020, p. 28).

Em decorrência da permanência por mais tempo no espaço doméstico a violência contra mulheres aumentou durante a pandemia Covid-19, porém, houve uma queda nos registros diante do contexto pandêmico, “com exceção da violência letal contra as mulheres, que apresentou crescimento” (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2020, p. 39). 

Por outro lado, os núcleos familiares constituídos por mulheres pretas ou pardas provedoras, “sem cônjuge e com presença de filhos menores de 14 anos, também foi aquele que concentrou a maior incidência de pobreza: 29,2% dos moradores desses arranjos tinham rendimento domiciliar per capita inferior a US$ 1,90 e 69,5% inferior a US$ 5,50” (IBGE, 2022, p. 66).  Apesar da insegurança alimentar em 2021 ter sido reduzida quando comparada ao ano de 2020, “houve crescimento de 11,5% para 15,2% na proporção de domicílios com insegurança alimentar moderada e grave (de 9,0% para 15,5%). Em suma, a insegurança alimentar, que é o somatório de moderada e grave, passou de 20,5%, em 2020, para 30,7%, em 2021” (IBGE, 2022, p. 73).

Por sua vez, pode-se apreender uma intrínseca relação entre o encarceramento de mulheres, patriarcado e as diretrizes do capitalismo, considerando que as mulheres são os segmentos sociais mais afetados pela pobreza e extrema pobreza.

Os estados com maior número de mulheres encarceradas são: São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2020). Nesse contexto, há uma intrínseca relação entre capitalismo, patriarcado e cárcere, considerando que o binômio subalternização e opressão permanece dentro e fora do sistema prisional, com a estigmatização do gênero feminino, notadamente no tocante a seus direitos sexuais e reprodutivos, cujas desigualdades podem ser apreendidas no direito penal, considerando que o atual código penal vigente foi produzido no bojo de uma sociedade eminentemente machista, patriarcal e misógina.

Para Wacquant (2001) a lógica do encarceramento em massa da atualidade está articulada aos interesses do capital, com a gestão da pobreza e dos segmentos sociais sobrantes na ordem capitalista contemporânea.

No campo governamental, a Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional (PNAMPE), instituída pela Portaria Interministerial MJ/SPM n.º 210/ 2014, estabelece diretrizes para a reformulação do sistema prisional brasileiro no tocante às ações voltadas para mulheres em situação de prisão. (SÁ; FLORES, 2021).

O artigo 4º da PNAMPE prevê que a capacitação de profissionais dos estabelecimentos prisionais femininos, precisa contemplar matriz curricular com os seguintes temas: 1) “identidade de gênero”; 2) “especificidades da presa estrangeira”; 3) “orientação sexual, direitos sexuais e reprodutivos”; 4) “abordagem étnico-racial”; 5) “prevenção da violência contra a mulher”; 6) “saúde da mulher, inclusive mental, e dos filhos inseridos no contexto prisional”; 7) “acessibilidade”; 8) “dependência química”; 9) “maternidade”; 10) “desenvolvimento infantil e convivência familiar”; 11) “arquitetura prisional”; e l) “direitos e políticas sociais” (BRASIL, 2014, p. 8)

As referidas diretrizes contidas na PNAMPE apresentam aspectos importantes para se pensar de que forma as expressões da questão social afetam as mulheres encarceradas no contexto da reestruturação produtiva do capital e frente à adoção das diretrizes do neoliberalismo, considerando que atualmente são os segmentos sociais mais afetados pela pobreza, pela extrema pobreza e pelas violências.

O referido contexto amplia a questão social com profundos desdobramentos junto às mulheres em situação de cárcere, considerando que em conformidade com Iamamoto (2013, p. 332), o “capital financeiro impõe sua lógica de incessante crescimento, aprofunda desigualdades de toda a natureza e torna paradoxalmente invisível o trabalho vivo que cria a riqueza e os sujeitos que o realizam”. De modo que no contexto neoliberal atual o encarceramento de mulheres reproduz as desigualdades de classe, de raça/etnia e de gênero. 

Analisando o contexto social brasileiro atual, há uma significativa presença de “mulheres quilombolas, de terreiros, ribeirinhas assentadas, extrativistas, coletoras, marisqueiras, quebradeiras de coco babaçu, entre outras, que cotidianamente sofrem as ameaças dos deslocamentos forçados, frutos das alianças escusas entre Estado e capital” (AMORAS; COSTA; ARAÚJO, 2021, p 18). Cabe destacar ainda que as mulheres negras estão cotidianamente lutando por habitação, educação, saúde e emprego e renda.

A pandemia Covid-19 no Brasil trouxe significativos impactos para o sistema prisional com a adoção de medidas restritivas tendo em vista o controle da disseminação do novo Coronavírus nos referidos espaços. Ao tempo em que eram necessárias à preservação da saúde, as medidas emergenciais adotadas promoveram restrição a direitos, a exemplo da impossibilidade de visitas, dentre outras.

Conclusiones:

O recrudescimento das políticas penais no Brasil tem sido recorrente em tempos de crise do capital no Brasil com a adoção de tecnologias repressivas e o aparelhamento da máquina estatal para a repressão à classe trabalhadora.

A gestão da pobreza no neoliberalismo ocorre mais efetivamente por meio das políticas criminais, diante do desemprego estrutural e massivo, bem como da adoção de práticas de extermínio de jovens, pobres e negros.

Os resultados mostraram que o controle social exercido pelo Estado pela via da repressão visando a manutenção da ordem pública reafirma e aprofunda as desigualdades de classe, raça/etnia e gênero histórica e socialmente construídas na realidade brasileira. Assim, defende-se que as medidas de desencarceramento deverão ser efetivadas a partir de alterações nas legislações, bem como da implementação de medidas na execução penal. Para além disso, é preciso romper com o racismo estrutural e com a lógica punitiva que ensejam a segregação social a partir de processos de seletividade penal, que faz com que pessoas pobres e negras, moradoras das periferias urbanas sejam alvo constantes de abordagens, discriminação e criminalização.

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Palabras clave:

Estado. Encarceramento Feminino. Questão Social.

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Considerando o descompasso gerado pela não compreensão das diversidades culturais nos processos políticos e jurídicos estatais e partindo do pressuposto que as contribuições dos laudos antropológicos nos processos judiciais apontam novas possibilidades no sentido de superação dos obstáculos impostos pelo direito moderno à garantia dos direitos fundamentados nas diversidades, o presente trabalho propõe-se refletir de que forma os laudos antropológicos contribuem para a legitimação dos direitos desses sujeitos a partir da inserção de subsídios para que decisões jurídicas sobre as vidas desses grupos humanos respeitem ao máximo suas dinâmicas socioculturais.

Introducción:

Considerando o descompasso entre os direitos garantidos formalmente aos povos e comunidades tradicionais e a materialização dos mesmos por meio de ações estatais que demandem a garantia das identidades e territorialidades, os conflitos pela terra se revelam enquanto estratégia constante de ataque à reprodução social e cultural desses sujeitos por parte de setores da sociedade que atuam na defesa dos interesses econômicos baseados na apropriação e exploração das terras e da natureza e que, com o apoio do Estado, visam a imposição de um modelo conservador de desenvolvimento, sem espaço para as diversidades, assentado nos limites da noção de propriedade privada atribuída segundo os elementos coloniais e mercantis da modernidade.

Tamanha desproporção entre os direitos formalmente assegurados e sua aplicação no plano prático se dá em razão de dificuldades de diversas ordens, das quais se destaca a incapacidade do Estado, e do Direito enquanto seu instrumento normatizador, em compreender as identidades específicas dos povos e comunidades tradicionais e, consequentemente, em admitir e reconhecer as relações sociojurídicas provenientes do modelo identitário desses grupos, já que, tanto Estado quanto Direito são fundados na lógica da modernidade para garantir dois pilares: a propriedade privada, individual, exploradora da terra e da natureza com finalidade mercantil e os direitos do sujeito capaz sob os primados da Revolução Francesa. 

Essa incompreensão estatal resulta, de um lado, numa dinâmica de inconstância na implementação e desenvolvimento de políticas públicas eficazes para assegurar os direitos culturais e os espaços territoriais desses grupos, como, por exemplo, é caso das demarcações das terras indígenas que enfrentam um processo de morosidade decorrente da análise de conveniência de sua conclusão por parte do Poder Executivo, ficando os mesmos engavetados aguardando uma última assinatura por anos e anos ou, no caso das titulações territoriais quilombolas, o fato de terem passado mais de dez anos sem regulamentação, tendo sido em seguida regulamentadas por um Decreto que não possuía instrumentos adequados para realizar as titulações, depois por um outro Decreto que estabelecia de forma adequada os procedimentos reconhecendo as identidades e territorialidades quilombolas mas que, todavia, logo após sua  entrada em vigor foi constitucionalmente questionado permanecendo mais de dez anos sem uma decisão definitiva e portanto com seus efeitos submetidos a uma situação de insegurança jurídica.

Do outro lado, a referida leitura do Estado impacta no universo dos processos judiciais, nos quais o Poder Judiciário é provocado a solucionar controvérsias envolvendo de um lado esses sujeitos coletivos e do outro grandes corporações, latifundiários e grileiros que tratam a terra enquanto propriedade individual com função exclusivamente mercantil e a natureza enquanto recurso explorável para fins lucrativos o que, a partir sua perspectiva de incompreensão das identidades coletivas e das inadmissão da relações sociais e jurídicas decorrentes delas, resultam em decisões judiciais que não correspondem aos direitos culturais e identitários assegurados no texto constitucional, especialmente no tocante aos modos de apropriação da terra e da natureza no contexto das diversidades socioculturais que tais sujeitos apresentam. 

O judiciário, nesse sentido, é instância essencial para compreender a real aplicação dos direitos culturais e territoriais tradicionais uma vez que são nos processos judiciais que se apresentam os argumentos jurídicos do conflito entre o modelo de apropriação da terra e da natureza segundo as identidades e territorialidades tradicionais e o modelo conservador de desenvolvimento mercantil consolidado, que não proporciona espaço para os povos e comunidades tradicionais manifestarem os seus modos próprios de fazer, viver e criar. O Judiciário, portanto, acaba por funcionar enquanto instância definidora dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais, atuando entre as concepções de propriedade baseada nos direitos culturais, expressa por esses sujeitos e àquela fundada na concepção civil patrimonialista.

Pois bem. Levando em consideração os desafios elencados para a afirmação dos direitos culturais dos povos e comunidades tradicionais, em especial aqueles relacionados à proteção das territorialidades e, partindo do pressuposto que as contribuições da antropologia, sobretudo desde as categorias identidade, etnicidade, cultura e territorialidade, apontam perspectivas no sentido de superação dos obstáculos impostos à garantia dos direitos desses sujeitos quando são inseridas nas razões de decidir dos juízes por meio de provas periciais na forma de laudos antropológicos, o presente trabalho busca compreender de que forma os laudos antropológicos orientam a tomada de decisão nos processos judiciais relacionados aos direitos dos povos e comunidades tradicionais.

Desarrollo:

Buscando decisões e processos que tratassem diretamente da questão dos laudos antropológicos realizamos novas buscas, aberta e fechada, utilizando como parâmetro de pesquisa as expressões “laudo antropológico” e “perícia antropológica”, que retornaram um universo de ações mais reduzido e já direcionado ao problema da pesquisa.

Considerando os resultados que obtivemos na pesquisa fechada, alcançamos o universo total das ações a partir do qual se iniciou a análise: 228 ações/decisões referentes à categoria de busca “laudo antropológico” e 140 ações/decisões referentes à categoria de busca “perícia antropológica”, totalizando 368 processos/decisões diferentes analisados. 

Após análise temática, o total de ações/decisões que analisamos, considerando apenas aquelas que tratassem do objeto da pesquisa, os conflitos territoriais judicializados envolvendo povos e comunidades tradicionais e nos quais se fizesse referência aos laudos antropológicos, consiste em 253 ações/decisões.

Em relação ao povo ou comunidade tradicional envolvidos nos conflitos que fazem referência cada ação/decisão analisada, das 253 totais, 220 tem como sujeitos povos indígenas; 17 tem como sujeitos comunidades quilombolas e em 16 casos não foi possível identificar no análise da decisão qual povo ou comunidade se tratava. 

Para além dessas classificações mais técnicas, estabelecemos como estratégia de classificação das ações decisões a partir de cinco tópicos[1], dos quais se destacam dois: quanto à existencia ou menção da existencia de laudo antropológico na decisão/processo judicial e quanto à prevalência do direito de propriedade privada ou da tutela das territorialidades dos povos e tradicionais como resultados das decisões

Quanto à existência ou menção da existência de laudo antropológico na decisão/processo judicial, entre as 253 decisões analisadas identificamos que 164 decisões indicaram possuir laudo antropológico no processo ou entre o conjunto probatório mobilizado para a confecção da decisão; 66 decisões indicaram não possuir laudo antropológico no processo e 23 decisões apontaram não ter laudo antropológico reconhecendo a necessidade de produção para julgamento mais adequado da demanda apresentada.

Nesse sentido, as decisões/ações analisadas em grande maioria reconhece a essencialidade dos laudos na garantia dos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais. É o caso das decisões referentes ao Povo Indígena Pataxó (TI Coroa Vermelha) e aos Povos Pataxó e Tupinambá do Municipio de Pau Brasil.

Destacam-se dois elementos nas duas decisões supra que exemplificam o universo daquelas decisões/ações que possuem laudo antropológico no processo ou que reconhecem a necessidade deles para o adequado processo decisório: A primeira decisão, referente ao Povo Pataxó[2] estabelece o laudo antropológico como evidência suficiente para afastar as pretensões possessórias de terceiros e, portanto, nega o recurso que visava a Reintegração de Posse em desfavor dos indígenas. Por sua vez, a decisão referente aos Povos Pataxó e Tupinambá[3], ao anular a sentença reitengratória em desfavor dos indígenas, consigna a necessidade de produção de laudo uma vez que as territorialidades indígenas não podem ser definidas com base nos conceitos tradicionais de posse e propriedade do Direito Civil brasileiro.

No mesmo sentido, o trecho da decisão nos Embargos de Declaração citado na decisão em sede de Agravo em Recurso Especial no STJ, referente ao Povo Indígena Tremembé[4], aponta a essencialidade do laudo antropológico enquanto instrumento de garantia do direito fundamental de ampla defesa dos indígenas. A decisão estabelece a nulidade da sentença em função da não realização de laudo antropológico que ensejou o cerceamento do direito de defesa dos indígenas em questão.

No entanto, em sentido contrário, em caso envolvendo a Comunidade Indígena Xucuru/Kariri no Estado de Alagoas[5], o STJ reconhece as razões do tribunal de origem abaixo citado, para descartar cerceamento de defesa dos indígenas em função da não elaboração de laudo antropológico em Ação de Interdito Proibitório.

Destaca-se na decisão do STJ supracitada o reconhecimento da existência de estudo antropológico realizado pela FUNAI concluindo que a área em disputa se tratava de terra indígena e, mesmo assim, a prevalência da proteção do direito de propriedade individual em desfavor dos indígenas com fundamento no título cartorial que a autora da ação possuía até que o processo demarcatório fosse concluído. Apesar dos elementos fundantes dos direitos territoriais dos indígenas serem amplamente reconhecidos na decisão, conflitos dessa natureza acabam se perpetuando por anos expondo os povos e comunidades tradicionais às consequências de viver em zonas de conflito direto com aqueles que vislumbram expropriar suas terras.

Ademais, é interessante destacar a situação retrata nas duas decisões seguintes, que representam uma tendência que percebemos na análise dos processos: enquanto as decisões proferidas por juízos de instâncias inferiores demonstram uma tendência à negação da essencialidade dos laudos antropológicos, os julgados nas instâncias superiores resguardam o a necessidade dos laudos para a compreensão das dinâmicas territoriais dos povos e comunidades tradicionais.

Por sua vez, quanto à prevalência do direito de propriedade privada ou da tutela das territorialidades dos povos e tradicionais como resultados das decisões, entre as 253 decisões analisadas identificamos que em 116 decisões prevaleceram a tutela das territorialidades tradicionais enquanto em 81 decisões prevaleceram os direitos de propriedade privada das partes contrárias aos povos e comunidades tradicionais. Ainda, 56 decisões não atribuíam prevalência à propriedade privada e individual nem às territorialidades tradicionais e coletivas, mas se trataram de decisões interlocutórias com diversos temas, entre eles a necessidade de produção de laudo antropológico, o conflito de competência para julgar tal ação ou a necessidade de juntada de outras provas para que se fosse possível decidir.

Apesar de um número maior de decisões considerarem a tutela das territorialidade tradicionais frente aos direitos de propriedade individual, é necessário destacar que o universo das ações pesquisadas, em decorrência da metodologia de busca aplicada, só considerou as decisões judiciais referentes aos conflitos territoriais envolvendo povos e comunidades tradicionais que fizeram menção aos termos laudo antropológico ou perícia antropológica, categorias comumente invisibilizadas das decisões judiciais que visam assegurar prefencialmente a propriedade fundada no direito civil em detrimento das territorialidades dos povos e comunidades tradicionais.

De modo a exemplificar o universo das distintas fundamentações nas decisões em processos judiciais envolvendo povos e comunidades tradicionais em conflitos pela terra que ora asseguram os direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais ora os negam, destacamos quatro decisões, duas onde percebemos a prevalência da territorialidade coletiva de povos indígenas e quilombolas e outras duas onde os direitos territoriais desses grupos são preteridos em função de outros sujeitos que reivindicam a propriedade sobre terras tradicionalmente ocupadas.

Assegurando as territorialidades coletivas, as decisões referentes ao Povo Indígena Tupinambá de Belmonte[6] e à Terra Indígena Tupinambá de Olivença[7] se fundamentam no caráter originário dos direitos territoriais e às garantias constitucionais decorrentes do art. 231 da CF, merecendo destaque a motivação estrutural para garantia dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais que pondera que as terras indígenas e territórios quilombolas não podem ser compreendidas a partir das noções de posse e propriedade do direito civil moderno.

Por sua vez, as decisões que resultam na proteção da propriedade individual em detrimento das territorialidades tradicionais se assentam na necessidade de garantia dos títulos cartoriais mesmo nos casos de território tradicionalmente ocupado e ainda não demarcado ou sob o argumento de restrição da proteção das terras tradicionais em função da tese do marco temporal, com se aprofundará adiante. É o caso das decisões referentes ao Interdito proibitório em desfavor da Aldeia Pataxó Boca da Mata[8] e da Reintegração de posse contra o Povo Guarani[9].

A mobilização e sistematização dos arquivos contendo as ações e decisões judiciais enquanto campo de pesquisa, que consideramos à luz dos desafios à prática antropológica, avaliando, ainda, as implicações que o tratamento jurídico dos povos e comunidades tradicionais, o contexto da luta pela terra envolvendo esses sujeitos e as categorias em disputa, resultou na categorização das decisões e ações a partir de seis grandes áreas temáticas[10], que representam distintos e relevantes campos desde os quais é possível aprofundar a dinâmica e usos e aplicações dos laudos antropológicos nas decisões judiciais.

Nesse sentido, apresentamos e dialogamos a seguir com julgados que representam o universo das questões enfrentadas a partir das três áreas principais dentre as seis aprofundadas na tese, quais sejam: a utilização da tese do marco temporal para restringir a garantia das territorialidade tradicionais; a instabilidade nas áreas de conflitos agrários, com implicações à segurança e integridade dos povos e comunidades tradicionais; e as  reflexões acerca do trabalho do antropólogo enquanto sujeito no processo de elaboração dos laudos e perícias.

A respeito da tese do marco temporal, que se encontra em discussão atualmente pelo STF em sede do Recurso Extraordinário n. 1017365, que trata sobre a concessão de parte da Terra Indígena Ibirama LaKlãnõ (ocupada tradicionalmente pelos povos indígenas Guarani, Guarani Mbya, Guarani Ñandeva, Kaingang e Xokleng), destacamos a mobilização da tese do marco temporal em três casos do universo dos processos/decisões analisados, referente a conflitos envolvendo o povo Kaigang (TI Sêgu e a TI Boa Vista (Sul)) e o povo Guarani-Kaiowá (TI Dourados-Amambaipeguá I).

O caso referente à disputa da Terra Indígena Sêgu (povo Kaigang), trata de Ação de Reintegração de Posse[11] contra os indígenas, fundamentada na tese do marco temporal, apesar da defesa do povo indígena destacar tanto a incoerência da referida tese com as garantias constitucionais, da Convenção 169 da OIT e do Estatuto do Índio, quanto a necessidade de compreensão das territorialidades tradicionais para além do sentido de posse e propriedade dado pelo direito civil moderno.

Merece destaque o fato da decisão em desfavor dos indígenas, utilizando o critério do marco temporal, assinalar que não existem elementos suficientes para caracterizar a posse imemorial indígena.

Em igual sentido, a decisão referente a Ação de Demarcação[12] referente à TI Indígena Boa Vista (Sul), do mesmo povo Kaingang, se embasa na tese do marco temporal, aqui, particularmente, desconsiderando o processo histórico de conflito e expropriação das terras os quais passaram e passam os povos e comunidades tradicionais, não cabendo falar em esbulho do território tradicionalmente ocupado no caso de ocupação não efetiva quando da promulgação da constituição.

No caso do Mandado de Segurança preventivo em desfavor do iminente ato demarcatório da TI Dourados-Amambaipeguá I, dos mesmos povos Guarani e Guarani-Kaiowá, para além da fundamentação de descumprimento do marco temporal, tese amplamente utilizada em desfavor dos indígenas e retratada no julgado: “Portanto, é de clareza solar que a pretensa demarcação vai contra uma das condicionantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Petição n. 3.388/RR, qual seja, o marco referencial da promulgação da Constituição Federal em 05-10-1988, ou seja, que deveria haver nessa data aldeamento ativo para que pudesse ocorrer a demarcação”[13], merece destaque que o próprio ato decisório reconhece, baseado nas informações do laudo antropológico, o processo de expropriação pelo qual passaram os povos indígenas na região no início da década de 1980. 

A decisão, todavia, desconsidera esse contexto de conflitos pelos quais esses povos passaram em defesa de seus territórios e identidades que resultou na retirada forçada de suas terras, salvaguardando apenas o direito de propriedade dos não-indígenas com base na formalidade da não presença no espaço em disputa da data mágica da promulgação da Constituição: “No presente caso, o laudo antropológico apresentado pelo GTI, mais especificamente em suas fls. 347, afirma que as comunidades incluídas neste relatório estão fora das terras reivindicadas há mais de duas décadas, pois o processo de expropriação ocorreu até o início da década de 1980, o qual peço vênia para transcrever: 'Cabe esclarecer que as comunidades incluídas no presente relatório estão fora das terras reivindicadas há mais de duas décadas, pois o processo de expropriação ocorreu até o início da década de 1980.' Como se vê, no próprio laudo antropológico é reconhecido que os últimos indígenas saíram das terras que se pretende demarcar com o presente processo, no início dos anos 80”[14].

Outro tema central que destacamos a partir da análise dos documentos (processos e decisões) é a situação de instabilidade nas áreas de conflitos agrários, com implicações à segurança e integridade dos povos e comunidades tradicionais, como retratado envolvendo o povo indígena Pataxós em conflito com não indígenas na Ação de Reintegração de Posse referente à área reconhecida pelos índios como parte da TI Comexatibá.

No caso concreto, de um lado a decisão reconhece o justo título dos proprietários que reivindicam a Reintegração de posse. Outrossim, resta demonstrado e reconhecido pelo juízo, também, por meio de RCID realizado no âmbito do processo administrativo de demarcação, a ocupação tradicional do território em questão, não tendo sido, no entanto, concluído o processo administrativo demarcatório e homologada a TI em questão. A mobilização das categorias do laudo antropológico e, principalmente, a percepção do contexto conflituoso ocasiona, no caso concreto, a não garantia da reintegração de posse contra os indígenas, vislumbrando a insegurança e a desordem que resultaria da implementação da ordem reintegratória[15].

Outros casos semelhantes utilizados na decisão enquanto precedentes também relatam a existência dos conflitos e a tentativa, por meio das decisões judiciais, de consideração de estratégias para equacionar/não acirrar a conflituosidade entre indígenas e não-indígenas: “[...] O cumprimento da decisão, expulsando os indígenas de área que, segundo a Funai, tem estudo conclusivo no sentido de que se trata de terra tradicionalmente ocupada pelos índios, pode ter desfecho grave, ante a possibilidade de confronto violento entre os policiais e os indígenas, representando grave risco à segurança da comunidade indígena Tupinambá e para os agentes policiais”[16].

Por sua vez, os desafios e questionamentos acerca do trabalho do antropólogo no processo de elaboração dos laudos e perícias no âmbito do judiciário realizadas ao longo capítulo 3 se materializam, ganhando contornos práticos em três decisões, relacionadas ao povo Ikpeng da TI Roro Walu, ao Povo Kaingang do Morro do Osso e Comunidade Quilombola Santa Maria dos Pinheiros.

No caso envolvendo o povo indígena Ikpeng, o Sindicato representante dos interesses dos não-indígenas requer ao judiciário a suspensão dos trabalhos relacionados à produção de laudo antropológico no processo administrativo que tem como objeto a demarcação da terra indígena, alegando falta de isenção dos antropólogos designados, argumentando que os mesmos atuariam em defesa dos povos indígenas, requerendo “[...] a) informação sobre os nomes dos antropólogos que participam do processo administrativo, tendo em vista convênio firmado com a Associação Brasileira de Antropologia (ABA) com o Ministério Público Federal (MPF) para atuar em defesa dos interesses dos indígenas, tendo em vista a manifesta falta de isenção destes profissionais para atuar no processo administrativo”[17]. Os não-indígenas solicitavam, ainda, o direito de acompanhar toda e qualquer diligência realizada pelos antropológos com o intuito de supervisionar o trabalho e “não permitir” que fossem adotadas estratégias ou posicionamentos que supostamente favoreceriam o povo indígena. 

Outra dimensão desses desafios quanto ao trabalho do antropólogo é perceptível na decisão que julgava a necessidade de realização de perícia antropológica para instruir a disputa territorial envolvendo o povo indígena Kaingang do Morro do Osso. Aqui o juiz tece uma série de ponderações sobre o papel das provas periciais, defendendo a dispensabilidade da elaboração do laudo antropológico, revelando um posicionamento de que o conhecimento e instrumentos do campo jurídico estariam num status superior daqueles que possuem natureza antropológica[18].

Fechando os desafios relacionados a como o do trabalho do antropólogo é percebido nas ações judiciais, temos o caso da Comunidade Quilombola Santa Maria dos Pinheiros[19], que trata da nomeação de profissional de campo do conhecimento diverso da antropologia, distante até da área das ciências sociais como um todo, para a elaboração de uma perícia de natureza antropológica. O julgado, que relata a nomeação de engenheiro agrônomo para elaboração de laudo antropológico assevera que cabe a juiz a valoração quanto à qualificação, num flagrante contrassenso com as estratégias estabelecidas desde a redemocratização a partir da parceria entre o MPF e a ABA, registradas, inclusive na Carta de Ponta das Canas e no Protocolo de Brasília sobre Laudos Antropológicos

[1] Na tese se aprofunda o estudo dos processos analisados quanto: a) à existência ou menção da existência de laudo antropológico na decisão/processo judicial; b) quanto à abordagem da categoria identidade no texto/subtexto da decisão analisada; c) quanto à abordagem da categoria territorialidade no texto/subtexto da decisão analisada; d)  quanto à abordagem da categoria propriedade no texto/subtexto da decisão analisada e; e) quanto à prevalência do direito de propriedade privada ou da tutela das territorialidades dos povos e tradicionais como resultados das decisões.

[2] TRF1, Sexta Turma, Apelação Cível n. 0004614-83.2000.4.01.0000, Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues, Data da publicação 13/10/2009.

[3] TRF1, 4ª Turma suplementar, Apelação Cível n. 0001592-71.2001.4.01.3301, Juiz Federal Rodrigo Navarro De Oliveira, Data da publicação 18/07/2013.

[4]STJ, Agravo em Recurso Especial n. 453.294 – CE, Ministro Mauro Campbell Marques, Data de publicação 17/02/2014

[5]STJ, Recurso Especial n. 1.469.125 – AL, Ministra Assusete Magalhães, Data da publicação 24/04/2018.

[6]TRF1, Agravo De Instrumento n. 0064822-71.2016.4.01.0000, Relatora Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, Data de Publicação 13/04/2018

[7] TRF1, Quinta Turma, Apelação Cível n. 0000932-04.2006.4.01.3301, Relatora Desembargadora Federal Selene Maria De Almeida, Data da publicação 27/02/2014

[8] TRF 1, Sexta Turma, Apelação Cível n. 0003540-45.2006.4.01.3310, Relator Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Data de publicação 01/08/2011

[9] STJ, Recurso Especial n. 1.546.139 – PR, Relator Ministro Og Fernandes, Data da publicação 06/08/2019

[10] As seis grandes áreas temáticas se referem: a) ao uso textual de conteúdo dos laudos no texto das decisões judiciais; b) à utilização da tese do marco temporal para restringir a garantia das territorialidade tradicionais; c) à instabilidade nas áreas de conflitos agrários, com implicações à segurança e integridade dos povos e comunidades tradicionais; d) à exploração comercial em territórios tradicionalmente ocupados; e) às reflexões acerca do trabalho do antropólogo enquanto sujeito no processo de elaboração dos laudos e perícias; f) aos impactos que a morosidade dos órgãos públicos no processo de elaboração dos laudos antropológicos ocasiona na manutenção dos conflitos pela terra

[11] STJ, Recurso Especial n. 1559142, Relator Ministro Herman Benjamin, Data de Publicação 02/09/2016

[12]STJ, Recurso Especial n. 1.565.338/RS, Ministro Humberto Martins, Data da Publicação 21/03/2016

[13] STJ, AgInt no Mandado de Segurança N 22.918 – DF, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Data de publicação 17/04/2020.

[14] Idem, ibidem

[15] TRF1, Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo à Apelação n. 1000080-78.2020.4.01.0000, Relator Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Data de publicação 30/01/2020

[16] Idem, ibidem

[17] TRF 1, Agravo de Instrumento n. 0013691-91.2015.4.01.0000, Relator Desembargador Federal Souza Prudente, Data de publicação 06/06/2018

[19] (STF, Recurso Extraordinário com Agravo n. 926168/RS, Relator Ministro Dias Toffoli, Data da Publicação 09/11/2016)

[20]TRF 1, Quarta Turma, Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n. 0037298-51.2006.4.01.0000, Relator Desembargador Federal Ítalo Fioravanti Sabo Mendes, Data da publicação 03/08/2007.

Conclusiones:

A atuação do judiciário para a resolução dos conflitos pela terra envolvendo povos e comunidades tradicionais – sobretudo a partir do uso e da mobilização dos laudos  e perícias antropológicos –  evidenciou-se enquanto tema de grande complexidade considerando que as identidades e territorialidades desses sujeitos coletivos não são abarcadas pela racionalidade  predominantes no tratamento da terra, desafiando o Estado e o campo jurídico, sobretudo a partir da Constituição Federal de 1988, a compreender categorias como terras tradicionalmente ocupadas, direitos culturais, direitos territoriais originários e a colocá-las em prática, por meio de instrumentos que não são capazes de alcançar todas as dimensões desses direitos porque forjados numa outra lógica, a de garantir propriedade individual e para poucos sujeitos considerados “capazes”.

A assimilação dos direitos emergidos no processo de redemocratização, ao passo que garante avanço na pauta dos povos e comunidades tradicionais pois altera o paradigma de tratamento jurídico desses sujeitos, mesmo que numa perspectiva formal, esbarra na já mencionada falta de instrumentos jurídicos adequados para concretizá-los e, especialmente, tem como obstáculo os setores da sociedade que possuem outro projeto para o espaço agrário brasileiro que não contempla apropriação de terras para manifestação de identidade, culturas, tradições ou qualquer outra manifestação que não seja o lucro e que, até então, nunca se deparou com limitações do Estado e do direito para implementá-lo. 

Essa nova dinâmica inaugurada em 1988 intensifica os conflitos pela terra que representam, em última análise, o conflito em torno de duas perspectivas distintas de apropriação da terra e de sociabilidade no espaço agrário: de um lado estão aqueles que historicamente tiveram seus interesses contemplados pelo direito representando o projeto de desenvolvimento nacional contextualizado no modo de produção e acumulação capitalista sob os quais a apropriação da terra e da mão de obra necessária para o trabalho nela são consideradas exclusivamente para fins de exploração e obtenção de ganho financeiro, como é o caso da dinâmica de atuação dos latifúndios destinados à pecuário e agricultura no contexto do agronegócio, das mineradoras e dos empreendimentos hidrelétricos. Do outro lado estão os “novos” sujeitos que identificam a terra como espaço potencial de construção de sociabilidades que superam a exploração de mão de obra: identidades são estabelecidas e manifestam na relação simbiótica que as coletividades mantém com o território, no sentido de territorialidades.

Essa relação pressupõe que a terra é mais que um espaço de chão, mas o local onde se materializam as relações humanas e com a natureza: corresponde a um território, o chão mais gentes que constrói identidades coletivas e pertencimento. 

A simbologia que a noção de a noção de território carrega para os povos e comunidades tradicionais desafia as formas de propriedade estabelecidas pelo direito moderno e fundadas na perspectiva civil-individual-patrimonialista, impondo ao Estado a necessidade de, no mínimo, relativizar a estrutura jurídica desse instituto de modo a garantir os direitos decorrentes do art. 231 da CF e dos arts. 67 e 68 do ADCT. 

Os desafios de prática antropológica na produção de laudos e perícias relatados pelos antropólogos desde a Constituição de 1988, sobretudo aqueles sistematizados nos documentos de diretrizes como a Carta de Ponta das Canas (2000) e o Protocolo de Brasília (2015) foram percebidos no universo das ações e decisões analisadas, sobretudo aqueles relacionados à importância do laudo enquanto instrumento apresentação às decisões judiciais das categorias necessárias para compreensão das sociabilidades dos povos e comunidades tradicionais a partir de suas identidades e territorialidades próprias. 

Do universo dos conflitos pela terra analisados a partir das ações judiciais é possível considerar: a) quando o laudo antropológico é utilizado enquanto prova no processo judicial os direitos dos povos e comunidades tradicionais são, na maioria das vezes garantidos, substituindo alguns casos que, em decorrência de questões de ordem formal e processual eles são reconhecidos e ainda assim não são assegurados; b) os direitos territoriais são mais facilmente compreendidos nas decisões judiciais enquanto dimensão do direito de propriedade, mesmo que coletiva, não havendo uma leitura ou compreensão diretamente ligando territorialidades às categorias identidade, etnicidade, direitos culturais; c) uma estratégia dos grupos não-indígenas perceptível nas decisões (mesmo que na maioria das vezes não tenha sido reconhecida pelos julgadores) é a desacreditação do trabalho do antropólogo enquanto forma de atacar o produto do trabalho e, assim, ter garantidas as suas pretensões em prejuízo aos povos indígenas; d) a tese do marco temporal é o maior empecilho para a garantia das territorialidades tradicionais percebido no universo das ações e decisões analisadas, sendo o argumento de quase a totalidade das decisões contra os interesses territoriais indígenas e quilombolas.

Ademais, a partir das reflexões realizadas acerca da interface entre o direito e a antropologia e, principalmente, da consideração da antropologia jurídica enquanto um campo essencial de formação para os operadores do direito, é importante destacar a importância da renovação das diretrizes da educação jurídica para que cada vez mais, seja contemplada na formação dos estudantes de direito os olhares interdisciplinares desde as ciências humanas e sociais para a compreensão do fenômeno jurídico numa perspectiva mais adequada, resultando numa gênese de operadores do direito mais preparados para compreender as especificidades dos povos e comunidades tradicionais a partir de suas identidades e territorialidades, promovendo, organicamente, que os instrumentais desde esses campos do conhecimento como é o caso da antropologia com os laudos antropológicos sejam incorporados enquanto institutos e instrumentos do direito tão valiosos e respeitados como aqueles mais clássicos.

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Palabras clave:

Conflitos pela terra; Laudos antropológicos; Poder Judiciário; Indígenas e Quilombolas.

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