Resumen de la Ponencia:

El 20 de marzo de 2020, 9 días después de la que Organización Mundial de la Salud declarara el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, el Presidente de Argentina decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. La Ciudad de Buenos Aires, con sus más de tres millones de habitantes y otros tres que a diario ingresan de la homónima y lindante Provincia, inmediatamente se vio convertida en una ciudad fantasma. El temor social frente a las noticias que llegaban de Italia y una fuerte convicción gubernamental sobre las ventajas de la cuarentena hicieron que esta tuviese un acatamiento muy alto.

Para contribuir a la comprensión de algunas transformaciones sociales que se produjeron desde entonces, la investigación aborda el problema de cómo se modificaron durante la pandemia los delitos, las violencias y las detenciones en la ciudad. El problema de investigación incorpora como relevantes aspectos como cambios en la cantidad y en la composición de los delitos, en la evolución de diferentes formas de violencia como la de género y la institucional, en las características de las detenciones, y finalmente, en la gestión del encierro de personas en el marco de la propagación de un virus tan contagioso.

La propuesta metodológica es fundamentalmente cuantitativa. Para alcanzar los objetivos se han utilizado datos elaborados por actores del Poder Judicial (Ministerio Público de la Defensa y Ministerio Público Fiscal). Más allá del énfasis en lo cuantitativo, el análisis se complementa con una etnografía digital de las redes sociales de los mencionados actores. En un contexto de confinamiento, en donde estas se convirtieron en el canal por excelencia de comunicación entre el Estado y la sociedad civil, las redes constituyen una fuente ineludible para un conocimiento más acabado sobre lo social.

De esta forma se espera producir conocimiento sobre las transformaciones sociales ocurridas en Buenos Aires a partir de la irrupción del COVID-19 en materia de delitos, violencias y detenciones.

Introducción:

El siguiente trabajo se inserta en uno más amplio que desde el año 2017 tiene como objetivo realizar un seguimiento de la evolución de las detenciones en la Ciudad de Buenos Aires. El 2020, “el año de la pandemia”, es sin dudas un año excepcional en el que el COVID 19 y el confinamiento lo convierten en un objeto de interés particular, no sólo para esta temática sino para la Sociología en general.

Desde el inicio de este trabajo en las XII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires 2017 ha estado claro que el número de detenciones, así como su evolución, los delitos a las que están vinculadas y demás, no son un reflejo de la real conflictividad en la Ciudad. Por el contrario, en la ponencia presentada en aquel entonces, así como en 2018 en las X Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de la Plata (“Contraventores en el espacio público: de consumidores fallidos a personas privadas de su libertad[1]”), se hacía especial hincapié en la política criminal del Ministerio Público Fiscal, en el rol de los medios de comunicación y en las definiciones políticas de los problemas públicos, como aspectos claves a considerar en el porqué de unas determinadas detenciones, que en ese momento tenían como protagonistas a los “cuida coches” y a otros personajes erráticos del espacio público.

También conviene aclarar que este trabajo es sobre las detenciones en la Ciudad de Buenos Aires en las que interviene el Poder Judicial de dicha Ciudad. En otros términos, al día de hoy, agosto de 2020 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es en realidad plenamente autónoma, sino que está atravesando un largo proceso hacia esa realización. Esto quiere decir que hay ciertos delitos que tienen lugar en su territorio pero que son gestionados aun por el Poder Judicial de la Nación. Este ejemplo servirá de explicación. De acuerdo a datos del Ministerio Público de la Defensa, las detenciones en materia penal en 2017 fueron 703, mientras que en 2018 y 2019 ascendieron a 1734 y 8932 respectivamente. Ese aumento está relacionado precisamente a ese proceso de autonomía y no a una conflictividad diferente en la Ciudad. En esos años se lleva a cabo la transferencia de algunos delitos como los de Desobediencia a la autoridad, Lesiones y Narcomenudeo. 

Estos breves comentarios tienen por objeto recordar que los datos nunca son “datos de la realidad” sino que por el contrario son siempre una construcción.

   

Pandemia

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró a la epidemia de COVID-19 como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Su extensión por varios países y continentes derivó finalmente en su caracterización como pandemia el día 11 de marzo[2]. 9 días más tarde el Presidente de la República Argentina decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) para hacer frente a lo que se aproximaba como “una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes”[3].

En el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 297/2020 se concluye que en virtud de lo sucedido hasta entonces en Europa y Asia, para que la lucha contra el COVID-19 tuviese éxito era fundamental la oportunidad, la intensidad y el efectivo cumplimiento de las medidas adoptadas. La inmediatez del Decreto y las fuertes restricciones daban respuesta a los dos primeros puntos. Frente al tercero, el Artículo 4° establecía que ante al incumplimiento de las medidas, “se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal”. El 205 se refiere a quien viole las medidas adoptadas por la autoridad para impedir la introducción o propagación de una epidemia. El 239, de carácter más general, de refiere a la desobediencia a la autoridad.       

Se inicia entonces una experiencia histórica para todo el país y para la Ciudad de Buenos Aires. Las noticias que a diario llegaban, principalmente de Italia, y una fuerte decisión política, acompañadas de la amenaza de sanciones penales y económicas, hicieron que el ASPO tuviese un gran acatamiento. El Jefe de Gobierno de la Ciudad, opositor en términos políticos, adhirió en los primeros meses de la pandemia a la misma y acérrima defensa del aislamiento encabezada por el Gobierno Nacional.

En relación al delito, a las distintas modalidades de violencia social y a las detenciones, lo que sigue es un período de transformaciones donde fundamentalmente se agravan, y adquieren más visibilidad, problemáticas ya existentes.

 

Metodología

La producción, difusión y disponibilidad de datos estadísticos del Poder Judicial de la CABA lamentablemente, pese a los avances que se van registrando respecto a años anteriores, no han alcanzado aun el desarrollo que por lo menos como sociólogo uno quisiera del Poder Judicial de la ciudad más importante de la Argentina. Así es que prácticamente no existen datos desagregados por mes, de modo tal que uno pudiera analizar los distintos momentos de la pandemia. En ese marco será necesario entonces considerar al año 2020 como un todo, inclusive con los meses previos al confinamiento. Este, entre otros, es quizás el mayor obstáculo para una mejor aproximación al fenómeno bajo estudio y que tiene que ver justamente con las transformaciones sociales producidas a partir de la pandemia, con relación al delito, las violencias y las detenciones. 

No obstante, considero que es siempre un desafío intentar utilizar los datos disponibles -en la medida de lo posible-, y de algún modo contribuir así a la comprensión de la necesidad de mejorarlos. Por otra parte, soy agente de ese Poder Judicial por lo que lo considero una responsabilidad.

Hechas esas salvedades lo que haré es describir las transformaciones que se dieron en materia de delitos, detenciones y violencias durante el año 2020 en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de datos producidos por dos distintos actores del Poder Judicial local: el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal. Cabe aclarar, como otro importante déficit, que no existe entre ellos, ni con otros actores del Poder Judicial, una instancia de articulación que defina algunas unidades de análisis y variables básicas consensuadas por los distintos organismos. Eso va a impactar en los resultados mostrados.

De modo complementario hare una etnografía digital exploratoria a los Instagram de los mencionados actores judiciales para ir analizando a través de las redes sociales las transformaciones sociales ocurridas a partir de y durante la pandemia. 

[1] Disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.11468/ev.11468.pdf

[2] https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia

[3] https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-297-2020-335741

Desarrollo:

NOTA:

Más abajo se encuentran las Conclusiones del trabajo. Lamentablemente en Desarrollo se presentan únicamente los títulos de los apartados. Esto es así por la imposibilidad de cargar imágenes (gráficos y fotos) que, en el marco de un trabajo de análisis estadístico y de una etnografía digital, resultan imprescindibles para que el texto que las acompaña tenga sentido.

Buenos Aires durante la cuarentena - Casos penales y contravencionales en la Ciudad de Buenos Aires - Delitos ingresados - Contravenciones ingresadas - Detenciones por delitos - Detenciones, lesiones y violencia de género - Violencia institucional - Violencia doméstica y violencia de género - Etnografía digital 

Conclusiones:

Una primera conclusión que se desprende de los datos analizados es que durante el año de la pandemia la conflictividad en la que intervino el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires disminuyó. Obviamente sería un error concluir a partir de eso que también la conflictividad en la Ciudad bajó. El que existieran menos causas judiciales con indicadores de violencia doméstica y/o de género no significa que la situación de las mujeres haya mejorado durante la pandemia. Esta primera reflexión me parece oportuna para dejar postura respecto a los límites de los datos para comprender la realidad social. 

Pese a las fluctuaciones nominales y porcentuales de los distintos delitos y contravenciones, lo cierto es que los 3 principales en cada materia antes de la pandemia, siguieron siéndolo durante la misma, y en el mismo orden. Lesiones, Estupefacientes y Amenazas en materia penal, y Hostigar, Ruidos molestos y Cuidar coches sin autorización en materia contravencional.

Si contáramos con datos mensuales, sin dudas en los primeros meses Cuidar coches sin autorización no estaría entre los 3 principales, pero el hecho de que lo este considerando el año completo corrobora que las dinámicas fueron volviendo a ser similares a las pre pandemia.

El hecho de que pese a una fuerte caída en el número de casos judiciales, los casos por resistencia y desobediencia a la autoridad prácticamente se triplicaran es ilustrativo de esa fuerte voluntad política tanto nacional como local de que se respetara el aislamiento.

Que el delito/contravención que más haya caído fuese el de Uso indebido del espacio público -actividades lucrativas no autorizadas- cobra sentido si miramos las fotos del principio y que durante mucho tiempo fueron postales de la ciudad en pandemia. Y por supuesto considerando la amenaza del párrafo anterior. 

La incorporación al ranking de contravenciones vinculadas a la identidad digital de las personas es absolutamente comprensible en un marco donde la sociedad en su conjunto, sin distinción de clase o edad, se incorporó masivamente al uso de redes sociales, a la compra online y a la educación a distancia, por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, no debe perderse de vista la creación de una Unidad Fiscal Especializada en la materia justo antes de la pandemia como una variante más que haya contribuido a ese ascenso de casos, por ejemplo, a través de una mayor asignación de recursos, de la capacitación de los agentes encargados de investigar, de una decisión política de mostrar resultados, etc. En ese sentido las estadísticas oficiales pueden ser también una suerte de memoria de las instituciones.

Al igual que los casos judiciales, las detenciones también sufrieron un importante descenso durante el año de la pandemia. Sin dudas al haber menos interacción social disminuyen los motivos que pueden generar algunas detenciones. A modo de ejemplo, en una ciudad “vacía” es probable que haya menos casos de detenciones por Lesiones en riña o por Daños efectuados por gente bajo los efectos de estupefacientes o alcohol. Por otro lado, más allá de cambios en la conflictividad, cuestiones operativas pueden estar también explicando parte de esa caída, desde temor al contagio por parte de personal de las fuerzas hasta -como se vio- negativas de distintas instituciones para albergar más personas. 

La variación porcentual más importante en materia de detenciones estuvo dada por el incremento de las efectuadas por atentado y resistencia a partir del ASPO, y fundamentalmente en los primeros tiempos.

Las detenciones que fueron por Lesiones sufrieron un importante cambio en su composición, cobrando a partir de la pandemia mayor relevancia las que se dieron en contextos de violencia de género. La convivencia cotidiana en el marco del aislamiento agravó la situación de mujeres que ya eran víctimas de violencia de género y seguramente propició las condiciones para que nuevas mujeres lo sean, entendiendo a esa violencia como el corolario de una socialización previa en el marco de una sociedad machista. Y acá resulta importante insistir en que la pandemia agravó problemas ya existentes.

Tampoco la incapacidad del Estado para gestionar el encierro de las personas en condiciones aceptables resulta una novedad. 

En síntesis, hemos dado cuenta del impacto de la pandemia y del aislamiento en los delitos, las detenciones y algunas formas de violencia. Al mismo tiempo hemos insistido en que se trata de cambios producidos en la dimensión jurídica de la conflictividad y que esta no es un fiel reflejo de la conflictividad social, aunque sí, con salvedades, una buena forma de aproximarnos a ella.  

Bibliografía:

Ver NOTA en Desarrollo

Palabras clave:

Violencias - Pandemia - Aislamiento - Detenciones - Delitos   

Resumen de la Ponencia:

Vários fatores influenciam no aumento da violência, como a urbanização acelerada, que traz um grande fluxo de pessoas para as áreas urbanas e também contribui para um crescimento desordenado e desordenado das cidades. Colaboramos também para o aumento da violência contra as fortes aspirações de consumo, impostas pelo modelo capitalista de produção, em parte frustradas pelas dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Dessa forma, as causas da violência estão associadas, em parte, a problemas sociais como miséria, fome, desemprego. Mas em todos os tipos de crimes derivados de condições econômicas, como, por exemplo, a violência contra a mulher, que constituem uma das principais formas de violação de seus direitos humanos, tirando seus direitos à vida, saúde e integridade física. É estrutural para a desigualdade de gênero. Disso Alemão, Um Estado ineficiente e seus programas de políticas de segurança pública, contribuem para aumentar o sentimento de injustiça e impunidade. aplicação no sistema prisional brasileiro. A Lei de Execução Penal (LEP), de acordo com a Constituição e suas leis universais (educação, saúde, assistência social), prevê uma série de ações que devem ser utilizadas para a recuperação do indivíduo preso e sua posterior reinserção na sociedade. O objetivo deste trabalho é analisar as políticas públicas implementadas pelo Governo do Estado de Minas Gerais na perspectiva da ressocialização. Mas podemos apostar, segundo a literatura, que há uma série de erros na implementação dos pressupostos da LEP que causam diversas deficiências no sistema prisional brasileiro, dentre as quais podemos destacar: mau tratamento verbal ou de fato; superlotação prisional; falta de estrutura para o desenvolvimento da educação formal; falta de higiene; condições precárias de trabalho; precariedade de dois serviços médicos ou inexistência total; cuidados psiquiátricos precários; altas taxas de uso de drogas; abuso sexual; ambiente propício à violência A situação do sistema prisional em Minas Gerais e, de modo geral, no Brasil tem passado muito com a pandemia causada pela COVID-19. O precário isolamento social aumenta ainda mais a situação dos presos, pois éramos famílias, projetos sociais e projetos religiosos que subsidiavam tanto parte das questões materiais para os presos (alimentação, remédios, higiene pessoal, entre outros). Além disso, agravou-se muito a questão emocional, causando ou aumentando a violência nas prisões e os índices de suicídio.

Resumen de la Ponencia:

La Legua Emergencia es una población ubicada en el pericentro sur de Santiago de Chile en la comuna de San Joaquín. En esta población, la violencia estructural se comienza a gestar desde su fundación, con un Estado que entrega viviendas a partir del año 1949 a pobladores provenientes de conventillos, cités y poblaciones callampas (Jakel, 2004), solucionando varias realidades de muchas familias, pero a la vez perpetuando la miseria, al brindar viviendas precarias y prometer una vivienda definitiva a futuro. Este fue el inicio del historial de violencias desde el Estado, el que posteriormente se extendió durante el periodo de la dictadura militar. A finales de los 80’ y principios de los 90’, comienza a proliferar el narcotráfico, tomando terreno y protagonismo en la vida cotidiana de la población. Tras esto vino un fuerte aumento de la violencia, con disputas territoriales, riñas, balaceras, entre otras incivilidades, lo que motivó al Estado a iniciar desde 2001 una intervención socio policial en La Legua Emergencia. Esto marcó un hito en el que el Estado chileno y los distintos gobiernos, comenzaron a focalizar su política de seguridad en determinadas áreas geográficas, con el fin de reducir los niveles delictuales (Fruhling & Gallardo, 2012). Desde aquel entonces, se han destinado gran cantidad de recursos desde el Estado, y los distintos gobiernos han ido reajustando los objetivos, recursos y nombres de los planes. La intervención en La Legua Emergencia, que ha sido permanente, se ha llevado a cabo de forma ambigua por las instituciones a cargo, y ha sido profundamente policial a ojos de los pobladores/as (García-Campo, Delgado y Cortés, 2017).Esta investigación se planteó analizar el modo en que el accionar estatal, a través de sus políticas socio policiales implementadas en la población La Legua Emergencia desde 2001 en adelante, han configurado el espacio barrial, político y organizativo. Desde una posicionalidad de poblador de La Legua Emergencia, y con el fin de poder enriquecer la obtención de datos a través de mis experiencias y facilitar el acceso a informantes claves, decidí emplear una metodología cualitativa con perspectiva auto-etnográfica, en la cual me sitúo en mi rol de investigador/investigado para poder indagar de manera eficaz. Así, utilizando notas de campo auto-etnográficas,  entrevistas individuales y grupales a miembros de organizaciones locales, se ha observado que las políticas socio policiales implementadas desde el año 2001 en la población han fracasado rotundamente en cuanto a sus objetivos. Pero más importante aún, pese a la presencia policial permanente, ha existido una constante inacción de las policías frente a hechos violentos derivados del narcotráfico, lo que ha ocasionado que en momentos críticos, los pobladores recurran a prácticas de resistencia para poder manifestarse y detener la violencia generalizada. 

Resumen de la Ponencia:

En el presente trabajo, partimos de considerar a la (in)seguridad como una construcción social, específicamente, una particular experiencia histórica relacionada a la reproblematización de la cuestión del delito donde intervienen los medios de comunicación, las políticas públicas, las prácticas de las organizaciones de la sociedad civil y las prácticas policiales produciendo un régimen de verdad a partir del cual se organizan certezas, miedos, discursos y violencias. Por este motivo, interesa analizar, por qué, cómo y/o cuando se instala el problema de la inseguridad.En este sentido, es importante destacar que a partir de los noventa, en el contexto de profundas transformaciones neoliberales, se produce esta reproblematización que reduce la seguridad a la protección de personas y bienes, en espacios públicos y de visibilidad pública, contra aquellos actos que afectan la integridad física y la propiedad privada de los/as "ciudadanos/as" –quedando excluidos otros delitos. No obstante, esta reproblematización no solo recorta el problema de la (in)seguridad al problema del delito sino que también lo desborda en tanto incorpora elementos que no constituyen un delito pero afectan la seguridad de los/as “ciudadanos/as” en tanto se trata de conductas que afectan la tranquilidad pública y que son consideradas un preaviso de una futura conducta delictiva.La provincia del Neuquén no quedó ajena a esta reproblematización. La particularidad de Neuquén es que es el único distrito del país en el cual un partido provincial, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), se ha mantenido en el poder ejecutivo, ya sea por el voto popular o por cooperación activa con los regímenes de facto, desde 1963. El MPN ha logrado construir un esquema hegemónico que se explica, en cierta medida, por el hecho de que ha asegurado la estabilidad política y social a cualquier precio, ha sido el garante de la paz social, a través del disciplinamiento de buena parte de la clase trabajadora, con masas clientelares obedientes, un poder judicial incondicional y represión sin remordimientos. Por lo dicho hasta aquí, en este trabajo nos proponemos dar cuenta de los diversos discursos acerca de la (in)seguridad que se construyeron desde el partido-estado provincial (MPN) en el período 2000-2019 teniendo en cuenta las distintas facciones, planes de gobierno y políticas de seguridad que se sucedieron en esos años. Metodológicamente, el presente trabajo tendrá un carácter cualitativo ya que pone el acento en el análisis de documentos, tanto periodísticos como políticos, y de entrevistas en profundidad a funcionarios políticos del período de estudio. De acuerdo con el objetivo mencionado, el tipo de diseño será de naturaleza descriptiva.

Resumen de la Ponencia:

De acuerdo con el informe 2021 del Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), México mejoró en un 3.5% en 2020, tras cuatro años de fuertes aumentos en la violencia registrados entre 2015 y 2018. Las tasas de homicidio y delitos cometidos con armas de fuego alcanzaron su punto máximo en julio de 2018, y a partir de entonces disminuyeron gradualmente. Sin embargo, en 2020, 22 estados mejoraron, mientras que solo diez registraron deterioro. En ese mismo año, Baja California, seguido por Colima, Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato continuaron siendo los estados menos pacíficos de México, con tasas de homicidio de más de 64 muertes por cada 100,000 habitantes (IPM, 2021).             Por lo tanto, la violencia y la inseguridad es un fenómeno que ha alcanzado a nuestro estado. Durante marzo de 2022, el INEGI presentó en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, estimaciones sobre la percepción de la seguridad pública en la población de 18 años y más en zonas urbanas y refiere que el 85.7% de la población de la ciudad de Colima se siente inseguro. Este entorno de violencia preocupa particularmente a los ciudadanos de a pie y a las autoridades estatales, quienes en algún momento han referido que el incremento de los hechos delictivos se detona a partir de una riña registrada entre dos grupos al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO) de la ciudad de Colima a finales de enero del presente año. Ante este paisaje social se plantea como objetivo de estudio indagar la percepción de inseguridad que tienen los habitantes de la zona conurbada Colima- Villa de Álvarez. Se trata de un trabajo de tipo cuantitativo, donde la encuesta fue la técnica utilizada y el instrumento de observación y registro de datos fue el cuestionario en línea a través de la plataforma de google forms, con un tipo de muestreo aleatorio simple. Los resultados preliminares indican que el 23.3 % de la población se ha sentido amenazado/a por los hechos delictivos en su colonia frecuentemente, el 23 % menciona que ocasionalmente y el 11.9% muy frecuentemente, solamente un 25% rara vez y el 16.7% nunca. Esta sensación de inseguridad para el 55.5% de la población de Colima-Villa de Álvarez significa vivir con miedo, preocupación y zozobra, lo cual se ancla a la vulnerabilidad psicosocial.

Resumen de la Ponencia:

A partir del siglo XXI en México se ha vuelto más frecuente el surgimiento de diversas organizaciones ciudadanas que combaten a la delincuencia común y al crimen organizado, sobre todo en las regiones del país en donde se han deteriorado notablemente las condiciones de vida de las personas y la cohesión social. El objetivo de la ponencia es analizar la percepción que tienen las personas sobre las expresiones de defensa comunitaria como los linchamientos y los grupos de autodefensa, con el fin de conocer cómo se relaciona la legitimidad del Estado mexicano con la legitimidad de las organizaciones civiles que hacen frente a la criminalidad. Se propone como hipótesis que, en la medida en que la legitimidad de las normas, de los principios, de las instituciones y de las autoridades del régimen político disminuyen, será mayor la probabilidad de que las personas aprueben las distintas expresiones de defensa comunitaria configurándose como organizaciones legítimas para la ciudadanía. A través de una metodología cuantitativa de corte transversal se concluye que en México existe un proceso de reconfiguración de la legitimidad, es decir, no sólo hay una debilidad en la legitimidad estatal, sino que, en la medida en que ella disminuye, surge y se fortalece la legitimidad de algunas organizaciones no estatales. Situación que se ha manifestado en el ámbito de la seguridad pública, dicho de otro modo, en las labores que emprenden distintos actores políticos y sociales en busca de la protección de las personas y del restablecimiento del orden público.