Resumen de la Ponencia:
Hacinamiento, déficit habitacionales, dificultades en torno al acceso a los servicios y a las infraestructuras urbanas, inconvenientes para conseguir el ingreso diario y los bienes indispensables para vivir, entre otras cuestiones, son algunas problemáticas que presentan amplios sectores de la sociedad latinoamericana que les han impedido la satisfacción plena del derecho a una vivienda digna y a un hábitat saludable. En la defensa contra el COVID, estas situaciones se han convertido para la relatora especial de la ONU, Leilani Farha, en una condición de vida o muerte (ONU Habitat). La dimensión y gravedad de la crisis que ha desatado la pandemia configuran un contexto excepcional que necesita ser enfrentado con medidas urgentes al tiempo que exige también la promoción de una profunda revisión de las causas sistémicas que están en el origen de estas desigualdades (Habitar Argentina, 2020). En Argentina, desde distintos niveles estatales y actores gubernamentales, se elaboraron una serie de políticas vinculadas al hábitat para dar respuesta a los problemas emergentes y estructurales que dejó al descubierto la pandemia. Algunas de ellas resultaron satisfactorias, pero otras no. Esto último pudo deberse, entre otros factores, a la falta de coordinación entre los involucrados en las iniciativas, pero asimismo, al desconocimiento de la tradición habitacional y de las dinámicas que poseía el territorio donde fueron puestas en marcha, como así también de las necesidades de la población a la que iban destinadas y el rol de otros actores involucrados (ONGS, iglesias, etc.).Creemos que resulta necesario entonces profundizar las relaciones políticas entre diferentes actores gubernamentales y entre estos y la sociedad civil (Di Virgilio, et.al: 2021), cada uno con sus propios intereses, objetivos y lógicas de acción, en un territorio específico donde tienen lugar diversos procesos sociales, culturales, políticos, económicos y ecológicos particulares. En nuestro estudio, la ciudad de Bahía Blanca. La aplicación del concepto de redes de políticas resulta interesante al centrar la mirada en las transformaciones de las funciones administrativas del Estado. Esta visión pone el foco en la manera en la cual una variedad de actores situados en un laberinto de organizaciones públicas y privadas con interés en una cuestión en particular, se conectan unos con otros, intercambian ideas, recursos y negocian posibles soluciones a los problema (Zurbriggen, 2011). En el presente trabajo nos abocaremos al análisis cualitativo de las políticas habitacionales emanadas de distintos niveles del Estado y actores gubernamentales que se implementaron en tiempos de pandemia en una ciudad intermedia del sudoeste bonaerense de la Argentina para conocer ¿qué tipo de intervenciones estatales en torno al hábitat se propusieron en este contexto tan complejo? ¿desde dónde se impulsaron? ¿con qué intereses? ¿cómo se articularon intra y extragubermentalmente?
Introducción:
Ante la expansión del COVID 19 en la Argentina, desde distintos niveles estatales, instancias gubernamentales y no gubernamentales, incluso desde la propia ciudadanía, organizaciones empresariales e internacionales, cada uno con sus propios intereses, objetivos y lógicas de acción (Bertranou, et al., 2021), se coordinaron una serie de estrategias para dar respuesta a los problemas emergentes y estructurales vinculados a la vivienda y al hábitat. Como aclara Fleury (2002), la complejidad que han adquirido las cuestiones sociales, la diversidad de agentes y el conflicto de intereses existente, la creciente movilización de la sociedad civil en busca del respeto a sus diferencias, la tracción de un sector no gubernamental que se ha inmiscuído cada vez más en el campo de la participación y la ampliación de la acción social de las empresas, son factores que han impulsado y explicado el florecimiento de las redes de políticas sociales. Una variedad de actores, situados en un laberinto de organizaciones con interés en una cuestión en particular, se conectan unos con otros, intercambian ideas, recursos y negocian posibles soluciones (Zurbriggen, 2011).
Estas redes de relaciones interinstitucionales e interorganizacionales presentan una fuerte impronta territorial, con procesos específicos. Las acciones y tomas de posiciones de los sujetos sociales están situadas espacial y temporalmente, y suelen estar condicionadas por intereses y estrategias particulares de los demás grupos y actores locales (Chiara y Di Virgilio, 2017, p.77). Creemos que un análisis localizado, permite dar cuenta de esta situación. Según Pírez, detenernos en la red de actores y su trama, muestra la ciudad “desde el punto de vista de cómo suceden las cosas” (citado en Fleury).
En el presente trabajo nos abocaremos al análisis cualitativo de las políticas habitacionales emanadas de distintos niveles del Estado y actores gubernamentales que se implementaron en tiempos de pandemia en una ciudad intermedia del sudoeste bonaerense de la Argentina como Bahía Blanca. La perspectiva del análisis de redes que hemos elegido para abordar esta investigación, será aplicada en la identificación de los actores de esta problemática (incluídos y excluídos), sus objetivos, las conecciones/articulaciones entre sí y la naturaleza de las interacciones. Como es muy pronto elaborar un análisis del impacto, dado que algunas de ellas aún se encuentran en una situación preliminar, nos quedamos en una primera aproximación de su diseño e implementación.
Desarrollo:
Políticas de vivienda y hábitat durante la pandemia en la Argentina
Ante los primeros casos de COVID 19 en la Argentina, la recientemente electa fórmula presidencial de la coalición del Frente de Todos, realizó una serie de intervenciones en estas cuestiones. Para mitigar los efectos de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”- luego distanciamiento y confinamiento estricto -, elaboró una serie de instrumentos vinculados a la permanencia en los hogares (evitando el aumento de las personas en situación de calle, la prohibición de desplazamientos/ejecuciones por deuda) y- mejorando también las condiciones de hábitat (familiar y comunitario); la protección y asistencia barrial; y la integración socio urbana.
Respecto a la primera cuestión, desde el flamante Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat[1] (MDTyH), se estuvo trabajando en distintos ejes:
- Vivienda: abarcan la construcción de inmuebles nuevos; refacciones o ampliaciones; infraestructura básica; provisión de equipamiento comunitario y otorgamiento de créditos para el acceso a un lote con servicios. El Programa Federal Casa Propia (Resolución 38/2020), de junio de 2020, propone generar soluciones habitacionales de hasta 60 m2, a través de créditos a 30 años a tasa cero, asentada en lote propio (que no excedan un determinado monto ni estén ubicados en barrios cerrados y para hogares con ingresos que sumen por mes entre 1 y 8 SMVM). Además de favorecer el arraigo, persigue la reconstrucción económica, mediante la industria de la construcción (permitida a partir de mayo de 2020), al requerir mano de obra local y movilizar los negocios de proximidad de materiales e insumos. En julio de 2020, surgió el Programa Nacional de Reactivación y Terminación de obras de Vivienda, Infraestructura y Hábitat (Resolución 40/2020) en el marco del Plan Nacional de Vivienda. Los ejecutores pueden ser los Estados provinciales, municipales y organizaciones no gubernamentales (ONG) de reconocida trayectoria. El Programa Reconstruir, tiene como objetivo la reactivación y finalización de obras de vivienda que habiendo sido proyectadas, iniciadas o aprobadas desde 2016 al 2019, fueron paralizadas.
Para la realización de mejoras en edificios o locales de ONGs que realizan tareas de asistencia barrial y comunitaria, se impulsó el Programa Federal Argentina Construye (Resolución 53/2020). Articula no sólo con los gobiernos provinciales, locales y organizaciones de la comunidad, sino también con pymes, cooperativas, gremios, empresas de servicios públicos, mutuales, trabajadores independientes y autoconstrucción. Los Municipios, dado el conocimiento territorial que poseen por la proximidad al vecino, son los responsables de preseleccionar a las organizaciones comunitarias que se postulen y emitir una constancia de ejecución de la obras.
- Desarrollos urbanísticos con el objeto de brindar acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en el Procrear II.
- Lotes con servicios más construcción: generando suelo urbano de calidad para la construcción de inmuebles mediante créditos hipotecarios.
- El Programa Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial busca fortalecer las capacidades estatales de gestión del suelo. Se sancionó el Plan Nacional de Suelo urbano (Resolución 19/2020) para proyectar mecanismos de asistencia y apoyo técnico y promover la conformación y gestión estratégica de bancos de tierra.
Desde el Ministerio de obras públicas (en adelante MOP), a cargo de Gabriel Katopodis, se implementó en enero de 2020, el Plan Argentina Hace II, con el objeto de reactivar las economías municipales, generando nuevos puestos de trabajo (50% hombres y 50% mujeres) a través de un programa de infraestructura de ejecución rápida (acceso a los servicios básicos, consolidación barrial, puesta en valor del espacio público, infraestructuras para la recuperación de la matriz productiva, construcción de equipamiento social para el fortalecimiento de redes comunitarias y sanitarias) con mano de obra local. EL MOP administra, financia y realiza el seguimiento de los proyectos presentados por provincias y/o municipios, quienes se encargan de ejecutar las obras, además de convocar a trabajadores locales (que pueden incluir PyMEs y cooperativas radicados en los lugares de ejecución de los proyectos).
Respecto a la protección y asistencia barrial, en aquellas zonas donde abundaban las viviendas deficitarias que dificultan el distanciamiento, se contempló el aislamiento en el barrio más que en los hogares y se implementaron instrumentos orientados a generar mecanismos de asistencia y atención comunitaria. En este sentido, desde el Ministerio de Desarrollo Social (en adelante MDS)[2], se lanzó el 14 de marzo de 2020, el Programa “El barrio cuida al barrio”, en aquellos considerados populares[3]. A través de la acción de promotores comunitarios de la economía popular, proyecta profundizar los mecanismos de protección sanitaria y de ayuda alimentaria en comedores, para, según su responsable (Carolina Brandariz), lograr la cercanía del Estado y garantizar el mayor aislamiento posible en esos espacios (Página 12, 20 de julio de 2020). En una entrevista a Romina Selzer, Directora de Infraestructura Social de la Secretaría de Economía Social del MDS, deseó que "deje de ser una disputa entre recursos de intendencias y recursos de organizaciones, y que sea un recurso hacia la comunidad. Lo más importante que tiene el programa es este relevamiento que los municipios hoy no tienen porque no se meten en el barrio, porque no hay un seguimiento de esas problemáticas, de hecho, esconden bastante" (Proyecto Habitar, 2020). En una segunda etapa, prevé una línea de infraestructura social, con mejoras de merenderos, comedores y viviendas para acondicionarlos en función de las situaciones de distanciamiento.
El Programa de mejoramiento de viviendas en barrios populares se centra en la realización de obras para incrementar las condiciones de las mismas. Se ejecuta a través de organizaciones sociales y prioriza aquellas en las cuales, por hacinamiento, no se puedan realizar aislamientos y las personas estén en situación de riesgo.
Gran parte de las políticas de integración socio urbana en los barrios populares, son realizadas por la Secretaría de nombre homónimo, -en adelante SISU- anteriormente dependiente del MDTyH transferida a la órbita del MDS en octubre de 2020 (Decreto n° 804) y la recientemente creada Subsecretaría de Gestión y articulación de programas populares, dependiente de las Secretaría de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (MDS, 2021).
En octubre de 2018, mediante la Ley 27.453, el Congreso Nacional, había declarado de interés público la regularización dominial e integración socio urbana de los Barrios Populares y designado a la SISU y la Agencia de Administración de Bienes del Estado, como autoridades de aplicación. La totalidad de los bienes inmuebles donde se asentaban se catalogaron de utilidad pública y sujetos a expropiación, suspendiendo las acciones de desalojo por cuatro años. La implementación de los proyectos, se harán de manera conjunta con las provincias y el municipio. Para financiarlas, se creó mediante el decreto 819/2019, el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), puesto en funcionamiento los primeros días del 2021. La SISU también cuenta con Fondos Federales y un Préstamo Internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para acceder a los servicios públicos, prestaciones o realizar cualquier trámite en el Estado que requiera acreditación de domicilio, se estableció entregar a los habitantes de los barrios populares, el Certificado de Vivienda Familiar (Decreto 358/17), expedido por ANSES.
En el marco del COVID 19, con financiamiento del BID (4804 OC/AR), se impulsó el Programa de Integración Socio Urbana (PISU), dependiente del MDS, implementando Planes Barriales de Integración Socio Urbana (PIB), priorizando los del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), a través de la inversión en infraestructura básica y ambiental; obras de saneamiento y mitigación ambiental; conectividad de las familias mediante dispositivos de internet móvil; y el fortalecimiento de unidades productivas. El FISU financia proyectos presentados por cooperativas, asociaciones y demás organizaciones de la sociedad civil, provincias y municipios. Las unidades ejecutoras son las administradoras de los fondos y tienen a su cargo el diseño, la planificación y la ejecución de los proyectos.
También desde el MDS se aplicó desde octubre de 2020, el Programa Argentina Unida para la Integración de los barrios inscriptos en el RENABAP[4], contemplando la participación de distintos niveles de Estado, las organizaciones comunitarias y de los trabajadores de la economía popular, con un conjunto de acciones (integrales, participativas, con enfoque de género y diversidad) para incrementar el acceso a los servicios básicos, la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el tratamiento de los espacios públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad, la conectividad y el saneamiento. Presenta tres líneas de acción: a) Ejecución de Proyectos de Obras Tempranas (POT), complementarias y/o de asistencia crítica, b) Servicios vinculados a la formulación y elaboración de un Proyecto Ejecutivo General (PEG) para la integración socio urbana y, c) Implementación de un Proyecto Ejecutivo General (PEG) para Integración Socio Urbana. Las obras deben adjudicarse, en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular (integradas preferentemente por los vecinos de los mismos).
En ese Ministerio también se diseñó el Programa Mi Pieza, de asistencia económica para refacciones, mejoras y/o ampliaciones de viviendas en barrios del RENABAP. Destinada a mujeres que cuenten con el Certificado de Vivienda Familiar. Mediante un sorteo, las beneficiarias cobran primero el 50% del dinero y el restante, luego de validar el avance de la obra.
En la provincia de Buenos Aires, donde también recientemente había asumido la coalición del Frente de Todos, se tomaron medidas. En esta jurisdicción se habían creado el 11 de diciembre de 2019, -entre otros vinculados a la temática-, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad; el de Hábitat y Desarrollo Urbano (de la cual dependen el Instituto de la Vivienda y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana). Asimismo, el de Gobierno posee una Subsecretaría de territorio y desarrollo sustentable; asuntos Municipales y otra de políticas habitacionales.
Esta jurisdicción ya contaba desde 2012 con la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat (en adelante LAJH), que posee instrumentos para facilitar el acceso al suelo: elPrograma de Lotes con servicios; la promoción de procesos de producción social del hábitat; la integración socio urbana de villas y asentamientos. Establece además, la creación del Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos precarios (en adelante RPPVyAP); el fomento del crédito para la mejora del hábitat a partir de la creación del Fondo Fiduciario Público; el establecimiento de zonas especiales para la promoción del hábitat social en predios vacantes u ocupados; la participación de los municipios en las valoraciones inmobiliarias generadas por la acción urbanística; la conformación de consorcios urbanísticos entre organismos gubernamentales y privados. Ofrece herramientas para abordar la problemática de manera integral y los Municipios pueden adaptarla a su realidad.
Ante el avance del COVID, en coincidencia con algunas medidas similares tomadas a nivel nacional, en mayo de 2020 (en un principio hasta el 30 de septiembre de ese año, luego pospuesto hasta marzo 2021), se suspendieron en el ámbito de la provincia, la prórroga de los contratos, del pago en cuotas de las deudas, el congelamiento de los montos y la suspensión de desalojo por incumplimiento de los pagos (DNU 320/2020 y 319/2020)[5], en relación a los alquileres. También, los lanzamientos dispuestos en caso de ocupaciones, usurpaciones y/o tomas colectivas de inmuebles con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N°132/2020 (Ley 15.193); los desalojos y las ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales sobre inmuebles destinados a vivienda única y de ocupación permanente; también, las civiles o penales, en que la demandada fuera una unidad de producción cuya gestión se encontrara en manos de sus trabajadores (recuperadas), que hubieran resultado expropiadas.
Para atender el déficit habitacional, en septiembre de 2020, el gobernador presentó el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat para la construcción de viviendas nuevas, la reactivación de obras frenadas, el desarrollo de lotes con servicios, obras de mejoras habitacionales, proyectos integrales de urbanización en barrios populares y finalmente, viviendas y lotes como parte del PRO.CRE.AR. Busca asimismo regularizar 154.747 escrituras de forma gratuita y la coordinación de áreas anteriormente diseminadas, con la creación bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, de la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda y el Registro de Suelo Urbano.
A fines de julio de 2022, desde el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano se lanzó el Programa "Buenos Aires crea" para financiar a tasa cero 50.000 créditos del Instituto provincial de la vivienda para refacciones o ampliaciones de inmuebles de familias que acrediten ingresos registrados, por un monto de entre 1 y 5 SMVM (el ajuste de la cuota no puede ser superior al 25% de los mismos). Esta iniciativa no requiere de la adhesión municipal dado que cualquier persona puede anotarse vía la página web.
De todo lo expuesto anteriormente, puede concluirse que si bien antes de marzo de 2020 se habían realizado intervenciones (reorganización ministerial para mayor coordinación y la creación de organismos específicos), con el avance del COVID 19, se elaboraron nuevas iniciativas coyunturales, para paliar las medidas de aislamiento/distanciamiento/confinamiento (prohibición de lanzamientos y ejecuciones por deudas hipotecarias/locatarias, protección y asistencia barrial-comunitaria). Se acompañaron con otras no tan novedosas orientadas a resolver problemas de larga data (impulso a las construcciones y mejoras en la viviendas y de su entorno, créditos con diferente destino, planes de acceso al suelo, integración socio-urbana, regularización dominial. También se utilizaron herramientas normativas que ya existían (Leyes 27.453 y LAJH).
Particularidades de los procesos analizados en Bahía Blanca
Bahía Blanca es una ciudad media, ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que según el censo de 2010, poseía 291.327 habitantes. Es la cabecera del partido homónimo, que omprende además de Cabildo, las localidades casi adyacentes de General Daniel Cerri (con 6.745 personas) e Ingeniero White (con 10.398), estas dos últimas, consideradas en el Plan de Desarrollo Urbano de 1985, como parte de un mismo complejo urbano. En el presente trabajo, haremos referencia a esta conceptualización más amplia al mencionar Bahía Blanca. El Municipio ha sido gobernado por la fórmula de Cambiemos desde 2016 y luego de Juntos por el Cambio, a partir de 2019.
En Bahía Blanca, las intervenciones se enfocaron a cubrir necesidades alimentarias y sanitarias ante el COVID 19, más que a cuestiones vinculadas a la vivienda y al hábitat, que incluso antes de la pandemia eran preocupantes. Según el RPPVyAP, existen un total de 32 villas y asentamientos y el RENABAP, contabilizó treinta barrios populares.
Resulta difícil determinar la cantidad de familias que tienen dificultades para acceder al suelo y a la vivienda, ya que no existe un padrón actualizado de la demanda local. Por Ordenanza 15.598 se estableció en 2010 el Registro Único de Postulantes a planes y programas municipales, provinciales o nacionales de casas o terrenos en el partido, pero en 2015 fue cerrado por falta de oferta. En ese entonces, se habían anotado unas 10.951 familias. La organización poblaciones.org, en base al censo 2010, estableció un déficit del 27,6% para el aglomerado Bahía Blanca. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, se estima que la población inquilina en Bahía Blanca alcanza un 26% (Costa y Rosanovich, 2022), número muy significativo ante un promedio nacional de 18,86%.
Estas situaciones reflejan la necesidad de procurar acceso al suelo y a la vivienda. En 2016, el Concejo Deliberante adhirió a la LAJH (Ordenanza 18.675), con escasa implementación aún.
A partir de 2020 se produjeron ejemplos de toma de tierras en Bahía Blanca (Irisarri y Diaz, 2021). El Secretario de gobierno del Municipio, señaló que en cada una de ellas, la comuna procura garantizar la propiedad privada, no convalidando que se cometan delitos. Aclaró que los municipios no realizaban planes de vivienda, sino que es potestad de los gobiernos nacional y provincial (Frente a Cano, 3 de agosto de 2022), trasladando la responsabilidad a otros niveles del Estado y ciñendo la causa del problema a la falta de oferta de unidades habitacionales. Agregó que la generación de suelo urbano (por sí mismo o gestionando a niveles superiores), sí era facultad del Municipio. A principio de diciembre de 2020, la Dirección General de Planificación y Desarrollo Urbano de la comuna presentó el Programa Integral de Accesibilidad al Hábitat Urbano, con el objetivo de coordinar políticas, planes y programas de diversas áreas del Ejecutivo municipal y diferentes entidades, para procurar suelo. Varias de la propuestas ya existían, lo novedoso fue el acento que se puso en la articulación con otros niveles del Estado[6].
Respecto a los planes y programas implementados desde Nación a partir de la expansión de la pandemia, no todos llegaron a Bahía Blanca.
En relación a la vivienda, se sortearon unidades habitacionales en desarrollos urbanísticos del PROCREAR II, de las cuales 57 eran de Bahía Blanca. Ubicados sobre Sáenz Peña, entre Colón y General Arias[7]. En el marco del programa Reconstruir, se acordó la construcción de 162 viviendas, en terrenos de Villa Cerrito, donde se terminarán los complejos habitacionales más infraestructura del sindicato de barrio Luz y Fuerza – Etapa II, un plan habitacional que se llevó a cabo hace unos 10 años (La Nueva, 5 de octubre de 2021).
Vinculado a la reactivación Municipal y obras de infraestructura, se implementó el Plan Argentina Hace[8] con la ejecución de proyectos de pavimentación, desagües e iluminación para obras de consolidación barrial, que incluyen el reasfaltado de la avenida Colón (entre Estomba y Sixto Laspiur), la ampliación de desagües cloacales (en Barrio Thompson, Nuevo, Cabré, Barrio AMEF, San Miguel y altos de Palihue) y obras de agua (para Villa Miramar, San Agustín y San Miguel) y el recambio lumínico en varios sectores de la ciudad, con un presupuesto de 200 millones de pesos. Las acciones del programa “El barrio cuida al barrio”, no fueron permanentes en esta zona ni abarcaron todo el espectro de los populares. Se realizaron jornadas de actividades concretas en algunos puntos móviles, con charlas sobre la campaña de vacunación, de educación y violencia de género (InfoCabildo, 30 marzo 2021). Ninguno de los lugares donde se aplicó el PISU pertenece a este conglomerado[9]. Dentro del programa "Argentina unidad por la integración de los barrios populares", se planifica realizar cuatro POT en: Costa Blanca (Paloni), - próximo a conveniar-, Evita, Caracol y Tierras Argentinas. Los propios vecinos son los que plantean las necesidades a resolver, a través de reuniones con el gobierno local. La FISU es la encargada de financiar las acciones, el Municipio de gestionar y las cooperativas de ejecutar (aunque no están integradas por vecinos del lugar, porque en ciertos sitios no existen agrupaciones afincadas allí para realizar las tareas).
Se coordinó con la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la provincia, la entrega de escrituras como consecuencia de todos los relevamientos que se había ido realizando para la regulación dominial de los barrios Stella Maris, 17 de Agosto, Martín Fierro, Costa Blanca, Miramar, entre otros. Ante la imposibilidad que tenían los equipos técnicos de acercarse a la ciudad en tiempos de la ASPO, desde el Municipio se realizaron censos y expedientes de regulación en los mismos.
El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (en adelante CGPBB), ente público no estatal creado en 1993, cuyo presidente es representante de la Provincia, con el Plan White 2020/2030 de responsabilidad social empresarial, viene desarrollando y ejecutando intervenciones para fomentar la vinculación entre ese organismo y la sociedad. En lo habitacional, es el responsable de la ejecución de un programa de 100 microcréditos para mejoras en Saladero y Boulevard de Ingeniero White, trabajo conjunto con el seguimiento de la asociación civil Ser Comunidad y sociedades de fomento de ambos barrios. Se entregan materiales y se acompañan las obras a través de un equipo barrial de vivienda y también se brinda capacitación y asistencia de ingenieros[10].
La organización cristiana Hábitat para Humanidad está trabajando en el barrio Saladero junto con la cooperativa White Trabaja, confomada por vecinos del sector, en un POT destinado a la realización de 130 conexiones intradomiciliarias de agua corriente, 2000 metros lineales de veredas, arbolado y 38 tachos de basura[11].
La crisis hídrica que sufre la ciudad[12], ha suscitado una situación especial en Bahía Blanca, ya que la operadora de agua local (ABSA) no está otorgando la factibilidad de obra a ningún privado o colectivo de personas que lo solicite, sea o no para vivienda social, obstaculizando gran parte de estas iniciativas.
De los planes de provincia, durante el primer semestre de 2022 comenzaron a concretarse 200 mejoramientos habitacionales en algunos barrios del sector sureste de Bahía Blanca (Evita, Thompson, Spurr, Talleres Sur, Boulevard, Saladero, Más Barrios, Villa Rosario, Villa Esperanza, 1810, Villa Parodi, entre otros). También bajo el Programa provincial "Trabajar en Casa", para familias con déficit habitacional y sanitario que viven en los inscriptos en el RPPVyAP. Los beneficiarios son evaluados por Ser Comunidad (asociación civil sin fines de lucro que nació en 2004 con el objeto de promover acciones para lograr un hábitat popular digno y accesible para todos). La primera etapa consiste en un subsidio de $ 80.000 para cada familia (en plena ejecución) destinada a mano de obra y compra de materiales e insumos, seguida luego por el otorgamiento de otro similar, en calidad de microcrédito, para invertir en otras cuestiones[13]. El secretario de esta asociación, Diego Fonseca, comentó que “Estos 200 mejoramientos los bajamos en esa zona porque es donde contamos con cinco equipos barriales de vivienda, que trabajan en otro Programa que se llama Fondos Solidarios Rotativos de Materiales, que funciona junto a Cáritas Bahía Blanca y Acción Bahiense Comunitaria, desde el año 2001”, que recién en 2007 se concretó en una Ordenanza municipal[14]. En Bahía Blanca se anotaron más de 1000 inscriptos en el crédito Buenos Aires Crea.
[1] Conformado el 19 de diciembre de 2019 para ordenar en un solo organismo todas las decisiones relacionadas a la planificación del territorio y la mejora del hábitat. Desde noviembre de 2020 al mismo mes de 2022, estuvo a cargo de Jorge Horacio Ferraresi (actualmente es intendente de Avellaneda y el cargo nacional lo ocupa Santiago Alejandro Maggiotti) . El responsable anterior había sido María Eugenia Bielsa, quién renunció por críticas respecto a su falta de celeridad en la propuesta de soluciones ante problemas habitacionales que las organizaciones nucleadas en la Mesa Nacional de Barrios Populares el exigían (Elorza, 2019), cuestionamientos en torno al bajo nivel de ejecución del presupuesto asignado y su ausencia en la toma de los terrenos de Guernica, en el que las principales gestiones quedaron en manos de la Provincia, (Página 12, 12 de noviembre de 2020).
[2] A cargo de Juan Horacio Zabaleta desde agosto de 2021 hasta octubre de 2022 (retomó la intendencia de Hurlingham) por la renuncia de Daniel Arroyo quien asumió como Diputado Nacional. Actalmente conducido por Victoria Tolosa Paz.
[3] Según Decreto 358/2017.
[4] Creado en mayo de 2017 con el objeto de incrementar la información oficial a nivel nacional sobre la cantidad de barrios populares existentes, pobladores, inmuebles y construcciones; sus condiciones de vida y el acceso a los servicios básicos al 31 de diciembre de 2016 (por un decreto posterior se amplió hasta el 31 de diciembre de 2018.
[5] Con un intento regular la actividad para favorecer al inquilino, el 1 de julio de 2020, se puso en vigencia la Ley nacional de Alquileres (27.751).Al no tener los resultados esperados, sectores del oficialismo y de la oposición, están planteando modificaciones en el Congreso.
[6] https://noticias.bahia.gob.ar/2020/12/02/presentacion-del-programa-integral-de-accesibilidad-al-habitat-urbano/
[7] https://procrear-ii-abrio-la-inscripcion-para-el-sorteo-de-viviendas-en-bahia-n221253
[8]https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-bahia-blanca-y-monte-hermoso-katopodis-anuncio-obras-viales-de-agua-y-saneamiento
[9] www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/financiamientointernacional/pib/proyectos
[10] https://puertobahiablanca.com/novedades/el-puerto-de-bahia-blanca-trabjara-junto-a-ser-comunidad-en-el-mejoramiento-habitacional-ingeniero-white.html
[11] https://hpha.org.ar/es/integracion-del-barrio-saladero/#
[12] Si bien se trata de problema histórico de la ciudad, se agravó en el verano 2021 por falta de obras.
[13] https://www.delabahia.com.ar/doscientos-mejoramientos-habitacionales-para-fami
[14] https://www.bahia.gob.ar/2017/03/10/quedo-inaugurado-el-barrio-ser-comunidad/
Conclusiones:
Los problemas vinculados al hábitat y a la vivienda, incluso antes de la pandemia, ya eran complejos, al punto que las organizaciones internacionales, las sociales, las ONGs, los Estados (en todos los niveles) y demás colectivos, ya venían planteando la necesidad de abordarlos y buscarles alternativas de solución. La pandemia imprimió urgencia a este proceso.
En distintos niveles del Estado y organismos, junto con otras organizaciones e instituciones, se elaboraron y pusieron en práctica una batería de instrumentos para hacer frente a esta problemática con una fuerte impronta territorial, que en cada espacio o ciudad presentó sus singularidades. Algunas fueron novedosas y otras no tanto. Para diseñarlas y ejecutarlas, se conformaron redes, que en un principio parecieron ser coyunturales, pero que en presente, se están consolidando más allá de la pandemia.
Como son muy incipientes estas intervenciones, predominan las relaciones de articulación, vinculación, ejecución. Los conflictos detectados no son tan numerosos aún: cambios de conducción de ministerios por presión de las organizaciones sociales, aumento de ingerencia del Estado nacional, pérdida de atribuciones del local, aparición de nuevos actores con poder, falta de controles de las interacciones, focalización de las intervenciones en un sector social difícil de identificar (“Popular”, “territorial”, “Trayectoria comprobada”). Si no hay mayores precisiones, esto último, más los criterios de selección de los destinatarios/ejecutores, creemos que generará mayores conflictos, investigación que emprenderemos en el futuro.
Las redes de relaciones interinstitucionales e interorganizacionales que se conformaron en Bahía Blanca, presentan una impronta territorial debido a la forma tradicional de intervención del Estado, la falta de agua, la intervención del CGPBB, la baja participación social en temas de hábitat, la poca capacitación y existencia de cooperativas en algunos barrios y el escaso involucramiento aún de las universidades.
Bibliografía:
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Palabras clave:
Redes de políticas habitacionales- pandemia- Bahía Blanca
Housing policy networks - pandemic - Bahía Blanca
