Resumen de la Ponencia:

Las policías en México realizan la mayor parte de su trabajo de “combate al delito” a partir de detenciones en condiciones de flagrancia. Acerca de estas detenciones distintas fuentes de información señalan problemas sistemáticos de arbitrariedad, uso excesivo de la fuerza, tortura o incomunicación. En este contexto, las audiencias iniciales del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en la Ciudad de México (CDMX) podrían ser una instancia de rendición de cuentas que inhiba en alguna medida los aspectos más negativos de estas prácticas de detención policial. Sin embargo, los pocos estudios sobre estas instancias en México y otros países de la región las presentan, en general, como una validación más o menos automática del trabajo policial. Para conocer cómo y en qué casos se determina la legalidad o ilegalidad de la detención policial en las audiencias iniciales del sistema penal de la Ciudad de México, analizo la información recabada por la observación de 776 audiencias de control de la CDMX, y de 45 entrevistas a jueces, defensores y fiscales. Tomo la teoría de las preocupaciones focales para analizar la interacción de los operadores jurídicos en las audiencias a partir de tres factores: el interés de todos los actores por mantener el flujo regular de audiencias, la orientación de los jueces en sus decisiones considerando la “protección de la comunidad” y la “peligrosidad” del detenido. El primer factor subraya las limitaciones de tiempo y organización, por lo que el centro de información sobre la que se debate la legalidad de la detención son solamente las narrativas de los fiscales a partir de los reportes policiales. En consecuencia, las narrativas serán cuestionadas en las audiencias por los defensores privilegiadamente en dos circunstancias: a) cuando la narrativa comete “errores” en su apego al guion de las normas sobre la flagrancia, b) cuando por características propias del tipo delictivo el relato “típico” se vuelve muy poco verosímil. Sin embargo, estas críticas serán mucho más efectivas en la decisión final de los jueces cuando se trata de delitos de menor importancia de acuerdo a la política criminal del gobierno de la ciudad (factor de protección a la comunidad), y si corresponden con “categorías de personas” que como señala el tercer factor, no son vistas como “peligrosas”. Se analizan la información y las hipótesis con una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. 

Resumen de la Ponencia:

A mediados de la segunda mitad del siglo XX, la interpelación del pasado con respecto a las violaciones de los derechos humanos cometidas sobre la responsabilidad del Estado fue una preocupación de varios países. Con eso, se estructuran algunos caminos para el tratamiento de la cuestión, anclados en el Derecho Internacional globalizado. Las situaciones afrontadas en cada país y conducidas por los instrumentos de los Derechos Humanos forjaron nuevos instrumentos para afrontar esta cuestión, en un creciente proceso de comprensión de los derechos, involucrados y modelados por una jurisprudencia acerca de la violación de los derechos humanos. Al menos desde la década de 1980, antes de haber sido cuñado el nombre Justicia Transicional, Brasil, así como los demás países de Latinoamérica que pasaron por dictaduras cívico-militares, tuvo que lidiar con los llamados “escombros” o “legados” de la última dictadura cívico-militar (1964-1985), cuyo marco en Brasil fue la Ley nº. 6.683/1979, a saber, la Ley de la Amnistía. A pesar de las limitaciones de la ley, algunas iniciativas fueron tomadas por la sociedad civil con relación a la memoria de la represión a los casos de asesinatos y desapariciones no investigados. La movilización de los grupos de familiares de ex-prisioneros o desaparecidos políticos ocurrió aún durante la dictadura. Los Familiares y ex-perseguidos se organizaron en diversas entidades y asociaciones por el país, como, por ejemplo, el Grupo Tortura Nunca Más (GTNM) (cf. COIMBRA et al, 2002). Otras entidades como la Asociación Brasileña de Amnistiados Políticos (ABAP), en 1995, Asociación de los Torturados em la Guerrilla del Araguaia (ATGA), en 2005, también nacieron en este proceso. Pero fue solamente en 2012 que el Estado brasileño cambió su posición sobre el tema, con la creación de la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo declarado fue el de “examinar y aclarar las graves violaciones de los derechos humanos [...] a fin de efectivar el derecho a la memoria y a la verdad histórica y promover la reconciliación nacional (BRASIL, 2014). Al ser constituida oficialmente, la Comisión Nacional de la Verdad contestó tardíamente una exigencia fundamental del proceso de  redemocratización que continuaba inacabado en Brasil. Con eso, empieza un nuevo momento de disputa acerca de la Memoria, Verdad y Justicia en el país. Mi objetivo en este trabajo es analizar tales conflictos y los modos por los cuales ellos revelan las limitaciones y las contradicciones internas de lo que podríamos llamar de Justicia Transicional en Brasil. Enseñaré que tales reflexiones pueden contribuir para la comprensión del momento actual por lo cual pasa el país cuyo contexto de ascenso de ideas fascistas, definidoras de los resultados de las elecciones de 2018, llevó al comando del Executivo un candidato de extrema derecha.

Resumen de la Ponencia:

Hacia fines del siglo pasado, diversos países de la región, así como estados provinciales en aquellos con regímenes de organización política federal, avanzaron hacia la incorporación de modelos de enjuiciamiento acusatorio. En términos normativos, este viraje implicaba dotar de centralidad a las partes y posicionar al juez como un tercero imparcial. En términos organizacionales, los procesos reformistas avanzaron más lentamente, a la vez que incorporaban disciplinas ajenas al derecho y más vinculadas con la gestión. Sin embargo, los vínculos entre la ciudadanía y la justicia penal evidencian niveles de desconfianza inéditos. De tal manera, el problema de investigación de esta ponencia intenta indagar en la confianza que la ciudadanía posee sobre los tribunales penales en una jurisdicción particular de la Argentina que evidenció una reforma procesal penal de gran magnitud en el año 1998.  Nuestro objetivo, por tanto, consiste en analizar la confianza en los tribunales penales de la Provincia de Buenos Aires por parte de la ciudadanía, determinadas por una serie de elementos demográficos y rasgos actitudinales vinculados con el problema de la inseguridad.Para abordar nuestro problema de investigación, utilizaremos los micro-datos de la Encuesta Nacional de Victimización de 2017, por lo que nuestras unidades de análisis son aquellas personas mayores de dieciocho años que habitaban en la Provincia de Buenos Aires al momento del relevamiento. A partir de la elaboración de un modelo de regresión logística binomial, concluiremos que la probabilidad de confiar en la justicia penal entre la población de la Provincia de Buenos Aires aumenta cuando consideran que la inseguridad no es un problema grave de sus ciudades, a la vez que la falta de confianza de esas personas con la justicia penal incide según sus posicionamientos actitudinales en relación al problema de la inseguridad y aspectos individuales, tales como la edad, el género y nivel educativo.

Resumen de la Ponencia:

Ante la crisis generalizada de personas desaparecidas que se vive en el país resulta fundamental conocer los alcances y limitaciones en los procesos para la búsqueda e investigación penal. Cuando alguien desaparece, los familiares emprenden múltiples esfuerzos para encontrarlos en condiciones de vida o de presunto fallecimiento. En tanto, la legislación en materia de desaparición establece la obligación a las autoridades correspondientes a realizar las diligencias necesarias y emitir criterios para la búsqueda, localización y desarrollo de las investigaciones. Esta contribución explora los vínculos y repertorios de interacción entre el Estado y la sociedad en la búsqueda de personas desaparecidas. En el texto se analizan al menos tres repertorios de interacción ocurridos en los últimos 10 años. En el primero destacan las protestas y la presión directa de los familiares sobre las instancias de gobierno para hacer más directos los procesos de búsqueda y mantener vigente la memoria colectiva de miles de personas ausentes. El segundo modelo sobresale a partir de la política de proximidad (cabildeo o lobby), en tanto que el tercero abarca la participación institucionalizada. Estos dos últimos repertorios han operado a manera de colaboración concreta entre  actores sociales y estatales, como en el caso de la elaboración de la Ley General en Materia de Desaparición.Este trabajo se fundamenta en el modelo teórico-metodológico de la relación Estado-sociedad. En la perspectiva relacional se apuesta por la realización de análisis centrados en la sociedad y el Estado como actores mutuamente constitutivos, que transforman la realidad social (Garza y Durán, 2019). Es decir, la relación recíproca entre instituciones estatales y actores sociales ocurre mediante procesos que influyen y son influidos por diversas instancias políticas a lo largo del tiempo (Gurza Lavalle et al., 2019). Con estos estudios se busca una mayor compresión de las formas de interrelación que se construyen en las instituciones políticas y en la esfera de los actores sociales organizados, ya que su interés analítico es más operativo y situado en el contexto que normativo y homogeneizador. En los enfoques relaciones no existen unidades estables, sino relaciones dinámicas entre actores que se desenvuelven en contextos específicos (Dagnino, 2006; Hevia, 2009).Bajo el enfoque relacional se estudian los repertorios de interacción entre actores sociales organizados y actores estatales con el propósito de comprender tanto las prácticas contenciosas que envuelven este tipo de acción colectiva como las dinámicas de colaboración  que se establecen entre el Estado y la sociedad ante la grave problemática de la desaparición de personas y la exigencia de su búsqueda.

Resumen de la Ponencia:

Esta investigación se enmarca en un proyecto que tenía como objetivo analizar el clima de opinión resultante de la red social digital Twitter sobre un caso de delito de cuello blanco acontecido en Chile denominado Caso Penta.El Caso Penta o Pentagate es el nombre que recibe una serie de irregularidades y delitos cometidos por el grupo empresarial Penta, que incluyeron vínculos corruptos con una serie de políticos de la derecha chilena. Para este análisis, se recolectaron más de 300.000 tweets en un periodo de 5 años y se analizaron bajo una modalidad mixta que incluyó modelamiento de tópicos semi-supervisado y análisis de contenido. Entre los resultados, destaca un marcado cuestionamiento a la esfera judicial de Chile, que es caracterizada por poseer un carácter corrupto. Todos los actores e instituciones internas involucradas en su funcionamiento (fiscalía, abogados, jueces) participan de este sistema dependiente de los vínculos estrechos que existirían con políticos y empresarios, de modo tal que se constituirían dos tipos de justicia: una al servicio de los poderosos que solamente reciben sanciones administrativas tales como disculpas públicas, clases de éticas y/o multas ("la justicia para los ricos") y otra que castiga a sus ciudadanos con castigos ejemplificadores, que se resumen principalmente en excesivas penas de cárcel ("la justicia para los pobres"). 

Resumen de la Ponencia:

En Argentina, con la Reforma Constitucional de 1994 los derechos económicos sociales y culturales (DESC) fueron reconocidos como derechos constitucionales. Sin embargo, la dificultad para garantizar su cumplimiento, además de madurar la discusión en el campo del Derecho respecto de su exigibilidad y judicialización, ha abierto los límites para pensar el problema desde una perspectiva interdisciplinar.Así es que, el Acceso a la Justicia, considerado como el primer derecho para hacer efectivo un reclamo, es susceptible de caracterizar como un problema híbrido y sobre el cual, la sociología jurídica tiene algo para decir.En este escrito, se presenta la dificultad en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia como un problema de igualdad que condiciona la accesibilidad al sistema administrativo de justicia. Para ello, se considera el modo en que la composición del capital global (Bourdieu,1998) y la posición en la estructura social (Bourdieu,1998) intervienen como barreras invisibles que afectan la exigibilidad y la eventual judicialización de un derecho social vulneradoCon el objeto de reflejar el problema, se recurre al análisis de correspondencia múltiple ACM) a partir de un estudio de caso de ciudadanos que han presentado un reclamo  DESC ante la Oficina de la Defensa Pública, en un Municipio de la provincia del Chubut, en Argentina, durante el período 2016-2017.     

Resumen de la Ponencia:

el camino del reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales: mejores prácticas jurídicas internacionales para la inscripción en el Registro del Estado Civil de menores sujetos a doble maternidad o doble paternidadAutoras: M.Sc. Daile Simón RomeroDra.C. Mercedes de Armas AlonsoResumenLas presentes reflexiones se derivan del acercamiento de un equipo de investigación del Centro de Investigaciones Jurídicas (CIJ) del Ministerio de Justicia a las mejores prácticas existentes a nivel internacional en relación con la inscripción en el Registro del Estado Civil de menores sujetos a doble maternidad o doble paternidad. Se tomó como premisa la idea de que la identificación de estas prácticas podría servir de referente para las transformaciones que están acaeciendo en la legislación cubana sobre el particular.Se tratan asuntos teóricos relativos a la temática y se esbozan los principales presupuestos metodológicos tenidos en consideración en el proceso investigativo. 

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia es resultado de un estudio científico  realizado por las investigadoras para identificar criterios de los jóvenes cubanos acerca de la trata de personas en Cuba en los momentos actuales,  partiendo de considerar este fenómeno como una problemática relativamente joven  en el país,  además de que la percepción del riesgo es muy baja entre la población juvenil en general. Se tomó como premisa la idea de que este conocimiento podría servir para concienciar a la sociedad y avanzar en su abordaje al tratarse de una flagrante vulneración de los derechos humanos y de ahí la necesidad de comprender sus causas originadas muchas veces  en situaciones de desventaja social y fragilidad de las víctimas. 

Resumen de la Ponencia:

O presente resumo refere-se a apresentação do recorte exploratório da pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Sociologia (UFRGS), a qual busca analisar a constituição do tipo social inimputável, o louco-criminoso, em processos de execução criminal no Rio Grande do Sul, Brasil. Neste momento, busca-se analisar os caminhos jurídicos e psiquiatricos percorridos pelos sujeitos, ou caminhos pelos quais esses sujeitos são lançados para serem inimputáveis. Tem-se como objeto de análise os processos, então, os caminhos são rastreados e conjugados aos caminhos dos processos de execução criminal, analisando-se onde, como e quais atores, não só do campo jurídico, movimentam-os e contribuem para a formação desse tipo social. Considera-se que os sujeitos inimputáveis do Brasil experenciam e são constituídos de uma forma específica, que se relaciona a trajetória sócio-histórica do país, padrões colonialistas de dominação. Isso está estreitamente ligado a um tipo de justiça, a uma psiquiatria que se constitui e segue recomendações universais, para sujeitos universais – especialmente da universalidade forjada no norte do globo. Cabe perguntar, quem é esse tipo social, esse louco-criminoso? Como ele é produzido? Em que momento e de que forma o inimputável se constituí, toma forma, diagnóstico, sentença e destino, dentro desse espaço-tempo dos processos? As análises preliminares  trazem à pesquisa uma gama de atores envolvidas na sentença-diagnóstico, indicando uma constante movimentação das partes envolvidas no processo, indissociavelmente da limitação dos papeis - físicos e virtuais -, ou seja, a constituição do ininmputável nesta realidade específica dos processos. 

Resumen de la Ponencia:

En el siglo XX, ha surgido fuertemente una corriente teórica y de políticas públicas que versan sobre el supuesto poder que tiene la cárcel para corregir, educar y reformar a las comúnmente denominadas personas desviadas. La prisión se ha entendido, mayoritariamente, desde una perspectiva instrumental en donde la cárcel aparece como una institución que cumple funciones sociales más allá del sentido retributivo de pagar la pena sobre el delito cometido. La historia latinoamericana parece tener en sus cimientos una serie de condicionantes tales como el pasado colonial, las oligarquías fundantes de los Estados Nacionales, el patronazgo laboral, el caudillismo, que parecen ser fenómenos separados entre sí pero están entretejidos por un proceso en constante devenir. El presente trabajo se interesa por estudiar el fenómeno de la prisión corporal en latinoamérica, a través del prisma de la desigualdad común que se encuentra en la región. El primer territorio de la política, es el cuerpo, y en este sentido la privación de la libertad supone un tema relevante de estudio para la sociología. El debate sobre los supuestos desvíos sociales no deja de ser importante, en una actualidad en la que la construcción del otro aumenta y las poblaciones penitenciarias siguen la misma tendencia al alza. A su vez, pareciera haber un crecimiento del populismo punitivo y esto, acompañado a una interesante legitimación fundada, muchas veces, en discursos científicos.  Se pretende estudiar de forma comparada este tema a la luz de los ultimos acontecimientos, centrando especial interes en la politica penitenciaria Latinoamericana en Chile y Costa Rica, puntualmente.  

Resumen de la Ponencia:

Os dados oficiais sobre as relações de emprego no Brasil expõem as características da categoria “trabalho” na sociedade neoliberal. Em meio à pandemia, em 2020, eram mais de 50 milhões de trabalhadores sem garantias trabalhistas, à margem da legislação social (BRASIL, 2020). Apenas 43,9 milhões dos trabalhadores possuíam vínculos formais (seja no setor público ou privado) (BRASIL, 2020). A criação de mecanismos para afastar os requisitos da relação de emprego, a pressão social causada pelo desemprego e precariedade, alinhada a um discurso neoliberal, tornam o campo jurídico palco de inúmeras lutas simbólicas que determinam a amplitude e a abrangência do próprio Direito do Trabalho. Com o objetivo de impor os discursos e regras dominantes (BOURDIEU, 2011), o tema da regulamentação do trabalho ocupa um lugar central nas discussões sobre o mundo do trabalho e o futuro do direito do trabalho.As posições na luta simbólica travada no campo jurídico relacionadas à (des)regulamentação do trabalho e, especialmente, quanto à caracterização das relações de emprego, determinam o “monopólio do direito de dizer o direito” (BOURDIEU, 2011, p. 212). O que está em jogo nessa luta simbólica instaurada no campo jurídico é, portanto, não apenas a regulamentação do trabalho e a caracterização da relação de emprego, mas a própria existência e alcance do direito do trabalho a uma grande parcela de trabalhadores informais, por conta própria ou “empreendedores” da sociedade neoliberal.O objetivo dessa proposta é discutir novas metodologias e apontar alguns resultados preliminares de uma pesquisa doutoral acerca das lutas simbólicas pela (des)regulamentação do trabalho na sociedade neoliberal. Utilizando-se da teoria social de Pierre Bourdieu, adotou-se inicialmente a metodologia bibliográfica e documental, com via descritiva e exploratória, onde já é possível explicar, interpretar e analisar qualitativamente algumas correntes teóricas que impactam na legislação trabalhista brasileira. Os resultados preliminares apontam que na sociedade neoliberal, a intensificação das disputas simbólicas pela desregulamentação das regras trabalhistas, especialmente através dos critérios e elementos legais – e tradicionais - da relação de emprego, como é possível observar pelas recentes mudanças na legislação trabalhista brasileira, implementadas a partir de 2017, geram, no campo jurídico, incertezas e indecisões, alterando o alcance das regras protetivas. Com isso, a instabilidade no campo jurídico ocorre em razão das lutas simbólicas travadas por grupos distintos que disputam o poder da hegemonia do discurso dominante (BOURDIEU, 2011, 2014). REFERÊNCIAS:BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011a.___. Sobre o Estado: cursos no Collège de France (1989-92). Editora Companhia das Letras, 2014.BRASIL, IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. PNAD Contínua do segundo trimestre de 2020. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?edicao=28690&t=resultados. Acesso em: 11 set. 2020.

Resumen de la Ponencia:

RESUMEN:  El progreso en el campo de las ciencias sociales ha generado modelos de intervención social disruptivos, gracias a ellos se han podido crear técnicas y métodos que hacen frente a problemas como la violencia familiar. Entre los modelos más significativos destaca el sistémico, caracterizado por la multidisciplinariedad, complejidad de abordaje y resolución de conflictos recurrentes entre los ciudadanos e instituciones que forman el sistema social. Por ello, la presente investigación tiene como objetivo determinar cómo la regulación jurídico-educativa de la socioterapia sistémica puede intervenir en la comprensión y resolución de la violencia familiar; por tal motivo, se formuló un estudio no experimental de enfoque mixto, cuyos instrumentos fueron; en primer lugar, la encuesta, aplicada a 100 personas que sufrieron violencia entre los años 2017 – 2019; en segundo lugar, la entrevista, realizada a 10 expertos en la materia. Los resultados mostraron que existen altos índices de violencia familiar, con énfasis en la violencia psicológica y un notable aumento de violencia física en los últimos años. Finalmente, se probó que el modelo sistémico es eficiente; por ende, el Perú debe propiciar un marco que comprenda la dimensión jurídica y educativa, en aras de prevenir, promover y solucionar problemas de la violencia familiar.Palabras clave: Socioterapia sistémica, violencia familiar, regulación jurídica, educación.

Resumen de la Ponencia:

La ponencia discute el rol de dos instituciones, el Ministerio Público y de la Defensoria Pública, en la defensa de los derechos humanos y sociales de las personas que viven en situación de calle en Brasil, analizando ejemplos de su acción en algunos estados. Son identificados algunos acontecimientos que tuvieren gran repercusión nacional y provocaron inflexión en el tratamiento del problema en el país. El “vivir em calle” recibe tratamiento como un problema urbano, social y de derechos humanos. Sin embargo, no es raro que sea también apuntado como problema de seguridad pública. En muchas ciudades del país se observan frecuentes tensiones entre el poder público municipal y las instituciones del sistema de justicia. Dichas instituciones actúan por vías judicial y extrajudicial en relación a la implementación de politicas públicas dirigidas a la población de calle, sea en el control de irregularidades o presentando recomendaciones técnicas al poder ejecutivo. Ellas son invitadas a participar en los concejos intersectoriales de políticas para las personas en situación de calle. Además, mantienen canales para recibir demandas de las personas y de las organizaciones de la sociedad civil respecto al tema.

Resumen de la Ponencia:

Las transformaciones locales operadas en el Perú, entre el 2011 y el 2021 están relacionadas con el auge mundial de las materias primas, que ha supuesto no sólo un aumento feroz de la explotación de los recursos, sino también movilizaciones y resistencias en todo el Sur Global.  Estas movilizaciones y resistencias han dado lugar a la aparición de nuevas subjetividades y conexiones entre diferentes actores sociales, incluido el Estado. Y no solo se dan transformaciones territoriales, institucionales, sino también modificaciones en los ritmos y estilos de las inversiones, como sucede con la expansión de la minería informal y sus nuevas dinámicas en los andes.Con esta investigación busco comprender las resistencias locales, que son parte de la resistencia a la expansión minera global, analizando específicamente la dinámica de una comunidad campesina a la expansión de la minería informal poniendo atención a su vinculación con el Estado, con las comunidades y distritos aledaños, las organizaciones de riego y, también sus propias disputas internas. Para ello analizo las negociaciones que se dieron entre los actores sociales, en el contexto de un conflicto social por la defensa de las cabeceras de cuenca de la provincia de Andahuaylas, región Apurímac, en los Andes centrales del Perú.  Elijo estudiar las acciones posteriores a una protesta, enmarcada en un conflicto social denominado por las organizaciones sociales de Andahuaylas como “Paro agrario por el agua”. El periodo de estudio es el comprendido entre los años 2011-2018, periodo en el cual se mantuvo la “mesa de negociación” y en el que se dan transformaciones sociales, económicas y políticas importantes por el crecimiento de la minería informal en la provincia. En este estudio enfoco mi atención en las negociaciones y la reconfiguración de las relaciones entre los actores sociales vinculados a la gestión del agua de riego ante la expansión de la minería informal en las comunidades altas de la provincia, las comunidades campesinas Lliupapuquio y Huancabamba. Mi hipótesis es que en este proceso de negociaciones y de transformaciones territoriales, esta comunidad consolida su papel de resistencia. A través del caso de Lluipapuqio, describiré cómo a pesar de su remota ubicación geográfica logra ser un lugar simbólico y real de resistencia que impulsa a otros actores a resistir. Este tipo de comunidades tiene un posicionamiento privilegiado al ser los “propietarios” de la cabecera de la cuenca más importante de esta provincia quechua. La resistencia activa derivada de las luchas río arriba contra el extractivismo puede mostrar las experiencias vividas de primera mano por las personas que se enfrentan a la destrucción de sus medios de vida sostenibles. La suma de las luchas locales en estas pequeñas y remotas zonas cambia el panorama general de la gobernanza medioambiental global. 

Resumen de la Ponencia:

Ese trabajo es fruto de dos años de una investigación de doctorado iniciada en 2020. Los argumentos teóricos están basados en la lectura de bibliografía, como también en el de trabajo de campo virtual en los años de 2020 y 2021 por la atípica situación de pandemia que vivimos y posteriormente in locus, realizado en Tapachula, Chiapas, frontera sur de México, en el según semestre de 2021. Dicha investigación es en líneas generales sobre las migraciones internacionales en Brasil y México, en especial las tensiones y posibilidades entre las personas migrantes y sus migraciones y los Estados nacionales y sus políticas migratorias.Se hace un análisis de la Ley de Migración de México aprobada en 2011 y regularizada en 2012, cuyo eje central es la preservación de los derechos humanos y descriminalización de la migración dicha “irregular”. Analizar la ley en sus detalles, vocabulario y ambigüedades es importante para entender como el país piensa la migración y cuales mecanismos se propuso a crear para su gestión. Ese ejercicio juega luz al trabajo de campo y datos construidos posibilitando así pensar las prácticas políticas e institucionales, sean las políticas migratorias derivadas, la organización de la burocracia estatal o las prácticas cotidianas de los actores que encarnan la ley. Existe en México, principalmente en sus zonas de frontera, una serie de violaciones sistemáticas de derechos humanos como ya muy bien documentado por investigaciones, que ponen en cuestión no apenas el discurso del país sobre la migración, como también la propia idea de “derechos humanos”, una vez que las vulnerabilidades que se atribuyen a las migraciones no son intrínseca a la migración per se, sino que suceden por una serie de razones y decisiones que pasan por racismo, colonialismo interno, intereses y relaciones de poder.  Por otro lado, desde el propio acto de migrar y vivir, y desde los diversos activismos que existen alrededor de la migración, es posible pensar otro fundamento para los derechos humanos. La dimensión propuesta es la del “cuerpo humano”, en el principio mismo de su variedad orgánica y biológica, presupone la diferencia y diversidad sin necesidad de homogeneizar o categorizar como nacional de determinado país a una persona, permitiendo así ampliar la posibilidad de garantía de no violación de los derechos humanos de las personas. De esa forma intentase contribuir con las discusiones sobre derechos humanos y su materialización en la vida, aquí y ahora. 

Resumen de la Ponencia:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como máximo tribunal en México y cabeza del Poder Judicial cuenta con la importante función de ser el árbitro en materia constitucional que la centra en un papel importante en el mecanismo de frenos y contrapesos y protección de Derechos Humanos. La configuración actual del Poder Judicial de la Federación deriva de la reforma promulgada en diciembre de 1994 por el presidente Ernesto Zedillo dada en el contexto de liberalización política y transición hacia la democracia. En este trabajo se estudian los aspectos y características que comparten las personas que han ocupado u ocupan el cargo de Ministra o Ministro de la SCJN, en el periodo de 2005 al 2020, y cómo éstas influyen en la forma de votar del juzgador constitucional frente a casos relativos a los Derechos Humanos. Para ello, se utilizan dos bases de datos: la primera, que describe la trayectoria académica y profesional de quienes han ocupado el cargo en el periodo señalado; y, la segunda, donde se recogen los votos de cada jueza o juez en los asuntos que la misma Corte considera como Sentencias relevantes en materia de Derechos Humanos; de tal forma que se busca una relación entre formaciones y trayectorias distintas y la forma en que entienden el derecho, ya sea de manera formalista/positivista o pro Derechos Humanos.

Resumen de la Ponencia:

En esta ponencia se aborda el sentido, composición y esencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, con el objetivo de establecer su especial atención a las víctimas del conflicto, orientada al esclarecimiento de la verdad y la garantía de la no repetición. Desde allí, se realiza un exploración de las providencias que ha emitido la JEP en el caso de la Unión Patriótica (UP), el cual es uno de los asuntos relacionados con el conflicto que permiten evidenciar el alcance en su apuesta por la protección de los derechos de las víctimas. Esto se lleva a cabo con base en el garantismo constitucional de Ferrajoli, que se proyecta como un modelo de derecho y de Estado de Derecho que permite la protección de los derechos fundamentales desde la primacía de la constitución. Esta propuesta teórica se configura como un paradigma que permite analizar el alcance de la JEP en el reconocimiento de derechos de las víctimas de la UP.

Resumen de la Ponencia:

 O presente artigo busca analisar a construção da rede de relações no âmbito da Câmara dos Deputados em torno da votação da PEC n° 171/1993, conhecida como PEC da redução da maioridade penal. Tanto a metodologia utilizada na pesquisa como o pressuposto epistemológico têm ênfase nas abordagens relacionistas sobre a teoria social. Recorremos ao uso de análise de rede de relações a partir do aplicativo GEPHI, para criar sociogramas e reestruturar imageticamente o fenômeno observado. O procedimento da pesquisa documental múltipla também se fez presente na captura de dados em jornais, revistas e no Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados. Concluiu-se que recursos de capital social, a partir de “motores” da centralidade de intermediação, foram usados em potência, confirmando a premissa de que laços frágeis podem ser decisivos em determinado tecido social.A atuação de um novo estamento da política consistiu em um dos principais vetores para a consolidação de pautas relevantes debatidas no Congresso Nacional durante o biênio 2015-2016, compreendendo inclusive o processo de impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. Um dos temas mais explorados no curso da 55ª Legislatura foi o da redução da maioridade penal[1], discutida no âmbito da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 171/1993, que tramitava há vinte três anos apenas na Câmara dos Deputados. Nos anos de 2015 e 2016, referida Proposta se tornou um dos temas mais tratados na Câmara e no debate público.  A presente pesquisa tem por hipótese a concepção de que os temas de segurança pública e regulação moral forjaram um debate público amplo durante os anos 2010. Esse movimento de publicização das pautas do Congresso é um importante marcador na vida política do país, principalmente no que se refere à ampliação de campos ideológicos —vide os grupos conservadores de direita que, por algumas décadas, foram tachados de  “direita envergonhada”, segundo Madeira e Tarouco (2010).Parte desse movimento de crescimento quantitativo e ampliação do debate de pautas da direita é, em grande medida, abordado como onda conservadora. Entretanto, há pesquisadores, como Marcio Moretto (2019), a sustentar que esse fenômeno não tem o caráter de uma onda, mas, tão somente, de uma reação frente ao crescimento das demandas de movimentos sociais protagonizados no início dos anos 2000. Compreender tais fenômenos citados e as suas respectivas interpretações implicou reconstruir a teia de relações que modificou o tecido da política brasileira, ao menos sob o ponto de vista das bandeiras e discursos. [1] Cabe acrescentar que a proposta foi reprovada na primeira votação e mesmo assim voltou a votação em menos de um mês. Esta questão será explorada no curso do texto. 

Resumen de la Ponencia:

La sociología recientemente ha puesto atención a instituciones y estructuras que, tradicionalmente eran objetos de estudio de la ciencia política o el derecho. El estudio del derecho constitucional en la sociología ha significado, sin embargo, que la atribución de control judicial (judicial review) y las instituciones que detentan dicho poder, las cortes constitucionales, no han sido teorizadas de forma adecuada. Esta atribución otorga la posibilidad de declarar inconstitucional una norma creada por el poder legislativo, o bien suspender su aplicación en casos concretos. La literatura atribuye a esta atribución un carácter contramayoritario, donde poderes no elegidos (jueces) pueden derogar un acto creado por poderes electos. Tradicionalmente, se ha entendido que el control judicial es un acto puramente fundado en motivos jurídicos, donde la corte no se pronuncia mas que en términos formales sobre la coherencia respecto a la constitución de un acto legislativo.Proponemos entender el control judicial yendo más allá de la contraposición entre poderes representativos y contramayoritarios. Sostenemos que, desde un punto de vista sociológico, esta atribución debe ser entendida como un acto de político-judicial que sustrae de la deliberación política ciertas decisiones políticas. Las decisiones de las cortes deben ser estudiadas como actos de traducción de intereses políticos y económicos al lenguaje jurídico. Esta atribución judicial crea un espacio de relaciones donde se vinculan élites políticas, legales y económicas, a fin de hacer circular los intereses de los afectados. Este argumento se desarrolla mediante una estrategia comparativa, abordando dos cortes constitucionales que poseen una trayectoria política disímil pero que conducen a resultados sociológicos similares. La Corte Constitucional francesa, a partir de su fundación (1958) adquiere influencia en asuntos políticos, con énfasis desde 1982 cuando falla en materias de nacionalización de empresas. Su participación en materias económicas se incrementa cuando se le otorga la facultad de control a posteriori (2008), es decir, suspender la aplicación de una ley en un caso concreto, jugando un rol central en las trasformaciones del estado francés. El Tribunal constitucional chileno, diseñado por la dictadura como un dispositivo de control democrático, fue reformado en democracia el año 2005. Los nuevos mecanismos de selección de integrantes representan bloques políticos y permiten la inclusión de jueces con trayectorias laborales que los vincula al ejercicio privado. Con ello, la corte queda abierta a vínculos con intereses políticos y económicos. Esta reforma incluye la facultad de control a posteriori, que ha permitido una nueva vía de protección de intereses económicos ante el tribunal.Estas transformaciones pueden entenderse como la creación de un campo social, donde convergen intereses económicos y políticos concretos, conectados por medio del control constitucional a posteriori, y movilizados por la litigación de grandes firmas jurídicas. 

Resumen de la Ponencia:

      O escopo é a discussão da perspectiva de gênero como aspecto imprescindível à hermenêutica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) elencados na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.         Subsume-se às propostas do GT10, posto que visa à abordagem sociojurídica da questão socioambiental e suas intersecções com o direito.        O objetivo geral é analisar, com base no substrato teórico-metodológico da Sociologia Ambiental do Direito, se os ODS e suas metas promovem a proteção socioambiental de gênero. Os objetivos específicos são (i) apresentar conceitos envolvidos; (ii) analisar os ODS e suas metas; (iii) analisar os dados produzidos pela ONU concernentes ao recorte de gênero.           Os procedimentos metodológicos consistirão na revisão bibliográfica e documental e análise dos dados secundários disponíveis sobre a Agenda 2030.          Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável compõem a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da  Organização Mundial das Nações Unidas (ONU), publicada no ano de 2015, em  continuidade da Agenda de Desenvolvimento do Milênio. A Agenda 2030 foi adotada por 193 países, incluindo o Brasil na qualidade de signatário.          São dezessete (17) os ODS, a saber: erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida na água; vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; e parcerias e meios de implementação. Desdobram-se em cento e sessenta e nove (169) metas que visam a ações concretas de abrangência econômica, social e ambiental, sob perspectivas integrais e intersseccionais.           A análise ora proposta concerne aos direitos socioambientais, que exigem hermenêutica transversal, transdisciplinar e transcientífica, e cujo enfoque são as vulnerabilidades sociombientais. A consideração da dimensão de gênero no âmbito dos ODS e de suas metas, descortinam direcionamentos eficazes para proteção jurídica e respondem às reivindicações contundentes das populações envolvidas, e sustentam as respectivas garantias do ordenamento jurídico.         A relevância patente da proteção de gênero importa na explicitação de referenciais de ações afirmativas e políticas socioambientais consistentes. Oferecem alternativas às formas de direito cristalizadas, legisladas ou em processos de construção, e possibilitam redução de desigualdades e participação concretas dos indivíduos e coletividades afetados pela destruição da natureza e outras formas associadas de violações de direitos. Pela educação socioambiental e jurídica, abrem-se espaços de emancipação cidadã e fruição de direitos.

Introducción:

O programa Agenda 2023 foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para atualizar e viabilizar a continuidade da Agenda de Desenvolvimento do Milênio. Com intuito de identificar as principais questões que envolvem a sociedade global, traçando metas que almejam a preservação dos direitos humanos em suas múltiplas aplicações (vida, saúde, trabalho, moradia, meio ambiente).

A Agenda 2030, publicada no ano de 2015, foi adotada por cento e noventa e três países, incluindo o Brasil na qualidade de signatário. O plano de ação é composto por dezessete Objetivos de Desenvolvimento Social - ODS, a saber: erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida na água; vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; e parcerias e meios de implementação. Desdobram-se em cento e sessenta e nove metas que visam a ações concretas de abrangência econômica, social e ambiental, sob perspectivas integrais e interseccionais.

Apresenta-se como escopo do trabalho a discussão da perspectiva de gênero como aspecto imprescindível à hermenêutica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) elencados na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, apresentando-se o marco teórico da Sociologia Ambiental do Direito e para a análise do documento que institui a Agenda 2030 da ONU, além da bibliografia pertinente ao tema.

De início, conceitua-se o parâmetro pelo qual será desenvolvido o trabalho, caracterizando o verdadeiro instrumental advindo da Sociologia Ambiental do Direito, que pressupõe uma análise multifacetada dos fenômenos socioambientais.

Para complementar o propósito do estudo, é apresentado o conceito de interseccionalidade, a partir da análise do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, que trata da igualdade de gênero.

Estabelecido o paradigma da proteção socioambiental de gênero são apresentados os ODS e metas selecionados para exemplificar a interseccionalidade, necessidade e urgência de uma compreensão integralizada de proteção, capaz de superar as vulnerabilidades, sobrepostas e cumulativas, que atingem cidadãos e natureza.

 

Desarrollo:

ENQUADRE METODOLÓGICO

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar, com base no substrato teórico-metodológico da Sociologia Ambiental do Direito, se os objetivos de desenvolvimento sustentável (Agenda 2023 da ONU) e suas metas promovem a proteção socioambiental de gênero. Para tanto, elenca como objetivos específicos: (i) apresentar conceito de proteção socioambiental sob a perspectiva sociologia ambiental do direito; (ii) apresentar o conceito de interseccionalidade e o ODS 5 sobre igualdade de gênero; e (iii) identificar nos ODS e suas metas a proteção socioambiental de gênero.

            Os procedimentos metodológicos consistirão em realizar uma revisão bibliográfica, analisando o marco teórico da Sociologia Ambiental do Direito, o documento que institui a Agenda 2030 e a produção acadêmica selecionada que aborda a temática. 

            A análise ora proposta concerne aos direitos socioambientais, que exigem hermenêutica transversal, transdisciplinar e transcientífica, e cujo enfoque são as vulnerabilidades sociombientais. A consideração da dimensão de gênero no âmbito dos ODS e de suas metas, descortinam direcionamentos eficazes para proteção jurídica e respondem às reivindicações contundentes das populações envolvidas e sustentam as respectivas garantias do ordenamento jurídico.

A relevância patente da proteção de gênero importa na explicitação de referenciais de ações afirmativas e políticas socioambientais consistentes. Oferecem alternativas às formas de direito cristalizadas, legisladas ou em processos de construção e possibilitam a redução de desigualdades e participação concretas dos indivíduos e coletividades afetados pela destruição da natureza e outras formas associadas de violações de direitos. Pela educação socioambiental e jurídica, abrem-se espaços de emancipação cidadã e fruição de direitos.

 

 

A PROTEÇÃO SOCIOAMBIENTAL

 

            Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável direcionam ações de fomento, proteção e concretização de direitos humanos. Ainda que se possa realizar uma crítica sob a perspectiva culturalista do que seriam os elencados direitos humanos , a Agenda 2030 engloba objetivos e metas que se relacionam diretamente com os chamados direitos da natureza a exemplo do ODS 13 que trata do combate às alterações climáticas, o ODS 14 que almeja a preservação da vida debaixo d’água e o ODS 15 da vida sobre a terra.

            A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, em seu Capítulo VI, especialmente no art. 225, reconhece como direito de todos o meio ambiente ecologicamente equilibrado, colocando como garantia das presentes e futuras gerações.

Ressaltado o lapso temporal entre a Agenda 2030 e a Constituição Cidadã, percebe-se que está alinhada a necessidade de proteção jurídica ao meio ambiente, em um sentido mais restrito, para a preservação da qualidade de vida humana e também, podendo-se colocar dessa maneira, em um sentido mais amplo, a preservação (e muitas vezes, necessidade de recuperação) da natureza, reconhecendo-a como sujeito de direitos, assim como os animais.

Ante a complexa e multifacetada relação entre meio ambiente e direitos humanos, o aporte da Sociologia Ambiental do Direito mostra-se imprescindível para analisar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A perspectiva da Sociologia Ambiental do Direito, que propõe reflexões transversais, transdisciplinares e transcientíficas que fomentam a efetiva interação entre os campos do saber, tem como enfoque os direitos socioambientais e as vulnerabilidades sociais, com destaque para os conflitos ambientais, tendo como dimensões essenciais para promoção da abordagem o aspecto (i) antropossocial, (ii) ambiental e ecológico e (iii) relacional e intersubjetiva (PONZILACQUA, 2015).

 

 

A INTERSECCIONALIDADE DO OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 5: IGUALDADE DE GÊNERO

           

O quinto objetivo de desenvolvimento sustentável trata da igualdade de gênero. A promoção da equidade é pauta em diversos documentos da ONU (a exemplo da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres) e está prevista expressamente no texto constitucional brasileiro (artigo 5º, inciso I). 

            O ODS 5 enuncia como objetivo: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, sendo desdobrado nas seguintes metas: 5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte; 5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos; 5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças e mutilações genitais femininas; 5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais; 5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública; 5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão; 5.a Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e recursos naturais, de acordo com as leis nacionais; 5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres; 5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicáveis para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis.

            As metas traçadas no ODS busca a igualdade, assim, inevitavelmente, trabalhará o enfrentamento à violência doméstica e familiar nas suas diversas formas: física, psicológica, sexual, patrimonial, entre outras; a discriminação no mercado de trabalho (incluindo acesso e permanência nos estudos); direitos sexuais e reprodutivos e divisão sexual do trabalho (com ênfase no trabalho doméstico). Pontos cruciais para promoção do empoderamento de mulheres.

            Para entender o impacto do ODS 5 deve-se ter por base o conceito de interseccionalidade. Atribuído à autora Kimberle Crenshaw (2002) em seus estudos sobre gênero e raça, que visa incluir questões raciais nos debates sobre gênero e direitos humanos e incluir questões de gênero nos debates sobre raça e direitos humanos, proporcionando um entendimento de sobreposição de grupos discriminados ao invés de tratar como situações segmentadas. 

            Nesse sentido, propõe-se uma abordagem de gênero sobre a sociologia ambiental do direito, nesta análise dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com intuito de relacionar a necessidade de proteção socioambiental e a proteção de gênero, tão bem destacadas ao longo da Agenda 2030. 

            A autora brasileira Lélia Gonzalez (2019) ao longo de sua trajetória política e acadêmica, apresenta em seus estudos uma abordagem interseccional de gênero e raça, trazendo importantes considerações sobre as vulnerabilidades socioambientais das mulheres negras no Brasil. Lélia maneja o depois nomeado conceito de sobreposição, denunciando a vulnerabilidade advinda do racismo, do sexismo e que acarreta também em vulnerabilidade urbana e ambiental. 

 

 

A PROTEÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE GÊNERO NOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

            

A abordagem de gênero no instrumental de análise da Sociologia Ambiental do Direito possibilita uma apreensão da proteção socioambiental de gênero, focada nas vulnerabilidades socioambientais, que aspira a sobreposição dessas vulnerabilidades para que se busque um enfrentamento que se pretenda integral, consciente da complexidade socioambiental.

            Com esse intuito, realiza-se a revisão da Agenda 2030, apontando os principais mecanismos (objetivos e metas) que traduzem a proteção socioambiental de gênero. 

            No ODS 1 “ acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares” a meta 1.5 que dispõe “até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais”,

O ODS 2, sobre “acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável”, apresenta duas metas que destacam a proteção de gênero e ambiental: (i) 2.2 “até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir, até 2025, as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas” e (ii) 2.3 “até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola”.

            De maneira mais abrangente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável elencados a seguir serão analisados apenas em seus enunciados, tendo em vista tratarem de aspectos gerais de direitos humanos difusos e/ou direitos da natureza. São eles, ODS 3: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades; ODS 4: assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos; ODS 7: assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos e ODS 10: reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, ODS 13: tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos; ODS 14: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável; ODS 15: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade; ODS 16: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

            No tocante ao ODS 6: “assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos”, destacam-se as metas 6.2: “até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade” e a meta 6.6: “até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos”.

            O acesso à água e saneamento básico são situações muito didáticas para demonstrar a interseccionalidade entre gênero e proteção socioambiental. A exemplo do relatório da UNICEF e UNICEF (2021) sobre pobreza menstrual no Brasil, que aponta a necessidade de infraestrutura adequada que garanta a dignidade das pessoas que menstruam concomitantemente com a urgência de se repensar os resíduos sólidos gerados, por exemplo, por uso de absorventes descartáveis. 

O ODS 8, que propõe “promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos”, possui duas metas que coadunam com a proteção ambiental e a proteção de gênero, a meta 8.4  sobre “melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a liderança” e a meta 8.8 sobre “proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários”.

O ODS 9, que trata de “construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação”, possui as metas 9.4 “até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos; com todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades” pode e deve ser interpretada a partir do fomento da harmonia entre natureza e ser humano, resgatando aqui outro documento promovido pela Organização das Nações Unidas, Harmony With Nature, sobre a necessidade de construção de um novo paradigma, não antropocêntrico, portanto, considerando de fato o impacto ambiental de todas as ações humanas.  

Sob a perspectiva da vulnerabilidade urbana, tratada no conceito de racismo ambiental, o ODS 11 sobre “tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”, traz as metas 11.2 “até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos”; 11.6 “até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros” e 11.7 “até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência”.

            Com intuito de promover e coagir globalmente as nações, o ODS 12 visa “assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis”, com meta estipulando que 12.4 “até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente”.

            Encerrando a lista da Agenda 2030, o ODS 17 sobre “fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável” tem como destaque a meta 17.7 que visa “promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, em condições favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme mutuamente acordado”. Ressalta-se os esforços para compartilhamento de programas e ações que forem bem-sucedidos, instituindo verdadeiro dever de solidariedade entre as nações.

            

Conclusiones:

A Agenda 2030 tem se apresentado como agenda política pelos países signatários, os objetivos e metas de desenvolvimento sustentável pretendem estabelecer ações consonantes a nível local e global. 

            Esta pesquisa pomenorizou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas metas que versavam especificamente sobre proteção socioambiental de gênero, selecionando e analisando os tópicos que tratavam de meio ambiente e gênero, almejando explicitar a relação interseccional entre os temas. 

Para analisar as diretrizes trazidas na Agenda 2023 foi utilizado o instrumental da Sociologia Ambiental do Direito, com sua perspectiva transdisciplinar e voltada para as vulnerabilidades socioambientais. Pode-se refletir sobre a importância de analisar as questões ambientais não apenas como recursos disponíveis e imprescindíveis para a vida humana, mas revelando a natureza (fauna e flora) como sujeitos de direitos.

A partir da análise dos ODS e suas metas, reflete-se sobre uma relação simbiótica entre proteção socioambiental e proteção de gênero, forjada da compreensão integral da Agenda 2030. Os objetivos são segmentados para fins de exposição, mas relacionam-se de maneira inequívoca.

A sobreposição das vulnerabilidades (ambiental, social e de gênero) pressupõe uma abordagem também interseccional, aqui proporcionada pela Sociologia Ambiental do Direito, que reverbera em ações multifacetadas a serem implementadas pelos países signatários.

Bibliografía:

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, Presidência da República. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

CRENSAW, Kimberle. A intersecionalidade da discriminação de raça e gênero. 2002. Disponível em: <http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wpcontent/uploads/2012/09/Kimberle-Crenshaw.pdf>

GONZALEZ, Lélia. . 2020. Por um Feminismo Afro-Latino-Americano: Ensaios, Intervenções e Diálogos . Rio Janeiro: Zahar. 375 pp.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Plataforma Agenda 2030. Disponível em: <http://www.agenda2030.org.br/>.

 PONZILACQUA, Marcio Henrique Pereira. Sociologia Ambiental do Direito: Análise sociojurídica, complexidade ambiental e intersubjetividade. Petrópolis: Vozes, 2015.

PONZILACQUA, M. H. P., & SACILOTTO, L. M. (2021). Sociologia ambiental do direito: horizontes, aplicações e perspectivas. Revista Latinoamericana de Sociología Jurídica, ( 3), 246-269. Disponível em: https://usi.edu.ar/publicacion-archivos/numero-3-completo-2/ 

UNICEF, UNFPA, 2021. Pobreza menstrual do Brasil, desigualdades e Violações de direitos. Site do UNICEF. Disponível em https://www.unicef.org/brazil/media/14456/file/ dignidade-menstrual_relatorio-unicef-unfpa_maio2021.pdf

UNITED NATION. SA/RES/67/214. Harmony with Nature. New York: UN,2012b. Disponível em: <http://undocs.org/A/RES/67/214>.

 

Palabras clave:

Proteção Socioambiental; ODS; Gênero.

Resumen de la Ponencia:

En América Latina en las últimas décadas las mujeres han comenzado a ocupar puestos relevantes en las instituciones políticas sobre todo en el Poder Legislativo  lo que ha generado un debate sobre la democracia descriptiva y sustantiva. La literatura ha demostrado que las cuotas de género incrementan la presencia de mujeres en las instituciones y que, en el caso del Poder Legislativo, las legisladoras se ven más involucradas en discusiones sobre los derechos de las mujeres y a presentar más iniciativas relacionadas con temas de género .  Con todo, la subrepresentación de las mujeres en las instituciones políticas continúa siendo muy evidente en los poderes judiciales. La  literatura sobre conducta judicial sostiene que el género de los jueces y sus colaboradores importa en determinados comportamientos y decisiones. El mecanismo causal que se ha comprobado es que los jueces delegan en mujeres temas de discriminación y derechos reproductivos porque reconocen que las mujeres tienen más credibilidad y empatía en ciertos temas. A partir de una sistematización de 50 sentencias sobre discriminación por motivos de género de la Suprema Corte de Justicia en México este trabajo muestra que pese a la poca presencia de mujeres en el órgano jurisdiccional los ministros y las ministras están delegando en las secretarias la elaboración de estas decisiones. 

Resumen de la Ponencia:

Os movimentos de redemocratização na América Latina lutaram para que nas novas constituições nacionais aparecesse a participação como um princípio e direito social. Esta expressão emerge vinculada ao reconhecimento dos direitos sociais, da liberdade de expressão e a gestão democrática dos serviços públicos. A correlação de forças sociais e políticas foram se expressando na posterior regulamentação e implementação das formas diferenciadas dessa participação em Conselhos, Conferências, Comitês e Colegiados locais, regionais, estaduais e nacionais. Assim, o setor saúde construiu em vários países um universo participacionista e sob diferentes bases político – conceituais.  Para os objetivos deste texto pretendemos identificar como o direito a participação é conceituado em documentos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Panamericana de Saúde (OPAS). O trabalho está organizado em 2 partes: a primeira recupera o trato da participação na saúde indicados nas Declarações das Conferências mundiais promovidas pela OMS: Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde de Alma-Ata (1978); Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em Ottawa (1986) e a Conferência Global sobre Atenção Primária à Saúde em 2018 no Cazaquistão. Na segunda parte, identifica-se a abordagem sobre participação em documentos centrais da OPAS/OMS: o Plano Estratégico da OPAS 2020–2025 e a Agenda de Saúde Sustentável para as Américas 2018-2030. Em termos de resultados, as declarações das três Conferências, abrangendo um período de 40 anos, não tratam a saúde e a participação como um direito de cidadania. A participação figura como prática de educação e saúde e não uma atuação política que envolve relações democráticas entre Estado e sociedade civil para o fortalecimento do serviço público de saúde. Em Alma Ata, o direito de participar é contemplado, mas no âmbito dos cuidados primários e por meio de métodos de tecnologias práticas a um custo que o país possa manter.  A Carta de Ottwa a participação é apresentada como um dever de envolvimento, de trabalho conjunto para intensificar a autoajuda e apoio social para elevar o nível e saúde. O documento de Astana destaca a governança participativa, a gestão dos conflitos para lograr saúde para todos, participação através de tecnologias digitais para identificar as necessidades de saúde e repassar orientações as pessoas. O conceito de participação social adotado pela OPAS/OMS, engloba diferentes modalidades de participação, indica que é uma forma de respeito aos direitos humanos, sensível a raça, etnia, ocupação e gênero, escolaridade, mas sem fazer referência a saúde como um direito universal e dever do Estado.  Do ponto de vista democrático e sem fugir do escopo liberal, a participação social é concebida como solidariedade pan-americana, inclusão social e equidade na saúde, sob a ótica da educação em saúde por meio de capacitação, autocuidado e acesso à informação para se manterem saudáveis.

Resumen de la Ponencia:

La presente investigación expone y analiza nociones clave como poder, territorio,territorialidad, espacio carcelario y cuerpo, partiendo desde su conceptualización y decómo los grupos humanos ejercen su dominio sobre todo lo palpable y no palpable,incluyendo la vida y las relaciones dinámicas dentro de los espacios; especialmente el loreferente a las determinaciones físicas y simbólica como elementos para la creación de unacultura de territorialidad penitenciaria.Se analizará a la cárcel y su función a través de distintas etapas históricas, a su vez,se expondrán y examinarán el deber ser en cuanto a la espacialidad y las condiciones de lascárceles mexicanas según los criterios jurídicos y las condiciones físicas y dinámicas realesde las mismas.Se señala y profundiza en cómo estos son constituyentes de la dinámica carcelaria,que, además de la violencia, son los ingredientes que sustentan el real ordenamientoterritorial y la jerarquía de poder. La información presentada se toma directamente de lostestimonios de los sujetos involucrados y de notas informativas de diversos medios decomunicación, destacando en cada uno de los relatos los elementos que corresponden a ladinámica territorial de cada penal. Se exhiben los testimonios recogidos del Penal de “LaPila” en San Luis Potosí, México, su antecedente conocido como “La Juárez” y laexperiencia del investigador Alfredo Palomino en el Centro de Internamiento Juvenil, a finde analizar su propia territorialidad.

Resumen de la Ponencia:

Este trabalho tem como objetivo pesquisar sobre como a subjetividade punitiva nos atravessa a todos a ponto de ainda compreendermos enquanto sociedade que o cárcere pode ser uma solução possível para os problemas cotidianos da humanidade. Scheinvar (2020) afirma que o direito como disciplina se torna importante no século XVIII, contribuindo com um pensamento penal que mais tarde foi naturalizado como algo imprescindível para a vivência em sociedade. Quando questiono a prisão, questiono a justiça criminal e também os modos subjetivos a que somos sujeitados, as práticas cotidianas que parecem não ter outra forma de funcionar a não ser pela lógica punitivo-penal. Mathiessen (2003) e Hulsman e Celis (1993), autores clássicos do abolicionismo penal já descreveram de inúmeras formas como as prisões são fétidas, inabitáveis, sem sentido utilitarista ou coerência em si mesma. Isto não é novidade, Angela Davis (2020) destacou como os cárceres fazem parte do imaginário comum de nosso tempo, visto os inúmeros filmes, seriados, documentários, estudos sobre as populações prisionais nos mais diversos lugares do planeta. Porque, então, as mantemos? Quem são os corpos que habitam os cárceres? Foucault (2020) já afirmou que as leis são feitas de uns para que outros a cumpram. E as prisões não são para todos. Hulsman e Celis (1993) ressaltam também que quando o que chamam de discurso oficial (político, jurídico, científico) faz referência ao sistema penal, é como se ele funcionasse de forma conjunta, racional e controlada, já que foi concebida pela humanidade e isso é entendido como uma característica positiva. Quando na prática o que ocorre entre polícias, parlamento, administração penitenciária e outros órgãos envolvidos no sistema é disperso e com pouco ou nenhum diálogo. Os autores propõem o fim do sistema penal e por isso buscam suas brechas, suas fragilidades. E isso não é difícil de encontrar. É como dizer que o capitalismo é o sistema que mais dá certo dentro dos sistemas de produção que já existiram até agora. A pergunta é: funciona para quem? Milhares de desempregados e mortos de fome, para dizer apenas duas características, e ainda se acredita que “funciona”. Pensando dessa forma, me pergunto para quem a prisão está funcionando e a resposta triste é que para todos nós que estamos fora dela, ela funciona. Nos alivia pensar que ela existe e que não fazemos parte dela. E para os que estão dentro, funciona com um assujeitamento mais específico, porque mais diretamente produzido no corpo, no controle do tempo, nas privações e violências que são parte intrínseca desse modo de punir. Acredito que podemos ir além como sociedade e há outras possibilidades de produção autônoma de resolução de conflitos que não seja esta colonizadora e produtora de tortura e sofrimento.

Resumen de la Ponencia:

En la ponencia, se analizaron las percepciones y valoraciones del personal penitenciario de la Unidad n°1 Penal de varones de Santiago del Estero, en las evaluaciones del tratamiento de los internos condenados por delitos contra la integridad sexual. El trabajo se divide en tres partes, primero se expone el proceso de evaluación y  clasificación propios del sistema penal, luego  se reflexiona sobre las dimensiones y definiciones del personal hacia los internos condenados a violación, resaltando la catalogación a los mismos como “manipuladores”. Finalmente, se dialoga, a partir de diferentes autoras enmarcadas en el enfoque de género, en torno a los conflictos morales y sensibilidades que atraviesan a la figura del violador y la violación en sí.  Considerando las complejidades en cuanto a las subjetividades interpretativas y categorías que emergen en el campo por parte del personal penitenciario y que inciden en alguna medida, en las decisiones sobre el proceso de progresividad penal, en tanto que influyen en el paso de un periodo a otro.La investigación se llevó a cabo, desde un enfoque cualitativo, explorando en los sentidos construidos a partir del contexto local, entendiendo que la realidad carcelaria se configura en función de dimensiones propias del sistema social donde la prisión está situada, teniendo en cuenta que en este penal más de la mitad de los internos, está condenado por delitos contra la integridad sexual . Se construyeron datos a través de fuentes primarias, utilizando como herramienta principal entrevistas en profundidad, realizadas a miembros del organismo técnico criminológico (OTC) de la Unidad Penal N°1 en los años 2020 y 2021. También, se utilizaron fuentes secundarias, como los informes técnicos del servicio penitenciario federal y provincial y documentos estadísticos sobre violación en Argentina. Como resultado, se puede adelantar que se observa la necesidad reconfigurar el seguimiento de las condenas de este tipo de delitos y el modo del sistema penitenciario en el abordaje/intervención/re-socialización de estos condenados. Teniendo en cuenta, la manifestación del personal del OTC, expresan que muchos internos condenados por abuso contra la integridad sexual, llegan a finalizar el régimen de progresividad sin asumir una mirada crítica y comprender a la violación como delito.  Por lo tanto, consideramos, que es al momento de diseñar y ejecutar un tratamiento, en los años correspondientes a la condena, donde se deben reconfigurar las posibilidades  de emplear el mismo en clave de perspectiva de género. Es decir, en el proceso de cumplimiento de pena, deben tenerse en cuenta políticas de género en las cárceles que respondan a las complejidades advertidas por los profesionales. 

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La sociología jurídica, considerada una de las disciplinas auxiliares del derecho, centra su principal objetivo en el estudio de los principios de la sociología general, entendiendo esta como la base fundamental de las ciencias sociales, y con ella, la búsqueda de la interdisciplinariedad entre el comportamiento de la sociedad civil y el impacto jurídico producto de las relaciones con los fenómenos y comportamientos que la misma establece. Por tal motivo, el epicentro metodológico que se desarrollará mediante objeto de estudio requiere un desarrollo conceptual en el ámbito de la sociología jurídica, toda vez que los procesos sociales que llevan a la justificación de los comportamientos humanos para defender e impulsar la seguridad personal y colectiva como valores de la convivencia, requiere, sin lugar a dudas, del estudio comparado del derecho, lo cual permitirá la medición de resultados entre el impacto de la seguridad pública con los prototipos y las acciones que la citada colectividad deberá estructurar sobre los patrones sociales y culturales vigentes. La descomposición del tejido social en México como resultado de un abandono sistemático a los modelos de equilibrio económico, así como la aplicación adecuada de políticas públicas que tendieran a armonizar los déficits educativos y culturales a la par de una polémica, ilegítima, estéril y sangrienta afrenta del Estado contra el narcotráfico en el sexenio de 2006 a 2012, son algunos de los elementos que intervienen en la configuración de un Estado fallido de facto, lo que conlleva irremediablemente a una acción concertada por parte de la ciudadanía organizada en la búsqueda permanente de incidir en las políticas públicas orientadas a la tutela del derecho fundamental a la seguridad. La investigación, focaliza las formas de incidencia de la sociedad civil del municipio de Torreón, Coahuila, en el sistema jurídico en la búsqueda de la protección del derecho fundamental a la seguridad pública, teniendo como eje la acción colectiva. La sociología jurídica es el marco sobre el que se analizará esta problemática, pues, planteada la investigación en un contexto de profunda inseguridad, no solo en la ciudad de Torreón sino en todo el país, bajo la implementación de políticas públicas contra la violencia que carecieron de los abordajes adecuados, el Estado había sido sobrepasado y la sociedad, siendo la principal afectada, debía pronunciarse sobre el cumplimiento de sus derechos; así, la necesidad de la acción colectiva como medio de consecución de la correcta aplicación de las normas contribuirá a la generación de una acción política plena que influirá en los modelos legislativos que regirán las conductas de la sociedad. 

Resumen de la Ponencia:

La presente ponencia desarrolla un planteamiento discursivo que busca destacar el rol transformador que desempeñan las Juntas de Acción Comunal (JAC) en el campo del derecho y la justicia en Colombia. Ante la crisis arraigada en el aparato judicial colombiano, las JAC germinan como una propuesta disruptiva de gestión pacífica de conflictos, que ubica el justo comunitario como vector principal de su método, y la coordinación entre diversas instancias y/o entidades involucradas en la administración de justicia como los rieles de su andar, al tiempo que generan la transformación de las relaciones de poder entre el Estado y la sociedad civil.Para lograr abarcar de forma integral la temática anterior, se dará cuenta de un proceso en marcha – a través de una metodología de investigación acción participante desde lo local- que permite, en primer lugar, identificar los modelos pacíficos de gestión de conflictos y garantía de derechos existentes en las comunidades campesinas de una región específica de la geografía nacional de Colombia, la del piedemonte araucano. Esta identificación permitirá caracterizar cada una de las experiencias y sus nodos de articulación a partir de tres categorías: prácticas pacíficas, territoriales y comunitarias de re-existencia popular, modelos de gestión de conflictos y redes vivas de acción comunitaria. En segundo lugar, se esbozarán los modos de acción sobre la gestión de los conflictos comunales por parte de los grupos guerrilleros que históricamente han realizado control social y territorial en la región indicada; así como sus convergencias y contradicciones con las experiencias identificadas en el primer momento. En tercer lugar, a modo de síntesis, se abordarán las posibilidades de articulación de los modelos comunitarios de gestión de conflictos existentes, la oferta de justicia ordinaria local, y el espectro de justicia transicional producto de los Acuerdos de La Habana con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Resumen de la Ponencia:

El 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente al COVID-19 una pandemia. Desde entonces, hubo especial preocupación por conocer los impactos que dicha problemática tendría sobre las prisiones; espacios históricamente mermados por situaciones como la sobrepoblación, el uso desmedido de la prisión preventiva y las condiciones infrahumanas. Dos meses después, la OMS en conjunto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) recogieron esta inquietud e instaron a los Estados miembros a tomar medidas inmediatas y firmes para reducir el riesgo de propagación masiva en las cárceles y otros lugares de privación de la libertad. Bajo esta situación, la presente ponencia tiene como objetivo reflexionar, desde una perspectiva criminológica interaccionista, la manera en cómo ha impactado esta pandemia en la vida cotidiana intracarcelaria de Centros Penitenciarios en México y el mundo para, así, identificar continuidades, rupturas, o bien, emergencias respecto a la situación pre pandémica. Para ello, se utilizan datos tanto cuantitativos (estadísticas sobre casos de contagio y estrategias estatales para reducir dicho riesgo) como cualitativos (entrevistas indirectas y directas producto de visitas a centros penitenciarios), los cuales contribuyen a aproximarnos a situaciones, interacciones, procesos, experiencias, sentidos y significados que las personas privadas de su libertad están construyendo y reconstruyendo ante la irrupción de dicha problemática de carácter global. 

Resumen de la Ponencia:

El análisis aborda el tema del menoscabo severo del derecho a la educación superior en las prisiones de la Ciudad de México con motivo de las restricciones sanitarias impuestas durante la Pandemia ocasionada por laCOVID-19. Aunque este fenómeno acontece en todos los ámbitos y niveles educativos del Mundo, las múltiples respuestas emergentes de los Estados han logrado, con mayor o menor eficacia —y gracias a la tecnología—, cumplir con su obligación jurídica de garantizar un ejercicio educativo en la población estudiantil bastante limitado, pero que no se ha interrumpido en absoluto, como acontece en las prisiones mencionadas. En tal sentido, aquí se narra y discute cómo se suspendió progresivamente —hasta llegar a un paro total— el ejercicio de la educación universitaria por parte de estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en reclusión, para demostrar que la situación sería muy distinta si éstos estuvieran cumpliendo sus sentencias en un sistema de sustitutivos a la pena privativa de la libertad.

Resumen de la Ponencia:

La coyuntura de la pandemia por la COVID-19 trajo para el mundo judicial un conjunto de dificultades, retos y enseñanzas. Ello se reflejó, por ejemplo, en los procesos penales en Ecuador. En ese país, la declaratoria del estado de excepción en marzo del 2020, que duraría más de un año, significó una interrupción de facto en la tramitación y seguimiento de los procesos penales de investigación por parte de la Fiscalía, y la sustanciación de procesos por los tribunales. La implementación de excepciones al estado de excepción y de alternativas laborales telemáticas significó, como en la mayoría de los puestos laborales, una posibilidad de continuidad. En Ecuador, los operarios del Derecho contaron con salvoconductos que les permitieron dar continuidad relativa a sus casos. Sin embargo, en el ámbito judicial ello no permitió un desarrollo pleno de la labor de jueces, fiscales, y abogados. En la práctica, muchos de los procesos se detuvieron y requirieron, como única alternativa legal, la promulgación urgente de normativa que argumentara, justificara y normara el incumplimiento de los plazos y la replanificación judicial. En adición, aunque en la normativa procesal penal ecuatoriana ya existía el reconocimiento al uso de medios telemáticos para fines probatorios, la nueva realidad permitió el replanteamiento en la comprensión de la participación en diligencias y juicios.Toda esta regulación, aunque necesaria, no niega una realidad de vulneración de principios procesales como inmediación, debido proceso y celeridad. Sin embargo, todo el contexto permitió la identificación de fortalezas y debilidades en el diseño judicial ecuatoriano, y la valoración de nuevas posibilidades tecnológicas, que probablemente llegaron para quedarse.