Resumen de la Ponencia:

El derecho suele ser producto de negociaciones e imposiciones de acuerdo al contexto y a los condicionamientos de cada sociedad. El derecho no es un producto aséptico, imparcial o ajeno al debate político. No hay pureza en el derecho, como lo ha sugerido Warat (1981) o, como lo recuerda Santos: “el derecho no es de ningún modo independiente de las relaciones de poder que dominan la sociedad. El derecho es la política a través de otros medios” (2018, p. 254). Adicionalmente, de acuerdo a Quijano, en la cotidianidad de las relaciones sociales se reproducen patrones de la colonialidad del poder (ver por ejemplo. 1992, 2000, 2007). Siguiendo esa idea, en el derecho también se reflejarían dichos patrones de ejercicio del poder. Sin embargo, sobre esto no hay mucha literatura. Aunque los trabajos decoloniales datan de inicios de los noventa, ni en Perú ni en otras partes del mundo se ha trabajado exhaustivamente sobre decolonialidad y derecho ni postcolonialidad y derecho. En el Perú se pueden citar los siguientes trabajos Merino 2014, 2018, Garay 2016, Bazán 2012, mientras que a nivel mundial destacan Anghie 2004, Barreto 2012, 2018, Mignolo 2012, Santos 2012, Darian-Smith 2013. En ese sentido, hay todavía mucho que investigar en esta área. Para esta investigación planteo seguir explorando las intersecciones entre derecho y colonialidad, a las que me aproximé en mi tesis doctoral (Bazán 2021). En consonancia con la pregunta del profesor de Coimbra ¿Puede el derecho ser emancipatorio? (Santos 2012) y su posterior reflexión sobre ocupar el derecho (2018) me propongo analizar la experiencia de litigio estratégico constitucional de las abogadas y abogados de la ONG peruana Instituto de Defensa Legal – IDL junto con una red de defensoras y defensores de derechos humanos a nivel nacional.Dicha ONG ha utilizado la figura Derecho desde los márgenes para graficar el trabajo que hacen. De ese modo, los juristas del IDL muestran al litigio constitucional estratégico como el empleo del derecho constitucional y los procesos constitucionales para la defensa de personas y colectivos en situaciones de vulnerabilidad, que han sufrido graves violaciones a sus derechos fundamentales (por ejemplo niñas y niños, jóvenes, LGTBI, defensoras y defensores de derechos humanos, pueblos indígenas), para lograr fallos replicables a otros casos y conseguir impacto en decisiones políticas (Ruiz und Másquez 2018, pp. 44 – 47).

Resumen de la Ponencia:

La Constitución Política del Perú, a través del artículo 149, ha reconocido el ejercicio de la función jurisdiccional de las comunidades campesinas. Ello ha generado un conjunto de cuestiones. Una cuestión principal consiste en preguntarse lo siguiente: ¿De qué modo se ejerce la atribución reconocida para administrar justicia en las comunidades campesinas de Piura? Las respuestas a esta cuestión pasan por examinar los fundamentos socio jurídicos del Derecho Común y Consuetudinario que han abordado la función jurisdiccional de las comunidades campesinas. En esa línea está exigido analizar la cuestión quit juris (hechos jurídicos)  e interpretar el quid facti (hechos sociales). Así se investiga lo que han dicho los juristas, el Tribunal Constitucional, los acuerdos plenarios, las leyes  a nivel jurídico y lo que las comunidades hacen en cumplimiento de su potestad de administrar justicia para sus miembros. Resultará relevante entonces centrar el análisis en tres comunidades específicas, entre ellas: Querocotillo- Salitral (provincia de Sullana), Andanjo (provincia de Huancabamba y Morropón), Catacaos (provincia de Piura). De este análisis e interpretación a luz de las teorías e interpretaciones jurídicas y sociológicas se ofrecerá información relevante para la ciencia sociológica y jurídica, mostrando una concreta realidad que demanda un estudio permanente. La metodología de estudio será de tipo cualitativa en la que se recurre a las entrevistas e interpretación de hechos observados y destacados en actas de asamblea comunal. 

Resumen de la Ponencia:

 GT08- Desigualdad, pobreza y exclusión social.Transición, proceso y experiencia en mujeres privadas de su libertad.La presente ponencia es parte de una investigación en curso centrada en el análisis de mujeres privadas de su libertad, con el fin de conocer cómo es su experiencia y cómo se construye la percepción de sí mismas al ingresar a prisión. Esta investigación se basa en un trabajo de campo que se realiza actualmente en la Comisaría de Reinserción Femenil de Puente Grande, ubicada en la zona metropolitana de Guadalajara, y desde un enfoque cualitativo a través de entrevistas realizadas a mujeres voluntarias dentro de la penal. Makowski (1996), afirma que las mujeres entran a la cárcel teniendo una identidad previa, una identidad que se forja a partir del contexto y las relaciones sociales que establecen como parte de su experiencia de vida: su trabajo, su carrera, familia, gustos, actividades. Pero al momento de ser ingresadas para cumplir su condena existe una ruptura de todas las estructuras sociales y de la realidad que ellas conocen. Y en este punto, al momento de empezar su proceso, existe un paréntesis en su vida cotidiana, implicado la continuidad de algunas de sus experiencias y relaciones previas, pero con nuevas características mediadas a partir del encierro. Así, en esta ponencia se abordan las emociones y vivencias en el proceso coloquialmente llamado “carcelazo”, partiendo de que es un proceso de adaptación a la penal que es duro, y que de alguna u otra manera, propicia cambios en la personalidad de las mujeres que ingresan.Los espacios, la arquitectura, el sistema, las compañeras y la comida, son factores que representan un cambio a lo que una mujer está acostumbrada a vivir fuera de la penal, cumpliendo un rol en una familia, en el trabajo y en la simple cotidianeidad de su vida. “Esta tensión entre el mundo exterior y la experiencia del encierro hace que las identidades de las mujeres procesadas se encuentren en un proceso de transición o fluctuación entre lo que se era afuera y lo que se es en reclusión”. (Makowski, 1996, p. 57).Makowski, S. (1996). Identidad y subjetividad en cárceles de mujeres. Estudios sociológicos, 14, 53–73. https://doi.org/10.24201/es.1996v14n40.846

Resumen de la Ponencia:

Dentro de la construcción jurídica del Estado en Colombia. Muchas de las poblaciones del país han quedado excluidas de este sistema,  debido a que el propio Estado no logra tener presencia en todos sus territorios; por lo cual el sistema jurídico en Colombia a la hora de ejercer sus funciones a nivel nacional es insuficiente y muchas necesidades de las  comunidades quedan excluidas y marginadas. Luego de la constitución de 1991, surgen las figuras de jueces de paz y casas de justicia, espacios que se constituyen como alternativas al sistema jurídico tradicional, y que cumplen la función de mediar y generar Estos escenarios de diálogo en los territorios, se complementan así con el sistema tradicional. específicamente los jueces de paz, que se escogen en  las propias comunidades, y participan activamente en la resolución de las disputas, permitiendo más alternativas en la  gestión de conflictos, y una mayor participación  comunitaria. Esta ponencia  tiene por objetivo analizar la labor de las y los jueces de paz en la construcción de paz territorial en la ciudad de Bogotá, como actores alternativos a la administración de justicia local del sistema tradicional. La metodología usada se centra en la revisión documental que facilita la búsqueda de recolección bibliográfica y de antecedentes a partir de bases de información. Por último en esta ponencia se busca mostrar cómo por medio de su labor los jueces de paz construyen paz territorial, y así mismo identificar tanto las dificultades que enfrentan, como las ventajas que representan para la comunidad. 

Resumen de la Ponencia:

De forma geral, a oferta de empréstimo de dinheiro a taxas de juros acima do permitido e, sem a devida autorização dos órgãos reguladores de um determinado país, é considerada agiotagem. Contudo, pensar tal prática no atual período histórico – notadamente marcado pela hegemonia e capilaridade da esfera financeira – consiste numa importante tarefa da qual as ciências humanas e sociais não devem se furtar. Assim, tão antigo quanto atual, historicamente “irreparável” nas esferas existenciais das formações socioespaciais do Sul, a agiotagem pode ser tomada como um fenômeno multiforme, complexo e, portanto, também passível de análise geográfica, intentada no presente trabalho, a partir do exame dos conteúdos normativos – através dos tempos – que combatem a agiotagem no Brasil. No plano metodológico, realizou-se uma análise pormenorizada – via pesquisas bibliográfica e documental – do tema e observou-se que a redefinição dos conteúdos normativos do território brasileiro – sobretudo, com o Golpe Militar de 1964, através das Reformas Gerais do Sistema Monetário-Creditício (1964) e a Financeira (1965), – teve papel fundamental na execução das políticas de reestruturação do sistema financeiro, além de abrir um leque de possibilidades de criação de novas formas de atuação das instituições financeiras no território, ampliando, ainda, a comercialização de novos produtos e serviços. Mais recentemente, a Lei Complementar n. 167, que dispõe sobre a Empresa Simples de Crédito (ESC), foi sancionada pela Presidência da República no dia 24 de abril de 2019, permitindo que empréstimos, financiamentos e descontos de títulos sejam realizados por pessoas jurídicas, com seu próprio capital, sem a regulação do Banco Central, com o propósito de diversificar a “oferta legal” de crédito no país, e dessa forma, superar o avanço do “mercado ilegal” de crédito. Entretanto, a referida medida não enfrenta a extrema concentração no setor bancário, ademais, legitima o quadro permanente de usura institucionalizada, acirrando a tensão entre o binômio legal-ilegal no espaço geográfico e revelando o papel exercido pela norma, carregada de um pluralismo jurídico.

Introducción:

A agiotagem tradicional, consiste na mais conhecida e convencional forma ilegal e antediluviana de empréstimo de dinheiro. Trata-se de um tipo de “rugosidade”, pois essa forma atravessa o tempo, sendo conhecida, antes mesmo dos registros bíblicos. A título de informação, a Bíblia[1] não apresenta o termo agiotagem ou agiota, porém menciona a palavra usura, que do ponto de vista etimológico, provém de duas palavras latinas: usus e rei, tendo o sentido de cobrança pelo uso das coisas. No que se refere ao empréstimo pecuniário (de dinheiro), usura designa a cobrança exagerada de juros ao devedor, tendo, no limite, o mesmo sentido de agiota[2]. Desse modo, a prática de empréstimo de dinheiro, na forma de “capital usurário”, precede o modo de produção capitalista e sempre possuiu uma relação direta com a religião – mais precisamente, com o Cristianismo.

Contudo, inicialmente avessa ao mercador-banqueiro medieval (sinônimo de usurário), ao longo do tempo a Igreja – passando do compromisso com o feudalismo ao compromisso com o capitalismo – não tardou a admitir o essencial de suas práticas. Nas palavras de Le Goff ([1986] 1991: 99)

A condenação da usura, de certas formas de empréstimo a juros, levou os mercadores a aperfeiçoar os seus métodos, a recorrer a sutilezas. O desenvolvimento da letra de câmbio, documento capital na ascensão da classe mercantil, encontra sua fonte no desejo de obedecer à Igreja substituindo uma operação de crédito que ela reprova por uma operação de câmbio que ela tolera.

Todavia, é na sociedade capitalista, com o desenvolvimento do sistema de crédito, que esta forma denominada por Marx ([1867] 1983), “capital portador de juros”, torna-se mercadoria. A propósito, o termo agiotagem designa formas de usura ilegais, já que o sistema bancário é um sistema normatizado de usura. Quer dizer, de um sistema de cobrança de juros institucionalizado e legalmente aceito. Logo, no plano etimológico, a palavra agiotagem advém do francês – agiotage, sendo considerada sinônimo de especulação, usura. Assim, quem pratica a agiotagem é denominado agioteur, usurier. Em português [brasileiro]: agiota (provém do italiano aggio [vantagem, lucro] e allage, do grego [troca, câmbio]; em português de Portugal: onzenário, onzeneiro; em língua inglesa: moneylender, loanshark; em espanhol: usurero, prestamista.

No plano metodológico, no âmbito teórico – para além dos diálogos com os campos da sociologia, história, direito, por exemplo –, alguns dos referenciais, no plano geográfico foram, Santos (1996), a partir da sua noção de espaço geográfico e território usado; Antas Júnior (2005), para uma discussão mais apurada sobre as normas; Contel (2006) a partir da noção de hipercapilaridade das finanças; Castro (2003), sobre os nexos entre território e instituições e Machado (2017), sobre o papel das finanças no espaço geográfico e a sua discussão sobre o binômio legal-ilegal.

Com o propósito de apreender a temática da agiotagem realizou-se uma pesquisa documental a partir de uma análise pormenorizada dos conteúdos normativos – textos constitucionais, leis, decretos, resoluções e o código penal – que vigeram ou estão em vigor no território brasileiro, possibilitando identificar as redefinições da temática ao longo do tempo. Assim, o presente texto está estruturado em dois pontos principais: I. apresenta-se um panorama do processo de regulação da agiotagem no Brasil; II. trata-se das implicações –principalmente no âmbito geográfico – da Lei Complementar nº 167, que dispõe sobre a Empresa Simples de Crédito (doravante ESC), sancionada pela Presidência da República no dia 24 de abril de 2019 e considerada pelo Governo brasileiro vigente a principal medida de combate à agiotagem dos últimos 20 anos.

[1] “Por usura, a Igreja entende, com efeito, todo negócio que comporta o pagamento de juros: Por isso, o crédito, base do grande comércio e do banco, é interdito. Em virtude dessa definição, todo mercador-banqueiro, praticamente, é um usurário” (LE GOFF, [1986] 1991, p. 73).

[2] A esse respeito, Richard Sennet ([1994] 2003: 174, 190-191) usou o termo agiotagem e agiota para tratar do empréstimo de dinheiro realizado pelos povos judeus desde o século XII, em Veneza, desde o século XII.

Desarrollo:

Território normado: breve panorama da regulação da agiotagem no Brasil

A política e a norma são variáveis-chave para a interpretação do espaço geográfico que ao ser utilizado, torna-se território na perspectiva teórica ora adotada. Assim, o entendimento da dimensão temporal e do processo das modernizações se faz imprescindível à apreensão de como os sistemas normativos são fundamentais na compreensão das formações territoriais (Antas Jr., 2005) e, portanto, no entendimento do território normado. Isto é, como se estabeleceu temporalmente uma dimensão repressiva acentuada, resultado da ação arbitrária expressa por instituições jurídicas.

Ora, a agiotagem está presente na legislação brasileira entendida como a prática da usura fora das normas estabelecidas e agentes autorizados, possuindo instrumentos normativos que fazem referência direta e outros indiretamente a essa prática de rendimento de capital através de cobrança de juros, conforme constatou-se através da pesquisa documental realizada.  Para esta análise, para fins didáticos e de exposição, o conjunto de normas foi organizado de forma cronológica em cinco períodos do Brasil republicano (vide Prado Júnior ([1945] 2012) e Fausto (2001), como também pelo sítio eletrônico do Senado Federal do Brasil), a saber: 1. República Velha e marco inicial da fase republicana, empreendido entre os anos 1889 a 1930; 2. Era Vargas e segunda fase da república, entendido entre os anos 1930 a 1945; 3. República Nova, referente aos anos 1945 até 1964; 4. Ditadura Militar, vivida no Brasil entre os anos 1964 a 1985; e Nova República, iniciada em 1985 e ainda em curso.

Para o primeiro período referido (1889-1930) não se verificou nenhum instrumento que tratasse da usura de maneira específica. Esta prática não estava prevista conforme as análises realizadas tanto na Constituição Politica do Imperio do Brazil, de 25 de março de 1824, quanto na Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. 

            A prática da usura aparece como crime na legislação a partir do segundo período definido (1930-1945), que empreende a Era Vargas e a segunda fase da República, conforme se verifica no Quadro 1. Inicialmente sua tratativa ocorre de maneira indireta através do Decreto nº 19.604/1931 e posteriormente diretamente já com o Decreto do Governo Vargas de nº 22.626/1933, que chega a ser revogado por Fernando Collor por Decreto de 25 de abril de 1991 e sendo revigorado por Decreto de 29 de novembro de 1991. Esse instrumento do Governo Vargas passa a ser conhecido como a Lei da Usura, vedando em contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal, admitindo somente a taxa extra de 1% a título de mora e ainda proibindo a contagem de juros sobre juros, os chamados juros compostos.

            Com isso, a prática da usura passa a configurar crime previstos nas duas constituições brasileiras seguintes (de 1934 e de 1937), sendo inclusive registrada a sua punição na forma da lei, que será mais claramente expressa somente alguns anos depois, quando passa a ser prevista no Código Penal Brasileiro de 7 de dezembro de 1940, considerada crime de extorsão e/ou extorsão indireta, com penas de acordo com Quadro 1. 

Quadro 1 – Era Vargas e o segundo período da República: 1930-1945

Fonte: Pesquisa documental. Elaboração própria, 2022. 

No terceiro período elegido, referente a República Nova entendida entre os anos 1945 a 1964, a usura permanece prevista em texto constitucional com punição, agora na constituição de 1946. Ademais, nesse período outros instrumentos surgem com um trato indireto em referência a usura e mais diretamente em relação a operações de câmbio e cobrança de juros. Conforme se verifica no Quadro 2, destaca-se a Lei 1.521/51 promulgada na ditadura de Getúlio Vargas e que altera os dispositivos dos crimes contra a economia popular, e ainda a Lei 1.807/53 que dispõe sobre operações de câmbio com taxas de juros livres mediante acordos entre as partes.

Quadro 2 – República Nova: 1945-1964

Fonte: Pesquisa documental. Elaboração própria, 2022. 

O quarto período, referente a Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) é marcado por dois instrumentos que abordam mais especificadamente a questão das taxas de juros no país. De acordo com o Quadro 3, a Lei 4.595/1964 promulgada no Governo Castelo Branco dispõe sobre as instituições da máquina pública que acompanham as atividades financeiras no Brasil, tornando-se amplamente conhecida como Lei da Reforma Bancária, instituindo o Conselho Monetário Nacional com competência de disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, além de limitar, sempre que necessário as taxas de juros. Já a Constituição Federal de 1967, quando versa sobre a ordem econômica no país, prevê a repressão ao abuso econômico através de aumentos de lucros, citando inclusive a questão da taxa de juros a ser limitada.

Quadro 3 – Ditadura Militar: 1964-1985

Fonte: Pesquisa documental. Elaboração própria, 2022. 

O quinto período elegido empreende a Nova República, iniciada em 1985 no contexto da redemocratização do país após a Ditadura Militar, com o estabelecimento de eleições diretas em todos os níveis governamentais e em vigência até os dias atuais. Nesse período o primeiro instrumento a se destacar é a Lei 7.492/86 promulgada pelo Governo Sarney e que ao definir os crimes contra a economia nacional criminaliza a cobrança de juros fora dos limites previstos na legislação, inclusive com pena de reclusão e multa. 

Em acordo com o Quadro 4, a Constituição Cidadã de 1988 previa em seu Art. 192, inciso 3º, que as taxas de juros não poderiam ultrapassar os 12% ao ano, sendo as eventuais cobranças acima dessa porcentagem enquadradas como crime de usura. No entanto, isto é revogado pela Emenda Constitucional nº 40 de 29 de maio de 2003, a partir de quando a cobrança de juros passa então a não possuir taxa regulamente definida. 

Genericamente, no Governo Collor a usura passa a também ser prevista no Código de Defesa do Consumidor a partir da Lei 8.078/90 que o institui, bem como no Governo FHC com o Código Civil Brasileiro, instituído pela Lei 10.406/02, mas em ambos os casos sem definição de limites ao que seriam as taxas de juros permitidas, o que não permite clareza de quando a cobrança de juros passaria a configurar o crime de usura. 

Já no Governo Bolsonaro, a Lei Complementar nº 167/19 cria as ESCs e para tanto altera Leis como a de Lavagem de Dinheiro e Lei do Simples Nacional conforme Quadro 4. Com isso, as ESCs permitem que qualquer indivíduo empreste dinheiro ao mercado local das Micro e Pequenas Empresas e Micro Empreendedores Individuais, não existindo capital mínimo e o capital máximo limitado a R$ 4,8 milhões, sendo a remuneração da ESC resultante somente dos juros remuneratórios que não se limitam aos previstos na Lei da Usura e no Código Civil. 

Quadro 4 – Nova República: 1985 (em curso)

Fonte: Pesquisa documental. Elaboração própria, 2022.

Com a análise do conteúdo normativo acima apresentado, torna-se possível entender como a legislação sobre a usura e a taxa de juros surge nos diferentes momentos da história do Brasil. Logo, até a publicação da Lei da Usura em 1933 não se tinha um tratamento claro do tema em nenhum instrumento normativo. A partir desse momento passa a estar presente na legislação brasileira, sendo inserida na constituição federal a partir da edição de 1934 e passando a ser tratada como crime contra a economia popular. 

Esse tratamento da usura como crime passa a ser “suavizado” a partir da Emenda Constitucional nº 40, de 2003, que revoga o inciso 3º do Art. 192 da Constituição Federal de 1988. Permitindo, portanto, a prática livre de taxas de juros, sem limitações previstas em lei. Já com a criação das ESCs, conforme Lei Complementar 167/19 anteriormente referida, passa a ser previsto a atividade de empréstimos sem uma limitação de taxas de juros, isso é melhor analisado no item a seguir.

O território como norma e a resposta do Estado brasileiro via ESC

Compreendido como instância social, as diferentes formas do direito são constituídas historicamente a partir de instituições que também são produtoras de normas. Logo, para uma análise do fenômeno congruente com a complexidade do período, é fundamental atentar não somente para as normas oficiais – leis, decretos, circulares – que regulam a atividade, mas identificar as normas internas que modulam os sistemas de ações de cada agente, pois cada objeto técnico criado e implementado no território é gerador de demandas por normas de uso e demandas sociais por regulação. Portanto, de acordo com Faria ([1999] 2004: 154), “[...] o direito positivo do Estado-nação já não dispõe mais de condições para se organizar quase exclusivamente sob a forma de atos unilaterais, transmitindo de modo ‘imperativo’ as diretrizes e os comandos do legislador”. 

De acordo com Wolkmer (2001: 154), existem amplas parcelas de “corpos intermediários”, que mesmo com baixo grau de institucionalização, elaboram e produzem suas próprias disposições normativas onde “[...] ocorre uma ‘regulação interna’, ‘informal’, ‘autônoma’ e ‘espontânea, paralela e independente da normatividade estatal, dos códigos oficiais, das legislações elaboradas pelas elites políticas dominantes e pelos juízes nos tribunais estatais”.

Dessa forma, para a compreensão da difusão do crédito, nomeadamente no período atual, faz-se necessária uma interpretação congruente com os usos do território e, assim, entender porque ele se mostra como é atualmente. Ou seja, de avaliar que, conforme Souza (2003: 17), “O território, modernamente, é entendido não apenas como limite político administrativo, senão também como espaço efetivamente usado pela sociedade e pelas empresas.” Logo, os eventos relativos ao sistema financeiro deflagrados (sobretudo a partir da segunda metade do século XX), se acirraram e apresentam graves implicações nas formações socioespaciais latino-americanas em quase duas décadas do século em curso, tendo como uma importante expressão dos processos mencionados a estrutura oligopolista dos mercados, a exemplo do mercado bancário.

É nesse sentido que é preciso situar a análise da ESC, destinada à realização de operações de crédito com recursos próprios, vedada a cobrança de encargos e tarifas. Tendo uma atuação – área geográfica de atuação – limitada ao seu município sede e em municípios limítrofes. No que se refere ao seu funcionamento, a ESC pode ser aberta com as seguintes naturezas jurídicas: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), Empresário Individual ou Sociedade Limitada. O que permite que toda pessoa física possa abrir uma ESC, mas podendo participar de apenas uma, não sendo permitidas filiais.

A lei que regulamenta a ESC, altera leis anteriores, a saber: I. Altera parte do artigo 9 da Lei de Lavagem de Dinheiro (nº 9.613, de 3 de março de 1998) para incluir a ESC como sujeitas aos mecanismos de controle, inserindo-a nos mecanismos da identificação dos clientes e manutenção de registros e ainda da comunicação de operações financeiras; II. Altera os artigos 15 e 20 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, inserindo a ESC na legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e III. Altera a Lei do Simples Nacional (Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006), enquadrando a ESC no artigo 17 que prevê as microempresas e empresas de pequeno porte que não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional. 

As ESCs são autorizadas pela referida Lei para a prestação dos seguintes serviços: empréstimos, financiamentos e desconto de títulos de crédito para Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Para tanto, poderá utilizar-se de alienação fiduciária, avalista e fiador como garantias das operações, que realizará obedecendo as seguintes etapas: formalização da operação, a partir de contrato entre a ESC e o tomador do crédito; disponibilização do empréstimo, que deverá acontecer através de debito em conta bancária da ESC e consequente crédito em conta do tomador; e registro da operação através de entidade registradora devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil. Conforme se verifica no Gráfico 1, o número de ESCs no Brasil tem se mantido estável e com aumentos, considerando as grandes regiões.

Gráfico 1 – Brasil: evolução do número de Empresa Simples de Crédito por grande região (2021/2022)

Fonte: Portal DataSebrae, 2021-2022. Elaboração própria.

Com o propósito de diversificar a “oferta legal” de crédito no país, como também, de superar o avanço do “mercado ilegal” de crédito, a Presidência da República sancionou a Lei Complementar nº 167, que dispõe sobre a ESC, que consiste na permissão de que empréstimos, financiamentos e descontos de títulos sejam realizados por pessoas jurídicas, com seu próprio capital, sem a regulação do Banco Central. Como principal idealizador das ESC, o ex-presidente nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e atual assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Afif Domingos afirmou:

A empresa simples de crédito é aquele indivíduo que, sem autorização nenhuma, porque não precisa de autorização, simplesmente registra uma empresa, que é simples de crédito, e passa a emprestar na sua comunidade, a um juro que vai ser com certeza menor do que é oferecido na região, porque hoje os grandes bancos captam de todos, mas só emprestam para alguns. (apud AGÊNCIA BRASIL, 2019)[3].

Na verdade, a ESC tem como objetivo principal, fornecer crédito aos microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs). Quando questionado sobre a natureza da ESC, respondeu Afif (apud DINIZ, 2019)[4]: “Não estou inventando nada, só estou voltando ao século passado, o famoso crédito na caderneta, que era o crédito olho no olho.” Já com relação a outra questão, se a ESC não seria uma legalização da agiotagem, completou: “É a concorrência com a agiotagem. A agiotagem já é oficializada com os juros do cartão de crédito e do cheque especial, que chega a 340% ao ano.”

Portanto, a ESC passa a concorrer diretamente com os bancos estatais – de desenvolvimento e comerciais – que são responsáveis pela oferta da maior fatia do microcrédito no país e, desde o ano de 2016 sofrem com o “movimento” de redução no número de fixos e de recursos humanos. Contudo, vale destacar a reflexão de Lazzarato ([2013] 2017: 14, grifo nosso): “o que é preciso sublimar nem é tanto o poder econômico da finança ou suas inovações técnicas, mas muito mais o fato de que ela funciona como um dispositivo de governança transversal – transversal à sociedade e transversal ao planeta.”

Na contemporaneidade, as instituições financeiras detêm amplo e eficiente raio de ação alcançando a totalidade dos níveis e escalas do sistema urbano brasileiro. Logo, os avanços técnicos[5] permitiram ao sistema financeiro a incorporação de uma considerável variedade de serviços bancários e não bancários, que somaram-se aos já desempenhados pelas redes de agências e postos de atendimentos. Contel (2006) destaca os principais canais eletrônicos que conheceram uma difusão mais acentuada no espaço geográfico, como os Caixas Eletrônicos (ATMs), Banco por Internet (internet banking), Centrais de Atendimento Telefônico (call centers), Terminais de Cartões de Crédito e de Débito, Cheque Eletrônico e Wireless Aplication Assistent (WAP). Acrescente-se a esse grupo as Fintechs – empresas (Startups) especializadas na prestação de serviços financeiros com o uso de plataformas digitais.

Dada essa recente hipercapilaridade do acesso ao crédito, vê-se que se instala, de forma ubíqua, uma racionalidade vertical, financeira, que impõe muito mais uma solidariedade organizacional que uma solidariedade orgânica ao sistema de ações do espaço brasileiro. A finança se entroniza como principal variável do atual período histórico e passa a comandar as regiões segundo suas vicissitudes. (Contel, 2006: 285-286).

Nesse contexto, vale lembrar que a diversificação e a intensificação da capilaridade dos serviços financeiros no território não se deram concomitantemente a qualquer alteração mais profunda no quadro de concentração bancária no país. Em face disso, o pluralismo jurídico surge como conceito importante na compreensão dos vários sistemas de ações nos lugares. Trata-se de perceber que o monismo estatal é insuficiente para apreender os múltiplos e diferentes usos do território realizados pela população, instituições de naturezas distintas, firmas (Santos, 1996). Portanto, o pluralismo jurídico permite captar as instituições geradoras de uma produção jurídica mediante meios normativos não-convencionais, infra-estatal e não oficial (Santos, 1988; Wolkmer, 2001; Faria, [1999] 2004). 

Daí a importância do papel atribuído a norma no presente estudo. Outrossim, é basilar apreendermos que as organizações – na forma de empresas, instituições e associações de pessoas – exercem ações em diversos lugares, e são por excelência produtoras de normas (Silveira, 1999). Desse modo, vale acrescentar que o território é constituído tanto por normas jurídicas quanto por normas não jurídicas[6].

[3] AGÊNCIA BRASIL. Bolsonaro sanciona lei de criação da Empresa Simples de Crédito: o objetivo é facilitar acesso de micro e pequenas empresas ao dinheiro. Época Negócios, abr. 2019. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/04/bolsonaro-sanciona-lei-de-criacao-da-empresa-simples-de-credito.html>. Acesso em: 03 jul. 2019.

[4] DINIZ, Ana Carolina. “É o famoso crédito na caderneta olho no olho”. O Globo [O Boa Chance], 12 maio 2019. Disponível em: <http://afif.com.br/wp-content/uploads/2019/05/O_Globo_ESC_12052019-completa.pdf>. Acesso em: 03 jul. 2019.

[5] Segundo Mattos (2014: 4): “El aporte de las NTIC fue de crucial importancia para la intensificación del despliegue económico-espacial y el funcionamiento en tiempo real, y a escala planetaria, de la nueva arquitectura financiera y productiva, que en ese mismo momento se estaba constituyendo en uno de los componentes medulares del proceso de globalización.”

[6] “Daí que a geografia precise se aproximar mais do debate sobre o pluralismo jurídico contemporâneo, uma vez que fazem parte da construção da geopolítica atual não só os Estados territoriais, mas também outra sorte de agentes que produzem políticas e produzem instrumentos legais próprios – normas, regulamentos, leis – para a realização de suas políticas. Cumpre ressaltar que tais modos de produção jurídica não colidem obrigatoriamente com interesses estatais, aliás, podem até concorrer para objetivos comuns” (Antas Jr., 2017: 17).

Conclusiones:

Com a análise do conteúdo normativo oficial ora apresentado, verificou-se que, até o momento não foi possível realizar uma periodização, restando-nos, apenas, reconhecer os diferentes “momentos” do ponto de vista normativo do tratamento do tema no Brasil. Ademais, o tratamento claro da usura no Brasil acontece somente a partir da Lei da Usura de 1933, passando a se fazer presente também nos textos constitucionais. 

De acordo com Contel (2006), no que concerne ao Brasil, a formação do sistema bancário e financeiro obedece a três períodos definidos, especialmente, a partir dos conteúdos políticos, técnicos e normativos vigentes em cada momento histórico no território. Observou-se que há uma relação intrínseca entre o processo de formação do sistema bancário e financeiro brasileiro com a emissão de conteúdos normativos relacionados ao tema da agiotagem ou usura. Logo, a redefinição dos conteúdos normativos do território brasileiro – sobretudo, com o Golpe Militar de 1964, através das Reformas Gerais do Sistema Monetário-Creditício (1964) e a Financeira (1965), – teve papel fundamental na execução das políticas de reestruturação do sistema financeiro, além de abrir um leque de possibilidades de criação de novas formas de atuação das instituições financeiras no território, ampliando, ainda, a comercialização de novos produtos e serviços.

Para o autor, o primeiro período (1905-1964) se refere à gênese e à formação do moderno sistema bancário brasileiro, sendo caracterizado pela instalação dos primeiros agentes financeiros no território e da sua base regional de atuação, com destaque para a criação da Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc). O segundo período (1964-1994)[1] marca a integração do território nacional, sobretudo nos aspectos material e informacional, o que possibilitou novas perspectivas aos agentes do sistema bancário, com destaque para a Reforma Bancária de 1964/1965. Por fim, o terceiro e atual período se inicia em 1994, com a criação do Plano Real e, consequentemente, com o processo de privatização e desnacionalização de vários empresas e autarquias estatais, inclusive parte do sistema bancário público, resultando, por sua vez, na emergência de novas racionalidades financeiras no território brasileiro.

Compreende-se que a ESC, faz parte dessas racionalidades. Entretanto, a referida medida não enfrenta a extrema concentração no setor bancário, ademais, legitima o quadro permanente de usura institucionalizada, acirrando a tensão entre o binômio legal-ilegal no espaço geográfico e revelando o papel exercido pela norma, carregada de um pluralismo jurídico. Na verdade, como a regra para o período histórico atual é o fortalecimento do caráter tentacular do sistema de crédito nas suas mais diversas formas – a hipercapilaridade do crédito, segundo Contel (2006) – o dinheiro disponibilizado via sistema de crédito de uma dada maneira, é, sempre, capital portador de juros (e portanto, funciona como “mercadoria”). 

Na verdade, verifica-se que o não cumprimento do dispositivo constitucional – § 3º do Art. 192 da Constituição de 1988 – que limitava a taxa de juros a 12% ao ano, permitindo, a prática livre de taxas de juros, sem limitações previstas em lei, imediatamente, desconstrói o argumento dos sucessivos Governos brasileiros que justificam o aumento exponencial do número de intermediários e agentes financeiros bancários e não bancários, sob o pretexto de aumentar a concorrência na oferta de crédito e consequentemente baixar as taxas de juros e a oferta de crédito ilegal. Revelando, portanto, à tendência do período da globalização neoliberal da proeminência de uma política das empresas sob a política dos Estados.

Bibliografía:

ABBAGNANO, N. ([1971] 2007). Dicionário de filosofia. Tradução: Alfredo Bosi e Ivone Castilho Benedetti. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes. 

ANTAS Jr., R. M. (2017). “Espaço geográfico e direito: a regulação corporativa do território no período da globalização”. In R. L. L. SILVEIRA & M. B. SOUZA (Org.). Norma e território: contribuições multidisciplinares (pp. 16-36). Santa Cruz do Sul: Edunisc. 

ANTAS Jr., R. M. (2005). Território e regulação: espaço geográfico, fonte material e não-formal do Direito. São Paulo: Associação Editorial Humanitas; FAPESP.

BÍBLIA. (1904). A Biblia Sagrada, contendo o Velho e o Novo Testamento. Português. ed. rev. e cor. Tradução: Padre João Ferreira d'Almeida. New York: American Bible Society. 

BLOCH, O. & WARTBURG, W. V. ([1932] 1964). Dictionnaraire étymologique de la langue française. 4. éd. Paris: PUF.

BRASIL. (1931). Decreto nº 19.604, de 19 de janeiro de 1931. Pune as falsificações e fraudes de gêneros alimentícios. Câmara dos Deputados, Brasília, DF. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19604-19-janeiro-1931-517813-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 15 mar. 2021.

BRASIL. (1933). Decreto nº 22.626, de 7 de abril de 1933. Dispõe sobre os juros nos contratos e dá outras providencias. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d22626.htm. Acesso em: 12 fev. 2021.

BRASIL. (1934). Constituição da Republica dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso em: 15 fev. 2021. 

BRASIL. (1937). Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm. Acesso em: 12 fev. 2021. 

BRASIL. (1938). Decreto Lei nº 869, de 18 de novembro de 1938. Define os crimes contra a economia popular, sua guarda e seu emprego. Câmara dos Deputados, Brasília, DF. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-869-18-novembro-1938-350746-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 15 fev. 2021. 

BRASIL. (1938). Decreto-Lei nº 170, de 5 de janeiro de 1938. Regula as disposições sobre as contas em moeda nacional de residentes no exterior, para efeito da fiscalização das operações de câmbio. Câmara dos Deputados, Brasília, DF. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-170-5-janeiro-1938-354982-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 15 mar. 2021.

BRASIL. (1938). Decreto-Lei nº 869, de 18 de novembro de 1938. Define os crimes contra a economia popular sua guarda e seu emprego. Câmara dos Deputados, Brasília, DF. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-869-18-novembro-1938-350746-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 20 mar. 2021. 

BRASIL. (1939). Decreto-Lei nº 1.201, de 8 de abril de 1939. Dispõe sobre as operações de câmbio e dá outras providências. Câmara dos Deputados, Brasília, DF. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1201-8-abril-1939-349364-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 12 mar. 2021. 

BRASIL. (1940). Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Institui o Código Penal. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm. Acesso em: 15 mar. 2021. 

BRASIL. (1946). Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm. Acesso em: 12 fev. 2021. 

BRASIL. (1946). Decreto-Lei nº 9.025, de 27 de fevereiro de 1946. Dispõe sôbre as operações de câmbio, regulamenta o retôrno de capitais estrangeiros e dá outras providências. Casa Civil, Brasília, DF. disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del9025.htm. Acesso em: 12 mar. 2021. 

BRASIL. (1951). Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951. Altera dispositivos da legislação vigente sobre crimes contra a economia popular. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1521.htm. Acesso em: 10 fev. 2021.

BRASIL. (1951). Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951. Altera dispositivos da legislação vigente sobre crimes contra a economia popular. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1521.htm. Acesso em: 20 mar. 2021.

BRASIL. (1951). Lei nº 1.522, de 26 de dezembro de 1951. Autoriza o Govêrno Federal a intervir no domínio econômico para assegurar a livre distribuição de produtos necessários ao consumo do povo. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1522.htm. Acesso em: 12 mar. 2021. 

BRASIL. (1953). Lei nº 1.807, de 7 de janeiro de 1953. Dispõe sobre operações de câmbio e dá outras providências. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1807.htm#art10. Acesso em: 10 fev. 2021. 

BRASIL. (1953). Lei nº 1.807, de 7 de janeiro de 1953. Dispõe sobre operações de câmbio e dá outras providências. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1807.htm#art10. Acesso em: 20 mar. 2021. 

BRASIL. (1957). Decreto nº 42.820, de 16 de dezembro de 1957. Regulamenta a execução do disposto nas Leis 1.807, de 7 de janeiro de 1953, 2.145, de 29 de dezembro de 1953, e 3.244, de 14 de agôsto de 1957, relativamente as operações de câmbio e ao intercâmbio comercial com o exterior, e dá outras providências. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d42820.htm. Acesso em: 20 mar. 2021. 

BRASIL. (1962). Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962. Dispõe sôbre a intervenção no domínio econômico para assegurar a livre distribuição de produtos necessários ao consumo do povo. Câmara dos Deputados, Brasília, DF. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leidel/1960-1969/leidelegada-4-26-setembro-1962-366961-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 15 mar. 2021. 

BRASIL. (1964). Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4595.htm. Acesso em: 10 fev. 2021. 

BRASIL. (1967). Constituição da República Federativa do Brasil, de 24 de janeiro de 1967. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm. Acesso em: 12 fev. 2021. 

BRASIL. (1986). Lei nº 7.492 de 16 de junho de 1986. Define os crimes contra o sistema financeiro nacional e dá outras providências. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7492.htm. Acesso em: 16 fev. 2021.

BRASIL. (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 fev. 2021. 

BRASIL. (1990). Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 20 fev. 2021. 

BRASIL. (1995). Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9249.htm. Acesso em: 20 mar. 2021.

BRASIL. (1998). Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm. Acesso em: 20 mar. 2021. 

BRASIL. (2002). Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 16 fev. 2021. 

BRASIL. (2003). Emenda Constitucional nº 40, de 29 de maio de 2003. Altera o inciso V do Art. 163 e o Art. 192 da Constituição Federal, e o Caput do Art. 52 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/ Emc/emc40.htm. Acesso em: 26 fev. 2021. 

BRASIL. (2006). Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp123.htm. Acesso em: 20 mar. 2021. 

BRASIL. (2019). Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019. Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica; estabelece garantias de livre mercado; altera as Leis nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 12.682, de 9 de julho de 2012, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 10.522, de 19 de julho de 2002, 8.934, de 18 de novembro 1994, o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946 e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; revoga a Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962, a Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e dispositivos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966; e dá outras providências. Secretaria Geral, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm. Acesso em: 12 mar. 2021. 

BRASIL. (2019). Lei nº 167, de 24 de abril de 2019. Dispõe sobre a Empresa Simples de Crédito (ESC) e altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro), a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Lei do Simples Nacional), para regulamentar a ESC e instituir o Inova Simples. Casa Civil, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp167.htm. Acesso em: 16 fev. 2021.

CASTRO, I. E. (2003). Instituições e território. Possibilidades e limites ao exercício da cidadania. Geosul, Florianópolis, v. 18, n. 36, jul./dez, pp. 7-28. 

CONTEL, F. B. (2006). Território e finanças: técnica, normas e novas topologias bancárias no Brasil. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. Tese de Doutorado. 

COSER, J. R. (1999). Agiotagem: doutrina, prática, legislação e jurisprudência. São Paulo: Ed. de Direito. 

DAUZAT, A. DUBOIS, J. & MITTERAND, H. (1993). Dictionnaire etymologique et historique du français. Paris: Larousse. 

FARIA, J. E. ([1999] 2004). O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros. 

FAUSTO, B. (2001). História concisa do Brasil. São Paulo: Edusp.

FERREIRA, R. B. M. (1999). Agiotagem – Medida Provisória 1.820-1 de 5 de maio de 1999: teoria - jurisprudência - legislação - prática. Cuiabá: EDIJUR.

GAMA, R. R. (2002). Agiotagem, juros e multas. 3 v. São Paulo: Ícone.

IMPERIO DO BRAZIL. (1830). Codigo Criminal do Imperio do Brazil, de 16 de dezembro de 1830. Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça, Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm Acesso em: 15 mar. 2021. 

LAROUSSE. ([1993] 2001). Dictionnaire encyclopédique pour la maîtrise de la langue française, la culture classique et contemporaine. Paris: Larousse.

LAZZARATO, M. ([2013] 2017). O governo do homem endividado. Tradução: Daniel P. P. da Costa. São Paulo: nº1 Edições. 

LE GOFF, J. ([1986] 1991). Mercadores e banqueiros da Idade Média. Tradução: Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes.

LE PETIT ROBERT MICRO. ([1996] 2013). Dictionnaire d’apprendissage de la langue française. Paris: Dictionnaires Le Robert. 

LITTRÉ, É. (1873). Dictionnaraire de la langue française. Paris: Librairie Hachette et Cia. 

MACHADO, L. O. (2017). O visível e o invisível: o sistema financeiro-corporativo mundial sob o prisma da extraterritorialidade e do binômio legal/ilegal. GEOUSP – Espaço e Tempo (Online), São Paulo, v. 21, n. 2, pp. 325-340. 

MARX, K. ([1867] 1983). O Capital: crítica da economia política. Livro I, Tomo 2. Apresentação Jacob Gorender. Coordenação/Revisão Paul Singer. Tradução: Regis Barbosa; Flávio R. Kothe. São Paulo: Abril Cultural. 

MATTOS, C. A. (2014). Gobernanza neoliberal, financiarización y metamorfosis urbana en el siglo XXI. Centro de Investigación de Políticas Públicas y Territorio [CITE/FLACSO], Quito [Ecuador], (pp. 1-35). Disponível em: <https://flacso.edu.ec/cite/de-mattos-c_2014_gobernanza-neoliberal-financiarizacion-y-metamorfosis-urbana-en-el-siglo-xxi/>. Acesso em: 14 maio 2019.

MEDEIROS, D. A. (2018). Financeirização do território e circuitos da economia urbana em Alagoas. Prefácio Maria Adélia A. de Souza. Posfácio Antonio Alfredo Teles de Carvalho. Maceió: FAPEAL; Imprensa Oficial Graciliano Ramos. 

PRADO JÚNIOR, C. ([1945] 2012). História econômica do Brasil. 43. ed. São Paulo: Brasiliense. 

ROBERT, P. (1994). Dictionnaire historique de la langue française. Paris: Larousse.

SANTOS, B. S. (1988). Uma cartografia simbólica das representações sociais: prolegômenos a uma concepção pós-moderno do direito. Revista Crítica de Ciências Sociais, Coimbra, n. 24, pp. 139-172. 

SANTOS, M. ([1996] 2008). A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. 4. reimp. São Paulo: Edusp. 

SANTOS, M. (1996). “O retorno do território”. In M. SANTOS, M. A. A. SOUZA & M. L. SILVEIRA. (Orgs.). Território: globalização e fragmentação. (pp. 15-20), 3. ed. São Paulo: Hucitec; ANPUR. 

SEÑAS. ([2000] 2010). Diccionario para la enseñanza de la lengua española para brasileños. Tradução: Eduardo Brandão e Claudia Berliner. 3. ed. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes. 

SENNETT, R. ([1994] 2003). Carne e pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental. Tradução: Marcos Aarão Reis. 3. ed. Rio de Janeiro: Record. 

SILVEIRA, M. L. (1999). Um país, uma região: fim de século e modernidades na Argentina. Prefácio Milton Santos. São Paulo: FAPESP; LABOPLAN-USP. 

SOUZA, M. A. A. (2003). “Introdução”. In M. A. A. SOUZA (Org.). Território brasileiro: usos e abusos. (pp. 17-26). Campinas: Edições Territorial. 

WOLKMER, A. C. (2001). Pluralismo Jurídico: fundamentos de uma nova cultura no Direito. 3. ed. São Paulo: Ed. Alfa Omega. 

Palabras clave:

Território brasileiro, regulação, crédito.

Resumen de la Ponencia:

O artigo intitulado “Encarceramento feminino e questão social na realidade brasileira contemporânea”[1], objetiva analisar os processos de encarceramento vivenciados por mulheres na contemporaneidade, refletindo-se sobre a ação do Estado e a função do cárcere no contexto da reestruturação produtiva do capital. A crise estrutural do capital na atualidade e os mecanismos adotados para aumentar a margem de lucro têm ensejado processos de profunda precarização, empobrecimento e repressão. Com a aprovação da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), houve uma ampliação dos processos de encarceramento considerando que na referida lei a definição de usuário e traficante depende da subjetividade do julgador. De modo que o controle social pela via penal do Estado impulsiona um processo de criminalização da pobreza frente aos conflitos sociais que se apresentam, fazendo com que as expressões da questão social sejam tratadas na esfera pública como uma questão penal. Com a ascensão da extrema direita ao poder a partir do golpe parlamentar de 2016 vivencia-se a implementação de diretrizes ultraneoliberais e conservadoras, bem como o aumento do aparato repressivo, com profundas alterações nas sociabilidades e nas condições de vida, sobretudo no cenário pandêmico decorrente da Covid-19. Quando se examina o perfil das mulheres encarceradas, observa-se que estas são majoritariamente jovens, pobres, negras e moradoras das periferias dos centros urbanos. A metodologia utilizada consistiu em estudo bibliográfico e documental, com análises sobre o encarceramento feminino e as expressões da questão social que afetam as mulheres e suas famílias, tendo como base os dados relativos a desemprego, pobreza e violências referente ao período 2016-2021. Os resultados mostraram que o controle social exercido pelo Estado pela via da repressão visando a manutenção da ordem pública reafirma e aprofunda as desigualdades de classe, raça/etnia e gênero histórica e socialmente construídas na realidade brasileira. Assim, defende-se que as medidas de desencarceramento deverão ser efetivadas a partir de alterações nas legislações, bem como da implementação de medidas que favoreçam a garantia do direito à liberdade. Para além disso, Por outro lado, é de fundamental importância à desconstrução da categoria mulher como um bloco universal e homogêneo é preciso romper com o racismo estrutural e com a lógica punitiva que ensejam a segregação social a partir de processos de seletividade penal, que faz com que pessoas pobres e negras, moradoras das periferias urbanas sejam alvos constantes de abordagens, discriminação e criminalização.

 

[1] Trabalho desenvolvido com o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) - Chamada Nº 16/2020 – Bolsa de pós-doutorado Junior (PDJ) - Processo nº 150037/2021-0.

Introducción:

O sistema carcerário brasileiro tem produzido violências, torturas e mortes a partir de um encarceramento massivo e seletivo, sendo a população carcerária constituída, majoritariamente, por pessoas pobres, jovens, negras e moradoras das periferias urbanas.

A partir de 2016 tem-se a ascensão da extrema direita ao poder com o alinhamento do Estado aos interesses do capital financeiro e o recrudescimento do aparato repressivo, ancorado no negacionismo, em discursos de ódio e na chamada guerra às drogas. Nesse sentido, o artigo objetiva examinar o encarceramento feminino discutindo-se o papel exercido pelo cárcere no referido contexto neoliberal e conservador. 

A metodologia utilizada consistiu em estudo bibliográfico e documental, com análises sobre o encarceramento feminino e as expressões da questão social que afetam as mulheres e suas famílias, tendo como base os dados relativos a desemprego, pobreza e violência referentes ao período 2016-2021. 

Os resultados mostraram que a ação do Estado por meio do cárcere reafirma as desigualdades de classe, de raça/etnia e de gênero histórica e socialmente construídas na realidade brasileira. Desse modo, deverão ser efetivadas medidas de desencarceramento com alteração nas legislações e na execução penal com a garantia do direito à liberdade.  É preciso desenvolver ações que contribuam para a desconstrução do racismo estrutural e institucional que faz com que pessoas pobres e negras, moradoras das periferias urbanas sejam alvos constantes de abordagens, discriminação e criminalização.

Desarrollo:

1 MULHERES E ENCARCERAMENTO NO BRASIL

 

A dominação patriarcal historicamente atribuiu à mulher um papel subalterno de esposa e mãe, responsável pelo cuidado com a casa e os/as filhos/as, cujo processo de desconstrução tem ensejado contínuas e reiteradas lutas sociais, visando enfrentar o sexismo e a misoginia que perpassam as esferas políticas, econômicas e sociais. 

Quando se aborda o encarceramento de mulheres, a prática considerada delituosa se apresenta como um lugar que não se coaduna com os padrões femininos pré-estabelecidos e, por conseguinte, as mulheres que cometem atos tipificados como crime são alvo de duplo julgamento: o judicial e o da sociedade. 

 

1.1 O encarceramento de mulheres no modelo econômico agrário-exportador

 

A análise do contexto brasileiro no modelo econômico agrário-exportador remete à discussão da diáspora forçada da população africana que foi brutalmente escravizada e trazida para as Américas e, também, é preciso enfatizar a dívida histórica da sociedade brasileira. No que se refere às condições das pessoas que foram escravizadas, as “mulheres negras eram alvo de requintes cruéis, a saber: jornadas excessivas de trabalho, objetificação, recorrentes violações dos seus corpos, impedimento da maternidade, dos afetos, da religiosidade” (CABRERA, 2017 apud AMORAS; COSTA; ARAÚJO, 2021, p. 5).

A partir da diáspora africana a presença de mulheres negras escravizadas tem incidência em todas as regiões do Brasil, contudo, em decorrência da concentração do modelo econômico agrário-exportador no Nordeste, havia uma predominância da população negra na referida região. Atualmente, o nordeste brasileiro tem um elevado contingente de populações quilombolas e um significativo número de famílias com baixa renda chefiadas por mulheres negras, tendo se destacado na trajetória histórica brasileira as resistências e lutas dessas mulheres “por sobrevivência de seus corpos, de seus filhos e de seus territórios” (AMORAS; COSTA; ARAÚJO, 2021, p 17).

Durante o período colonial no Brasil a legislação portuguesa era adotada para a repressão às condutas consideradas crimes. Com a Independência do Brasil em 1822, “além das pessoas condenadas por crimes previstos no Código Criminal do Império de 1830, outros sujeitos como os desordeiros, os vagabundos, os bêbados e escandalosos eram presos correcionalmente pela polícia” (ANGOTTI; SALLA, 2018, p. 8), visando a manutenção da ordem vigente.

Em contraposição aos padrões sociais impostos as ações repressivas estavam voltadas para as mulheres que “desfaziam os arranjos esperados de esposas devotadas, boas mães e bons exemplos sociais: prostitutas, mães solteiras, mulheres masculinizadas, mulheres escandalosas, boêmias, histéricas e outras” (ANGOTTI, 2018, p. 83).

Na primeira metade do século XX ocorreu um aumento do aparato policial, com a criação de instituições de internação, a exemplo do “Hospício do Juqueri”, do “Instituto Disciplinar”, do “Asilo dos Inválidos” e da “Colônia Correcional da Ilha dos Porcos” (ANGOTTI; SALLA, 2018, p. 8).

 

Desde 1911, o Estado de São Paulo havia feito um grande investimento para a edificação de uma Penitenciária nova no Carandiru para 1200 presos, que foi inaugurada em 1920. Mas para as mulheres, nada de concreto havia ainda aparecido no Brasil. Diante das péssimas condições que estavam sendo encarceradas as mulheres, e dos impulsos reformistas que tomaram conta dos juristas e médicos, na década de vinte do século XX, começaram efetivamente a se intensificar as propostas de criação de penitenciárias propriamente destinadas a mulheres (ANGOTTI; SALLA, 2018, p. 8).

 

Os estabelecimentos correcionais para mulheres já tinham sido implantados na Argentina e no Chile com a administração das irmãs do Bom Pastor d’Angers no final do século XIX. Em 1891 “as Irmãs do Bom Pastor d’Angers fundaram sua primeira Casa no Brasil, no Rio de Janeiro. Em 1906 já havia quatro Casas, umas delas em São Paulo, e 35 religiosas no país” (ANGOTTI; SALLA, 2018, p. 15), sendo que a partir de 1910 “foram abertas duas Casas no sertão da Bahia, nas cidades de Barra e Caetité, e, nos anos 1920, surgiram filiais em Belo Horizonte, Recife, Pelotas, Petrópolis e no estado do Ceará (Campos, 1981)” (ANGOTTI; SALLA, 2018, p. 15). Cabe destacar que apesar dos referidos estabelecimentos, foi somente com a implantação do Reformatório de Mulheres Criminosas, em 1937, na cidade de Porto Alegre, é que ocorreu a criação do primeiro presídio para mulheres (ANGOTTI; SALLA, 2018, p. 15).

Desde o ano de 1905 pode-se identificar defesas em prol da criação de estabelecimento prisional específico para mulheres no Brasil, considerando que estas permaneciam nos mesmos espaços prisionais destinados aos homens, onde eram comuns os estupros e outros tipos de violências, prática abominável, porém costumeira na sociedade brasileira do período, diante dos paradigmas patriarcais vigentes (SANTIAGO, 2018).

O relatório “As Mulheres Criminosas no Centro mais Populoso do Brasil”, datado de 1928, mostra que em 1926 havia “oito mulheres presas no Distrito Federal, duas em Niterói, então capital do estado do Rio de Janeiro, 18 no Estado de São Paulo e 15 no Estado de Minas Gerais”. Por outro lado, no ano de 1927, o total das mulheres condenadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Distrito Federal era de “aproximadamente 39 condenadas cumprindo pena por homicídio, infanticídio, ferimento, roubo e uso de tóxicos. Havia também as contraventoras, em geral detidas por ‘vadiagem’” (ALMEIDA, 1928, p. 6293 apud ANGOTTI; SALLA, 2018, p. 14).

A misoginia era evidente nos discursos da época em prol da criação de estabelecimentos penais específicos para as mulheres em situação de prisão, considerando que não almejavam defender os direitos destas, mas promover um suposto controle da libido dos homens que se encontravam em situação de cárcere, cujos discursos misóginos ficavam evidentes frente à objetificação do gênero feminino, considerando que um dos aspectos mais enfatizados era o de evitar a prostituição nos referidos espaços (SANTIAGO, 2018).

Historicamente, o cárcere teve um papel incisivo no controle do gênero feminino e na restrição da liberdade das mulheres, sobretudo, a sexual, “o que denuncia a existência de um controle masculino-opressor por trás de uma justificativa fictícia de criminalização de atitudes caracterizadas como uma ‘ofensa a moral e bons costumes’” (SANTIAGO, 2018, p. 63). Tais práticas institucionalizadas tem como base o machismo e a estrutura patriarcal.

 

O próprio “Patronato das Presas”, instituição que, em um primeiro momento, parece destinada a defesa dos direitos das mulheres em encarceramento, em verdade servia como uma “recuperação de mulheres desviadas”. Quando se utiliza o termo “desviadas”, não se trata apenas de um “desvio” relacionado ao descumprimento da lei pura e simplesmente, mas principalmente um desvio das condutas ditas como femininas. Utilizavam-se mulheres inseridas na lógica da dominação masculina (religiosas e submissas ao governo e à família) como forma de trazer para essa esfera opressora, as mulheres aprisionadas. A verdadeira intenção de todos e quaisquer elementos, sejam relatórios ou Patronato, inicialmente criados para concretizar a existência de prisões femininas, jamais poderá ser interpretada como uma iniciativa em prol dos direitos das mulheres, mas sim como uma medida de ressalva e conivência com os padrões patriarcais previamente operantes. Prova do referido se faz a partir do surgimento do primeiro estabelecimento prisional destinado exclusivamente a mulheres no Distrito Federal (SANTIAGO, 2018, p. 64).

 

Na passagem do modelo econômico agrário-exportador para o urbano-industrial, no pós-promulgação da Lei do Ventre Livre na região Sudeste do Brasil, “as atividades de comércio foram utilizadas não apenas para a venda dos bens da grande elite senhorial da época, mas também como meios para que as mulheres negras guardassem recursos em busca das cartas de alforrias” (TELLES, 2019 apud AMORAS; COSTA; ARAÚJO, 2021, p 16), considerando que a referida legislação permitiu que as pessoas escravizadas que adquirissem bens comprassem a sua alforria.

 

1.2 O encarceramento de mulheres no modelo econômico urbano-industrial

 

O encarceramento de mulheres no modelo econômico urbano-industrial se articula com os esforços do Estado de impor os costumes que interessavam ao modelo civilizatório e modernizador adotado. Nesse sentido, foram desenvolvidas ações para a domesticidade da classe trabalhadora visando a afirmação do modelo de família nuclear burguesa.

Por outro lado, foram adotadas ações higienistas e repressivas para a efetivação das reformas modernizadoras no meio urbano com a “derrubada de cortiços e organização da cidade; o mapeamento dos espaços de prostituição e sua regulamentação; a medicalização do corpo feminino, que era objeto de intervenção de uma política reprodutiva eugênica” (ANGOTTI, 2018, p. 85), articulando ações pautadas no binômio higienismo e repressão.

O populismo ancorou-se em ações assistencialistas e paternalistas, sendo que a adoção do trabalho assalariado nos espaços urbanos requereu a intervenção do Estado na questão social com a aprovação da legislação trabalhista e a adoção dos seguros sociais, além do desenvolvimento de ações assistenciais, porém, essa atuação teve um caráter paternalista assentada na liberalidade e no favor.

De modo que a proteção social exercida pelo Estado se deu por meio de ações esparsas e pontuais, enquanto que, no campo político-ideológico o aparato repressivo se fez presente com especial recrudescimento durante o Estado Novo (1937-1945), quando as instituições assistenciais e protetivas foram perpassadas por um caráter repressor e de controle, com decisões centradas no aparato policial e penal.

Diante dos tensionamentos e das ações repressivas adotadas nos anos 1930, notadamente após 1937 com o estabelecimento do Estado Novo, há um recrudescimento da ação do Estado por meio do cárcere, inclusive no que se refere ao encarceramento de mulheres, com a criação dos presídios femininos no Rio de Janeiro e em São Paulo. (ANGOTTI; SALLA, 2018).

Considerando o binômio caridade e repressão que predominou no Brasil a partir de 1930, no que se refere à atuação estatal, esta ocorreu mais pela via do cárcere do que pela lógica da proteção social, engendrando profundas desigualdades. Assim, observa-se o deslocamento da abordagem da questão social pela via protetiva para a tecnologia do cárcere. Em relação às mulheres, este tinha uma perspectiva de moralização social, de higienização dos espaços urbanos, de repressão à prostituição e de controle dos corpos femininos, reafirmando o modelo capitalista-patriarcal-racista, visto que os principais alvos eram as mulheres negras.

Assim, o encarceramento de mulheres no Brasil tem um importante papel na modernização conservadora configurada na segunda metade do século XX, com importantes inflexões na década de 1950 em face do programa de crescimento acelerado, porém, sem contrapartidas efetivas no campo social.  Assim, o encarceramento feminino tem significativos aportes no contexto urbano-industrial considerando os antagonismos que se apresentam.

Vale lembrar que, no lapso entre 1930 até a primeira metade da década de 1980, experimentamos dois regimes autocráticos longos, entrepostos por uma curta experiência democrático-liberal conhecida como “populista” (1945 a 1964). Em relação à ditadura burgo-militar iniciada em 1964, verifica-se a intenção de frear o crescimento das classes subalternas e manter a política econômica voltada para a expansão de um capitalismo dependente e desigual. A repressão constante e a não penetração ideologicamente nas massas, aliada a um pífio desenvolvimento social em detrimento do econômico, foram combustíveis para o fortalecimento da sociedade civil e crescimento do movimento favorável à abertura política. Para Behring (2008), a redemocratização operou transformações significativas, mas que tiveram um caráter mais de desconstrução da modernização nacional-desenvolvimentista e obstrução à seguridade e direitos sociais. Esse processo, denominado de contrarreforma, encontrou subsídio na ideologia neoliberal, que encontrou terreno fértil no país diante da conjuntura social e econômica da época (ATHAYDE; PASSOS, 2017, p. 195).

 

Por sua vez, a chamada industrialização restringida, se apresenta como forma de consolidação de um desenvolvimento industrial assentado em bases excludentes, com significativos limites para ampla parcela da população brasileira, sobretudo, para as mulheres, que, em conformidade com os padrões vigentes, deveriam se dedicar à casa, à família e a/os filhos/as (SANTOS, 2012).

As bases do corporativismo e do assistencialismo se complementam a partir da repressão exercida por meio do cárcere, notadamente, do encarceramento de mulheres. Desse modo, o cárcere assume um importante papel na formação do que Santos (1979) chamou de cidadania regulada, como forma de controle dos antagonismos da relação capital e trabalho. Nesse sentido,

 

[...] para explicar a “questão social” no Brasil, não basta identificar as categorias centrais ao modo de produção capitalista — a relação antagônica entre capital e trabalho, por exemplo — que compõem o nível da universalidade. Há que acrescentar a esse nível a singularidade dos ­componentes dessa sociedade enquanto formação social concreta, para que se tenha condições de dimensionar suas particularidades enquanto mediações centrais das expressões da “questão social” (SANTOS, 2012, p. 433).

 

Na década de 1970 tem-se a crise capitalista (MANDEL, 1982) com profundos desdobramentos na questão social. Para Davis (2016) em relação às mulheres negras há uma interconexão entre corpo e sexualidade e os estereótipos que historicamente as subalternizaram, a partir de estruturas de desigualdades (SANTOS; OLIVEIRA, 2017). Assim, a lógica patriarcal e machista perpassa as sociabilidades e os estabelecimentos prisionais considerando que quando as mulheres sofrem algum tipo de violência são postas como culpadas, por descumprirem os padrões de moralidade vigentes, discurso que, abominavelmente, tem servido para justificar as violências. 

O sistema patriarcal-racista-capitalista produzido no Brasil tem como base as desigualdades de classe, de raça/etnia e de gênero, dentre outras, que, em tempos de reestruturação produtiva do capital e de adoção das diretrizes do neoliberalismo, afeta diretamente a classe trabalhadora, com a subalternização das mulheres, notadamente as mulheres negras (CISNE, 2018).

Apesar das lutas sociais pela visibilidade e direitos, em tempos de neoliberalismo e de conservadorismo, ao invés de proteger as mulheres em situação de violência, o Estado brasileiro as culpabiliza por sua liberdade e pelo exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos (SANTIAGO, 2018).

 

Enquanto as mulheres brancas são propriedades dos pais, e posteriormente dos maridos, experimentando processos de submissão, sem direito à participação da vida em sociedade, as mulheres escravizadas, além de subordinadas ao domínio masculino, têm seus corpos apropriados para o trabalho forçado e exploração e violência sexual. Partindo da condição de trabalhadoras, as cativas desenvolviam serviços iguais aos dos homens escravizados, contudo, vivenciavam experiências distintas, haja vista o fator sexual como elemento capaz de intensificar a exploração e expressões de violência. Em sua análise geral sobre a condição da mulher negra escravizada (CISNE; IANAEL, 2022, p. 194).

 

A estruturação do patriarcado e sua reafirmação social por meio do cárcere afeta sobremaneira as mulheres desempregadas, em trabalhos precarizados, em atividades informais, que atuam com múltiplas jornadas de trabalho e sofrem os rebatimentos das estruturas do racismo, do classismo, do patriarcado e do sexismo (COLLINS, 2019)

Ao atuar na perspectiva do reforço do patriarcado e do racismo o cárcere violenta duplamente as mulheres, considerando que ao tempo em que atua sob a égide da repressão o Estado deixa de exercer a proteção a estes segmentos sociais, reproduzindo, por conseguinte, as desigualdades.

 

2 ENCARCERAMENTO FEMININO E QUESTÃO SOCIAL NA REALIDADE BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

 

A questão social na ordem capitalista emerge a partir do fenômeno do pauperismo na Inglaterra no século XVIII, considerando que a pobreza crescia em uma sociedade onde havia um aumento da produção de riquezas. De modo que não era a escassez dos recursos existentes que provocava a pobreza, e sim a concentração da riqueza socialmente produzida (NETTO, 2001).

A história social brasileira é marcada pelo escravismo e pelo colonialismo, que no capitalismo se revestem de estruturas perversas, que atravessam as sociabilidades e as instituições, sendo o cárcere o aparato institucional por excelência no controle social das populações periferizadas e marginalizadas dos centros urbanos, não incorporadas à ordem industrial moderna. O referido movimento engendrou relações antagônicas entre burguesia e proletariado e com múltiplas determinações, considerando que, para as mulheres pobres, negras e moradoras das periferias urbanas a cidadania se apresentou apenas no campo formal.

A adoção das diretrizes do neoliberalismo no Brasil a partir dos anos 1990 teve importantes inflexões durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, considerando que as “ações reformistas tiveram a intenção de desmontar e destruir o Estado brasileiro a fim de adaptá-lo à lógica do capital internacional” (ATHAYDE; PASSOS, 2017, p. 196). No governo Lula, tem-se a partir de 2003 um cenário marcado por avanços no campo social, porém, com contradições, considerando que o desenvolvimentismo social foi perpassado pelo receituário neoliberal. 

A questão social é indissociável da sociabilidade capitalista com a produção de tensionamentos e antagonismos que se expressam na arena pública a partir das lutas e das resistências da classe trabalhadora ao longo da trajetória histórica brasileira. 

 

A gênese da “questão social” encontra-se no caráter coletivo da produção e da apropriação privada do trabalho, de seus frutos e das condições necessárias à sua realização. É, portanto, indissociável da emergência do trabalhador livre, que depende da venda de sua força de trabalho para a satisfação de suas necessidades vitais. Trabalho e acumulação são duas dimensões do mesmo processo, fruto do trabalho pago e não pago da mesma população trabalhadora, como já alertou Marx (1985). Sabemos que o capital é uma relação social por excelência que, na sua busca incessante de lucro, tende a expandir-se indefinidamente por meio da apropriação de trabalho não pago dos trabalhadores. Seu ciclo expansionista realiza-se por meio da ampliação da parcela do capital investida em meios de produção – capital constante – aumentando a produtividade do trabalho e reduzindo relativamente aquela investida em força de trabalho – capital variável (IAMAMOTO, 2013, p. 330).

 

Com a adoção das diretrizes do neoliberalismo no Brasil a situação das mulheres se agravou frente ao encarceramento massivo e à retração do Estado na proteção social. No referido cenário tem-se o agravamento das vulnerabilidades e a ampliação das desigualdades de gênero, de raça e de classe, com profundos desdobramentos no núcleo familiar, sobretudo, quando se trata de famílias monoparentais geridas por mulheres, afetadas pela pobreza ou pobreza extrema, diante do desemprego massivo, do aumento da informalidade e do crescimento exponencial da miséria e da fome.

No neoliberalismo a gestão da pobreza ocorre eminentemente por meio do cárcere, como forma de reprodução das bases capitalistas, com uma intrínseca relação entre o cárcere e os interesses do capital, como forma de controle da classe trabalhadora, marcada pelo desemprego estrutural e pela fragilização de vínculos trabalhistas. 

A aprovação da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), tem ensejado um processo de encarceramento em massa visto que na referida lei a definição de usuário e traficante depende da subjetividade do julgador. A maioria das mulheres encarceradas é constituída por jovens, negras e moradoras das periferias urbanas, mostrando que há um processo de criminalização da pobreza, sendo a questão social abordada como uma questão penal.

Com o golpe jurídico e parlamentar de 2016 e a ascensão da extrema direita ao poder, os discursos de ódio e as medidas regressivas nas políticas públicas promoveram um acirramento da questão social e de suas expressões junto às mulheres, notadamente negras. Nesse contexto, tem-se um recrudescimento das políticas criminais e penais com o reforço do encarceramento em massa (FERNANDES, 2020). 

O Governo Bolsonaro foi marcado pelo negacionismo, discursos de ódio e medidas regressivas de direitos, bem como pelo desmonte das políticas sociais. A partir de 2020 tem-se o crescimento do desemprego estrutural, agravado pela crise do capital e pandêmica decorrente da Covid-19, que “contribuiu no sentido de complicar um contexto econômico e social que já se encontrava estagnado em termos de ações de promoção de equidade social” (IBGE, 2022, p. 70).

 

O número de pessoas em extrema pobreza, considerando os domicílios que recebem menos de US$ 1,9 PPC 2011 per capita, também registrou aumento entre 2020 e 2021, saindo de 5,7% da população para 8,4% (Tabela 2.19). Outro indicativo que retrata o aumento da pobreza no período foi o número de famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal - CadÚnico no qual, em janeiro de 2019, havia 12,9 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza (renda per capita até R$ 89,00) e, em janeiro de 2020, passou a, 13,6 milhões, ou seja, crescimento de 4,8%. Em janeiro de 2021, havia 14,0 milhões, o que correspondeu a aumento de 3,2%. Ao final do ano o número de famílias atingiu 15,7 milhões, ou seja, quase 2,7 milhões de pessoas a mais do que o ano anterior ao início da pandemia, variação de 21,2% entre dezembro de 2021 e janeiro de 2019 (IBGE, 2022, p. 70).

 

No primeiro semestre de 2020, ocorreu uma redução do registro policial de tráfico e de uso de entorpecentes, tendo havido uma “redução de -8,5%, saindo de 91.185 registros entre janeiro e junho de 2019 para 83.396 no mesmo período de 2020” (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2020, p. 28).

Em decorrência da permanência por mais tempo no espaço doméstico a violência contra mulheres aumentou durante a pandemia Covid-19, porém, houve uma queda nos registros diante do contexto pandêmico, “com exceção da violência letal contra as mulheres, que apresentou crescimento” (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2020, p. 39). 

Por outro lado, os núcleos familiares constituídos por mulheres pretas ou pardas provedoras, “sem cônjuge e com presença de filhos menores de 14 anos, também foi aquele que concentrou a maior incidência de pobreza: 29,2% dos moradores desses arranjos tinham rendimento domiciliar per capita inferior a US$ 1,90 e 69,5% inferior a US$ 5,50” (IBGE, 2022, p. 66).  Apesar da insegurança alimentar em 2021 ter sido reduzida quando comparada ao ano de 2020, “houve crescimento de 11,5% para 15,2% na proporção de domicílios com insegurança alimentar moderada e grave (de 9,0% para 15,5%). Em suma, a insegurança alimentar, que é o somatório de moderada e grave, passou de 20,5%, em 2020, para 30,7%, em 2021” (IBGE, 2022, p. 73).

Por sua vez, pode-se apreender uma intrínseca relação entre o encarceramento de mulheres, patriarcado e as diretrizes do capitalismo, considerando que as mulheres são os segmentos sociais mais afetados pela pobreza e extrema pobreza.

Os estados com maior número de mulheres encarceradas são: São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2020). Nesse contexto, há uma intrínseca relação entre capitalismo, patriarcado e cárcere, considerando que o binômio subalternização e opressão permanece dentro e fora do sistema prisional, com a estigmatização do gênero feminino, notadamente no tocante a seus direitos sexuais e reprodutivos, cujas desigualdades podem ser apreendidas no direito penal, considerando que o atual código penal vigente foi produzido no bojo de uma sociedade eminentemente machista, patriarcal e misógina.

Para Wacquant (2001) a lógica do encarceramento em massa da atualidade está articulada aos interesses do capital, com a gestão da pobreza e dos segmentos sociais sobrantes na ordem capitalista contemporânea.

No campo governamental, a Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional (PNAMPE), instituída pela Portaria Interministerial MJ/SPM n.º 210/ 2014, estabelece diretrizes para a reformulação do sistema prisional brasileiro no tocante às ações voltadas para mulheres em situação de prisão. (SÁ; FLORES, 2021).

O artigo 4º da PNAMPE prevê que a capacitação de profissionais dos estabelecimentos prisionais femininos, precisa contemplar matriz curricular com os seguintes temas: 1) “identidade de gênero”; 2) “especificidades da presa estrangeira”; 3) “orientação sexual, direitos sexuais e reprodutivos”; 4) “abordagem étnico-racial”; 5) “prevenção da violência contra a mulher”; 6) “saúde da mulher, inclusive mental, e dos filhos inseridos no contexto prisional”; 7) “acessibilidade”; 8) “dependência química”; 9) “maternidade”; 10) “desenvolvimento infantil e convivência familiar”; 11) “arquitetura prisional”; e l) “direitos e políticas sociais” (BRASIL, 2014, p. 8)

As referidas diretrizes contidas na PNAMPE apresentam aspectos importantes para se pensar de que forma as expressões da questão social afetam as mulheres encarceradas no contexto da reestruturação produtiva do capital e frente à adoção das diretrizes do neoliberalismo, considerando que atualmente são os segmentos sociais mais afetados pela pobreza, pela extrema pobreza e pelas violências.

O referido contexto amplia a questão social com profundos desdobramentos junto às mulheres em situação de cárcere, considerando que em conformidade com Iamamoto (2013, p. 332), o “capital financeiro impõe sua lógica de incessante crescimento, aprofunda desigualdades de toda a natureza e torna paradoxalmente invisível o trabalho vivo que cria a riqueza e os sujeitos que o realizam”. De modo que no contexto neoliberal atual o encarceramento de mulheres reproduz as desigualdades de classe, de raça/etnia e de gênero. 

Analisando o contexto social brasileiro atual, há uma significativa presença de “mulheres quilombolas, de terreiros, ribeirinhas assentadas, extrativistas, coletoras, marisqueiras, quebradeiras de coco babaçu, entre outras, que cotidianamente sofrem as ameaças dos deslocamentos forçados, frutos das alianças escusas entre Estado e capital” (AMORAS; COSTA; ARAÚJO, 2021, p 18). Cabe destacar ainda que as mulheres negras estão cotidianamente lutando por habitação, educação, saúde e emprego e renda.

A pandemia Covid-19 no Brasil trouxe significativos impactos para o sistema prisional com a adoção de medidas restritivas tendo em vista o controle da disseminação do novo Coronavírus nos referidos espaços. Ao tempo em que eram necessárias à preservação da saúde, as medidas emergenciais adotadas promoveram restrição a direitos, a exemplo da impossibilidade de visitas, dentre outras.

Conclusiones:

O recrudescimento das políticas penais no Brasil tem sido recorrente em tempos de crise do capital no Brasil com a adoção de tecnologias repressivas e o aparelhamento da máquina estatal para a repressão à classe trabalhadora.

A gestão da pobreza no neoliberalismo ocorre mais efetivamente por meio das políticas criminais, diante do desemprego estrutural e massivo, bem como da adoção de práticas de extermínio de jovens, pobres e negros.

Os resultados mostraram que o controle social exercido pelo Estado pela via da repressão visando a manutenção da ordem pública reafirma e aprofunda as desigualdades de classe, raça/etnia e gênero histórica e socialmente construídas na realidade brasileira. Assim, defende-se que as medidas de desencarceramento deverão ser efetivadas a partir de alterações nas legislações, bem como da implementação de medidas na execução penal. Para além disso, é preciso romper com o racismo estrutural e com a lógica punitiva que ensejam a segregação social a partir de processos de seletividade penal, que faz com que pessoas pobres e negras, moradoras das periferias urbanas sejam alvo constantes de abordagens, discriminação e criminalização.

Bibliografía:

ANGOTTI, Bruna. Entre as Leis da Ciência, do Estado e de Deus - O surgimento dos presídios femininos no Brasil. - 2a ed revisada. - San Miguel de Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán. Instituto de Investigaciones Históricas Leoni Pinto, 2018. Disponível em https://www.revistadeprisiones.com/wp-content/uploads/2018/06/Bruna-Angotti-Entre-as-leis-da-ci%C3%AAncia-do-estado-e-de-deus.pdf. Acesso em 14 de janeiro de 2023.

ANGOTTI, Bruna; SALLA, Fernando. Apontamentos para uma história dos presídios de mulheres no Brasil. Revista de Historia de las Prisiones nº6 (Enero-Junio 2018). Disponível em https://www.revistadeprisiones.com/wp-content/uploads/2018/06/1_Angotti_Salla.pdf. Acesso em 13 de janeiro de 2023.

AMORAS, Maria; COSTA, Solange Maria Gayoso da; ARAÚJO, Luana Mesquita de. O ativismo das mulheres negras escravizadas no brasil colonial e pós-colonial, no contexto da América Latina - Artigos Dossiê Território, gênero e interseccionalidades. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 23, e202128, 2021. Disponível em https://www.scielo.br/j/rbeur/a/fCbpyXCkGTFgKnjJgwnfwdN/?format=pdf&lang=pt. Acesso em 15 de janeiro de 2023.

ATHAYDE, Pedro Fernando Avalone; PASSOS, Felipe Barbosa. HÚNGARO, Edson Marcelo. “Questão Social” na realidade brasileira: reflexões sobre as atuais políticas sociais esportivas. SER Social, Brasília, v. 19, n. 40, p. 186-206, jan.-jun./2017.

BRASIL.  SPM - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Portaria Interministerial nº 210 de 16/01/2014. Institui a Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, e dá outras providências, 2014. Disponível em https://www.diariodasleis.com.br/legislacao/federal/226123-politica-nacional-de-atencao-as-mulheres-em-situacao-de-privacao-de-liberdade-e-egressas-do-sistema-prisional. Acesso em 10 de janeiro de 2023.

BRASIL. Secretaria Nacional de Assistência Social. Atenção às famílias das mulheres grávidas, lactantes e com filhas/os até 12 anos incompletos ou com deficiência privadas de liberdade, 2018. Disponível em https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/crianca_feliz/Documento%20mulheres%20encarceradas%20final.pdf. Acesso em 10 de janeiro de 2023.

CISNE, Mirla; ARAÚJO, Álvaro Nayra da Silva. Colonialidade e violência contra as mulheres negras no Brasil: uma análise feminista decolonial. Tensões Mundiais, Fortaleza, v. 17, n. 33, p. 349-370, 2021.

CISNE, Mirla; IANAEL, Fernanda. Vozes de resistência no Brasil colonial: o protagonismo de mulheres negras. R. Katál., Florianópolis, v.25, n. 2, p. 191-201, maio-ago. 2022.

CNJ. Conselho Nacional de Justiça. Quantidade de pessoas em situação gestante, lactante, com filhos até 6 anos, com filhos até 12 anos ou com filhos com deficiência. Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEUU), atualizado em 10/01/2023 às 13:26:49. Disponível em https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=2c2e8793-1452-4cb7-aec9-add637a81cbd&sheet=d982de9b-251a-4317-a215-3d82344ae492&lang=pt-BR&opt=ctxmenu,currsel&select=clearall. Acesso em 10 de janeiro de 2023.

COLLINS, P. H. Pensamento feminista negro: conhecimento, consciência e a política do empoderamento. São Paulo: Boitempo, 2019. 

DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. Tradução de Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2016, 244p. 

FERNANDES, I. S. O recrudescimento penal em meio a pandemia do coronavírus no Rio de Janeiro. Vértices (Campos dos Goitacazes), v. 22, n. Especial, p. 805-819, 2020. DOI: https://doi.org/10.19180/1809-2667.v22nEspecial2020p805-819. Disponível em: http://www.essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/article/view/15799 . Acesso em 14 de janeiro de 2023.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020, ano 14, 2020. Disponível em https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/10/anuario-14-2020-v1-interativo.pdf. Acesso em 10 de janeiro de 2023.

IAMAMOTO, Marilda Villela. O Brasil das desigualdades: “questão social”, trabalho e relações sociais. SER social, Brasília, v.15, n. 33, p261-384, jul. / dez. 2013.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Síntese de indicadores sociais uma análise das condições de vida da população brasileira 2022, Estudos e pesquisas – Informação demográfica e socioeconômica 49. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. 154 p. Disponível em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101979.pdf. Acesso em 15 de janeiro de 2023.

MANDEL, E. O capitalismo tardio. São Paulo: Nova Cultural, 1982.

NETTO, J. P. Transformações societárias e serviço social: notas para uma análise prospectiva da profissão. Serviço Social & Sociedade, n. 50, São Paulo: Cortez, 1996, p. 87-132.

SANTIAGO, Brunna Rabelo. Encarceramento e criminologia feminista: uma crítica ao patriarcado de “fora” para “dentro”. Dissertação de Mestrado. Orientação do Prof. Dr. Maurício Gonçalves Saliba. Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP/ Programa de Mestrado em Ciência Jurídica, Jacarezinho, 2018. Disponível em https://uenp.edu.br/pos-direito-teses-dissertacoes-defendidas/direito-dissertacoes/12568-brunna-rabelo-santiago/file. Acesso em 10 de janeiro de 2023.

SÁ, Luana Rodrigues Meneses de; FLORES, Andréa. Dimensão jurídica da política nacional de atenção às mulheres encarceradas e egressas do sistema prisional. Universidade Federal do Maranhão. Revista de Políticas Públicas, vol. 25, núm. 2, pp. 834-853, 2021.

SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e justiça: a política social na ordem brasileira. Rio de Janeiro: Campus, 1979.

SANTOS, Josiane Soares. Particularidades da “questão social” no Brasil: mediações para seu debate na “era” Lula da Silva. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 111, p. 430-449, jul./set. 2012.

SANTOS, Ineildes Calheiro dos; OLIVEIRA, Eduardo. Experiências das mulheres na escravidão, pós-abolição e racismo no feminismo em Angela Davis. Resenhas, Revista Estudos Feministas, Florianópolis, 26 (1), 2018, p. 1-5.

TELLES, L. F. S. Teresa Benguela e Felipa Crioula estavam grávidas: maternidade e escravidão no Rio de Janeiro (século XIX). 2018. Tese (Doutorado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

WACQUANT, L. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

Palabras clave:

Estado. Encarceramento Feminino. Questão Social.

Resumen de la Ponencia:

Esta comunicação pretende apresentar uma sistematização e  análise contextualizada das demandas levadas ao Supremo Tribunal Federal em defesa dos povos indígenas e das comunidades quilombolas brasileiras durante a pandemia de Covid-19. Nossos propósitos são: (i) compreender os tipos de demandas levadas à Corte Suprema em defesa dessas coletividades durante o período pandêmico; (ii) identificar os atores institucionais e sociopolíticos envolvidos na apresentação dessas demandas perante a Corte; e (iii) sistematizar as principais decisões proferidas pelo STF, apresentando uma reflexão crítica acera dos seus fundamentos e de seus efeitos sociopolíticos. Nossa hipótese é de que a construção das demandas levadas ao Supremo Tribunal Federal se dá num contexto de interações entre agentes estatais institucionalmente incumbidos de proteger os direitos dos povos indígenas e das comunidades quilombolas, como o Ministério Público Federal, e atores de movimentos sociais ligados à defesa das causas indígena, quilombola e socioambiental. A partir de uma análise do conteúdo das ações judiciais, de material jornalístico e de outras fontes documentais produzidas por atores institucionais e por  movimentos sociais, buscar-se-á construir uma interpretação sobre a abrangência e os limites das interações socioestatais no contexto da pandemia, procurando compreender se e como as demandas pela proteção à saúde desses grupos sociais, durante a situação de emergência sanitária, dialogam com outras demandas históricas, , como aquelas pela efetivação dos comandos constitucionais referentes aos direitos territoriais diferenciados, comumente levadas ao STF por esses grupos sociais, por movimentos ligados à suas demandas e por atores institucionais aliados incumbidos da defesa de seus direitos. Assim, espera-se produzir uma análise que dê conta de situar e contextualizar as demandas por proteção dos povos indígenas e comunidades quilombolas ante a pandemia de Covid-19 num quadro social e histórico mais amplo de lutas por reconhecimento e efetivação de direitos que tem se constituído e se diversificado desde a promulgação da Constituição de 1988.  

Resumen de la Ponencia:

Para que a agenda de Direitos Humanos seja compreendida sob uma perspectiva crítica, o presente resumo propõe a adoção das epistemologias pós, anti e de(s)coloniais como marco teórico. Dessa forma, busca discutir a necessidade de se observar a Década Internacional de Afrodescendentes (2015-2024) proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) a partir de um regime internacional contra-hegemônico, que vise o real enfrentamento ao racismo e à colonialidade.  Nesse sentido, através de uma revisão bibliográfica e do método de abordagem dedutivo, propõe-se o presente diálogo, centralizando uma pauta marginalizada e tentando romper com os grilhões do “epistemicídio” (CARNEIRO, 2009). A priori, parte-se da concepção de que a colonialidade impõe padrões de poder que operam por meio da naturalização de hierarquias territoriais, raciais, culturais e epistêmicas, perpetuando relações de dominação (RESTREPO; ROJAS, 2010, p. 16). Por isso, coloca em xeque o alcance emancipatório de instituições como a ONU e o racismo como ponto de conexão entre as experiências dos corpos negros, já que o Direito e as Relações Internacionais estão intimamente relacionados com as hierarquias raciais (SILVA, 2021, p. 229). Historicamente, os Direitos Humanos foram concebidos como universais, o que fez com que houvesse um esvaziamento das desigualdades raciais. Hegemonicamente, ignora-se que às pessoas racializadas foi imposta uma "zona do não-ser" (FANON, 2008), a qual resguardou a desumanização a sujeitos historicamente colonizados, escravizados e até hoje marcados pela servidão, sendo desconhecida a sua condição plena de seres humanos (LUGONES, 2014). Logo, Logo, estar situado na "zona do não-ser" é ter a humanidade negada (GROSFOGUEL, 2016). Apesar de se reconhecer a importância da ONU, é preciso problematizá-la, uma vez ela se funda nos poderes colonialistas e capitalistas, perpetuando a estrutura dominante e opressora (SILVA, 2020). Portanto, este trabalho visa questionar a agenda internacional de Direitos Humanos e a persistência de vunerabilizações em razão dos processos de continuidade de opressões coloniais. Com isso, quer-se enfatizar a necessidade de o Direto ser capaz de responder às demandas da "zona do não-ser" (PIRES, 2018, p. 73) e de valorizar as experiências "Amefricanas" (GONZALEZ, 1984) de luta e resistência. Isso para que não se tenha um abismo entre a adesão de agendas internacionas antirracistas e a materialidade das indignas condições de vida das pessoas negras, em especial no Brasil. 

Resumen de la Ponencia:

 En la época de expedición del Código Civil Colombiano-1873- era impensable que un sujeto fuese concebido por mecanismos científicos; dado los avances de la ciencia médica, a través de las técnicas de reproducción humana asistida, hoy es una realidad lo que en algún momento fue inimaginable. Las técnicas de reproducción humana asistida nacen como una solución médica a los problemas de infertilidad que enfrentan muchas parejas en el mundo, permitiéndoles así la tan anhelada procreación; estas técnicas podrán ser utilizadas por parejas heterosexuales infértiles, por parejas del mismo sexo (que solo tienen esta opción para la reproducción),o por personas que de manera individual opten por cumplir el deseo de reproducirse. Aun así, en Colombia actualmente no existe una reglamentación completa del tema, y dicha tardanza legislativa genera inseguridades jurídicas y cuestionamientos que requieren respuestas.La reflexión presentada en esta ponencia se plantea como avances de investigación del proyecto denominado: “Disponibilidad Jurídica del cuerpo humano en el ordenamiento Jurídico Colombiano”, desarrollado por el grupo de investigación SEMILLERO DE SOCIOLOGIA JURIDICA- SEMISOJU- de la Universidad Libre sede Cartagena-Colombia, en el que se contempla como problema jurídico el siguiente: ¿Existe en el ordenamiento jurídico Colombiano fundamentos legales que permitan considerar el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, como un derecho, a propósito de los avances de la ciencia médica?; el mencionado problema plantea un desafío que sobrepasa los aspectos médicos para incursionar en el campo legal, sociológico, psicológico y ético; En relación con la metodología utilizada es de enfoque cualitativo, de tipo dogmático y tipo documental. La propuesta de investigación en curso, se construye a partir del siguiente objetivo general “analizar los fundamentos legales, jurisprudenciales y principialístas, que en el ordenamiento jurídico colombiano, permitan que las técnicas de reproducción humana asistida sean consideradas como un derecho”. Y  como objetivos específicos se plantean: A) Establecer cuáles han sido los principales impedimentos, con los cuales se han encontrado las personas, para acceder a las técnicas de reproducción humana asistida como un derecho. B) Analizar la casuística más significativa a nivel nacional e internacional, para hacer un análisis comparativo de la forma en que fueron decididos; Lo anterior nos permitirá generar discusiones, que nos facilite conocer la ruta para el establecimiento del acceso a las técnicas de reproducción humana asistida como “un derecho” o los impedimentos para tal consideración; y de esa manera  poder trazarse conclusiones parciales, a modos de propuesta, tales como poder categorizar los principales impedimentos que deben sortear los sujetos para acceder a este tipo de prácticas médicas en nuestro país, y  analizar las principales causas políticas, sociales, y morales que han imposibilitado que el acceso a estas técnicas sea considerado como un derecho en Colombia.

Resumen de la Ponencia:

A Operação Lava Jato marca um ponto de inflexão no sistema de justiça criminal brasileiro. Segundo seus protagonistas (delegados da Polícia Federal, Procuradores da República e magistrados das três instâncias do Poder Judiciário), nela foi finalmente rompida a longa tradição de impunidade da grande corrupção no Brasil. Imagens de executivos de algumas das maiores corporações do país algemados e sendo conduzidos à carceragem da Polícia Federal de Curitiba dominaram o noticiário entre os anos de 2015 e 2016. Assim como os vídeos de seus depoimentos ao juiz Sérgio Moro, em que relatavam o esquema de pagamento de propinas aos maiores líderes e partidos políticos do país. A incomum franqueza do empresariado brasileiro quanto aos seus estratagemas para a espoliação do Estado resultava dos acordos de colaboração premiada que a maioria deles firmou com o Ministério Público Federal. Recepcionados com entusiasmo pelas cortes criminais, eles rapidamente se tornaram um dos alicerces da persecução criminal da grande corrupção no Brasil.Seu uso produziu controvérsias, e as disputas em seu entorno mobilizaram diferentes conjuntos de agentes. No entanto, assim como é frequente no meio jurídico, os discursos sobre a colaboração premiada assumem como realidade as ficções jurídicas que lhe dão contorno, relegando a segundo plano a realidade social que efetivamente os produzem. Em pesquisa inédita, reconstruo a história da prática da colaboração premiada no Brasil como forma de revelar sua origem, sua formação e suas implicações.Essa história se inicia nos Estados Unidos de fins da década de 1970, no rescaldo do escândalo de Watergate e da expansão do neoliberalismo do centro à periferia do capitalismo. Passa ainda pelo enfrentamento às máfias italianas e pelas disputas pelos espólios dos antigos Estados soviéticos antes de adentrar aos fóruns do Banco Mundial, da OCDE e da ONU nos 1990. Finalmente, então, chega a um Brasil de elites políticas e econômicas declarando o anacronismo da recém-refundada República. Em meio às reformas estruturais neoliberais, a colaboração premiada entra na agenda de reformas da justiça criminal brasileiro enquanto um instrumento para o rápido e eficiente controle das práticas que corrompem os fluxos globais de circulação do capital e que, assim, causam a miséria e o caos social. Práticas que, no Sul Global, nascem e prosperam no Estado, anuncia a cartilha do Banco Mundial. Nessa nobre luta, os empresários enriquecidos pelos contratos públicos superfaturados são convocados a colaborar com a justiça criminal. Em troca de seus relatos sobre a degeneração do Estado, recebem a garantia de que jamais amanhecerão na prisão. Por via dessa parceria público-privada, a narrativa neoliberal quanto à corrupção é assentada na sociedade, conferindo legitimidade a discursos políticos autoritários e punitivistas. A colaboração premiada é, mais propriamente, um instrumento de disputa pelo Estado, contra o Estado.

Resumen de la Ponencia:

Considerando o descompasso gerado pela não compreensão das diversidades culturais nos processos políticos e jurídicos estatais e partindo do pressuposto que as contribuições dos laudos antropológicos nos processos judiciais apontam novas possibilidades no sentido de superação dos obstáculos impostos pelo direito moderno à garantia dos direitos fundamentados nas diversidades, o presente trabalho propõe-se refletir de que forma os laudos antropológicos contribuem para a legitimação dos direitos desses sujeitos a partir da inserção de subsídios para que decisões jurídicas sobre as vidas desses grupos humanos respeitem ao máximo suas dinâmicas socioculturais.

Introducción:

Considerando o descompasso entre os direitos garantidos formalmente aos povos e comunidades tradicionais e a materialização dos mesmos por meio de ações estatais que demandem a garantia das identidades e territorialidades, os conflitos pela terra se revelam enquanto estratégia constante de ataque à reprodução social e cultural desses sujeitos por parte de setores da sociedade que atuam na defesa dos interesses econômicos baseados na apropriação e exploração das terras e da natureza e que, com o apoio do Estado, visam a imposição de um modelo conservador de desenvolvimento, sem espaço para as diversidades, assentado nos limites da noção de propriedade privada atribuída segundo os elementos coloniais e mercantis da modernidade.

Tamanha desproporção entre os direitos formalmente assegurados e sua aplicação no plano prático se dá em razão de dificuldades de diversas ordens, das quais se destaca a incapacidade do Estado, e do Direito enquanto seu instrumento normatizador, em compreender as identidades específicas dos povos e comunidades tradicionais e, consequentemente, em admitir e reconhecer as relações sociojurídicas provenientes do modelo identitário desses grupos, já que, tanto Estado quanto Direito são fundados na lógica da modernidade para garantir dois pilares: a propriedade privada, individual, exploradora da terra e da natureza com finalidade mercantil e os direitos do sujeito capaz sob os primados da Revolução Francesa. 

Essa incompreensão estatal resulta, de um lado, numa dinâmica de inconstância na implementação e desenvolvimento de políticas públicas eficazes para assegurar os direitos culturais e os espaços territoriais desses grupos, como, por exemplo, é caso das demarcações das terras indígenas que enfrentam um processo de morosidade decorrente da análise de conveniência de sua conclusão por parte do Poder Executivo, ficando os mesmos engavetados aguardando uma última assinatura por anos e anos ou, no caso das titulações territoriais quilombolas, o fato de terem passado mais de dez anos sem regulamentação, tendo sido em seguida regulamentadas por um Decreto que não possuía instrumentos adequados para realizar as titulações, depois por um outro Decreto que estabelecia de forma adequada os procedimentos reconhecendo as identidades e territorialidades quilombolas mas que, todavia, logo após sua  entrada em vigor foi constitucionalmente questionado permanecendo mais de dez anos sem uma decisão definitiva e portanto com seus efeitos submetidos a uma situação de insegurança jurídica.

Do outro lado, a referida leitura do Estado impacta no universo dos processos judiciais, nos quais o Poder Judiciário é provocado a solucionar controvérsias envolvendo de um lado esses sujeitos coletivos e do outro grandes corporações, latifundiários e grileiros que tratam a terra enquanto propriedade individual com função exclusivamente mercantil e a natureza enquanto recurso explorável para fins lucrativos o que, a partir sua perspectiva de incompreensão das identidades coletivas e das inadmissão da relações sociais e jurídicas decorrentes delas, resultam em decisões judiciais que não correspondem aos direitos culturais e identitários assegurados no texto constitucional, especialmente no tocante aos modos de apropriação da terra e da natureza no contexto das diversidades socioculturais que tais sujeitos apresentam. 

O judiciário, nesse sentido, é instância essencial para compreender a real aplicação dos direitos culturais e territoriais tradicionais uma vez que são nos processos judiciais que se apresentam os argumentos jurídicos do conflito entre o modelo de apropriação da terra e da natureza segundo as identidades e territorialidades tradicionais e o modelo conservador de desenvolvimento mercantil consolidado, que não proporciona espaço para os povos e comunidades tradicionais manifestarem os seus modos próprios de fazer, viver e criar. O Judiciário, portanto, acaba por funcionar enquanto instância definidora dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais, atuando entre as concepções de propriedade baseada nos direitos culturais, expressa por esses sujeitos e àquela fundada na concepção civil patrimonialista.

Pois bem. Levando em consideração os desafios elencados para a afirmação dos direitos culturais dos povos e comunidades tradicionais, em especial aqueles relacionados à proteção das territorialidades e, partindo do pressuposto que as contribuições da antropologia, sobretudo desde as categorias identidade, etnicidade, cultura e territorialidade, apontam perspectivas no sentido de superação dos obstáculos impostos à garantia dos direitos desses sujeitos quando são inseridas nas razões de decidir dos juízes por meio de provas periciais na forma de laudos antropológicos, o presente trabalho busca compreender de que forma os laudos antropológicos orientam a tomada de decisão nos processos judiciais relacionados aos direitos dos povos e comunidades tradicionais.

Desarrollo:

Buscando decisões e processos que tratassem diretamente da questão dos laudos antropológicos realizamos novas buscas, aberta e fechada, utilizando como parâmetro de pesquisa as expressões “laudo antropológico” e “perícia antropológica”, que retornaram um universo de ações mais reduzido e já direcionado ao problema da pesquisa.

Considerando os resultados que obtivemos na pesquisa fechada, alcançamos o universo total das ações a partir do qual se iniciou a análise: 228 ações/decisões referentes à categoria de busca “laudo antropológico” e 140 ações/decisões referentes à categoria de busca “perícia antropológica”, totalizando 368 processos/decisões diferentes analisados. 

Após análise temática, o total de ações/decisões que analisamos, considerando apenas aquelas que tratassem do objeto da pesquisa, os conflitos territoriais judicializados envolvendo povos e comunidades tradicionais e nos quais se fizesse referência aos laudos antropológicos, consiste em 253 ações/decisões.

Em relação ao povo ou comunidade tradicional envolvidos nos conflitos que fazem referência cada ação/decisão analisada, das 253 totais, 220 tem como sujeitos povos indígenas; 17 tem como sujeitos comunidades quilombolas e em 16 casos não foi possível identificar no análise da decisão qual povo ou comunidade se tratava. 

Para além dessas classificações mais técnicas, estabelecemos como estratégia de classificação das ações decisões a partir de cinco tópicos[1], dos quais se destacam dois: quanto à existencia ou menção da existencia de laudo antropológico na decisão/processo judicial e quanto à prevalência do direito de propriedade privada ou da tutela das territorialidades dos povos e tradicionais como resultados das decisões

Quanto à existência ou menção da existência de laudo antropológico na decisão/processo judicial, entre as 253 decisões analisadas identificamos que 164 decisões indicaram possuir laudo antropológico no processo ou entre o conjunto probatório mobilizado para a confecção da decisão; 66 decisões indicaram não possuir laudo antropológico no processo e 23 decisões apontaram não ter laudo antropológico reconhecendo a necessidade de produção para julgamento mais adequado da demanda apresentada.

Nesse sentido, as decisões/ações analisadas em grande maioria reconhece a essencialidade dos laudos na garantia dos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais. É o caso das decisões referentes ao Povo Indígena Pataxó (TI Coroa Vermelha) e aos Povos Pataxó e Tupinambá do Municipio de Pau Brasil.

Destacam-se dois elementos nas duas decisões supra que exemplificam o universo daquelas decisões/ações que possuem laudo antropológico no processo ou que reconhecem a necessidade deles para o adequado processo decisório: A primeira decisão, referente ao Povo Pataxó[2] estabelece o laudo antropológico como evidência suficiente para afastar as pretensões possessórias de terceiros e, portanto, nega o recurso que visava a Reintegração de Posse em desfavor dos indígenas. Por sua vez, a decisão referente aos Povos Pataxó e Tupinambá[3], ao anular a sentença reitengratória em desfavor dos indígenas, consigna a necessidade de produção de laudo uma vez que as territorialidades indígenas não podem ser definidas com base nos conceitos tradicionais de posse e propriedade do Direito Civil brasileiro.

No mesmo sentido, o trecho da decisão nos Embargos de Declaração citado na decisão em sede de Agravo em Recurso Especial no STJ, referente ao Povo Indígena Tremembé[4], aponta a essencialidade do laudo antropológico enquanto instrumento de garantia do direito fundamental de ampla defesa dos indígenas. A decisão estabelece a nulidade da sentença em função da não realização de laudo antropológico que ensejou o cerceamento do direito de defesa dos indígenas em questão.

No entanto, em sentido contrário, em caso envolvendo a Comunidade Indígena Xucuru/Kariri no Estado de Alagoas[5], o STJ reconhece as razões do tribunal de origem abaixo citado, para descartar cerceamento de defesa dos indígenas em função da não elaboração de laudo antropológico em Ação de Interdito Proibitório.

Destaca-se na decisão do STJ supracitada o reconhecimento da existência de estudo antropológico realizado pela FUNAI concluindo que a área em disputa se tratava de terra indígena e, mesmo assim, a prevalência da proteção do direito de propriedade individual em desfavor dos indígenas com fundamento no título cartorial que a autora da ação possuía até que o processo demarcatório fosse concluído. Apesar dos elementos fundantes dos direitos territoriais dos indígenas serem amplamente reconhecidos na decisão, conflitos dessa natureza acabam se perpetuando por anos expondo os povos e comunidades tradicionais às consequências de viver em zonas de conflito direto com aqueles que vislumbram expropriar suas terras.

Ademais, é interessante destacar a situação retrata nas duas decisões seguintes, que representam uma tendência que percebemos na análise dos processos: enquanto as decisões proferidas por juízos de instâncias inferiores demonstram uma tendência à negação da essencialidade dos laudos antropológicos, os julgados nas instâncias superiores resguardam o a necessidade dos laudos para a compreensão das dinâmicas territoriais dos povos e comunidades tradicionais.

Por sua vez, quanto à prevalência do direito de propriedade privada ou da tutela das territorialidades dos povos e tradicionais como resultados das decisões, entre as 253 decisões analisadas identificamos que em 116 decisões prevaleceram a tutela das territorialidades tradicionais enquanto em 81 decisões prevaleceram os direitos de propriedade privada das partes contrárias aos povos e comunidades tradicionais. Ainda, 56 decisões não atribuíam prevalência à propriedade privada e individual nem às territorialidades tradicionais e coletivas, mas se trataram de decisões interlocutórias com diversos temas, entre eles a necessidade de produção de laudo antropológico, o conflito de competência para julgar tal ação ou a necessidade de juntada de outras provas para que se fosse possível decidir.

Apesar de um número maior de decisões considerarem a tutela das territorialidade tradicionais frente aos direitos de propriedade individual, é necessário destacar que o universo das ações pesquisadas, em decorrência da metodologia de busca aplicada, só considerou as decisões judiciais referentes aos conflitos territoriais envolvendo povos e comunidades tradicionais que fizeram menção aos termos laudo antropológico ou perícia antropológica, categorias comumente invisibilizadas das decisões judiciais que visam assegurar prefencialmente a propriedade fundada no direito civil em detrimento das territorialidades dos povos e comunidades tradicionais.

De modo a exemplificar o universo das distintas fundamentações nas decisões em processos judiciais envolvendo povos e comunidades tradicionais em conflitos pela terra que ora asseguram os direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais ora os negam, destacamos quatro decisões, duas onde percebemos a prevalência da territorialidade coletiva de povos indígenas e quilombolas e outras duas onde os direitos territoriais desses grupos são preteridos em função de outros sujeitos que reivindicam a propriedade sobre terras tradicionalmente ocupadas.

Assegurando as territorialidades coletivas, as decisões referentes ao Povo Indígena Tupinambá de Belmonte[6] e à Terra Indígena Tupinambá de Olivença[7] se fundamentam no caráter originário dos direitos territoriais e às garantias constitucionais decorrentes do art. 231 da CF, merecendo destaque a motivação estrutural para garantia dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais que pondera que as terras indígenas e territórios quilombolas não podem ser compreendidas a partir das noções de posse e propriedade do direito civil moderno.

Por sua vez, as decisões que resultam na proteção da propriedade individual em detrimento das territorialidades tradicionais se assentam na necessidade de garantia dos títulos cartoriais mesmo nos casos de território tradicionalmente ocupado e ainda não demarcado ou sob o argumento de restrição da proteção das terras tradicionais em função da tese do marco temporal, com se aprofundará adiante. É o caso das decisões referentes ao Interdito proibitório em desfavor da Aldeia Pataxó Boca da Mata[8] e da Reintegração de posse contra o Povo Guarani[9].

A mobilização e sistematização dos arquivos contendo as ações e decisões judiciais enquanto campo de pesquisa, que consideramos à luz dos desafios à prática antropológica, avaliando, ainda, as implicações que o tratamento jurídico dos povos e comunidades tradicionais, o contexto da luta pela terra envolvendo esses sujeitos e as categorias em disputa, resultou na categorização das decisões e ações a partir de seis grandes áreas temáticas[10], que representam distintos e relevantes campos desde os quais é possível aprofundar a dinâmica e usos e aplicações dos laudos antropológicos nas decisões judiciais.

Nesse sentido, apresentamos e dialogamos a seguir com julgados que representam o universo das questões enfrentadas a partir das três áreas principais dentre as seis aprofundadas na tese, quais sejam: a utilização da tese do marco temporal para restringir a garantia das territorialidade tradicionais; a instabilidade nas áreas de conflitos agrários, com implicações à segurança e integridade dos povos e comunidades tradicionais; e as  reflexões acerca do trabalho do antropólogo enquanto sujeito no processo de elaboração dos laudos e perícias.

A respeito da tese do marco temporal, que se encontra em discussão atualmente pelo STF em sede do Recurso Extraordinário n. 1017365, que trata sobre a concessão de parte da Terra Indígena Ibirama LaKlãnõ (ocupada tradicionalmente pelos povos indígenas Guarani, Guarani Mbya, Guarani Ñandeva, Kaingang e Xokleng), destacamos a mobilização da tese do marco temporal em três casos do universo dos processos/decisões analisados, referente a conflitos envolvendo o povo Kaigang (TI Sêgu e a TI Boa Vista (Sul)) e o povo Guarani-Kaiowá (TI Dourados-Amambaipeguá I).

O caso referente à disputa da Terra Indígena Sêgu (povo Kaigang), trata de Ação de Reintegração de Posse[11] contra os indígenas, fundamentada na tese do marco temporal, apesar da defesa do povo indígena destacar tanto a incoerência da referida tese com as garantias constitucionais, da Convenção 169 da OIT e do Estatuto do Índio, quanto a necessidade de compreensão das territorialidades tradicionais para além do sentido de posse e propriedade dado pelo direito civil moderno.

Merece destaque o fato da decisão em desfavor dos indígenas, utilizando o critério do marco temporal, assinalar que não existem elementos suficientes para caracterizar a posse imemorial indígena.

Em igual sentido, a decisão referente a Ação de Demarcação[12] referente à TI Indígena Boa Vista (Sul), do mesmo povo Kaingang, se embasa na tese do marco temporal, aqui, particularmente, desconsiderando o processo histórico de conflito e expropriação das terras os quais passaram e passam os povos e comunidades tradicionais, não cabendo falar em esbulho do território tradicionalmente ocupado no caso de ocupação não efetiva quando da promulgação da constituição.

No caso do Mandado de Segurança preventivo em desfavor do iminente ato demarcatório da TI Dourados-Amambaipeguá I, dos mesmos povos Guarani e Guarani-Kaiowá, para além da fundamentação de descumprimento do marco temporal, tese amplamente utilizada em desfavor dos indígenas e retratada no julgado: “Portanto, é de clareza solar que a pretensa demarcação vai contra uma das condicionantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Petição n. 3.388/RR, qual seja, o marco referencial da promulgação da Constituição Federal em 05-10-1988, ou seja, que deveria haver nessa data aldeamento ativo para que pudesse ocorrer a demarcação”[13], merece destaque que o próprio ato decisório reconhece, baseado nas informações do laudo antropológico, o processo de expropriação pelo qual passaram os povos indígenas na região no início da década de 1980. 

A decisão, todavia, desconsidera esse contexto de conflitos pelos quais esses povos passaram em defesa de seus territórios e identidades que resultou na retirada forçada de suas terras, salvaguardando apenas o direito de propriedade dos não-indígenas com base na formalidade da não presença no espaço em disputa da data mágica da promulgação da Constituição: “No presente caso, o laudo antropológico apresentado pelo GTI, mais especificamente em suas fls. 347, afirma que as comunidades incluídas neste relatório estão fora das terras reivindicadas há mais de duas décadas, pois o processo de expropriação ocorreu até o início da década de 1980, o qual peço vênia para transcrever: 'Cabe esclarecer que as comunidades incluídas no presente relatório estão fora das terras reivindicadas há mais de duas décadas, pois o processo de expropriação ocorreu até o início da década de 1980.' Como se vê, no próprio laudo antropológico é reconhecido que os últimos indígenas saíram das terras que se pretende demarcar com o presente processo, no início dos anos 80”[14].

Outro tema central que destacamos a partir da análise dos documentos (processos e decisões) é a situação de instabilidade nas áreas de conflitos agrários, com implicações à segurança e integridade dos povos e comunidades tradicionais, como retratado envolvendo o povo indígena Pataxós em conflito com não indígenas na Ação de Reintegração de Posse referente à área reconhecida pelos índios como parte da TI Comexatibá.

No caso concreto, de um lado a decisão reconhece o justo título dos proprietários que reivindicam a Reintegração de posse. Outrossim, resta demonstrado e reconhecido pelo juízo, também, por meio de RCID realizado no âmbito do processo administrativo de demarcação, a ocupação tradicional do território em questão, não tendo sido, no entanto, concluído o processo administrativo demarcatório e homologada a TI em questão. A mobilização das categorias do laudo antropológico e, principalmente, a percepção do contexto conflituoso ocasiona, no caso concreto, a não garantia da reintegração de posse contra os indígenas, vislumbrando a insegurança e a desordem que resultaria da implementação da ordem reintegratória[15].

Outros casos semelhantes utilizados na decisão enquanto precedentes também relatam a existência dos conflitos e a tentativa, por meio das decisões judiciais, de consideração de estratégias para equacionar/não acirrar a conflituosidade entre indígenas e não-indígenas: “[...] O cumprimento da decisão, expulsando os indígenas de área que, segundo a Funai, tem estudo conclusivo no sentido de que se trata de terra tradicionalmente ocupada pelos índios, pode ter desfecho grave, ante a possibilidade de confronto violento entre os policiais e os indígenas, representando grave risco à segurança da comunidade indígena Tupinambá e para os agentes policiais”[16].

Por sua vez, os desafios e questionamentos acerca do trabalho do antropólogo no processo de elaboração dos laudos e perícias no âmbito do judiciário realizadas ao longo capítulo 3 se materializam, ganhando contornos práticos em três decisões, relacionadas ao povo Ikpeng da TI Roro Walu, ao Povo Kaingang do Morro do Osso e Comunidade Quilombola Santa Maria dos Pinheiros.

No caso envolvendo o povo indígena Ikpeng, o Sindicato representante dos interesses dos não-indígenas requer ao judiciário a suspensão dos trabalhos relacionados à produção de laudo antropológico no processo administrativo que tem como objeto a demarcação da terra indígena, alegando falta de isenção dos antropólogos designados, argumentando que os mesmos atuariam em defesa dos povos indígenas, requerendo “[...] a) informação sobre os nomes dos antropólogos que participam do processo administrativo, tendo em vista convênio firmado com a Associação Brasileira de Antropologia (ABA) com o Ministério Público Federal (MPF) para atuar em defesa dos interesses dos indígenas, tendo em vista a manifesta falta de isenção destes profissionais para atuar no processo administrativo”[17]. Os não-indígenas solicitavam, ainda, o direito de acompanhar toda e qualquer diligência realizada pelos antropológos com o intuito de supervisionar o trabalho e “não permitir” que fossem adotadas estratégias ou posicionamentos que supostamente favoreceriam o povo indígena. 

Outra dimensão desses desafios quanto ao trabalho do antropólogo é perceptível na decisão que julgava a necessidade de realização de perícia antropológica para instruir a disputa territorial envolvendo o povo indígena Kaingang do Morro do Osso. Aqui o juiz tece uma série de ponderações sobre o papel das provas periciais, defendendo a dispensabilidade da elaboração do laudo antropológico, revelando um posicionamento de que o conhecimento e instrumentos do campo jurídico estariam num status superior daqueles que possuem natureza antropológica[18].

Fechando os desafios relacionados a como o do trabalho do antropólogo é percebido nas ações judiciais, temos o caso da Comunidade Quilombola Santa Maria dos Pinheiros[19], que trata da nomeação de profissional de campo do conhecimento diverso da antropologia, distante até da área das ciências sociais como um todo, para a elaboração de uma perícia de natureza antropológica. O julgado, que relata a nomeação de engenheiro agrônomo para elaboração de laudo antropológico assevera que cabe a juiz a valoração quanto à qualificação, num flagrante contrassenso com as estratégias estabelecidas desde a redemocratização a partir da parceria entre o MPF e a ABA, registradas, inclusive na Carta de Ponta das Canas e no Protocolo de Brasília sobre Laudos Antropológicos

 

[1] Na tese se aprofunda o estudo dos processos analisados quanto: a) à existência ou menção da existência de laudo antropológico na decisão/processo judicial; b) quanto à abordagem da categoria identidade no texto/subtexto da decisão analisada; c) quanto à abordagem da categoria territorialidade no texto/subtexto da decisão analisada; d)  quanto à abordagem da categoria propriedade no texto/subtexto da decisão analisada e; e) quanto à prevalência do direito de propriedade privada ou da tutela das territorialidades dos povos e tradicionais como resultados das decisões.

[2] TRF1, Sexta Turma, Apelação Cível n. 0004614-83.2000.4.01.0000, Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues, Data da publicação 13/10/2009.

[3] TRF1, 4ª Turma suplementar, Apelação Cível n. 0001592-71.2001.4.01.3301, Juiz Federal Rodrigo Navarro De Oliveira, Data da publicação 18/07/2013.

[4]STJ, Agravo em Recurso Especial n. 453.294 – CE, Ministro Mauro Campbell Marques, Data de publicação 17/02/2014

[5]STJ, Recurso Especial n. 1.469.125 – AL, Ministra Assusete Magalhães, Data da publicação 24/04/2018.

[6]TRF1, Agravo De Instrumento n. 0064822-71.2016.4.01.0000, Relatora Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, Data de Publicação 13/04/2018

[7] TRF1, Quinta Turma, Apelação Cível n. 0000932-04.2006.4.01.3301, Relatora Desembargadora Federal Selene Maria De Almeida, Data da publicação 27/02/2014

[8] TRF 1, Sexta Turma, Apelação Cível n. 0003540-45.2006.4.01.3310, Relator Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Data de publicação 01/08/2011

[9] STJ, Recurso Especial n. 1.546.139 – PR, Relator Ministro Og Fernandes, Data da publicação 06/08/2019

[10] As seis grandes áreas temáticas se referem: a) ao uso textual de conteúdo dos laudos no texto das decisões judiciais; b) à utilização da tese do marco temporal para restringir a garantia das territorialidade tradicionais; c) à instabilidade nas áreas de conflitos agrários, com implicações à segurança e integridade dos povos e comunidades tradicionais; d) à exploração comercial em territórios tradicionalmente ocupados; e) às reflexões acerca do trabalho do antropólogo enquanto sujeito no processo de elaboração dos laudos e perícias; f) aos impactos que a morosidade dos órgãos públicos no processo de elaboração dos laudos antropológicos ocasiona na manutenção dos conflitos pela terra

[11] STJ, Recurso Especial n. 1559142, Relator Ministro Herman Benjamin, Data de Publicação 02/09/2016

[12]STJ, Recurso Especial n. 1.565.338/RS, Ministro Humberto Martins, Data da Publicação 21/03/2016

[13] STJ, AgInt no Mandado de Segurança N 22.918 – DF, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Data de publicação 17/04/2020.

[14] Idem, ibidem

[15] TRF1, Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo à Apelação n. 1000080-78.2020.4.01.0000, Relator Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Data de publicação 30/01/2020

[16] Idem, ibidem

[17] TRF 1, Agravo de Instrumento n. 0013691-91.2015.4.01.0000, Relator Desembargador Federal Souza Prudente, Data de publicação 06/06/2018

[19] (STF, Recurso Extraordinário com Agravo n. 926168/RS, Relator Ministro Dias Toffoli, Data da Publicação 09/11/2016)

[20]TRF 1, Quarta Turma, Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n. 0037298-51.2006.4.01.0000, Relator Desembargador Federal Ítalo Fioravanti Sabo Mendes, Data da publicação 03/08/2007.

Conclusiones:

A atuação do judiciário para a resolução dos conflitos pela terra envolvendo povos e comunidades tradicionais – sobretudo a partir do uso e da mobilização dos laudos  e perícias antropológicos –  evidenciou-se enquanto tema de grande complexidade considerando que as identidades e territorialidades desses sujeitos coletivos não são abarcadas pela racionalidade  predominantes no tratamento da terra, desafiando o Estado e o campo jurídico, sobretudo a partir da Constituição Federal de 1988, a compreender categorias como terras tradicionalmente ocupadas, direitos culturais, direitos territoriais originários e a colocá-las em prática, por meio de instrumentos que não são capazes de alcançar todas as dimensões desses direitos porque forjados numa outra lógica, a de garantir propriedade individual e para poucos sujeitos considerados “capazes”.

A assimilação dos direitos emergidos no processo de redemocratização, ao passo que garante avanço na pauta dos povos e comunidades tradicionais pois altera o paradigma de tratamento jurídico desses sujeitos, mesmo que numa perspectiva formal, esbarra na já mencionada falta de instrumentos jurídicos adequados para concretizá-los e, especialmente, tem como obstáculo os setores da sociedade que possuem outro projeto para o espaço agrário brasileiro que não contempla apropriação de terras para manifestação de identidade, culturas, tradições ou qualquer outra manifestação que não seja o lucro e que, até então, nunca se deparou com limitações do Estado e do direito para implementá-lo. 

Essa nova dinâmica inaugurada em 1988 intensifica os conflitos pela terra que representam, em última análise, o conflito em torno de duas perspectivas distintas de apropriação da terra e de sociabilidade no espaço agrário: de um lado estão aqueles que historicamente tiveram seus interesses contemplados pelo direito representando o projeto de desenvolvimento nacional contextualizado no modo de produção e acumulação capitalista sob os quais a apropriação da terra e da mão de obra necessária para o trabalho nela são consideradas exclusivamente para fins de exploração e obtenção de ganho financeiro, como é o caso da dinâmica de atuação dos latifúndios destinados à pecuário e agricultura no contexto do agronegócio, das mineradoras e dos empreendimentos hidrelétricos. Do outro lado estão os “novos” sujeitos que identificam a terra como espaço potencial de construção de sociabilidades que superam a exploração de mão de obra: identidades são estabelecidas e manifestam na relação simbiótica que as coletividades mantém com o território, no sentido de territorialidades.

Essa relação pressupõe que a terra é mais que um espaço de chão, mas o local onde se materializam as relações humanas e com a natureza: corresponde a um território, o chão mais gentes que constrói identidades coletivas e pertencimento. 

A simbologia que a noção de a noção de território carrega para os povos e comunidades tradicionais desafia as formas de propriedade estabelecidas pelo direito moderno e fundadas na perspectiva civil-individual-patrimonialista, impondo ao Estado a necessidade de, no mínimo, relativizar a estrutura jurídica desse instituto de modo a garantir os direitos decorrentes do art. 231 da CF e dos arts. 67 e 68 do ADCT. 

Os desafios de prática antropológica na produção de laudos e perícias relatados pelos antropólogos desde a Constituição de 1988, sobretudo aqueles sistematizados nos documentos de diretrizes como a Carta de Ponta das Canas (2000) e o Protocolo de Brasília (2015) foram percebidos no universo das ações e decisões analisadas, sobretudo aqueles relacionados à importância do laudo enquanto instrumento apresentação às decisões judiciais das categorias necessárias para compreensão das sociabilidades dos povos e comunidades tradicionais a partir de suas identidades e territorialidades próprias. 

Do universo dos conflitos pela terra analisados a partir das ações judiciais é possível considerar: a) quando o laudo antropológico é utilizado enquanto prova no processo judicial os direitos dos povos e comunidades tradicionais são, na maioria das vezes garantidos, substituindo alguns casos que, em decorrência de questões de ordem formal e processual eles são reconhecidos e ainda assim não são assegurados; b) os direitos territoriais são mais facilmente compreendidos nas decisões judiciais enquanto dimensão do direito de propriedade, mesmo que coletiva, não havendo uma leitura ou compreensão diretamente ligando territorialidades às categorias identidade, etnicidade, direitos culturais; c) uma estratégia dos grupos não-indígenas perceptível nas decisões (mesmo que na maioria das vezes não tenha sido reconhecida pelos julgadores) é a desacreditação do trabalho do antropólogo enquanto forma de atacar o produto do trabalho e, assim, ter garantidas as suas pretensões em prejuízo aos povos indígenas; d) a tese do marco temporal é o maior empecilho para a garantia das territorialidades tradicionais percebido no universo das ações e decisões analisadas, sendo o argumento de quase a totalidade das decisões contra os interesses territoriais indígenas e quilombolas.

Ademais, a partir das reflexões realizadas acerca da interface entre o direito e a antropologia e, principalmente, da consideração da antropologia jurídica enquanto um campo essencial de formação para os operadores do direito, é importante destacar a importância da renovação das diretrizes da educação jurídica para que cada vez mais, seja contemplada na formação dos estudantes de direito os olhares interdisciplinares desde as ciências humanas e sociais para a compreensão do fenômeno jurídico numa perspectiva mais adequada, resultando numa gênese de operadores do direito mais preparados para compreender as especificidades dos povos e comunidades tradicionais a partir de suas identidades e territorialidades, promovendo, organicamente, que os instrumentais desde esses campos do conhecimento como é o caso da antropologia com os laudos antropológicos sejam incorporados enquanto institutos e instrumentos do direito tão valiosos e respeitados como aqueles mais clássicos.

Bibliografía:

LANDER, E. (Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005.

MARTINS, José de Souza. O tempo da fronteira. Retorno à controvérsia sobre o tempo histórico da frente de expansão e da frente pioneira. Revista Tempo Social. São Paulo: USP, 1997.

MIGNOLO, Walter.  La Idea de América Latina: La herida colonial y la opción decolonial. Barcelona: Gedisa editorial, 2005.

MINAYO; Maria Cecilia de Souza; DESLANDES, Suely Ferreira. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2012.

OLIVEIRA, Oswaldo Martins de. O trabalho e papel do antropólogo nos processos de identificação étnica e territorial. In: LEITE, Ilka Boaventura (org.). Laudos Periciais Antropológicos em debate. Florianópolis: NUER; ABA, 2005. 

QUIJANO, Aníbal.  Colonialidad y Modernidad/racionalidad. Perú Indígena, vol. 13, n. 29, Lima, 1992, p. 11-20.

SOUZA FILHO, Carlos Frederico SOUZA FILHO de. Antropologia ou Direito? Crítica à autossuficiência do direito. Hiléia: Revista de Direito Ambiental da Amazônia. Ano 7-9, n. 13-14, 2010b.

TÁRREGA, Maria Cristina Vidotte Blanco; MAIA, Cláudio Lopes; FERREIRA, Adegmar José. Observatório da atuação do Poder Judiciário nos conflitos agrários decorrentes de ocupações de terra por movimentos sociais nos estados do Pará, Mato Grosso, Goiás e Paraná (2003-2011). Relatório Final de Pesquisa. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2012.

Palabras clave:

Conflitos pela terra; Laudos antropológicos; Poder Judiciário; Indígenas e Quilombolas.

Resumen de la Ponencia:

El presente trabajo busca someter a la crítica los primeros resultados del proyecto de posdoctorado “Acceso a la justicia de mujeres indígenas. Justicia ancestral, identidad cultural e igualdad de género, problemas y estándares para la regulación en Chile”. Este proyecto estudia el acceso a la justicia de mujeres indígenas, focalizándose en las formas de justicia ancestral, a la luz del derecho humano a la identidad cultural y desde una perspectiva de igualdad de género. La preocupación por el acceso a la justicia, el respeto a la cosmovisión, el buen vivir, por la interculturalidad, el pensamiento crítico y decolonial latinoamericano, lleva a plantearse en el actual contexto las siguientes preguntas que corresponden con los objetivos específicos: ¿En que condiciones enfrentan las mujeres su justicia ancestral?; ¿Cuáles son los estándares internacionales en materia de derecho a la identidad cultural y acceso a la justicia con perspectiva indígena y de género?; ¿Cómo se manifiesta el machismo y la discriminación en la justicia chilena y en la indígena;  ¿Es posible construir una justicia indígena con equidad de género?; ¿Abre el proceso constituyente una oportunidad para la justicia indígena y nuevas opciones para las mujeres indígenas? Para responder estas preguntas se sigue la teoría de “un Horizonte, pluralista, democrático e intercultural” desarrollada por Faundes Peñafiel. En esta teoría el autor propone desplazar la matriz liberal de la igualdad por una matriz democrática de la interculturalidad, junto con una recomprensión de los derechos humanos en el contexto cultural y político de los pueblos indígenas de las sociedades latinoamericanas y entender la cultura como alternativa emancipadora descentrada estructural e interculturalmente. Así, el objetivo general del proyecto es formular propuestas de política pública, reforma legal a los sistemas de justicia estatal, a la luz de las transformaciones constitucionales en curso, que aseguren un sistema de justicia con enfoque intercultural, de igualdad género e identidad cultural, reconociendo las justicias ancestrales. La metodología es mixta e interdisciplinaria, considerando: las fuentes producidas autónomamente por las mujeres indígenas en relación con las formas de justicia ancestral; revisión bibliográfica, estudio de jurisprudencia y metodología de Derecho Comparado, para la sistematización de estándares internacionales, cuyos resultados se aplican en la evaluación crítica de la política pública y la regulación, relativa a la recepción de las formas de justicia ancestral.

Resumen de la Ponencia:

La Constitución de 1991 estableció a Colombia como un estado social de derecho que permitió la creación de mecanismos para promover mayor participación de la ciudadanía dentro de la democracia, en este contexto es cuándo se empieza a hablar de jueces de paz. La primera vez que se establece la figura de Jueces de Paz es en el artículo 247, de la nueva Constitución Política de Colombia definiéndolos como los encargados de resolver los conflictos individuales y comunitarios en equidad. Bajo criterios de elección por votación popular. Posteriormente, en la sentencia C-536 de 1995 se definen como ciudadanos que colaboran en la administración de justicia, a través de la resolución de conflictos en equidad para lograr una paz social. Luego en la ley 497 de 1999 se reafirma y se reglamenta la organización y funcionamiento de los Jueces de Paz. Este contexto va a determinar un antes y un después en materia de Justicia Comunitaria en nuestro país, que permite definir como problema de investigación el abordaje conceptual de la Paz Territorial teniendo como puntos de referencia en su caracterización a las ciudades de Bogotá, como capital del país, y a la ciudad de Tunja, como ciudad intermedia y con características rurales. Esta caracterización comparada permite implementar un enfoque metodológico mixto, de tipo analítico a través del método documental, favoreciendo la lectura analítica de proyectos de ley, legislaciones, normatividades, experiencias y demás literatura sobre la cual se enmarcan las regulaciones de organización y funcionamiento de los Jueces de Paz Los estudios de Paz aportan hoy una línea de estudio para comprender las relaciones sociales que se dan en la sociedad y el territorio, desde las dinámicas de conflicto y su enlace con los aspectos sociales y culturales que construyen comunidad. Así, hemos implementado esta propuesta con el objetivo de identificar el papel de los Jueces de Paz en la resolución de conflictos en contextos territoriales, y definir los diferentes conflictos en clave de la gestión de los Jueces de Paz. También resulta importante visibilizar las experiencias alternativas en resolución de conflictos promovidas por los Jueces de Paz, e identificar los aportes para la construcción de paz territorial en dichas ciudades. Las caracterizaciones obtenidas como resultado, serán insumo fundamental para el abordaje conceptual de este tema, se espera compilarlas en: conflictos territoriales, metodologías para la identificación de experiencias de los jueces de paz y la sociedad civil, y tipologías de casos territoriales de construcción de paz.

Resumen de la Ponencia:

El presente ensayo analiza el actuar del Estado Chileno para facilitar las condiciones necesarias para que las personas ejerzan su derecho a denunciar actos de violencia intrafamiliar en contexto de pareja. Lo anterior, desde un análisis que se enmarca en la teoría del ciclo de las políticas públicas políticas y la capacidad estatal, de acuerdo al mandato legal vigente. Durante el año 2021, dentro del marco de formación doctoral, se llevó a cabo una entrevista semiestructurada a un agente clave que trabaja en un Tribunal de Justicia Mixto en el norte de Chile, la cual es utilizada como insumo para llevar a cabo esta ponencia.

Resumen de la Ponencia:

La participación ciudadanía en Colombia está establecida y protegida constitucionalmente, se supone que esa es una de las razones por las que se dice que es una constitución garantista de la democracia. No obstante, este ejercicio se ha visto trastocado por múltiples razones.En este orden de ideas, desde la educación, se puede decir que no se le está brindando a los ciudadanos las garantías en materia de conocimiento para poder ejercer su ciudadanía, social o política, puesto que, no existen estrategias que busquen el fortalecimiento de estas competencias ciudadanas en los planes educativos institucionales, en los lineamientos curriculares o en los planes de área a excepción de las ciencias sociales. Cabe mencionar, que desde el Ministerio de Educación Nacional se estableció el decreto 1860 de 1994, que reglamenta el manual de convivencia y la organización, composición y funciones del gobierno escolar. Sin embargo, esto está dispuesto para tratarse en un periodo de tiempo determinado y en muchas de las instituciones, no se hace un seguimiento a este proceso, por lo que no alcanza a potenciar en los estudiantes esas competencias.Así las cosas, la intención principal de la investigación que se presenta en esta ponencia, es implementar una estrategia didáctica que permita fomentar en los estudiantes de grado 8° de la institución educativa San José de Montería, Colombia, el pensamiento crítico, la acción participativa y la empatía, entendiendo estas categorías como las principales en las competencias ciudadanas.El valor agregado de está es que no está sujeta a un tiempo específico en el currículo, ni a los contenidos establecidos en el plan de área, puesto que, la finalidad es que los estudiantes estén fortaleciendo estas competencias indistintamente de las temáticas que estén trabajando y que idealmente, según los resultados que se esperan en esta primera prueba piloto pueda ser también una estrategia interdisciplinaria.Por otra parte, el elemento integrador de esta estrategia, es la comunicación asertiva, ya que, es el ambiente necesario para que existan buenas relaciones interpersonales tanto en la sociedad como en el aula de clase, todo debe estar mediado por la capacidad de los individuos para comunicarse de manera eficiente.Finalmente, es claro que la participación de la ciudadanía en todas las esferas de la vida en sociedad es una necesidad primordial para el respeto de los derechos y la veeduría de las garantías que el Estado está obligado a brindar a la población, es por esto, que es preciso trabajar desde la educación para que las personas tengan las herramientas y las condiciones, por lo menos en materia de conocimiento, para ejercer su ciudadanía de forma consciente y responsable.