Resumen de la Ponencia:

La popularidad y el reconocimiento internacional del sistema de formación dual alemán ha venido aumentado entre los países latinoamericanos, especialmente después de las ultimas grandes crisis: 1978-1980 con la crisis internacional del petróleo y con la crisis financiera del 2008. Lo interesante en estos casos es que, después de las crisis económicas del capitalismo, el discurso político económico se ha construido a partir de las ideas de austeridad fiscal, reestructuración productiva y reducción del estado (los programas de ajuste estructural en los 80) y la importancia de las alianzas público-privadas para superar la crisis (después del 2008). En ambos casos, la educación dual ha sido central como medida de reactivación del mercado laboral respondiendo a estos discursos. En la mayoría de los casos, la transferencia de formación dual se ha abordado desde una perspectiva legal o didáctica-pedagógica, pocas veces desde una mirada desde la sociología del trabajo. ¿cómo se puede abordar el fenómeno de las políticas de formación técnica en relación con las nuevas orientaciones de flexibilidad laboral, o de potenciación de las transiciones del mundo educativo al mundo laboral? ¿cómo entender las dinámicas de transferencia de políticas educativas-laborales en el marco del contexto sociopolítico-local desde una perspectiva crítica? A nivel teórico, se analiza a profundidad el proceso de transferencia del modelo alemán desde las perspectivas de los actores sindicales, estatales y empresariales costarricenses, tomando como ejes de análisis la producción de mitos institucionales, las dinámicas de poder entre actores, el dialogo social tripartito presentes en los discursos y prácticas de los actores sociales. A nivel metodológico, el tema es abordado desde el análisis crítico de discurso, utilizando técnicas cualitativas para el análisis de documentos políticos, entrevistas semiestructuradas sujetos y observación participante.A manera de resultados se puede decir que el proceso de transferencia del modelo dual ha sido atravesado por mitos-ideologías institucionales a nivel local, que existe un conflicto histórico detrás de las condiciones de trabajo que se manifiestan en las discusiones centrales y estratégicas para implementar un modelo de formación dual, como los salarios, el derecho a la sindicalización y las garantías laborales de los apéndices y por último, que las transferencias no toman en cuenta las transformaciones históricas sucedidas en los países locales, lo que influye en la concepción ideológica, discursiva y práctica de los actores sociales sobre una política educativa que recae sobre el mundo laboral.Láscarez-Smith, Daniel., y Schmees, Johannes K. (2021). The Costa Rican business sector’s concepts of the transfer of German dual training. Revista Actualidades Investigativas en Educación, 21(2), 1-30. Doi.10.15517/aie.v21i2.46792    Li, J., & Pilz, M. (2021). International transfer of vocational education and training: a literature review. Journal of Vocational Education & Training 73, 1–34. https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1847566 

Resumen de la Ponencia:

Los trabajos del cuidado del hogar han despertado un interés creciente en el ámbito académico y político ya que permiten evidenciar las brechas entre mujeres y hombres en cuanto a la división sexual del trabajo. En el contexto colombiano, se han implementado planes regionales con el fin de integrar los trabajos del cuidado dentro del Sistema de Cuentas Nacionales y el Circuito Distrital del Cuidado; sin embargo, el panorama nacional ha dejado de lado las experiencias territoriales donde subsiste esta problemática que se agudizó debido a las medidas sanitarias orientadas a mitigar la propagación del COVID-19. De este modo, la presente ponencia analizó las opiniones de 224 personas en edad adulta de la UPZ Gran Yomasa en la localidad de Usme (Bogotá, Colombia) frente a los trabajos del cuidado y el uso del tiempo en el contexto de la contingencia sanitaria COVID-19. Para ello, se elaboró un estudio mixto convergente que combinó tres entrevistas, un grupo focal y 224 encuestas, las cuales permitieron evidenciar que, si bien las personas coinciden en que las labores del hogar deben ser distribuidas de manera equitativa entre hombres y mujeres; en la práctica, las mujeres dedican más tiempo que los hombres a la realización de los trabajos del cuidado.

Resumen de la Ponencia:

En el contexto actual, las investigaciones acerca del trabajo del hogar remunerado han mostrado características de precariedad en las relaciones y condiciones de trabajo que se establecen en la prestación de este tipo de servicios. Estas circunstancias de tipo coyuntural han tenido un impacto en la contratación, en las diversas modalidades de esta, en la modificación de las actividades a realizar, en la intensificación de la jornada de trabajo (laborar menos días y realizar la misma o mayor cantidad de trabajo) bajo las condiciones de reducciones salariales y hasta despidos injustificados.Bajo este panorama, resulta relevante analizar cómo la precarización afecta las condiciones de trabajo de este grupo de personas asalariadas, debatir sobre los riesgos físicos y psicosociales a los que son sometidas las personas trabajadoras del hogar -verse obligadas a desplazarse por transporte público y mantener las medidas de seguridad e higiene solicitadas por el gobierno mexicano y las familias de las personas empleadoras-.Las interacciones también influyen en el proceso de trabajo, puesto que durante el periodo de confinamiento las familias empleadoras laboraban en casa -homeoffice- y los hijos de ellos tomaban clases en línea, esto influye en la intensificación del trabajo y las interacciones que se realizan al interior del hogar durante el proceso de trabajo.Por último, a partir de la pandemia se consideró como un riesgo de contagio a una persona trabajadora del hogar, fundamentado principalmente en prejuicios, estigmas y estereotipos: basados en juicios de valor (negativos), creencias aprendidas y suposiciones asignadas a miembros de un grupo basados en información incompleta que generaliza las características de los miembros de un grupo social (por considerar que son pobres, ignorantes, irresponsables y sucios).De acuerdo con lo anterior,  esto se tradujo en conductas discriminatorias que atentan contra los derechos de las personas trabajadoras del hogar y que se objetivan en despidos injustificados, en procesos de segregación, un trato diferenciado y a las reducciones del salario y modificación de las actividades a realizar, por tanto, dichas acciones tienen un impacto en la precarización de este trabajo de servicios y reproduce los procesos de desigualdad de las personas trabajadoras del hogar.

Resumen de la Ponencia:

Introducción: La formación técnico profesional ha sido promovida en diversos países como un medio para proveer las competencias y calificaciones que demanda el mercado laboral (Ozer y Perc, 2020). Este tipo de formación contribuiría, supuestamente, a superar la inequidad de los sistemas educativos y a promover una mayor movilidad social (Zancajo y Valiente, 2018). Las políticas educativas promueven un modelo dual, en donde la formación en la empresa se plantea como una exigencia para satisfacer las demandas del mercado laboral y la inserción laboral de los jóvenes (OCDE, 2017; Luna, Astorga, Téllez y Novoa, 2018). Este tipo de formación dual, sin embargo, es difícil de implementar dado el escaso compromiso de las empresas con la formación (Carrillo y Jurado, 2017). En efecto, tanto en Latino América como en España se advierte la dificultad de estrechar vínculos con el sector productivo empresarial (Sevilla, 2017; Sepúlveda y Valdebenito, 2019); asimismo, se plantea la dificultad de responder a políticas educativas que no consideran la realidad local y diversidad regional (Šćepanović, V., & Martín Artiles, 2020).Método: Utilizando una metodología mixta secuencial de estudio de casos múltiples, el objetivo de esta investigación fue comprender cómo los centros de educación secundaria de formación profesional (FP) se vinculan con el sector productivo. Para la selección de los casos se revisaron indicadores sobre, desempeño, tasa de titulación, dependencia, modalidad técnico profesional, género del director o directora, tamaño, ubicación geográfica (rural/urbana), número de docentes. Se seleccionaron once casos de diferentes regiones del país. Para formalizar la participación se pidió autorización y firma de consentimiento informado a cada participante. Para la producción de datos, se realizaron dos entrevistas con el director, con el coordinador del currículo, con el coordinador de especialidades, dos grupos focales con docentes y jefes de especialidad. Para el análisis de datos se construyó una descripción exhaustiva de cada caso. Seguidamente, se realizó un análisis cruzado que integró los resultados obtenidos en cada caso. Además, se analizaron, desde una perspectiva crítica del discurso (Fairclough, 2010),  documentos de políticas educativas que mandatan el trabajo. Resultados: Las categorías que emergen dan cuenta de estructuras organizacionales donde la toma de decisiones es colectiva. Aparece también una categoría que destaca la conformación de comunidades de aprendizaje profesional. Finalmente, aparece una categoría sociopolítica relacionada con las dificultades para implementar un modelo dual donde se puedan certificar las competencias profesionales. Discusión y conclusiones: El fortalecimiento de una cultura de colaboración es complejo en un contexto neoliberal en donde prima la competencia y el individualismo por sobre el trabajo colaborativo. La descentralización, la autonomía y cambios en la estructura de poder y de relación con el sector productivo aparecen como desafíos en este tipo de formación profesional.

Resumen de la Ponencia:

A nivel mundial, la ocupación laboral de la población joven se ha convertido en un asunto significativo y urgente para el análisis social, y también en un gran desafío para las políticas públicas. En América Latina en general, y en México en particular, los egresados de estudios superiores que se encuentran listos para emplearse de modo asalariado, o para ocuparse por cuenta propia, manifiestan gran incertidumbre sobre sus posibilidades reales de inserción laboral, y sobre la calidad de los trabajos que les esperan. Ello, debido a las restricciones estructurales de la planta productiva y a las remuneraciones y estabilidad de las plazas existentes. Es un entorno de precariedad visible, que impide a la juventud vislumbrar proyectos de vida sólidos, cuando lo que enfrentan son en general bajos salarios, ocupaciones informales y ausencia de esquemas de seguridad social. Además, aumenta la competencia por los puestos de trabajo estables y regulados que son cada vez más escasos, dando como resultado que los jóvenes sean hoy uno de los segmentos poblacionales de mayor vulnerabilidad. A partir de lo anterior, la presente exposición se propone es sistematizar las tendencias en la disponibilidad de empleo juvenil en la región, con énfasis en el caso de México, y delinear las condiciones laborales a las que se enfrentan actualmente los jóvenes con estudios superiores, ya que, con el paso de los años, y pese a que cuentan tendencialmente con mayor capacitación y calificaciones, han sido severamente afectado por la fragilidad ocupacional. Se propone que, en buena medida, ello se sustenta en reformas de política pública e institucionales, es el caso de la legalización del outsourcing (subcontratación) que elimina la accesibilidad, derechos y formas de pensión y retiro, potenciando la precariedad laboral y salarial lo que origina el crecimiento de la economía subterránea en cuestiones de empleo. Además, se han multiplicado los trabajos de tiempo parcial, trayendo consigo que este sector se encuentre deambulando de trabajo en trabajo, y el tipo de contratación incrementa el porcentaje de jóvenes que no cuenta con sindicatos que los respalde.

Resumen de la Ponencia:

El estudio que se presenta, propone la construcción de un Índice de Calidad del Empleo (ICE) tomando como base la metodología empleada por Farné-OIT (2003), para la comparación entre unidades territoriales en Uruguay. Se parte de considerar que la medición de la calidad del empleo, requiere del diseño de un recurso metodológico que recoja un conjunto de variables explicativas construido mediante la ponderación de variables simples, considerando indicadores enfocados en el tipo de trabajo más que en el acceso (tener o no tener empleo) (Farné, 2003). De esta manera, se cuestiona la idea de que los problemas de empleo son directamente atribuibles al desempleo (Sehnbruch, 2004 en Porras y Rodríguez, 2014).

Autores sostienen que la calidad del empleo está determinada por el contexto económico productivo (productividad, nivel de desarrollo económico, apertura externa) y por la institucionalidad laboral (legislación y negociación colectiva), no obstante, a nivel latinoamericano, ninguna de éstas condiciones es homogénea al interior de los países (Weller y Roethlisberger 2011 citados en RIMISP, 2013). En Uruguay, pese a la homogeneidad con la que históricamente se lo ha asociado, existen significativas desigualdades entre los espacios sub-nacionales. De este modo, se instala la necesidad de centrar el debate en las desigualdades territoriales, consideradas el principal obstáculo para el desarrollo de la región (RIMISP, 2013).

Considerando que, en materia de empleo, cuando se comparan territorios, se lo hace a partir de indicadores de los cuales informa el sistema oficial de estadísticas tales como tasa de empleo, tasa de actividad, tasa de desempleo y a través de los indicadores de restricciones al empleo (subempleo e informalidad), el uso de un indicador compuesto, constituye un aporte a su estudio como fenómeno complejo y multidimensional.

De acuerdo a estas consideraciones, la propuesta considera cuatro indicadores: ingreso, seguridad social, estabilidad en el empleo y tiempo de trabajo. Se plantea un diseño transversal, siendo la población objetivo los/as ocupados/as en ocupación principal. La estrategia metodológica, de carácter cuantitativo, se centra en el tratamiento de la Encuesta Continua de Hogares (2019) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Introducción:

El estudio desarrolla una propuesta de medición de la calidad del empleo mediante la construcción de un índice sumatorio ponderado (ICE), aplicándose dicho instrumento para evidenciar la desigual distribución territorial de la calidad del empleo en Uruguay. 

A partir de explorar los orígenes y desarrollo del concepto de calidad del empleo, se aborda el proceso de operacionalización del concepto mediante la elección de dimensiones y selección de los indicadores, en base a un modelo de cuatro componentes: ingresos, seguridad social, estabilidad y horario de trabajo. Las mismas se formalizan en un índice ponderado que, a partir de criterios teóricos y de la técnica de Análisis de Componentes Principales (PCA), asigna pesos diferenciales en función de la contribución de cada variable a la variabilidad del conjunto. Asimismo, se discute el proceso de ponderación de los indicadores y determinación de umbrales de calidad. 

Posteriormente, se presentan los resultados del estudio, constituyendo el ICE adaptado un primer producto. A su vez, la aplicación del instrumento para Uruguay (2019) permite observar que, en el total del país, un 64,1% de las personas ocupadas (en ocupación principal) alcanza el umbral de un empleo de buena calidad, definido en 57 puntos. Sin embargo, ese dato esconde significativas diferencias entre ámbitos sub-nacionales, como por ejemplo los 19 puntos porcentuales que separan a los departamentos de Colonia y Rivera (67,2% y 48,1% respectivamente). 

Por otro lado, el comportamiento territorial de la calidad del empleo permitió construir agrupamientos de departamentos, mediante la técnica de conglomerados jerárquicos, obteniéndose cuatro agrupamientos, además de Montevideo, que se analizan por criterio de porcentaje de personas ocupadas que alcanzan el umbral de calidad del empleo, así como por niveles de calidad. 

Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo. Entre las mismas se destacan los desafíos que supuso el proceso de adaptación del índice, dada la falta de criterios universales para seleccionar y ponderar las variables o indicadores componentes, la necesidad de establecer umbrales de calidad y las limitaciones relativas a las fuentes de datos disponibles. Asimismo, se retoman los principales resultados del estudio y se dejan planteadas posibles líneas de trabajo a seguir profundizando, con foco en la explicación de la desigual distribución de la calidad del empleo en Uruguay, a partir de la herramienta construida.

Desarrollo:

En la actualidad, la dinámica de los mercados globales se caracteriza por la búsqueda de menores costos de producción, crecientes niveles de competitividad y cambio tecnológico. Las nuevas exigencias de flexibilización propias del patrón de acumulación vigente (flexible) han provocado cambios en relación a los salarios, estabilidad, cobertura social entre otras variables laborales, lo que se traduce en un conjunto de formas de empleo que se distancian del modelo típico fordista (Harvey, 1998). En tal contexto, el debate en torno al empleo atípico, contingente y los malos empleos ha contribuido a despertar el interés en el tema de la calidad del empleo[1] (Reinecke y Valenzuela, 2000 citados por Farné, 2003); asimismo, la aprobación en varios países del mundo de reformas laborales en procura de adecuar la legislación a estas transformaciones  y el fenómeno de la expansión del empleo en el sector servicios (caracterizado por un crecimiento de la productividad menor que en el sector industrial), reforzaron dicho interés (Van Bastelaer y Hussmann, 2000; Carty, 1999 citados por Farné, 2003).

La presencia del tema en la producción teórica, de manera explícita, data de la década de los setenta, en el marco de estudios sobre calidad de vida desarrollados en Estados Unidos y Holanda (Reinecke y Valenzuela, 2000). Su presencia en las agendas de organismos internacionales adquiere especial relevancia a partir de los postulados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999 sobre “Trabajo Decente” (Jiménez y Páez, 2014). Asimismo, la Unión Europea ha destinado esfuerzos desde el año 2000 para el desarrollo de indicadores de calidad, siendo un ejemplo los Job quality Indicator lanzados en el Consejo Europeo de Laeken en 2001 (Huneeus, Landerretche, Puentes y Selamn, 2013). Por su parte, en el año 2008, se modifican los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), escenario en el que comienzan a incluirse indicadores específicos vinculados al empleo. 

En tal contexto, se observa un crecimiento de estudios sobre calidad del empleo en los países de América Latina. En los mismos, se ofrecen discusiones conceptuales y esfuerzos de medición que parten de los avances del debate europeo -introducido al trabajo regional de la OIT por Rodgers-, e incorporan modificaciones de acuerdo al contexto y particularidades regionales (Weller y Roethlisberger, 2011). 

Ante la ausencia de una teoría única sobre Calidad del empleo, existen diversas valoraciones sobre lo que constituye un empleo de calidad y las dimensiones que lo componen, que resultan en instrumentos de medición también diversos (Jiménez y Páez, 2014). En este estudio se retoma y adapta la propuesta desarrollada por la oficina de la OIT en Santiago de Chile y aplicada por primera vez en Colombia por Farné (2003) para el cálculo de un índice sintético que se fundamenta en cuatro dimensiones: ingreso, estabilidad, tiempo de trabajo y seguridad social. El mismo se propone por su sencillez conceptual, metodológica y de cálculo (Farné, Rodríguez Guerrero y Carvajal, 2013). Se logra de esta manera captar en un conjunto reducido de indicadores, las principales dimensiones de la calidad del empleo señaladas por la literatura.

Entendiéndose que la calidad del empleo está “determinada por un conjunto de factores vinculados al trabajo, que son expresión de características objetivas, dictadas por la institucionalidad laboral y por normas de aceptación universal que influyen en el bienestar económico, social, psíquico y de salud de los trabajadores” (Reinecke y Valenzuela, 2000, Farné 2003, Farné, Vergara y Baquero, 2012), se construye el instrumento con el objetivo de medir la calidad del empleo de forma multidimensional, así como evidenciar su desigual distribución territorial en Uruguay.

Centrar el análisis en las desigualdades territoriales implica para Uruguay cuestionar el mito del país territorialmente integrado, dada la heterogeneidad que presenta en sus diferentes escalas; se trata de un imaginario construido en torno a una clase media integrada y a una fuerte matriz Estado-céntrica, a partir de diversos formatos institucionales creados bajo el concepto de Nación y organizados territorialmente en torno a la figura de Montevideo. Asimismo, la reducida extensión geográfica del país, el escaso tamaño poblacional, entre otros aspectos, han contribuido a reforzar este imaginario de aparente homogeneidad (Sañudo, Leal, Quiñones y Andrioli, 2020).

La evidencia empírica muestra que la distribución territorial de la calidad del empleo en Uruguay es desigual. La anterior afirmación se fundamenta a partir de indicadores que el INE incluye para medir calidad del empleo: subempleo e informalidad y de los aportes de la literatura disponible para países de América Latina. En tal sentido RIMISP (2013) constata la existencia de profundas brechas territoriales en indicadores relacionados a calidad del empleo para ocho países latinoamericanos, señalando que, si bien los resultados promedio indican mejoras en las variables consideradas tales como formalidad laboral, ingreso, protección social, entre otras, esto no se traduce en una reducción de las brechas territoriales, mostrando como la medición de la calidad del empleo a través de promedios nacionales tiende a invisibilizar las desigualdades territoriales.  Asimismo, un análisis del indicador de empleo no registrado en Uruguay en el período 2006-2016 permite observar que, si bien en el promedio nacional la informalidad bajó, cuando se comparan los datos entre departamentos se observa un aumento de la dispersión (Leal, 2018)[2].

Considerando que, cuando se comparan territorios, se lo hace a partir de indicadores de los cuales informa el sistema oficial de estadísticas tales como tasa de empleo, tasa de actividad, tasa de desempleo y a través de los indicadores de restricciones al empleo (subempleo e informalidad), el uso de un indicador compuesto para medir la desigual distribución territorial de la calidad del empleo a partir de múltiples variables, constituye un aporte a su estudio como fenómeno complejo y multidimensional.  De acuerdo con lo expresado, la investigación buscó generar un aporte metodológico mediante la adaptación de un Índice de Calidad del Empleo para Uruguay y, a su vez, mediante su aplicación específica, incorporar al análisis la mirada territorial de las desigualdades en relación a la calidad del empleo. 

 

Diseño general y decisiones metodológicas

El estudio adoptó un diseño cuantitativo centrado en el tratamiento de una fuente de datos secundarios, la Encuesta Continua de Hogares (2019)[3] del Instituto Nacional de Estadística (INE), Uruguay. La estrategia implementada consistió en la adaptación del Índice de Calidad del Empleo (ICE) tomando como modelo la metodología empleada por Farné (2003) basado en la OIT. 

De acuerdo a los datos disponibles en la base de referencia, se define como unidades territoriales, a efectos de su comparación, los 19 departamentos del país. Se plantea para éste trabajo un diseño transversal, siendo la población objetivo las personas ocupadas[4] en ocupación principal (es decir, aquella que provee los mayores ingresos), en las categorías de ocupación: asalariados/as e independientes.

        Especificación de dimensiones y selección de indicadores.

El ICE combina cuatro dimensiones que comprenden los siguientes indicadores: Salario; Antigüedad en el empleo; Horas de trabajo semanales trabajadas, Subempleo y Afiliación a la seguridad social; optándose por la construcción de un índice sumatorio ponderado. A continuación, se describe brevemente el proceso de especificación del concepto mediante la elección de dimensiones, selección de los indicadores y criterios para su ponderación.

        Dimensiones

-Ingreso: Para ésta dimensión se mantienen los valores que propone el ICE de referencia (Farné,2003): Menos de 1.5 SML=0; Entre 1.5 SML y 3 SML=50; Más de 3 SML = 100. De acuerdo a la base de datos empleada, se considera la siguiente variable: Ingresos de la ocupación principal.  

-Seguridad social: El estudio se centrará en analizar el registro de los trabajadores a la Seguridad Social, tomando en consideración las variables: Aporta a alguna caja de jubilaciones; Aporta por la totalidad del salario, dando lugar a los siguientes criterios y valores: Con registro a la SS=100; Con registro parcial a la SS (el trabajador no aporta por la totalidad del salario) =50; Sin registro a la SS=0 

-Estabilidad: El ICE de referencia considera para esta dimensión la variable tipo de contrato, la misma implica la existencia de un contrato laboral escrito a término indefinido, a término fijo o la ausencia de contrato escrito. Dado que la variable “Tipo de contrato” no es relevada en la ECH, se empela en éste caso la variable antigüedad en el empleo, como indicador de estabilidad.

De acuerdo a lo señalado la variable a considerar es la cantidad de años que trabaja en la empresa de manera continua, estableciéndose las siguientes categorías: Mayor o igual a cinco años de antigüedad=100; Entre un año y cuatro años de antigüedad=50; Menos de un año de antigüedad =0 

-Tiempo de trabajo: Considerando la legislación de Uruguay, para la medición del tiempo de trabajo existe una doble limitación: no se puede trabajar más de 8 horas diarias y de 44 o 48 horas semanales, según se trabaje en el Comercio o en la Industria respectivamente (MTSS, 2008). 

El estudio considera que el trabajador alcanza el óptimo para esta dimensión cuando su jornada laboral no excede las 48 horas semanales ni se encuentra en situación de subempleo. En tal sentido, la ECH (2019) provee las variables: cantidad de horas habitualmente trabajadas por semana y Trabajador subempleado.

Se establecen las siguientes categorías: Hasta 48 horas semanales y no subempleado=100; Más de 48 horas semanales y hasta 60 horas semanales = 50; Más de 60 horas semanales o subempleado=0

        Ponderación

Cada una de las variables recibe una valoración horizontal y una vertical. El criterio de valoración horizontal asigna a cada variable un puntaje de 0 a 100 puntos, el valor 0 representa la privación de la característica en tanto que el 100 implica la cobertura total de la característica de referencia. La valoración vertical corresponde a la ponderación asignada a cada una de las variables que componen el índice, de acuerdo a su importancia relativa. El empleo de criterios de valoración horizontal y vertical permite asignar a cada individuo un puntaje que será creciente al crecer la calidad de su empleo (Quiñones, 2011). 

Respecto al proceso de ponderación y su valoración vertical, Farné (2003) advierte de las complejidades que supone dada la multidimensionaldad del concepto, lo cual implica asignar pesos a cada una de las variables o dimensiones contenidas en el Índice, proceso al decir de Rodgers (1997) con pocas posibilidades de ser universalmente válido. En el estudio, se opta por mantener la distinción propuesta por Farné (2003) entre trabajadores/as asalariados/as e independientes y contemplar los criterios teóricos aportados por el autor en base a la revisión de la literatura realizada, pero se modifica el peso que cada variable asume en el Índice, dada la necesidad de considerar las especificidades del caso estudiado, Uruguay, distintas a las de Colombia, estudiado por Farné.

De esta forma, se trabaja a partir de Análisis de Componentes Principales (PCA), técnica estadística que permite explicar la mayor variabilidad total de un conjunto de variables con el menor número de componentes posible, permitiendo realizar dos acciones fundamentales: cuantificar las variables originales y reducir la dimensionalidad de los datos (Navarro, Casas y Rodríguez, 2010). 

Los valores resultantes se resumen a continuación:

        Umbrales

El estudio fija como umbral 57 puntos, situación que implica que se obtenga como mínimo, un puntaje de 50 puntos en tres de las dimensiones consideradas y 100 puntos en la restante dimensión. Este valor representa la situación donde la persona percibe un ingreso entre 1,5 y 3 SML, se encuentra afiliada a la seguridad social (con aporte parcial), posee entre 1 año y 4 años de antigüedad en el empleo y su jornada laboral no excede las 48 horas semanales ni se encuentra en situación de subempleo.

A su vez, se establecen cuatro niveles o conjuntos definidos en base a los puntajes recibidos, los que se describen a continuación.

Nivel 1: puntaje obtenido mayor a 79 y hasta 100 puntos.

Nivel 2: puntaje obtenido mayor a 57 y hasta 78 puntos. 

Nivel 3: puntaje obtenido mayor a 29 y hasta 56 puntos. 

Nivel 4: puntaje obtenido entre 0 y 28 puntos. 

        Decisiones relativas a la aplicación del instrumento

Luego de asignarse a cada indicador los puntajes detallados en los puntos anteriores, se crean las variables correspondientes a SML, Seguridad Social, Antigüedad y Horas de trabajo; sus valores agregados (multiplicados por su correspondiente ponderación) resultan en un puntaje del ICE por persona ocupada (en ocupación principal). Posteriormente, los valores obtenidos se recodifican bajo la siguiente variable y categorías:

ICE_Umbral: Empleo de buena calidad; Empleo de mala calidad.

Una vez construido el ICE, se procede a probar su utilidad para medir la desigual distribución territorial de la calidad del empleo, evidenciada en estudios previos mediante medidas unidimensionales. Para ello, mediante análisis de distribución de frecuencias se compara el porcentaje de personas ocupadas que alcanzan el umbral de calidad del empleo definido (57 puntos) y el porcentaje que alcanza el umbral por “sub umbrales” o niveles de calidad/privación. 

El análisis se realiza para el total del país, por departamentos y agrupamientos departamentales, éstos últimos concebidos como producto de la aplicación del ICE a nivel departamental y construidos mediante la técnica de Clúster jerárquico, técnica multivariada que tiene por objetivo agrupar elementos por la similitud o similaridad entre ellos, creando grupos homogéneos. Se trata de un método de clasificación automática o no supervisada que permite estudiar tres tipos de problemas: partición de los datos, construcción de jerarquías y clasificación de variables (Peña, 2002). A efectos del análisis propuesto, el estudio considera como casos los dieciocho departamentos del país (exceptuando Montevideo[5]) y como variable “Empleo de mala calidad” obtenida a partir del porcentaje de personas ocupadas que no alcanzan el umbral de calidad del empleo por departamento. Como resultado se obtienen n conglomerados, que agrupan los departamentos en “regiones” de acuerdo a su calidad del empleo. 

 

Resultados y discusión

Descritos los componentes del índice y su forma de medición, se define el ICE del individuo i en el periodo t como la sumatoria de los indicadores componentes: Ingreso (I); Seguridad Social (S); Antigüedad (A); Tiempo de trabajo (H) por su correspondiente ponderador (w), resultando en un valor por persona ocupada (en ocupación principal) que varía de 0 a 100. 

Posteriormente, los datos agregados se interpretan como el porcentaje de personas ocupadas que alcanzan/no alcanzan el umbral de calidad del empleo, definido en 57 puntos, así como por “sub umbrales” o niveles de calidad.

 

El estudio se propone, una vez construido el índice, aplicarlo a la medición de la desigual distribución de la calidad del empleo en Uruguay. En función del mismo, a continuación, se exploran primero los resultados del ICE a nivel país, en función del resultado global y por umbrales, para luego analizar y comparar el indicador por departamentos y agrupamientos departamentales.

Mediante el análisis de distribución de frecuencias se observa que, en Uruguay, un 64,1% de las personas ocupadas alcanzan o superan el umbral de calidad del empleo, fijado en 57 puntos, en tanto un 35,9% no lo hace, tratándose éstos últimos de empleos de mala o muy calidad. La situación analizada, en base al criterio de corte definido, muestra una primera diferenciación, entre empleos de buena y de mala calidad. Asimismo, considerando el porcentaje de personas ocupadas según los 4 niveles establecidos se observa que casi 1/3 (33%) se ubica en el nivel 1, el mismo da cuenta de un empleo que alcanza el óptimo (100 puntos) en todas o la mayoría de las dimensiones consideradas en el ICE. Por su parte, un porcentaje similar de personas ocupadas (31%) se ubican en el nivel 2, en este caso, al igual que en el anterior, ninguna dimensión considerada en el ICE presenta carencia (0 puntos) pero, a diferencia del nivel 1, la mayoría de las variables asumen valores parciales (50 puntos).

Los niveles 3 y 4 representan privaciones en términos de calidad del empleo. El nivel 3 integra un 19,3% de personas ocupadas con empleos de mala calidad; por su proximidad al umbral, muestra mejores situaciones en términos de cobertura de las dimensiones consideradas en relación al nivel 4. En este último caso, un 16,6% de las personas ocupadas presenta empleos de muy mala calidad.

Por su parte, una primera aproximación al análisis departamental permite confirmar la existencia de una desigual distribución de la calidad del empleo entre los territorios considerados. De esta forma, es posible observar que existen territorios en situaciones notoriamente distintas, siendo un claro ejemplo los departamentos de Colonia y Rivera: mientras en Colonia las personas ocupadas que alcanzan el umbral de calidad del empleo se sitúa en un 67,2%, en Rivera este porcentaje desciende a 48,1%. En situaciones similares se encuentran los departamentos de Maldonado (64,3%) y Artigas (48,6%) o Canelones (61,8%) y Cerro Largo (50,5%), como se observa en la tabla N°3.

 

Los datos analizados permiten confirmar significativas diferencias entre ámbitos sub nacionales, como, por ejemplo, los 19 puntos porcentuales que separan a Colonia de Rivera o los 16 puntos porcentuales observados entre Maldonado y Artigas. 

Por otra parte, el análisis de los datos desagregados por niveles de calidad del empleo, muestra que los departamentos con mayor porcentaje de personas ocupadas en situaciones óptimas (nivel 1 o empleo de muy buena calidad) son Montevideo (40,7%), seguido por Maldonado (33%), Colonia (32,5%) y Canelones (31,8%). Los desempeños más bajos en este nivel están dados por los departamentos de Rivera (21,8%), Cerro Largo (23,4%) y Soriano (24%). Si se observan los valores correspondientes a situaciones críticas (nivel 4 o empleo de muy mala calidad), los departamentos con mayor porcentaje son Artigas (28,2%), Rivera (27,4%), Cerro Largo (26,4%), Salto (24%) y Soriano (24%), en tanto los menores porcentajes para el nivel están dados por los departamentos de Montevideo (10,8%), Colonia (14,2%), Flores (16,8%) y Florida (16,9%).

Finalmente, el comportamiento territorial de la calidad del empleo permitió construir agrupamientos de departamentos, pudiendo establecerse cuatro conglomerados, además de Montevideo, que confirman la distribución heterogénea de la calidad del empleo en Uruguay:

Agrupamiento 1: Cerro Largo, Soriano, Artigas, Rivera

Agrupamiento 2: Durazno, Salto, Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha, Tacuarembó, Río Negro.

Agrupamiento 3: Canelones, Flores, Florida, Paysandú, San José

Agrupamiento 4: Maldonado, Colonia

Al analizar los datos agrupados, nuevamente se constatan significativas diferencias: el agrupamiento 1 (Cerro Largo, Soriano, Artigas y Rivera) presenta un 49,2% de personas ocupadas que alcanzan el umbral de calidad del empleo, frente a un 50,8% que no lo alcanzan, en tanto para el agrupamiento 4 (Maldonado y Colonia) estos valores son de 72,1% y 27,9% respectivamente, diferencias que se mantienen si los datos se desagregan por niveles de calidad. En tal sentido, se observa que el porcentaje de personas ocupadas en peor situación (nivel 4 - muy mala calidad) es 22,9 puntos superior en el agrupamiento 1 con respecto al agrupamiento 4, dato que no puede evidenciarse cuando se analiza únicamente por criterios dicotómicos, reforzando las posibilidades del instrumento construido para medir con mayor precisión el fenómeno de interés frente a instrumentos existentes.

 

 

[1] Si bien el crecimiento del empleo atípico ha estimulado el debate sobre calidad del empleo, este fenómeno no puede asimilarse en su totalidad al crecimiento de malos empleos, dado que, si bien se trata de empleos diferentes al estándar, no necesariamente son peores (por ejemplo, encuestas realizadas a trabajadores/as ingleses/as con empleos temporales evidencia que un 30% de los/as mismos/as no desea un empleo permanente). Asimismo, ocupaciones con características típicas pueden haber sufrido un proceso de deterioro cualitativo (volverse rutinarias con el paso del tiempo, pérdida de autonomía y representación colectiva, menores oportunidad de formación y ascenso) (Farné, 2003).

[2] Ver Leal (2018).

[3] Se optó por trabajar con la ECH 2019 dado que representa el último año de “normalidad”, previo a la pandemia mundial por COVID 19 transitada en Uruguay desde marzo de 2020. La emergencia sanitaria supuso que la metodología del Encuesta se modifique, pasando a partir de abril de 2020 a aplicarse mediante la modalidad de panel rotativo y de forma telefónica, empleando a su vez un formulario reducido que permitió estimar los principales indicadores de mercado de trabajo e ingresos de los hogares y las personas (ECH, 2020). Si bien el módulo sobre trabajo no sufrió alteraciones en su relevamiento, a nivel de las condiciones de trabajo en el país se han registrado importantes trasformaciones, siendo el mercado laboral uno de los más afectados, motivo por el cual se decide trabajar con datos disponibles para 2019.

[4] Persona que trabajó por lo menos 1 hora durante la semana anterior a la realización de la entrevista, o que no lo hizo por estar de vacaciones, por enfermedad, accidente, conflicto de trabajo o interrupción de este a causa del mal tiempo, averías producidas en las maquinarias o falta de materias primas, pero tiene empleo al que volverá con seguridad. Se incluyen en esta categoría a los/as trabajadores/as familiares no remunerados (INE, 2021). 

[5]Retomando los aportes de Veiga (2015), para el Análisis de Clúster se introduce la decisión metodológica de eliminar a Montevideo del procedimiento (únicamente para esta fase) dado que, dentro de los 19 departamentos del país, este presenta valores desviados respecto al resto.

Conclusiones:

La revisión de la literatura ha dado cuenta de diversas dificultades para la medición del concepto calidad del empleo, razón por la cual, diferentes estudios tienden a presentar y analizar un conjunto de indicadores de manera individual; no obstante, se registran antecedentes de la elaboración de índices sintéticos, tanto a nivel internacional como nacional (Porras y Rodríguez, 2014). 

En el presente estudio se retomó la propuesta de medición desarrollada por la oficina de la OIT en Santiago de Chile y aplicada por primera vez en Colombia por Farné (2003), fundamentado en cuatro dimensiones: ingreso, seguridad social, estabilidad y tiempo de trabajo. La decisión por la adaptación y no la réplica del ICE elaborado por Farné (2003) surge de considerar las características del Uruguay, distintas a las del caso estudiado por el autor de referencia, Colombia, el contexto histórico en el que se aplica, así como la disponibilidad de datos con las que cuenta cada país. 

En este marco, algunas discusiones y dificultades en el proceso de construcción a destacar son aquellas vinculadas a la disponibilidad de datos, ya que las decisiones de los sistemas estadísticos oficiales acotan las posibilidades de incluir variables, obligando a recurrir a proxys, tal es el caso del tipo de contrato, considerada en el índice de referencia para la dimensión estabilidad, que no es relevada en la ECH, lo que implicó la utilización de la variable antigüedad en el empleo. Asimismo, para la dimensión tiempo de trabajo, se destaca la inclusión de una nueva variable, el subempleo.

Otras de las dificultades que debieron sortearse en el proceso de adaptación son las relativas al proceso de ponderación. Si bien los estudios de calidad del empleo han avanzado en la identificación de sus múltiples dimensiones, la ponderación de las mismas representa un importante obstáculo, dada la imposibilidad de contar con un criterio universal para asignar pesos diferenciales a las variables (Pineda y Acosta, 2010). Ello supuso una exhaustiva revisión de la literatura que se complementó con análisis empírico, mediante la técnica de Análisis Componentes Principales. 

Finalmente, se resaltan desafíos en torno al establecimiento de umbrales de calidad, lo que supone definir cuántas privaciones y en qué dimensiones se consideran tolerables. En este estudio, se consideró que, para hablarse de buena calidad del empleo, todas las dimensiones deben tener cobertura, además, al menos una variable debe alcanzar la situación óptima, pudiendo presentar las restantes dimensiones valores parciales.

Por otra parte, el estudio buscó evidenciar la desigual distribución territorial de la calidad del empleo en Uruguay. En esta línea, el análisis del ICE (2019) permite identificar territorios en situaciones notoriamente distintas, siendo un claro ejemplo los departamentos de Colonia y Rivera: mientras en Colonia el porcentaje de personas ocupadas que alcanzan el umbral de calidad del empleo se sitúa en un 67,2%, en Rivera este porcentaje desciende a 48,1%. 

Asimismo, la medición por niveles o sub umbrales de calidad del empleo que posibilita el ICE adaptado permite desagregar la información con mayor precisión frente otras medidas existentes, trascendiendo la lectura dicotómica: buena/mala calidad; informal/formal; dado que contempla en su construcción un rango mayor de situaciones posibles: muy mala, mala, buena y muy buena calidad, lo cual contribuye a hacer más sensible el instrumento.

Por su parte, el comportamiento territorial de la calidad del empleo permitió construir agrupamientos de departamentos, mediante la técnica de conglomerados jerárquicos. Al analizar los datos agrupados, nuevamente se constatan significativas diferencias: el agrupamiento 1 (Cerro Largo, Soriano, Artigas y Rivera) presenta un 49,2% de personas ocupadas que alcanzan el umbral de calidad del empleo definido, en tanto para el agrupamiento 4 (Maldonado y Colonia) este valor asciende a 72,1%, diferencias que se mantienen si los datos se desagregan por estratos o niveles de calidad. 

Al respecto de la propuesta y su evaluación en relación a los antecedentes revisados, se confirma que las posibilidades de acceso a un empleo de calidad varían inter regionalmente y entre departamentos. La literatura señala que esto se debe entre otros, a factores de tipo socioeconómico, ya se trate de zonas dinámicas, agroindustriales, de servicios, ciudades de tamaño medio o fronterizo. El análisis de las disparidades territoriales desarrollado en base a la aplicación del ICE (2019), permite describir esta expresión de la desigualdad territorial; si se desea trascender este nivel hacia la explicación, resultará necesario complementar el análisis con la introducción de otras variables, incorporando dimensiones históricas, sociopolíticas y culturales, muchas de las cuales no son cuantificables (Veiga, 2015). De acuerdo a estas consideraciones, la respuesta al porqué de estas desigualdades excede este trabajo, no obstante, se deja planteada como interrogante y línea a continuar profundizando en futuros estudios.

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Palabras clave:

Palabras clave: Calidad del empleo, desigualdad territorial, índice compuesto

Resumen de la Ponencia:

A pesar del retroceso industrial reciente en Latinoamérica, hombres y mujeres hoy configuran trayectorias laborales en los sectores industriales, a través de distintas estructuras de formación para el trabajo, como los contratos de aprendizaje o los procesos de formación a lo largo de la vida laboral. En este contexto nos preguntamos ¿Cómo estas experiencias configuran distintas formas de convertirse en trabajadores/as y de comprender el trabajo? Esta interrogante se conecta con la compresión  acerca de cómo éstas experiencias se han transformado para enfrentar las emergencias globalizadoras y neoliberales que definen el trabajo en la región desde los años 80, y cuáles son las diferencias entre las vivencias y comprensiones del trabajo técnico de hombres y mujeres. Para esto, describimos las transformaciones en los modos por los que los sujetos se convierten en trabajadores técnicos, mediante un enfoque comparativo societal entre los sectores eléctricos de Ecuador y Colombia, dadas las similitudes y diferencias que presentan en sus dinámicas laborales, institucionales y socioculturales. La narrativas así construidas, también reflejan la producción, uso y apropiación de unas gramáticas de género vinculadas al trabajo técnico, evidenciando las posibilidades y limitaciones que las diferentes trayectorias les ofrecen a los aspirantes en ambos países, no solo en términos de condiciones laborales, sino como modos de reconfigurar los esquemas de inserción laboral que han fomentado la segregación de género en los ámbitos técnicos y tecnológicos. Finalmente se presentan diversas dimensiones de la subjetividad laboral en este tipo de trabajo, que conectan con trayectorias relacionales vinculadas con los modos de representar y apropiarse de imágenes sobre trabajos peligrosos, destrezas técnicas y creencias/discursos religiosos en los que se sostiene la identidad con el oficio de linieros/as.

Resumen de la Ponencia:

El documento aborda la calidad del empleo que genera el sector emprendedor de las Mipymes, el cual es considerado como un emergente del modelo actual de desarrollo económico territorial (DET) en Uruguay, aplicado en territorios industriales en declive. En este sentido, se compara con el empleo que ofrecía el modelo industrial actualmente en crisis. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son un actor central en el marco del actual paradigma del desarrollo territorial, formando parte del sustento económico del modelo de desarrollo ensayado sobre la base de ese enfoque. En el caso de aquellos territorios industriales en declive, los cuales estuvieron organizados en torno al sistema de grandes plantas manufactureras, las expectativas con respecto a la demanda de empleo pasan a estar centradas en estas unidades económicas. 

En cuanto a la significación de las Mipymes, en Uruguay se detecta un incremento en el número de este tipo de empresas, así lo muestran los datos del Informe de 2017 de la Encuesta Nacional de Mipymes (MIEM), y en el Registro Permanente de Actividades Económicas (RPAE) del INE; donde se establece que, para 2015, las mismas alcanzaban a 151.910. Si se compara con los datos correspondientes al año 2011, se comprueba un crecimiento del 11,1 %, con un incremento principalmente de las microempresas del sector Comercio instaladas en el interior del país. Según el mismo informe, las empresas pequeñas constituyen el 12 % (18.544), mientras que las medianas representan solamente el 3 % (4.178). Sin embargo, aunque su peso cuantitativo es importante, la información disponible indica que en las unidades económicas de menor tamaño el empleo es de menor calidad, principalmente se detecta una mayor incidencia de la informalidad laboral, específicamente en los países de bajos y medianos ingresos (OIT, 2015 a). Además de presentar un mayor peso porcentual de ocupados no registrados a la seguridad social, el empleo en estas unidades se caracteriza por una mayor carga horaria, una baja afiliación sindical y, relacionado con eso, una menor presencia de espacios de participación en las negociaciones colectivas. El mencionado déficit en la calidad del empleo en este sector en términos de demanda induce a cuestionar su capacidad para generar integración social, en un contexto donde el trabajo ha perdido su función como mecanismo de cohesión social para buena parte de los asalariados; y por tanto, como estrategia de desarrollo sostenible.

La metodología utilizada para la recolección de los datos fue mediante la implementación de la estrategia metodológica mixta, la cual consistió en la realización de encuestas y entrevistas a ocupados del sector emprendedor de las Mipymes.

Introducción:

Los territorios que estuvieron organizados en torno de las grandes plantas manufactureras, -como Paysandú-, durante el modelo ISI, en la actualidad están repensando su estrategia de desarrollo. La misma se viene orientando hacia un desarrollo de tipo económico territorial endógeno, donde las micro, pequeñas y medianas empresas son protagonistas. En ese sentido, Alburquerque sostiene que estas estrategias, “(…) no se sustentan en el desarrollo concentrador y jerarquizado, basado en la gran empresa industrial y la localización en grandes ciudades, sino que buscan un impulso de los recursos potenciales de carácter endógeno” (Alburquerque, 2004 a, pág. 5).

En este aspecto, la estrategia de desarrollo económico territorial basado en el aprovechamiento de los recursos locales difiere de la estrategia tradicional sustentada en la industria, en vista de que, la primera se focaliza en impulsar y fortalecer las pymes y las microempresas, así como también en la creación de nuevas empresas innovadoras; mientras que a segunda centra su atención en las grandes empresas (Morales de Llano: 2014). 

Indudablemente los territorios que supieron tener grandes industrias en la actualidad se encuentran apostando a una reestructuración productiva, en el caso de la ciudad de Paysandú la importancia se encuentra canalizada en las pymes. Cabe resaltar que dichas unidades económicas representan la porción mayoritaria y más vulnerable del tejido empresarial, y además, conforman un colectivo que frecuentemente depende de una parte considerable del crecimiento y del empleo. 

El cambio de modelo de desarrollo y de paradigmas, conlleva a la necesidad de conocer la calidad del empleo que generan los nuevos sectores de la demanda, en un contexto donde el trabajo ha perdido su función como mecanismo de cohesión social para buena parte de los asalariados. 

En ese sentido cabe preguntarse cuáles son las condiciones de empleo en estos nuevos sectores, asumiendo que los mismos deberían reunir una serie de características para poder constituir una alternativa a las inserciones laborales que se perdieron con la crisis del empleo fabril. Se trata de cotejar el empleo en el sector emprendedor de las Mipymes con lo que se espera que deba ser:

“Un empleo de calidad debería ser productivo, cubrir al menos las necesidades básicas, haber sido elegido en libertad, ofrecer protección contra accidentes, desempleo, vejez y enfermedades, permitir la participación y la capacitación del trabajador, y también incluir los derechos fundamentales en el lugar de trabajo con estándares internacionales” (Porras & Rodríguez, 2014, pág. 5).

En tanto, la investigación se propuso analizar el caso de este territorio industrial en declive, Paysandú, comparando la calidad del empleo que genera el modelo de desarrollo basado en sectores emergentes de la demanda, las Mipymes, con la que presentaba el modelo salarial fabril en Uruguay. 

Ese sector generaba inserciones laborales que se correspondían con la sociedad salarial descrita por Castel (1997), en lo que respecta al vínculo entre el empleo y la integración social.

Se utilizó una estrategia metodológica mixta, que consistió en la aplicación de 35 cuestionarios estandarizados a trabajadores registrados en el Centro de Competitividad Empresarial (CEE), y 30 entrevistas a dichos ocupados. Para cotejar los resultados se tomó el estudio de Leal (2010), donde se analizó el cambio de modelo de desarrollo y la reestructuración productiva ocurrida en ese territorio, enfocándose en la calidad del empleo y las condiciones de vida de los trabajadores industriales. 

Los hallazgos muestran que, en comparación con el sector fabril, en el de Mipymes existe un déficit de calidad del empleo. Así se evidencia en los indicadores referidos a las condiciones laborales, la modalidad de contratación, los ingresos, las prestaciones sociales y la existencia de ámbitos de organización colectiva. Sin embargo, desde un enfoque cualitativo aparecen otras valoraciones, donde el trabajo es entendido como un espacio de comodidad, conformidad; a diferencia del modelo fabril donde se pensaba como un proyecto colectivo ligado al desarrollo del territorio.

Desarrollo:

La estrategia metodológica utilizada fue mixta, la cual consistió en la realización de un censo (cuestionario estandarizado), y entrevistas a ocupados del sector emprendedor de las Mipymes en la ciudad de Paysandú. Para la identificación de las empresas y los trabajadores se tomó como referente al Centro de Competitividad Empresarial (CCE), debido a que ellos llevan a cabo un trabajo de acompañamiento y asesoramiento técnico exclusivamente con dicho sector. De este modo, se procedió a solicitar el acceso a un registro de base de datos con información de los ocupados y las empresas. El estudio se llevó a cabo durante el mes de septiembre del año 2020.

Se aplicó un cuestionario estandarizado (censo) a 35 trabajadores con el fin de conocer las características de los ocupados, las condiciones laborales, así como también aspectos cualitativos en preguntas abiertas vinculadas a las motivaciones y perspectivas de la situación de los trabajadores en Mipymes. Para el procesamiento de dicho censo se utilizó el programa software PSPP.

Posteriormente, se realizaron 30 entrevistas semiestructuradas con la finalidad de conocer el significado e identidad que le genera esa ocupación; además de indagar acerca de sus motivaciones y expectativas. Se utilizó el programa software Atlas-ti para procesar las entrevistas.

La elección del método mixto mediante la combinación de los enfoques cuantitativo y cualitativo respondió al propósito de describir, entender y caracterizar el objeto de estudio

Teddlie y Tashakkori afirman que las “metodologías mixtas tienden a acercarse más con perspectivas cualitativas, incluyendo la creencia de que existen múltiples realidades que dependen del individuo, pero responden a sus preguntas al combinar métodos cuantitativos y cualitativos de diversas maneras, en orden paralelo, concurrente o secuencial” (Teddlie y Tashakkori 2003, citado en (Pole, 2009, pág. 39).

Para cotejar los resultados se tomó el estudio de Leal (2010) “Trabajo y vulnerabilidad social. Una reflexión a partir de dos casos empíricos en Uruguay”, donde se analizó el cambio de modelo de desarrollo y la reestructuración productiva ocurrida en ese territorio, enfocándose en la calidad del empleo y las condiciones de vida de los trabajadores industriales.

Análisis de la información

El análisis que se presenta a continuación se centra en la calidad del empleo que se genera en el nuevo paradigma del desarrollo territorial endógeno, específicamente en el sector emprendedor de Mipymes, lo que se realiza de manera comparativa con el empleo del modelo de sociedad salarial. Para ello, -cómo ya se mencionó- se tomó el estudio realizado por Leal (2010), considerando como aspectos centrales las características objetivas y las percepciones de los propios trabajadores, con el objetivo de contrastar las ocupaciones del modelo industrial manufacturero con la de este nuevo sector.

El análisis de la información recogida se estructura de la siguiente forma, primeramente, se expone una descripción sociodemográfica de los ocupados. Luego se presentan datos vinculados a la modalidad de contratación, derecho a aguinaldo y aporte jubilatorio, Posteriormente se presenta la organización de los trabajadores, la cual exhibe las situaciones de los trabajadores tanto industriales como las del sector actual de Mipymes, para posteriormente hacer una reflexión comparativa. Por último, se expresa el significado que los trabajadores le otorgan a esa ocupación, las motivaciones y perspectivas en función de las variables de interés teórico.

A continuación, se presentará una breve caracterización de los ocupados del sector emprendedor de las Mipymes.

En lo que refiere a la distribución según sexo se detectó que dos de cada tres encuestados son mujeres, en este sentido, eso se condice con la feminización del mundo del trabajo como uno de los rasgos de las transformaciones acontecidas. Este nuevo escenario generó oportunidades de inserciones laborales para jóvenes y mujeres, principalmente en el sector terciario. Por lo tanto, ya no es el obrero masculino el único perceptor de ingresos, sino que se incrementó la necesidad de que otro miembro del hogar saliera al mercado de trabajo, debido a que no lograban satisfacer las necesidades básicas del hogar.

Igualmente, está vinculado a un cambio cultural sustentado en que las mujeres cuentan con más años de educación formal, por ende, dejan de cumplir con el rol tradicional del cuidado del hogar y se insertan al mercado laboral.

En relación con a la distribución por edad, se visualiza que en el sector analizado existe una alta inserción de jóvenes. En cuanto a eso, si bien el universo de los obreros fabriles se componía de un importante porcentaje de los mismos, también estaba compuesto por trabajadores en edad de prejubilación.

En lo que respecta al nivel educativo de los encuestados, si bien algo más de la mitad presenta como máximo nivel, secundaria completa, es pertinente resaltar el hecho de que cuatro de cada diez manifiestan tener estudios terciarios, ya sean completos o incompletos. En lo que concierne a esta variable, se observan diferencias con el perfil de los ocupados en el modelo fabril, donde predominaban quienes tenían primaria completa como máximo nivel alcanzado.

Por otra parte, con el propósito de conocer los antecedentes laborales de estos trabajadores y observar su procedencia, es decir si eran obreros industriales o en qué sector estaban empleados, se les consultó acerca de su ocupación anterior; Un 72% eran empleados privados, un 22% empleados en el sector público y un 6% eran trabajadores cuenta propia sin local.

En lo que compete a la procedencia laboral de los trabajadores un 85,7% trabajó anteriormente, para un 14,3% esto es su primer empleo. La mayor parte de quienes trabajaron antes estaban ocupados en el sector terciario, especialmente en el área de servicios seguido por el comercio. Esto se corresponde con la mayor movilidad laboral en comparación con lo que ocurría en el período fordista, donde era habitual que un trabajador desarrollara toda su vida laboral en la misma rama e incluso en la misma empresa, el trabajo en este modelo era más rígido y con escasos desplazamientos.

En este nuevo sector de Mipymes las trayectorias laborales no son fijas, sino que son menos estables, dinámicas, variables. Esto se refleja cuando se les pregunta sobre el período de duración de dicha ocupación, un 56,7% de los trabajadores no estuvieron en ella más de cuatro años, un 26,6% entre cinco a nueve años, un 13,3% más de veinte años, y un 3,3% entre quince a diecinueve años.

Entre quienes dijeron haber tenido anteriormente una ocupación, siete de cada diez eran asalariados privados, un 23%, pertenecían a la categoría de empleado público, y, por último, 6,7% trabajador por cuenta propia sin local.

Empleo Actual

Existe un predominio de aquellas unidades económicas pertenecientes al sector terciario, específicamente comercio u otras actividades de servicios turístico/actividades recreativas, lo que se relaciona con la influencia de este sector en la estructura económica departamental y del país. Las actividades económicas, son específicamente aquellas desarrolladas en el hogar en calidad de emprendedores, actividades recreativas y entretenimiento, también vinculadas a profesionales con un componente científico- técnico, y por último actividades referidas a alojamiento y servicios de comida. No obstante, aún permanece la base industrial, especialmente vinculado a los emprendimientos que realizan reparaciones, como es el caso de los talleres mecánicos.

En cuanto a la distribución de las empresas según la cantidad de personal ocupado, se detecta que, nueve de cada diez unidades económicas relevadas emplean un máximo de 4 trabajadores, a comparación del modelo industrial, las fábricas llegaban incluso a ocupar hasta 2500 trabajadores.

Este dato es relevante en tanto que, el estar ocupado en una empresa con menos de cinco trabajadores es considerado como un indicador de mala calidad laboral, debido a que Uruguay presenta una alta informalidad laboral cuando las unidades económicas son menores en términos de tamaño, por lo cual allí se concentra el mayor porcentaje de empleo informal (Leal, 2018). Pero, es necesario tener presente, además, que la calidad del empleo en las Mipymes depende también del sector en que desarrollan su actividad económica (OIT, 2015 a).

Cuando se les consulto acerca de la antigüedad en la ocupación, se observó que para un 77% esta es una ocupación reciente en comparación a lo que ocurría con los obreros industriales, la antigüedad en esa ocupación partía de 10 años como mínimo llegando a 35 años y más, en tanto existía un alto grado de permanencia en dicha ocupación. El obrero “iniciaba su carrera laboral pensando en la estabilidad y la movilidad ascendente, y una normativa laboral que está siendo desbordada por la inestabilidad, la flexibilización de la empresa y del empleo y por la cultura y la ideología de empleadores y trabajadores” (Espinoza, 2003, pág. 02). Por lo tanto, el dato recogido es significativo para el sector indagado puesto que refleja lo mencionado anteriormente en cuanto a que, además de que se trata de sectores de formación reciente, en los mismos existe una mayor movilidad laboral.

En lo que respecta a la importancia de esta ocupación, se detectó que para siete de cada diez trabajadores esta es la única ocupación. Esto indica la relevancia que tiene la misma para los trabajadores, como se visualiza a continuación la mayoría son jefes de hogar o cónyuge (Retomando a Leal (2010), entre los obreros fabriles que fueron el objeto de su estudio, el 85% definía a esa ocupación como la única, teniendo en cuenta que los trabajadores cumplían jornales de 8 por 8 horas y eso dificultaba el poder acceder a otro empleo remunerado, y si lo había era en calidad de cuenta propia; para este caso concreto no existía ocupación de carácter secundaria.

Por otro lado, el ingreso de los encuestados ya sea este cónyuge o jefe de hogar, es el principal sustento económico. Este dato es relevante a la hora de compararlo con el modelo de empleo industrial, como se puede evidenciar ya no es el jefe de hogar el que trabajaba en las grandes fábricas el único proveedor de ingreso. En este sentido se generó un cambio, no solo se pasó al sector de corte emprendedor, sino que aumentó la densidad ocupacional del hogar. 

Por tanto, eso no implica que el empleo generado por este sector pueda ser catalogado de buena calidad en términos de ingreso, en vista de que no satisfacen las necesidades básicas con un único ingreso, sino que otro integrante de la familia debe salir al mercado laboral.

Con respecto al salario o ingreso que se obtiene en el sector analizado, la mitad de los encuestados percibe menos de un salario mínimo, esto indica que existen bajos niveles salariales, y acumulativamente ocho de cada diez ganan hasta dos salarios mínimos. Si se contrasta con el ingreso que percibía el obrero industrial se detectan diferencias, teniendo en cuenta que eran salarios que permitían cubrir las necesidades básicas de los hogares, además de asegurarles un lugar en la estructura social que era valorado por la sociedad de la cual formaban parte.

A continuación, se procede analizar las dimensiones seleccionadas para evaluar la calidad del empleo.

Al ser consultados sobre la modalidad de contrato se detectó que cinco de cada diez no tienen. Esto indica que existe un déficit importante en una de las dimensiones de la calidad del empleo de acuerdo con el concepto de trabajo decente de la OIT, es decir que el trabajo debe realizarse bajo las condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Ese dato se contrapone con la existencia de contratos por tiempo indefinido típicos del modelo salarial clásico del cual Paysandú industrial fue un exponente, lo que daba lugar a un contexto laboral estable, en dónde muchas veces los hijos heredaban el puesto de trabajo del obrero a la hora de su retiro.

Por otra parte, siguiendo con el criterio de condición de asalariados, se visualiza que en cuanto al aporte jubilatorio un 61% no realiza aportes a la caja de jubilación.

En lo que respecta al cobro de aguinaldo, se visualiza que seis de cada diez no reciben aguinaldo, ciertamente este hallazgo evidencia que existe informalidad en este nuevo sector.

Si se observa ambas variables más de la mitad de los trabajadores dependiente del sector emprendedor de Mipymes no aportan a la caja jubilatoria y tampoco reciben aguinaldo, esto significa que no se encuentran registrados como trabajadores formales, y por ende existe una alta informalidad y una mala calidad en términos de empleo.

“El no registro a la seguridad social tiene como consecuencia para el trabajador en lo que respecta a la imposibilidad de contar con un seguro por desempleo o enfermedad; el no goce de derechos como aguinaldo, salario vacacional o despido; así como el no acceso al beneficio jubilatorio en el momento del retiro de la actividad” (Leal, 2018, pág. 30).

En cuanto a cuántas horas trabajan por semana, respondieron trabajar menos de 40 horas, y cuando se les consultó por el motivo un 77% expresó que desea trabajar más pero no tienen la posibilidad, a causa de que las unidades económicas no tienen la demanda suficiente para ofrecer más horas a esos trabajadores. Este dato es importante porque no cumple con las horas establecidas según la ley N° 5.350, de esta manera los trabajadores se encuentran en situación de subempleados.

El subempleo surge de reducciones y reorganizaciones de la demanda de mano de obra, muchos trabajadores enfrentan no sólo una carencia total de oportunidades de empleo, sino también una falta de oportunidades de empleo adecuadas, dándose el caso de personas con empleo que se ven a menudo obligadas a utilizar sus calificaciones parcialmente, a ganar salarios horarios más bajos o a trabajar menos horas de las que están dispuestas y son capaces de trabajar (Mata: 1999).

Por lo tanto, los asalariados tienen un déficit en términos de insuficiencia horaria, son subempleados debido a que quieren trabajar más horas en la empresa, pero no hay demanda. Sin embargo, en las fábricas del período industrial de Paysandú los trabajadores cumplían con jornadas laborales de 8 horas y descansaban 8 horas, para luego continuar con el proceso de producción. En contraste con lo que ocurre en el sector estudiado respecto a la jornada laboral, no necesariamente los trabajadores cumplen con 8 horas diarias, sino que dependen del tamaño de la empresa y de la demanda existente.

Por otra parte, el 77% recibe menos de un salario mínimo nacional, es decir que cobra menos de 17930 pesos mensuales, por lo que se trataría de trabajadores con dificultades para cubrir las necesidades básicas. En este sentido se detecta una mala calidad del empleo en el sector investigado.

Por otro lado, cuando se le consultó respecto a, si están buscando trabajo para sustituir el actual, un 69% dijo que no, esto significa que estarían conformes con su actual empleo a pesar de lo no dicho acerca de la calidad del mismo.

Dentro de los que respondieron que, si buscan, el motivo es porque no satisface las aspiraciones salariales. En tanto se observa que un 75% de los encuestados no se encuentra satisfecho con su salario de su empleo actual, lo que se corresponde con la información ya mostrada sobre los bajos niveles salariales.

Organización de trabajadores

Una de las características del trabajo fabril era que tenían un alto grado de sindicalización. El estar afiliado al sindicato les permitió a los trabajadores gozar de beneficios laborales extralaborales, como el fondo de retiro y de becas para los hijos que se encontraran en calidad de estudiantes, por ende, eran beneficios no solo personales sino también que incluían a los familiares.

Por el contrario, los trabajadores del nuevo modelo no presentan actividad sindical, es decir, que no cuentan con organizaciones dentro del sector. En este sentido, se puede observar que establecen un relacionamiento cercano entre patrón-asalariado, en donde se tiene como objetivo central la viabilidad del emprendimiento. De este modo, se antepone el emprendimiento sobre las relaciones laborales lo que inhibe algún tipo de conflicto.

No obstante, las relaciones laborales y la negociación colectiva cumplen un cometido determinante en la mejora de la seguridad del empleo y las condiciones de trabajo, tal es así que OIT (2015 b) intenta incentivar a trabajadores del sector emprendedor de Mipymes para que se encuentren representados, debido a que existe una fragilidad en términos de afiliación sindical y negociación colectiva. Para aumentar la representación sindical en microempresas de las Pyme se requiere de una perspectiva diferenciada por parte de los sindicatos, es decir que se respondan y aborden temas específicos del interés de esos trabajadores.

En el caso de los asalariados, esto puede implicar una menor capacidad de negociación sobre aspectos relacionados con el salario y las condiciones de trabajo, lo que hace al empleo de calidad.

El significado del trabajo

Más allá de la descripción cuantitativa se procedió a realizar entrevistas con el propósito de conocer sobre la percepción, significado, ventajas y desventajas, aspiraciones que tienen los trabajadores del sector de Mipymes con respecto a dicha ocupación. A continuación, se presentan extractos de discursos.

En lo que respecta a que es el ingreso para los asalariados del sector Mipymes, los entrevistados manifiestan que:

“No es lo que esperaba, pero me encantaría ganar más, igual antes que no tener trabajo me conformo con este” (Laura, asalariada, comercio).

Por otra parte, en lo que tiene que ver con la satisfacción y conformidad del empleo responden:

“Si si me encanta me apasiona, siempre me gustó mucho la naturaleza, la flora y fauna…Es todo para mí, lo veo como algo recreativo, pero a la vez como algo que me satisface porque puedo transmitir conocimientos en algo que considero que tengo mucha experiencia, aparte de todo eso me encanta” (Carlos asalariado, servicio turismo).

“Te sentís bien haciendo lo que vos te gusta, viste que cuando vos vas a hacer las limpiezas y todo eso, tienes que hacer como a ellos les gusta que limpien o cuando vas de niñera, sino te gustan los niños tienes que aguantar igual, pero en este caso a mí me gusta” (Laura, asalariada, comercio). 

Considerando que existe una conformidad y satisfacción con el empleo cabe resaltar que estos aspectos se encuentran influenciados porque los trabajadores comparan las condiciones laborales de este sector con las de trabajos anteriores, en cambio en algunos casos reconocen las condiciones actuales, pero priorizan otras profesiones, y por tanto aspiran a un nuevo empleo de mejor calidad.

Por el contrario, hay quienes se centran en los aspectos negativos del trabajo,

“La desventaja es que no tienes un piso asegurado de ingreso porque la actividad es muy cambiante, depende de factores propios y sobre todo depende de factores que dependen de otro tipo de decisiones políticas o de situaciones ambientales” (Danny, asalariado de Servicios Turismo).

A diferencia, en el modelo fordista, según lo expuesto anteriormente por Castel (1997) el tener acceso a un salario conducía a nuevas normas de consumo, promoviendo a que el obrero fuera el propio  consumidor de la producción en masa, ya que se requería de la existencia de un mercado interno. Considerar al trabajador como “salariado” generaba una especie de distinción en la estructura social, esto significa que era principio único que unía y separaba, de tal modo que evidenciaba su identidad social, en tanto que, “El salariado no era sólo un modo de retribución de trabajo, sino la condición a partir de la cual se distribuían los individuos en el espacio social” (Castel, 1997, pág. 312).

Conclusiones:

El trabajo buscó dar cuenta de la calidad del empleo en sectores emergentes de la demanda vinculados con el emprendedurismo en las Mipymes, en aquellos territorios industriales en declive, comparando los nuevos empleos con los que ofrecía la industria manufacturera de gran porte. Para esto se analizó el caso de Paysandú, área especializada en la producción manufacturera. 

En comparación con el empleo en el modelo fabril, el cual cumplía con las condiciones del modelo salarial que describe Castel, en el sector de las Mipymes se observa un déficit en términos de calidad, debido a que las condiciones laborales son de carácter informales, con ingresos bajos, con un alto grado de inestabilidad laboral y de subocupación, sin prestaciones sociales, con una fuerte presencia de mujeres, y ausencia de ámbitos de organización de los trabajadores.

Ante este contexto y teniendo presente la transformación ocurrida en el mundo del trabajo, la experiencia laboral ya no es pensada de manera colectiva, tampoco se trata ocupaciones para un perfil de único perceptor masculino, ni brinda la estabilidad y seguridad que ofrecía al modelo fabril. En la actualidad predomina otro tipo de demanda, centrada en los servicios, donde las experiencias son de carácter más individual y más flexibles.

Al igual que lo era para los trabajadores fabriles, la ocupación en el sector Mipymes es relevante, en la medida en que se trata de la principal ocupación. A pesar de eso, la diferencia está en las condiciones en que se realiza, principalmente en el elevado porcentaje de inestabilidad laboral en comparación con el empleo que generaban las grandes industrias.

Lo anteriormente mencionado se encuentra vinculado a que los trabajadores del sector Mipymes no cuentan con una organización sindical, como sí la tenían sus pares obreros. El estar afiliado a un sindicato les permitió a los trabajadores gozar de beneficios laborales, personales y familiares. El relacionamiento que existe entre empleado y empleador tiene una perspectiva centrada en la viabilidad del emprendimiento, impidiendo cualquier tipo de conflicto o lucha. 

Por otro lado, si se analiza a las experiencias laborales desde un enfoque cualitativo, se puede sostener que el trabajo en este nuevo sector es valorado en tanto que los trabajadores cuentan con un espacio de comodidad, conformidad en el cual prima en su mayoría la creación o la realización como un proyecto de vida personal, individual o de un grupo pequeño. En tanto, no tiene el mismo significado que tenía el ser obrero industrial, quienes sentían que contribuían con el desarrollo del departamento mediante su trabajo en la industria.

A modo general y en consonancia con lo expresado por los informes de OIT, también se observa que las Mipymes específicamente emplean a jóvenes y mujeres, y en muchos de los casos es el inicio de su trayectoria laboral, a pesar de que los puestos de trabajos evidencian inestabilidad, informalidad, salarios bajos, menor acceso a los sistemas de protección social, exhibiendo relaciones laborales frágiles y bajas tasas de afiliación sindical. Sin embargo, desde la perspectiva de los trabajadores existen algunos aspectos que son reconocidos de manera positiva, esto significa que los trabajadores sienten satisfacción a la hora de realizar las tareas laborales, y a su vez, valoran las relaciones personales con los empleadores.

Aun así, cuando esta ocupación es considerada como una forma de realización personal, los datos arrojados de este estudio revelan que existen déficit en diferentes dimensiones, como, por ejemplo: ingresos, estabilidad, formalidad, entre otros, lo que permite cuestionar la capacidad de que estos sectores sean una alternativa para impulsar un modelo de desarrollo con inclusión.

En relación, uno de los ODS propuesto por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, estrictamente el objetivo 8. 3 promueve el crecimiento económico sostenido y el empleo de buena calidad, mediante la estimulación del “espíritu empresarial”, apoyando a este tipo de actividades productivas desarrolladas en el departamento, mediante la creación de políticas que otorguen herramientas para fomentar la creatividad, innovación y la formalización, en post de generar empleo decente para las mujeres y los jóvenes.

De acuerdo a lo explicitado y teniendo en cuenta los datos arrojados se comprueba que a la hora de evaluar la calidad de empleo es necesario tener en cuenta componentes subjetivos, especialmente desde el punto de vista de la satisfacción personal, sin eludir o sin dejar de lado aspectos que hacen un empleo de buena calidad.

Esta indagación intento realizar un aporte a la reflexión sobre, en qué medida estos nuevos sectores, a los cuales el Estado apuesta para la creación de empleo, son capaces de generar condiciones para el desarrollo inclusivo en los territorios. 

Bibliografía:

Alburquerque, F. (2004 a). El enfoque del desarrollo Económico Local. Buenos Aires: OIT Organización Internacional del Trabajo.

Castel, R. (1997). La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Espinoza, M. (2003). Trabajo decente y protección social. Santiago: OIT Organización Internacional del Trabajo.

Leal, J. (2010). Trabajo y vulnerabilidad social. Una reflexión a partir de dos casos empíricos en Uruguay. Salto: Universidad de la República del Uruguay, Regional Norte.

Leal, J. (2018). Desigualdad territorial de la calidad del empleo en Uruguay, entre las políticas posneoliberales y la estrategia neodesarrollista. En M. F. Sañud, & J. Leal, Aproximaciones críticas a la relación Estado y territorio en contextos de globalización neoliberal (págs. 23-60). Buenos Aires: CLACSO.

Mata, A. (1999). Definiciones Internacionales y futuro de las estadísticas de Subempleo 1. Recuperado el 06 de junio de 2021, de Organización Internacional del Trabajo.

MIEM. (2017). Encuesta Nacional de Mipymes, industriales, comerciales y de servicios. Uruguay: Cámara Nacional de Comercio y Servicios el Uruguay.

Morales de Llano, E. (2014). La dimensión territorial de la competitividad. Economía y desarrollo, 71-84.

Naciones Unidas. (s.f.). Objetivos de desarrollo sostenible Naciones Unidas. Recuperado el agosto de 2021, de Objetivos de desarrollo sostenible Naciones Unidas: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth

OIT. (2015 a). Pequeñas y medianas empresas y creación de empleo decente y productivo. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo.

OIT. (2015 b). Pequeñas empresas y grandes brechas. Empleo y condiciones de trabajo en las MYPE de América Latina. Perú: Organización Internacional del Trabajo.

Pole, K. (2009). Diseño de metodologías mixtas. Una revisión de las estrategias para combinar metodologías cuantitativas y cualitativas. Renglones, Revista arbitrada en ciencias sociales y humanidades (60), 37-42.

Porras, S., & Rodriguéz, S. (2014). Calidad del empleo en tiempos de crecimiento. Instituto de Economía.

 

Palabras clave:

Calidad del Empleo/Desarrollo/ Mipymes   

Resumen de la Ponencia:

La maquila, parte de un proceso internacional de producción de la industria manufacturera, que recibe partes importadas para su ensamble y posterior exportación, inauguró desde finales de los años sesenta una reestructuración industrial caracterizada por uso intensivo de la fuerza de trabajo, mayoritariamente femenina durante sus primeras dos décadas, con bajos salarios. Con la consolidación del proceso de globalización en la década de los noventa y la entrada de China al mercado mundial, a principios de este siglo, la maquila pasó por un proceso de relocalización internacional. Y a partir de una nueva interpretación estadística y teórica la maquila, mas no su proceso, desapareció de la estadística internacional y de los estudios sobre dicho proceso sustituyéndola con las cadenas globales de valor.

Resumen de la Ponencia:

Até março de 2022, a pandemia do Covid-19 alterou profundamente a economia mundial e, também, a economia brasileira, gerando uma redução das atividades econômicas. O Brasil vivenciou, a partir de então, o maior aumento da dívida pública desde a crise da década de 1980. Grande parte dos recursos públicos mobilizados visava controlar a epidemia e reduzir os impactos de uma potencial catástrofe econômica com repercussão imediata no mercado de trabalho.             No Brasil, vale ressaltar que a pandemia do Covid-19 se sobrepôs e potencializou as crises econômica e política vivenciadas desde 2014 e 2016, respectivamente. Configurou-se, assim, a construção de um quadro de tripla crise: crise econômica – como resultado tardio da crise do subprime nos Estados Unidos – , crise política – como resultado do impeachment da presidente Dilma Roussef – e crise sanitária – oriunda da pandemia do Covid-19.             Os efeitos das duas primeiras crises sobre o mercado de trabalho foram alvo de estudos anteriores que evidenciaram a deterioração dos índices de emprego, a flexibilização das relações laborais e o enfraquecimento das instituições que promovem a proteção social: sindicatos, justiça do trabalho e ministério público. Em paralelo foram favorecidos os instrumentos de regulação privada discricionários em detrimento dos instrumentos de regulação pública (social/negociada). No tocante aos efeitos da crise provocada pela pandemia do Covid-19 sobre a economia e o trabalho, pesquisas recentes apontam para uma degradação mais intensa do parque industrial brasileiro ampliando um processo pré existente de desindustrialização com consequente repercussão sobre o mundo laboral.                       Assim, desde 2020 o Brasil assistiu a uma queda na oferta de produtos, queda na demanda, instalação de um clima de incertezas, redução dos investimentos, alteração dos hábitos (trabalho em home office para as camadas médias e altas, empresas de aplicativos, comércio eletrônico) com consequente mudança nos padrões de produção e consumo, aceleração das inovações tecnológicas e organizacionais. Em paralelo o país vivenciou um novo aumento do desemprego e a extensão da tripla crise para uma crise social. Os casos de violência doméstica e de violência de gênero aumentaram exponencialmente e a população de rua cresceu rapidamente nas grandes cidades.            Este conjunto de fatores nos permite afirmar que, no médio e longo prazos, o Brasil provavelmente será um dos países mais afetados pela pandemia do Covid-19 repercutindo, desproporcionalmente, sobre a classe trabalhadora e sobretudo suas frações mais vulneráveis e empobrecidas. Identificar e analisar as repercussões da tripla crise sobre as mulheres trabalhadoras é o nosso objetivo.  

Resumen de la Ponencia:

La falta de políticas públicas en materia de empleo en zonas costeras del país, afecta directamente a pescadores artesanales y a pesar de que Costa Rica tenga  una extensión marina de 572 877 km2 frente a una terrestre mucho menor de 51.030 km2,  , esto no es relevante en el modelo de desarrollo neoliberal que da prioridad  de atención a otros sectores productivos o por el contrario en el Golfo Dulce y  Península de Osa en donde existe el 2,5% de la biodiversidad del mundo, la prioridad política, científica y económica es para la conservación ambiental. Pescadores-as empobrecidos-as y desempleados-as, representan una realidad que requiere de investigación destacando su contexto sociocultural, económico, político y ambiental.La Universidad Nacional (UNA), desde el Programa Interdisciplinario Costero (PIC) y la Vicerrectoría de Extensión, impulsan acciones en procura del mejoramiento de la calidad de vida de una de las organizaciones de pescadores en la región: Asociación de Pescadores artesanales, turismo y afines de Golfo Dulce (ASOPESCAR).  Y mediante la Escuela de Sociología, el PIC y el Centro de Investigación de Estudios Sociales (CETIS) del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) se realizó el primer diagnóstico sociolaboral con 21 pescadores-as voluntarias de la organización, durante el segundo semestre del año 2021, con un corte descriptivo,  se utilizó la técnica de la encuesta mediante el cuestionario integrado por preguntas: datos personales, educativos, familiares, laborales, migratorios, acceso a información de gobernanza marina.  Con los resultados obtenidos se aportará al avance de plan de acción, acciones interuniversitarias e interdisciplinarias que fortalezcan la organización y la seguridad laboral  El enfoque dialéctico de las relaciones sociales y organizativas en dinámicas socioproductivas de subsistencia, constituyó una de las categorías de análisis más importantes, desde Simmel se destacan insumos teóricos sobre su estudio  como parte de la estructura asociativa de una organización,  la construcción de un tejido social basado en pactos y alianzas entre las personas para  la reproducción de la vida.  El materialismo histórico abordado desde las investigaciones pesqueras de Breton y Estrada (1985), De la Cruz (1996) Zamora (2011) facilitan el estudio de la pesca artesanal desde las dinámicas socioproductivas. Se incorporan elementos teóricos de Morín (2000) relacionados con la administración de los recursos pesqueros, vínculos de parentesco especialmente desde la  antropología marina. La promesa de la pesca artesanal como horizonte utópico para una mejor calidad de vida es truncada por la inexistencia de políticas en procura de la reactivación económica, educación, aunado al sistema patriarcal, el fenómeno de la migración de poblaciones desempleadas hacia zonas costeras, la masculinización de sus prácticas socioproductivas y la invisibilización de mujeres con roles de acompañantes no asalariadas.

Introducción:

La falta de políticas públicas en materia de empleo en zonas costeras del país, afecta directamente a pescadores artesanales y a pesar de que Costa Rica tenga  una extensión marina de 572 877 km2 frente a una terrestre mucho menor de 51.030 km2,  esto no es relevante en el modelo de desarrollo neoliberal que da prioridad de atención a otros sectores productivos o por el contrario en el Golfo Dulce y  Península de Osa en donde existe el 2,5% de la biodiversidad del mundo, la prioridad política, científica y económica es para la conservación ambiental. Pescadores-as empobrecidos-as y desempleados-as, representan una realidad que requiere de investigación destacando su contexto sociocultural, económico, político y ambiental

Las zonas costeras cuentan con muchos recursos naturales, además de la belleza natural. Sin embargo, la población ha aumentado y con ella una gran desigualdad económica, social, política, etc. Entre sus principales problemas en estas zonas ha sido la falta de empleo, abandono, tal como lo expresa Rivera y Porras, “La generación de empleos de calidad en territorios rurales es uno de los principales retos de los gobiernos latinoamericanos, ya que la concentración de la riqueza se presenta en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental. Este desbalance estructural crea intensas transformaciones sociales en las dinámicas familiares y de elección educativa que, por hecho consustancial, legitiman tal desigualdad funcional del modelo de desarrollo capitalista” (Rivera y Porras, 2018; p 60).

El materialismo histórico abordado desde las investigaciones pesqueras de Breton y Estrada (1985), De la Cruz (1996) Zamora (2011) facilitan el estudio de la pesca artesanal desde las dinámicas socioproductivas. Se incorporan elementos teóricos de Morín (2000) relacionados con la administración de los recursos pesqueros, vínculos de parentesco especialmente desde la antropología marina. Finalmente, la promesa de la pesca artesanal como horizonte utópico para una mejor calidad de vida, empleo y generación ingresos es truncada por un estado ausente; falta de educación; los roles de género patriarcales imperantes en la pesca artesanal; migración de poblaciones desempleadas hacia zonas costeras para dedicarse a la pesca artesanal, la masculinización de sus prácticas socioproductivas y la invisibilización de mujeres con roles de acompañantes no asalariadas que aspiran al mejoramiento educativo y formación empresarial.   

 

Desarrollo:

El objetivo principal del diagnóstico organizacional y socio productivo de la Asociación de pescadores Artesanales de Puerto Jiménez y afines es definir líneas de trabajo desde el ámbito de la pesca artesanal y la diversificación productiva en esta comunidad.

Este diagnóstico se realizó en conjunto con la Escuela de Sociología, el Programa Interdisciplinario Costero (PIC) y el Centro de Investigación de Estudios Sociales (CETIS) ambos del Instituto de Estudios Sociales en Población.

El estudio se realizó con personas afiliadas de la Asociación de Pescadores Artesanales, Turismo y Afines del Golfo Dulce (ASOPESCAR) (21 asociados y asociadas) los días 08 y 09 de noviembre. Esto mediante un cuestionario integrado por una serie de preguntas relacionadas con datos personales, educativos, familiares y laborales y su participación fue voluntaria.

Análisis de la información 

 

Sociodemográficas

 

De las 21 personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines, 12 de ellos son del sexo femenino y 9 masculinos. La mayoría son mayores de 50 años y viven en unión libre. Al consultarles cómo se consideran, indican más como una persona Mestiza, Blanca y negra o afro costarricense. 

La mayoría de las personas que conforman la asociación nacieron en otras regiones del país, del total de personas sólo tres son originarias de Puerto Jiménez.  Actualmente la mayoría de las personas asociadas viven en Puerto Jiménez, en La Palma, Playa Blanca. La mayoría tienen más de 25 años de vivir allí.

 

Cuadro N°1

Datos sociodemográficos de las personas asociadas a la Asociación de pescadores 

de Puerto Jiménez y afines

(N:21)

Datos sociodemográficos 

CANTIDAD 

ABSOLUTA 

GÉNERO 

21

Hombre 

12

Mujer 

9

EDAD     

21

Jóvenes de 18 años a menos de 35 años

4

Adultos de 36 años a menos de 64 años 

16

Adultos mayores más de 65 años

1

ESTADO CONYUGAL 

21

Casado/a

4

Soltero/a

5

Unión libre 

10

Separado/a

1

Viudo/a

1

SE CONSIDERA UNA PERSONA 

21

Mestiza

9

Blanca

6

Negra o afro costarricense

3

Mulata 

1

Ns/nr

2

Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas a la Asociación, de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre,2021.

Educación 

La mayoría cuentan con primaria completa e incompleta, y algunos con secundaria completa. Más de la mitad de las personas asociadas han llevado capacitaciones adicionales. Y actualmente, dentro de los cursos que les gustaría llevar, es el de inglés, zafarrancho, manipulación de alimento y cursos de cocina, principalmente. 

Gráfico N° 4

Cantidad de personas asociadas a la Asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines, según el nivel educativo más alto aprobado, noviembre 2021

(N:21)

Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre,2021.

Cuadro N° 3

Cantidad de personas asociadas de la Asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines, según las capacitaciones que les gustaría tener, noviembre 2021

(N:21)

Capacitaciones que les gustaría tener 

CANTIDAD 

ABSOLUTA 

Inglés  

5

Zafarrancho (Navegación para sacar licencia de panga)

5

Manipulación de alimentos 

2

Cursos de cocina 

2

Contabilidad  

1

Cursos organizativos 

1

Electricidad  

1

Motores fuera de borde (Mecánica)

1

Procesos de pesca

1

Servicio al cliente 

1

Ns/nr

1

Total

21

  Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas a la Asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre, 2021.

 

Características de la vivienda 

Las personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez viven en su mayoría en casa propia y alquilada. Estas viviendas por lo general se ubican en zona rural, en urbanización, en una finca y en zona pública, es decir cerca de la playa. La mayoría cuentan con electricidad de lCE y el agua del acueducto de AyA.

Gráfico N° 6

Cantidad de personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, según la vivienda dónde viven actualmente, noviembre 2021

(N:21)

                              Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre,2021.

 

Composición familiar 

Las familias que conforman las personas asociadas tienen una composición familiar muy diversa, pues viven solas o solos, en un hogar de 2 personas, con tres integrantes, y la mayoría conviven con familia de más de 4 miembros. 

Más de la mitad son jefas de hogar y actualmente tienen a su cargo la manutención de alguna persona, entre ellas de uno a tres personas por vivienda. 

Un poco más de la mitad de las personas pescadoras de Puerto Jiménez, cuentan con seguro social de ellas los tipos de seguro son: trabajador independiente (5), familiar o seguro familiar (4), por el Estado (2), voluntariado (1) y como pensionado del Régimen no contributivo.

Gráfico N° 7

Cantidad de personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, según cuantas personas viven en la vivienda, noviembre 2021

 

Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre,2021.

 

Gráfico N° 8

Cantidad de personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, según si es el jefe de hogar, noviembre 2021 

(N:21)

 

Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas de la asociación  de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre, 2021.

 

 

Gráfico N° 10

Cantidad de personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, según si cuentan con seguro social, noviembre 2021 

(N:21)

Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre, 2021.

 

Situación laboral y ayuda económica 

El 100% de las personas pescadoras de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, saben pescar y ha sido aprendido principalmente por sus papás, por su mamá u algunos familiares. La mayoría de las personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, consideran que su pesca es principalmente artesanal. Más de la mitad de los pescadores tienen más de 15 años de dedicarse a la pesca.

 

Cuadro N° 11

Cantidad de personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, según hace

 cuantos años se dedica a la pesca, noviembre 2021 

(N:21)

Años que se dedica a la pesca 

CANTIDAD 

ABSOLUTA 

Menos de 5 años

6

De cinco años a menos de 10 años 

1

De 10 años a menos de 15 años 

2

De 15 años a menos de 20 años 

3

20 años y más 

9

TOTAL 

21

Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre, 2021.

 

Todas las personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez cuentan con licencia de pesca. El tipo de licencia que utilizan principalmente es la artesanal en pequeña escala, GPS 9217 artesanal que le permite pesca artesanal y Ballyhoo. El principal producto que pescan con estos tipos de licencia es el Ballyhoo, para carnada, pargo, dorado, tiburón, chatarra, peces, langostas, camarón, pescado y crustaceos. 

La mayoría pescan de 1 a 3 días por semana, tres personas lo realizan de 4 a 6 días y solo tres personas se dedican todos los días a la pesca. Los días que más le dedican a la pescan son los martes, miércoles sábados y domingos. 

Por lo general las personas pescadoras de la asociación, pescan más de 8 horas. La mayoría realizan esta labor en la noche, en las mañanas y tarde o tardes y noches. 

Gráfico N° 14

Cantidad de personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, 

según cuantos días pesca normalmente por semana. Noviembre 2021 

(N: 21)

Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre, 2021

Dentro de los productos que capturan principalmente se encuentra el pargo, Ballyhoo, Barracuda, entre otros. También mencionan que capturan voladores y pargo roquero entre otros. 

La mayoría de los pescadores indican que comercializan los productos capturados.  comercializan principalmente el ballyhoo, barracuda, pargo, manchado y seda. Por lo general para venderlo utilizan el precio que está establecido, por el tamaño, por kilo. 

Las personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez salen a pescar con uno o más familiares, solos o con sus compañeros y también salen a pescar con sus amistades.

Ingresos familiares

La mayoría de las personas de la asociación de pescadores indican que trabajan en otra actividad, además de la pesca. Algunos en actividades permanentes, temporal u ocasional. 

Las personas de la asociación de pescadores indican que su principal actividad económica es el trabajo propio y la pesca

Gráfico N° 19

Cantidad de personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, 

según si además de la pesca, trabaja en otra actividad productiva. Noviembre 2021 

(N= 21)

 Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre, 2021.

 

Cuadro N° 14

Cantidad de personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, según condición actual de su empleo principal, noviembre 2021 

(N:21)

Condición de empleo principal

CANTIDAD 

ABSOLUTA 

Permanente  

10

Ocasional  

5

Temporal  

1

Otro 

5

TOTAL 

21

Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre, 2021.

 

Algo importante que hay que retomar es el proyecto u objetivo que les gustaría tener como realización personal Según las personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez el proyecto productivo que le gustaría realizar de manera independiente  es principalmente lo relacionado a la pesca o marisquería, pues así lo comentan diez personas, dentro de esta actividad mencionan por ejemplo cría de pescado, de pargo, cultivo de chucheca, estanque de tilapia, producir camarón; seguido de la venta de comida, dos personas indican que les gustaría un carro móvil para vender comida, venta de comidas preparadas. 

Con menos menciones señalan la idea de tener cerdos, porqueriza, ganado, algo relacionado con turismo, mecánica, taxista etc.   

Cuadro N° 16

Cantidad de personas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez, según lo que le gustaría realizar de manera independiente, noviembre 2021 

(N:21)

Opinión sobre la asociación de pescadores   

CANTIDAD 

ABSOLUTA 

Relacionado a la pesca/Marisquería 

9

Venta de comida o pescado

3

Cerdos 

2

Turismo  

2

Otros 

5

TOTAL 

21

Fuente: IDESPO, Universidad Nacional. Diagnóstico organizacional y socio productivo a personas asociadas de la asociación de pescadores de Puerto Jiménez y afines. Noviembre, 2021.

 

Conclusiones:

Conclusiones

Desde esta visión es importante que se den más acciones interuniversitarias e interdisciplinarias que fortalezcan la organización y la seguridad laboral. La falta de políticas públicas en materia de empleo en zonas costeras del país afecta directamente a pescadores artesanales. 

Las personas pescadoras representan una realidad que requiere de investigación destacando su contexto sociocultural, económico, político y ambiental. Para Carmen González, Geógrafa, especialista en ordenamiento territorial la problemática marino-costera del país se debe trabajar de forma integral y conjunta desde varias instituciones, desde una política, orden e interés. 

“lo que requiere más atención para ordenar el espacio marino costero mediante el establecimiento de las políticas necesarias es: mejora de la eficiencia en la gestión municipal, mayor coordinación institucional, promoción de la capacitación de profesionales en manejo

costero, establecimiento de prioridades para ejecutar obras y acciones, generación de conocimiento académico y científico y encuentro de buenas vías de transmisión a las comunidades y su participación” (González, 2013; P 31).

Las zonas costeras de Costa Rica están sufriendo gran cantidad de problemas, por lo que su mejoramiento en la calidad de vida, empleo y generación de ingresos no se hace posible ante un estado ausente, falta de políticas, falta de educación, y por ende hay que tomar iniciativas institucionales bajo un enfoque integral. 

 

Bibliografía:

Rivera, R y Porras, A (2018) Población, empleo y pobreza en los territorios rurales de Costa Rica. Revista Rupturas 8 (2), Costa Rica, Jul-Dic 2018. ISSN 2215-2466. Pp59-76.

 

González, Carmen (2013) Situación de las áreas marino -Costeras en Costa Rica. Revista Mensual sobre la Actualidad Ambiental. 

 

Palabras clave:

Pesca artesanal, bienestar socioecológico

Resumen de la Ponencia:

El objetivo de esta ponencia es presentar resultados de investigación en estudios laborales de nivel doctorado que pretende analizar las implicaciones de cierto nivel tecnológico en las calificaciones de trabajadores. Nuestro escenario empírico son los operadores de almacén en los Fullfiment centers (almacenes) de Amazon México en sus niveles más bajos. Amazon, conocida como una de las empresas autodenominadas tecnológicas, obtiene una proporción significativa de sus ganancias (Amazon, 2019) a partir de las ventas al menudeo objetivado por el trabajo de este sujeto laboral. Cabe destacar que el cliente realiza un jaleo constante en la demanda y, por tanto, tiene implicaciones en la intensificación y en la organización del proceso de trabajo de los operadores. Lo anterior nos lleva a preguntarnos ¿de qué manera se construyen las calificaciones del trabajo en una empresa intensiva en trabajo y que utiliza tecnología de punta que busca sintetizar los procesos? Estamos así frente a las posturas optimistas y pesimistas del trabajo. Las tesis dominantes respecto a este concepto refieren a un tránsito hacia la producción de conocimientos en un capitalismo cognitivo, pues el desarrollo tecnológico requeriría menos trabajo manual. El proyecto trata de debatir esa tesis a partir de un trabajo que, si bien utiliza dispositivos avanzados como software e internet, requiere calificaciones que no se basan únicamente en conocimiento, pues, generalmente, no tienen conocimiento de los procesos que están involucrados; de igual modo, lo principal es la manipulación física de los productos que son puestos en circulación.

Resumen de la Ponencia:

El modernismo americano, desde Alaska hasta la Patagonia, es aquel en cual los trasplantes tecnológicos y las innovaciones son pan de cada día, porque la innovación y el seguimiento a los innovadores, como estilo de vida, rompe tradicionales diseños y paradigmas. Varios años atrás Aloix Schumpeter dijo: “la destrucción creativa” es la vida misma del capitalismo, pues de no haber esa revolución de expectativas constante no tendría incentivos ni la producción, ni el consumo y tampoco sería posible la concentración de riqueza. Ahora, esa destrucción creativa fue hecha sobre la acumulación de varios capitales: económico, político, científico-cultural y social y a la vez con base en varios supuestos que resultaron falsos. Primero, que los recursos naturales eran inagotables. Segundo, que el agua, la tierra, el aire y el clima nunca cambiarían, Tercero, que la ciencia siempre respondería a las necesidades de la humanidad. Eso hizo pensar que el progreso con base en la innovación sería una constante y la fuerza de trabajo una variable que dependía del uso de nuevas tecnologías. Por lo tanto, aquellas personas que aún viven de una agricultura tradicional o quienes han considerado la selva como su hogar y fuente de recursos son una población “superflua” o innecesaria, gente primitiva en el siglo veintiuno, como dice Bolsonaro de los indígenas del Brasil. Porque ellos están al margen de la tecnología y de la innovación y ocupan reservas naturales llenas de recursos minerales, petróleo, carbón, litio, níquel o cobalto, oro y cobre que no se pueden extraer para construir las innovaciones como autos eléctricos, por ejemplo. Estas personas en el concepto de políticos como Trump, Bolsonaro, Santos, Lasso, Fernández, Maduro, Arce, López Obrador, Uribe, Biden, etc. Consideran el trabajo de campesinos e indígenas como inútil, conservador, nefasto para el progreso y alejados de la sociedad de mercado. Para los políticos gobernantes, la vida dinámica de la periferia de los grandes espacios del mundo moderno, las ciudades, es la minería extractivista de los recursos naturales y el uso agrícola comercial, ganadero de la selva, así haya que “destruir creativamente” la naturaleza, para ello el capital político de los Estados, el capital cultural-científico y social puede someter los grupos y comunidades que se opongan a los proyectos nacionales e internacionales y crear los espacios económicos con una visión de futuro hacia la innovación y la acumulación de riqueza. Para demostrar esta dinámica de la innovación como destrucción y el papel de la acumulación de capital político, cultural científico y social en la minería y agronegocios se traen a colación varios casos conflictivos con las comunidades indígenas y campesinas en América.   

Resumen de la Ponencia:

Neste paper desejamos fazer algumas considerações, de uma perspectiva do Sul Global, sobre as greves por empresa ou unidade, em especial aquelas de curta duração e envolvendo pequenos números de trabalhadores, que também já foram chamadas no Brasil de “greves isoladas” e no cenário francês de “débrayage”, e que são correlacionadas em geral com outras formas de pequenos conflitos nos locais de trabalho (“la poussière des petits conflits”, na expressão usada por Michelle Perrot). Começamos apresentando parte das formulações teóricas nacionais e internacionais a respeito das greves por empresa ou unidade. Em seguida, discutimos as características do banco de dados do Sistema de Acompanhamento de Greves do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, o banco de dados mais completo no Brasil a respeito de conflitos trabalhistas, discutindo suas virtudes e limitações no que se refere ao estudo das greves por empresa ou unidade. Analisamos ainda outras abordagens que já foram propostas no país para a mensuração quantitativa e análise qualitativa de greve isoladas, e propomos possíveis estratégias alternativas de pesquisa baseadas em surveys. Por fim, discutimos algumas particularidades de ondas grevistas por empresa ou unidade em países democráticos emergentes, amparados pelos resultados preliminares de nossa pesquisa conduzida junto a trabalhadores de limpeza e vigilância em São Paulo (baseada na análise quantitativa de ondas grevistas dessas duas categorias e em entrevistas em profundidade com trabalhadores), e como elas podem estar relacionadas a novas dinâmicas ambíguas de “empoderamento” de grupos sociais subalternos. 

Resumen de la Ponencia:

Relações de “aviamento” e dinâmicas territoriais na pesca do caranguejo-uçá na área costeira de Bragança-PAGT17 – Trabajo y Restructuración Productiva Alexandre de Brito AlvesDoutorando em Sociologia (UFPA-PPGSA)ResumoA proposição é analisar a relação entre o instituto do “aviamento” com as dinâmicas territoriais que se constituíram em torno das coletas do caranguejo-uçá (Ucidides Cordatus). Os interlocutores são os trabalhadores dessa atividade, autodenominados tiradores, e os marreteiros/atravessadores no município de Bragança, nordeste do estado do Pará. Os empréstimos a crédito dados pelos marreteiros aos tiradores e as consequentes dívidas contraídas pagas em dinheiro ou em quantidades de espécies capturadas permite compará-las às tradicionais práticas de aviamento, recorrentes nos períodos de exploração da borracha na Amazônia, entre o final do século XX e início do XX.            Este tradicional sistema de dominação econômica tem se reproduzido na Amazônia e sua ocorrência é peculiar em meio às atividades pesqueiras, entre os pescadores amazônicos (ALVES, 2006). Em Bragança, onde a captura de crustáceos é fonte de renda para muitos grupos sociais pobres e/ou vulneráveis, a dependência para com os intermediários é frequente, e tal interação influencia territorialidades locais, observadas nas dinâmicas econômicas costeiras; no processo de migração e saída das áreas costeiras; em investimentos tecnológicos direcionados ao aprimoramento das técnicas e tecnologias de captura; da facilidade na circulação e no controle dos territórios de pesca; dos impactos de novas atividades econômicas na pesca artesanal praticada em Bragança; e, por fim, nas relações de solidariedades e/ou conflitos entre os pescadores do manguezal.             Esta pesquisa foi realizada entre os anos de 2013 a 2016, e os procedimentos metodológicos decorreram por meio de observações diretas no manguezal, em conversas informais com trabalhadores da pesca, além de entrevistas com tiradores de caranguejos.             Conclui-se que os coletores de caranguejo têm fortes ligações de dependência para com os marreteiros. Esses, além do fornecimento de equipamentos de trabalho, também lhes prestam auxiliam alimentícios em momentos de doenças e impossibilidade ao trabalho. ReferênciasALVES, Alexandre de Brito. PA-458: território, territorialidade e dinâmica socioeconômica na área costeira de Bragança-PA (Bacuriteua, 1974-2016). Dissertação (Mestrado em Sociologia e Antropologia), Universidade Federal do Pará, 2017. ALVES, Elio de Jesus Pantoja. Mudanças e continuidades do aviamento na pesca artesanal. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v. 1, n. 2, p. 65-76, maio-ago. 2006.OLIVEIRA, Marcelo do Vale. Trabalho e territorialidade no extrativismo de caranguejos em Pontinha de Bacuriteua, Bragança-Pará. Dissertação de (Mestrado em Biologia Ambiental), Instituto de Estudos Costeiros (IECOS), da Universidade Federal do Pará (UFPA), Bragança, 2013.SANTOS, Marcos Antônio Souza. A cadeia produtiva da pesca artesanal no estado do Pará: estudo de caso no nordeste paraense. Amazônia: Ci. & Desenv., Belém, v.1, n.1, jul. /dez. 2005. 

Resumen de la Ponencia:

La crisis por Covid-19 representó un desafío para los distintos ámbitos de gestión, tanto públicos como privados. El caso de las organizaciones pertenecientes al sector transporte no fue una excepción, sino que éstas se convirtieron en protagonistas de múltiples transformaciones.

La ponencia tiene el objetivo describir y analizar algunas de las estrategias y prácticas de gestión de crisis desarrolladas por organizaciones reguladoras y proveedoras de servicios de transporte en la Argentina durante el año 2020, con foco en sus efectos sobre la salud y condiciones laborales de los/as trabajadores/as. Estas estrategias y prácticas se orientaron a garantizar la seguridad operacional y sanitaria, así como la continuidad de los servicios, dentro de los márgenes impuestos por las reglamentaciones excepcionales vigentes.

A tal fin, se ha optado por un diseño de investigación descriptivo basado en un enfoque metodológico cualitativo. Las técnicas empleadas fueron: el relevamiento de fuentes secundarias (documentos organizacionales, normativa, etc.) y la realización de entrevistas semiestructuradas a actores clave del sistema de transporte (funcionarios de entes reguladores y prestadoras de servicio, representantes sindicales y trabajadores/as).

En la ponencia se presentan los principales hallazgos de la investigación, así como una primera evaluación de las prácticas de gestión identificadas y de sus potenciales implicancias para el abordaje de futuros eventos de similares características.

Introducción:

Esta ponencia se elaboró en base a una investigación realizada por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) de Argentina, organismo desde el cual -en el contexto de la crisis sanitaria que azotó a la comunidad internacional- se identificó la necesidad de llevar adelante una investigación que extendiese el campo de aplicación de la JST hacia eventos excepcionales[1]. La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) es un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, que tiene como objetivo contribuir a la seguridad en el transporte en todos sus modos a través de la investigación técnica de accidentes e incidentes de transporte y la emisión de recomendaciones que permitan mejorar la seguridad operacional (Ley 27514/2019)

Esta ponencia constituye una aproximación a la gestión de la crisis del coronavirus desarrollada por el sistema de transporte argentino. Los alcances de la misma fueron definidos por los siguientes interrogantes: ¿cuáles fueron las estrategias de gestión de crisis que pusieron en marcha frente a la pandemia del COVID-19 las organizaciones constitutivas del sistema de transporte multimodal[2]? ¿de qué manera estas nuevas prácticas afectaron las condiciones de trabajo del sector?

El objetivo general de la ponencia es indagar las estrategias y prácticas de gestión de crisis pandémica desarrolladas por distintas organizaciones de los cuatro modos de transporte de Argentina durante 2020. Dichas estrategias estuvieron orientadas a gestionar los riesgos de seguridad (operacional y sanitaria), así como a asegurar la continuidad de las operaciones.

El 3 de marzo de 2020 la Argentina registró el caso cero de coronavirus en un pasajero arribado en un vuelo proveniente de Italia. Ante este hecho, y frente a un escenario internacional signado por la incertidumbre, el Estado argentino adoptó medidas excepcionales y de emergencia para enfrentar la pandemia[3].  En este contexto, las actividades del transporte fueron declaradas servicios esenciales, lo que significó un desafío inédito hasta entonces: todos los modos del transporte deberían asegurar el sostenimiento de las operaciones, garantizar los estándares de la seguridad operacional y morigerar los riesgos de contagio y transmisión del virus Sars-Cov-2 para preservar la salud tanto de las personas usuarias como del personal. 

 

[1] Un evento excepcional alude a un acontecimiento de gravedad inusitada (que puede o no ser un accidente), cuyas consecuencias impactan en las funciones básicas de la sociedad.

[2] Transporte multimodal alude a los modos automotor, ferroviario, aeronáutico y marítimo, fluvial y lacustre.

[3] El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) emitió, el 12 de marzo de 2020, el Decreto 260/2020 de emergencia sanitaria, en uso de las facultades otorgadas por la Constitución Nacional. 

Desarrollo:

Encuadre teórico metodológico

Como se mencionó en la introducción, esta ponencia constituye un desprendimiento de un estudio desarrollado por la JST sobre la base de un diseño descriptivo. El equipo de investigación a cargo de llevarlo adelante se conformó con personal de las distintas direcciones modales que componen el organismo, y fue encabezado por la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo Accidentológico (DNEYMA).[1]

La ponencia, elaborada en base a una metodología de trabajo cualitativa, se sustenta en los aportes y testimonios brindados por una red colaborativa constituida ad hoc, integrada por un entramado de entidades nacionales del transporte, entre las que se incluyen organismos normativos, regulatorios y fiscalizadores; prestadores de servicios públicos y privados; cámaras y asociaciones del transporte; así como obras sociales y sindicatos que agrupan a los trabajadores sector. Actualmente, la red está integrada por 25 organizaciones, tanto públicas como privadas.

En el marco de este estudio, se realizaron 20 entrevistas semiestructuradas a referentes de 15 entidades del transporte pertenecientes a la red colaborativa. En la mayoría de los encuentros fueron entrevistadas entre dos y tres personas pertenecientes a diferentes áreas de las organizaciones. Acorde con los objetivos de la investigación, las guías de entrevista utilizadas focalizaron en tres dimensiones: gestión de riesgos de seguridad operacional, gestión de crisis y gestión de riesgos sanitarios.

En lo referente al marco conceptual sobre el que se construye esta ponencia, se parte de considerar a la pandemia como un accidente normal (Covello y Muro, 2020). De acuerdo a Perrow (1984), el accidente normal o sistémico se caracteriza por ser previsible e inevitable. El autor afirma que es propio de sistemas complejos donde ocurren acoplamientos e interacciones inesperadas, es decir, que está en la naturaleza misma de los sistemas sociotécnicos. En esta línea, la investigación considera válido incluir (dentro de los muchos marcos teóricos abordados para analizar la pandemia) el análisis sistémico de la pandemia bajo la teoría de accidente normal. Desde esta perspectiva, el brote infeccioso en Wuhan se propagó hacia otros sistemas fuertemente acoplados, que trascendieron el ámbito de la salud interactuando de manera inesperada y derivaron en una crisis social, económica y política global (Costa, 2021; Covello y Muro, 2020)

Los accidentes sistémicos precisan modelos de análisis atentos a sus características. El análisis sistémico de accidentes se aleja de los modelos lineales de tipo causa-efecto y de las explicaciones de accidentes basadas en fallos únicos (generalmente, errores del personal operario, de diseño o fallos mecánicos) o de un árbol de fallos (Perrow, 1984; Hollnagel, 2004).  Este tipo de análisis busca identificar situaciones estructurales que expliquen los factores desencadenantes o contribuyentes (Perrow, 1984). 

Por otro lado, se entiende a las crisis como eventos potencialmente riesgosos que efectivamente ocurren y traen aparejadas fuertes incertidumbres (Gilbert, 2002 citado en Pucci y Walter, 2007:29).  La gestión de la crisis refiere, particularmente, a la toma de decisiones ejecutivas u operativas que buscan asegurar el control frente al caos que caracteriza a estos eventos. En el caso de empresas y organizaciones, implica atender al bienestar y seguridad de las personas involucradas en tanto trabajadoras o usuarias. (Pucci y Walter, 2007).

Se entiende al riesgo como un evento probable o potencial, susceptible de causar daños a las personas y organizaciones. Normalmente, se describe en relación a sus probabilidades y severidad, a la situación que potencialmente puede causar o a sus consecuencias (Pucci y Walter, 2007; Norma IRAM-ISO 31000). La gestión de riesgos refiere a estrategias y actividades elaboradas por una organización, idealmente coordinadas, orientadas a dirigir y controlar el riesgo (Norma IRAM-ISO 31000). 

La Ley 27514, mediante la cual se creó la JST, en su artículo 3 define a la seguridad operacional como el “estado de operación de un sistema en que el riesgo de lesiones a personas o daños a los bienes que participan e interactúan, se ve reducido y se mantiene a un nivel aceptable o por debajo del mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos”. 

Respecto de los riesgos sanitarios, en esta investigación se hace foco en el riesgo de infección por COVID-19, o dicho en otros términos: la probabilidad de que se concrete el peligro de contagio y diseminación de la enfermedad, y la severidad de las consecuencias. Por consiguiente, se comprende a la gestión de seguridad sanitaria como un grupo de actividades de carácter tanto proactivo como reactivo, orientadas a reducir todo lo posible los mencionados riesgos en materia de salud.

 

Análisis de la información

La información recabada en las entrevistas se organizó en función del modo de transporte y se analizó a partir de la distinción de tres grandes dimensiones que hacen a la gestión del transporte en el marco de la crisis pandémica: la gestión de los riesgos sanitarios (refiere a la gestión de la seguridad sanitaria y otros riesgos para la salud asociados); la gestión de la seguridad operacional (gerenciamiento de riesgos de seguridad operacional vinculados a la gestión del contexto pandémico); y la continuidad de las operaciones (refiere al sostenimiento y operabilidad del servicio de transporte en todos sus modos). La última dimensión se configura, de algún modo, como resultado del manejo de las otras dos dimensiones mencionadas.

 

Modo ferroviario

 

Gestión de riesgos sanitarios

La mayoría de las prestadoras del modo conformaron, desde el inicio de la pandemia, equipos o comités de gestión de crisis, destinados a abordar el nuevo escenario sanitario. Entre las acciones prioritarias abordadas por los equipos de gestión de crisis se destacan la elaboración y adecuación de protocolos de acuerdo con los lineamientos emanados por el Ministerio de Salud.

En todos los casos, los protocolos (también denominados “mecanismos de defensa” por las prestadoras) se elaboraron en base a los lineamientos y planes de emergencia desarrollados por la CNRT. Entre sus aspectos centrales destaca el establecimiento de mecanismos de reemplazo de personal en caso de contagios; la disposición de elementos de protección y limpieza en coches y establecimiento; las medidas de distanciamiento social al momento de las rotaciones; y la administración/regulación del volumen de personas transportadas; entre otras medidas.

Una de las preocupaciones centrales de las prestadoras desde el inicio de la pandemia se centró en la necesidad de minimizar la transmisión del COVID-19, en el marco de un sistema caracterizado por trasladar grandes volúmenes de personas en espacios reducidos. El desarrollo de la aplicación “Reservá tu Tren”[2] por parte de la Gerencia de Tecnología, Información e Innovación de Trenes Argentinos, contribuyó a complementar la protocolización de procesos en este sentido. 

Se destaca también el hecho de que varias prestadoras desarrollaron sistemas estadísticos que les permitieron monitorear, de forma sincrónica y diacrónica, el estado de situación de su planta en materia sanitaria: contabilizaron entre el personal casos detectados, casos sospechosos, contactos estrechos, hisopados realizados, etc.; y evaluaron la curva de casos al interior de la prestadora, en función de la situación nacional y la dinámica de las medidas dispuestas desde las mismas organizaciones.

 

Gestión de riesgos de seguridad operacional

Los testimonios recogidos señalan que muchas medidas de seguridad operacional se vieron interrumpidas a razón de lo dispuesto por los lineamientos sanitarios destinados a prevenir contagios entre el personal a cargo. La gestión de seguridad operacional concerniente a equipos de monitoreo, auditores de campo y control en vías fue la más afectada, ya que se limitaron las prácticas de auditoría en cabinas de señales y cabinas de conducción. Esto se debió al riesgo sanitario que representaba que los inspectores de seguridad operacional realizarán las inspecciones en campo en la misma cabina que el personal de conducción o en las cabinas de señales, ambos espacios muy reducidos que impedían sostener el distanciamiento social recomendado. 

En respuesta a esta problemática, se definió la migración paulatina de estos controles a la modalidad de telerelevamiento y otras acciones de monitoreo remotas, realizadas con cámaras go pro instaladas de forma estratégica, o bien mediante la inspección con drones. Las actividades y prácticas de SO en campo que no fueron afectadas por el distanciamiento social se continuaron desarrollando de forma habitual. Esto incluyó relevamientos funcionales, relevamiento de material rodante y de infraestructura, entre otros.

Otro factor asociado a un potencial incremento de riesgos de seguridad operacional se vincula con el aislamiento masivo de personal abocado a tareas de monitoreo, control y auditoria, que obran como fuentes de información permanente y permiten establecer escenarios predictivos. En ocasiones, los equipos de monitoreo de riesgos (de exceso de velocidad, etc.) debieron ser aislados casi en su totalidad, por lo que se dificultaba la tarea de prevención de posibles accidentes o incidentes.

 

Continuidad operativa

La gestión sanitaria y operativa desarrollada por las prestadoras durante la pandemia permitió no solo sostener, sino, en algunos casos, potenciar el servicio. Vale, a modo de ejemplo, mencionar el caso de los servicios ferroviarios de carga que, con base en la reorganización operativa, lograron incrementar los volúmenes de mercancía transportada.

Entre las principales dificultades que amenazaron la continuidad de las operaciones destaca la alta tasa de contagios entre los/as trabajadores/as, que dificultó el funcionamiento no solo de los coches, sino de los Centros de Control de Operaciones (CCO) y el Centro de Conductores. 

Finalmente, cabe destacar que los servicios con presencia en provincias del interior del país encontraron exigencias legales jurisdiccionales que, en ocasiones, limitaron la circulación de las formaciones por los pasos fronterizos interprovinciales. Esta descoordinación, producto de la insuficiente articulación entre actores de distinto nivel jurisdiccional, generó serios trastornos para la operación y para el personal de “primera línea”, cuyo descanso y condiciones de trabajo se vieron perjudicados.

 

Modo automotor de pasajeros[3]

Gestión de riesgos sanitarios

Según los testimonios recabados, las prestadoras de servicio del modo automotor de pasajeros/as no contaban, en casi ningún caso, con planes preexistentes de gestión de crisis al inicio de la pandemia. Los hechos de marzo de 2020 forzaron la creación de equipos/comités de gestión de crisis, en cuyas manos estuvo el diseño de los planes y protocolos destinados a palear la crisis sanitaria. Entre las medidas incluidas en los protocolos elaborados destacan la apertura permanente de ventanillas, el aislamiento plástico del espacio reservado al personal de conducción, la reorganización del cronograma de trabajo presencial, la difusión de información de prevención y la capacitación sanitaria del personal.

Entre las dificultades presentadas para cumplimentar los protocolos dispuestos se encontraron, como se observó en el modo ferroviario, la imposibilidad de operativizar la reglamentación dispuesta por la autoridad de aplicación en materia de límite máximo de personas transportadas. Los intentos de aplicación de la normativa supusieron incidentes de diversa seriedad entre los personas usuarias y personal de conducción, único mediador disponible durante los recorridos.

En lo que refiere a la coordinación entre actores del sistema de transporte, los testimonios reflejan que el diálogo y la articulación entre las prestadoras, agrupadas en cámaras empresarias, permitió el intercambio de datos e información y la definición consensuada de medidas para una eficiente gestión de la crisis. 

La relación entre las prestadoras y los sindicatos, por su parte, fue positiva. El sindicato de la actividad y los cuerpos de delegados se mostraron siempre dispuestos a trabajar articuladamente con las prestadoras: participaron en acciones de consenso para la toma de decisiones y actuaron como nexo entre la empresa y el personal. Para las prestadoras, los/as delegados/as sindicales resultaron un eslabón central para la difusión de información sanitaria entre el personal, propiciando una circulación “boca a boca” más efectiva que otros medios de difusión oficiales.

 

Gestión de riesgos de seguridad operacional

Contrariamente a lo ocurrido con los procedimientos y protocolos de gestión de crisis, las medidas y prácticas de seguridad operacional vigentes hasta la declaración de la pandemia no requirieron grandes adecuaciones[4].

Entre los elementos de alarma que los protocolos debieron atender, se destaca que, en algunos casos, los protectores de nailon, que inicialmente se utilizaron para resguardar a los choferes, dificultaban o limitaban la visión, por lo que algunas empresas procedieron a reemplazarlos por materiales cuyas características fueran aptas para garantizar una visión óptima de espejos y puertas.

Por otro lado, el personal de conducción que prestó servicio durante la pandemia sufrió la readecuación de su cronograma de trabajo, ya que debió suplir la carga laboral del personal dispensado por pertenecer a grupos de riesgo, lo que redundó en una sobrecarga de trabajo.[5] Esta situación excepcional repercutió sobre las condiciones de trabajo y descanso del personal de primera línea, incrementado los riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga[6].

Cabe destacar que las nuevas medidas impactaron en la relación entre las personas usuarias y las prestadoras, cuyo rostro visible era el personal de conducción. Se registraron casos de lesiones como consecuencia de altercados y se incrementó -en relación con el escenario prepandémico- el número de personas con heridas leves producto de su “interacción” con los vehículos. El clima de tensión social incrementó, entonces, el riesgo de ocurrencia de sucesos que derivaran tanto en lesiones como en la demora o suspensión de los servicios, afectando su continuidad. 

 

Continuidad operativa

En función de las medidas sanitarias dispuestas por los gobiernos nacionales y jurisdiccionales durante marzo y abril de 2020, el transporte automotor de pasajeros/as (interurbano y de larga distancia) disminuyó drásticamente su frecuencia. Con el correr de los meses, paulatinamente, se fue retomando la continuidad del servicio, alcanzando sus frecuencias habituales hacia fines de 2020.

Entre los acontecimientos asociados a la pandemia que pusieron en riesgo la continuidad operativa de los servicios, destacan dos hitos sobresalientes: se registró escasez de insumos y dificultades para el abastecimiento de repuestos durante las primeras semanas tras la declaración de la pandemia; y la dispensa de trabajadores perteneciente a grupos de riesgo supuso la reducción drástica de la planta del personal de conducción, lo que implicó adaptaciones del cronograma de frecuencias.

 

 

Modo aeronáutico

 

Gestión de riesgos sanitarios

Tras la declaración de la pandemia y la disposición de un nuevo corpus normativo para el desarrollo de operaciones aeronáuticas, las prestadoras ingresaron a una etapa de actualización y adecuación permanente de los planes y protocolos de gestión de crisis sanitaria. 

Durante los primeros meses de la pandemia, los testimonios recogidos revelaron un déficit de procesos de articulación entre prestadoras y organismos de gobierno como PSA, EANA y ANAC. No se convocó un comité de crisis ni se consolidaron otras instancias de intercambio con los actores del modo. 

En lo que respecta a la capacitación y actualización de competencias, las prestadoras desarrollaron formas de capacitación y comunicación novedosas hacia el personal, mediadas por el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estas permitieron transmitir rápidamente información actualizada, nuevas recomendaciones a tripulantes y cambios en protocolos de actuación ante casos sospechosos, entre otras medidas.

En cuanto al impacto sanitario de la crisis sobre los/as trabajadores/as, esta repercutió en distinto grado sobre la salud mental y se vivieron situaciones de temor, ansiedad y estrés vinculadas al miedo al contagio en los lugares de trabajo. Para abordar este fenómeno, algunas prestadoras instauraron dispositivos de contención y acompañamiento, entre los que destacan el seguimiento médico y psicológico por vía telefónica de los casos sospechosos o positivos.

 

Gestión de riesgos de seguridad operacional

Durante el período en estudio, la disminución del número de operaciones (cercana a la paralización de los servicios) redujo la probabilidad de eventos negativos de seguridad operacional de manera sustantiva. En este escenario de paralización de actividades, el principal riesgo de seguridad operacional pasó a estar asociado a la falta de entrenamiento del personal por parte de tripulaciones y otros miembros del staff, de cara a la rehabilitación de las operaciones.  En respuesta a esta deficiencia, se ejecutaron nuevos planes de capacitación, actualización y mantenimiento de competencias, basados en el uso de simuladores y dispositivos móviles. 

En lo que respecta a las complejidades para el cruce de fronteras internacionales, las compañías aéreas observaron que las distintas normativas nacionales restringían la presencia de las tripulaciones en los países de arribo. Esto dificultó en algunos casos el correcto descanso del personal, con consecuencias sobre la fatiga e implicancias para la seguridad operacional. 

En cuanto a la readecuación de actividades, las prestadoras del modo aeronáutico, y en particular las aerolíneas, debieron atravesar durante la pandemia un proceso de adaptación continua a funciones novedosas, como los vuelos de repatriación y los vuelos para búsqueda de equipamiento médico y vacunas. La identificación de los riesgos asociados a estas operaciones se realizó, en parte, a través de estudios ad hoc, elaborados a partir de encuestas suministradas a las tripulaciones. 

 

Continuidad operativa

A razón de la crisis, y en sintonía con gran parte de los países del mundo, el Gobierno argentino tomó la decisión de suspender la mayor parte de los vuelos comerciales. Sin embargo, se sostuvieron algunas operaciones, tales como los vuelos de repatriación, vuelos gubernamentales, vuelos sanitarios, vuelos para la búsqueda de insumos, entre otros.

 

Modo Marítimo, Fluvial y Lacustre

 

Gestión de riesgos sanitarios

En línea con la experiencia del modo aeronáutico, en el modo marítimo, fluvial y lacustre existieron antecedentes que permitieron desplegar una rápida respuesta a la crisis. Se destaca la experiencia de gestión de la crisis del ébola (2014-2016) y, más cerca en el tiempo, la de la gripe H1N1 (2009). 

Entre las prácticas de gestión de crisis más significativas desarrolladas por la autoridad de aplicación destacan tres medidas clave. Por un lado, la prórroga de las fechas de vencimiento de las certificaciones, rectificaciones y carnets de conducción; el establecimiento de circuitos de comunicación y recepción de información sobre la situación sanitaria a bordo de los buques, a cargo de los equipos médicos de Prefectura; y la conversión a la modalidad virtual de las inspecciones tradicionales a buques.

Entre las medidas de gestión de crisis sanitaria llevadas adelante por las prestadoras destacan la realización de testeos y aislamientos preventivos del personal —una semana antes y una semana después del período de embarque-; la organización de burbujas de personal; la puesta a disposición de medios de transporte privados para su traslado[8]. Paralelamente, Prefectura creo un número telefónico para que los tripulantes pudiesen denunciar incumplimientos a bordo. 

Respecto al rol de las organizaciones gremiales, de forma similar al caso ferroviario, los sindicatos marítimos llevaron adelante una labor clave en materia de acompañamiento y contención psicológica de los/as trabajadores/as. Se realizó el seguimiento personalizado de los casos detectados, en especial de aquellos que debieron realizar aislamiento a bordo de los buques o en hoteles.

La relación de los sindicatos con las prestadoras se vio atravesada por una demanda puntual:  los sindicatos se expresaron en favor de liberar el wifi en las embarcaciones, para que cualquier miembro de la tripulación pueda realizar consultas médicas en caso de necesitarlas. A este reclamo se sumaron demandas concernientes a la comunidad de practicaje[7]: reclamaban que Sanidad de Fronteras se constituyese en el primer actor en embarcar los buques en recalada sin limitar sus funciones a puerto y solicitaban trajes de protección sanitaria acordes a sus funciones.

Entre las actividades que sufrieron mayor exposición a la transmisión de la enfermedad sobresale la pesca. El registro de casos confirmados y fallecidos por COVID-19 en el rubro superó ampliamente al del resto de las actividades.

El impacto de la crisis sanitaria sobre la dinámica laboral del personal embarcado, se observó con énfasis en la actividad arenera, en donde la estadía se extendió de 7 a 14 días. Esta adecuación, realizada con la finalidad de “garantizar” que no embarcaran personas contagiadas, supuso un fuerte desgaste para el personal. Desde los sindicatos se reclamó el regreso a los períodos habituales de trabajo pasado el primer pico de la pandemia, sin embargo, las prestadoras decidieron sostener esta modalidad, ya que disminuía los tiempos de “parate” de la actividad.

 

Gestión de riesgos de seguridad operacional

En cuanto a los riesgos de seguridad operacional asociados a la pandemia, los testimonios relevados destacan dos hitos significativos.

El primero concierne a la actividad de practicaje, en la que destacan los efectos perjudiciales sobre la seguridad operacional de los equipos de protección sanitaria. Los camisolines y guantes quirúrgicos reglamentarios dificultaban las tareas de ascenso a las embarcaciones y entorpecían la eficacia de los equipos de seguridad ante naufragios.

El segundo hito está asociado a la disposición gubernamental de extender los períodos de embarque de las tripulaciones de ciertas actividades, como en el caso de la arena, de 7 a 14 días. Esta nueva forma de operar, en el marco de actividades que se realizan con barcos antiguos, en condiciones generalmente precarias, supuso el incremento de la fatiga de la tripulación y, con ello, el aumento de los riesgos de seguridad operacional. 

En sintonía con lo antedicho, se observó que el sistema modal fue tensionado: el descenso en la masa de tripulantes (ya sea por pertenecer a grupos de riesgo, por ser contacto estrecho o por ser caso confirmado) se vio compensado por el esfuerzo del resto de los/as trabajadores/as.

 

Continuidad operativa

Las actividades ligadas al modo nunca fueron interrumpidas (con excepción de las actividades turísticas y, parcialmente, las del transporte de personas en el área del Delta). Esta continuidad se alcanzó a costa de la tensión del sistema y el esfuerzo del personal implicado en períodos prolongados de navegación. Requirió, asimismo, la reestructuración de organigramas y un férreo sostenimiento de las medidas de cuidado y protección de los/as trabajadores/as del modo, lo que permitió dar continuidad a las actividades dentro de los marcos regulatorios dispuestos para el período.

 

[1] Los equipos de las direcciones modales de la JST estuvieron a cargo de la realización de buena parte de las entrevistas realizada a actores correspondiente a su área de incumbencia. Destacamos la colaboración de Jorge Arman, Marcia González, Humberto Reynoso, Lorena Villada, Cristian Duca, Esteban Maddoni, Alejandro Costas, Juan Mangiameli, Marianne Von Lucken, Candela Hernández, Patricio Klimezuk, Gabriela Stazzone, Cataldo Javier Allende, Nayme Gaggioli y Marcelo Muro.

[2] Este sistema permitió a las personas usuarias reservar un espacio en las formaciones ferroviarias durante los horarios de mayor demanda, para los servicios que llegaran a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[3] El modo automotor de cargas no se incluye en la presente ponencia, dado que no se realizaron entrevistas a sus referentes organizacionales. 

[4] Estas medidas de seguridad operacional no se hallaban necesariamente plasmadas en protocolos, sino que eran, mayoritariamente, formas asentadas sobre la misma práctica, de actuar y proceder.

[5]No existía la posibilidad de efectivizar el contrato de nuevos/as conductores/as en el corto plazo, dados los tiempos de capacitación y evaluación previstos.

[6] La preparación del personal de primera línea, previa asunción de sus funciones, exige el cumplimiento de estrictos protocolos (protocolo de seguridad vial certificado por IRAM) y la realización de numerosas instancias de formación y evaluación.

[7] Los prácticos son el personal habilitado de forma exclusiva para asesorar a los capitanes de buque en materia de navegación, maniobras y reglamentación, en zonas declaradas de practicaje obligatorio o facultativo (Decreto 2694/91).

[8] El cumplimiento efectivo de estos lineamientos de gestión se ha sostenido en el tiempo de forma disímil/oscilante según la prestadora.

Conclusiones:

El análisis de la información relevada permite inferir que, desde los primeros meses de la pandemia, las organizaciones argentinas del transporte tuvieron una rápida capacidad de respuesta e inventiva ante la incertidumbre planteada por la pandemia. Fue necesaria la adecuación de unidades destinadas al transporte de pasajeros/as, la modificación de sectores de trabajo, el reagrupamiento de personal (organización de burbujas), la readecuación de tiempos de servicios y descanso y la autorización de exenciones a las licencias, cursos de instrucción y exámenes médicos, entre otras cuestiones. 

Se observa como denominador común a los diferentes modos, que los protocolos creados tanto por las prestadoras como por los organismos de control durante la pandemia, tuvieron siempre un carácter dinámico y flexible, para poder adaptarse a los cambios vertiginosos del escenario pandémico. Esto implicó, para los/as trabajadores/as del sector (especialmente para los de “primera línea”), asumir instancias de formación y actualización continuas que les permitiesen proceder en función de las disposiciones cambiantes. 

Sobresale también, la falta de coordinación que existió, en ocasiones, entre prestadoras de servicio, autoridades modales y otras agencias gubernamentales (como el Ministerio de Seguridad de la Nación) para definir los criterios de estadía, acceso a servicios, pernoctes y circulación de trabajadores/as esenciales. Esto derivó en que el personal esencial (principalmente quienes se desempeñan como trabajadores/as de primera línea) encontrara dificultades para su libre circulación tras haber cruzado fronteras jurisdiccionales, tanto municipales como provinciales.

Como contracara, el análisis permite ponderar el efecto positivo de la existencia de espacios de articulación entre lo público y privado. Ejemplo de ello es que, durante la pandemia, las prestadoras estatales de transporte acompañaron las estrategias de crisis de gobierno, poniendo sus servicios a disposición: la aerolínea de bandera estuvo a cargo de vuelos de repatriación, así como de la búsqueda de equipamiento médico y vacunas, mientras que en el modo de transporte ferroviario se implementó un “tren sanitario” para la realización de testeos de COVID. 

Respecto a la migración de la actividad presencial a plataformas digitales o telerelevamiento, en el ámbito del transporte tuvo lugar con mayor preponderancia el traspaso de tres áreas clave: entrenamientos, auditorías y chequeos operativos. Estas medidas, se acompañaron por otras acciones de monitoreo y entrenamiento remotas (mediante el uso de dispositivos móviles, cámaras go pro, drones, etc.).

En otro orden de análisis, la pandemia evidenció que, ante un evento excepcional de la magnitud descripta, la fatiga se convierte en un peligro estructural en todos los modos de transporte. El personal operativo que prestó servicio durante la pandemia sufrió la readecuación del trabajo prescripto, debiendo suplir la reducción del personal operativo, la exención de normas prescriptivas de fatiga, la extensión de los períodos de embarque y la imposibilidad de descanso en hoteles o lugares aptos.

Por último, entre las consecuencias de la pandemia sobre los/as trabajadores/as del transporte, se presenta como elemento significativo el impacto en la salud mental. En este marco, los gabinetes psicológicos dentro de las organizaciones cobraron una importancia central junto con las organizaciones gremiales, las cuales articularon diversas líneas de acción orientadas a la contención y el acompañamiento psicológico. Así, sobre la base de esfuerzos combinados y una significativa resiliencia de las organizaciones durante el curso de la crisis, el sistema de transporte argentino logró garantizar —con contadas excepciones— la continuidad operativa en las distintas ramas de actividad.

Bibliografía:

Referencias bibliográficas:

-Costa, F. (2021). Tecnoceno: algorítmos, biohackers y nuevas formas de vida, Argentina, Taurus.

-Covello. A. y M. Muro (2020). Análisis sistémico de la pandemia del coronavirus. Un accidente normal, Buenos Aires, Argentina. 

-Organización de Aviación Civil Internacional (2018). “Documento 9859: Manual de gestión de la seguridad operacional”, Québec, OACI.

Perrow, C. (1999). Normal accidents: living with high risk technologies, Princeton, New Jersey, Princeton University Press.

- Safety Investigation Authority of Finland (2021). First wave of the COVID-19 pandemic in Finland in 2020, Finlandia, SIAF. 

 

Normativa:

- Decreto 260 de 2020 [con fuerza de Ley]. Por el cual se amplía la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27541. 12 de marzo de 2020. B.O.: 34327.

- IRAM-ISO 31000 (2015). “Gestión del riesgo. Principios y guías”.

- Ley 27514 de 2009. Por la cual se declara de interés público nacional y como objetivo de la República Argentina la política de seguridad en el transporte. B.O.: 34184.

Palabras clave:

Transporte; pandemia; gestión de crisis

Resumen de la Ponencia:

El inicio de la pandemia de Covid-19 a fines de 2019 significó para los trabajadores latinoamericanos una profundización en las formas de explotación y precarización. La interrupción de cadenas de suministro, el incremento de los precios internacionales de materias primas que se desató a nivel mundial y que devino en una ola inflacionaria cuyo peso recae en la población de menores ingresos, aunado a la crisis sanitaria que ante el incremento de los contagios y muertes implicó parar sectores de la economía, con lo que aumentó el desempleo, los flujos migratorios y la inseguridad laboral, redefiniendo la morfología del trabajo hacia nuevas formas de proletarización. En este contexto, nos interesa analizar la situación de los trabajadores de la industria maquiladora en México y sus tendencias en Centroamérica en tiempos de pandemia. Históricamente han sido vulnerados bajo condiciones de sobreexplotación que se advierte en la intensidad del trabajo, disminución de salarios y regímenes de subcontratación, que aprovechan las empresas transnacionales que se instalan en la periferia apoyadas por políticas laborales y acuerdos comerciales que implementan los Estados nacionales. Sin que ello represente un modelo de desarrollo que diversifique la industria como han sostenido los gobiernos, antes bien, sigue siendo un factor de subdesarrollo que integra a América Latina al capitalismo mundial en condiciones desiguales y reproduciendo relaciones de dependencia.

Resumen de la Ponencia:

Este trabajo presenta el resultado de una investigación acerca de las acciones con las que sectores de profesores de educación básica del sector público vienen enfrentando los procesos de reestructuración de sus condiciones de trabajo por parte del Estado mexicano para adecuarlas a las visiones hegemónicas sobre lo que el trabajo docente “debería” ser y hacer. Desde la década de los años 90 se han venido implementado sucesivas reformas educativas que expresan de visiones de organismos como el Banco Mundial y la OCDE acerca de la manera en la que el trabajo docente debería ser reestructurado para contribuir al “desarrollo” del país, desde la perspectiva del neoliberalismo. Las reformas que se han venido implementando desde el sexenio 1988- 1994 han estado guiadas por las ideas fuerza de los organismos internacionales que impulsan la visión mercantil de la educación. Uno de los objetivos principales de las reformas ha sido el trabajo docente, al que se intenta controlar de manera más eficaz para que se pliegue a las visiones que sobre la educación impulsa el pensamiento hegemónico. Las reformas apuntan a “disciplinar” al magisterio a través de la implementación de formas de gestión de tipo empresarial; asimismo se han implementado medidas de diferenciación salarial a partir de la imposición de programas de “estímulos”, “carreras magisteriales” y otras medidas más drásticas como la posibilidad de despido de los profesores que no cumpliesen con una serie de requisitos supuestamente “técnicos” y, por tanto, “neutros”. En el análisis de los procesos de reestructuración del trabajo docente se retoman elementos de las perspectivas del trabajo emocional y del trabajo no clásico para entender la especificidad de los procesos en curso. El magisterio mexicano se movilizó desde una situación en la que su representación oficial, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación lejos de ser una instancia de expresión de sus perspectivas ha operado como un aliado incondicional de los gobiernos en turno; apoyando las diferentes políticas educativas y sus reformas contrarias a los “intereses” de sus agremiados. Si bien, el gobierno mexicano actual que se presenta como no neoliberal promulgó una Reforma, en la que se eliminaron los elementos más agresivos de control como la posibilidad de despido de los profesores, a decir de los propios trabajadores de la educación en ella prevalecen las ideas fuerza de las reformas anteriores. El magisterio disidente se moviliza bajo condiciones muy adversas por la defensa de sus derechos y la defensa de la educación pública gratuita y relevante en una situación social en la que los efectos de la pandemia causada por el Virus causante de la COVID han acentuado los procesos de diferenciación social.  Palabras clave: restructuración social. reestructuración del trabajo docente, resistencia, movilización magisterial.    

Resumen de la Ponencia:

La condición de actividad (ser activo o inactivo) expresa el vínculo (o su ausencia) de un agente con el mercado laboral. A su vez, la tasa de actividad es un índice que mide la oferta de trabajo (empleo) de un país. Se calcula como el cociente entre la población activa (PA) y la población en edad de trabajar (en Uruguay mayores de 14 años)(PET). La condición de actividad (nivel individual) se vincula con unos de los mecanismos privilegiados de integración social (mercado de trabajo), y la tasa de actividad (nivel agregado) se asocia a la capacidad de crecimiento económico de un país o región; ambas son  indicadores clave. Este trabajo se enfoca en estudiar los efectos específicos (y las interacciones con otros factores) que tienen la edad, el periodo y las cohortes de nacimiento sobre la actividad de la población de Montevideo, entre 1985 y 2019. Existen antecedentes numerosos que muestran la incidencia de la edad, así como con coyunturas histórico-económicas (periodos) en las tasas de actividad de la población. Asimismo ha sido cada vez más estudiado el comportamiento diferencial entre varones y mujeres en la tasa de actividad, considerando la edad y el periodo. Las brechas entre varones y mujeres, tanto como las brechas entre mujeres dadas por el nivel educativo alcanzado, o la composición de los hogares por ejemplo, han sido también estudiadas abundantemente (Perazzo,2012, Carrasco et al, 2018, Espino et al, 2014)Partiendo de toda esa acumulación incorporamos en este trabajo la siguiente interrogante: ¿todas las cohortes de nacimiento se comportan igual? Acusan variaciones de la tendencia lineal, una vez controlados los efectos de edad y periodo? ¿Son algunas cohortes las mayormente responsables de los cambios sociales que denotan la mayor oferta de empleo femenina? ¿Cuáles son? ¿Existen “cicatrices generacionales” (Chauvel, 2012. 2013) -los comportamientos de la cohorte que se distingue de las otras se mantiene a lo largo de la vida de los sujetos/as que la conforman (HYSTERESIS)?  ¿Cuál es el papel que juega el sexo y el nivel educativo?Los resultados del análisis Age-Period-Cohort Detrended (ACPD) aplicado (Chauvel, 2011,2012, 2013), y su comparación con el APC-ie (Yang, Fu y Lang, 2004; Yang y Land, 2006; Yang et al, 2008; Fu, Land y Yang, 2011) permiten concluir la existencia de efectos específicos de las cohortes de nacimiento en la tasa de actividad;  y que son inversos para mujeres y para varones.Adicionalmente, la ponencia se propone la discusión de distintas técnicas propuestas para resolver el “problema de la indeterminación” producto de la multicolinealidad perfecta entre edad, periodo y cohorte (c= p-a) y estimar los efectos específicos de las cohortes. 

Resumen de la Ponencia:

La ponencia tiene como intención abordar y exponer el caso de las mujeres comerciantes independientes de la Ciudad de México y la zona conurbada, conocidas popularmente como Nenis, como un fenómeno que creció de manera exponencial con la pandemia.La pandemia agudizó situaciones previamente existentes, como la precarización del trabajo, la vulnerabilidad laboral, el desempleo y la pobreza. Según datos de Hacienda se estima que en México se perdieron 12.5 millones de empleos solamente entre marzo y abril de 2020, principalmente en el sector informal. En este contexto, con nulas oportunidades labores y con el peligro inminente del virus, las mujeres, principalmente jóvenes, hicieron mano de las redes sociales para autoemplearse y ofrecer sus servicios o productos, principalmente hacia otras mujeres.A pesar de que este tipo de autoempleo trae consigo ciertas comodidades, como la flexibilización de horarios, trabajar desde casa, no pagar impuestos, y ser su propia jefa; ser Neni significa trabajar desde la informalidad y la vulnerabilidad. La gran mayoría de las emprendedoras no cuentan con prestaciones ni con afiliaciones a servicios de salud.Las Nenis usan creativamente las tecnologías digitales para llegar a potenciales clientes. Al recibir un pedido, las mujeres organizan sus entregas buscando que sean en puntos medios o estratégicos. En el caso de la Ciudad de México muchas transacciones se realizaban dentro de estaciones del metro, pues es una manera práctica y económica de transporte para ambas partes.El Sistema de Transporte Colectivo Metro se convirtió no sólo en un medio de transporte, sino también en un lugar de compraventa que las trabajadoras informales aprovechaban. Sin embargo, las autoridades capitalinas en conjunto con la Policía Bancaria e Industrial realizaron desalojos y otras acciones represivas contra este tipo de actividades, precarizando mucho más el trabajo de las Nenis. Debido a estos hechos, algunos puntos se volvieron espacio de disputa entre algunos grupos de mujeres organizadas y la policía, al grado que tuvieron que cerrar ciertas estaciones para que no se instalaran las Nenis.Las Nenis son mujeres que resisten ante las condiciones más salvajes desde su propia trinchera, que ellas mismas construyen día a día. Las Nenis mantienen familias y sostienen hogares, costean sus estudios y sus gastos. Las Nenis son ese fenómeno que trae a cuenta la feminización de la pobreza, pues ilustra las contradicciones entre la falta de oportunidades para las juventudes y la criminalización del trabajo informal por parte de las autoridades.

Resumen de la Ponencia:

Existe una percepción de que el empleo autónomo facilita el equilibrio entre la vida laboral y personal (Hilbrecht & Lero, 2014). Esta visión ha crecido debido a la posibilidad de flexibilizar los horarios al trabajar de manera autónoma (Lombard, 2001). Sin embargo, no está claro si estas características se traducen en un menor o mayor equilibrio entre la vida laboral y personal. Es por ello que se realizó una revisión sistemática para identificar los factores de conciliación familiar y laboral que influyen en la elección ocupacional de los autónomos entre los años 2015-2021. Con el fin de contribuir al debate sobre el papel del trabajo por cuenta propia como herramienta para ayudar a los padres, y en particular a las mujeres, a mejorar la conciliación familiar y laboral.La relación entre trabajo por cuenta propia e hijos ha sido estudiada a través de diversas metodologías y la evidencia es variada. Existe evidencia que la cantidad de niños tiene un efecto negativo significativo en el trabajo por cuenta propia para ambos sexos(Caballero, 2020). También la evidencia indica que los padres autónomos  utilizan 46 días menos de permiso parental que los padres asalariados (Anxo & Ericson, 2015; Joona, 2017). Por otra parte, se ha encontrado evidencia que el número de madres que trabajan por cuenta propia es superior al de mujeres sin hijos, sobre todo para mujeres con niños menores a 3 años (Jeon & Ostrovsky, 2015; Joona, 2017; Lim, 2018).  En relación al conflicto trabajo-familia, la literatura también es mixta hay estudios que indican que las mujeres autónomas tienen mayores niveles de conflicto trabajo familia que las asalariadas (Koning & Cesinger, 2015; Annick, et.al., 2016). Mientras que también existen estudios que indican que el trabajo autónomo disminuye los niveles de conflicto-trabajo familia, sobre todo para las mujeres madres proporcionándole mayor flexibilidad y pudiendo destinar más tiempo a las tareas reproductivas (Johansson & Öun, 2015; Campaña, et.al., 2020; Dinh et.al., 2021).Por lo tanto, los factores que llevan a las personas a la transición al trabajo por cuenta propia son variados y dependen del país en el que vivan, ya que la existencia de más y mejores políticas públicas sobre el cuidado de los hijos y licencias parentales hace que los factores de transición sean mayoritariamente personales, aspiraciones de emprender y estilo de vida. Mientras tanto, en países con menos políticas públicas relacionadas con el cuidado de los niños, las personas hacen la transición al trabajo por cuenta propia por razones de flexibilidad horaria para tener más tiempo para dedicarse al cuidado de los niños y tareas del hogar.

Resumen de la Ponencia:

A fines de 2019, las ocupaciones en construcción e infraestructura concentraban al 15% de los varones ocupados residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Al interior de este grupo ocupacional, 77% eran trabajadores por cuenta propia no profesionales o asalariados de baja calificación (INDEC, 2020). El sector de la construcción argentino se caracteriza desde hace décadas por una marcada sensibilidad frente a los vaivenes macroeconómicos, cayendo o recuperando de forma rápida. Ha sido señalado históricamente como un sector tradicional con escaso empleo de tecnologías mecanizadas y con un alto predominio de procedimientos manuales. La informalidad laboral resulta una condición crítica del funcionamiento del mercado de trabajo en esta actividad, mucho más marcada que en otros sectores y en la que se destaca una importante presencia de ocupados de origen migrante. La complejidad interna del sector, asociada a los diferentes tipos de tareas y oficios que conjuga, ha llevado a algunos autores a afirmar que cualquier análisis de la industria de la construcción debe considerarla como un conjunto relacionado, pero relativamente heterogéneo de sub-industrias (Pink et al, 2010), reconociendo cierta “fragmentación estructural” respecto de los modelos de trabajo y de organización a los que da lugar. Tanto en Argentina como en el resto del mundo, la construcción se presenta como un sector altamente dinamizador del mercado de trabajo y que logra captar una importante cantidad de trabajadores sin calificaciones profesionales específicas.El propósito de esta ponencia es el de abordar las reconfiguraciones verificadas en las estrategias y trayectorias laborales de los trabajadores de la construcción del AMBA a partir del tránsito por la “doble crisis” (económica y sanitaria) que impactó fuertemente sobre las clases trabajadoras. Para ello, concretamos entrevistas en profundidad a distintos trabajadores y mandos medios de la construcción durante el período de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) y a la salida del mismo. Los hallazgos reflejan modificaciones considerables en los patrones previos a la pandemia, fundamentalmente en relación a las estrategias de reproducción de la unidad doméstica y la fuerza de trabajo.       

Resumen de la Ponencia:

Este estudo objetiva apresentar fundamentos gerais e refletir a atenção à saúde do trabalhador, na particularidade do trabalho informal. Trata-se de texto construído com base em revisão da literatura e documentos de organismos multilaterais e do Ministério da Saúde do Brasil. Assim, recorreu-se ao Plan de acción mundial sobre la salud de los trabajadores (2008-2017) da Organização Mundial de Saúde (OMS); ao Plano de Ação sobre a Saúde dos Trabalhadores 2015-2025, da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS); e a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (PNSTT) de 2012, do Sistema Único de Saúde (SUS). A primeira parte considera o Plano de Ação da OPAS que fundamenta-se nos objetivos do Plano de Ações da OMS para a saúde do trabalhador e vai além quando estabelece linhas de ações voltadas às especificidades da região. Os dois documentos analisam o contexto de saúde no trabalho na perspectiva da saúde ocupacional (SO) e medicina do trabalho (MT) e apontam a necessidade de diagnósticos sobre doenças e acidentes do trabalho, suas causas e prevenções; as viabilidades nacionais de atualização e criação de marcos jurídicos, políticas e planos nacionais de ST; implementação de ações de atenção à ST nos locais de trabalho; melhoria e aumento do acesso aos serviços de atenção à ST; criação de sistemas de notificações e informações que fundamentem ações de saúde e vigilância; a promoção de ações de qualidade de vida no trabalho; a integração e a intersetorialidade entre órgãos como os ministérios da saúde e do trabalho. Os documentos apontam como prioridade as intervenções e ações voltadas à atenção às populações em condições iníquas e de trabalho informal. No segundo item, a PNSTT fundamenta-se, nos preceitos da saúde coletiva que não se reduzem a perspectiva da SO e da MT, por entender, que o processo saúde-adoecimento no trabalho tem determinação social e resulta da contraditória relação entre capital e trabalho. Todavia, observa-se que, para além das contradições supracitadas, a PNSTT corrobora princípios, objetivos e estratégias de atenção à ST em geral, e em particular, daqueles que estão na condição de informalidade, como seu público prioritário. Os planos OMS/OPAS e a PNSTT corroboram entre si: o princípio de acesso e cobertura universal; à atenção prioritária às populações em situações de iniquidade em saúde e informalidade; a integração e intersetorialidade dos serviços, organismos e políticas públicas; a realização de estudos e formações necessárias ao enfrentamento das subnotificações dos adoecimentos, acidentes e mortes no trabalho; e a atenção primária e no território, no caso da PNSTT. Empiricamente observa-se crescente taxa de informalidade, por um lado, e por outro, as iniquidades e dificuldades de acesso a serviços de ST nos diferentes níveis de atenção. Hipóteses de estudo em curso.

Resumen de la Ponencia:

El 2019, en lo global y en América Latina en los mercados de trabajo todavía registraban saldos negativos derivados de la crisis económica de 2008, cuestiones que afectaban las dinámicas de fomento del empleo, tanto formal como informal, y provocaban que los niveles de precariedad impactarán de forma diferencial a los diversos estratos de trabajadores, en las actividades y ocupaciones económicas. En estas perspectivas laborales, a inicios del año 2020 (enero-marzo), en lo global, América Latina y en México, se declaró emergencia por la Pandemia de la COVID-19, la cual provocó el paró urgente del sistema productivo y las actividades económicas, y el confinamiento casi total de las poblaciones Estos procesos, generaron una crisis económica que impactó la estabilidad de los países y las dinámicas de los mercados de trabajo, principalmente en variables relacionadas al fomento y mantenimiento del empleo: Se elevó la tasa de desempleo a niveles históricos, decrecieron las horas de trabajo, el salario y el ingreso en todas las actividades económicas, así como el empleo formal e informal, y los estratos de jóvenes y mujeres fueron los más perjudicados.Para el caso de México, y en un contexto donde el gobierno no destino recursos o subsidios para las empresas de los sectores económicos en lo general (micro, medianas o grandes empresas), los desequilibrios provocaron una baja pronunciada del empleo formal e informal y sus consecuencias afectaron mayormente a los jóvenes, y especialmente el empleo femenino. En este contexto, de forma comparativa la investigación tiene como propósito analizar el comportamiento de las principales brechas laborales de género, antes de la Pandemia y después (2022), para explicar sus principales tendencias y las implicaciones de las mismas en los niveles de precariedad en México y las regiones económicas. Los primeros resultados (fuente ENOE), indican la ampliación de brechas laborales en la ocupación femenina, lo cual tendera a perpetuar sus niveles de precariedad en el largo plazo. 

Resumen de la Ponencia:

La violencia e inseguridad en el estado de Nuevo León, México,  siempre ha existido, sin embargo,  en lo que va del nuevo milenio estos fenómenos han escalado de manera significativa en la entidad y como resultado de ello los centros penitenciarios se encuentran excedidos en su capacidad, problemas que no se ven vayan a resolverse pronto.De acuerdo con las estadísticas disponibles del INEGI (2020) cada año ingresan a los centros penitenciarios del estado un promedio de 5 mil personas por cometer delitos de fuero común o de fuero federal, asimismo, cada año salen de prisión un promedio de 4 mil 600 personas –solamente del 2013 al 2020 un total de 36 mil 902 personas que estuvieron privadas de su libertad salieron de prisión y se reintegraron a la sociedad-. La presente propuesta de ponencia se basa en este último grupo de personas, aquellas que por diferentes motivos estuvieron presas y que una vez cumplida su sentencia ahora deben reintegrarse a la sociedad, de manera particular el estudio se orienta a conocer cuál es la situación que enfrentan al buscar integrarse al mercado laboral.Se aplicaron 30 encuestas a personas ex privadas de su libertad y entre los principales resultados se encontró que alrededor del 80% de los encuestados recibió capacitación para el trabajo durante su permanencia en prisión y que para una parte de ellos lo aprendido les sirvió para emplearse una vez fuera de prisión; mientras que para otros el haberse capacitado les ayudó a mantenerse activos y aprendiendo durante su encierro, aunque al salir se emplearon en otras cosas. Asimismo, los datos obtenidos mostraron que existen diferentes situaciones que limitan la posibilidad de encontrar un empleo en corto tiempo. No obstante al salir de prisión todos necesitan buscar un trabajo, una parte de los encuestados no pudo hacerlo por falta de documentos de identidad, o bien porque tenían que reportarse a firmar cada semana y en los trabajos no dan permiso para ello; mientras que algunos de los que sí tenían lo necesario para buscar un empleo se enfrentaron al problema de que cuando la empresa se daba cuenta de su situación les ponían excusas para contratarlos.

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia tiene como objetivo caracterizar la dinámica que subyace al modelo de negocios de la plataforma de Uber y sus conductores en el contexto de la Ciudad de México, para analizar las condiciones que prevalecen en la prestación de servicios y de qué manera compone una relación laboral precarizada. El núcleo fundamental se refiere a captar el conjunto de transformaciones centrales en la relación de capital-trabajo frente a la globalización donde lo que está en debate, es el entendimiento de la a transformación en el mundo del trabajo digitalizado. Con el auge de las plataformas digitales de trabajo ocurren diversos procesos sustantivos que subyacen las mutaciones en curso.Se propone abordar esta caracterización a partir de la definición de cuatro dimensiones de estudio, desde las cuales será posible identificar las condiciones de trabajo. La primera dimensión que se refiere a las condiciones que sentaron las bases para la conformación de las plataformas digitales de trabajo. La relevancia radica en identificar los procesos de esta nueva concepción laboral a partir de la Interrelación de los circuitos económicos, financieros, productivos, tecnológicos mundiales durante el estallido de la revolución científica y tecnológica que trajo consigo la reorganización productiva de los sistemas de trabajo. La segunda dimensión de estudio se refiere a la organización de la producción de la empresa con sus conductores. Por medio de la categorización de la manera en que la plataforma organiza el trabajo será posible comprender la relación laboral que introduce en el contexto de la Ciudad de México a efecto de entender sus alcances y límites.La tercera dimensión de trabajo tiene como propósito caracterizar la relación de la plataforma Uber con sus conductores desde sus experiencias y testimonios. En el abordaje de esta caracterización se configura a partir de la observación de cuatro elementos: los instrumentos por los cuales se conforma el contingente de conductores, el perfil de este contingente, la gestión de la relación laboral, así como las condiciones de operatividad remota y digital de la empresa. Con estos elementos, se busca conocer las razones para vincularse a este tipo de empleo y poder caracterizar los rasgos centrales de sus representaciones laborales. Finalmente, para la cuarta dimensión de estudio se dará cuenta de la respuesta de los conductores frente a este modelo de trabajo.