Resumen de la Ponencia:
Evidentemente la pandemia paralizo, -ahora lo podemos decir como un recuento de daños-gran parte de la dinámica de impartición de justicia en México, lo que trajo como consecuencia un estancamiento de los procesos judiciales que en nada contribuyó a la pronta, completa e imparcial administración de justicia que determina el artículo 17 Constitucional y a las garantías procesares que prevé el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Es momento de tomar el impulso
pos pandemia para valorar en su dimensión exacta el significado del derecho humano de acceso a la justicia cuya importancia trasciende en el ámbito del derecho penal, a las partes tanto a la víctima que requiere de la reparación del daño; como al delincuente, que debe recibir una prevención especial mediante el tratamiento penitenciario que logre la reinserción social; pues, finalmente toca al Estado el cual mediante al ejercicio del
ius puniedi, esto es, el derecho a castigar, busca la armonía o paz social, y es precisamente la posibilidad de lograr de tales objetivos, la forma como se puede alcanzar la legitimación del Estado. En el Derecho en general y en sistema penal en particular, se logra trascender el ámbito individual ya que pertenece al ámbito público, por lo cual su buen funcionamiento es prioritario para lograr lo fines del Estado y la gobernanza requerida en un Estado Social y Democrático de Derecho, sin embargo, existen grandes problemas con la prevención del delito, la procuración de justicia, la administración de justicia y la ejecución de las penas, que trae como consecuencia un grave problema de impunidad, los delitos en México o no se denuncian (cifra que alcanza más del 80% en delitos cometidos), o bien, no se dictan sentencias condenatorias contra los responsables de los delitos, (las estadísticas establecen que menos del 3% de delitos denunciados llega a sentencia condenatoria). Si a ello le sumamos el tema de la corrupción de abogados, jueces, ministerios públicos, policías y demás servidores públicos, entendemos el por qué en México vivimos con altas cifras de inseguridad pública que a todos nos perjudica, que, dicho sea de paso, se pretenden controlar con el aumento de penas y creación de tipos penales. Todo lo cual resulta insensato e irresponsable por parte del Estado. Por ello vale la pena alzar la voz desde las universidades y sociedad civil que haga patente la necesidad de dar un cambio de de timón y considerar que trabajar desde la construcción del tejido social es la única forma de restablecer la paz social que es esencial en el Estado de Derecho.