Resumen de la Ponencia:

“Las representaciones sociales a través de la tenencia de la tierra de las mujeres rurales de Osa, Puntarenas, Costa Rica”. Gómez Brenes Angélica María. Universidad Nacional de Costa Rica. angelica.gomez.brenes@est.una.ac.cr Grupo de trabajo seleccionado: GT07 – Cuestión Agraria y Reordenamiento Territorial. Esta ponencia se inscribe en el área de trabajo de la sociología de la Cuestión Agraria y Reordenamiento Territorial, cuyo desarrollo investigativo aborda el tema-problema de “Las representaciones sociales a través de la tenencia de la tierra de las mujeres rurales de Osa, Puntarenas, Costa Rica”. El cual se encuentra en desarrollo para optar por el grado de licenciatura en Sociología.             Por ello, que la preocupación central de esta investigación es de ¿Cómo las mujeres rurales de Osa construyen representaciones sociales a través de la tenencia de la tierra?, así como les representa la realidad rural, a partir de sus creencias, significados, símbolos en relación con su actividad socioeconómica y productiva con la agricultura. La problemática social a nivel país es la invisibilización de como mujeres pueden estar configuran representaciones sociales a través de esta relación con la tierra, que son fundamentales para la participación política agraria y territorial. A su vez, se encuentran en un territorio en disputa, en donde ellas y la Naturaleza se ven implicadas en un constante conflicto socioambiental.  Asimismo, desde una posición política y en defensa de los derechos de las mujeres y la ecología, esta investigación permite dar cuenta de cómo interviene el extractivismo hacia la Naturaleza y la violencia estructural ejercida a las mujeres pequeñas productoras en su construcción de representaciones sociales hacia su territorio.En cuanto a las categorías de análisis que dan cuenta y permiten explicar el objeto de estudio; se desarrolla en las representaciones sociales desde la categoría de territorio, desde la dimensión de feminismo comunitario se argumenta en las categorías de análisis de cuerpo – territorio – tierra, y la brecha al acceso de la tierra desde una condición de género, practicas socioproductivas y entre otras. El método de investigación es carácter cualitativo, ya que, el paradigma en el que se en marca el estudio es desde las representaciones sociales, tomando en cuenta el mecanismo de procedimiento del anclaje que va se orienta a como se configura el significado al objeto representado. Cuyas técnicas están orientadas en la cartografía social, grupos focales y foto voz, esta última permite que las mujeres a partir de una imagen como se relacionan a partir de esta y construyen sus representaciones sociales, desde su condición como mujeres rurales, socioproductiva inmersas en un territorio en conflicto socioambiental, patriarcal y en una crisis climática.   

Resumen de la Ponencia:

La presente investigación busca determinar los aspectos que constituyen el problema actual de la tierra en la Región de la Araucanía (Chile), a partir de la articulación histórica, entre la estructura agraria, y los principales levantamientos campesinos y mapuches en la región (1934-1997). Esto como una necesidad de dar respuesta histórica a la difícil situación que vive hoy en día la Araucanía, dónde por un lado se encuentra el pueblo mapuche reivindicado su tierra y territorio, y por el otro, el Estado chileno ejerciendo represión. Entendemos el problema de la tierra como un problema político, que se expresa en ámbitos económicos y sociales con una arista cultural muy fuerte. En lo que respecta a lo metodológico, se está trabajando con tres hitos importantes para la región, que se traducen en conflictos rurales históricos de campesinos y mapuches, ocurridos en comunas de la Araucanía durante el siglo XX. El estudio se está realizando a través de un enfoque mixto, por lo tanto estará compuesto por la combinación de lo cuantitativo y cualitativo. De esta búsqueda se espera poder encontrar patrones, rupturas y continuidades en relación a lo que denominaremos como "el problema de la tierra" según los planteamientos de Mariátegui (1928). En este escenario, se trabajará en tres comunas que tienen importancia histórica y actual a modo de estudio de caso: Lonquimay Lautaro y Lumaco. La primera fue el centro de uno de los levantamientos campesinos más importantes de la región en el año 1934 en el sector de Ranquil. La segunda, es la comuna con mayores recuperaciones de tierra durante el periodo llamado “Cautinazo”, proceso de reivindicación de campesinos mapuches durante el gobierno de la Unidad Popular. La tercera comuna por su parte, es dónde se refundó la lucha de resistencia del pueblo mapuche como tal, a través de una acción de sabotaje en el año 1997, que fue el punto de partida de la creación de la Coordinadora de comunidades de Arauco y Malleco (CAM) al año siguiente, denominada  “la reemergencia Mapuche” (Pairicán, 2015). Además, actualmente estas comunas son del grupo de las más pobres, y con mayor población rural y mapuche de la región.A partir de lo anterior se busca desarrollar un análisis sociológico, utilizando el método de investigación histórica en un contexto general, sin dejar de lado el análisis político, económico e incluso el cultural, para develar las relaciones que existan entre los tres hitos históricos anteriormente indicados y si se pueden encontrar elementos que sirvan para entender la situación actual de campesinos y mapuches rurales, y su implicancia en el “problema de la tierra”

Resumen de la Ponencia:

El pueblo indígena Muisca es una de las principales comunidades indígenas que vive en la Cordillera Andina colombiana, actualmente, se encuentra disperso en el altiplano cundiboyacense. El Resguardo Indígena Muisca de Fonquetá y Cerca de Piedra se encuentra ubicado en el área rural del municipio de Chía, Cundinamarca, allí se preserva el conocimiento ancestral indígena desde espacios como, la casa indígena, el templo de las mujeres y los hombres, además se llevan a cabo ceremonias arraigadas a la cultura Muisca y a la preservación del territorio.Entonces, los indígenas que habitan este resguardo procuran que los visitantes y los miembros de la comunidad se reintegren con la naturaleza, invitándolos a hacer parte de los rituales sagrados Muiscas. Sin embargo, en estos espacios se ve mayor afluencia por parte de las personas mayores y muy poca de jóvenes y  niños. Dichos espacios se vieron afectados por factores externos a la comunidad, como el consumo de internet o actividades que resultan ser para los jóvenes más llamativas.Dicho eso, el interés por los saberes propios está siendo reemplazado por los jóvenes debido al alto consumo de tecnología, recibiendo información de todas partes del mundo, obedeciendo a dinámicas de consumo globalizadas. Ahora bien, la coyuntura que se vivió en el año 2020-2022 por el COVID-19 intensificó el consumo de tecnología, ya que era el único medio de comunicación entre personas, además, los confinamientos dejaron expuestos a los jóvenes del resguardo a estas dinámicas, generando un mayor desinterés por las prácticas de la comunidad.                                                 Por ello es importante acercar a los jóvenes del resguardo a su comunidad, mediante actividades que sean atractivas para ellos, pero que a su vez generen un bienestar mayor para la construcción de un tejido social estable dentro de la misma.Así pues, el proyecto se desarrolló con los habitantes de la comunidad, construyendo las medidas necesarias en conjunto, y así hacerle frente a la problemática, por tal motivo la metodología que mejor permitió el desarrollo del proyecto fue IAP, pues dentro de su praxis permitió que la comunidad estuviera inmersa dentro de la ejecución del proyecto y que la problemática se enfrentara  con mecanismos propios generando un mayor empoderamiento de la comunidad. Y de esta forma, en la ponencia se expone el desinterés de los jóvenes del resguardo hacia las prácticas de su comunidad, por lo tanto se desarrollaron actividades pedagógicas y lúdicas, como campamentos y recorridos comentados por el territorio, que permitieron recopilar las experiencias de los jóvenes y mayores  en el acercamiento a su comunidad.

Resumen de la Ponencia:

No momento atual em que ocorre um aumento vertiginoso dos índices de violência contra povos indígenas e tentativas de aniquilação de qualquer aparato ou política estatal que deveria atuar na defesa dessas populações, se torna tarefa essencial ter um olhar atento aos processos de resistência que se formam e fortalecem para enfrentar as diferentes frentes de ataques aos direitos dos povos indígenas. O presente ensaio pretende trazer apontamentos sobre o papel das retomadas de terra enquanto método de resistência ao avanço das fronteiras extrativistas e do colonialismo sobre territórios de ocupação tradicional indígenas, tendo como foco de análise aquelas realizadas pelos Terena de Buriti no Mato Grosso do Sul. O avanço de políticas econômicas focadas na exportação de commodities na América Latina, aliadas ao acúmulo de experiências de resistência, criam um cenário no qual as retomadas de terra se apresentam enquanto uma saída não apenas viável, mas necessária, do labirinto criado pelo agronegócio.O presente trabalho se apoia em etnografia realizada junto aos Terena de Buriti, na tentativa de compreender a construção do processo de organização política e resistência coletiva, que ocorre concomitantemente por dentro e por fora da legalidade estatal, focado na construção de autonomia; na (re)conquista do território, nas suas mais diversas acepções; e na possibilidade de construção de um bem-viver no agora e para as gerações futuras.

Resumen de la Ponencia:

El asentamiento Galilea ubicado en el municipio de Los Córdobas, fue una invasión a la zona cercana al casco urbano del municipio, que había sido confiscada por la Dirección Nacional de Estupefacientes al narcotraficante José Ramón Matta Ballesteros. Está dividido en un total de 15 comunidades que están enumeradas sin un orden aparente. Este asentamiento inició con la entrada de los “invasores” en una noche de 2003, donde posteriormente hubo un proceso de filtración de las personas que realmente necesitaban la tierra por medio del manual de convivencia, por lo que, las más de mil familias que iniciaron la invasión quedaron reducidas a 348 que fueron reubicadas en las 74 hectáreas que conforman el asentamiento. La legalización llegó luego de varios esfuerzos de los pobladores, lo que también trajo gran cantidad de ayuda para iniciar las microempresas de producción de cada familia, en las que se les entregó semillas de plátano, se les enseñó cómo cuidar los cultivos por medio de capacitaciones, e incluso aprendieron a construir proyectos de vida. La legalización significó asegurar la tierra, pero al mismo tiempo la separación de los habitantes y la desintegración de las asociaciones creadas, como la Asociación campesina de productores de Galilea (Asocaprogal) que dejó de funcionar después de un tiempo.En este proceso de invasión, construcción de comunidades, y creación de microempresas de producción, la mujer cumplió un papel muy importante dentro y fuera del hogar. Aquí es de gran importancia resaltar el papel principal como vocera y líder de Teresa Jaramillo en el proceso de invasión, y luego el liderazgo de varias mujeres dentro de la conformación de las comunidades que forman parte del asentamiento. Sin embargo, y como en muchos casos en nuestro país, el trabajo de la mujer ha sido invisibilizado. Las mujeres líderes que entraron desde aquella noche de 2003, y que ayudaron en la sucesión de cada una de las etapas que ha tenido el asentamiento hasta la actualidad, son el objeto principal de esta investigación, puesto que muchas de ellas siguen esforzándose por mantener la producción de plátano en sus tierras, sustentar a sus familias y a ellas mismas.Para llevar a cabo la investigación se tomará información oral de líderes y población fundadora en conjunto de documentos que han sido guardados a lo largo de esos años, con miras a reconstruir una memoria histórica de lo que ha pasado en su desarrollo teniendo como eje central el papel de la mujer, dado que el asentamiento es relativamente reciente y no existen escritos publicados al rededor del mismo.

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia se propone analizar el impacto que han tenido las reformas de 1992 al articulo 27 constitucional en los 20 ejidos y 3 comunidades agrarias que se asientan en el municipio de Valle Nacional. Dicho municipio se localiza en norte del estado de Oaxaca, en el corazón de la selva chinanteca, considerada la tercera selva de mayor diversidad biológica del país. La presentación se organiza en tres apartados. El primero aborda un breve panorama de la problemática productiva, económica y social que se desarrolla en Valle Nacional a raíz de las reformas estructurales promovidas en 1982. En el segundo, con el fin de situar la transformación de la estructura agraria del municipio, se traza una cronología del proceso de reparto agrario desde 1921 hasta 1992, fecha en la que se decretan las reformas a la ley agraria. Finalmente, en el tercer apartado, se presentan los resultados de una investigación realizada en 2017/2018 sobre los efectos que ha tenido la regularización de la tenencia de la tierra en Valle Nacional, considerando los siguientes aspectos: El desarrollo del proceso de regularización de  las tierras ejidales y comunales; las diversas formas de certificación por las que optaron los distintos núcleos agrarios; las estrategias de acceso a los apoyos gubernamentales; la transformación de la dinámica de las asambleas generales a partir de la certificación y, finalmente, las formas de circulación de la tierra en las áreas parceladas y en las zonas conurbadas de los distintos ejidos y comunidades. 

Resumen de la Ponencia:

O presente artigo tem como objetivo a apresentação da política previdenciária do agricultor familiar, a partir de uma perspectiva histórica crítica. Por meio de dados bibliográficos, analisa-se a trajetória de construção e desconstrução da política previdenciária voltada para o mundo rural. Simultaneamente, para conquistar dois direitos previdenciários conquistados pela classe trabalhadora no final do século XX, a ofensiva da desconstrução levou a dois deles, principalmente os do agricultor familiar. Resultado do enfraquecimento de dois movimentos sociais organizados pela sociedade na década de (19) 90 e, por iniciativa do Estado, seguem princípios neoliberais e, priorizam a política econômica em detrimento da política social. Recentemente, no ano de 2016, recebi uma proposta do governo para alterar a Constituição – PEC 287, Após extensa discussão e intensos debates no Congresso Nacional, a referida proposta não foi acolhida devido ao reconhecimento institucional das particularidades do trabalho desenvolvido pelo agricultor familiar.  

Introducción:

Este artigo aborda a luta da classe trabalhadora em busca da conquista da política de previdência social no século XX, bem como, a ofensiva de desconstrução dos direitos previdenciários ao longo do tempo. O mesmo objetiva refletir a trajetória de construção e (des) construção da política de previdência social voltada aos agricultores familiares rurais, bem como, a ofensiva que ocorreu em razão da proposta de reforma previdenciária, enviada pelo governo Michel Miguel Elias Temer Lulia, de Proposta de Emenda à Constituição – PEC 287 de 2016, para apreciação e debate no Congresso Nacional. 

Para a realização do artigo, foi realizado levantamento de dados junto a sites oficiais do governo, política de previdência social, bem como, levantamentos bibliográficos de livros, artigos, revistas científicas dentre outras.

Em um panorama histórico dos direitos previdenciários, constata-se que no ano de 1923, a classe trabalhadora conquista os primeiros direitos previdenciários, por meio das Caixas de Aposentadorias e Pensões – CAPs,. No entanto, permaneceram excluídos os trabalhadores rurais, mesmo sendo reconhecida a relevância do trabalho por eles realizado junto a macroeconomia. Da década de 30 a 70,  os trabalhadores, aos poucos foram ampliando seus direitos previdenciários.

Na década de 1980, os movimentos sociais organizados da sociedade lutaram pelo fim do governo autoritário e, pela redemocratização do país, bem como, contribuíram por meio da Assembleia Nacional Constituinte com propostas para a construção do sistema de proteção social, que foram acatadas e promulgadas na Constituição Federal de 1988. 

Simultaneamente a conquista dos direitos sociais, por meio da seguridade social, iniciou-se um processo de desmonte dos direitos sociais, em virtude do governo seguir os princípios neoliberais.  Recentemente, com a alegação de déficit previdenciário o governo Michel Temer propôs a Proposta de Emenda à Constituição – PEC 287 de 2016, a qual visava a desconstrução de direitos. 

Desarrollo:

5. SURGIMENTO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA BRASILEIRA 

 

Na década de 1920 em razão das reivindicações e lutas dos movimentos sociais da classe trabalhadora, que exigiam políticas previdenciárias, bem como, em consequência das reivindicações dos trabalhadores prejudicarem o modo de produção capitalista de acumulação, os clamores dos mesmos em busca de direitos sociais foram atendidos em parte pelos empresários e, em parte pelo Estado (FALEIROS, 2009).

Em virtude das persistentes reivindicações da classe trabalhadora, que obstruíam o sistema de acumulação capitalista, os empresários com o aval do Estado estabeleceram um projeto liberal, as Caixas de Aposentadorias e Pensões - CAPs. “[...] Para diminuir as tensões sociais e aumentar sua produtividade, sua autoridade seu poder junto aos operários, várias empresas têm instaurado caixas, serviços médicos, programas habitacionais para seu pessoal [...]” (FALEIROS, 2009, p. 174-175). Entretanto, à custa do projeto liberal as CAPs, procediam de contribuições dos próprios trabalhadores, bem como, dos empregadores que custeavam a manutenção dos benefícios, todavia, a gestão era realizada de maneira paritária. No entanto, “[...] essa medida era peculiar aos ferroviários e não se poderia aplicar a outros setores ao que Eloy Chaves acrescentou: “ao trabalho agrícola sobretudo” (FALEIROS, 2009, p. 147).

De acordo com Behring e Boschetti (2008), as primeiras políticas voltadas à área previdenciária voltavam-se exclusivamente a alguns setores estratégicos da economia brasileira, como o setor agroexportador da monocultura cafeeira, o qual era responsável por setenta por cento do Produto Interno Bruto – PIB nacional. “O ano de 1923 é chave para a compreensão do formato da política social brasileira no período subsequente: aprova-se a lei Eloy Chaves, que institui a obrigatoriedade de criação de Caixas [...]” (p. 80). Ao findar da década de 1920, as CAPs, tinham expandido para diversas categorias de trabalhadores, no entanto, permaneceram excluídas algumas categorias de trabalhadores urbanos, bem como os trabalhadores rurais, estes vitais a macroeconomia. 

 

6. FOMENTO GOVERNAMENTAL NA AMPLIAÇÃO DAS CAPS E A CRIAÇÃO DOS INSTITUTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES E A SELETIVIDADE EM SUA ABRANGÊNCIA

 

Getúlio Vargas (1930-1945), no início de seu governo autoritário promoveu o desenvolvimento industrial e incentivou fortemente a expansão das Caixas de Aposentadorias e Pensões - CAPs, que avultaram rapidamente. O intuito do governo em fomentar a expansão das CAPs era proporcionar benefícios previdenciários e assistência médica aos segurados e suas famílias, com medicamentos a preços acessíveis, assim como atenuar as reivindicações sociais (ROJAS COUTO, 2010).

Nesse período histórico brasileiro encontravam-se incluídos ao sistema previdenciário somente os trabalhadores inseridos ao mercado formal de trabalho, ou seja, apenas categorias de trabalhadores assalariados de setores estratégicos da macroeconomia. 

 

Passaram a ser critérios de inclusão ou exclusão nos benefícios sociais a posição ocupacional e o rendimento auferido. Estes critérios colocaram somente os trabalhadores urbanos em posição de privilégio, pois sua vinculação ao mercado formal de trabalho era a garantia de inserção nas políticas sociais da época. Esse corte de inclusão deu-se ainda numa realidade onde a maioria dos trabalhadores estava vinculada ao trabalho rural e, portanto, desprotegida [...] (ROJAS COUTO, 2010, p. 96). 

 

No primeiro Governo de Getúlio Vargas (1930-1945), os trabalhadores rurais eram reconhecidos pela importância do trabalho executado. Entretanto, o reconhecimento da relevância dos trabalhadores rurais à economia nacional, não foi suficiente para que o governo implementasse e regularizasse legislações trabalhistas e previdenciárias em prol dos mesmos. “[...] Apesar disso os discursos dos dirigentes políticos do país estavam cheios de elogios à dedicação e ao trabalho desses trabalhadores [...]” (FALEIROS, 2009, p. 150). 

Como as oligarquias políticas representavam grande poder econômico e político no país, o governo de Getúlio Vargas absteve de adentrar em território de domínio dos latifundiários. “[...] É necessário lembrar que os camponeses estavam completamente submetidos à oligarquia, isolados de todo espaço político e de representação” (FALEIROS, 2009, p. 150).

Segundo Carvalho (2003), o programa de governo de Getúlio Vargas na década de 1930, que incentivava o desenvolvimento da industrialização no país, possibilitou a mudança de direção da política macroeconômica. Em decorrência surgiu a necessidade de criação de políticas trabalhistas dirigidas aos trabalhadores urbanos. “[...] Na área da previdência, os grandes avanços se deram a partir de 1933. Nesse ano, foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos (IAPM) [...]” (CARVALHO, 2003, p. 113). O orçamento dos IAPs, contava com três fontes de recursos: a contribuição dos empregados, dos empregadores e, a do Estado, ou seja, o governo passa a ser parte integrante do sistema. “[...] O presidente da República nomeava o presidente de cada IAP, que contava com um Conselho de Administração formado de maneira paritária [...]” (CARVALHO, 2003, p. 113). A gestão dos IAPs contava com um conselho de administração composto por representantes em pé de igualdade, como por exemplo, o da rede de proteção dos trabalhadores urbanos, por meio dos sindicatos, empregadores e empregados em cada um dos IAPs, de acordo com a categoria de trabalhadores urbanos.

De acordo com Behring e Boschetti (2008), a organização previdenciária pública por meio dos IAPs: “[...] foi criado em 1933 – o IAPM, dos marítimos -, e com isso foram se extinguindo as CAPs, organizações privadas por empresa, até 1953 [...]” (p.106). Os IAPs abrangeram diversas categorias de trabalhadores urbanos a partir da década de 1930, em razão disso as CAPs, organizações privadas previdenciárias extinguiram-se na década de 1950. 

 

7. DELONGADO PROCESSO DE UNIFICAÇÃO DOS INSTITUTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES – IAPS E O SURGIMENTO DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO AOS TRABALHADORES RURAIS

 

Cumpre ressaltar que a discussão para a unificação dos IAPs, que tramitava no congresso desde 1947, e que tinha como pressuposto a redução de custos e a unificação dos benefícios e dos institutos, ao ser retomada no governo Vargas, alcançou pouco êxito, devido os participantes do congresso organizado por Goulart, terem decidido pela não alteração das normas dos institutos. No entanto em 1960, no governo de João Goulart, foi aprovada a Lei n.º 3.807, de 26 de agosto de 1960, a Lei Orgânica da Previdência Social – LOPS (CARVALHO, 2003).

Conforme Faleiros (2009), houve intenso debate até a criação da Lei Orgânica de Previdência Social - LOPS, em 1960. O processo de unificação dos IAPs, foi longo e arrastado, porém, proporcionou aos trabalhadores urbanos inseridos ao mercado formal de trabalho, como também aos profissionais liberais que contribuíam com o seguro social, o acesso aos direitos previdenciários. A unificação dos IAPs, somente concluiu-se no Regime Militar no ano de 1966, quando incorporados ao Instituto Nacional de Previdência Social - INPS. 

De acordo com Mota (2015), durante a vigência do Regime Militar (1964-1985), os governos autoritários implementaram políticas sociais seletivas como forma de legitimar o regime autoritário e, ao mesmo tempo atender as exigências de acumulação capitalista, “[...] pela contenção das formas de rebeldia política das classes subalternas e pela necessidade de estabelecer uma ordem consentida, além de atender exigências do grande capital [...]” (p. 153-154). Neste período iniciou-se a expansão de direitos sociais seletivos e, “[...] ampliação da cobertura dos programas sociais, em que se incluem as políticas de seguridade social, respondeu, preponderantemente, pela estratégia de modernização autoritária adotada pelos governos militares” (p. 153-154).

 O receio dos governantes de adentrar ao território dos latifundiários que possuíam poder econômico e político desde a colonização do país, provocou retardamento na implementação de políticas sociais aos trabalhadores do campo. “[...] A extensão da legislação social ao campo teve que esperar os governos militares para ser implementada [...]” (CARVALHO, 2003, p. 123). Ela ocorreu na década de 1970, porém a mesma, não foi suficiente para que os trabalhadores rurais gozassem dos mesmos direitos que os trabalhadores urbanos. “[...] Esse grande vazio na legislação indica com clareza o peso que ainda possuíam os proprietários rurais [...]” (CARVALHO, 2003, p. 123).

Rojas Couto (2010) ressalta que houve a concessão dos direitos previdenciários aos trabalhadores rurais, sem a exigência de contribuição prévia dos mesmos, e de seus empregadores, como forma de legitimar o governo autoritário vigente.

 

A previdência social dos trabalhadores rurais sucedeu na segunda metade do século XX.

 

A previdência destinada aos trabalhadores rurais teve início em 1963, com a criação do Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural. Foi modificada em 1969, com a criação do Plano Básico Rural e, em 1971, a lei complementar n. 11 instituiu o Programa de assistência ao trabalhador rural, que foi alterado em 1973 pela Lei Complementar n. 16 [...] (SILVA, 2012, p. 131).

 

Segundo Silva (2012), depois de um longo período de luta e de reivindicação por direitos sociais, os trabalhadores rurais são incluídos ao direito previdenciário. Sendo este, destinado exclusivamente ao trabalhador rural arrimo de família, no valor de meio salário mínimo. 

Dentro deste contexto, Behring e Boschetti (2008) esclarecem que:

 

[...] A unificação, uniformização e centralização da previdência social no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), em 1966, retiram definitivamente os trabalhadores da gestão da previdência social, que passa a ser tratada como questão técnica e atuarial. Em 1967, os acidentes de trabalho passam também para a gestão do INPS, apesar de certa contrariedade das seguradoras privadas. Ao lado disso, a previdência foi ampliada para os trabalhadores rurais, por meio do Funrural, política que adquiriu, neste caso, um caráter mais redistributivo, já que não se fundava na contribuição dos trabalhadores, mas numa pequena taxação dos produtores, apesar de seu irrisório valor de meio salário mínimo (1971) [...] (p. 136).

 

A concessão do benefício ocorreu por meio da criação do Fundo de Assistência Rural (Funrural), o qual proporcionou a ampliação de benefícios previdenciários e serviços médicos aos trabalhadores rurais. Cumpre ressaltar que, na década de 1970, apesar de o êxodo rural ter contribuído com a redução do número de trabalhadores rurais ativos no campo, estes ainda representavam quase a metade dos trabalhadores ativos no país.

 

8. CONSTRUÇÃO E A (DES)CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIO DOS AGRICULTORES FAMILIARES

 

Na década de 1980 a sociedade brasileira enfrentava uma intensa crise econômica, além de vivenciar a repressão devido à vigência do Regime Militar no País. Em razão do quadro estrutural, aumentava-se a pressão dos movimentos sociais pelo fim do governo autoritário. 

 

A conjuntura econômica já se demarcava pela inflação, dívida pública acentuada, mas a sociedade emergiu com força inaudita dos porões da repressão com manifestações de rua, formação de comitês, articulação de organismos, estruturação de abaixo-assinados, organização de lobbies. Apareceram as vozes de mulheres, índios, negros, além de empresários, setores específicos de empresas, ruralistas, evangélicos na disputa por seus interesses na Assembléia Nacional Constituinte [...] (FALEIROS, 2009, p. 204).

 

Frente a este quadro conjuntural, nasce o sistema de proteção social brasileiro, o qual, para Silva (2012, p. 273-274), “[...] além de uma conquista significativa dos movimentos organizados da sociedade, impôs uma nova lógica para presidir a proteção social no país, a lógica da universalização do acesso aos direitos relativos à saúde, à previdência social e a assistência social [...]”. Aquele trouxe a garantia de direitos sociais à população, na perspectiva de universalização ao direito de acesso à política de saúde e, um sistema de seguro social contributivo que proporcionou aos indivíduos que contribuíssem com a previdência social, o acesso à previdência social, propiciando, assim, benefícios sociais de cobertura na velhice, em caso de doenças, entre outros, e o direito ao acesso à política de assistência social aos indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

Sucederam outras importantes modificações no sistema de proteção social com a promulgação da Constituição Federal em 1988, como:

 

[...] a equidade na participação do custeio da seguridade social, reforçada pela introdução do parágrafo 8º do art. 195 da Constituição Federal, estimulou consideravelmente a cobertura previdenciária na área rural, o que justifica parcialmente o crescimento do número de segurados contribuintes individuais, em particular os trabalhadores rurais que trabalhavam em regime de economia familiar, nos termos do parágrafo supramencionado – os meeiros, parceiros, arrendatários, garimpeiros e outros trabalhadores similares -, nesta década de 1980, ainda que o crescimento maior da cobertura a esse grupo populacional tenha ocorrido na década de 1990 [...] (SILVA, 2012, p. 275-276). 

 

Para a Silva (2012) os trabalhadores do setor agrário, como os agricultores familiares rurais entre outros, obtiveram a ampliação de acesso à previdência social com a inclusão das mulheres trabalhadoras, desde que essas contribuíssem com o custeio da previdência social. 

Para a autora (2012), a Lei n. 8.212 de julho de 1991, art. 12, inciso VII, e art. 195, § 8º da Constituição Federal propiciaram aos trabalhadores rurais que executavam atividades laborativas em regime de economia familiar na condição de proprietário de lote de terra e\ou na situação de meeiro, de parceiro, de arrendatário rural e de pescador artesanal e seus cônjuges, o direito de acesso à previdência social. Esse grupo de trabalhador passou a ser considerado segurado especial no regime geral da previdência social. 

No entanto, Mota (2015, p. 164), observa que, em virtude da consequência do avanço da ideologia neoliberal e da crise econômica enfrentada pelo País nas décadas de 1980 e 1990 essas serviram de argumento ao governo, para priorizar a política econômica visando atender as exigências do capital. 

Com a justificativa da crise econômica, foi estabelecido na década de 1990, um programa de reforma da seguridade social. Neste momento, inicia-se o processo de desmonte dos direitos sociais estabelecidos na referida Constituição, em relação a seguridade social, “[...] por parte do grande capital e da burocracia estatal, que procura negar aquelas conquistas obtidas, sob a alegação da necessidade de adequação do modelo de seguridade social às atuais reformas econômicas do país” (MOTA, 2015, p. 164). As reformas econômicas vieram prejudicar e reduzir a cobertura do sistema de proteção social, dificultando a implementação de acordo com os princípios constitucionais.

Para Silva (2012), os princípios de orientação democrática e de universalidade de cobertura, de atendimento e, de custeio da seguridade social sofreu retrocesso em função da supremacia da política econômica encaminhar-se para o capital financeiro. A divisão do orçamento único e, da gestão administrativa por área da seguridade social, em razão das mudanças constitucionais nas décadas de 1990 e 2000 ocasionou o recuo de direitos relacionados à previdência social, bem como a expansão dos planos privados de previdência social e saúde. A criação do Fundo do Regime Geral da Previdência Social (FRGPS) sucedeu em razão da criação da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que em seu artigo 68, refuta o significado de seguridade social, ao atribuir ao FRGPS a responsabilidade em fornecer recursos para o pagamento de benefícios, menosprezando o orçamento único da seguridade social estabelecido na carta magna de 1988.

Ainda de acordo com Silva (2012), o governo criou instrumentos na década de 1990, que desviava recursos financeiros da seguridade social, para saldar os juros da dívida externa contraída pelo Estado. 

A referida autora (2012, p. 192-193) ressalta ainda que “[...] o governo federal fala em déficit da previdência social, enquanto a Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Federal – Anfip se refere a superávit de seguridade social. Ou seja, para o governo o objeto de análise é RGPS, isolado das demais políticas de seguridade social [...]”. Para a Anfip, o governo federal em suas análises, desconsidera o sistema de proteção social composto por três políticas sociais, a política de saúde, a política de assistência social e a política de previdência social, que juntas formam o sistema de proteção social que promove a cidadania e um padrão de vida satisfatório. Deste modo, desvincula-se a política de previdência social do sistema de seguridade social e, analisa apenas o regime geral da previdência social, alegando que as despesas são maiores que a arrecadação previdenciária. 

 Entre as justificativas do governo para que ocorram os desvios de recursos financeiros da seguridade social encontram-se alguns fenômenos externos e internos, como por exemplo: a crise financeira internacional de 2008 e a crise nacional instaurada no país a partir de 2014, bem como, o envio a discussão da PEC 287 de 2016, ao Congresso Nacional referente a promoção de reforma na previdência social.

O fator externo que influenciou a proposta de reforma da previdência social sobreveio em razão da crise econômica internacional, ocorrida nos Estados Unidos da América e na Europa em 2008, denominada como a crise imobiliária, que ocasionou a falência de algumas instituições pertencentes ao sistema financeiro mundial, sendo considerada a segunda maior crise econômica internacional desde a Grande Depressão de 1929.

De acordo com Puty, (2017, p. 8) o reflexo da crise financeira internacional ocasionou sequelas na economia Brasileira, como por exemplo: o quadro de recessão na economia brasileira, que iniciou no ano de 2014, e permanece nos dias atuais, com a redução no índice de crescimento da macroeconomia e do desemprego estrutural. Porém, ao voltar-se a compreensão da crise brasileira, devem-se considerar fatos inerentes ao contexto histórico, tais como: as eleições presidenciais de 2014; reeleição da presidente Dilma Rousseff; o impeachment presidencial em 31 de agosto de 2016, o qual interrompeu o ciclo de permanência do partido dos trabalhadores no poder (2003-2016), e a operação de investigação de combate a corrupção no país, denominada como a “operação lava jato” instaurada em 17 de março de 2014, que investigou a corrupção no país. Devido os fatos elencados e, juntamente com o reflexo da crise financeira internacional, agravou-se o quadro de recessão e o índice do desemprego estrutural.

De acordo com o autor Barboza Filho (2017), o vice-presidente Michel Temer ao assumir a presidência da República após o Impeachment de Dilma Rousseff, adotou algumas estratégias na tentativa de superação da crise econômica e política, formalmente estabelecida no país, desde os anos de 2014, com o pressuposto da retomada do crescimento da economia. “A aprovação da PEC do teto dos gastos, combinada com o envio da reforma da previdência, marca o início da solução da crise de sustentabilidade da dívida [...]” (p. 51). 

Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura - FETAGs e Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STTRs (2016, p. 31) a mais relevante conquista dos trabalhadores brasileiros foi o sistema de seguridade social, que se encontrava ameaçado pela ofensiva do governo de implementar a reforma previdenciária. O programa do então governo almejava realizar reformas no sistema de proteção social brasileiro, conquistado pela nação e, se, “[...] forem realizadas reformas na previdência social que restrinja ou suprima direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Não bastam desonerações e DRU a suprimir os recursos que deveriam ser de propriedade da Seguridade? [...]” (CONTAG; FETAGs; STTRs, 2016, p. 31). Na época, o argumento do governo era de que as finanças da previdência social apresentava um quadro de déficit fazendo-se necessária tal reforma previdenciária.

De acordo com a Anfip (2017), os dados de déficitna previdência social, apresentados e divulgados pelo governo não correspondia com a realidade das finanças da seguridade social.  Para a referida associação (2017), os dados apresentados e divulgados sobre o déficit na previdência social são inverídicos e servem unicamente para causar temor na população trabalhadora brasileira, seja aos trabalhadores urbanos, ou seja, aos trabalhadores rurais, os quais conquistaram os direitos previdenciários recentemente, ocasionando apreensão e temor com a Proposta de Emenda à Constituição – PEC 287 de 2016.

De acordo com a Anfip (2017) a Proposta de Emenda à Constituição - PEC – 287 de 2016, enviada pelo governo, com o pressuposto de reformar a Previdência Social, apresentava diversas propostas de desconstrução dos direitos dos trabalhadores, inclusive aos dos trabalhadores rurais. “[...] Desde a CF-88, esse segmento contribui proporcionalmente à receita da comercialização de sua produção, e a aposentadoria é concedida pela comprovação da atividade rural por, no mínimo 15 anos, aos de 60 ou 55 anos de idade [...]” (p. 82). 

A PEC-287 de 2016, visava aumentar a idade de acesso do trabalhador rural ao benefício previdenciário por idade, equiparando-se a dos trabalhadores urbanos de 65 anos, independente do sexo. “[...] Esse modelo contributivo não se coaduna com os regimes de safra e sazonalidade da produção rural, que dificultam a regularidade de contribuições monetárias [...]” (ANFIP, 2017, p. 82). O custeio passaria a ser mediante contribuição mensal, além da alíquota de 2,1% sobre a comercialização dos produtos.

 Caso os agricultores familiares rurais pertencentes ao grupo de segurados especiais tivessem que contribuir mensalmente com a previdência social, os mesmos encontrariam dificuldades de efetuar a contribuição, em virtude, de possuírem recursos financeiros somente nos períodos de colheita da safra agrícola e, no momento da realização da comercialização da mesma, caso não haja intempéries climáticas, que prejudique a produção agrícola (ANFIP, 2017, p. 82). 

A desconstrução dos direitos previdenciários dos trabalhadores rurais, conforme a PEC 287 de 2016 desconsiderava o princípio de equidade Constitucional, estabelecido no sistema de proteção social que reconheceu as particularidades existentes entre os trabalhadores urbanos e rurais e, concedeu tratamento diferenciado conforme as particularidades e/ou singularidades apresentadas pelos trabalhadores rurais, como forma de reconhecimento das injustiças sociais historicamente construídas (PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO, 2017).

Em consequência do avanço da nova onda de desconstrução dos direitos previdenciários, principalmente os voltados aos agricultores familiares ocorreu o “[...] renascimento que presenciamos, com os movimentos organizados em constante mobilização e com vozes sociais diversificadas ecoando cada vez mais forte, precisa continuar [...]” (ANFIP, 2018, p.3), e continuaram, o som de vozes, o brado, principalmente, voltado a permanência dos direitos previdenciários rurais conquistados com a Constituição Federal de 1988. 

Posteriormente ao pleito das eleições de 2018, ocorreu a promulgação da Emenda Constitucional n.º103, de 12 de novembro de 2019, em quealterou o sistema de previdência social e, estabeleceu regras de transição e disposições transitórias. A referida Emenda Constitucional endureceu as regras de acesso aos benefícios previdenciários de diversas categorias sociais. Todavia, os direitos previdenciários dos agricultores familiares em regime de economia familiar não foram alvo de qualquer alteração, tanto a relacionada a particularidade voltada a forma de contribuição com o seguro social que  ocorre de modo sazonal, quanto a referente a faixa etária estipulada ao acesso a aposentadoria por idade dos trabalhadores rurais de para ambos os sexos.

Conclusiones:

A construção dos direitos previdenciários da classe trabalhadora sucedeu na década de 1920, em consequência de intensas lutas e reivindicações sociais, contudo, os direitos previdenciários sobrevieram de modo seletivo abarcando algumas categorias de trabalhadores urbanos do setor de agroexportação. Os trabalhadores rurais apesar de serem reconhecidos pela força de trabalho essencial para a economia, e responsáveis pela produção diversificada de produtos alimentícios de qualidade, indispensáveis para a manutenção da força de trabalho urbana e rural permaneceram desprotegidos.

 A exclusão do trabalhador rural ao direito previdenciário manteve-se por várias décadas até o golpe civil militar de 1964. Em consequência ao apoio à legitimação ao governo militar (1964-1985) realizado pelas oligarquias políticas em 1971, o governo autoritário concedeu aos trabalhadores rurais, por meio da lei complementar n.º 11, os primeiros direitos previdenciários destinados ao arrimo de família no valor de meio salário mínimo.

Em consequência de lutas e reivindicações de vários segmentos da classe trabalhadora na década de 1980, e a participação ativa da mesma, no envio de propostas para a construção do sistema de proteção social constituído pela política de assistência social, saúde e previdência social, algumas de suas propostas foram acolhidas e posteriormente promulgadas na Constituição Federal de 1988, propiciando a equidade e a equiparação dos direitos previdenciários aos trabalhadores rurais, independente de sexo. A política de previdência social rural implantada no final do século XX representa a maior conquista social na contemporaneidade voltada ao setor rural. 

Concomitante a conquista da seguridade social sucedeu uma ofensiva de desconstrução dos direitos, em consequência do avanço da ideologia neoliberal e da crise econômica vivenciada no país. Ambas, serviram de argumento para a elaboração de políticas governamentais de desconstrução dos direitos sociais ao longo do tempo, sobretudo os previdenciários. 

Por meio de mecanismos criados pelo governo, como: a divisão do orçamento único da seguridade social e, a gestão dos recursos financeiros de modo separado em fundos, por exemplo, o fundo do regime geral da previdência social - FRGPS, bem como, o desvio de percentual dos recursos financeiros proveniente da política de previdenciária, tornaram as normas e os critérios ao acesso ao benefício previdenciário mais rígido, principalmente aos trabalhadores rurais. 

A crise econômica instaurada no país a partir de 2014, proveniente de fatores externos e internos, bem como, o quadro de recessão na economia brasileira, o desemprego estrutural e os baixos índices de desenvolvimento econômico, fundamentaram a alegação do governo Temer para a necessidade de se realizar reformas no país, dentre elas, a reforma previdenciária, por meio da PEC 287 de 2016. Na época, o principal argumento apresentado por parte do governo foi o suposto déficit na previdência social, no entanto, especialista na área, bem como instituições conceituadas como a Anfip, afirmaram haver superávit constante na seguridade social, mesmo com os desvios de recursos financeiros da política de previdência social.

 Frente a este cenário, a manifestação de entidades civis e da sociedade em geral contribuiu para que o Congresso Nacional não acatasse a PEC - 287 de desconstrução voltada aos agricultores familiares. Ressalta-se que a manifestação da sociedade é de extremada relevância na luta contra a futuras investidas de desconstrução dos direitos sociais previdenciários dos trabalhadores urbanos e rurais, caso ocorra uma nova retomada da reforma da previdência social.

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Palabras clave:

Política Previdenciária, agricultor familiar, investida de desconstrução.

Resumen de la Ponencia:

Argentina, Brasil e Paraguai além de compartilhar uma fronteira em comum são países que possuem politica publicas para a agricultura familiar com uma trajetória relativamente consolidada. O presente trabalho realiza a analise da trajetória das politicas publicas para a Agricultura Familiar implementadas pelos países que conformam a região da tríplice fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai com especial ênfase nos processos que determinaram as características das mesmas assim como na orientação das mesmas. Este trabalho analisa as politicas publicas nacionais sinalizando complementariedades, influencias e referenciais cognitivos comuns no processo de construção que cada pais levo a cabo. Para a realização da analise da trajetória das politicas publicas foram utilizadas duas ferramentas metodológicas consideradas relevantes como da analise da politica e a da analise das dimensões socio-técnicas. Os resultados da analise amostram que, ao pesar das particularidades nacionais, existem elementos comuns na formulação da politica publica entre os países influenciados por contextos políticos, econômicos, sociais. Este enfoque permite ter um olhar mais integrador de politias publicas regionais que possuem um objeto em comum na vez que permite articular e complementar esforços regionais.

Resumen de la Ponencia:

El presente análisis se plantea como un ejercicio de interpretación crítica sobre la experiencia y los resultados que se obtuvieron en la construcción del Plan Nacional de Ordenamiento Productivo (POP) de la cadena del arroz elaborado por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA[1], siendo éste el primer[2]  Plan que se construyó teniendo en cuenta el diagnóstico de Ordenamiento Social de la Propiedad para dicha cadena productiva. Bajo este soporte de información, el proceso investigativo centró su atención en los resultados de la experiencia, generando un análisis de los datos ya obtenidos  por la UPRA para identificar cómo la configuración y dinámicas territoriales generadas por los procesos sociales de apropiación de la tierra, han propiciado unas condiciones productivas particulares dentro de la cadena de valor asociado a la producción arrocera. En Colombia el arroz ocupa el tercer lugar entre los cultivos con mayor área sembrada después del café y el maíz, generando así un importante aporte de ingresos e impacto social  en el país; en este sentido, en el marco del presente documento se pretende identificar cómo las diferentes variables intervienen en el desarrollo de las relaciones sociales y productivas del cultivo del Arroz en Colombia, específicamente las variables con patrones de localización (la agremiación, zona arrocera, aptitud y sistema productivo)  en relación a las variables referidas a las formas de tenencia de la tierra, donde es de vital importancia para la construcción de un plan de ordenamiento productivo de una cadena y el diagnostico de ordenamiento social de la propiedad donde se evidencie las dinámicas sociales y productivas  de la cadena a planificar.Lo cual en primera instancia y posterior al análisis de la regionalización establecida por la agremiación, es decir Fedearroz, se puede establecer que la mayoría de predios informales se encuentran fuera de estas zonas, así mismo, los resultados arrojados en el cruce de información con los sistemas productivos muestran que el sistema manual es el que contiene más predios con informalidad en la tenencia de la tierra (68 %) a diferencia de los sistemas mecanizados los cuales están en 52%.En este orden de ideas se presume que  las  variables que permiten tener una mejor visualización de los datos de informalidad en la tenencia de la tierra, son las variables donde se puede observar que el productor no se encuentra sujeto al cumplimiento de requisitos previos para ser incluido en políticas o programas del Estado. [1] Investigación en la cual participó activamente la autora de éste documento.[2] En la actualidad se han trabajado los Planes de Ordenamiento Productivo de cadenas Lactea, Cárnica, Maíz y Papa. 

Resumen de la Ponencia:

A 30 años de la implantación del Estado neoliberal, es pertinente reflexionar sobre la relevancia de los cambios y consecuencias de la contrarreforma al Artículo 27 constitucional y sus leyes reglamentarias. Este trabajo elabora sobre los pronósticos e implicaciones agrarias, sociales y económicas de esta contrarreforma, concebida para tratar de transitar de una tenencia de la tierra bimodal: social y privada, a una regida por el libre mercado. Los cambios legislativos mencionados han inducido la apropiación territorial de ejidos y comunidades rurales de parte de corporaciones transnacionales, que a juicio de la autoría requerirían de modificaciones radicales de la Constitución Mexicana y de las leyes reglamentarias que de ella se derivan, con el fin de recuperar la soberanía nacional. 

Resumen de la Ponencia:

Embora no processo de planejamento, construção e materialização das políticas públicas ainda persista a dicotomia entre o urbano e o rural enquanto recortes ensimesmados, é cada vez mais inequívoca a necessidade e a potencialidade de se compreender essas duas categorias de maneira relacional, por meio dos diversos imbricamentos sociais, culturais, políticos, ambientais e econômicos, dentre outros, que se estabelecem, dando forma e conteúdo às relações sociais de produção sistêmicas e anti-sistêmicas expressas no território. Assim, a partir da realidade brasileira, marcada pela elevada desigualdade de renda e propriedade, os movimentos sociais e populares de luta pela terra têm apresentado importantes inovações nas reflexões e nas ações concretas relacionadas à pauta da reforma agrária e do reordenamento fundiário. Em meio a essas inovações, cabe destacar as experiências do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) por meio da busca pela gestão coletiva dos territórios em que atua, do uso da agroecologia como mecanismo de resistência e diálogo com os trabalhadores urbanos e rurais e as ocupações de áreas próximas às cidades com o apoio de movimentos clássicos pelo direito à moradia, tipicamente urbanos, com uma proposta diferenciada de uso e ocupação produtiva e social do solo. Frente a este contexto, nosso principal objetivo é analisar criticamente, por meio de dois estudos de caso (um assentamento rural e uma ocupação de terras) tais  inovações nas ações práticas, buscando acrescentar novas perspectivas teóricas ao debate já consagrado sobre as relações entre o urbano e o rural. Adiantamos que, pelas análises já realizadas, há complementações consideráveis que potencializam a luta pela terra e o direito à moradia e, ao mesmo tempo, que geram condições favorecedoras para maior efetividade de políticas públicas de enfrentamento das diversas desigualdades, desde que os agentes públicos considerem as imbricações presentes nos territórios. Ademais, com o agravamento da crise alimentar e nutricional no Brasil, combinada aos efeitos da crise econômica internacional, os impactos sociais das experiências de luta pela terra e reforma agrária de caráter popular e agroecológico têm a capacidade de gerar benefícios não exclusivos a um ou outro recorte espacial, mas ao território em seu sentido pleno.

Resumen de la Ponencia:

Durante las últimas décadas, el mundo del trabajo en Argentina atravesó un creciente proceso de heterogeneización y polarización, donde la relación laboral clásica, asociada al trabajo asalariado, protegido, formal y estable ha perdido su peso relativo frente al incremento de diversas formas de precarización laboral y la emergencia de nuevas prácticas y relaciones laborales asociadas al trabajo por cuenta propia, el emprendedurismo y el asociativismo.En los territorios rurales este proceso de heterogeneización se produjo en consonancia con la consolidación del modelo de modernización agropecuaria en la década del ´90. A raíz de ello, actualmente coexisten en este ámbito empresas de alta complejidad tecnológica, grupos económicos extra-agrarios transnacionalizados con mundos rurales heterogéneos de campesinos/as, productores/as pequeños/as y medianos/as, trabajadores/as rurales y desocupados/as. En estos territorios, numerosas familias vieron limitadas sus posibilidades de incluirse en trabajos asalariados y debieron optar entre abandonar sus actividades o mantenerse en condiciones de subsistencia, conformando unidades familiares donde los/as distintos/as miembros del hogar sostienen la unidad productiva, prevaleciendo el trabajo no remunerado.En este marco, el concepto de economía popular emergió como herramienta analítica para abordar las estrategias laborales y económicas de los sectores populares. La reciente organización social y gremial conllevó a una mayor difusión del término, tanto en el ámbito académico como en las instituciones estatales, fundamentalmente a partir del diseño de políticas específicas orientadas a atender sus demandas. Así, desde los distintos niveles estatales se han diseñado e implementado diversas políticas orientadas a atender las problemáticas que atraviesan estos/as trabajadores/as y sus unidades productivas, tales como el acceso a la seguridad social, créditos, herramientas de trabajo, canales de comercialización y recursos monetarios y en especie, entre otras.Esta ponencia se encuadra en los avances preliminares de dos estudios de caso vinculados a experiencias asociativas de trabajadores/as familiares agropecuarios. En tal sentido, el objetivo de la misma es analizar las instituciones, políticas y programas de mayor relevancia vinculadas al sector en los gobiernos locales de Bella Vista (Corrientes) y Moreno (Buenos Aires). Para ello el trabajo se centrará en el análisis de los objetivos de las políticas seleccionadas, sus destinatarios/as, alcances, principales estrategias desarrolladas, obstáculos y fortalezas en su implementación e incidencias. Siguiendo estos objetivos nos preguntamos: ¿Cómo se articulan las políticas nacionales con las locales? ¿Qué dimensiones buscan fortalecer? ¿De qué manera se contemplan las características y condiciones territoriales específicas? ¿De qué modo incorporan a actores locales significativos? ¿Qué obstáculos y fortalezas aparecen en su desarrollo?La metodología utilizada en este trabajo es el análisis de datos cualitativos a partir de fuentes primarias y secundarias. Se analizan entrevistas a informantes claves y se revisan normativas y documentos vinculados a las políticas públicas seleccionadas.

Resumen de la Ponencia:

En la sociología rural, la cuestión agraria, a fines del siglo XX, presenta radicales diferencias con respecto a los temas agrarios en la etapa económica conocida como de sustitución de importaciones. Luego de los años ochenta se impone el nuevo orden internacional sustentado en el modelo extractivo exportador en función de la acumulación por despojo y a partir de ahí acontecen tres procesos que inciden en la nueva cuestión agraria: la necesidad de recursos naturales a favor del capital; el retiro del estado del monopolio que antes tenía sobre estos recursos; la modificación del marco jurídico en favor de la inversión nacional y extranjera. En la actualidad, el capital invierte en propiedades que anteriormente tenían en resguardo comunidades campesinas e indígenas como parte de la propiedad social: tierras, bosques, ríos y lagos al tiempo en que dichas tierras forman parte de su territorio no solo natural, sino, simbólico y cultural como parte de su proceso de reproducción social y cultural de la sociedad rural. En contra parte, evidenciamos que, presionados por instancias como la ONU los países suscriben acuerdos internacionales en favor de los derechos humanos que incide en políticas públicas que consideras criterios de derechos humanos. El Acuerdo 169 de la OIT es un ejemplo de este nuevo marco jurídico encaminado a brindar elementos de gobernanza a la sociedad civil rural. De manera paralela, la población afectada por los nuevos procesos de búsqueda de oportunidades de inversión participa de una desigual lucha por el territorio promoviendo la creación de redes locales, nacionales e internacionales. Desde los años ochenta, también ha habido un cambio en las miradas para el análisis de los cambios rurales desde la academia pues debido a la complejidad de los cambios se ha recurrido cada vez más a una mirada interdisciplinaria y transdisciplinaria de tal manera que en la actualidad se incorpora el análisis de la economía con autores como David Harvey y los megaproyectos extractivos; la ecología política propone hablar de la reivindicación del patrimonio biocultural; el análisis sociodemográfico destaca los procesos de crisis de reproducción social en zonas donde los megaproyectos provocan desplazamiento interno forzado; el análisis de los nuevos movimientos sociales ambientales con demandas sustentadas en valores; Desde el análisis de la política se reivindican nociones como sociedad civil rural y gobernanza rural; la nueva cuestión indígena y el análisis decolonial que reivindican la decolonialidad de la naturaleza. 

Resumen de la Ponencia:

La presente ponencia busca “Analizar las relaciones entre la dinámica demográfica, la introducción y consolidación del cultivo de coca y la organización político administrativa-configuración territorial en Puerto Asís entre 1991 y 2018, aportando con ello a los estudios que buscan visibilizar el rol que han tenido las denominadas “economías ilegales” y en particular el cultivo de coca en las dinámicas locales y de planeación territorial. Con este fin, busca reconocer diferentes elementos claves en la configuración territorial, como lo son la población, el territorio y la soberanía a partir del reconocimiento de la dinámica demográfica, su aporte a las transformaciones territoriales y su impacto en la organización político-administrativa, entendida como un ejercicio de territorialidad de los diferentes que confluyen en Puerto Asís. Este municipio, ha sido   atravesado por las dinámicas que subyacen a los denominados “territorios nacionales”, amazónico, fronterizo (frontera colombo-ecuatoriana) y que por sus características socio-culturales y geopolíticas fue escenario del conflicto social, político y armado y sus efectos, entre ellos la introducción y consolidación de economías ilegales. Es así como se pone en relación una mirada demográfica histórica, una mirada territorial y un ejercicio político administrativo, que intenta comprender la dinámica demográfica en los ejercicios de planeación territorial, reflexión que surge a partir de la necesaria implementación del “Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Acuerdo Final)” en particular el punto 4. Solución al problema de las drogas ilícitas(Gobierno de Colombia & FARC-EP, 2016). Ello implica reconocer la forma en que el cultivo de coca se insertó en departamentos como el Putumayo y se convirtió en uno de los medios de vida, subsistencia, relacionamiento e inclusive garantía de derechos para los habitantes de la región amazónica, siendo el municipio de Puerto Asís un punto clave de entrada y consolidación de esta práctica económica. De esta manera, busca aportar a ejercicios de planeación territorial situados en el marco de la implementación del Acuerdo Final, con una mirada más amplia que incorpore la variable demográfica como un elemento de análisis clave en la organización político – administrativa, la configuración territorial y los elementos estratégicos que aporta este análisis a la implementación del Acuerdo Final a nivel local. 

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La presente investigación se realizó para optar al título de magister en Políticas públicas con énfasis en desarrollo humano en la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias sociales) sede de la ciudad de Argentina.El título de la Investigación Soberanía Alimentaria y Desarrollo Humano, una mirada desde el enfoque de las capacidades.  El caso de La Tulpa Pasto Nariño, Colombia 2020-2021 El estudio de caso se realizó en los años 2020-2021, en la organización campesina llamada “La Tulpa” ubicada en la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño en el sur de Colombia. Dicha organización cuenta con aproximadamente 50 familias que cultivan productos agrícolas, avícolas y piscícolas, con métodos de cultivo agroecológico y enmarcado en principios de La soberanía alimentaria resaltando la necesidad de cultivar variedad y calidad de productos propios de la región, con semillas orgánicas y respetando las costumbres culturales a nivel gastronómico de la región. El objetivo de la investigación es conocer el aporte que la soberanía alimentaria hace en el desarrollo humano, mediante el análisis de las libertades instrumentales planteadas por el teórico de cabecera de la investigación, premio Nobel de Economía Amartya Sen, se plantean cinco tipos de libertad instrumental: Las libertades políticas, Los servicioseconómicos, Las oportunidades sociales, Las garantías de transparencia y La seguridad protectora.Ahora bien, la investigación apunta a un derecho fundamental que es la alimentación adecuada y suficiente, que la práctica de la soberanía alimentaria aporta a las comunidades. Los cultivos producen tanto para el consumo familiar y los excedentes de producción generan parte de los ingresos para el sustento y desarrollo humano, que es el objetivo que trazó La Tulpa desde el año 2018.En tanto que la provisión suficiente y adecuada de alimentos saludables, permite una satisfacción de una necesidad básica y por ende una buena salud, componentes fundamentales para continuar con el proceso de la búsqueda personal del desarrollo de sus capacidades y libertades. La investigación se eligió un enfoque cualitativo, que permitió realizar las indagaciones pertinentes de una manera dinámica, pues es posible conocer los hechos y después hacer interpretaciones de los mismos, lo que se traduce en un modo circular de abordar el estudio. En este sentido también toma aportes de los enfoques interpretativo y crítico ya que propende no solo comprender e interpretar la realidad socio cultural, sino por transformarla a la luz de valoraciones éticas y políticas (Ryan, Scapens y Theobald 2004, p. 74).

Resumen de la Ponencia:

La suspensión del apoyo gubernamental a los campesinos y la modificación de la Constitución de México que facilitó la venta del territorio rural, aunadas a la violencia vinculada con el despojo, han promovido la migración del campo a la ciudad. Así los indígenas y campesinos se establecen en colonias de reciente creación ubicadas en la periferia de las ciudades.  Estos nuevos residentes urbanos se emplean en el sector terciario y como jornaleros agrícolas; carecen del acceso a los servicios públicos y viven en condiciones de pobreza. Mismas que enfrentan empleando su tradición de profundas raíces históricas, como es el caso de la estrategia campesina de uso múltiple, que resulta fundamental para su sobrevivencia y su aporte a la conservación ambiental; por lo que, pudiera ser considerada para enfrentar las condiciones de postpandemia en el ámbito urbano y para orientar el crecimiento u ordenamiento en las ciudades con componentes de apropiación de recursos propios de los campesinos e indígenas.  En este sentido, la presente colaboración describe la implementación de la estrategia campesina de uso múltiple por parte de migrantes de origen indígena, en las colonias Alfredo V. Bonfil (municipio de Tlaquiltenango) y Niños Héroes (Tlaltizapán de Zapata) localizadas en la periferia de la Zona Metropolitana de Jojutla, en el sur del estado de Morelos. Con este fin, se entrevistó a 32 propietarios de 24 huertos para conocer su origen y actividad. Se elaboraron mapas utilizando SIG para calcular el área de los mismos y determinar su arreglo espacial de las diferentes subunidades de aprovechamiento de los recursos. Los entrevistados son jornaleros migrantes en su mayoría de las zonas rurales del Estado de Guerrero. La superficie promedio de sus predios fue de 547.25 m2, con un rango de 99.9 a 2232 m2. El área de construcción promedio fue de 117.7 m2 y el área del traspatio fue de 429.6 m2. Las familias destinan el área del traspatio a diversos propósitos de acuerdo con sus necesidades e intereses. Además de la casa-habitación, el 100% de los entrevistados establecen subunidades de aprovechamiento de los recursos de áreas destinadas a la obtención de alimentos como los huertos de traspatio, los gallineros, el área para siembra, los corrales, los potreros y los chiqueros. También se registró la presencia de tanques de agua y un espacio destinado para almacenar la leña.  Así se obtienen beneficios que también aportan en la construcción de comunidad.  La implementación de la estrategia campesina de uso múltiple por parte de los entrevistados, aporta a su sobrevivencia como nuevos residentes urbanos marginados y se constituye en una forma de hacer ciudad diversificando las actividades al interior de los predios con base en la herencia cultural de los campesinos.

Resumen de la Ponencia:

Las sabanas del Yarí se muestran presentan como un terreno extenso de un verde profundo,se puede apreciar como un mar de naturaleza que anuncia el ingreso a tesoros naturalescomo el río de los siete colores, Caño Cristales, en el parque natural Chiribiquete, entreotros fragmentos de una Colombia desconocida e ignorada.; Sin embargo, la región mismaes reconocida y señalada por haber sido el corredor por donde el conflicto armado históricose movía. Hoy es un territorio que se reconfigura a diario y en el que los intereses de ordenpolítico y económico abren la puerta a una apuesta geoestratégica en la que de maneracallada la tala indiscriminada, la ganadería extensiva sin control y las violencias emergentesdesdibujan el bucólico paisaje inicial.Esta propuesta recoge tres perspectivas concretas que transitan por lo que aquí ha deidentificarse como la paz y gobernanza ambiental: En primer lugar, la configuracióndel espacio desde el conflicto histórico, un escenario en el que, paradójicamente, las formasde violencia terminaban por salvaguardar el territorio; en segundo lugar, la apertura a unaeconomía que no pretendió cuidar el medio ambiente, desde el afán de colmar los espaciosque los excombatientes iban dejando a medida que se realizaba la dejación de armas en elacuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo(FARC-EP); por último, la perspectiva crítica de la región luego del acuerdo, desde losesfuerzos de construcción de una paz territorial que incluya nuevas formas de permaneceren el territorio desde en una la relación armónica con la naturaleza y que se materializa enexpresiones y resistencias culturales como vías para crear nuevos discursos desde lasprácticas concretas.

Resumen de la Ponencia:

El acceso y propiedad de la vivienda en Colombia históricamente ha protagonizado múltiples debates y escenarios de disputas tanto en ambientes académicos como en dinámicas propias del conflicto armado. Es en este último en donde se han producido hechos victimizantes relacionados a la tenencia de la tierra y la vivienda rural, generando un sinfín de perjuicios tanto en infraestructura física como en el tejido social de las zonas afectadas. En el caso de la vivienda rural colombiana, presenta los mayores índices de déficit cualitativo y cuantitativo respecto a las necesidades habitacionales. Frente a ello, en 2020 se crea la primera Política Pública de Vivienda Social Rural (PPVISR) para ofrecer soluciones de vivienda y disminuir los déficits y la pobreza e incorpora múltiples factores para priorizar los municipios y personas beneficiarias. Entre estos destaca el enfoque de género, los enfoques diferenciales, el enfoque de víctimas y excombatientes y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para así articular las acciones por el desarrollo rural con los espacios de reparación e implementación del Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016.En este órden de ideas, la ponencia tiene por objetivo evidenciar el potencial de la vivienda social rural para aportar a las estrategias de reparación en el marco del posacuerdo colombiano y con ello demostrar la relación existente entre el cese del conflicto con el desarrollo, teniendo en cuenta que la vivienda social rural representa la unidad fundamental para la reproducción de la vida, la fuerza de trabajo y la construcción del tejido social en los espacios rurales. Para ello, se contará con la Reparación Transformadora como horizonte paradigmático en el propósito de enlazar el desarrollo territorial y el ordenamiento con la intervención de las condiciones materiales que tienen incidencia en los procesos de victimización en el conflicto armado. Metodológicamente, se retoma la revisión documental y el seguimiento a las acciones de implementación de la PPVISR en relación con el quinto pilar de PDET, Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural. Finalmente, como hallazgos principales se presentan la articulación de la implementación de la política pública con la visión de la Reparación Transformadora y el desarrollo territorial junto con la relevancia que tiene la vivienda social rural. De esta forma, se presentan algunas recomendaciones en la potencialización de dichos procesos.

Resumen de la Ponencia:

En los últimos años, algunos/as productores/as que enfrentan en su cotidianidad las consecuencias del agronegocio, de la crisis climática, a la financiarización, de la precariedad del trabajo, y de la degradación de la naturaleza y de la vida, vienen organizándose colectivamente en el gremio de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). Dicha organización, se identifica como el campo que alimenta al pueblo, reconoce el alimento como derecho humano y cuestiona las injusticias del actual sistema agroalimentario. Proponen soberanía alimentaria organizándose desde el territorio y de manera democrática para el desarrollo diario de actividades que fortalezcan una producción alternativa. Estas experiencias de construcción se generan en un territorio atravesado por particularidades y realidades diversas, que las moldean dando formas y circunstancias en el tiempo y espacio a la Soberanía Alimentaria. Esta ponencia pretende analizar en profundidad el significado de este horizonte en un territorio específico, a los fines de comprender qué ofrece la misma y bajo qué formas puede de avanzar. También, se buscará reflexionar sobre cómo cobra vida un horizonte tan abstracto por medio de las transformaciones en el cotidiano de vida de los/as sujetos/as que hacen por ello. Partiendo de que la praxis de un horizonte contrahegemónico en una sociedad con relaciones capitalista, patriarcal y racista, siempre deparará en dicotomía, tensiones, y contradicción, dando lugar a situaciones híbridas de resistencia y persistencia. Se tomará como estudio de caso a los/las productores/as de las localidades de La Higuera y Chuscha, ubicadas en la Comuna Rural de Choromoro en el departamento de Trancas de la provincia de Tucumán - Argentina. Cabe destacar que, en dicho territorio además de las bases de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se encuentra la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND), y algunos/as productores pertenecen a ambas organizaciones, y en la actualidad su lucha viene más bien atravesada por procesos de disputa del territorio donde se crean diversas estrategias para garantizar su supervivencia material básica, lograr mejoras en las condiciones de vida y de relaciones de trabajo, así como de sostenibilidad de la naturaleza. Este proceso nos convoca a preguntarnos, ¿qué lleva a los/as productores/as organizarse colectivamente en su cotidiano? ¿Cuáles experiencias de vida son las bases de su identificación con la soberanía alimentaria? ¿Con qué condiciones cuentan para poner en marcha un régimen productivo alternativo en su territorio?

Resumen de la Ponencia:

O Brasil vive uma crise alimentar agudizada a cada ano, que restringe o acesso das famílias a alimentos que respeitem a nutrição adequada, o meio ambiente, as tradições culturais e a autonomia das comunidades; decorrente do modo de produção de alimentos orientado para exportação praticado pelo agronegócio, que confere uma “nova” face para a fome. Fica de lado o alimento restaurador e promotor da saúde, e aparece o produto comestível adoecedor e estrangulador do sistema de saúde. Assim, urge a necessidade de se assegurar comida socialmente produzida de maneira saudável para a terra e as pessoas, reivindicando a retomada da concepção de alimento como trabalho de transformar natureza em gente, não mais em subalternidade.Considerando a realidade vivida pelas famílias camponesas da região agreste do estado de Pernambuco, nordeste brasileiro, mais precisamente no centro do polo têxtil e de confecções, este trabalho buscou caracterizar a disputa territorial que ali ocorre: de um lado o setor de confecções representando uma territorialização capitalista configurada a partir da reestruturação produtiva nos anos 1980, e alicerçada na dependência estrutural brasileira, que desterritorializa, do outro lado, as famílias camponesas da região que dependem do trabalho para viver; e que expressam, portanto, uma territorialização híbrida entre sua territorialidade ancestral, historicamente ligada à agricultura, e a territorialidade hegemônica do setor têxtil.Constatou-se, ao longo de dois anos no Sistema Único de Saúde, fruto do programa de formação de trabalhadores especialistas em saúde do campo (a REMSFC), que se fosse possível, certamente a agricultura teria um papel mais importante na reprodução da vida neste território. Porém, a hegemonia do setor têxtil e de confecções determina as subjetividades e inviabiliza qualquer autonomia nesse processo; se manifestando de múltiplas formas: apropriação dos recursos naturais, inviabilização de atividades econômicas mais lucrativas que a costura, bloqueio no acesso a políticas sociais, etc. O camponês então submete seu trabalho à plasticidade, e passa a negar seu modo de reprodução social para adotar a racionalidade capitalista. Entretanto, ainda que estejam submetidos à disputa territorial, a rendição ao trabalho com costura assegura sua permanência física no campo, e expressa sua resistência ao êxodo rural. Portanto, a permanência física no campo desvinculada da agricultura, como ocorre no polo têxtil de Pernambuco, representa um importante entrave à soberania alimentar das comunidades, e à sua saúde.A RESMFC desenvolveu algumas iniciativas para intervir sobre essa realidade, todas com o referencial da Educação Popular sistematizada por Paulo Freire, e visando a soberania alimentar, as quais contribuíram favoravelmente às comunidades na disputa territorial ali vivida. Reafirma-se, portanto, a importância da sua existência que, ao se propor a atuar nas raízes das doenças, não se prendendo apenas nos aspectos biológicos para promover saúde, abre caminho para a transformação da sociedade.

Resumen de la Ponencia:

Estos últimos años, hemos tenido que reinventarnos, debido a las nuevas políticas emitidas por el Ministerio de Salud y el gobierno, ante la pandemia del COVID. Se ha suspendido el Mercado de la Tierra de Slow Food en Costa Rica, hasta nuevo aviso. Debido a lo anterior, se han suministrado listas de contactos y potenciales clientes, para participantes del Mercado de la Tierra y otras ferias, afectados económicamente por estas medidas tomadas para evitar el hacinamiento. Se han apoyado familias de agricultores, artesanos y cocineras, mediante la elaboración de estas listas y apoyos económicos logrados mediante programas gubernamentales de apoyo, buscando paliar la situación. De las entrevistas realizadas a grupos de productores, hemos seleccionado el grupo de Tucurrique por ser el que demostró más necesidades para lograr el desarrollo, priorizando: desarrollo de capacidades, organización, comercialización y el diferenciar la calidad superior del pejibaye de Tucurrique, producto muy perecedero y cuyo principal medio de comercialización es en ferias. La familia Araya, una de las familias estudiadas, contó con apoyo para la compra de un camión, con el que lograron minimizar los problemas de comercialización, por las medidas ante el COVID. Ellos y otros grupos de pequeños productores y artesanos promocionaron sus productos en páginas de internet y se desplazaron hacia los clientes o contactos suministrados.Como estrategia para el desarrollo territorial en Tucurrique, se consideró importante lograr ser un “Sistemas importantes de patrimonio agrícola mundial” (SIPAM) o “Globally Important Agricultural Heritage Systems” (GIAHS). Por lo anterior, se presentó una propuesta a la Comisión Nacional de SIPAM de Costa Rica y se elaborarán los estudios pertinentes para elevar ante FAO, una solicitud de SIPAM, como estrategia o motor de desarrollo de Tucurrique, para valorar y usar racionalmente el patrimonio tangible e intangible, buscando una sinergia entre la agricultura, el turismo rural y la cultura del lugar, donde el pejibaye ha sido considerado el principal medio de subsistencia desde tiempos indígenas. Cabe destacar que es el primer producto tradicional en Costa Rica, para el que se organizó una feria, ambos la feria y el producto, fueron nominados por decreto como patrimonio y se cuenta con una rica y variada gastronomía. El pejibaye es una rica fuente de vitamina A y fibra, por lo que hoy día chefs y cocineros, prefieren estos productos tradicionales, elaborando diversos y novedosos platos y bebidas.No cabe duda de que como SIPAM, Tucurrique gozará de las ventajas de ser parte de esta red Mundial y lograrán muchos beneficios.

Resumen de la Ponencia:

La valoración de productos autóctonos de las cosechas andinas y los beneficios que proporcionan en su incorporación a nuestras dietas; le otorgan un elemento significativo en la mejoría de la calidad de vida de las personas de estas comunidades con su respectiva extensión a otros sectores, comunidades y países, son los aspectos cuando se habla del Chocho, como una alternativa alimentaria sostenible, y en base esta afirmación, se realiza un estudio documental con el objetivo demostrar la necesidad de integrar ciencia, sociedad y agricultura ancestral andina en la matriz productiva de esa región; el cual se logra a través de un enfoque cualitativo-etnográfico y un análisis explicativo a partir de fuentes bibliográficas que permiten demostrar la veracidad y necesidad de interrelacionar procesos de índole científicos, tecnológicos y sociales que permiten concluir que: La sociedad contemporánea demanda el desarrollo de prácticas agrícolas sustentables, que sean menos agresivas con el medioambiente y generen productos más saludables; la ciencia es la encargada de velar por el alcance de esta necesidad, cumpliendo con los principios bioéticos correspondientes y empleando metodologías para la evaluación y reducción de riesgos ambientales y estas presiden toda opción de desarrollo partiendo una opción viable de producción ecológica, constituye patrimonio cultural y parte importante del desarrollo económico comunitario.

Summary

The evaluation of native products of the Andean crops and the benefits they provide in their incorporation to our diets; give it a potential as a significant element in improving the quality of life of the people of these communities with their respective extension to other sectors, communities and countries, are the aspects that appear when talking about Chocho, as a sustainable food alternative, and based on this statement, a documentary study is conducted with the objective of demonstrating the need to integrate science, society and Andean ancestral agriculture in the productive matrix of that region; This is achieved through a qualitative-ethnographic approach and an explanatory analysis based on bibliographic sources that allow us to demonstrate the veracity and need to interrelate scientific, technological and social processes in such a way that allows us to conclude that: Contemporary society demands the development of sustainable agricultural practices, which are less aggressive with the environment and generate healthier products; Science is in charge of ensuring the scope of this need, complying with the corresponding bioethical principles and employing methodologies for the evaluation and reduction of environmental risks and these preside over all development options. The organic products consumption trend, which has been established as a lifestyle in harmony with the environment and beneficial to individual and collective health, encompasses a whole social sphere, being a viable option for ecological production, constitutes cultural heritage and an important part of community economic development.

 

 

Introducción:

La agricultura tradicional andina es una parte importante del patrimonio mundial de la humanidad, sus principios ecológicos de funcionamiento favorecen la conservación y el manejo de los suelos. Los productos derivados de esas prácticas continúan siendo parte de la dieta regional y se han universalizado por su calidad nutricional, sabor e impacto beneficioso para la salud. Estos aportan significativamente a la economía de varios países y son fuente de investigación para nuevos usos y la mejor comprensión de las técnicas de producción ancestral como una de las bases culturales de los pueblos autóctonos (Gortaire, 2016).

El chocho (Lupinus Mutabilis Sweet) es uno de esos cultivos tradicionales, este se produce principalmente en Bolivia, Ecuador y Perú con gran impacto en el desarrollo de comunidades indígenas de esos países andinos, impulsando el comercio y generando empleos. Su nivel de consumo está reconocido como parte de la dieta básica en esas sociedades, con diversidad de formas de distribución y preparación (Suca et al., 2015).

Considerando que diversos aspectos de la producción, cosecha, poscosecha y comercialización del chocho en el país no son conocidos y debido a la importancia agronómica, económica y nutricional que tiene el mismo para identificar los sistemas de producción prevalentes, limitantes y potencialidades del cultivo, así como la  determinación de  limitantes tecnológicas (brechas de producción) y demandas; unido al interés en los granos andinos ha sido renovado en los últimos 25 años, ya que varios estudios han destacado su valor como fuentes de alimento altamente nutritivas.

Así, diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales dedican recursos a la investigación del impacto de estos cultivos en la sociedad y la matriz productiva de la región, las que van desde las prácticas ancestrales y la diversificación de la producción hasta su impacto en la salud humana (Jarrín Zambrano et al., 2018). 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SEMPLADES, 2012) explica que el gobierno pretende “generar mayor valor agregado” a los productos primarios del país, de tal forma que esto permita superar el actual modelo basado en recursos naturales, a un modelo de producción de recursos infinitos. La matriz productiva de un país no se puede cambiar de forma deliberada con un plan impuesto desde las alturas. Creemos que es ignorar que la matriz productiva se cambia con una educación de calidad que desarrolle recursos infinitos que permitan llevar a cabo la innovación del conocimiento.

La matriz productiva constituye la forma en que una sociedad elabora bienes y servicios con sus diferentes sectores y actores nacionales, provocando un determinado patrón de especialización en los procesos productivos que conlleva a la eficiencia por el uso consciente y programado de los recursos naturales y humanos para construir bienestar y desarrollo (Matute et al., 2017; Palacios et al., 2016).

La presencia constante de evidencias de que la producción de conocimiento científico de primera línea ha aumentado llamativamente, tanto en el plano cuantitativo como cualitativo. Por otro lado, la trasferencia de conocimientos ala producción ha avanzado muy poco, según evidencias que surgen del escaso dinamismo de la región en materia patentes y de los documentos de política científica tecnológica y de innovación que hacen públicos los gobiernos de la región. 

En efecto, los países de América Latina han incrementado en forma vigorosa su presencia en aquellas bases de datos bibliográficas que dan cuenta de la “corriente principal de la ciencia” y así observamos que diversos estudios de diagnóstico y documentos de política científica y tecnológica elaborados por expertos y gobiernos de la región muestran que los sistemas de ciencia y tecnología de los países de la región se han caracterizado, con algunas excepciones y matices, por las escasas conexiones y la baja articulación entre el sector público de I+D –predominantemente universitario– y el sector productivo. Considerado esto como una verdadera falencia para el desarrollo de proyectos como estos. (Albornoz, 2009).

Sin lugar a dudas la ciencia es una vía para solucionar los problemas de la sociedad, por lo que, la investigación acerca del cultivo ancestral de chocho y la forma en que se percibe esta tradición cultural agraria y alimentaria, además de su impacto en la matriz productiva de las naciones reviste especial importancia.

Todo proceso de cambio genera resistencia, pero esta resistencia debe llamar la atención de los directivos de las Instituciones de Educación Superior, a fin de que todos estos aspectos, considerados por algunos como debilidades, se convierten en oportunidades, lo que permitirá un repensar de las prácticas académicas y contribuir al cambio de la matriz productiva propuesta desde el gobierno; es por ello que es preciso, evaluar la calidad de los diseños y rediseños curriculares, la calidad de la implantación y la calidad de uso, de forma sostenida, permanente y vinculante a los espacios colectivos que debemos remozar.

Estos antecedentes nos permiten desarrollar este trabajo con el objetivo de argumentar la necesidad de integrar ciencia, sociedad y agricultura ancestral andina en la matriz productiva de esa región.

Desarrollo:

La producción agrícola moderna transita hacia la creación de nuevas especies mediante la genética, lo que resulta controversial en relación con el posicionamiento ético de consumidores, productores y otros sectores de la sociedad como el científico y el político. Además de otros dilemas que se suscitan alrededor del uso métodos invasivos para los suelos y los agricultores. Así, la agricultura por métodos ancestrales se muestra como una posible solución viable (León Sicard, 2019). 

Existen dos culturas antiguas que hace por lo menos cuatro mil años, fueron las que por primera vez llegaron a domesticar y utilizar en su alimentación dos especies de Lupinus: el Lupinus luteos en Egipto y el Lupinus mutabilis en los Andes, siendo estas especies utilizadas con fines  alimenticios  Tapia (2015).

Jacobsen y Mujica (2006) coinciden con el centro de origen ubicado en la región Andina de Bolivia, Ecuador y Perú, ya que en ellas se encuentra la mayor variabilidad genética.  

Según otros autores (Suca y Suca, 2015) es conocido con diferentes nombres comunes, en el Ecuador y norte del Perú se lo conoce como chocho, al Sur de Perú y Bolivia se lo conoce como tarhui y en España es conocido como atramuz o lupino.

El Artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”. El estado ecuatoriano promueve la soberanía alimentaria (AGROCALIDAD, 2013).

En este ámbito, la ancestralidad constituye un patrimonio cuyo valor no se circunscribe únicamente a las comunidades originarias, sino que constituyen un importante recurso para toda la humanidad, en tanto enriquecen el conocimiento mutuo por medio del diálogo, y permiten conservar el amplio espectro de la diversidad cultural existente en un territorio determinado. 

A partir de esta denominación, los saberes ancestrales de los diferentes grupos indígenas se constituyen como parte del patrimonio cultural inmaterial, el cual hace referencia a aquellos conocimientos, prácticas, habilidades, expresiones orales y técnicas milenarias, transmitidas a lo largo de los años por generaciones, y que según la UNESCO deben ser salvaguardadas porque constituyen parte del legado e historia de nuestros antepasados. 

Sin embargo, dentro de la sociedad aún no se les ha atribuido ese valor cultural, por el contrario, “Han sido desprestigiados, deslegitimados e incluso usurpados y puestos en una jerarquía inferior, como saberes de pueblos “atrasados”, “subdesarrollados” o “primarios” y, en el mejor de los casos, han sido considerados como “folklore”, lo que supone una gran problemática, pues, la alimentación y sus disimiles variantes como uno de los elementos de los saberes ancestrales son parte del patrimonio cultural inmaterial desarrolla” (Castro-Viera et al.)

 El Chocho (Lupinus mutabilis Sweet)  es  la única especie americana del género Lupinus, que ha sido domesticada y cultivada como una leguminosa encontrándose en vías de extinción por la falta de información de las características de adaptación del cultivo y sus zonas de conservación, constituyendo una amenaza para la conservación de esta especie en el país, llegando a considerarse un cultivo olvidado y subutilizado (Peralta,2016).

Mantener la tradicional costumbre alimenticia de su consumo en las regiones alto andinas, principalmente en Ecuador, Perú y Bolivia, ha permitido que se mantenga su producción a nivel local, teniendo una incidencia en la economía y aspectos sociales y potencial en el desarrollo rural, sobre todo en los últimos años, también interesadas en la reducción de la pobreza con el uso de los granos andinos, la mejora de la seguridad alimentaria y la conservación del medio natural en las zonas donde crecen estos cultivos se espera que contribuyan a los cambios en la producción y consumo de los granos andinos y en definitiva, ayudar a reducir la pobreza rural, mejorar la seguridad alimentaria y la conservación de los recursos naturales. La superficie del cultivo de chocho en Ecuador es de 5974 Ha (III Censo Agropecuario Nacional). El rendimiento promedio a nivel nacional es de 400 kg/ha; sin embargo en la actualidad se están introduciendo variedades mejoradas con un rendimiento potencial de 1500kg/ha. La comercialización del grano de chocho se realiza de varias formas. Los productores venden a los intermediarios en los mercados locales de Guamote, Alausí, Latacunga, Saquisilí, Cayambe, Otavalo y Cotacachi; los cuales a su vez distribuyen a los procesadores. Los productores de las provincias de Chimborazo (69%) y de Pichincha (71%) consideraron que el precio del chocho en el mercado es bajo y que en muchos casos no permite recuperar la inversión realizada en el cultivo.

En la actualidad existen muchos problemas de desnutrición y malnutrición, por la deficiencia proteica en los alimentos, por el elevado crecimiento demográfico, la escasez y alto costo de las fuentes proteicas de origen animal. Esta problemática demanda producir fuentes proteicas de origen vegetal que sean económicas y accesibles, una alternativa es la producción de concentrado proteico a partir de chocho.

Una de las necesidades básicas del ser humano sigue siendo la alimentación y puede significar, probablemente, la raíz de una cultura. Se debe tener en cuenta que antes de la revolución industrial y de la globalización, los habitantes estaban limitados a lo que podían recolectar y producir de forma local; es por ello, que los sistemas patrimoniales alimentarios se desarrollaron en ese contexto; es decir, tratando de buscar la manera más simple y eficiente de producir y crear alimentos que sean bastante nutritivos. Permitiendo que el patrimonio alimentario siguió evolucionando con el ingreso de productos de otros lugares y fueron adaptados por sus pobladores, deforma útil (Medina, 2017).

Con la finalidad de reducir los costos de producción, en la formulación de los productos cárnicos se han introducido algunas sustancias, denominadas ''extensores'', cuyo objetivo es sustituir una parte de la carne que se emplearía, ofreciendo el aporte proteico y funcional adecuado. Desde una perspectiva económica, el criterio para la utilización de los extensores cárnicos es maximizar las utilidades reduciendo los costos de las materias primas. Así, la máxima proporción alcanzable de un extensor en un producto cárnico dado, está acotada por las diferencias entre las propiedades de la carne y las de los extensores con los que se la sustituye. 

 

Entre las restricciones más importantes están las de orden tecnológico y legal, con un aspecto derivado de este último, que es el referente al valor nutricional y constituyen uno de los extensores más empleados en el reemplazo de proteína cárnica; su, contenido proteico promedio es de 40%, pero algunas variedades del chocho pueden alcanzar porcentajes de proteína bruta entre 42% y 43%, valores que se consideran elevados. La digestibilidad de la proteína proveniente del Lupinus mutabilis es de 80 a 90%y similar al de la soya y tiene semejanza en su contenido de aminoácidos esenciales con la proteína cárnica (Farinango, 2015).

 

El Ecuador en la actualidad da prioridad a cuestiones de soberanía alimentaria, reducción de la pobreza y el desarrollo de recursos locales y capacidades para lograr los objetivos de desarrollo del país. Estas prioridades proporcionan un contexto positivo para trabajar con grupos de indígenas y con los granos andinos. Adicionalmente, varios acontecimientos recientes han dado un impulso para trabajar en granos andinos.

 

La valoración de esta exige conocer tecnologías de transformación, técnicas para aumentar la vida útil, minimizar los riesgos y mejorar las propiedades nutritivas, funcionales y sensoriales, con el objeto de diversificar e incrementar la utilización de su consumo, siendo  hora de que la estrategia nacional de desarrollo, se reoriente hacia el aumento, la diversificación de la producción y el consumo de alimentos nativos como este, con el fin de  aliviar el hambre y la mal nutrición agravada entre otros factores por las dietas y costumbres alimenticias inapropiadas con una tendencia al patrón de consumo occidental caracterizado a la monotonía con alto porcentaje de carbohidratos y bajo consumo de proteínas (Suquilanda, 2012).

La afirmación anterior permite considerar que este cultivo, seguido de los de cereales quinua y maíz, es el sistema más importante en Chimborazo, Pichincha e Imbabura y las principales características botánicas de esta leguminosa permiten la sostenibilidad en las esferas productivas de estos territorios y la generación de una amplia gama de usos, constituyendo un elemento fundamental como nutriente indispensable en la salud de sus consumidores.

 

Esta leguminosa por el elevado porcentaje de proteína que contiene, motivo por el cual también se lo conoce como la soya Andina y los beneficios de esta legumbre en su incorporación a nuestras dietas; le otorgan un potencial como elemento significativo en la mejoría de la calidad de vida de las personas, tratamientos y la extensión de su uso en otros derivados alimenticios y exige conocer tecnologías de transformación, técnicas para aumentar la vida útil, minimizar los riesgos y mejorar las propiedades nutritivas, funcionales y sensoriales, con el objeto de diversificar e incrementar la utilización del consumo del chocho, fortaleciendo la producción y expansión en uso de prácticas sostenibles (Mujica y Moscoso, 2018).

 

Los agricultores han conservado la agrobiodiversidad mediante el conocimiento que ha sido transmitido de generación en generación, a través de la obtención de semillas y propágulos vegetativos, así como su siembra continua; éste es un proceso dinámico, en el que se selecciona e introduce permanentemente variabilidad mediante el libre intercambio de materiales entre comunidades, lo cual ha conducido al desarrollo de las llamadas variedades locales, folclóricas, primitivas de agricultor, teniendo como ventajas, entre otras, la adaptación a ambientes marginales y a estrés, con una conservación vinculada a su utilización y con un proceso evolutivo en marcha, como respuesta a cambios ambientales y presiones de patógenos y pestes (Arias y Medina, 2009).

El conocimiento científico se constituye en la forma adecuada para la solución de los grandes problemas de la sociedad y la toma acertada de decisiones. Al respecto, Núñez Jover (2018) plantea las siguientes pautas:

Creación de una visión holística del desarrollo de la dimensión potencial humano profesional, científico y técnico, potencializando la educación en todos los niveles con un enfoque humanístico. La implementación de la formación de consciencia de la función social de la ciencia en los investigadores, para una contribución ética a la economía local y nacional. La toma de decisiones políticas, culturales, económicas y educacionales por las autoridades correspondientes con respaldo y asesoramiento científico-técnico.El estudio de la sabiduría ancestral y popular, respetando los criterios de los individuos que son poseedores de esta, independientemente de su nivel de escolaridad.El establecimiento de adecuados canales de comunicación y procesamiento de la información, para viabilizar el intercambio con los diversos actores sociales.

 

El gobierno de la revolución ciudadana en Ecuador instrumentó un nuevo orden económico y social basado en la equidad y la inclusividad, estimulando la transformación del patrón productivo de la economía. Así, se requirieron mejoras sustanciales en la formación de capacidades en la educación y para el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto se fundamentó en principios, tales como (Proaño Altamirano, 2019):

Potencialización del talento humano que interviene en el desarrollo productivo en sectores de elevada productividad.Incorporación de la innovación, ciencia y tecnología a los procesos generadores de bienes y servicios en un esquema productivo complejo. Vinculación de los regímenes de educación, tecnología y conocimiento ancestrales al sector productivo.Compromiso e involucramiento de las instituciones de educación superior con el desarrollo económico, beneficiando la empresa y las oportunidades laborales.Incremento de la producción científica, tecnológica y cultural para aportar significativamente a solventar las necesidades de la transformación productiva, invirtiendo en proyectos de investigación y desarrollo. 

Al respecto, la educación universitaria adquiere gran responsabilidad en la formación de los científicos y técnicos del futuro, requiriendo acciones dirigidas al beneficio y perfeccionamiento de las habilidades investigativas en sus estudiantes, con el fin de prepararlos integralmente para cubrir las necesidades sociales de su profesión, mediante el liderazgo empresarial, el humanismo y el espíritu emprendedor (Lara Satán, 2021).

Además de, establecer una armonía con la tendencia global del desarrollo sostenible, generando crecimiento económico procurando favorecer el medio ambiente a partir del establecimiento de adecuadas políticas gubernamentales, las que fomentan la creación de proyectos de investigaciones aplicadas para evaluar y mitigar los riesgos (Saltos García et al., 2020).

Todo lo anterior debe realizarse en medio de un mercado económico y financiero latinoamericano, que tiende al decrecimiento del financiamiento gubernamental de proyectos públicos, fomentando la liberalización y globalización del capital privado que conspira contra un desarrollo sostenible. Esto implica que la implementación de políticas que obliguen a las entidades bancarias a considerar riesgos ambientales y sociales en sus análisis para la concesión de créditos a nuevos proyectos de inversión (Freire Quintero, et al., 2018).

Entonces, la sociedad (comunidad) se organiza en producir bienes, productos o servicios siguiendo normas que protejan el ambiente y garanticen el desarrollo del país, mediante la interacción entre los distintos actores sociales, políticos, económicos y culturales, utilizando responsablemente los recursos disponibles en las actividades productivas con proyección futura (Díaz Rodríguez, et al., 2019).

Esa situación aportó a la tendencia mundial al consumo de productos orgánicos por la población a nivel mundial, lo que se ha establecido como un estilo de vida armónico con el ambiente y beneficioso para la salud individual. Generalmente, estas prácticas agrícolas no utilizan fertilizantes químicos, semillas u organismos genéticamente modificados y su procesamiento se realiza empleando ingredientes naturales (Paladines Ormaza, et al., 2017).

El trabajo de los investigadores que incursionan en la proliferación de estas prácticas debe construir y diseñar capacidades comunitarias, para fomentar la autonomía socioeconómica de estas. Además de indagar acerca de las posibles complicaciones que se presenten En ese nivel se materializan esas producciones y precisan la concentración de recursos (Cantú Martínez, 2019; Rojo, 2019; Aguilar, 2017). 

Entonces, en la actualidad no se cuestiona la necesidad de desarrollar la agricultura sustentable en las comunidades a nivel global, constituyendo un paradigma que cumple con propósitos productivos, económicos, socioculturales y ecológicas. Así, se requiere la implementación procesos dinámicos y multidisciplinario para la evaluación de la sostenibilidad, mediante metodologías apropiadas (Painii Montero, 2020).

(Vilá   Blanco, 2009), corrobora que las ciencias y las investigaciones como pilares en la generación de un sistema complejo de innovación, presiden toda opción de desarrollo y se conciben flexibles, abiertos e integrados a nivel global/local, desde una activa movilidad de la educación universitaria y que la a cultura científica se encuentra en el centro de todo lo analizado  y en sus decursos históricos; además de considerar que adentrarnos en el entendimiento de una cultura científica y sus desafíos educacionales para potenciarla en las condiciones actuales, ha requerido penetrar en la comprensión de cultura, donde la índole de cualquier posible sucediendo. 

A la cultura o las culturas se les toma el pulso en los micros escenarios en que se producen y reproducen, en una palabra, se autogestan y esto es lo que se pudiera considerar  con el logro de la implementación de políticas nutritivas en los ámbitos andinos del Ecuador para poder entender una  cultura científica desde una comprensión que no eluda lo que se ha eludido siempre, a saber: las identidades ciudadanas  inter/retro/actuantes  y  sus posibilidades reales de aprehenderlas y proceder en consonancia con ellas y no chocar con las realidades de otros países en estos procesos .

Al observar el desarrollo de los instrumentos de producción, así como de los aspectos ligados a la fabricación, y al perfeccionamiento de los implementos destinados a la defensa, encuentra una serie de particularidades inmersas, en la historia de la evolución del pensamiento creativo de la humanidad e intenta demostrar que la historia de la técnica está sujeta a la evolución del género humano. Siendo esa parte de la cultura material de los pueblos, la que representa una medida interesante de su nivel evolutivo, así como de la capacidad tecnológica de los hombres para transformar su entorno, logrando mejorar sus condiciones de vida, mediante un proceso de innovaciones en constante ascenso.

 

Esto le permite afirmar que la evolución tecnológica depende directamente del nivel de desarrollo alcanzado por el género humano, tanto desde el punto de vista material, como en todo lo concerniente a la magnitud de su riqueza intelectual y espiritual, afectando por consiguiente, la estructura de la conciencia social, en cada uno de los modos de producción, de acuerdo con la capacidad que cada sociedad posee para asimilar el cambio tecnológico, apropiándose de lo mejor de él, para escalar los peldaños que lo conducen hacia nuevos parámetros de modernización y que sea posible constatar, cómo a partir de la simple elaboración de elementos de características aún muy primarias y elementales, el hombre va generando, apropiando, manejando y difundiendo sus propios aportes al know - how mundial know – how que poco a poco irá adquiriendo características ilimitadas al transferirse, copiarse, innovarse y apropiarse de generación en generación, de sociedad en sociedad, de país en país a través de los lazos invisibles que mueven la economía mundial o sea en la dinámica evolutiva de la humanidad, este saber-hacer o saber técnico se mantiene en el tiempo, gracias a su constante y ascendente movilidad. 

Por esta razón, es posible comprender, cómo de formas aparentemente simples, se fuera pasando hacia otras más complejas, en la creación de respuestas adecuadas, de acuerdo con el nivel evolutivo de cada sociedad, y son estos principios (elementales unos, de alguna complejidad otros), que imprimen la especificidad a cada una de las formaciones sociales en la historia de la humanidad. (Acevedo Pineda, 2010).

Así miso concibe la evolución tanto técnica como tecnológica va acompañada de un movimiento constante y ascendente de las formas sociales, económicas, políticas y culturales, entre otras. 

Para Acevedo Pineda, (2010). En este orden de ideas el hombre va configurando, como hemos dicho, su esquema o estructura de pensamiento acorde con cada momento de su desarrollo, generando respuestas, buscando alternativas y asumiendo los retos que se plantean hacia un futuro más global e interdependiente. donde la carrera tecnológica se ve como amenaza por dejar rezagados a la mayoría de los países, concentrando y monopolizando la producción, aplicación y difusión de la tecnociencia en correspondencia con los requerimientos del medio, esto ha sido una constante en la historia de la humanidad, que a su vez actúa como elemento de acercamiento entre las diferentes sociedades. 

 

Pero el hecho de que el hombre primitivo creara y aplicara la técnica a su favor, constituye la característica diferencial sustancial con respecto al hombre contemporáneo; y reafirma que: ¨la cultura o las culturas se les toma el pulso en los micros escenarios en que se producen y reproducen, en una palabra, se autogestan y esto es lo que se pudiera considerar  con el logro de la implementación de políticas nutritivas en  los ámbitos andinos del Ecuador para poder entender una  cultura científica desde una comprensión que no eluda lo que se ha eludido siempre, a saber: las identidades ciudadanas  inter/retro/actuantes  y  sus posibilidades reales de aprehenderlas y proceder en consonancia con ellas y no chocar con las realidades de otros países en estos procesos¨.

Conclusiones:

La sociedad contemporánea demanda el desarrollo de prácticas agrícolas sustentables, que sean menos agresivas con el medioambiente y generen productos más saludables. La ciencia es la encargada de velar por el alcance de esta necesidad, cumpliendo con los principios bioéticos correspondientes y empleando metodologías para la evaluación y reducción de riesgos ambientales.

 

Las investigaciones como pilares en la generación de un sistema complejo de innovación, presiden toda opción de desarrollo.

 

Existe una tendencia por la población a nivel mundial al consumo de productos orgánicos, que se ha establecido como un estilo de vida armónico con el ambiente y beneficioso para la salud individual y colectiva que engloba todo un ámbito social.

 

El estudio y proliferación de la agricultura ancestral andina constituye una opción viable de producción ecológica, la que además constituye patrimonio cultural y parte importante del desarrollo económico comunitario.

 

La promoción de los beneficios del chocho en la alimentación, industria y salud permite incrementar su producción y consumo en las comunidades andinas y a nivel nacional.

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Palabras clave:

Palabras Clave: chocho (Lupinus Mutabilis Sweet), alimentación sostenible, producción ecológica.

Key Words: chocho (Lupinus Mutabilis Sweet), sustainable food, organic production.

Resumen de la Ponencia:

Palabras clave: Respuestas comunitarias, configuraciones socio metabólicas del agua, conflictos ecológico-distributivos, lenguajes de valoración de la naturaleza. El objetivo de este trabajo es identificar y analizar los cambios en las configuraciones socio metabólicas del agua a lo largo del tiempo en una comunidad del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y las diversas respuestas desplegadas por el sujeto comunitario como estrategias para la continuidad de la reproducción de la vida material y simbólica. Partimos del agua como un recurso fundamental para las actividades básicas de las comunidades, cuya infraestructura puede verse transformada por la intervención de megaproyectos (recordando que la región se ha visto cercada en las últimas décadas por grandes proyectos gestionados por el estado y enfocados en el desarrollo económico del país) o situaciones locales, lo que puede generar fuertes impactos en la vida y desarrollo de estas comunidades. Para este trabajo que se encuentra en curso, se han realizado 17 entrevistas a profundidad, observación participante, recorridos en el territorio y una amplia revisión de archivos históricos, así como un análisis estructural de los datos duros que muestran los cambios relacionados con los flujos de agua. Se han encontrado dos momentos históricos fundamentales en la configuración del agua en la comunidad: la construcción de la presa Benito Juárez en Jalapa del Marqués y la posterior construcción de un canal principal y canales secundarios en el distrito de riego 09 “Tehuantepec”, así como cambios profundos e importantes generados por tensiones intercomunitarias que han desembocado en importantes cambios en el paisaje y en las actividades agrícolas principalmente. Estos momentos históricos han tenido un fuerte impacto en el entorno ecológico, social y económico. Ante estos impactos que se ha generado en la reproducción de la vida material y simbólica en la comunidad de San Pedro Comitancillo, se evidencia a un sujeto comunitario que ha respondido con distintas estrategias que les han permitido continuar con sus actividades campesinas, que tienen un significado profundo en sus vidas. Se ha encontrado también que estas respuestas del sujeto comunitario ante el cambio en su territorio por causas estrechamente relacionadas con el agua, están ligadas con la construcción de distintos lenguajes de valoración de la naturaleza, y en ellas podemos encontrar rasgos de los ethe de Echeverría que se relacionan con las distintas formas de asumir una matriz moderna y capitalista. Los resultados evidencian una permanencia de rasgos de la actividad y estilo de vida campesino.

Resumen de la Ponencia:

El proyecto Tren Maya del gobierno de México, es el eje articulador de una pléyade de inversiones en infraestructura y emprendimientos, públicos y privados, encaminados a la valorización capitalista de los diferentes territorios en su zona de influencia. Estas transformaciones habrán de provocar profundos cambios en la vida, estructura productiva y territorial de la sociedad peninsular. Este proceso es la continuación de una historia de territorialización del capital en la península, que ha dado lugar a la formación de regiones económicas que dieron soporte material a la diversificación cultural de sus habitantes. Por otra parte, la crítica al desarrollo que se ha producido desde la academia, en la coyuntura que el proceso constructivo de esta infraestructura supone, comete el error de sobredimensionar la resistencia de los actores locales, y particularmente la de los pueblos mayas, al construir una narrativa de despojo e imposición de un proyecto de desarrollo territorial que considera ajeno y contrario a los intereses de los pobladores del sureste. Esta posición influida por un esencialismo profundamente arraigado en cierta literatura académica, no contribuye a una crítica al desarrollismo, ni proponen nuevas interpretaciones posibles de la interacción entre fuerzas sociales en conflicto, que permita a quienes resisten innovar en las estrategias de lucha, sino que se conforman con validar desde la posición de prestigio de las universidades, las estrategias y discursos ya construidos por quienes resisten al proceso de territorialización de capital. Contrario a esta postura, esta propuesta sostiene que es necesario explicar por qué la matriz ideológica de la modernidad conserva su hegemonía, frente a estos procesos de transformación a pesar de los constreñimientos que ello supone a la capacidad de los sujetos sociales locales para definir su propio proyecto de vida. Como caso de estudio, el Tren Maya permite una reflexión en profundidad sobre esta problemática, ya que por una parte, su concepción hace eco de proyectos similares que le antecedieron; en cuya ejecución fracasaron gobiernos anteriores de tendencia neoliberal; lo que contrasta con la entusiasta acogida de este por los mismos pobladores que en su momento lo rechazaron. Al ser promovido por un gobierno de corte popular y progresista, la nueva propuesta introduce importantes matices en la forma de gestión tanto del proyecto como del territorio impactado, lo que en parte contribuye a explicar la mejor disposición de las comunidades rurales y urbanas del sureste; pero al mismo tiempo, parece resonar con el cambio en los imaginarios de futuro que, desde hace décadas vienen documentando, otras corrientes teóricas entre los habitantes originarios de la península yucateca, inmersos en el proceso de globalización.

Resumen de la Ponencia:

El presente trabajo desarrolla el proceso de adecuación y avances de los proyectos en el Centro Regional Chaco Formosa del INTA como instrumento de extensión rural en el marco de la pandemia del covid 19. En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)[i], a través de la implementación de proyectos desde las demandas y oportunidades del territorio; la intervención se realiza integrando la investigación, la transferencia, la extensión, el relacionamiento institucional público-privado y la vinculación tecnológica. La actual cartera de proyectos contiene la propuesta de proyectos locales, que son instrumentos programáticos que responden a situaciones muy específicas de localización geográfica acotada. El proyecto es liderado por un coordinador, apoyado por un equipo de gestión integrado por referentes temáticos regionales y nacionales. Su duración es de 1 a 2 años en función del tema, avance y resultados obtenidos. Cuenta con un plan de gestión y presupuesto. El Centro Regional Chaco Formosa definió proyectos locales con enfoque en temáticas foresto ganadero, diversificación de la oferta forrajera, innovación en los sistemas ganaderos familiares, agregado de valor a las producciones de frutas tropicales, manejo sustentable de los sistemas productivos de los pequeños productores, fortalecimiento de los sistemas hídricos intraprediales, brechas de rendimiento en soja y maíz, aprovechamiento de la caña de azúcar para el desarrollo rural. El diseño y ejecución de los proyectos se enmarcó en el aislamiento y distanciamiento social generados por la pandemia del COVID-19 durante el año 2020, imponiendo en la organización un escenario novedoso, con respuestas desde las capacidades organizativas de adaptación y recuperación de sus actores.La principal estrategia fue el uso de recursos digitales a través de TIC´s, y como consecuencia directa tuvo (algunos casos), la ampliación de la demanda y audiencia trascendiendo límites geográficos. Sin embargo, pudo advertirse un impacto diferencial en función de los objetivos de los proyectos según como las posibilidades de acceso a servicios digitales. Los sectores y organizaciones más vulnerables que fueron afectados por la coyuntura, se vieron obligados a desarrollar estrategias de supervivencia, donde puede observarse un rol protagónico de los productores, dado que la presencia física de los técnicos especialistas no era posible. También destacamos, la mayor sinergia con otras instituciones del medio. [i] El INTA es un organismo descentralizado y autárquico del estado nacional argentino, creado por el Decreto-Ley 21680/56, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La estructura política está compuesta por el Consejo Directivo a nivel nacional y los Consejos de Centros Regionales y de Investigación, mientras que la estructura ejecutiva comprende a la Dirección Nacional, los Centros Regionales y de Investigación, los Programas y Redes. (Plan Estratégico Institucional. 2015-2020)

Introducción:

El INTA es un organismo descentralizado y autárquico del estado nacional argentino, creado por el Decreto-Ley 21680/56, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La estructura política está compuesta por el Consejo Directivo a nivel nacional y los Consejos de Centros Regionales y de Investigación, mientras que la estructura ejecutiva comprende a la Dirección Nacional, los Centros Regionales y de Investigación, los Programas y Redes. 

Tiene como objetivo: “impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”. Cuenta con una amplia cobertura territorial en todo el país y se encuentra organizado por Centros Regionales e Institutos de Investigación. En el caso particular que desarrollaremos el caso de estudio se encuentra situado en el Centro Regional Chaco-Formosa (CR), cuenta con una estructura que abarca una Dirección Regional localizada en la ciudad de Resistencia, y 5 Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA). Las EEA Colonia Benítez, Sáenz Peña y Las Breñas se encuentran en la provincia del Chaco mientras que El Colorado e Ingeniero Juárez se ubican en la provincia de Formosa y un Área de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar. En dichas Unidades, se encuentran vigentes grupos de trabajos para temáticas específicas, en el marco del perfil tecnológico/agropecuario de cada Experimental. Se destacan los referidos a producción animal, producción vegetal, forestales, mejoramiento y calidad de fibra, protección vegetal, recursos naturales, gestión ambiental, entre otros. En cuanto al sistema de extensión y transferencia de tecnología a nivel regional, el mismo se asienta sobre: ● 21 Agencias de Extensión Rural (AER, 11 en Chaco y 10 en Formosa), ● 11 Oficinas de Desarrollo Rural (ODR, 9 en Chaco y 2 en Formosa), ● 3 Unidades Operativas de Pro-Huerta (UO, 2 en Formosa y 1 en Chaco) y ● 1 Oficina Metropolitana para el Gran Resistencia (en Barranqueras, Chaco). En términos de capital humano, del total de 453 personas que trabajan en el Centro Regional Chaco–Formosa, el 65% tiene asiento de trabajo en Unidades de la provincia de Chaco y el 35% restante, en la provincia de Formosa.

 

Programáticamente, en INTA se han formulado para las provincias de Chaco y Formosa 5 Plataformas de Innovación Territorial (PIT), integrando el accionar institucional en las siguientes zonas: 

● Domo Central Chaqueño 

● El Impenetrable 

● Este de la provincia de Chaco 

● Este de Formosa y departamento Gral. San Martín en Chaco 

● Centro Formoseño 

● Chaco Semiárido Salteño-Formoseño 

 

También se han priorizado 9 Proyectos Locales, los cuales se listan a continuación: 

Aportes tecnológicos a los sistemas de producción ganadera del centro de la provincia de Formosa. Fortalecimiento de los sistemas hídricos intraprediales en productores familiares del sudoeste chaqueño. Aprovechamiento agroindustrial a la caña de azúcar para el desarrollo rural de Makallé y sus zonas de influencia. Coconstrucción de conocimiento e innovación para la adecuación y apropiación de tecnologías en los sistemas. Agregado de valor a las producciones de frutas tropicales (banana y mango) de la agricultura familiar en el Departamento Pilcomayo, de la Provincia de Formosa, mediante mejoras en la etapa de empaque y maduración Manejo sustentable de los sistemas productivos de los pequeños productores de los departamentos Pilcomayo y Pilagás. Foresto ganadero sustentable del Impenetrable Chaqueño.  Brechas de rendimiento en soja y maíz para el Chaco subhúmedoDiversificación de la oferta forrajera en el Chaco Semiárido.

https://sitios.inta.gob.ar/

 

La gestión operativa del Centro Regional Chaco-Formosa se realiza a través del enfoque matricial de las mesas de gestión en sus diferentes niveles en la organización, en las cuales se integrarán los componentes institucionales para impulsar el aprendizaje continuo y la innovación, con el fin de aportar soluciones socio-tecnológicas para la región. Como en todo proceso de toma de decisiones, resulta fundamental la planificación, el monitoreo y la evaluación para la priorización de las estrategias, en el marco de las actuales herramientas vigentes (Plataformas de Innovación Territorial Regionales e Interregionales, Centro Regional Chaco-Formosa Proyectos Locales, y la activa participación en Proyectos Estructurales, Proyectos Disciplinarios, Redes Innovación, Plataformas Temáticas, Proyectos con financiación externa y convenios).

 

Desarrollo:

El aislamiento y distanciamiento social generados por la pandemia del COVID-19 durante el año 2020, irrumpió en la dinámica organizacional que se caracteriza por priorizar los diagnósticos participativos para las propuestas programáticas. El escenario pandémico y particularmente el distanciamiento social, impuso un escenario desconocido y novedoso, pero que, sobre la base de la dinámica y ejercicio institucional que promovía el uso de herramientas de comunicación digital, dotó de habilidades que supieron dar con respuestas desde las capacidades organizativas de adaptación y recuperación de sus actores para el diseño de los proyectos locales. Estos instrumentos programáticos, abordan problemas puntuales y focalizados en los territorios, por lo tanto, se configuran con un fuerte componente de extensión y transferencia. 

Fior (2008) describe la tarea del sector de extensión como más permeable que la investigación, porque la urgencia de resolver los problemas inmediatos, “cotidianos” de los productores. Entre sus valores pueden señalarse: el reconocimiento de la importancia de estar en permanente contacto con la realidad productiva agropecuaria y particularmente de la zona en la que cumplían su labor, la clara noción de servicio en su tarea con una comunidad, la ponderación de los aspectos económicos y financieros que influyen en la adopción de tecnología y la necesidad de realizar experimentos de validez local o regional aún en desmedro del rigor estadístico. Por otra parte, también desde el INTA se reflexiona el tema de la extensión rural, como una tarea que no es sencilla porque se entrecruzan las incertidumbres, la velocidad de los cambios, los conflictos, la pobreza y las desigualdades, la inseguridad alimentaria, la falta de sustentabilidad de los sistemas productivos y las múltiples complejidades avanzan sobre el conjunto de las sociedades de todo el planeta. Catullo (2020), conceptualiza a la extensión rural, como conjunto multidisciplinario (facilitador, mediador, educador, capacitador, comunicador, tecnólogo,) propende a gestionar capacidades humanas, conceptuales y metodológicas para alcanzar los resultados deseados. Este autor, analiza la pregunta que surge desde la misma acción: ¿qué resultados esperamos? Por otra parte, se hace necesario definir que la extensión, la asistencia técnica y la transferencia como concepto que si bien, tienen muchos puntos en común, difieren en marcos conceptuales y epistemológicos. El acuerdo en el que se concluye es el propósito final de la extensión rural para incrementar las capacidades de gestión de los recursos disponibles, en un marco de desarrollo sustentable, donde el individuo pasa a ser el sujeto y no el objeto de las acciones e intervenciones.

Desde este lugar protagónico del productor, son numerosos los autores que expresan la necesidad de generar procesos participativos y de “apropiación” para el logro efectivo de las acciones de extensión. (Gibelli, 2015).  No obstante, es una de las dificultades más importante con la que se encuentran los profesionales de la extensión y en el que se ponen en juego destrezas y habilidades de los profesionales.  Existen también, diferentes metodologías y estrategias para lograr la apropiación de los procesos, pero dada la particularidad de los procesos y las variables intervinientes los logros son muy dispares y heterogéneos. 

Otra particularidad de la extensión, está dada por el rol de la a comunicación como base que sustenta la extensión y transferencia. En tal sentido, cabe resaltar el rol de las nuevas tecnologías que hace más de 20 años se vio fortalecida por el avance de recursos y la apropiación generalizada de la población. Catullo (2020), retoma los conceptos vertidos por Espíndola (2005) en la cual explica que la e-Extensión comprende “aquellas tareas que se basan en el uso intensivo de TIC supone desarrollar muchas de las acciones de forma virtual y a distancia” Esta modalidad, permite realizar acciones en tiempo real (por Internet) y con mayor número de participantes en forma simultánea, facilita el desarrollo de redes horizontales y adiciona la "multidireccionalidad" en la comunicación. No obstante, las dificultades para el acceso masivo, por falta de infraestructura en todo el territorio nacional dificulto que algunos sectores de la población y de los profesionales de la institución tengan fluidez en el manejo de esta herramienta.

 

Justamente, en el periodo de ejecución de los proyectos locales, se reforzó como principal estrategia fue el uso de recursos digitales a través de TIC´s, y como consecuencia directa tuvo (algunos casos), la ampliación de la demanda y audiencia trascendiendo límites geográficos. Sin embargo, pudo advertirse un impacto diferencial en función de los objetivos de los proyectos como también de las posibilidades de acceso a servicios digitales. 

 

Las redes sociales se constituyeron en el escenario en el que convergieron los productores, instituciones y particularmente los profesionales del INTA, a partir de herramientas como los grupos de whatsapp, facebook y salas de reuniones (zoom, meet). En palabras de Catullo (2020) este espacio fue clave en la participación, la posibilidad de conversar e interactuar, y se constituye en un poderoso instrumento de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Es decir, los sectores y organizaciones de productores que fueron afectados por la coyuntura, se vieron obligados a desarrollar estrategias de supervivencia. Al encontrarse en el territorio, con la necesidad de resolver problemas concretos, prevalece el rol protagónico de los productores en las propuestas de dichos proyectos, siendo testigos claves de las innovaciones tecnológicas y relatores de los sucesos a los técnicos especialistas que no podían estar presencialmente. 

Por otra parte, si bien el trabajo interinstitucional y en redes es una constante en las acciones que lleva adelante el INTA, el ejercicio de trabajo en conjunto y mancomunado se puso de manifiesto y se vio fortalecido en la etapa de distanciamiento social, dado que las organizaciones del territorio acompañaron a los productores de manera tal que las acciones se llevaron a cabo sin altibajos y redoblados esfuerzos.

 

Conclusiones:

Los proyectos locales se realizaron en todas sus etapas porque existía un trabajo previo con las organizaciones y los productores, se conocía en detalle las necesidades y posibilidades de acción.  Las tareas realizadas con otras organizaciones compenso la ausencia física de los profesionales del INTA y favoreció que otros actores del territorio -principalmente los productores- tomen un rol activo. Las situaciones de cambio se ven fortalecidas por contar con estructuras flexibles y la preparación correspondiente. 

Bibliografía:

Catullo, Julio Cesar. (2020) Una aproximación a la extensión rural. Aspectos teóricos metodológicos y empíricos para el estudio de los territorios. http://hdl.handle.net/20.500.12123/9648

Fior Mabel. (2005) Estrategias de Comunicación para la articulación investigación- extensión. Vínculos y construcción de sentido en torno al concepto de interdisciplina en equipos de trabajo. https://inta.gob.ar/documentos/estrategias-de-comunicacion-para-la-articulacion-investigacion-extension

Gibelli, Nelson Raúl. (2015) Puentes para el cambio. https://inta.gob.ar/documentos/puentes-para-el-cambio

Nicora, Amadeo;   Bosch, Mariano Miguel (2016) Plan Estratégico Institucional 2015-2030. PEI 2015-2030. un INTA comprometido con el Desarrollo Nacional https://inta.gob.ar/sites/default/files/pei-inta2015-2030.pdf

 

Palabras clave:

proyecto, participación, territorio

projects, participation, territory

projeto, participação, território,

Resumen de la Ponencia:

En América Latina, las fronteras agrarias se flexibilizan y mutan, se imponen otros usos del suelo no siempre sustentables, actividades agrícolas a escala, actividades extractivas irrumpen produciendo fuertes transformaciones ambientales y sociales, en tierras otrora consideradas marginales; no sin resistencias por parte de organizaciones del campo, movimientos sociales y del aparato científico tecnológicoEspecíficamente, en el territorio de la Patagonia norte “la avanzada extractiva produce una fuerte estructura de desigualdades, así como la dislocación del tejido económico y social previo.Las principales tensiones en el uso del suelo en territorios de oasis agrícolas en la Patagonia norte están dadas por la fuerte incidencia de actividades no agropecuarias en las áreas tradicionalmente rurales: la explotación de hidrocarburos y la ocupación del suelo agrícola por urbanización vinculada a las demandas turístico-recreativas y a las necesidades habitacionales. Consecuentemente, el territorio productivo se repliega y las amenazas de transformaciones en el uso del suelo, así como la pérdida de calidad de suelo y de agua son crecientes. Se trata de un conflicto regional que se viene configurando en torno a políticas nacionales y tendencias globales, con impacto directo en el territorio (política energética, productiva, macroeconómica, cultural) y a una economía regional básicamente frutícola, que tiende cada día a una mayor concentración, a una profundización de la brecha tecnológica y a la expulsión de actores sociales del sistema. La dinámica del espacio rural se complejiza con la presión territorial del gran capital y los procesos de privatización, es decir, con la apertura del mercado de tierra hacia fines del siglo pasado. La Región Patagonia norte comprende a las provincias de Neuquén y Río Negro. Son provincias con una matriz productiva que, aunque se basa en sectores primarios, presentan una cierta diversificación agropecuaria, agroindustrial, minera, energética, turística; y un relativo dinamismo respecto de otras regiones no centrales de la Argentina.En particular, en Patagonia norte, la principal subregión agrícola está constituida por las áreas frutícolas de las cuencas del río Negro y Neuquén, es la zona privilegiada de la manzana y la pera; pero también se cultivan otros frutales, viñedos y hortalizas. El foco central de la propuesta, a modo de resultados preliminares en el marco del proyecto de investigación de Universidad Pública, es construir el Estado del Arte concerniente a los conflictos sociales en el uso del suelo en un contexto de acumulación del capital en la región, de transformaciones territoriales y de tensiones en el sector agrario, que tiene lugar en el área tradicional denominada Alto Valle de Río Negro y Neuquén ubicada en esa Región .La estrategia metodológica atiende una serie de operaciones y decisiones metodológicas necesarias que se diseñan en función de los objetivos, las preguntas y el problema de investigación planteado.

Resumen de la Ponencia:

El municipio de Hopelchén, Campeche, tradicionalmente hogar de ejidos de Maya, está afectado por la expansión de agricultura comercial mecanizada resultando en deforestación y contaminación ambiental, el abandono de las prácticas agrícolas tradicionales, y reorganización territorial por venta o renta de tierra a los Menonitas, migrantes religiosos del norte de México de ascendencia europea. Mientras Menonitas se especifican en la producción agrícola industrial, la estrategia de los Mayas combina las tres actividades productivas: agricultura, apicultura y ganadería vacuna para carne. Si bien Mayas y Menonitas cooperan en la producción agrícola, la contaminación de miel con los pólenes de soya transgénica, que ya no era posible exportar, provocó tensiones interétnicas, basada en intereses económicas y ambientales. La ganadería juega un papel importante en el sustento y seguridad alimentaria y económica las comunidades Maya, y forma parte de sus tradiciones, valores y paisajes. Las condiciones ecológicas y climáticas de la región no favorecen la ganadería extensiva con pastos inducidos, actualmente el sistema de producción predominante. Se observa un espacio para mejorar y para hacer una transición hacia prácticas pecuarias sustentables que puedan reducir la presión sobre los bosques. No obstante, es importante conocer las prácticas tradicionales que contribuyen a la sustentabilidad y explorar la posibilidad de su replicación. Para conocer las practicas ganaderas, identificar aquellas que se consideran sustentables, y explorar las razones o limitantes para su adopción, aplicamos las entrevistas semiestructuradas y visitas al campo (hasta el momento 15) a los pequeños y medianos ganaderos de los ejidos Maya, enfocándonos en la región La Montaña donde se concentra mayor número de cabezas de ganado en Hopelchén. Identificamos varias prácticas tradicionales agrosilvopastoriles principalmente cercas vivas, barreras rompevientos, franjas de bosque como separación entre parcelas, árboles dispersos en potreros para sombra y ramoneo, y control manual de maleza. La adopción o continuidad de estas practicas depende de características del ejido incluyendo su tamaño (número de hectáreas/ejidatario), reglas y organización interna, y ubicación de parcelas con pastos. Los ganaderos de ejidos grandes tienen más practicas sustentables, mientras que colindad con los campos Menonitas tienen menos. Aunque dos grupos étnicos no se relacionan directamente en la actividad ganadera, excepto para el establecimiento de potreros (desmonte) e construcción de infraestructura (pozos), la dinámica de uso de territorio inducida en el municipio por los Menonitas tiene un impacto indirecto en las practicas pecuarias. Adicionalmente, el cambio de uso de suelo tiene un impacto en los cambios de condiciones climáticas regionales aumentando la vulnerabilidad de la actividad ganadera y su desplazamiento a nuevas áreas, aumentando deforestación y degradación forestal. 

Resumen de la Ponencia:

Este trabalho tem como objetivo destacar as contribuições da produção familiar na metrópole paulista, como dinamizador e manutenção de um território de importância ímpar para o Município de São Paulo, identificando-se os efeitos diretos e indiretos sobre território, e população paulista. Para estimar estes efeitos o presente estudo adotou bases cartografias de uso e ocupação do solo, dados de pesquisa de campo e da prefeitura de São Paulo. A produção agrícola na porção sul sofre o enfrentamento com os espaços urbanos, beneficia-se das práticas e das demandas urbanas, favorecendo e possibilitando a produção de cultivos diferenciados direcionados para o consumo da metrópole. O que possibilita uma dinâmica singular na relação rural-urbano nesse espaço metropolitano, colocando em movimento um processo de reprodução da agricultura familiar, em momentos distintos da história da evolução da metrópole, passando do cinturão caipira, ao cinturão verde e atualmente a diversidade produtiva e populacional num espaço de Áreas de Proteção Ambiental. A preservação dos serviços ecossistêmicos o capital natural e sua importância para o equilíbrio ambiental frente a crescente degradação e depleção do mesmo, tem sido possível por conta da produção agrícola, por meio dos agricultores familiares em suas pequenas propriedades, por meio da história de vida dos sujeitos históricos, buscou-se revelar os processos de resistência e permanência, contrariando toda uma lógica da metrópole urbana num embate cotidiano com o processo de urbanização.

Resumen de la Ponencia:

Al sur poniente de la Ciudad de México existen cuatro poblados rurales ubicados en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, que están conviviendo con la dinámica de un denominado territorio global (Santa Fe). El poblado de San Lorenzo Acopilco es uno de ellos, este se encuentra ubicado en una franja en que lo rural y lo urbano se combinan, ya que está asentado en un espacio geográfico localizado en un límite político-administrativo que es difuso, y entre sus características cuenta con prácticas socio culturales que conforman su identidad social. En este poblado se puede encontrar el proceso urbano de la gentrificación con elementos similares al que está ocurriendo en la centralidad de las grandes urbes, con la diferencia de generar una partición del territorio a través de una forma de espacialización que surge a partir de la oferta de un espacio social y de condiciones de habitar que el modo de vida urbano ya no puede ofrecer. Esta ponencia es un avance de la investigación doctoral, con un enfoque cualitativo, en la que el método etnográfico y el análisis en la virtualidad han permitido visibilizar las problemáticas que el continuo proceso de urbanización en esa zona de la ciudad ha provocado y que teóricamente pone a discusión la continuidad de pares de oposición como rural-urbano, campo-ciudad, tradicional moderno y la existencia de la categoría hibrida de rururbano.

Introducción:

En esta ponencia se presenta un avance de la investigación de la tesis doctoral, la cual tiene como zona de estudio el pueblo de San Lorenzo Acopilco, localizado al poniente de la Ciudad de México.

El enfoque del trabajo es cualitativo y tiene por objetivo analizar a partir de la etnografía de qué manera el proceso de la gentrificación ha impactado en las prácticas socio culturales del pueblo urbano de San Lorenzo Acopilco, ubicado en la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, para lo cual se utilizaron diferentes técnicas de recolección de datos: entrevistas, fotografías y recolección de publicidad, por mencionar algunos.

La pregunta con la que se parte es la siguiente: ¿Cómo la gentrificación está reconfigurando al pueblo de San Lorenzo Acopilco?

Desarrollo:

El espacio y el territorio como conceptos de análisis para la gentrificación.

 

Algunos de los conceptos que se utilizan para la investigación son el de espacio y el de territorio. Henry Lefebvre define el concepto de espacio de la siguiente manera: "envuelve a las cosas producidas y comprende sus relaciones en su coexistencia y simultaneidad: en su orden y/o desorden […]. En tanto que resultado de una secuencia y de un conjunto de operaciones, no puede reducirse a la condición de simple objeto” (Lefebvre, 2013, p. 129). Al espacio lo categoriza como social, y es en este espacio social en el que se desenvuelven los actores sociales y que además da pauta a que se realicen diversas acciones y a que también surjan ciertas prohibiciones. Además, va a identificar que no solamente existe un espacio social, sino que van a coexistir diferentes capas espaciales por lo que estas tienen una característica esencial y es que se encuentran superpuestas y se interpenetran y/o se yuxtaponen (Lefebvre, 2013, p. 43) a pesar del establecimiento de límites físicos u otros signos subjetivos que los establezcan, los diferentes espacios sociales se logran integrar y complementar.

El siguiente concepto es el de territorio, sobre este refiere Claude Raffestin que surge al ser el espacio apropiado en dos sentidos, concreta o abstractamente, como resultado de las luchas de poder (Raffestin, 2011, pp. 102-114). En este sentido, las practicas socio culturales que se desarrollan al interior del territorio del pueblo urbano tienen gran importancia, ya que el desenvolvimiento de los actores sociales sobre el espacio va a definir la forma simbólica del territorio del pueblo urbano, mientras que la delimitación político-administrativa puede aproximarnos a la extensión del territorio.

Un tercer concepto adherido a los anteriores es el de la identidad social. María Ana Portal y José Carlos Aguado la definen como “el proceso de identificaciones históricamente apropiadas que le confieren sentido a un grupo social y le da estructura significativa para asumirse como unidad” (Aguado y Portal, 1991:47 en Portal, 2003, p. 46), para lo cual la experiencia y la trayectoria histórica son dos factores importantes en su construcción. Por otro lado, hay dos dimensiones importantes para poder abordar su estudio: el tiempo y el espacio, estos “son dos evidencias […] básicas sobre las cuales la cultura modula e incorpora a los individuos que la integran, e imprime un sentido social a sus prácticas cotidianas” (Aguado y Portal, 1991, p. 31). En este sentido, el territorio es parte de la identidad social y a la vez es una práctica socio cultural en el que se desarrollan otras que están marcadas en instrumentos de medición como el calendario y que son parte de un ciclo ritual, es decir, las fiestas patronales, las fiestas nacionales, el día de la candelaria, la semana santa, el cambio de mayordomía, etc., que se efectúan anualmente, y aquellas que son parte de la vida cotidiana de los actores sociales. Entre las festividades propias del pueblo de San Lorenzo Acopilco se pueden mencionar principalmente tres: la fiesta al Padre Jesús (cuarto viernes de cuaresma), la fiesta a San Lorenzo diacono y mártir (10 de agosto) y el día de muertos (finales de octubre y principios de noviembre). Estas tres festividades tienen su propia espacialización del territorio, que puede comprender solamente la centralidad histórica o incluso abarcar las áreas más alejadas.

Un proceso de transformación en el territorio es el de la gentrificación, que en este caso es diferente al detectado en la centralidad urbana, y para esta investigación se aborda la gentrificación de tipo rururbana, por la ubicación geográfica de la zona de estudio. La gentrificación rururbana tiene la característica de estar detectada principalmente en las periferias de los poblados rurales, por ser estos espacios los que cuentan con terrenos baldíos o sembradíos y con baja densidad poblacional (Lorenzen, 2015, p. 278), por lo que las casas son nuevas, en forma individual o como condominios horizontales. La gentrificación es parte de un modelo económico y en el ámbito rural o en el rural-urbano es consecuencia de aquella forma de habitar que el modo de vida urbano no puede ofrecer, por lo que se busca la tranquilidad, un ambiente sano, seguridad, y la publicidad utilizada tiene la característica particular de ofrecer una cercanía con la naturaleza. Es decir, es esa búsqueda del “retorno al campo” (Nates Cruz y Velásquez López, 2019, p. 146) y la “idea de estar dentro de la ciudad con un imaginario de campo” (Nates Cruz, 2018).

 

San Lorenzo Acopilco, un contexto hibrido.

 

Este poblado que se encuentra en un límite difuso entre lo rural y lo urbano, se definió como rururbano a partir de los testimonios y de sus propias características: 

Otoniel Contreras Esquivel escribe en su tesis de licenciatura lo siguiente:

 

[San Lorenzo Acopilco] ha tenido cambios importantes en su economía, […], era una comunidad agrícola, aún conserva sus características rurales, pero se transforma lentamente en urbana. Sigue siendo en su mayor extensión una tierra de cultivo; pero el casco del poblado y sus exrancherías de las Maromas, la Pila, el Tianguillo, la Mina Vieja y Xalpa se construyen cada vez más casas. Por ellos debe considerarse como una sociedad hibrida, donde convive el campo y lo citadino (Contreras Esquivel, 1994, p. 104).[1]

 

En otro de los testimonios se considera que Acopilco, como también es llamado, “está fuera, aunque pertenece a la CDMX, y es rural, aunque la demanda de los habitantes debería ser urbano”, otro dice lo siguiente: “es fuera de la ciudad […] rural todavía, sí porque se rige con costumbres y tradiciones […] Si ha crecido bastante. A veces es necesidad del mismo comunero de vender parte de sus tierras”.

 

Ilustración 1 Localización de San Lorenzo Acopilco en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. Elaboración propia.

 

Una de las características de la gentrificación rururbana es que ésta se puede localizar en la periferia de las poblaciones rurales al ser la zona en donde existe una menor población, sin embargo, esto no se ve reflejado en el pueblo urbano ya que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado por el INEGI en el año 2020, su periferia es una de las más pobladas. La población total de Acopilco es de 26 042 habitantes, por lo que las manzanas más pobladas tienen un rango de 449 a 1341 habitantes, algunas ubicadas a los costados de las avenidas Monte de las Cruces y de la avenida de las flores, que es donde precisamente se ubican las ex rancherías mencionadas por Contreras Esquivel, y las manzanas menos pobladas se encuentran en la centralidad histórica que tienen un rango de cero a 448 habitantes.

En campo, la gentrificación no se logra percibir visualmente, ni se encuentran letreros de inmobiliarias, aunque sí está internalizado espacialmente por algunos habitantes en qué zonas se ubica la compra, venta y renta, sin embargo, en internet se encontraron y se analizaron algunas páginas web con información inmobiliaria, lo cual visibilizó principalmente la venta y renta de casas (icasas.com, metroscubicos.com, propiedades.com, segundamano.mx, vivanuncios.com.mx, y AIRBN).

Una característica en común de estos inmuebles es que se localizan en dos de las principales avenidas, la avenida Monte de las Cruces y la avenida de las flores, que además destacan en los anuncios como las principales vías de acceso al pueblo urbano. Los anuncios son una manera de espacializar el territorio por medio de las direcciones de los inmuebles y así poder observar una fragmentación y una capa espacial que se agrega a otras dimensiones de la vida social como las festividades religiosas, las fiestas cívicas, la división política o religiosa, entre otras.

 

Ilustración 2 Publicidad. Obtenido de https://img10.naventcdn.com/avisos/18/00/60/25/68/55/720x532/290267635.jpg

 

Estos anuncios además contienen variables o un listado de características que generan un plusvalor, en donde los protagonistas son el paisaje, la proximidad con lugares al exterior del pueblo y los servicios, aunque son una forma de segregar porque dado que se localizan en el interior del pueblo de San Lorenzo Acopilco, no se llega a mencionar, en su mayoría, alguna festividad en específico, las rutas de transporte público, escuelas públicas, mercados, los lugares de reunión de la población, las iglesias, etc., por lo que se observa una segregación al nivel de la espacialización por medio del lenguaje y que se adhiere a la segregación a nivel del lenguaje por medio de categorías poblacionales como “fuereño”, “avecindado” y “originarios”.

Existe un eslogan interesante en uno de los anuncios “Tu casa de campo en ciudad te espera”[2], que es una muestra de ese “retorno al campo” y la “idea de estar dentro de la ciudad con un imaginario de campo” que se mencionó anteriormente. Y es que, aunque parece lejano, este poblado continúa siendo Ciudad de México y las carreteras, como vías rápidas, reducen el tiempo de traslado hacia lugares estratégicos como Santa Fe, Interlomas o la ciudad de Toluca.

Son contados los anuncios en dónde se realiza alguna referencia al pueblo de Acopilco, por ejemplo: “San Lorenzo Acopilco es un pueblo tradicional con 500 años de antigüedad. En el pueblo las tradiciones culinarias de la región, barbacoa, carnitas, tlayudas, tamales, pan dulce y chorizo verde son recomendadas. Uno puede degustarlas en el mercado los miércoles”. Otro anuncio decía lo siguiente: “Escondido entre los árboles del Desierto de los Leones, tranquilo y a sabiendas de su riqueza, el pueblo originario de San Lorenzo Acopilco es una muestra de lo que la vida de pueblo era en esta gran Ciudad: milpas, raspadores de pulque y árboles, muchos árboles. El clima es frío, abrígate bien, las temperaturas promedio en diciembre, enero y febrero oscilan entre los 10 a 15°C durante el día y 2 a 8 °C por la noche”[3].

Las anteriores son descripciones de las prácticas culturales que se desarrollan en el pueblo y que forman parte de su identidad social, las cuales buscan conservar a pesar del desarrollo urbano. Sin embargo, además de la proximidad, en los anuncios se hace énfasis en variables que generan un plusvalor de las propiedades con aspectos que en la ciudad es difícil de encontrar, por ejemplo, la tranquilidad, el ambiente sano, la seguridad, entre otras. Y la capitalización del paisaje que se encuentra entorno al poblado. Siempre dirigidos a un consumidor con un alto poder adquisitivo.

 

[1] Otoniel Contreras Esquivel es oriundo del pueblo de San Lorenzo Acopilco.

[2] Recuperado de: https://propiedades.com/inmuebles/casa-en-venta-cuajimalpa-san-lorenzo-acopilco-df-21539927#area=san-lorenzo-acopilco-df&tipos=casas-venta&orden=&pagina=1&paginas=2&pos=1

[3] Recuperado de: https://www.airbnb.mx/rooms/48657230/location?adults=1&federated_search_id=82dba4d5-4676-41f1-833c-7ac262500%E2%80%A6&source_impression_id=p3_1644432651_4ZId6q4MZmW2nTUq.

Conclusiones:

Reflexión final.

 

Para finalizar, el analizar otro tipo de fuentes complementarias a lo observado en campo permite descubrir un discurso en el que se puede percibir un imaginario social en el que destaca la construcción de un espacio social y la aparición de una capa-escala de la vida social del pueblo urbano que interactúa con el de la vida cotidiana y las tradiciones. Además de que fragmenta el territorio, como una forma de segregación, y que ese segmento se interconecta con otros territorios a través de itinerarios, también se convierte en una forma de espacialización que incluso esta predeterminada por quienes están redactando los anuncios publicitarios. En tanto que el territorio que queda “separado” ocasionalmente es mencionado tangencialmente a pesar de ser un mismo territorio. La gentrificación no solamente está condicionada a la rehabilitación de vivienda, sustitución de una población de bajo poder adquisitivo o nuevas edificaciones, y el incremento de ciertos costos, sino que también afecta el territorio y la espacialización de este.

Aunque se le considera como un pueblo urbano, la condición legal de comunidad agraria y sus características aún rurales permiten que la categoría de rururbano explique el contexto y además hace que persistan los pares de oposición de lo rural y lo urbano, lo tradicional y lo moderno, y del campo y la ciudad. Poniendo siempre en esta triada el ámbito rural al inicio porque es la identidad social de la zona de estudio, y lo urbano en segundo lugar y además conlleva un sentido negativo debido a que trae un incremento poblacional a consecuencia de la migración y por el desdoblamiento orgánico de las familias locales, el desarrollo inmobilario en zonas cercanas, y un efecto de la gentrificación como parte del proceso de urbanización que mercantiliza el paisaje natural que rodea al poblado, entre otras cosas aún por explorar y de las cuales la antropología y las ciencias sociales en general pueden dar cuenta.

Bibliografía:

Aguado, José Carlos y María Ana Portal (1991). “Tiempo, espacio e identidad social”, Alteridades, vol. 1, núm. 2., pp. 31-41.

Contreras Esquivel, Otoniel (1994). San Lorenzo Acopilco: microhistoria de un pueblo. Tesis de licenciatura: México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras.

Lefebvre, Henri (2013). “2. El espacio social”, en La producción del espacio. España: Capitán Swing, pp. 125-216.

Lorenzen Martiny, Matthew James (2015). “Capítulo 13. ¿La gentrificación rural y urbana como factor de anclaje de la población originaria? Indicios desde Morelos, México”, en Víctor Delgadillo, Ibán Díaz Parra y Luis Salinas (coord.) Perspectivas del estudio de la gentrificación en México y América Latina. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geografía, pp. 275-300.

Nates-Cruz, Beatriz (2018). “Territorialidades rururbanas o rururbanidad contemporánea”, Revista de Antropología y Sociología : VIRAJES, vol. 20, núm. 1, pp. 5-12. [https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/virajes/article/view/3173].

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Palabras clave:

espacio, gentrificación, rururbano.

Resumen de la Ponencia:

Um dos avanços no quadro normativo de políticas públicas no Brasil foi a adoção do território como unidade político-administrativa da ação governamental com o fortalecimento de instâncias coletivas de participação e gestão social institucionalizada no âmbito dos Colegiados Territoriais. A consolidação destes espaços passou por diversos estágios relacionados às capacidades dos atores estabelecerem laços sociais baseados em relação de confiança, cooperação e participação de modo a incentivar projetos e ações integradas favoráveis para o processo de desenvolvimento sustentável do território. Evidentemente, estas relações foram mediadas por interesses e escalas de poder de tonalidades diversas capazes de potencializar, ou não, as ações dos gestores públicos na promoção de políticas que favorecessem arranjos institucionais propulsores das habilidades e competências de um conjunto de organizações e atores (públicos e privados) em torno de um projeto coletivo. A literatura sobre o tema destaca o “território dado” como espaços entrecortado por diferentes e distintos “territórios construídos” que informam as relações de exercício de poder e de resistência dos grupos que o compõem. Para além das questões teóricas e instrumentais que envolvem o tema, este artigo tem por objetivo contribuir para uma análise reflexiva sobre a gestão social normatizada numa política pública como possibilidade de gestão compartilhada do desenvolvimento.  Utilizar-se-á como recurso metodológico a análise de dados primários e secundários produzidos no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT) a fim de avaliar os entraves e potencialidades envolvidas neste processo.