Resumen de la Ponencia:

Hacinamiento, déficit habitacionales, dificultades en torno al acceso a los servicios y a las infraestructuras urbanas, inconvenientes para conseguir el ingreso diario y los bienes indispensables para vivir, entre otras cuestiones, son algunas problemáticas que presentan amplios sectores de la sociedad latinoamericana que les han impedido la satisfacción plena del derecho a una vivienda digna y a un hábitat saludable. En la defensa contra el COVID, estas situaciones se han convertido para la relatora especial de la ONU, Leilani Farha, en una condición de vida o muerte (ONU Habitat). La dimensión y gravedad de la crisis que ha desatado la pandemia configuran un contexto excepcional que necesita ser enfrentado con medidas urgentes al tiempo que exige también la promoción de una profunda revisión de las causas sistémicas que están en el origen de estas desigualdades (Habitar Argentina, 2020). En Argentina, desde distintos niveles estatales y actores gubernamentales, se elaboraron una serie de políticas vinculadas al hábitat para dar respuesta a los problemas emergentes y estructurales que dejó al descubierto la pandemia. Algunas de ellas resultaron satisfactorias, pero otras no. Esto último pudo deberse, entre otros factores, a la falta de coordinación entre los involucrados en las iniciativas, pero asimismo, al desconocimiento de la tradición habitacional y de las dinámicas que poseía el territorio donde fueron puestas en marcha, como así también de las necesidades de la población a la que iban destinadas y el rol de otros actores involucrados (ONGS, iglesias, etc.).Creemos que resulta necesario entonces profundizar las relaciones políticas entre diferentes actores gubernamentales y entre estos y la sociedad civil (Di Virgilio, et.al: 2021), cada uno con sus propios intereses, objetivos y lógicas de acción, en un territorio específico donde tienen lugar diversos procesos sociales, culturales, políticos, económicos y ecológicos particulares. En nuestro estudio, la ciudad de Bahía Blanca. La aplicación del concepto de redes de políticas resulta interesante al centrar la mirada en las transformaciones de las funciones administrativas del Estado. Esta visión pone el foco en la manera en la cual una variedad de actores situados en un laberinto de organizaciones públicas y privadas con interés en una cuestión en particular, se conectan unos con otros, intercambian ideas, recursos y negocian posibles soluciones a los problema (Zurbriggen, 2011). En el presente trabajo nos abocaremos al análisis cualitativo de las políticas habitacionales emanadas de distintos niveles del Estado y actores gubernamentales que se implementaron en tiempos de pandemia en una ciudad intermedia del sudoeste bonaerense de la Argentina para conocer ¿qué tipo de intervenciones estatales en torno al hábitat se propusieron en este contexto tan complejo? ¿desde dónde se impulsaron? ¿con qué intereses?  ¿cómo se articularon intra y extragubermentalmente?   

Introducción:

Ante la expansión del COVID 19 en la Argentina, desde distintos niveles estatales, instancias gubernamentales y no gubernamentales, incluso desde la propia ciudadanía, organizaciones empresariales e internacionales, cada uno con sus propios intereses, objetivos y lógicas de acción (Bertranou, et al., 2021), se coordinaron una serie de estrategias para dar respuesta a los problemas emergentes y estructurales vinculados a la vivienda y al hábitat. Como aclara Fleury (2002), la complejidad que han adquirido las cuestiones sociales, la diversidad de agentes y el conflicto de intereses existente, la creciente movilización de la sociedad civil en busca del respeto a sus diferencias, la tracción de un sector no gubernamental que se ha inmiscuído cada vez más en el campo de la participación y la ampliación de la acción social de las empresas, son factores que han impulsado y explicado el florecimiento de las redes de políticas sociales. Una variedad de actores, situados en un laberinto de organizaciones con interés en una cuestión en particular, se conectan unos con otros, intercambian ideas, recursos y negocian posibles soluciones (Zurbriggen, 2011). 

Estas redes de relaciones interinstitucionales e interorganizacionales presentan una fuerte impronta territorial, con procesos específicos. Las acciones y tomas de posiciones de los sujetos sociales están situadas espacial y temporalmente, y suelen estar condicionadas por intereses y estrategias particulares de los demás grupos y actores locales (Chiara y Di Virgilio, 2017, p.77). Creemos que un análisis localizado, permite dar cuenta de esta situación. Según Pírez, detenernos en la red de actores y su trama, muestra la ciudad “desde el punto de vista de cómo suceden las cosas” (citado en Fleury).

En el presente trabajo nos abocaremos al análisis cualitativo de las políticas habitacionales emanadas de distintos niveles del Estado y actores gubernamentales que se implementaron en tiempos de pandemia en una ciudad intermedia del sudoeste bonaerense de la Argentina como Bahía Blanca. La perspectiva del análisis de redes que hemos elegido para abordar esta investigación, será aplicada en la identificación de los actores de esta problemática (incluídos y excluídos), sus objetivos, las conecciones/articulaciones entre sí y la naturaleza de las interacciones. Como es muy pronto elaborar un análisis del impacto, dado que algunas de ellas aún se encuentran en una situación preliminar, nos quedamos en una primera aproximación de su diseño e implementación.

Desarrollo:

Políticas de vivienda y hábitat durante la pandemia en la Argentina

Ante los primeros casos de COVID 19 en la Argentina, la recientemente electa fórmula presidencial de la coalición del Frente de Todos, realizó una serie de intervenciones en estas cuestiones. Para mitigar los efectos de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”- luego distanciamiento y confinamiento estricto -, elaboró una serie de instrumentos vinculados a la permanencia en los hogares (evitando el aumento de las personas en situación de calle, la prohibición de desplazamientos/ejecuciones por deuda) y- mejorando también las condiciones de hábitat (familiar y comunitario); la  protección y asistencia barrial; y la integración socio urbana.

Respecto a la primera cuestión, desde el flamante Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat[1] (MDTyH), se estuvo trabajando en distintos ejes:

- Vivienda: abarcan la construcción de inmuebles nuevos; refacciones o ampliaciones; infraestructura básica; provisión de equipamiento comunitario y otorgamiento de créditos para el acceso a un lote con servicios. El Programa Federal Casa Propia (Resolución 38/2020), de junio de 2020, propone generar soluciones habitacionales de hasta 60 m2, a través de créditos a 30 años a tasa cero, asentada en lote propio (que no excedan un determinado monto ni estén ubicados en barrios cerrados y para hogares con ingresos que sumen por mes entre 1 y 8 SMVM). Además de favorecer el arraigo, persigue la reconstrucción económica, mediante la industria de la construcción (permitida a partir de mayo de 2020), al requerir mano de obra local y movilizar los negocios de proximidad de materiales e insumos. En julio de 2020, surgió el Programa Nacional de Reactivación y Terminación de obras de Vivienda, Infraestructura y Hábitat (Resolución 40/2020) en el marco del Plan Nacional de Vivienda. Los ejecutores pueden ser los Estados provinciales, municipales y organizaciones no gubernamentales (ONG) de reconocida trayectoria. El Programa Reconstruir, tiene como objetivo la reactivación y finalización de obras de vivienda que habiendo sido proyectadas, iniciadas o aprobadas desde 2016 al 2019, fueron paralizadas.

Para la realización de mejoras en edificios o locales de ONGs que realizan tareas de asistencia barrial y comunitaria, se impulsó el Programa Federal Argentina Construye (Resolución 53/2020). Articula no sólo con los gobiernos provinciales, locales y organizaciones de la comunidad, sino también con pymes, cooperativas, gremios, empresas de servicios públicos, mutuales, trabajadores independientes y autoconstrucción. Los Municipios, dado el conocimiento territorial que poseen por la proximidad al vecino, son los responsables de preseleccionar a las organizaciones comunitarias que se postulen y emitir una constancia de ejecución de la obras. 

- Desarrollos urbanísticos con el objeto de brindar acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en el Procrear II.

- Lotes con servicios más construcción: generando suelo urbano de calidad para la construcción de inmuebles mediante créditos hipotecarios. 

- El Programa Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial busca fortalecer las capacidades estatales de gestión del suelo. Se sancionó el Plan Nacional de Suelo urbano (Resolución 19/2020) para  proyectar mecanismos de asistencia y apoyo técnico y promover la conformación y gestión estratégica de bancos de tierra.

Desde el Ministerio de obras públicas (en adelante MOP), a cargo de Gabriel Katopodis, se implementó en enero de 2020,  el Plan Argentina Hace II, con el objeto de reactivar las economías municipales, generando nuevos puestos de trabajo (50% hombres y 50% mujeres) a través de un programa de infraestructura de ejecución rápida (acceso a los servicios básicos, consolidación barrial, puesta en valor del espacio público, infraestructuras para la recuperación de la matriz productiva, construcción de equipamiento social para el fortalecimiento de redes comunitarias y sanitarias) con mano de obra local. EL MOP administra, financia y realiza el seguimiento de los proyectos presentados por provincias y/o municipios, quienes se encargan de ejecutar las obras, además de convocar a trabajadores locales (que pueden incluir PyMEs y cooperativas radicados en los lugares de ejecución de los proyectos).

Respecto a la protección y asistencia barrial, en aquellas zonas donde abundaban las viviendas deficitarias que dificultan el distanciamiento, se contempló el aislamiento en el barrio más que en los hogares y se implementaron instrumentos orientados a generar mecanismos de asistencia y atención comunitaria. En este sentido, desde el Ministerio de Desarrollo Social (en adelante MDS)[2], se lanzó el 14 de marzo de 2020, el Programa “El barrio cuida al barrio”, en aquellos considerados populares[3].  A través de la acción de promotores comunitarios de la economía popular, proyecta profundizar los mecanismos de protección sanitaria y de ayuda alimentaria en comedores, para, según su responsable (Carolina Brandariz), lograr la cercanía del Estado y garantizar el mayor aislamiento posible en esos espacios (Página 12, 20 de julio de 2020). En una entrevista a Romina Selzer, Directora de Infraestructura Social de la Secretaría de Economía Social del MDS, deseó que "deje de ser una disputa entre recursos de intendencias y recursos de organizaciones, y que sea un recurso hacia la comunidad. Lo más importante que tiene el programa es este relevamiento que los municipios hoy no tienen porque no se meten en el barrio, porque no hay un seguimiento de esas problemáticas, de hecho, esconden bastante" (Proyecto Habitar, 2020). En una segunda etapa, prevé una línea de infraestructura social, con mejoras de merenderos, comedores y viviendas para acondicionarlos en función de las situaciones de distanciamiento. 

El Programa de mejoramiento de viviendas en barrios populares se centra en la realización de obras para incrementar las condiciones de las mismas. Se ejecuta a través de organizaciones sociales y prioriza aquellas en las cuales, por hacinamiento, no se puedan realizar aislamientos y las personas estén en situación de riesgo.

Gran parte de las políticas de integración socio urbana en los barrios populares, son realizadas por la Secretaría de nombre homónimo, -en adelante SISU- anteriormente dependiente del MDTyH transferida a la órbita del MDS en octubre de 2020 (Decreto n° 804) y la recientemente creada Subsecretaría de Gestión y articulación de programas populares, dependiente de las Secretaría de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (MDS, 2021).  

En octubre de 2018, mediante la Ley 27.453, el Congreso Nacional, había declarado de interés público la regularización dominial e integración socio urbana de los Barrios Populares y designado a la SISU y la Agencia de Administración de Bienes del Estado, como autoridades de aplicación. La totalidad de los bienes inmuebles donde se asentaban se catalogaron de utilidad pública y sujetos a expropiación, suspendiendo las acciones de desalojo por cuatro años. La implementación de los proyectos, se harán de manera conjunta con las provincias y el municipio. Para financiarlas, se creó mediante el decreto 819/2019, el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), puesto en funcionamiento los primeros días del 2021. La SISU también cuenta con Fondos Federales y un Préstamo Internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para acceder a los servicios públicos, prestaciones o realizar cualquier trámite en el Estado que requiera acreditación de domicilio, se estableció entregar a los habitantes de los barrios populares, el Certificado de Vivienda Familiar (Decreto 358/17), expedido por ANSES.  

En el marco del COVID 19, con financiamiento del BID (4804 OC/AR), se impulsó el Programa de Integración Socio Urbana (PISU), dependiente del MDS, implementando Planes Barriales de Integración Socio Urbana (PIB), priorizando los del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), a través de la inversión en infraestructura básica y ambiental; obras de saneamiento y mitigación ambiental; conectividad de las familias mediante dispositivos de internet móvil; y el fortalecimiento de unidades productivas. El FISU financia proyectos presentados por cooperativas, asociaciones y demás organizaciones de la sociedad civil, provincias y municipios. Las unidades ejecutoras son las administradoras de los fondos y tienen a su cargo el diseño, la planificación y la ejecución de los proyectos. 

También desde el MDS se aplicó desde octubre de 2020, el Programa Argentina Unida para la Integración de los barrios inscriptos en el RENABAP[4], contemplando la participación de distintos niveles de Estado, las organizaciones comunitarias y de los trabajadores de la economía popular, con un conjunto de acciones (integrales, participativas, con enfoque de género y diversidad) para incrementar el acceso a los servicios básicos, la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el tratamiento de los espacios públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad, la conectividad y el saneamiento. Presenta tres líneas de acción: a) Ejecución de Proyectos de Obras Tempranas (POT), complementarias y/o de asistencia crítica, b) Servicios vinculados a la formulación y elaboración de un Proyecto Ejecutivo General (PEG) para la integración socio urbana y, c) Implementación de un Proyecto Ejecutivo General (PEG) para Integración Socio Urbana. Las obras deben adjudicarse, en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular (integradas preferentemente por los vecinos de los mismos).

En ese Ministerio también se diseñó el Programa Mi Pieza, de asistencia económica para refacciones, mejoras y/o ampliaciones de viviendas en barrios del RENABAP. Destinada a mujeres que cuenten con el Certificado de Vivienda Familiar. Mediante un sorteo,  las beneficiarias cobran primero el 50% del dinero y el restante, luego de validar el avance de la obra. 

En la provincia de Buenos Aires, donde también recientemente había asumido la coalición del Frente de Todos, se tomaron medidas. En esta jurisdicción se habían creado el 11 de diciembre de 2019, -entre otros vinculados a la temática-, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad; el de Hábitat y Desarrollo Urbano (de la cual dependen el Instituto de la Vivienda y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana). Asimismo, el de Gobierno posee una Subsecretaría de territorio y desarrollo sustentable; asuntos Municipales y otra de políticas habitacionales. 

Esta jurisdicción ya contaba desde 2012 con la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat (en adelante LAJH), que posee instrumentos para  facilitar el acceso al suelo: elPrograma de Lotes con servicios; la promoción de procesos de producción social del hábitat; la integración socio urbana de villas y asentamientos. Establece además, la creación del Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos precarios (en adelante RPPVyAP); el fomento del crédito para la mejora del hábitat a partir de la creación del Fondo Fiduciario Público; el establecimiento de zonas especiales para la promoción del hábitat social en predios vacantes u ocupados; la participación de los municipios en las valoraciones inmobiliarias generadas por la acción urbanística; la conformación de consorcios urbanísticos entre organismos gubernamentales y privados. Ofrece herramientas para abordar la problemática de manera integral y los Municipios pueden adaptarla a su realidad. 

Ante el avance del COVID, en coincidencia con algunas medidas similares tomadas a nivel nacional, en mayo de 2020 (en un principio hasta el 30 de septiembre de ese año, luego pospuesto hasta marzo 2021), se suspendieron en el ámbito de la provincia, la prórroga de los contratos, del pago en cuotas de las deudas, el congelamiento de los montos y la suspensión de desalojo por incumplimiento de los pagos (DNU 320/2020 y 319/2020)[5], en relación a los alquileres. También, los lanzamientos dispuestos en caso de ocupaciones, usurpaciones y/o tomas colectivas de inmuebles con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N°132/2020 (Ley 15.193); los desalojos y las ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales sobre inmuebles destinados a vivienda única y de ocupación permanente; también, las civiles o penales, en que la demandada fuera una unidad de producción cuya gestión se encontrara en manos de sus trabajadores (recuperadas), que hubieran resultado expropiadas.

Para atender el déficit habitacional, en septiembre de 2020, el gobernador presentó el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat para la construcción de viviendas nuevas, la reactivación de obras frenadas, el desarrollo de lotes con servicios, obras de mejoras habitacionales, proyectos integrales de urbanización en barrios populares y finalmente, viviendas y lotes como parte del PRO.CRE.AR. Busca asimismo regularizar 154.747 escrituras de forma gratuita y la coordinación de áreas anteriormente diseminadas, con la creación bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, de la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda y el Registro de Suelo Urbano. 

A fines de julio de 2022, desde el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano se lanzó el Programa "Buenos Aires crea" para financiar a tasa cero 50.000 créditos del Instituto provincial de la vivienda para refacciones o ampliaciones de inmuebles de familias que acrediten ingresos registrados, por un monto de entre 1 y 5 SMVM (el ajuste de la cuota no puede ser superior al 25% de los mismos). Esta iniciativa no requiere de la adhesión municipal dado que cualquier persona puede anotarse vía la página web.

De todo lo expuesto anteriormente, puede concluirse que si bien antes de marzo de 2020 se habían realizado intervenciones (reorganización ministerial para mayor coordinación y la creación de organismos específicos), con el avance del COVID 19, se elaboraron nuevas iniciativas coyunturales, para paliar las medidas de aislamiento/distanciamiento/confinamiento (prohibición de lanzamientos y ejecuciones por deudas hipotecarias/locatarias, protección y asistencia barrial-comunitaria). Se acompañaron con otras no tan novedosas orientadas a resolver problemas de larga data (impulso a las construcciones y mejoras en la viviendas y de su entorno, créditos con diferente destino, planes de acceso al suelo, integración socio-urbana, regularización dominial. También se utilizaron herramientas normativas que ya existían  (Leyes 27.453 y LAJH). 

Particularidades de los procesos analizados en Bahía Blanca

Bahía Blanca es una ciudad media, ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que según el censo de 2010, poseía 291.327  habitantes. Es la cabecera del partido homónimo, que  omprende además de Cabildo, las localidades casi adyacentes de General Daniel Cerri (con 6.745 personas) e Ingeniero White (con 10.398),  estas dos últimas, consideradas en el Plan de Desarrollo Urbano de 1985, como parte de un mismo complejo urbano. En el presente trabajo, haremos referencia a esta conceptualización más amplia al mencionar Bahía Blanca. El Municipio ha sido gobernado por la fórmula de Cambiemos desde 2016 y luego de Juntos por el Cambio, a partir de 2019.

En Bahía Blanca, las intervenciones se enfocaron a cubrir necesidades alimentarias y sanitarias ante el COVID 19, más que a cuestiones vinculadas a la vivienda y al  hábitat, que incluso antes de la pandemia eran preocupantes. Según el RPPVyAP, existen un total de 32 villas y asentamientos y el RENABAP, contabilizó treinta barrios populares. 

Resulta difícil determinar la cantidad de familias que tienen dificultades para acceder al suelo y a la vivienda, ya que no existe un padrón actualizado de la demanda local. Por Ordenanza 15.598 se estableció en 2010 el Registro Único de Postulantes a planes y programas municipales, provinciales o nacionales de casas o terrenos en el partido, pero en 2015 fue cerrado por falta de oferta. En ese entonces, se habían anotado unas 10.951 familias. La organización poblaciones.org, en base al censo 2010, estableció un déficit del 27,6% para el aglomerado Bahía Blanca. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, se estima que la  población inquilina en Bahía Blanca alcanza un 26% (Costa y Rosanovich, 2022), número muy significativo ante un promedio nacional de 18,86%.

Estas situaciones reflejan la necesidad de procurar acceso al suelo y a la vivienda. En 2016, el Concejo Deliberante adhirió a la LAJH (Ordenanza 18.675), con escasa implementación aún. 

A partir de 2020 se produjeron ejemplos de toma de tierras en Bahía Blanca (Irisarri y Diaz, 2021). El Secretario de gobierno del Municipio, señaló que en cada una de ellas, la comuna procura garantizar la propiedad privada, no convalidando que se cometan delitos. Aclaró que los municipios no realizaban planes de vivienda, sino que es potestad de los gobiernos nacional y provincial (Frente a Cano, 3 de agosto de 2022), trasladando la responsabilidad a otros niveles del Estado y ciñendo la causa del problema a la falta de oferta de unidades habitacionales. Agregó que la generación de suelo urbano (por sí mismo o gestionando a niveles superiores), sí era facultad del Municipio. A principio de diciembre de 2020, la Dirección General de Planificación y Desarrollo Urbano de la comuna presentó el Programa Integral de Accesibilidad al Hábitat Urbano, con el objetivo de coordinar políticas, planes y programas de diversas áreas del Ejecutivo municipal y diferentes entidades, para procurar suelo. Varias de la propuestas ya existían, lo novedoso fue el acento que se puso en la articulación con otros niveles del Estado[6].

Respecto a los planes y programas implementados desde Nación a partir de la expansión de la pandemia, no todos llegaron a Bahía Blanca. 

En relación a la vivienda, se sortearon unidades habitacionales en desarrollos urbanísticos del PROCREAR II,  de las cuales 57 eran de Bahía Blanca. Ubicados sobre Sáenz Peña, entre Colón y General Arias[7]. En el marco del programa Reconstruir, se acordó la construcción de 162 viviendas, en terrenos de Villa Cerrito, donde se terminarán los complejos habitacionales más infraestructura del sindicato de barrio Luz y Fuerza – Etapa II, un plan habitacional que se llevó a cabo hace unos 10 años  (La Nueva, 5 de octubre de 2021). 

Vinculado a la reactivación Municipal y obras de infraestructura, se implementó el Plan Argentina Hace[8] con la ejecución de proyectos de pavimentación, desagües e iluminación para obras de consolidación barrial, que incluyen el reasfaltado de la avenida Colón (entre Estomba y Sixto Laspiur), la ampliación de desagües cloacales (en Barrio Thompson, Nuevo, Cabré, Barrio AMEF, San Miguel y altos de Palihue) y obras de agua (para Villa Miramar, San Agustín y San Miguel) y el recambio lumínico en varios sectores de la ciudad, con un presupuesto de 200 millones de pesos. Las acciones del programa “El barrio cuida al barrio”, no fueron permanentes en esta zona ni abarcaron todo el espectro de los populares. Se realizaron jornadas de actividades concretas en algunos puntos móviles, con charlas sobre la campaña de vacunación, de educación y violencia de género (InfoCabildo, 30 marzo 2021). Ninguno de los lugares donde se aplicó el PISU pertenece a este conglomerado[9]. Dentro del programa "Argentina unidad por la integración de los barrios populares", se planifica realizar cuatro POT en: Costa Blanca (Paloni), - próximo a conveniar-, Evita, Caracol y Tierras Argentinas. Los propios vecinos son los que plantean las necesidades a resolver, a través de reuniones con el gobierno local. La FISU es la encargada de financiar las acciones, el Municipio de gestionar y las cooperativas de ejecutar (aunque no están integradas por vecinos del lugar, porque en ciertos sitios no existen agrupaciones afincadas allí para realizar las tareas).

Se coordinó con la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la provincia, la entrega de escrituras como consecuencia de todos los relevamientos que se había ido realizando para la regulación dominial de los barrios Stella Maris, 17 de Agosto, Martín Fierro, Costa Blanca, Miramar, entre otros. Ante la imposibilidad que tenían los equipos técnicos de acercarse a la ciudad en tiempos de la ASPO, desde el Municipio se realizaron censos y expedientes de regulación en los mismos. 

El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (en adelante CGPBB), ente público no estatal creado en 1993, cuyo presidente es representante de la Provincia, con el Plan White 2020/2030 de responsabilidad social empresarial, viene desarrollando y ejecutando intervenciones para fomentar la vinculación entre ese organismo y la sociedad. En lo habitacional, es el responsable de la ejecución de un programa de 100 microcréditos para mejoras en Saladero y Boulevard de Ingeniero White, trabajo conjunto con el seguimiento de la asociación civil Ser Comunidad y sociedades de fomento de ambos barrios.  Se entregan materiales y se acompañan las obras a través de un equipo barrial  de vivienda y también se brinda capacitación y asistencia de ingenieros[10]. 

La organización cristiana Hábitat para Humanidad está trabajando en el barrio Saladero junto con la cooperativa White Trabaja, confomada por vecinos del sector,  en un POT destinado a la realización de 130 conexiones intradomiciliarias de agua corriente, 2000 metros lineales de veredas, arbolado y 38 tachos de basura[11]. 

La crisis hídrica que sufre la ciudad[12], ha suscitado una situación especial en Bahía Blanca, ya que la operadora de agua local (ABSA) no está otorgando la factibilidad de obra a ningún privado o colectivo de personas que lo solicite, sea o no para vivienda social, obstaculizando gran parte de estas iniciativas.

De los planes de provincia, durante el primer semestre de 2022 comenzaron a concretarse 200 mejoramientos habitacionales en algunos barrios del sector sureste de Bahía Blanca (Evita, Thompson, Spurr, Talleres Sur, Boulevard, Saladero, Más Barrios, Villa Rosario, Villa Esperanza, 1810, Villa Parodi, entre otros). También bajo el Programa provincial "Trabajar en Casa", para familias con déficit habitacional y sanitario que viven en los inscriptos en el RPPVyAP. Los beneficiarios son evaluados por Ser Comunidad (asociación civil sin fines de lucro que nació en 2004 con el objeto de promover acciones para lograr un hábitat popular digno y accesible para todos). La primera etapa consiste en un subsidio de $ 80.000 para cada familia (en plena ejecución) destinada a mano de obra y compra de materiales e insumos, seguida luego por el otorgamiento de otro similar, en calidad de microcrédito, para invertir en otras cuestiones[13]. El secretario de esta asociación, Diego Fonseca, comentó que “Estos 200 mejoramientos los bajamos en esa zona porque es donde contamos con cinco equipos barriales de vivienda, que trabajan en otro Programa que se llama Fondos Solidarios Rotativos de Materiales, que funciona junto a Cáritas Bahía Blanca y Acción Bahiense Comunitaria, desde el año 2001”, que recién en 2007 se concretó en una Ordenanza municipal[14]. En Bahía Blanca se anotaron más de 1000 inscriptos en el crédito Buenos Aires Crea. 

 

[1] Conformado el 19 de diciembre de 2019 para ordenar en un solo organismo todas las decisiones relacionadas a la planificación del territorio y la mejora del hábitat. Desde noviembre de 2020 al mismo mes de 2022, estuvo a cargo de Jorge Horacio Ferraresi (actualmente es intendente de Avellaneda y el cargo nacional lo ocupa Santiago Alejandro Maggiotti) . El responsable anterior había sido María Eugenia Bielsa,  quién renunció por críticas respecto a su falta de celeridad en la propuesta de soluciones ante problemas habitacionales que las organizaciones nucleadas en la Mesa Nacional de Barrios Populares el exigían (Elorza, 2019), cuestionamientos en torno al bajo nivel de ejecución del presupuesto asignado y su ausencia en la toma de los terrenos de Guernica, en el que las principales gestiones quedaron en manos de la Provincia, (Página 12, 12 de noviembre de 2020).

[2] A cargo de Juan Horacio Zabaleta desde agosto de 2021 hasta octubre de 2022 (retomó la intendencia de Hurlingham) por la renuncia de Daniel Arroyo quien asumió como Diputado Nacional. Actalmente conducido por Victoria Tolosa Paz. 

[3] Según Decreto 358/2017.

[4] Creado en mayo de 2017 con el objeto de incrementar la información oficial a nivel nacional sobre la cantidad de barrios populares existentes, pobladores, inmuebles y construcciones; sus condiciones de vida y el acceso a los servicios básicos al 31 de diciembre de 2016 (por un decreto posterior se amplió hasta el 31 de diciembre de 2018.

[5] Con un intento regular la actividad para favorecer al inquilino, el 1 de julio de 2020, se puso en vigencia la Ley nacional de Alquileres (27.751).Al no tener los resultados esperados,  sectores del oficialismo y de la oposición, están planteando modificaciones en el Congreso.   

[6] https://noticias.bahia.gob.ar/2020/12/02/presentacion-del-programa-integral-de-accesibilidad-al-habitat-urbano/

[7] https://procrear-ii-abrio-la-inscripcion-para-el-sorteo-de-viviendas-en-bahia-n221253

[8]https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-bahia-blanca-y-monte-hermoso-katopodis-anuncio-obras-viales-de-agua-y-saneamiento

[9] www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/financiamientointernacional/pib/proyectos

[10] https://puertobahiablanca.com/novedades/el-puerto-de-bahia-blanca-trabjara-junto-a-ser-comunidad-en-el-mejoramiento-habitacional-ingeniero-white.html

[11] https://hpha.org.ar/es/integracion-del-barrio-saladero/#

[12] Si bien se trata de problema histórico de la ciudad, se agravó en el verano 2021 por falta de obras.

[13] https://www.delabahia.com.ar/doscientos-mejoramientos-habitacionales-para-fami

[14] https://www.bahia.gob.ar/2017/03/10/quedo-inaugurado-el-barrio-ser-comunidad/

 

 

 

Conclusiones:

Los problemas vinculados al hábitat y a la vivienda, incluso antes de la pandemia, ya eran complejos, al punto que las organizaciones internacionales, las sociales, las ONGs, los Estados (en todos los niveles) y demás colectivos,  ya venían planteando la necesidad de abordarlos y buscarles alternativas de solución. La pandemia imprimió urgencia a este proceso.

En distintos niveles del Estado y organismos, junto con otras organizaciones e instituciones,  se elaboraron y pusieron en práctica una batería de instrumentos para hacer frente a esta problemática con una fuerte impronta territorial, que en cada espacio o ciudad presentó sus singularidades. Algunas fueron novedosas y otras no tanto. Para diseñarlas y ejecutarlas, se conformaron redes, que en un principio parecieron ser coyunturales, pero que en presente, se están consolidando más allá de la pandemia. 

Como son muy incipientes estas intervenciones, predominan las relaciones de articulación, vinculación, ejecución. Los conflictos detectados no son tan numerosos aún: cambios de conducción de ministerios por presión de las organizaciones sociales, aumento de ingerencia del Estado nacional, pérdida de atribuciones del local, aparición de nuevos actores con poder, falta de controles de las interacciones, focalización de las intervenciones en un sector social difícil de identificar (“Popular”, “territorial”, “Trayectoria comprobada”). Si no hay mayores precisiones, esto último, más los criterios de selección de los destinatarios/ejecutores, creemos que generará mayores conflictos, investigación que emprenderemos en el futuro. 

Las  redes de relaciones interinstitucionales e interorganizacionales que se conformaron en Bahía Blanca, presentan una impronta territorial debido a la forma tradicional de intervención del Estado, la falta de agua, la intervención del CGPBB, la baja participación social en temas de hábitat, la poca capacitación y existencia de cooperativas en algunos barrios y el escaso involucramiento aún de las universidades.

Bibliografía:

Bertranou, J., Brites, W., Capdevielle, J.,  Chiara, M., Di Virgilio, M. M., Guevara, T.,  Molina, M. M., Perez, V., Rodriguez, M. C., Soldano, D. y Villagrán, A. (2021). Documento de trabajo Nro. 1. Hacia un enfoque para el análisis de la implementación de políticas públicas para dar respuesta a la crisis desatada por la pandemia COVID19, Proyecto PISAC-COVID-19-00021: La implementación de políticas públicas para dar respuesta a la crisis desatada por la pandemia COVID-19: Una mirada desde las relaciones intergubernamentales y las redes de políticas.

Chiara, M. y Di Virgilio, M. M. (2017). Conceptualizando la gestión social. En Chiara, M. y Di Virgilio, M. (Compiladoras). Gestión de la política social: conceptos y herramientas. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento, pp. 53- 86.

Costa, J. P. y Rosanovich, S. (abril 2022). Ley de Alquileres. Debates sobre la modificación de la Ley 27.551. En Observatorio de Economía Urbana. 

Di Virgilio, M. M. y Serrati, P. S. (2019). Déficit habitacional, 2010. Recuperado de https://mapa.poblaciones.org/map/9801

Elorza, A. L.; Rodriguez, M. y Monayarcio Duarte, V. (2019). ¿Concesión estatal o conquista social? El Registro Nacional de Barrios Populares como política social frente a la cuestión habitacional en la ciudad de Córdoba, Argentina. En Cuaderno urbano, vol.26, n.26, pp. 49-68. Recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-36552019000100003&lng=es&nrm=is

Fleury, S. (january 2002). El desafío de la gestión de las redes de políticas. En Revista Instituciones y Desarrollo,  No 12-13. Barcelona: Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya, pp. 221-247. Recuperado de http://www.iigov.org 

Frente a Cano. (3 de agosto de 2022). Déficit habitacional: el Municipio reclama a Nación y Provincia planes de viviendas. Recuperado de https://frenteacano.com.ar/deficit-habitacional-el-municipio-reclama-a-nacion-y-provincia-planes-de-viviendas/

Habitar Argentina. (septiembre 2020). Declaración de Habitar Argentina y propuestas políticas para enfrentar la crisis habitacional. Recuperado de http://www.habitarargentina.org.ar/2020/09/declaracion-de-habitar-argentina-y-propuestas-politicas-para-enfrentar-la-crisis-habitacional/

InfoCabildo. (30 marzo de 2021). La posta de salud el barrio cuida al barrio estará en Cabildo. Recuperado de https://infocabildo.com/2021/03/13/la-posta-de-salud-el-barrio-cuida-al-barrio-estara-en-ca

Irisarri, M. J. y Díaz, L. A. (2021).  Periferia Bahiense y política habitacional en tiempos de pandemia. Algunas consideraciones. En XIV Jornadas de Sociología. “Sur pandemia y después”, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales. Recuperado de http://jornadasdesociologia2021.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/ponencias2021/1282_600.pdf

La Nueva (1 de agosto de 2022). Toma de terrenos en barrio Ferroviario: “Algunos queremos negociar y pagar”. Recuperado de https://www.lanueva.com/nota/2022-8-1-10-0-0-toma-de-terrenos-en-barrio-ferroviario-algunos-queremos-negociar-y-pagar-los-lotes

La Nueva (28 de febrero de 2022). Denuncian que vuelven a usurpar tierras en el barrio Maldonado. Recuperado de https://www.lanueva.com/nota/2022-2-28-21-24-0-afirman-que-otra-vez-vuelven-a-usurpar-tierras-en-el-barrio-maldonado

La Nueva (5 de octubre de 2021). Millonaria inversión en Bahía para la construcción de más de 160 viviendas. Recuperado de https://www.lanueva.com/nota/2021-10-5-9-20-0-millonaria-inversion-en-bahia-para-la-construccion-de-mas-de-160-viviendas

Ministerio de Desarrollo Social. (2021). Informe de gestión. Primer semestre 2021. Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU).

ONU HABITAT. (marzo de 2021). Ciudades y pandemias: hacia un futuro más justo, verde y equitativo. Nairobi. 

Página 12 ( 20 de julio de 2020). El programa El Barrio cuida al Barrio en la nueva cuarentena. Recuperado de   https://www.pagina12.com.ar/280011-el-programa-el-barrio-cuida-al-barrio-en-la-nueva-cuarentena

Página 12 (12 de noviembre de 2020). Cambios en el gabinete de Alberto Fernández. María Eugenia Bielsa deja el Ministerio de Vivienda y la reemplaza Jorge Ferraresi. Recuperado de   https://www.pagina12.com.ar/305211-maria-eugenia-bielsa-deja-el-ministerio-de-vivienda-y-la-ree

Pírez, P. (1995). Actores sociales y gestión de la ciudad. En Revista Ciudades, 28, pp. 8-14. Recuperado de https://sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/7097/7128/7134/83934.pdf

Scatolini, L. y Duarte, J. I. (agosto 2020). Hacia una política nacional de suelo urbano en la República Argentina. En Café de las ciudades. Buenos Aires. Recuperado de https://observatorioamba.org/noticias-y-agenda/noticia/hacia-una-politica-nacional-de-suelo-urbano-en-la-republica-argentina

Proyecto Habitar (27 de abril de 2020). El barrio cuida al barrio: una propuesta para los barrios populares. Entrevista a Romina Selzer. Recuperado de http://www.proyectohabitar.org/notas/el-barrio-cuida-al-barrio-una-propuesta-para-los-barrios-populares-entrevista-a-romina-selzer/

Telam (29 de octubre de 2020. Cronología de la toma en Guernica. Recuperado de https://www.telam.com.ar/notas/202010/529884-guernica-predio-ocupado-tierras-cronologia.html

Telam (21 de mayo de 2021). Primero la gente, el nuevo slogan del Gobierno para relanzar su comunicación. Recuperado de https://www.telam.com.ar/notas/202205/593211-primero-la-gente-slogan-gobierno.html

Zurbriggen, C. (2011). La utilidad del análisis de redes de políticas públicas. Argumentos, México, 24(66), pp. 181-209. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952011000200008&lng=es&tlng=es

Palabras clave:

Redes de políticas habitacionales- pandemia- Bahía Blanca

Housing policy networks - pandemic - Bahía Blanca

Resumen de la Ponencia:

El sistema de mercado sobre el cual se funda la política de vivienda social chilena, trajo como consecuencia la producción masiva, homogénea y segregada de viviendas en las periferias de las ciudades. Iniciados los años 2000, en particular después de 2006, se ha constatado un “giro cualitativo” de las políticas habitacionales (Fuster-Farfán, 2021) que busca corregir los efectos negativos de este modelo. Desde la instauración del “giro cualitativo”, la integración social ha sido presentada como un medio y como un fin para luchar contra los efectos segregadores de las políticas habitacionales chilenas (Brain, Cubillos & Sabatini, 2007; Sabatini et al., 2012; Sabatini & Vergara, 2018). Dichos efectos han inspirado la proliferación de demandas por mayor “justicia espacial” y “derecho a la ciudad” (Castillo, Forray & Sepúlveda, 2008; Hidalgo, Santana & Link; 2019), cuya transversalidad va desde la esfera política hasta los movimientos sociales (Vergara-Perucich & Boano, 2019; Angelcos, 2021). Como la integración, la justicia y el derecho son términos amplios, las políticas urbano-habitacionales los han ido incorporando con distintos énfasis e interpretaciones, siendo la más destacada y consensuada la proximidad espacial entre clases sociales a través de subsidios a la oferta y a la demanda. Por un lado, se otorgan incentivos normativos y financieros a promotores inmobiliarios para construir proyectos de vivienda integrada, y por otro, se otorgan subsidios a sectores populares y clases medias para ser ocupados en proyectos de “integración”, población que se espera que conviva con familias de clases “acomodadas”, es decir, con acceso a créditos hipotecarios sin ayuda estatal.Si bien las reflexiones sobre la tensión ente integración y segregación residencial en Chile proliferaron desde principio de los años 2000, estas se han mantenido en discusiones conceptuales, análisis comparado de otros países (generalmente del norte global) y propuestas de políticas públicas. Por esta razón, se realizan dos análisis complementarios: por un lado, un análisis documental que busca deconstruir la noción de integración en la historia de las políticas habitacionales chilenas con el fin de proponer una definición que le corresponda al contexto contemporáneo.  Por otro, se realiza un análisis geoestadístico de las políticas de integración social en la región del Bío-Bío, con el fin de identificar patrones de localización, densidad y proximidad, con el fin de aproximarse a una tipologización del modelo de integración promovido por el Estado.

Resumen de la Ponencia:

El problema de la falta de vivienda es un flagelo presente en las ciudades, donde Chile no es la excepción, siendo los campamentos una expresión de este problema. Estos asentamientos precarios han aumentado notoriamente en el norte del país (Catastro Campamentos MINVU, 2020). La ciudad de Copiapó (Región de Atacama, Chile), es una de las ciudades con mayor aumento de campamentos en los últimos años (Catastro Campamentos MINVU, 2020). Fue a posterior de los aluviones que afectaron a la Región de Atacama en 2015 que se visualizó una mayor explosión de campamentos y dada la geografía de Copiapó, los campamentos se han ubicado en la parte alta de la ciudad, en zonas aledañas a quebradas y obras de mitigación por riesgo aluvional. En la literatura se ha identificado que aquellos grupos que viven en la ciudad en condiciones inseguras o inadecuadas están más expuestos a sufrir impactos negativos producto de la activación de una amenaza natural o antrópica (Tipple, 2005; Paidakaki, 2012; Williams et al, 2019). Así también, existiría otra gama de eventos de pequeña escala que afectan la vida de estos grupos, eventos que han sido estudiados bajo la noción de “amenazas cotidianas” (Bull-Kamanga et al, 2003; Walters & Gaillard, 2014) que van mermando los recursos y activos que poseen las personas para enfrentar, resistir y recuperarse de un desastre.La ponencia que aquí presento es uno de los temas identificados en los hallazgos preliminares de mi tesis doctoral. La metodología empleada es de tipo cualitativa, utilizando a la entrevista biográfica y las notas de campo como herramientas de producción de los datos. El trabajo de campo se viene desarrollando desde el año 2021 donde he estado trabajando con mujeres que habitan en tres campamentos de Copiapó. Considerando sus experiencias y prácticas cotidianas he podido explorar, entre otras cosas, lo que ha significado para ellas el proceso de asentarse en un campamento. Así, el objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre lo que he llamado el “doble rol” que estaría jugando el campamento en la vida de estas mujeres, por un lado como “facilitador de agencia” pues consideran que el campamento les ha ampliado el margen de autodeterminación personal y familiar, principalmente a nivel económico, siendo el campamento una táctica (Certeau, 1988) de respuesta a la amenaza cotidiana de la escasez económica que azota a sus familias, y que es el factor detonante común de la llegada al campamento. Pero al mismo tiempo, el campamento estaría jugando un rol de “amplificador del riesgo de desastre”, puesto que la localización de estos asentamientos y las condiciones materiales de las viviendas amplía la gama de riesgos a los que se ven enfrentadas en la vida cotidiana y ante eventos extremos.

Resumen de la Ponencia:

En México, el fenómeno de la vivienda deshabitada de interés social se encuentra relacionado directamente con las políticas de libre mercado, que permiten la especulación y sobre oferta con relación a la demanda real. Su incremento puede explicarse por distintas causas, las que pueden ser clasificadas a su vez en dos categorías: las relacionadas con el contexto social, como el incremento de los índices de violencia, la migración o la pérdida del empleo; y las asociadas con las políticas de vivienda, que permiten la construcción de conjuntos habitacionales en zonas de riesgo, con carencia a la infraestructura urbana, materiales de construcción de baja calidad o ubicados geográficamente en la periferia urbana que dificulta el acceso a bienes y servicios. El objetivo central del trabajo es analizar las características en donde se presenta la vivienda deshabitada en el Municipio de Zumpango, y su relación con la cercanía al megaproyecto Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La investigación es relevante porque aún no se han publicado trabajos que den cuenta de la situación actual de la vivienda deshabitada y su impacto con megaproyectos. Se analizan las características socioeconómicas del municipio de estudio a escala AGEB en las inmediaciones del AIFA. Se utiliza una metodología cuantitativa a partir de dos técnicas, una geográfica descriptiva (autocorrelación espacial) y una regresión con errores típicos robustos. Los resultados muestran que, la vivienda deshabitada no se presenta en mayor medida en las cercanías del megaproyecto; de igual forma, se identifican las zonas con altos índices de este tipo de vivienda, se relacionan con la cobertura de servicios (agua, luz y drenaje), la migración y el analfabetismo.

Resumen de la Ponencia:

Dadas las restricciones a la movilidad y la profunda crisis económica producto de la pandemia por COVID-19, en materia habitacional han reemergido algunos problemas que parecían olvidados, así, los asentamientos informales han resurgido en diversas ciudades de Chile. Esta situación tensiona el supuesto fin de los campamentos (Salcedo, 2010). Sumado a la crisis socio-sanitaria, se agrega una crisis migratoria que ha transformado el escenario habitacional. Así, en la actualidad la migración constituye un factor de relevancia para comprender la reemergencia de los asentamientos informales: mientras en 2015 solo un 6% de las familias de campamentos, a nivel nacional, eran de origen extranjero, en 2021 esa cifra aumentó al 30,58% (CES-TECHO, 2021).Para comprender los impactos de la pandemia en materia de vivienda, esta presentación toma como caso de estudio el surgimiento del campamento Altos de Placilla Nuevo, recientemente formado en la comuna de Valparaíso. Para ello se recurrió a una metodología participativa de técnicas mixtas. La fase cuantitativa consistió en el diseño y aplicación de un cuestionario, a fin de censar a toda la población del asentamiento, el cual fue elaborado en conjunto con representantes de las organizaciones sociales del campamento, definiendo objetivos y preguntas. En la fase cualitativa, se realizaron entrevistas en profundidad a residentes del campamento.La investigación se articuló en torno a tres momentos de la trayectoria habitacional de sus pobladores: primero, buscó conocer la situación residencial y laboral de los pobladores previo a su traslado al asentamiento, enfatizando en los gatillantes de la decisión de cambio residencial; en segundo lugar, se registraron los procesos de instalación, construcción de viviendas y la urbanización del sector; y finalmente, se exploró en las experiencias del habitar en la informalidad y la valoración que los propios pobladores realizan de dicho proceso. Se concluye que la pandemia ha venido asociada a la reemergencia de los asentamientos informales. Su formación retoma una práctica histórica en Chile y la región, bajo la lógica de que, si el Estado no atiende a las demandas, entonces son ellos mismos quienes deben encontrar una solución a sus problemas (Garcés, 2011). Esto muestra su capacidad de agencia (Can, 2019) y la oportunidad de transformación a través de un urbanismo subalterno, al configurar su propio hábitat como respuesta a la incapacidad de la burocracia estatal para proveer vivienda y la desposesión económica por pérdida del empleo (Roy, 2011; Magliano y Perissinotti, 2020).

Resumen de la Ponencia:

La presente investigación se enmarca dentro del área de la sociología urbana y evaluación de programas y tiene como objeto el análisis y evaluación de las políticas públicas implementadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en los asentamientos irregulares de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Para ello se toma como caso de estudio el Proyecto de Mejoramiento Barrial Ribera del Miguelete ejecutado entre los años 2015 y 2018. Éste, además de ser el proyecto mejoramiento y relocalización de familias de mayor superficie y población hasta ahora implementado, presenta importantes problemáticas vinculadas a la exclusión social, precariedad urbana, inundabilidad del territorio y violencia relacionada al narcotráfico.El abordaje de la investigación se realiza en cuatro dimensiones de carácter complementario: evaluación de programas, participación social y aportes de la sociología urbana. Asimismo, se plantea un diseño metodológico que articula técnicas de carácter cualitativo y cuantitativo. En cuanto a los principales hallazgos, se destaca que a partir de la multiplicidad de actores que intervienen en la política, se dificulta fuertemente su ejecución en los tiempos estipulados y alcanzando las metas planteadas. Asimismo, los grupos delictivos presentes en la zona generan fuertes impedimentos en el desarrollo de los procesos participativos y comunitarios inherentes a la intervención. Por último, los factores jurídicos y físicos enfocados en la regularización del uso del suelo, priman sobre las necesidades sociales de la población. Este hecho genera importantes resistencias a nivel vecinal a la hora de diseñar y gestionar las intervenciones en el espacio público, como así también, en los procesos de relocalización y realojo de las familias beneficiarias.

Resumen de la Ponencia:

Una parte importante de los trabajos referidos a la extensión de la ciudad sobre el suelo rural han sido abordados a partir de la noción de contraurbanización, esto es, el proceso bajo el cual la población se ha movido hacia el campo, desconcentrado físicamente los territorios urbanos (Berry 1996; Mitchell 2004; Philippus, 2017; Adamiak, Pitkänen y Lehtonen 2017). Muchos de los que migran a espacios alejados de las ciudades pertenecen a clases medias altas o acomodadas (Torres-Elizburu 2015; Trevi 2018). En el contexto chileno, la contraurbanización está asociada a estas mismas clases, las que ocupan parcelas de agrado, esto es, áreas suburbanas que se utilizan con fines distintos a la explotación agrícola (Hidalgo, Borsdorf y Plaza 2009).Sin embargo, si bien la contraurbanización está asociada principalmente a clases medias altas y altas, la persistencia aspiracional sobre la vivienda como el bien material mayormente ansiado en las sociedades contemporáneas (Preece et al. 2020; Mckee et al. 2017; Benson y Jackson 2017; Jansen 2014; Groot, Manting y Mulder 2013), la permeabilidad del modelo neoliberal en las personas en términos de valores y prácticas (Akerlof y Shiller 2016; Rothe y Collins 2016; Gibbon y Henriksen 2012; Sennett 2000), y la masificación del consumo en toda la sociedad (Bauman 2007; Araujo y Martuccelli 2011;), hace pensar que los deseos por concretar el tipo de residencia suburbana se extiendan a todo tipo de personas, no importando con ello la clase social de procedencia.Bajo este principio de relatividad de ajuste en los gustos espaciales de clases, distintos grupos, con distintos capitales sociales, culturales y económicos, pueden aspirar a una forma de vida suburbana. Esta ponencia presenta los resultados de un trabajo que exploró y describió los gustos espaciales proyectivos que tienen distintas clases sociales sobre suelo suburbano de Temuco, Chile. Para ello se analizaron, bajo los procedimientos de la Teoría Fundamentada, 30 entrevistas semiestructuradas aplicadas a personas procedentes de distintas clases sociales y espacios de la ciudad.Entre los resultados destacan: a) las zonas suburbanas cercanas a la ciudad son las más apetecidas; b) las clases sociales más altas son las que tienen mayor posibilidad de concreción de dichos gustos espaciales periurbanos debido a que su proyección espacial no sólo se basa en un simple deseo manifestado, sino se sustenta en el capital económico que tienen; y c) la amenidad natural no representa el único aspecto relevante en el proceso de contraurbanización proyectada en todas la clases sociales analizadas, sino también, y con gran fuerza, la posibilidad de huir de la comunidad y vivir aislado socialmente. En este último punto, la idea de naturaleza asociada al suelo suburbano es un aspecto secundario al momento de evaluar las ventajas de amenidad que ofrecen las áreas rurales.   

Resumen de la Ponencia:

Las grandes ciudades del país crean vastos espacios periféricos. Son espacios de animación política por excelencia que deben alojar nuevos patrones de la vida en sociedad con nuevos referentes culturales. En la zona periurbana, los habitantes se apropian del espacio, de las lógicas económicas y de los mecanismos políticos que se han desarrollado en torno a esta expansión de la ciudad. Dado que las ciudades llevan la huella de sus habitantes a lo largo de su historia, el territorio que las contiene sostiene las sucesivas capas que cimentaron la vida de largo alcance. El crecimiento urbano de la ciudad de Guadalajara conlleva demanda de vivienda. Si bien, la tendencia de concentración de las poblaciones en zonas urbanas aparece a nivel mundial, a nivel local esta tendencia se ve reflejada en la densificación de la ciudad y en la expansión de su periferia. La presión urbana sobre el territorio trastoca el entorno físico y cultural de la zona periurbana caracterizado por una compleja interrelación de procesos que actúan en el espacio como la tercerización de la actividad económica, la diversidad de uso del suelo, la baja densidad de la forma urbana y las diferentes vías de apropiación y organización del espacio determinado por la segregación. Las zonas periurbanas presentan características similares en todas las ciudades del Sur global, son espacios limítrofes de las ciudades que pierden atributos rurales, aglutinando atributos urbanos caracterizados por la segregación social o la degradación ambiental. Se pone la tela de juicio la “periferia” dado que responde a la discusión centro-periferia, desarrollo-dependencia. El concepto pierde alcance ante los nuevos fenómenos de crecimiento urbano de las ciudades conectadas con el capital global. Se habla ahora de zonas metropolitanas por la estructura de gobierno que implementan. En este marco se expone el Área Metropolitana de Guadalajara para poner a prueba el concepto de zona periurbana y lo que implica gestionar a futuro una planeación sostenible en función del ordenamiento territorial y el equilibrio ecológico. 

Resumen de la Ponencia:

 Este trabalho analisa a região metropolitana de São Luís que passa por transformações significativas em decorrência da expansão urbana da cidade orientada por interesses particulares motivados pela especulação imobiliária. A cidade é palco do processo de revisão do plano diretor e configura um cenário de conflitos discursivos sobre a cidade. São grupos de interesses e organizações políticas que estão refletindo a cidade em defesa de seus interesses materiais e comportam características de ação estratégicas (OFFERLÉ, 1998). Esse conflito soma a conquista do exercício do poder sobre as representações gerais que residem na influência sobre o poder político. (OFFERLÉ, 1998) (LAGROYE, 1997). Como objetivo reflito as diferentes práticas discursivas presentes no processo de revisão do Plano Diretor da cidade de São Luís e a defesa dos distintos “modelos de cidade”. Identifico as abordagens dos agentes e suas considerações discursivas e suas práticas sobre a modificação do espaço urbano e os conflitos de interesses em relação a distintas reflexões sobre a produção socioeconômica da cidade Conforme Foucault(2013), analisa o discurso como objeto de desejo de quem defende, ou seja, os agentes que estão lutando pelos seus ideais os quais pretendem implantar ou projetar. Tais agentes lutam em meio a um jogo político, e como todo jogo, construído em fases e trocas discursivas diante de uma ordem significante. A partir desse aspecto agentes interessados na produção do espaço urbano e no uso da cidade, desenvolvem discursos e práticas que apreendem formas e meios para a articulação de estratégias. A atuação de entidades e instituições na revisão do Plano Diretor reproduz influências sobre o processo da atuação no âmbito do Plano Diretor. Visto que a cidade é centro de um processo de construção e configuração de diferentes pontos de vistas e desafios que o Poder Público enfrenta decorrentes da luta e resistência de movimentos sociais urbanos, atuando como agentes e sujeito de forma coletiva e social e a luta de agentes econômicos que lutam pela especulação imobiliária.

Resumen de la Ponencia:

La presente ponencia tiene como objetivo realizar un estudio interpretativo acerca del proceso de transición de zona residencial a zona comercial en el boulevar Hidalgo de Hermosillo, Sonora. En los últimos años un segmento del boulevar, ubicado en una de las colonias más antiguas de la ciudad y considerado como parte del centro histórico, comenzó a abrir espacios de ocio en donde anteriormente solo quedaban casas y establecimientos abandonados; esto trajo nuevas propuestas culinarias y de disfrute a la población hermosillense, pero también ha generado conflicto con los y las residentes del vecindario. El estudio se llevará a cabo con el fin de realizar la tesis de licenciatura, utilizando una metodología cualitativa, donde se realizarían revisión de textos y documentos que han dejado un registro de este cambio, además de acercamientos hacia las personas que frecuentan estos espacios para conocer su punto de vista y lo que significa para ellos y ellas que esto esté ocurriendo en su ciudad, en contraste con las y los residentes de la colonia. Los resultados esperados son que, debido al crecimiento de la ciudad, se han generado oportunidades para que surjan estos espacios que cubran con los nuevos intereses y demandas de una sociedad hermosillense más moderna; el boulevar Hidalgo, con su ubicación céntrica y su relevancia histórica, ha sido el lugar ideal para establecer estos espacios de ocio, convirtiendo esta zona en un gran atractivo tanto para la población hermosillense como externa, pero sin respetar el hecho de que su alrededor sigue siendo una zona residencial, causando disturbios para los y las residentes. 

Resumen de la Ponencia:

Em 2016, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, capital do Estado do Ceará – Brasil, finalizou o processo de elaboração do plano estratégico de longo prazo da cidade, denominado Fortaleza 2040, com a entrega de 33 planos setoriais em diferentes políticas públicas, dentre elas: habitação, mobilidade, inclusão produtiva, segurança, saúde, educação, desenvolvimento econômico sustentável. O objetivo principal do Plano Fortaleza 2040 é “ser um instrumento voltado para a construção de uma cidade de oportunidades, bem cuidada, mais acolhedora e justa” (FORTALEZA, 2016), com o foco na redução das desigualdades socioeconômicas territoriais.O Plano, que tem como prazo 24 anos de implementação das suas linhas de ações, possui um sistema de governança baseado em três instâncias interligadas: I) Câmaras Setoriais: responsáveis pela articulação de órgãos e instituições envolvidos na execução do Plano Fortaleza 2040, com atribuições de integrá-las na execução das ações de cada um dos 33 planos setoriais; II) Observatório de Fortaleza: encarregado pelo monitoramento e avaliação tanto da execução das ações do Plano, como dos indicadores estratégicos selecionados para acompanhar o cumprimento de metas do Fortaleza 2040; e, III) Fóruns Territoriais: são as instâncias de diálogo entre a gestão pública e as comunidades de cada um dos territórios da cidade. Abertas à participação de qualquer cidadão possuem, entre outras atribuições, a competência de propor agendas territoriais orientadas pelo Plano Fortaleza 2040 e acompanhar a implementação das ações pactuadas com o poder público.Os Fóruns Territoriais dividem-se em 39 subterritórios dentro do município de Fortaleza, sendo geridos por 12 Regionais Administrativas, que realizam a gestão territorial da cidade, assim como são responsáveis pela manutenção e organização dos Fóruns Territoriais.Alguns pontos, no entanto, merecem atenção: como instâncias idealizadas pela gestão pública são incorporadas as dinâmicas singulares dos territórios constitutivos de uma cidade? De que maneira as entidades de participação comunitária constituídas de forma “orgânica” se inserem dentro desses espaços de diálogos e deliberação instituídos de forma “artificial” pela Prefeitura? Podem a participação, a transparência e o controle social ser impulsionados e concretizados de forma efetiva nos Fóruns Territoriais? Quais disputas de poder atravessam os diversos grupos que fazem parte desses espaços?Portanto, este trabalho tem por finalidade, através do estudo de caso das instâncias denominadas Fóruns Territoriais em Fortaleza, aprofundar o debate acerca da temática do planejamento estratégico das cidades, e como este é implementado, monitorado e avaliado através de espaços territoriais de participação comunitária. Outros pontos a serem analisados nesse estudo são o modelo de governança adotado pelo Fortaleza 2040 e suas possíveis implicações no território; assim como a execução do Plano de forma concreta e o alcance do seu objetivo central, que se constituí na redução das desigualdades socioeconômicas e territoriais da cidade.

Resumen de la Ponencia:

Frente al proceso de intensificación de la crisis climática global, las regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas pasan a vivenciar um desgaste ambiental de gran magnitud: la desertización. Aunque también sea generada por um rango de factores naturales, esta degradación tiene fuertes influencias derivadas de la acción humana y del avance desenfrenado del capital sobre los recursos naturales, em sus más distintos procesos de extracción exarcebada y altamente dañina, como resultado del avance del capitalismo global y de sus correspondientes acionamentos de reestructuración econômica. En Latinoamérica, en particular, se estima que el 50% de sus suelos, por ejemplo, están sufriendo algún tipo de degradación. En cuanto al territorio del Nordeste, región brasileña que abarca un clima semiárido cuya escasez de agua y concentración de la tierra son estructuralmente históricas, cerca del 13% de su territorio se encuentra en proceso de desertificación; otro 9% de sus tierras son afectadas irreversiblemente por este dinamismo. Ante este escenario, los Planes Directores de los municipios brasileños deben contemplar una tarea mayor: ¿cómo adaptarse al contexto de la crisis climática para garantizar los derechos fundamentales de acceso al agua, al territorio y la soberanía alimentaria a través de su elaboración y revisión? Para dichas notas se utilizó una revisión de la literatura legislativa sobre los Planes Maestros vigentes en el Nordeste del Brasil. Los resultados apuntan a una urgente necesidad de adaptación, así como de ajustes hacia la materialización de una política de valoración de la convivencia con los biomas locales, a fin de asegurar garantías fundamentales a los ciudadanos de la región y promover una interceptación del proceso de deterioro de los recursos naturales y la biodiversidad de los territorios. Palabras-clave: Derecho urbanístico; Derecho ambiental; Crisis Climatica; Desertización; Semiárido.

Resumen de la Ponencia:

Durante varias décadas, vivir en las grandes urbes ha sido sinónimo de acceso a la modernidad (Lefebvre, 1949). Desde principios del siglo XX, la atractividad de las ciudades chilenas condujo a su expansión y densificación, siendo el éxodo rural la principal causa de dicho proceso (Espinoza, 1988). Sin embargo, actualmente la alta concentración de población en las principales ciudades del país ha producido efectos perversos en términos ambientales. La densificación y pavimentación de la superficie, junto con la reducción de los espacios verdes produjo un deterioro en la calidad de vida de los habitantes: las temperaturas y la contaminación atmosférica, lumínica, acústica y visual aumentaron, las infiltraciones de agua se redujeron, el acceso desigual a amenidades ambientales se acrecentó, entre otros (Romero-Lankao, 2013; Aliste & Stamm, 2016). A eso se suman los efectos del cambio climático que, en el caso de Chile, agudiza las olas de calor y las sequías (Alvarez et al., 2021). La pandemia aparece como un catalizador de estas tensiones. Desde 2019, se observa una movilidad de la población hacia las localidades rurales periféricas, en búsqueda de un cierto grado de amenidad ambiental, sostenida por una parcelación de tierras agrícolas. Este flujo es alimentado por el aumento de liquidez obtenido por los dispositivos estatales para solventar la crisis de las economías familiares (retiro de fondos de pensiones e ingreso familiar de emergencia – IFE-). Ahora bien, este flujo poblacional produce una contradicción: la instalación de nuevas poblaciones en búsqueda de amenidades ambientales en espacios rurales o periurbanos deteriora el medioambiente y la calidad de vida de dicha población. La propuesta conceptual hace dialogar enfoques de estudios urbanos con la geografía política de los recursos naturales (Heynen et al., 2006; Lukas et al., 2020; Merlinsky et al., 2013). Interrogamos la noción de contradicción ecológica (O’Connor, 1991), habitualmente usada en los estudios sobre el extractivismo ambiental (Bustos-Gallardo et al., 2021), para analizar las tensiones entre la especulación urbana (Kan & Chen, 2021), basada en la valorización del medioambiente en la interfaz urbano-rural, y la sobrexplotación de los recursos hídricos. La metodología de investigación es de índole cuantitativa y cualitativa. Se basa en la comparación de tres estudios de casos de localidades rururbanas chilenas situadas en las comunas de Paihuano, Colina y Corral. 

Resumen de la Ponencia:

Os estudos sociológicos e antropológicos ainda são escassos no campo da Mobilidade Urbana em São Paulo e no Brasil, de maneira geral. A Mobilidade Urbana parece receber mais atenção por parte das disciplinas associadas às ciências exatas e tecnológicas. Em muitas cidades, o planejamento, a operação e a gestão da mobilidade urbana parecem não suscitar o interesse dos estudiosos desses campos. Entretanto, a mobilidade urbana, entendida como a relação social de mudança de lugar de indivíduos e grupos, pode ser vista como um “fato social total” (Marcel Mauss e Jacques Lévy), à medida em que atinge todos os campos da vida humana, em extensão e intensidade de uma dada sociedade. Tal perspectiva, abre espaço para análises ligadas às experiências cotidianas (Michel de Certeau) frente às desigualdades socioespaciais das cidades (Milton Santos e Marc Augé) e à apropriação do espaço por determinados grupos sociais. São possíveis ainda, desenvolver estudos sobre os hábitos e regimes corporais, e às interseccionalidades entre gênero e raça (Kimberlé Crenshaw). A partir de tais considerações, pretendemos analisar as características sociodemográficas dos usuários, os tipos de viagens que realizam, finalidades e tempos dispendidos, como também as dimensões de segurança envolvidas nas viagens das mulheres negras, em especial nos ônibus urbanos, que são os responsáveis pelo transporte diário de 9 milhões de passageiros na cidade de São Paulo.  A presença maciça das mulheres frente aos perigos da mobilidade durante a pandemia justifica a escolha do título deste artigo “Beleza e Perigo”, que, de alguma forma alude à obra Pureza e Perigo de Mary Douglas.  O artigo propõe-se a identificar as mudanças dos hábitos de viagem advindos pelo isolamento social decorrente da Pandemia do COVID-19, agravado pela institucionalização do Teletrabalho na cidade.

Resumen de la Ponencia:

En esta ponencia se expone la (in)movilidad como una conjunción resultante entre la dimensión espacial y la dimensión individual, yendo más allá de la concepción de inmovilidad como defecto de la movilidad (Massey, 1993; Kaufmann, Bergman, & Joye, 2004) y analizando la manera en qué las características del espacio y de la persona dan forma a una dinámica dialéctica entre moverse y no moverse (Hannam, Sheller & Urry, 2006; Adey, 2006; Dalakoglou & Harvey, 2012). Una (in)movilidad como punto intermedio, dinámico y de diversas intensidades, que funciona apropósito de una interacción problemática y “liminar” (Turner, 1980) entre moverse y no moverse. Se trata de analizar la (in)movilidad desde la dimensión espacial y la dimensión individual, lo cual permite entender cómo ambas dimensiones conforman “espacios vividos” (Lefebvre, 2013) de forma diferenciada, tensa y muchas veces difusa. Nos enfocamos en el caso de la territorialidad insular, lo que permite evidenciar cómo el componente espacial configura (in)movilidades dependientes a la relación entre el mar y la tierra, donde se tiene la complejidad de las fluctuaciones marítimas, climáticas y de lo accidentado de su propia geografía (Baldacchino, & Clark, 2013). Una insularidad que hace que las movilidades se den en extensos tiempos, y que de forma cotidiana los viajes estén en tensión entre realizarse o no (Sepúlveda, 2017) por la normal suspensión de viajes. En particular vamos a exponer el caso de las (in)movilidades por salud de los habitantes de las islas del archipiélago de Quinchao en Chiloé, a objeto de entender como son realizadas las prácticas de movilidad e inmovilidad por salud en este territorio, poniendo en relieve tanto la condición territorial, como también las experiencias vividas de (in)movilidad en contextos de atención por salud; entendiendo que desde ahí se entienden las diferentes tensiones a la hora de moverse por estos servicios y las complejidades mismas de cada enfermedad a la hora de enfrentar estas (in)movilidades. Las islas de Quinchao son pequeñas, con baja densidad residencial y poblacional (INE, 2017) y se constituye como un territorio fragmentado y “aislado crítico” (PLADECO, 2019), lo que repercute en estas prácticas de (in)movilidad por salud. Desde un trabajo de análisis de "entrevistas en profundidad" (Valles, 2003) realizadas a habitantes de diversos perfiles y territorios de este archipiélago, se intenta evidenciar la intersección o conjunción problemática entre los diferentes espacios y posibilidades de (in)movilidad por salud y las diferentes experiencias vividas que, darán cuenta (eventualmente) de los diferentes puntos e intensidades de la (in)movilidad en este territorio de análisis.  

Resumen de la Ponencia:

No Brasil, um grupo de pesquisadores tem se dedicado a pensar sobre novas possibilidades das cidades e do urbano que não estão diretamente associadas a cidades específicas, mas a um complexo urbano de cidades médias e pequenas, além de incluir territórios fronteiriços. Esse complexo urbano não é definido por cada unidade administrativa separadamente, mas pelas relações que essas cidades estabelecem entre si e pelas maneiras pelas quais pessoas e coletividades circulam e as classificam. Segundo esses pesquisadores, o complexo urbano aparece como uma única cidade na experiência de travestis que habitam a cidade, quando pensada a partir da estreita relação entre a gênero, produção de beleza, transformação corporal, economias sexuais e deslocamentos espaciais. Desse modo, corpo e espaço estão embutidos em um jogo permanente de desejo, consumo e mobilidade. E, assim, entre corpo e espaço, são produzidas subjetividades e afetividades. Nesse sentido, ofereço uma contribuição para essa proposta ao propor um diálogo entre este complexo urbano e as formas como as travestis se apropriam, experienciam e criam cidade. A pesquisa etnográfica realizada por mim entre 2016 e 2020 em três cidades brasileiras: São Carlos/SP, Franca/SP e Campo Grande/MS, ajudou a perceber que as travestis estão em constante deslocamento entre lugares e cidades. Ao longo desses deslocamentos elas desenvolvem uma epistemologia própria, a qual revela que a urbe das travestis é uma soma de cidades, um espaço contínuo que dissolve os lugares em imagens sucessivas de cidade. Decorrente da consideração das cidades na perspectiva das travestis, é possível pensar uma cidade que é um montante de outras cidades, um holograma construído pelas travestis que habitam a cidade para além dos limites geopolíticos, um espaço continuado. Ou ainda, uma cidade devir, uma cidade que se dá nos interstícios, não apenas localizada em um mapa político administrativo, mas em territorialidades que são feitas e refeitas por experiências urbanas materializadas dentro e fora das “cidades oficiais”, que tomam forma em sua mobilidade e heterogeneidade. Ou seja, a cidade travesti não é um palimpsesto, não é dada, imposta, mas construída nos movimentos. Com esse aporte, espero contribuir com os estudos sobre o urbano que consideram as transformações nos modos de vida e experiência urbana para reflexão sobre o passado, presente e futuro das cidades latino-americanas.

Resumen de la Ponencia:

As cidades brasileiras estão em constante processo de urbanização, ampliando a área residencial por meio da implantação de novas centralidades ou mesmo de loteamentos e conjuntos habitacionais. Neste sentido, é necessário investir nos meios para a mobilidade do cidadão, que se torna dependente da infraestrutura viária e de transportes públicos. Assim também, nessa necessidade de locomoção encontram-se as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, que por suas limitações estão sempre enfrentando maiores dificuldades nos deslocamentos que nem sempre estão em condições favoráveis de uso de acordo com as normas específicas de acessibilidade. Nos últimos vinte anos, a legislação e os gestores públicos, depois de muita pressão por parte da população e movimentos sociais, vêm transformando esta situação no sentido de garantir o direito de ir e vir de todos, inclusive pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Contudo, o saldo negativo de anos sem uma condição favorável de mobilidade urbana traz inúmeros problemas nos percursos urbanos, como calçadas deterioradas e com dimensões inadequadas, locais com ausência de rampas de acessibilidade, equipamentos de transporte público inacessíveis, barreiras físicas e atitudinais, entre outras condições que dificultam a locomoção segura e confortável de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Em relação aos meios de transportes públicos, existe o esforço de implantação de novos meios, como o sistema metroviário, por ser um tipo de transporte de qualidade e de longo alcance pela extensão da via férrea a ser implantada. Neste sentido, para este artigo buscou-se verificar as condições de acessibilidade no entorno da Estação Conjunto Esperança do Metrô de Fortaleza, visto que não basta o veículo e o terminal ou estação estarem acessíveis, mas todo um entorno de acesso da circunvizinhança. A metodologia se constitui de três etapas: uma revisão de bibliografia sobre questões de acessibilidade e transportes metroviários (Ceará, 2020; Santiago, Morano e Lima, 2021; Brasil, 2004, 2015; Vasconcelos, 2016; Balbim, Krause e Linke, 2016); análise das condições do entorno da estação em três percursos e da própria estação; e por fim, resultados e discussão sobre a análise, no sentido de contribuir para o debate a cerca de políticas públicas relativas à acessibilidade dos moradores com deficiência e mobilidade reduzida de bairros da periferia em grandes cidades. 

Resumen de la Ponencia:

En Argentina, desde hace varias décadas se viene construyendo conocimiento en torno a la cuestión urbana a partir de la implementación y desarrollo de los Observatorios Urbanos. Creados en su mayoría en el ámbito de instituciones académicas, estos observatorios operan con el propósito de generar y difundir información y conocimiento sobre un territorio determinado y el de promover actividades que contribuyan a la actuación de los actores gubernamentales y de la sociedad civil para mejorar el diseño de políticas públicas. De manera paralela, en el año 2017 se instala dentro de la estructura estatal el Observatorio Federal Urbano, como un organismo específico de apoyo técnico para el diseño e implementación de políticas habitacionales y urbanas, a partir de la generación y monitoreo de estadísticas e indicadores a nivel federal que posibiliten una mejor gestión de las ciudades argentinas. Por otro lado se define que la información que se genere en el OFU constituirá un insumo fundamental para conocer las dinámicas del territorio, orientar la toma de decisiones en materia de políticas públicas y evaluar las iniciativas en curso. De esta manera, se reconoce como un mecanismo de gran relevancia de la Política Nacional Urbana. En relación a este contexto, en este trabajo se presentan avances de una investigación sobre la circulación del conocimiento producido en los Observatorios Urbanos en Argentina, en el marco de la creciente institucionalidad de estos instrumentos. Entre los diferentes accesos metodológicos que se contemplaron para el abordaje del caso en estudio se destacan: entrevistas a investigadores/as vinculados a estas experiencias, la sistematización de informes y documentos de proyectos, el relevamiento de sitios web de distintos los observatorios, entre otros. La gobernanza urbana requiere instrumentar formas de gobierno innovadoras que estén a la altura de la complejidad de los desafíos del territorio y de los actores involucrados en su producción. Este estudio parte del entendimiento de que la democratización implica no sólo la cuestión del acceso a la información, sino también procesos más democráticos de producción y circulación del conocimiento. Este tema es fundamental, en consecuencia, para los observatorios urbanos,  entendidos como modos de conocimiento contemporáneos por lo que resulta interesante contribuir a la reflexión sobre la movilización de diferentes conocimientos para la construcción y seguimiento de políticas a partir de los roles que estas herramientas desempeñan, y pueden desempeñar. El resultado parcial de esta investigación destaca la importancia de otorgar legitimidad -política, funcional y social- a las acciones de los observatorios urbanos en curso y de fortalecer los nuevos mecanismos y estrategias de coordinación multiescalar y multiactoral, ya que su articulación conjunta posibilita formas innovadoras de producción territorial atentas a las diferentes demandas existentes -tanto locales, como regionales y globales-. 

Resumen de la Ponencia:

A cidade de Fortaleza (Ceará, Brasil) registra, há alguns anos, altos índices de crimes violentos, especialmente de homicídios dolosos. Uma das características desta violência é o “cenário urbano”. Em 2020, o Ceará foi o estado brasileiro com a maior taxa de Mortes Violentas Intencionais, sendo a região metropolitana de Fortaleza a mais violenta. A violência letal, especialmente os homicídios dolosos, não se dá de forma homogênea na cidade de Fortaleza, nem mesmo dentro de um mesmo bairro. Ao contrário, a violência ocorre de forma concentrada, em determinados territórios localizado em bairros com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A cidade não é apenas “palco” da violência. Há fatores específicos para compreensão do fenômeno da violência urbana. O papel do Estado deve ir além da atuação específica da segurança pública, buscando garantir os direitos fundamentais das pessoas vítimas da violência urbana. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 adota o projeto de um Estado Social e Democrático de Direito, que é explicitado desde seu art. 1º, ao afirma um Estado Democrático de Direito, tendo por fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Porém, com o advento das políticas neoliberais, já na década de 1990, uma série de reformas constitucionais tenta desconfigurar o projeto constituinte originário. O direito à cidade, ideário que pode ser extraído do texto da constituição, implica na compreensão de um espaço urbano mais democrático, inclusive e seguro. O objeto deste trabalho é o direito à cidade e as vítimas da violência armada na cidade de Fortaleza, especialmente de moradores de territórios marcados pela vulnerabilidade social. O objetivo do artigo é responder a seguinte indagação: qual a relação entre o direito à cidade e a situação de vulnerabilidade social das vítimas da violência armada urbana em Fortaleza. A hipótese é que a ausência de ações estatais, especialmente de políticas públicas para efetivação de direitos fundamentais é um fator de agravamento da violência urbana, especialmente nos territórios mais vulneráveis socialmente. A metodologia utilizada é pesquisa de dados oficiais sobre violência e bibliográfica. Como conclusões, ainda que preliminares, pode-se afirmar que os territórios marcados pela violência urbana são caracterizados pela ausência ou insuficiência de políticas públicas que buscam a efetivação dos direitos fundamentais. O Estado não cumpre seu papel de construção de relações sociais de solidariedade, o que contribuir para o esgaçamento do tecido social urbano e quebra da coesão social. As vítimas de violência e suas famílias, em geral, são moradores de regiões periféricas da cidade, que têm cotidianamente negado o direito à cidade.

Resumen de la Ponencia:

A partir de los desarrollos del sociólogo estadounidense John Brookshire Thompson, se define a la dominación como un tipo de relación característica de la vida social, en la que el poder se establece de forma “sistemáticamente asimétrica”. Es detentado por unos de una manera durable que excluye -e incluso mantiene inaccesible- a otros. En este esquema, coexisten individuos o grupos “dominantes” y “subordinados”, así como todos aquellos que ocupan posiciones intermedias, según el acceso a los recursos. En tanto, Michel Foucault concibió al poder como aquello que se ejerce: es una capacidad o una relación, no una propiedad. Sin embargo, su capacidad de ejercicio debe entenderse en función de las relaciones de fuerza existentes. En consecuencia, para Thompson, el poder se reduce a aquellos que controlan determinadas funciones, (re)produciéndose una desigualdad de medios, establecida a nivel institucional. De allí, que la dominación se predique mayormente por asimetrías sistemáticas entre clases, géneros, etnias o naciones. Además, dominación e ideología están intrínsecamente unidas: la primera es reproducida por la segunda. Así, “estudiar la ideología es estudiar las maneras en las que el significado sirve para establecer y sostener las relaciones de dominación”. Por otra parte, conviene recordar con Anthony Giddens que el poder puede ser entendido como control, en la medida en que ciertos agentes o grupos son capaces de influir en las circunstancias de acción de otros. A su turno, el historiador español Julio Aróstegui, realizó una genealogía del concepto de control social y lo definió como “una condición inexcusable del orden social”, de su permanencia y reproducción, gracias a la conformidad de los miembros para con el sistema. Al ser ejercido desde el Estado, éste se convierte en el mismo control, porque ninguna institución deja de ser “una agencia de control social”. Sobre este constructo teórico, se examinan las políticas de ordenamiento urbano aplicadas en Santa Fe y Rosario (Argentina), entre 1976 y 1983. Se las explica como parte de los modos de control impuestos a todo el cuerpo social, para mantener la dominación ejercida, analizando las formas de ejercicio del poder asimétrico a través de una de sus dimensiones: las políticas urbanas. Concretamente, los gobiernos dictatoriales locales emprendieron un conjunto de decisiones y de acciones de gobierno en materia urbana que contribuyeron a consolidar la idea de ciudad y de sociedad que tenían (y deseaban imponer o conservar) los sectores dominantes. De ese modo, fortalecieron situaciones precedentes y/o las fijaron en la materialidad, potenciaron cursos de acción pendientes o que no habían alcanzado su culmen y emprendieron algunas políticas novedosas. La tónica que las atravesaba era una de exclusión social. Empero, quienes las sufrían, pudieron presentar algún tipo de resistencia; la contracara del poder, según Foucault.

Resumen de la Ponencia:

Resulta evidente que para comprender en mayor profundidad las dinámicas urbanas actuales ha sido necesario incorporar las perspectivas de género y feminista a los estudios sobre la ciudad. Esto implica identificar cómo las construcciones culturales sobre lo masculino y femenino se traducen en relaciones asimétricas y de subordinación que se expresan en el espacio urbano históricamente.La presente ponencia busca identificar cómo el espacio urbano excluye por origen y definición a las mujeres que, al insertarse en actividades de carácter productivo, irrumpen en la ciudad generando una paradoja espacial que redunda en una práctica social violenta de dominación. Una desposesión del derecho a la ciudad (Lefebvre 1967). La ciudad es movimiento y el cuerpo es producto y producción de un espacio.Como conflicto urbano, la violencia sexual en espacios públicos puede entenderse como una de las consecuencias de la contradicción que implica que las mujeres ocupen el espacio público que ha sido producido por y para varones implicados en la producción de mercancías (Aladro, 2020a). Un conflicto urbano por partida doble: se comete en el espacio urbano y contra el cuerpo-territorio (McDowell, 2000) inserto en ese espacio urbano, transgrediendo las fronteras entre cuerpos/territorios. Como cuerpo vivido (Lefebvre, 1974) el espacio social asigna a la mujer su lugar apropiado y la encorseta a través del miedo que genera esta violencia como práctica territorializada (Román, 2016). La ciudad es movimiento, el cuerpo es producto y producción de un espacio, y lo urbano no puede inmovilizarse. Lefebvre defendió la idea de que la potencia revolucionaria de lo urbano radica en su movimiento permanente en general y del movimiento de la vida cotidiana en particular. La imposibilidad de inmovilizar la ciudad es la base de sus conceptos de apropiación, dominación/desapropiación y reapropiación. La apropiación remite al espacio natural y las necesidades de subsistencia y es derrotada por la dominación facilitada por la acumulación del poder de las armas:  “potencias abrumadoras, incluidas las tecnologías brutales y la extrema visualización” (Lefebvre, 1974: 214), que se fragmenta y se desprende de sí. La reapropiación del cuerpo está ligada a la reapropiación del espacio y “forma parte integrante de todo proyecto revolucionario de hoy en día, utópico o realista, si evita la banalidad pura y simple (Lefebvre, 1974: 215). La capacidad de agencia de los/as sujetos/as no se ve extinguida por los procesos que los/as estructura. Por el contrario, el enfrentamiento de las mujeres a esas prácticas – diversas estrategias generadas para usar la ciudad – es un acto subversivo porque genera una reapropiación del espacio otorgándole un uso y significación diferente de la original (Lefebvre, 1974). Indagar en este proceso de disputa por el espacio es menester de la presente propuesta.  

Resumen de la Ponencia:

La emergencia de la pandemia COVID-19 fue un suceso inesperado que impactó de manera diferencial en los barrios informales de Argentina, produciendo reconfiguraciones en las agendas políticas y en los territorios. Desde el inicio, el desarrollo de la pandemia en el Barrio 31 de la CABA tomó particular relevancia mediática debido a la falta de acceso a servicios básicos, específicamente el agua, esencial para la subsistencia, higiene y salud en este contexto.La presente ponencia busca comprender y analizar las prácticas y los sistemas de significación presentes en las demandas y controversias articuladas en relación al acceso al agua en el Barrio 31, por parte de residentes, organizaciones sociales, agencias gubernamentales y organismos encargados de la provisión del servicio, desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en marzo de 2020.La relevancia del caso radica en las características propias de este barrio informal configurado socio-territorialmente desde hace más de 80 años y que en las últimas dos décadas ha contado con diversos grados de intervención por parte del Estado. Además, en él conviven un conjunto heterogéneo de organizaciones sociales, civiles y estatales.Esta ponencia es resultado de un trabajo de investigación desarrollado en el marco del Seminario “Pobreza, Hábitat y Gestión Ambiental” Cat. Scheinsohn de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. El análisis del caso se enmarca en un proyecto de investigación de la Cátedra que aborda el impacto de la pandemia en los procesos de producción de hábitat informal y la conformación de estrategias de los habitantes y del Estado en las villas/barrios 31, 20 y Azul-Itatí del AMBA.Para su análisis se pondrán en diálogo dos perspectivas. La primera, centrada en la noción de territorios hidrosociales incluye la dimensión espacial de las relaciones de poder y los conflictos generados en torno a disputas por saberes, discursos y recursos vinculados al agua en el territorio. La segunda, parte de la tríada analítica de Giddens, que refiere a tres tipos de relaciones a través de las cuales se constituyen y transforman las prácticas sociales en el territorio: (1) estructuras de asignación, relacionadas con el flujo de recursos; (2) estructuras legitimadas y legitimizantes, relacionadas con la constitución de reglas y su regulación; y finalmente (3) sistemas de significación, relacionados a las racionalidades y discursos emergentes. Este marco conceptual permite abordar la construcción socio-histórica y política de percepciones sociales y controversias generadas sobre el acceso al agua, al mismo tiempo que permite interpretar: las condiciones del contexto; el rol de las organizaciones de base y del Estado; el proceso de colectivo construcción de resistencia; y la conflictividad emergente.Como estrategia de análisis recurrimos a fuentes de datos secundarias cualitativas y cuantitativas que incluyen informes y documentos.

Resumen de la Ponencia:

Los procesos de planeación participativa son centrales en la construcción de ciudades incluyentes y en el avance hacia la justicia territorial. Realizados de manera correcta los denominados talleres de participación ciudadana permiten ejercer la democracia directa y sirven como espacios pedagógicos de construcción de ciudadanía.  Al mismo tiempo, estos espacios de participación ciudadana actúan de contrapeso frente a instrumentos planeación urbana construidos desde una visión de expertos, los cuales muchas veces sirven de forma intencional o involuntaria a los intereses del capital. Ellos pues permiten que las comunidades que habitan un territorio comuniquen y defiendan los intereses y las visiones de futuro que tienen sobre el territorio cuestión y complementan con el saber cotidiano al conocimiento técnico que sobre un territorio tiene el equipo experto que elabora la propuesta del instrumento de planeación. La ponencia que aquí se propone retomará la experiencia del proceso de planeación participativa desarrollado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad en junio y julio de 2021 para elaborar el Plan de Manejo del Centro Histórico de Puebla. Centrándose en analizar la metodología de los talleres realizados con la comunidad de manera virtual, haciendo un balance crítico de los retos que implica realizar a distancia una metodología tradicionalmente presencial. De esta forma se expondrá la metodología empleada para desarrollar las 17 mesas virtuales de participación ciudadana para llevar a cabo el diagnóstico y afinar las estrategias del plan de Manejo del Centro Histórico de Puebla.  Estas mesas contaron en total con 350 asistentes, cifra que incluye al equipo de investigación del PUEC, personal de la Gerencia del Centro Histórico de Puebla y a asistentes. 

Resumen de la Ponencia:

Guadalajara en el siglo XXI se aprecia como una ciudad dispersa y difusa, donde la caracterización del espacio público relacional es personificada por las alteraciones radicales de las prácticas sociales que están sumergidas en un sistema de desarrollo moderno heredado del imaginario de la vida urbana de las décadas pasadas y que ha provocado, entre otras situaciones, el deterioro progresivo del hábitat. Bajo este escenario se ha replanteado la necesidad de generar estrategias que conduzcan a nuevas políticas de estabilización social, en el marco de la economía global, y que motiven a reducir los problemas relacionados con los daños en el tejido social.De manera paralela se encuentra en la palestra de la discusión, de las diferentes esferas de acción social, la creación de nuevos sistemas de organización que provoquen los escenarios hacia la sustentabilidad progresiva para reducir las brechas de la desigualdad social, en ese mismo orden, la acción comunitaria de la sociedad civil organizada, así como organismos internacionales, espacios gubernamentales y académicos han abierto el discurso sobre la revitalización e importancia de la cohesión social. Para la propuesta de ponencia se expone el estudio de caso del Barrio de San Andrés, un lugar lleno de identidad y tradiciones en Guadalajara, donde las marcas del tiempo que se aprecian en las fachadas de las casas nos hablan de un territorio que ha transitado de la vida rural y hacia las modificaciones de la expansión urbana, un lugar de surgimientos de movimientos sociales y con una fuerza de actividad cívica que refleja el dinamismo de sus actores locales. En el barrio de San Andrés, la participación ciudadana ha sido fundamental para la generación y consolidación del capital social. La inercia de las diferentes actividades cotidianas de los pobladores han posibilitado plantear nuevos escenarios de gobernanza donde los mismos vecinos sugieren proveer de acciones y estrategias que correspondan a necesidades puntuales que requiere el territorio, como: la creación del primer centro cultural  municipal comunitario en Guadalajara, la fundación de la asociación civil San Andrés A.C. y una mayor  capacidad de gestión con los diferentes órdenes del gobierno para el involucramiento en la redefinición del espacio urbano con un carácter social.  El análisis de la ponencia se enfoca en profundizar en las convergencias entre los actores que inciden en el espacio público relacional, de su capacidad de forjar una gobernanza territorial para entender la dinámica de la cohesión social, sobre los valores que conducen hacia la acción comunitaria y que pueden ser determinantes para el estudio y análisis de las nuevas formas de organización social.