Resumen de la Ponencia:
La propuesta teórico-analítica que aquí se presenta, se basa en dos categorías producto de una tesis de doctoral, la cual acumula más de 7 años de investigación teórica y de campo (desde el trabajo de grado de maestría). La primera categoría es la de Estado se Seguridad, la cual intentamos aterizar como un núcleo de elementos base que podemos encontrar en varios países del subcontinente que habitamos. La segunda categoría, la nombramos como securitización de la democracia, aplicada la encrucijada colombo-venezolana como hipótesis.El Estado de seguridad poco se entiende desde los estudios exclusivamente nacionales en América Latina es, por tanto, un factor esencial para entender cómo y desde cuándo se han reconfigurado los tiempos productivos ylos territorios para tener control de corredores estratégicos, por medio de la estrategia policiaco-militar pero conestandarte de principios democráticos de cualquier índole. Tiene, además, relación directa con la violencia, lacontrainsurgencia y el neoconservadurismo, es la enunciación consumada del papel del Estado frente a enemigos que, en el discurso, ya no son políticos pero en el fondo se simula sobremanera tanto la no intervención estatal (dentro del concierto neoliberal de recomposición de clases, los Estados solo se reorganizan productivamente, no se desmantelan, ningún Estado para de crecer) como la militarización de la lucha de clases. La securitización de la democracia es un proceso que no se desarrolla de manera universal, para su problematización en Colombia y Venezuela y el impacto que tiene desde estos dos países para el resto de América Latina, debemos desagregar que se articula en cinco líneas generales: La dimensión geopolítica, la reconfiguración económica, la reconfiguración político-regional, los nuevos escenarios de seguridad y los “nuevos” riesgos y amenazas. Existen, además, sujetos sociales y relaciones de fuerza que despliegan a escalas esta securitización de la democracia, cuyos condicionantes son las características de género, etario y étnicas.La encrucijada colombo-venezolana se registra como uno de los principales paradigmas latinoamericanos debido a cinco elementos identificamos en ambos Estados y sociedades, y que pueden apartarnos deromantizar las resistencias populares; por un lado, y por otro de enfrascarnos en la explicación basada en lanecesidad histórica de las oligarquías por contener las fuerzas populares a través del ejercicio extraterritorial del Estado: lasalianzas geopolíticas regionales e internacionales, la política de maquinaria electoral y medidas populistas, la vulnerabilidad de la soberanía popular en procesos de base, la militarización por medio de gobiernos civiles y la caotización de la vida. Realizar una cartografía de procesos securitarios militaristas que los categorice como positivos o negativos másallá de su andar democrático es caer en un ejercicio analítico malogrado, el esfuerzo teórico sería transcrito en unlibelo ideológico y la comparación sería inútil.
Introducción:
Más allá del lugar común por el cual múltiples enfoques anunciaron en los años de la década de los 80, el afianzamiento del patrón de acumulación capitalista denominado neoliberal, y que reiteraron un salto de interpretación teórica desde el tiempo de las nombradas dictaduras de seguridad nacional, anclándose al “giro a la democracia”[1], busco caracterizar dos categorías de análisis: el Estado de seguridad y la securitización de la democracia, respectivamente. No es un revisionismo de la teoría del Estado y la teoría de la democracia en América Latina necesariamente, es historizar[2] el tipo de Estado que se concretó con el neoliberalismo y, sobre todo, cuáles son las dinámicas sociales que lo sustentan para después aterrizarlas en la realidad concreta de Colombia y Venezuela bajo la relación de las políticas de seguridad y el modelo democrático. El Estado de seguridad se configura, actualmente, como la concreción estatal del capitalismo-neoliberal que en todo momento hace notar su sello bélico y que reposa sobre esta característica la relación a menor inversión-mayor productividad/plusvalía.[3]
Por un lado, el discurso, deseo, práctica y reproducción securitaria se encuentran completamente ancladas en el subcontinente, por otro lado, el modelo de democracia liberal, con el epíteto que sea nombrada, no se cuestiona, se da por hecho que es la forma de gobierno por antonomasia, las preguntas son ¿para qué y para quién? El choque con la realidad misma da cuenta y revela por completo que es la forma de gobierno bandera del capitalismo-neoliberal, la que permite su reproducción con mejores condiciones para los pocos que se benefician de esto. Por tanto, una seguridad democrática (eslogan que incluso se han apropiado literalmente, y convertido en política de Estado, algunos gobiernos como el de Álvaro Uribe en Colombia) se materializa como un oxímoron neoliberal (y posmoderno): “El neoliberalismo es capitalismo de guerra en tanto el fin último es la neutralización y control del adversario para garantizar la reproducción del saqueo” -definiría Rodríguez Rejas[4]- o el proceso que dos Santos llamó “Del terror a la esperanza” o “El genocidio económico y social del capitalismo contemporáneo” que nombra Renán Vega Cantor.[5
Desarrollo:
Estado de seguridad como categoría de análisis
Si bien el modelo político apelado neoliberal tuvo un empuje inicial heterogéneo en la región latinoamericana (algunos países lo hicieron de la mano de dictaduras militares como Argentina, Chile o Guatemala, otros procesos distintos pero no menos violentos tuvieron Estados como Venezuela, México o Colombia, por mencionar algunos contrastes entre las décadas de 1970 y el año 2000) busco hallar las características del Estado de seguridad luego de más de cuarenta años de aplicación de políticas neoliberales y saber cómo operan.
Recupero al Estado de seguridad dialogando con obras y autores que, dentro del vasto baleo de aproximaciones, tres de estas representan las bases desde las que reafirmo la categoría de análisis, atendiendo la formación estatal y la forma de gobierno que se despliega en este: hablamos de “Capitalismo de guerra y Estado de seguridad. Lastres y desafíos” de María José Rodríguez Rejas, Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad escrito por Isabell Lorey y “El Estado de contrainseguridad con coro electoral” cuyo autor es Jaime Osorio.
Preciso las características del Estado de seguridad retomando las variables del texto de Rodríguez Rejas:
Tratamiento policial y penal de la pobreza, judicialización del conflicto, criminalización de la protesta y de la pobreza, impunidad y descomposición del sistema judicial, militarización de la seguridad pública, reestructuración de la subjetividad y socialización en el marco de una cultura de guerra, el uso del miedo y de la propaganda como regulador social, un marco jurídico e institucional que pone en el centro la seguridad del orden dominante, y una estrategia de guerra total, permanente y preventiva donde la ciudadanía crítica es tratada como (potencial) enemigo interno en una sociedad de control.[1]
Por su parte, Jaime Osorio coloca en el centro de la discusión que:
En los últimos años se ha configurado una nueva forma de gobierno en América Latina, que denomino ´Estado de contrainseguridad con coro electoral´. Con esta forma de gobierno llega a su fin el periodo abierto con la llamada transición a la democracia, que dio origen tanto a remedos de democracia, como a los gobiernos populares y a los gobiernos progresistas en la región.[2]
Llama la atención que Osorio, aunque realiza un estudio que se adentra en la crítica de la teoría del Estado, nombra a su propuesta como una forma de gobierno debido a que se basa en el Estado dependiente, del cual retomamos la especificidad del papel de las clases dominantes. Osorio se fundamenta en una persistencia teórica con Ruy Mauro Marini[3] y aunque existe un contínuum histórico de la guerra contrainsurgente en la región[4], la reconfiguración estatal, su despliegue institucional y la resocialización del sujeto social que aguantan al Estado de seguridad no son producto de una respuesta ante una crisis de la democracia liberal representativa y de sus remedos en América Latina -como sostiene Osorio- son, mejor dicho, su impulso mejor logrado.
El Estado de seguridad se reconforma como un ente fuerte, un ariete que abandera la acometida de la burguesía financiera dominante ante la gran mayoría de personas trabajadoras. Una estocada que abre el telón ante -lo que llama Enzo Traverso- la “cultura de la derrota”.[5] De igual forma, separo la categoría de análisis de los estudios anclados en la llamada crisis, “desintegración”, “disolución” o “fragmentación” del Estado,[6] las cuales consideran que el Estado no tiene la capacidad institucional ni coercitiva para apuntalar los problemas de seguridad y dan pauta a tesis como la de los “Estados fallidos”. Bien dice Osorio, “en el seno del capitalismo no es posible que la vida en común se pueda desarrollar sin Estado [se trata, por lo tanto, de] poner de manifiesto que las nociones empleadas, como ´fragmentación´ del Estado, y peor aún, ´disolución´ del Estado, conducen a serios equívocos teóricos y políticos.”[7] Sustentar la presente investigación desde estas corrientes obstaculizaría considerar que el Estado de seguridad es una reconfiguración dentro del concierto neoliberal de recomposición de clases, pues los Estados solo se reorganizan productivamente, no se desmantelan: ningún Estado para de crecer. [8]
Lorey, por su parte, desde su análisis en el que dimensiona a la precarización como la totalidad de la vida misma y que es organizada desde los Estados neoliberales, expresa el fenómeno de la siguiente manera:
Esto conduce a una forma de gobierno que ya no se consideraba posible al menos desde Thomas Hobbes: un gobierno que ya no se legitima porque promete protección y seguridad. A diferencia de esta vieja regla del dominio, esto es, la de exigir obediencia a cambio de protección, el gobierno neoliberal procede sobre todo mediante la inseguridad social, mediante la regulación del mínimo de protección social que corresponde al mismo tiempo a una incertidumbre creciente. En el curso de la demolición y reorganización del Estado del bienestar, así como de los derechos asociados al mismo, se ha conseguido establecer, gracias también a la proclamación de una supuesta ausencia de alternativas, una forma de gobierno basada en un máximo de inseguridad. Que la precarización se haya tornado en un instrumento de gobierno significa asimismo que el grado de la precarización no puede traspasar un determinado umbral, no puede poner seriamente en peligro el orden existente, no conduce por lo tanto a la rebelión. El arte de gobernar consiste hoy en equilibrar ese umbral.[9]
La variable de la precarización como estrategia a través de la incertidumbre que desarrolla Lorey, así como el miedo y el uso de la propaganda, que estudia Rodríguez Rejas como una de las variables del Estado de seguridad, actúan en esta investigación, más bien, como un apalancamiento perfeccionado de la reproducción de marginalidad desde el Estado (aunque Lorey, al contrario de Osorio, lo aborda como un estudio de gobierno pero lo titulo como Estado), que como un regulador social. El regulador en sí mismo se constituye desde la precarización/incertidumbre[10] organizada. Hablamos, entonces, de un fenómeno estructural y no exclusivamente ideológico, que se efigie como Estado-gobierno y que va más allá del enfoque sobre las nociones de control, disciplina y, sobre todo, poder que moldean sujetos, los cuales tomaron mucho impulso desde las obras de Michel Foucault[11], y en las que reposa la estructura teórica de Lorey.[12] En una región donde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe titulado “Panorama Social 2020 de América Latina” estimó que la tasa de pobreza promedio alcanzó el 33,7% y la pobreza extrema el 12,5% ( lo que significa que el total de personas pobres ascendería a 209 millones – es decir un tercio de la población latinoamericana y caribeña- y 78 millones estarían en situación de pobreza extrema) plasma un terreno fértil en operacionalidad para las variables que constituyen un Estado de seguridad.[13]
Redimimos, al mismo tiempo, de la obra “El Estado de contrainseguridad con coro electoral” el sentido analítico en el que señala que las fracciones del capital internacional que tienen inversiones en la región latinoamericana o negocios con las burguesías u oligarquías locales, actúan con contundencia contra los gobiernos progresistas o revolucionarios nacionalistas ante la mínima expresión de llevar a cabo políticas redistributivas de carácter social, lo que materializa al Estado de seguridad como el estandarte de defensa de la gobernabilidad democrática que más allá de estabilidad, paz y progreso tiene de telón de fondo la expoliación, producción continua de desigualdad, marginalidad y el extractivismo, en un mercado donde cada vez se presentan menos espacios para que el capital pueda desglosarse.
Lo anterior se traduce como el carácter contrainsurgente del capitalismo-neoliberal de guerra, Osorio remata: “es así una respuesta a las exigencias económicas y políticas del capital, lo que reclama nuevas derrotas del mundo del trabajo y de los sectores populares.” En efecto, la desigualdad trasmuta en una realidad lacerante que no tiene otro horizonte que la muerte y expoliación a través de la super explotación de las mayorías marginadas y despojadas, un exterminio sistemático,[14] pero que se figura como políticas programáticas desde un Estado reconfigurado y repotenciado, cuya centralidad radica en la seguridad (institucional, cultural e históricamente).
Dimensiones del Estado de seguridad
Teniendo siempre en cuenta que lo primordial de la seguridad es su materialidad, se trata, entonces, de objetivar las prácticas sociales más allá del discurso y presentar, de esta forma, las interrogantes del vínculo entre seguridad y democracia en el capitalismo-neoliberal. Acato, por tanto, cuatro grandes dimensiones en las que rastreo el Estado de Seguridad en la región:
Geopolítica/espacial: en esta variable se contempla la escala internacional, regional y subregional. Es decir, la relación de Estados Unidos y otros Estados con intereses e injerencia en la región, pero también relaciones intrarregionales a través de la política de cada país con el resto de la subregión.
Estrategias de seguridad: en esta dimensión se da cuenta de los nombrados renovados riesgos y amenazas (cómo se concibe al enemigo).Aquí yace el vínculo entre seguridad y democracia que enmarca el
Estado de seguridad, pues con el paso del tiempo, el sentido de seguridad ha ido cambiando sus objetivos a la par de las adaptaciones estratégicas del capitalismo, tales como la renovación de la concepción del terrorismo, los riesgos medioambientales, la globalización, la seguridad social, las migraciones masivas y el narcotráfico. Riesgos y amenazas producto de la desigualdad, la pobreza, la exclusión social y la acumulación que pareciera no tiene límites, particularmente después del término de la Guerra Fría. La vinculación con la militarización social obliga a comprender cuál es el papel de la seguridad (como narrativa) y las instituciones de seguridad en la gobernabilidad democrática y sostén de la dominación por medio de las políticas de seguridad nacional, mezcladas con seguridad pública (entendida a menudo como seguridad interna), tanto a nivel nacional como local, identificando actores estatales y no estatales (como los cuerpos privados de seguridad).
Militarización social: esta variable la entiendo como la racionalidad de guerra que se expande, o sea la guerra como forma de hacer política. Apuntalada, en primer lugar, por la transformación institucional del Estado, la cual ya no es pilastra de la lógica clásica de la guerra, y nos inserta a una dinámica social de guerra permanente total en la que se percibe en todo momento a un enemigo interno y externo, la cual conlleva la naturalización de la percepción de amenazas (reales o no), sanciones, etc. banalizando la crueldad doméstica y social (física y simbólica). En segundo lugar, reconfigura escenarios de seguridad a escala nacional y local, en esta última asumir las contradicciones de las bases sociales es imprescindible. Me aleja, por último, de los enfoques liberales, pues atiendo el papel político de las fuerzas armadas (como actor político) y los cuerpos de seguridad. Asimismo, rastreo la relación con otros actores políticos y económicos, donde se puedan observar presupuestos para seguridad, formación de fuerzas armadas (de qué tipo y qué sentido) y la valoración de los cuerpos de seguridad por otros actores.
Dimensión económica: Esta dimensión enmarco el papel de las economías de enclave y territorialización reconfigurada desde la explotación de los recursos naturales, para dar cuenta cómo impactan las políticas de seguridad en los cuerpos y los territorios a nivel local y nacional.
La ñapa: la encrucijada como hipótesis[15]
El Orinoco y el Magdalena se abrazarán.
Entre canciones de selva y tus niños y mis niños
le cantarán a la paz.[16]
Cuando pensamos en Colombia o en Venezuela muchas veces nuestras reflexiones se remiten a situaciones contrapuestas con contextos inversos. Pese a compartir 2219 kilómetros de frontera, una cantidad inconmensurable de expresiones culturales y una histórica formación estatal, existe incomprensión y poco conocimiento entre Colombia y Venezuela y viceversa. No es para menos, las arengas gubernamentales y los imaginarios sociales hegemónicos respaldan esta idea: en tiempos recientes se tradujo en posicionar al gobierno venezolano, especialmente desde su homólogo colombiano como vanguardia de tal embate, como responsable de todos los lastres del capitalismo. Una presunción que, sin embargo, no es reciente, la relación colombo-venezolana figura como hipótesis de conflicto atravesada por dos historias nacionales no tan desiguales en una rezonificación basada en economías de enclave, donde las oligarquías tanto terratenientes como petroleras, respectivamente, eran las más beneficiadas. De Venezuela hacia Colombia no es distinta la visión que se tiene, señalada como la cuestión “colombo-venezolana”[17] se enfrascan en los lugares comunes del narcotráfico, asimilado de manera superficial, y el imperialismo.
La situación en la República Bolivariana de Venezuela acaparó, en el último lustro, los reflectores de las matrices mediáticas corporativas. Asimismo, estas matrices de difusión masiva han sustentado la idea de que en Colombia se encarna la mal nombrada guerra contra el narcotráfico por antonomasia. Estos fenómenos se nos muestran, en primer lugar, aislados, desde un enfoque nacional y con poca profundidad. Es decir, no podemos atender un fenómeno sin echarle un vistazo relacional al otro, hablamos de una correlación dialéctica, una encrucijada regional. El objetivo que persigo, por tanto, es darle un tratamiento metodológico distinto a tal semejanza: mutar de la hipótesis de conflicto desde la comparación a considerarlo una encrucijada como un estudio regional. La encrucijada es, por tanto, pensar la encrucijada como potencialidades y posibilidades distintas.
La encrucijada colombo-venezolana encuentra una de las vertientes de análisis más importantes en el tratamiento de la seguridad y su relación con los procesos democráticos, debido a que al estudiar esta relación damos cuenta de que confluyen las dimensiones del Estado de seguridad .Las siguientes reflexiones las abordamos con especial énfasis en los últimos 20 años en dos países que, aparentemente, son antítesis; dos modelos democráticos y de políticas programáticas de seguridad que, hipotéticamente, son diametralmente opuestos pero con mediaciones sociales no tan distintas.
A primera vista constituir como un andamiaje teórico a la gran contradicción social que se expresa en los fenómenos respecto al espectro de la seguridad y su vinculación con los procesos democráticos, ocurridos en la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela en los últimos 22 años, acuñados como Estado de Seguridad y las relaciones sociales que lo sustentan y que nombro como securitización de la democracia, pareciera un oxímoron. Uno más en este desencanto posmodernista, como diría Jaime Osorio. Por un lado, se entiende que el ejercicio categorial está dado en Colombia, la securitización de la democracia tiene relación directa –e histórica- con la gobernabilidad neoconservadora. No obstante, afirmarlo categóricamente en Venezuela sería negar de tajo el esfuerzo por la justicia social que se hizo más evidente entre los años 2004-2011.
Las dimensiones de la encrucijada colombo-venezolana que la sustentan como estudio regional son:
Las alianzas geopolíticas regionales e internacionales (especialmente la relación con los EEUU), Las dinámicas de actores políticos institucionales o no(nacionales, regionales y locales), La vulnerabilidad de la soberanía popular en procesos de base, La militarización social por medio de gobiernos civiles y La caotización de la vida.
Estos elementos pueden apartarnos de romantizar las resistencias populares; por un lado, y por otro evitar enfrascarnos en la explicación basada en la necesidad histórica de las oligarquías por contener las fuerzas populares a través del ejercicio extraterritorial Estado (imperialismo).
Estado de seguridad y securitización de la democracia en la encrucijada colombo venezolana
Un mercado permanente y lucrativo para la violencia
Cuando revisamos la historia de la región, hallamos que Colombia ha sido llevada por sus gobiernos nacionales a una suerte de Estado ariete en torno a los intentos de integración continental que no son propuestos por el hegemón. Luego de Venezuela, lo que sucede en Colombia parece ser el otro gran tema de Latinoamérica. Después del llamado “empate negativo” el gobierno de Juan Manuel Santos buscó una salida negociada al conflicto armado, sin embargo, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera -impulsado principalmente y en una primera instancia desde el exterior- no fue ningún obstáculo para la mezcolanza entre el conservadurismo, la contrainsurgencia y el autoritarismo que se vive en la república colombiana.
El actuar del gobierno encabezado por Juan Manuel Santos no distó mucho de su antecesor inmediato pese a los intentos, montados en los medios masivos de difusión, por afirmar lo contrario. Estos dos periodos gubernamentales se presentan como la continuación histórica ya no del todo del enemigo interno, pues no desaparece bajo otras formas, debido a que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ejército del Pueblo ( FARC-EP) estaban fuera –como enemigo armado directo- de los imaginarios colectivos del grueso de la sociedad colombiana, sino del enemigo externo que encarnó la República Bolivariana de Venezuela, un agravante securitario que sentó las bases de la política militarizada del gobierno de Iván Duque: sumó a Colombia como socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), brazo armado de trasnacionales estadounidenses y europeas como la describe Nicola Hadwa Shahwan. Esta iniciativa fue emprendida, también, por Juan Manuel Santos antes de la finalización de su mandato.[18]
Colombia, desde entonces, vive una de las Guerras Recicladas, tesis de María Teresa Ronderos[19]. Antes de terminado el mandato de Álvaro Uribe ya empezábamos a escuchar las primeras voces que anunciaban el nuevo enemigo, las BACRIM (Bandas Criminales), modernización y sofisticación del paramilitarismo. Se asomaba así la Seguridad Democrática 2.0, con la promesa de combatir al subproducto de su primera versión, con el agregado de las proyecciones expansionistas, también retomando sus añejas pretensiones sobre las costas centroamericanas. Esta segunda versión capitalizó, además, el mito de la “venezolanización de Colombia”. Ello enmarca el tan sorprendente como contradictorio papel de la sociedad civil: malestar social interior y a su vez legitimación del enemigo externo, que cae como velo sobre lo primero. La nueva geografía política del continente pareciera poco perturbar a Colombia.
El panorama es poco alentador: aunque las fuerzas armadas colombianas no son una estructura monolítica, la maquinaria y la economía de guerra siguen prácticamente intactas en Colombia, y la narrativa del enemigo interno también; aún está en armas el Ejército de Liberación Nacional (ELN) circunstancialmente opacado por el espejismo del enemigo externo pero convertido en complemento de este último. Sobre esta anquilosada maquinaria, Carolina Sanin menciona que los imaginarios de gran parte de los colombianos se basan en la añoranza de la seguridad a través de un paternalismo autoritario y, pareciera que, de manera ficticia, participativo e incluyente. Lo civil le abre paso a la militarización. El Estado colombiano poco ha cumplido de los compromisos contraídos en los acuerdos con las FARC-EP, y gran parte de los desmovilizados, algunos también a causa del riesgo inminente al que se encuentran expuestas sus vidas y a la precariedad de sus condiciones laborales, han retornado a las armas ya carentes de componente ideológico (que dicho sea de paso tenía varios años desdibujado). Sumado a esto, la crisis de asesinatos de líderes sociales. El conflicto armado ha degenerado aún más. Los gobiernos colombianos, su oligarquía y burguesías y la subordinación hacia los Estados Unidos, están condenando a Colombia a aferrarse al muy lucrativo mercado de la violencia, donde la recomposición del poder de clase basado en el cambio de los patrones de consumo y la reconfiguración orgánica de las clases sociales, son el motor de tal problemática.
La crisis de síntesis
Venezuela como escenario del pillaje territorial, de las exacciones de la metrópoli, del despojo de las comunidades autóctonas, de la lucha de castas y de clases. Venezuela cuya dependencia ha sufrido procesos de transformación en el tiempo: de colonial absoluta a neocolonial, pero siempre como periferia capitalista, como suministradora de productos primarios para ser intercambiados en términos de desigualdad por los productos industriales de las metrópolis; varió la calidad del producto; primero fue el cacao, luego el café, ahora el petróleo; primero la piel de la tierra y después su entraña; primero el buque español, luego el inglés o francés y hoy el norteamericano; primero las Cortes hispánicas, luego la City de Londres, ahora Wall Street, Manhattan, Chicago, Detroit . . . Pero en toda la historia el vasallaje, la supeditación a los ajenos poderes, la riqueza producida que se escapa a través de los múltiples pero seguros mecanismos de la dependencia”.
Domingo Maza Zavala (Mayo de 1974),
“Prólogo” al libro de Héctor Malavé Mata, Formación Histórica del Antidesarrollo de Venezuela, Caracas, Fondo Editorial Salvador de la Plaza / Editorial Rocinante, 1974.
Esta problemática no es ajena al lado venezolano, especialmente después de 2013, año de la muerte de Hugo Chávez y punto de partida común entre la mayoría de académicos, periodistas y analistas que abordan la situación actual de Venezuela y sus múltiples corrientes o puntos de abordaje. Críticos o no, coinciden en que la muerte de Hugo Chávez Frías fue un parteaguas en la Revolución Bolivariana. Cierto es que, desde la desaparición física del expresidente, el tratamiento de la Doctrina de Seguridad Bolivariana y la relación entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), los Consejos Comunales, las Comunas y los colectivos adquirieron un cariz más duro debido a los embates que se recrudecieron dirigidos desde el exterior, con la venia de una oposición local incapaz, en parte, de diagnosticar la realidad del país que aspira a gobernar.
Si nos basamos en los discursos gubernamentales pareciera que la pugna entre Monroe y Bolívar está más viva que nunca. Sin embargo, es un contexto que demuestra, por un lado, que la centralidad del Estado no ha perdido vigencia y, por otro, que los mecanismos hegemónicos y de dominación se dicen de otras maneras, pero no han degenerado su esencia.
Tales acometidas se tradujeron, de igual manera, en retrocesos significativos de la Revolución Bolivariana; hiperinflación galopante, pérdida abrupta del poder adquisitivo del promedio de la población, economía basada en divisas (principalmente dolarización), privatización de los pocos procesos productivos, migración masiva calificada, antagonismo y choques con los procesos comunales, todo esto ha intentado matizarse con el exasperado discurso antiimperialista, propiciando un quiebre desmoralizante y desmovilizador que ha traído por resultado la falta de cohesión en el seno de las izquierdas que nutren al chavismo. Una crisis de síntesis en el proyecto chavista.
Luego del juramento colectivo simbólico, conjurado a raíz de la ausencia física del presidente electo venezolano, el 10 de enero de 2013, vinieron los choques más cruentos, desde la “Salida” promovida en 2014 que dio paso a las “guarimbas” de ese mismo año; la pérdida del poder legislativo en el año 2015 y la respuesta estatal con la Operación Liberación del Pueblo (OLP), la gradual pero constante masificación de lo que fueron Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), las “guarimbas” y reacción del Estado en sus formas más violentas en el año 2017, hasta llegar a los acontecimientos del año 2019 y 2020, puedo considerar que dichas combinaciones hicieron que ambos procesos (el colombiano y el venezolano) se estén encaminando por la misma ruta. Con etiquetas como el “castrochavismo militarista”, la oposición interna y externa no cesan de adjetivar los diversos momentos que ha vivido la Revolución Bolivariana y sus estrategias para defenderse, intentando descifrar el dilema que imprime la necesidad de saber si es un gobierno de militares (con una fachada de un presidente civil) o cada vez hay más militares en el gobierno bolivariano. En tanto, pareciera que queda lejos ya dentro de la misma Revolución Bolivariana debatirse entre una revolución radical o la restauración neoliberal, especialmente si se considera al gobierno bolivariano como vanguardia de tal revolución. La paradoja es más sólida si reflexionamos en que un civil, sucesor de Hugo Chávez, es quien propicia que lo militar exceda lo político. Esto, por más que sea entendible la histórica relación de los militares con los movimientos populares venezolanos, abre ampliamente la discusión de si es posible hacer revolución en tiempos de hegemonía democrática.
Conclusiones:
En la actualidad repercute primordialmente la reflexión respecto a esta relación, para que a partir de dicha abstracción sea posible comprender la realidad en la que se está aplicando y la manera en que se está llevando a cabo esta deliberación teórica, para luego observar si éstas se acercan o alejan de sus objetivos ideales y fundamentales. La seguridad y la libertad son basamentos esenciales para asegurar una “democracia plena”, sin embargo la inversión pragmática de los llamados regímenes democráticos del último tercio del siglo XX y lo que va del siglo XXI, rebasan por mucho la discusión de filosofía política en torno a esta relación. El debate entre la seguridad y la libertad es el corazón de una doctrina de seguridad moldeada por una supuesta democracia triunfante, en medio de la cultura corporativa y profundamente bélica del capitalismo-neoliberal.
No son pues democracias inmaduras o inacabadas, sino reforzamientos de modelos de seguridad que impactan en cuerpos y territorios de manera no homogénea, estas escalas nos distancian también de la clásica disyuntiva entre Estado y sociedad, enfoque dominante en el pensamiento crítico latinoamericano. Los problemas estructurales no resueltos socavan la legitimidad de la democracia día con día, aunque siempre encuentra teóricos “innovadores” que buscan rebobinar tal visión e instrumentalización de la democracia, como la “democracia exigente” de Pierre Rosanvallon o la “democracia cosmopolita” de David Held, sin perder de vista la historicidad, reconociendo la condensación de los tiempos históricos superpuestos.
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Palabras clave:
Estado de seguridad, securitización de democracia, encrucijada colombo-venezolana
