Resumen de la Ponencia:
La violencia aparece como un fenómeno disruptivo. Sin embargo, el crimen y los distintos esquemas de seguridad nacional, pública y ciudadana, hasta el diseño de políticas basadas en un enfoque de securitización (nota: en la acepción utilizada por…) para la defensa de los riesgos globales y locales constiuyen una prioridad política para muchos gobiernos. Por otra parte, la corrupción y la impunidad de los sistemas de seguridad son la expresión de diferentes formas de violencia que estas generan desde la inseguridad general (Alda Mejías, Rodríguez Sánchez-Lara, 2021). Este ensayo intenta concentrar su atención en la contribución que la teoría de los procesos civilizatorios de Norbert Elías y otros autores ofrece para la comprensión de la violencia directa, cultural o simbólica (Galtung 1969). Elías en particular, en su larga y productiva investigación, ha discutido sobre la naturaleza humana y el mundo social del que formamos parte, reflexionando sobre aquellos hechos de la vida que son parte de un intercambio dialéctico entre naturaleza y cultura. Las famosas reflexiones de Elías sobre el tema del vínculo entre el proceso de civilización y la violencia se enfocan en la pregunta: ¿Cómo es posible vivir juntos en paz y con bajos índices de violencia? ¿Qué sucede con el Proceso de Civilización? En este particular estudio la pregunta es si la securitización, en un contexto de corrupción e impunidad, aumenta o no aumenta la propensión a la violencia. La violencia debe ser comprendida en profundidad, analizando la cultura y las emociones imperantes en cada período histórico.
Introducción:
La violencia siempre ha sido un tema de particular interés y muchos son los autores que se han dedicado al argumento. A pesar de una percepción general que parece indicar un aumento de la violencia en las ultimas décadas, en realidad los datos indican que el nivel de violencia se ha reducido como nunca en la historia, si bien es importante recordar que la violencia permanece potencialmente alta en las relaciones humanas, no solamente en el plano individual, sino también en virtud de su naturaleza estructural, en la tríada individuo-sociedad-contexto (Morin 2001). Existe en la trama que vincula a los diferentes individuos, poderes y órdenes sociales, en los sentimientos agresivos, en el deseo de destrucción que implican un desprecio tanto de los valores como del orden establecido, agravado por la negación de la identidad de quienes no podrán formar parte de un determinado grupo minoritario elitista o de la mayoría de la sociedad.
Según la definición de Cipolla, la violencia es la "ruptura del diálogo entre el yo y el alter" (Cipolla 1997: 31). Estas pocas palabras logran hacernos comprender con gran simplicidad el alcance de este fenómeno social siendo capaz de crear profundas distinciones entre individuos y grupos. La violencia es siempre física y simbólica al mismo tiempo, ataca simultáneamente al individuo o al grupo y su significado, como es muy evidente en los ataques terroristas a edificios y lugares simbólicos. Con los ataques se pretende borrar la identidad, significado y sentido de algo, se quiere remodelar las mentes, la cultura y el lenguaje en un acto de (re)fundación del orden social. La violencia y sus expresiones, sin dejar de ser una constante en la historia humana, cambian de forma y lenguaje sin desaparecer, siempre se encuentra una lucha entre identidades diversas en competencia por el reconocimiento de la propria identidad y por el poder resultante. La contribución de Pinker del 2013 reabrió el debate sobre el declino de la violencia desde un punto de vista sociológico. Los datos estadísticos, con toda evidencia, muestran que los niveles de agresión y violencia directa en los distintos periodos históricos han disminuido progresivamente. El declive de la violencia parece, pues, una parábola casi natural. A pesar de la presunta disminución de la violencia, el crimen y los distintos esquemas de seguridad nacional, pública y ciudadana, hasta el diseño de una vida de securitización y la “policialización” para la defensa de los riesgos globales y locales representan una prioridad política para muchos gobiernos. La organización de las relaciones sociales en las que el Estado tiene el monopolio de la violencia, poseedor de una violencia legal capaz de evitar su uso con fines ilegales (Van Krieken 2019), haría relativamente pacífica la convivencia, pero esta organización - dice Elías - es una invención técnica del hombre y como tal mantiene su fragilidad. Los "inventos" de la civilización se definen como espadas de doble filo: si por un lado logran moldear las relaciones limitando algunos tipos de violencia, por otro lado la insatisfacción con ellos podría conducir primero a la desilusión y luego al uso de la violencia. ¿Es la violencia el lenguaje más común del vivir en sociedad? Los espacios no regulados, es decir, los espacios de relaciones internacionales a nivel macro, y los de relación a nivel meso o micro, ¿siguen siendo los del estado natural? La violencia se puede domar a través de las instituciones, pero para que esto suceda, se deben cumplir condiciones precisas: si el proceso de securitización y policialización se desarrolla en un contexto de corrupción y impunidad de los sistemas de seguridad, estos pueden crear las condiciones para que nuevas formas de violencia se generen desde la inseguridad general (Alda Mejías, Rodríguez Sánchez-Lara, 2021). Este ensayo pretende enfocarse en la contribución que la teoría de los procesos civilizatorios de Norbert Elías puede hacer a la comprensión de la violencia directa, cultural o simbólica (Galtung 1969). En su larga y productiva investigación, el estudioso se ha interrogado continuamente sobre la naturaleza humana y el mundo social del que formamos parte, deteniéndose en aquellos eslabones del proceso de vida que nos involucran en un intercambio dialéctico que es a la vez naturaleza y cultura. Elías se da cuenta de que “cuanto más claramente perciba el significado de un solo evento histórico, más claramente su propia investigación le revelará lo que los hombres del período bajo consideración pensaban de Dios, de la verdad, de la moralidad, de la belleza o del estado y de la ley [...]. Las formas temporales asumidas por la idea en diferentes períodos están ellas mismas conectadas, como hechos únicos, en un sistema más grande de ideas” (Elías 1998: 15, 16). Las cuestiones relativas a la violencia son múltiples: si se aísla como parte integrante del individuo, este lado muchas veces definido como primordial o animal del ser humano (Maffesoli 2003) ejerce fascinación y horror al mismo tiempo; si se entiende como pulsión social, la estrecha interrelación con el tema del poder (Hobbes 1651), la justicia (Benjamin 1921) y los lenguajes de la cultura (Foucault 2019; Bourdieu 1977), nos muestra cómo es un tema ineludible tanto ya que es imposible de restringir. La violencia es intrínseca a los sistemas sociales que, por la necesidad de mantener su propia identidad y coherencia y de perpetuarse, generan respuestas agresivas si los cambios que les afectan resultan demasiado bruscos o radicales. Si ya con la formación de los estados dinásticos en Europa a finales de la Edad Media, el estado se convierta en poseedor del monopolio de la violencia legítima (Van Krieken 2019) eso pero no fue el momento desde el cual una progresiva pacificación de la vida social causó la disminución de la violencia, este se interioriza pero no cesa. Los individuos aprenden a controlar sus impulsos, si, estamos en la sociedad de las "buenas costumbres", esa sociedad que comienza a sentir repugnancia por las pasiones descontroladas, se vuelve más mojigata, es una sociedad que niega e incluso elimina la muerte. Las reflexiones de Elías sobre el tema son útiles para indagar la cuestión, en cuanto parten de examinar el vínculo entre el proceso civilizatorio y la violencia. Los dos términos antagónicos se influyen recíprocamente dividiendo el campo de batalla. Invirtiendo la pregunta de Pinker, lo que Elías se pregunta es cómo es posible convivir de una manera relativamente pacífica y con índices de violencia bajos en lugar de razonar sobre la particularidad de la violencia social. El prejuicio negativo relativo al hombre, percibido como un sujeto tendencialmente violento y egoísta, lleva a formular la pregunta en otros términos: si en la representación antropológica prevaleciera el lado colaborativo/inclusivo que aseguraría la convivencia, las preguntas serían completamente diferentes, incluyendo el rasgo distintivo de la contradicción humana. Con el tiempo hemos sido testigos de una disminución progresiva de la violencia, pero no nos doblegamos por completo a las normas de la civilización y es entonces cuando la violencia regresa “La civilización nunca se completa y está constantemente en peligro. Está en peligro porque el mantenimiento de las normas civilizadas de comportamiento requiere ciertas condiciones, como un nivel relativamente estable de autodisciplina individual. Estos están vinculados a su vez a estructuras sociales particulares, como la provisión de bienes y servicios, la preservación de un estándar de vida acostumbrado y especialmente la pacificación social: la solución no violenta de conflictos a través del Estado. Pero la pacificación interna de la sociedad está siempre amenazada por conflictos sociales y personales que se encuentran entre los fenómenos normales de la vida social y que las instituciones pacificadoras sirven para resolver” (Elías 1988: 177).
La violencia no es solo una pulsión individual, sino es también una construcción social, un lenguaje de cada cultura: puede ser una respuesta adaptativa a un estímulo o estrés específico, como lo son los procesos de securitización y policialización y la violencia que deriva de la corrupción e impunidad causada por la pérdida de libertad por la securitización, pero sin los efectos positivos esperados. Es intrínseco a los sistemas sociales que, para mantener su propia identidad y coherencia y autoperpetuarse, generen respuestas agresivas cuando los cambios que los involucran resultan demasiado repentinos o radicales. Si vivimos en una sociedad que ofrece seguridad a cambio de libertad, cuando pagas en términos de libertad pero no obtienes más seguridad podemos esperar un aumento en los niveles de violencia general. Veremos en el siguiente párrafo la metodología elegida y cómo se articula el vínculo entre seguridad y violencia.
Desarrollo:
Por este trabajo se realizó una revisión bibliográfica sistemática sobre el tema en la literatura existente que permitió la reflexión teórica sociologica. La misma incluyó libros, publicaciones de autores nacionales y extranjeros indexadas en diferentes bases de datos. Se emplearon como palabras claves para la búsqueda de la información las siguientes (en español e inglés): corrupción, securitización y policialización, corrupción e impunidad, violencia, por lo demás, datos de los ultimo cinco años. El análisis de contenido de tipo directo permitió enfrentar teóricamente la temática que constituye un referente útil a los profesionales de la policy advice y de las ciencias sociales. La presente investigación utiliza una metodología mixta, con el objetivo de poder analizar las dimensiones cuantitativa de las publicaciones y la interpretación cualitativa, lo cual ofrece los datos necesarios para comprender los nexos entre seguridad y violencia. El paradigma cuantitativo es una variada serie de conceptualizaciones y operaciones, capaces de permitir la objetivación del fenómeno en estudio a través del cálculo u otros protocoles de clasificación. La parte cuantitativa muestra como estos temas son muy importantes en la literatura latinoamericana, con un especial atención en un enfoque geográfico que comprende México. En una primera búsqueda de la literatura estos temas se acompañan a otros como: migración y narcotráfico. Esto no pretende decir que en estas áreas geográfica hay más problemas de este tipo sino que la realidad es investigada desde un punto de vista académico que posiblemente esta solicitada por una sociedad que queda representada a través de estos temas. En la investigación también se utiliza la metodología cualitativa la cual permite profundizar y comprender los significados de las realidades sociales que le subyacen a través de una investigación lingüística que subraya a que nivel la violencia puede ser simbólica (uso de los adjetivos u nombres). Se utilizan tanto la metodología cualitativa como la cuantitativa para describir las categorías asociadas a la violencia. El contexto de dominación utilizada favorece la formación de identidades que tienen en cuenta una realidad de la violencia que se conjuga con securitización y policialización y al mismo tiempo con corrupción e impunidad. Esto tipo de conexión no favorece un optimismo ligado al monopolio de la violencia del Estado, ni tampoco con el precio de la securitización en términos de libertad personal.
Payne (1989) sugiere que en contextos donde se da rienda suelta a la violencia, el concepto de que la vida tiene poco valor sigue siendo válido. Donde el dolor y la muerte permanecen constantes en la vida de la mayoría, existe la sensación de que la vida no es un bien preciado y, en consecuencia, quitarle la vida a alguien o usar la violencia adquiere diferentes significados en diferentes contextos. Por esto, según Payne, sólo en sociedades donde la tecnología y la seguridad económica aseguren el alargamiento de la expectativa de la vida, se valoriza y la violencia disminuye. Puede haber rituales de violencia justificados por representaciones de justicia (Zorzi 1994). Si bien para este ensayo pretendemos abordar el concepto de violencia tal como lo define Galtung (1969), ampliando la mirada nos damos cuenta que la definición de violencia sigue siendo difícil de abordar; la variedad de contextos y culturas existentes relativiza la mayoría de los enunciados generales. La violencia no es solo un impulso interno de un individuo, sino que es una construcción social, un lenguaje, un fenómeno emergente aprendido en una cultura específica o puede ser una respuesta adaptativa a un estímulo o estrés específico. Las reflexiones de Elías sobre el tema comienzan investigando en particular el vínculo entre el proceso de civilización y la violencia. Lo que pregunta Elías es cómo es posible vivir juntos en paz y con índices de violencia tan bajos. ¿Qué pasa con el Proceso de Civilización? La violencia puede ser comprendida en profundidad exclusivamente analizando la cultura y las emociones imperantes en cada período histórico. No olvidamos que la violencia y sus expresiones, sin dejar de ser una constante en la historia humana, cambian de forma, lenguajes y modos sin desaparecer. También Girard (2019) reflexionó sobre la violencia pero empezando desde las tragedias clásicas para comprender la relación entre los orígenes constitutivos de la sociedad y la violencia. En mitos y rituales Girard identificó los fundamentos de la violencia en la sociedad, a decir que la violencia es una fuerza circular el cuyo objeto es: 1) un deseo mimético en el que uno quiere ser el otro, 2) uno quiere poseer lo que el otro posee. Ese deseo mimético genera violencia, venganza o una espiral de violencia sin fin. Para proteger la comunidad de esta destrucción es necesario identificar estrategias de contención que en las sociedades arcaicas residían en los ritos sacrificiales que sirvieran para transmitir la violencia hacia una víctima sacrificial y actualmente residen en el sistema de justicia. Pero, que pasa si el sistema de justicia permite corrupción e impunidad? Si en los sacrificios la violencia se vuelve sagrada conteniendo la propagación de la violencia misma, la víctima o el chivo expiatorio, también es sagrado y es fundamental la elección de la víctima que debe tener una característica esencial para el desempeño de su función: debe estar tanto dentro como fuera de la comunidad o sea, tiene que pertenecer a esta sociedad e igualmente debe tener características que la hagan marginal a la comunidad y por lo tanto prescindible. En este particular se puede reconocer la construcción social de la figura del enemigo, sujeto marginal de la comunidad que transmite sentimientos negativos al mostrar que tiene las características de una alteridad suficiente (por características culturales, sociales o físicas) para ser prescindible en nombre de una supuesta protección de la identidad mayoritaria y por tanto no desencadene una espiral de venganza. El papel de la violencia evidentemente, incluso en los procesos de socialización, tiene un papel correspondientemente alto en la transmisión y perpetuación del conocimiento sobre el orden y los roles, la conciencia del poder su lógica y sus estructuras. A decir que la violencia es una herramienta de una tipología de orden y por esto los actores involucrados lo perciben como aceptable dentro del contexto de la relación social. La “ritualización” de la violencia que se repite según un esquema recognoscible crea una normalidad dentro de la cual los subjetos saben moverse. La idea de Elías fue sugerir que en la base del cambio social estaba el deseo de autodeterminación de nuevas identidades que se expresan primero a través de la creación de nuevos lenguajes y culturas y luego a través de la violencia: “En la base de estos mecanismos automáticos y tendencias de cambio social se encuentran formas particulares de relaciones humanas, tensiones entre personas de un tipo e intensidad específicos. Estas tensiones comienzan a producirse, para decirlo de manera muy general, en una etapa particular de la división de funciones, cuando ciertas personas o grupos adquieren el monopolio hereditario de los bienes y valores sociales de los que dependen otras personas, ya sea para su sustento o para proteger o cumplir su existencia social” (Elías 2001: 41). Elías recuerda que no sólo las páginas de la historia sino también las de la literatura de los períodos examinados son de gran ayuda para comprender los signos del cambio cultural, y de hecho, todos los lenguajes culturales, desde las música, la poesía, la literatura y otro se superponen y exaltan, casi confundiéndose: la violencia es el lenguaje que expresa el Zeitgeist.
¿Cuál es la relación entre la corrupción, la impunidad y la violencia? La expectativa es que ahí donde haya actos de corrupción que se mantengan en la impunidad, habrá un menor ejercicio de libertad personal. Donde el Estado sea incapaz de mantener la seguridad pública habrá más violencia y la arbitrariedad de la punición será percibida como injusta afectando la relación entre Estado y sociedad. Si vamos a interpretar el discurso de Ortiz, Vázquez (2020, 171) superponiendo la violencia con los Derechos Humanos (DH) “La expectativa de impunidad relacionada con los actos de corrupción funciona como un contexto que incentiva su comisión, que mantiene la comisión de actos corruptos a lo largo del tiempo, y que todo ello impacta en la disminución del ejercicio de los DH. En este marco, corrupción e impunidad se convierten en patrones estructurales de las violaciones a los DH. Siguiendo a Serrano & Vázquez (2009), cada derecho está constituido por el siguiente conjunto de obligaciones a cargo de los Estados:
— Obligaciones generales de respetar, proteger, garantizar y promover los DH.
— Elementos institucionales de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad.
— Principios de aplicación de núcleo del derecho, progresividad, prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles.” En el caso que no se sigua este esquema la relación de confianza entre estado y comunidad no se puede mantener y la violencia será una estrategia para crear un nuevo orden más justo a los ojos de la comunidad”.
Conclusiones:
Cada individuo, viviendo de interdependencias y estando inserto en el colectivo social, vive en un amplio proceso. El hombre mismo es un proceso y se necesita una mirada atenta para comprender “las formas temporales que asume la idea” (Elías 1998: 16). La sociedad y el individuo son uno, y los cambios sociales no son fenómenos que vienen del exterior para modificar un sistema social en equilibrio. Elías reafirmó el carácter procedimental de la vida social y el concepto de vida social como relacional. Lo mismo ocurre con las organizaciones, que deben verse como procesos continuos y no como entidades estables sujetas a cambios ocasionales: los cambios que experimentan son el resultado de las acciones de los individuos. Necesitamos ver a los humanos no en singular, un homo clausus (Elías 1968), sino como partes de comunidades, grupos y redes (Elías 1969). La violencia narrada por Elías es la suma de pulsiones, sueños e ideales de los sujetos en busca de una identidad que dé sentido a sus vidas. La violencia nunca es producto de individuos o personas, es producto de sociedades que recurren a él como lenguaje universal para restablecer el orden, o un diálogo interrumpido. Los seres humanos no son civilizados por naturaleza, pero tienen por naturaleza una disposición que, bajo ciertas condiciones, hace posible una civilización, es decir, una autorregulación individual de impulsos conductuales momentáneos basados en pulsiones y afectos, o a una redirección de esos impulsos. De ninguna manera es correcto decir que el instinto de agresividad disminuye a lo largo del proceso de civilización. Hay un cambio en el equilibrio entre las limitaciones externas y la autolimitación a favor de estas últimas y, de esta manera, cambia toda la estructura de la identidad. En otras palabras, cambia la sensibilidad social hacia la violencia. Para Elías la superación de algunos rasgos de la acción violenta, tanto en sus formas interpersonales como estructurales es la principal propiedad del Proceso de Civilización, como lo es el proceso de constitución del Estado moderno. La pacificación de la sociedad a través de una “expropiación” de la violencia personal a favor del monopolio de la violencia estatal, sustentada en la aparición de sentimientos como la vergüenza y la aversión a la violencia, combinados con la confianza social hacia las estructuras estatales, sustenta el aumento de la autocontrol mediante la imposición de restricciones internas y externas a la agresión humana (Clement, Mennell 2020).
El proceso civilizatorio describe un cambio en el comportamiento de los sujetos que pasan de verse obligados a entregarse a la violencia hacia una autorregulación que tiende a la pacificación: un proceso moral , cognitivo y emocional al mismo tiempo. Para que el proceso civilizatorio pueda dar sus frutos, debe poder ser, al menos en la mente de los individuos de una sociedad, portador de mayores ganancias que los costos que requiere, el deseo de autolimitarse y el autocontrol debe estar profundamente arraigado para permitir que se superen las dificultades naturales del cambio social sin que los grupos se desintegren. Elías con gran sabiduría trató de demostrar cómo para comprender este fenómeno es necesario afrontar un esfuerzo de síntesis entre "naturaleza" y "cultura". La violencia sigue siendo un impulso, la violencia directa se convierte en violencia cultural o simbólica en algunos casos, existen justificaciones que la hacen lícita, se convierte en una herramienta útil para la afirmación identitaria de los grupos.
Una representación social de los hechos (Moscovici 1993) produce y mantiene sentimientos heroicos que fascinan a los que se sienten llamados a misiones superiores a través de la violencia. La violencia social se exprime en una fusión mística, en una sola identidad colectiva, tan fuerte que puede exigir sacrificios individuales y grupales. Se trata de personas que parecen estar animadas por la esperanza desesperada de una redención que sólo podría ser posible si la causa o el país en el que viven puede reconfigurarse a través de un sacrificio. En las mayoría de los casos la violencia, sobre todo de grupo está asociada a la figura de los jóvenes. Para Elías, los jóvenes (y en esta parte de su investigación, los terroristas) necesitan al menos tres cosas: proyección de futuro, un grupo de iguales que les ofrezca cierto sentimiento de pertenencia (Corvino 2021) en un mundo donde las diferencias entre generaciones son enormes, y un ideal o una meta que tenga sentido para sus vidas y que es incluso superior a la vida misma. La creación de identidades personales y colectivas, la necesidad de diálogo y la búsqueda de sentido se buscan y persiguen por cualquier medio, incluso con violencia directa, cultural y simbólica. Cuando la realidad les muestra a estos jóvenes que todo está perdido el sueño se convierte en una búsqueda violenta que glorifica la brutalidad. El sueño revela que no es más que un sueño. El desencanto se combate a través de la violencia como herramienta de imposición de la realidad: “Me parece que los terroristas de nuestros días también siguieron una época de deseo profundo. En los años había un floreciente movimiento marxista que, en lo esencial, no era violento. Hubo el emerger rápido y ligero del movimiento estudiantil del año 1968, y el terrorismo empezó en el momento en el que resultó ser sólo un sueño; en este caso, no el sueño de lograr una victoria, sino el sueño de hacer una revolución. Un sueño no se abandona tan fácilmente: sigue existiendo, uno está atado al sueño. Porque es imposible hacer soñar con la violencia, es imposible hacerlo con medios pacíficos” (Elías 1994: 149).
El impacto que la corrupción y la impunidad tienen sobre la violencia, en la medida en que ni la violencia ni el acto de corrupción, que de hecho permite que no sea sancionada, la impunidad se convierte en un contexto que incentiva al perpetrador a seguir cometiendo los mismos actos violentos, a seguir cometiendo actos de corrupción, y a las víctimas a cometer nuevas violaciones para protegerse.
Esquema 1. Interacción entre corrupción, violaciones a los derechos humanos e impunidad que se puede aplicar también a la violencia
Fuente: Ortiz, Vázquez (2020)
“Son varios los países del mosaico latinoamericano que han incorporado la securitización en la seguridad pública […] que goza de todas las características de guerra convencional; el discurso gubernamental niega la guerra y la reduce a un conflicto interno entre terroristas y el Estado, pero a este último se le agrega además la sociedad. El asunto del terrorismo tiende un velo que aún no han podido dilucidar los especialistas y los promotores de la violencia securitizada, porque no hay una definición ni tipologización sobre el terrorista, sólo la imputación es suficiente para detener a cualquier persona porque tiene perfil, pesa sobre él la sospecha o simplemente la fiscalía decide que es terrorista y hay que abrirle proceso judicial cuando es detenido el presunto delincuente” (Salazar, Rojas 2011, 33).
Esta Guerra de Baja Intensidad puesta bajo vigilancia y control de los cuerpos armados es un asunto de carácter político aplicada en temas considerados amenazas y ataques que vulneran la integridad del Estado. Indudablemente, la incorporación de la securitización como ejercicio preventivo de la policía orilla a la sociedad a un estado de guerra donde no hay seguridad en cuanto derecho natural. Ese Estado que tiene la capacidad para usar la fuerza, pero que permite la corrupción e impunidad y la invasión en la vida privada (Salazar, 2006) para asegurar aquellos derechos que no garantiza. Ese Estado se convierte en fuente de ingobernabilidad, como dice Guillermo O´Donnell, a la democracia en la frontera del autoritarismo. El miedo como factor político de control social sirve entonces para neutralizar ¿cual adversario? “La herramienta del miedo es un componente del biopoder, donde el control desde el Estado es tal que debilita la psique humana y la encierra en un cuerpo sin ánimo ni disposición de libertad; la angustia aparece como síntoma del auto-encierro e imposibilita a las personas otear el escenario primario que día tras día se presenta para obtener sus satisfactores cotidianos […] estamos ante una política de profilaxis social que busca incesantemente eliminar a todo opositor bajo el estigma de terrorista” (Salazar, Rojas 2011, 39).
En una sociedad reprimida es muy posible que se vaya a luchar contra el orden impuesto. El sueño de la libertad, de un nuevo orden y una nueva identidad va a apresurar con violencia contra el estado de las cosas. Como ya afirmaron Kilminister y Wouters (1995), Maso (1995: 140) “la imagen del ser humano es el principal obstáculo para aplicar un modelo radicalmente relacional en la investigación sociológica” y es precisamente este el punto sobre el que se necesitará más investigación. La imagen hiper-racionalizada del ser humano (D'Andrea 2020) no favorece el florecimiento de razonamientos complejos que pueden incluir los aportes de la psicología, los estudios culturales y literarios que ya utilizaba Elías. Fragmentando el tema solo puede conducir a elaboraciones parciales y respuestas engañosas (Small 2021). Para mirar los procesos sociales con nuevos ojos, será necesario superar la dicotomía naturaleza/cultura del paradigma de la Modernidad (Morin, 2001) para favorecer una concepción compleja del ser humano que recupere lo múltiple dimensiones.
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Palabras clave:
violencia, civilización, poder
Resumen de la Ponencia:
El expediente judicial, visto desde la antropología jurídica en un contexto de pluralidad e interculturalidad y en tiempos de pandemia, nos permite de la mano de la etnografía, transitar en sus fojas y encontrar a partir de ellas, la trama, drama y vicisitudes de la vida de las personas que se constituyen en partes de un proceso penal sobre violencia colectiva (linchamiento) y la transformación forzada, de este hecho socio cultural, en varios y distintos tipos penales (delitos) en los tribunales ordinarios de justicia.En esa finalidad, desde el enfoque cualitativo, el objetivo de la presente investigación radica en realizar la reconstrucción de un caso de violencia colectiva, ocurrido en las periferias urbanas de la zona Metropolitana del Departamento de Cochabamba, del Estado Plurinacional de Bolivia, en y desde una etnografía del expediente judicial, sin el desplazamiento al terreno donde se suscitan esos hechos de violencia, por restricciones de la pandemia del Covid-19, con la finalidad de denotar los factores que intervienen en esa transformación (del hecho sociocultural en hecho penal) en la jurisdicción ordinaria.La propuesta de la etnografía del expediente judicial, consiste en la estructuración y aplicación de guías y códigos culturales metodológicos para el estudio de casos de violencia colectiva en tiempos de pandemia, y tiene la finalidad de fortalecer la “descripción densa” (Geertz, 2003), en ausencia de desplazamiento al terreno sociocultural de los hechos.Los resultados, desde la metodología propuesta de la etnografía del expediente judicial en tiempos de pandemia, sobre un caso de violencia colectiva, revelan hallazgos preliminares de: Primero; el uso y aceptación, en los estrados judiciales, de ciertas prácticas o normas no escritas que conviven con los actos de la burocracia jurídica sostenida por las normas positivas; es decir la implicancia de las normas prácticas (Olivier de Sardan, 2008) con las normas jurídicas, que inducen en el tratamiento del linchamiento y en su subsunción forzada de ese hecho en distintos en delitos.Segundo; prevalece, desde la mirada intra e intercultural, “la disputa por el monopolio del derecho a decir el Derecho” Bourdieu (2000), tanto en la de-construcción de la verdad histórica de los hechos, a través de los actos y actuados procesales; así como en la transformación de este hecho socio cultural en varios y distintos tipos penales (delitos).Tercero; la violencia colectiva, por su tratamiento tanto en el texto y en su contexto plural e intercultural, se va constituyendo en un intersticio del Pluralismo jurídico, generando con ello el surgimiento, en la doctrina y la onticidad, de un otro derecho, por ahora denominado un “No-derecho”.Resumen de la Ponencia:
Título: Violencia política, criminalidad y elecciones en Puebla 2017-2018.
Autor: Cristopher Mejía Rosas.
Correo electrónico: cristo041995@gmail.com.
Institución: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
País: México.
Abstract.
The relationship between violence, coercion and criminality has been a constant in the electoral scenarios of the last decades in the Mexican State. The electoral elections in 2018 were a clear sign of an abundant presence of political violence and were characterized by the renewal of different positions of popular representation, among which are: the federal executive branch of Mexico, 9 Governorships, 300 Provincial Councils with a majority relative, 200 proportional representation councils, 64 relative majority senates, 32 proportional representation senates, 32 first minority senates, municipal councils and local congresses. The political violence that manifested itself in the electoral process affected militants, sympathizers, citizens, and candidates of all political parties. Given this, the objective of this work will be to present a theoretical interpretation of the recent characteristics of political violence that show that the State is not the only entity with the capacity to exercise violence with legitimacy, as can be observed in the state gaps that have been covered. by criminal organizations that associated with political actors and state authorities contribute to the preservation of political power and have acquired the ability to filter their (often illicit) interests into the state administration of violence. The complex clandestine interactions between political actors, state authorities, and criminals have been concentrated in municipal spheres, which have become the propitious scenario for violent disputes to obtain and preserve political power.
Resumen.
La relación entre violencia, coerción y criminalidad ha sido una constante en los escenarios electorales de las últimas décadas en el Estado mexicano. Los comicios electorales en el año 2018 fueron muestra clara de una presencia abundante de violencia política y se caracterizaron por la renovación de distintos cargos de representación popular, entre los que se encuentran: el poder ejecutivo federal de México,9 Gubernaturas, 300 Diputaciones de mayoría relativa, 200 diputaciones de representación proporcional, 64 Senadurías de mayoría relativa, 32 senadurías de representación proporcional, 32 senadurías de primera minoría,Ayuntamientos Municipales y Congresos locales. La violencia política que se manifestó en el proceso electoral afectó a militantes, simpatizantes, ciudadanos y candidatos de todos los partidos políticos. Ante ello, el objetivo del presente trabajo será presentar una interpretación teórica de las características recientes de la violencia política que muestran que el Estado no es el único ente con capacidad para ejercer la violencia con legitimidad como puede observarse en los vacíos estatales que han sido cubiertos por organizaciones criminales que asociados con actores políticos y autoridades estatales contribuyen a la preservación del poder político y han adquirido la capacidad para filtrar sus intereses (a menudo ilícitos) en la administración estatal de la violencia. Las complejas interacciones clandestinas entre actores políticos, autoridades estatales y criminales se han concentrado en ámbitos municipales que ha sido convertido en el escenario propicio para las disputas violentas por la obtención y preservación del poder político.
Introducción:
El 1 de julio del 2018 se llevaron a cabo comicios electorales para elegir al poder ejecutivo federalde México, 9 Gubernaturas, 300 Diputaciones de mayoría relativa, 200 diputaciones de representación proporcional, 64 Senadurías de mayoría relativa, 32 senadurías de representación proporcional, 32 senadurías de primera minoría,Ayuntamientos Municipales y Congresos locales. El proceso electoral resultó en la victoria para el partido de MORENA, que ganó en la mayoría de los puestos disputados. No obstante, la elección se desarrolló en medio de una oleada de violencia política que se expresó en asesinatos, atentados, asaltos armados, amenazas, robos de información, torturas, secuestros, dañosa propiedad privada y heridos por agresiones físicas en contra de simpatizantes, militantes y candidatos políticos.
Muestra de lo anterior es la exploración realizada por la Revista Proceso (2018), en la cual señala que a partir del “8 de septiembre de 2017, cuando inició el proceso electoral, alprimero de julio2018, se registraron 774 agresiones contrapolíticos; 152 de ellos fueron asesinados, 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección popular” (pág. 1). El Estado de Puebla resaltó por el proceso de violencia con mayor cantidad de víctimas y, en consecuencia, los resultados terminaron por otorgarle una dudosa victoriaa Marta Érika Alonso Hidalgo del Partido Acción Nacional (PAN) que provocó la impugnación electoral por el partido opositor (MORENA) que concluyó el 8 de diciembre del 2018, fecha en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la victoria de la candidata del PAN en las elecciones de la Gubernatura.
El fenómeno se manifestó en contra de candidatos políticos, militantes y simpatizantes de todos los partidos políticos, funcionarios y en contra de ciudadanos inmersos en la contienda electoral. Por consiguiente, la presente investigación sostiene que el desenlace violento del proceso electoral en Puebla corresponde con las interaccionesclandestinas que se han articulado en el ámbitomunicipal y se distingue la presencia de múltiples actores (políticos y criminales) que disputan el control social de territorios y la preservación del poder político. En consecuencia, el municipio se ha convertido en el escenario propicio para el despliegue de la violencia política debido a las interacciones entre actores criminales, actores políticos y organizaciones sociales que emplean la violencia para reprimir la presencia de actores que representan una amenaza a sus intereses.
El primer caso registrado desde el comienzodel proceso electoral en Puebla se remite al asesinato de Germán Villalba Luna, aspirante por parte de MORENA a la alcaldía del municipio de Zacatlán que se ubica en zonas distinguidas por la prevalencia de operaciones criminales dedicadas al robo de combustible (Animal Político, 2018). El caso se suma a la identificación del estado de Puebla por la concentración de actividades ilícitas relacionadas con la extracción ilegal de combustible a causa de la complicidad de actores estatales (funcionarios públicos) en los municipios que albergan territorios atravesados por ductos de PEMEX y gas LP, con los intereses exacerbados de las organizaciones criminales que se han aferrado en regiones aledañas. Las investigaciones impulsadas por familiares de la víctima no resolvieron la identificación de los responsables, toda vez que el caso no registra amenazas previas a la víctima, sin embargo, las características del asesinato (ocurrido en pleno día, durante su traslado en carretera) muestran que fue planificado y coordinado por actores que vieron amenazados sus intereses con la posible victoria electoral de la víctima. Los casos que continuaron presentándose en Puebla destacan por la preponderancia de asesinatos en contra de alcaldes y funcionarios públicos ubicados en municipios que albergan altos índicesde actividad delictiva enfocada a la extracción de combustible robado (huachicol), secuestro, robos armados y tráfico de productos ilícitos.
El problema a examinar en la presenteinvestigación es de carácter coyuntural y centra la atenciónen el ámbito local, por lo cual, las fuentes de investigación (institucionales y académicas) son escazas en cuanto al sustento empírico de la interpretación teórica del fenómeno. Las instituciones facultadas para registrar y atender las denuncias sobre actos de la violencia política no contienen un registro de ello, y si lo tienen, no corresponde con los acontecimientos. El desarrollo del presente trabajoimplicó la solicitud de información sobre los casos de denuncias de violencia política a la Fiscalía especializada en delitos electorales y a la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado (IEE). Las autoridades de la primerainstitución mencionada aludenque el fenómeno es un tema que se está discutiendo recientemente para su legislación, motivopor lo cual no existe registro alguno.El IEE (2018) registra una cifra mínima de 16 quejas de violencia política por razón de género y no corresponde con los casos registrados en la prensa. Por consiguiente, la interpretación del fenómeno se sustenta en la investigación hemerográfica y en las investigaciones centradas en el sistema político mexicano.
Las investigaciones que se han realizado sobre la violencia política en la historia reciente del estado mexicano identifican la participación de actores ajenos al Estado en el ejercicio de la violencia y en el control electoral de la población. Muestra de ello, es la investigación desarrollada por Kathy Powell (2012) quien considera que la implementación del modelo económico neoliberal en México ha acentuado las relaciones de poder que han sustentado las prácticas políticas clientelares de la política electoral y han tolerado la participación violenta del crimenque reafirma sus intereses en la formade gobierno (Powell 2012). Esta perspectiva contempla la democratización de las instituciones estatales que permitieron la competencia electoral y derivó en la llegada al poder políticode nuevas elites políticas provenientes del Partido Acción Nacional (PAN). Esto supone que la democratización de las instituciones permitió el asentamiento de alianzas entre actores estatales y criminales en la políticalocal debido a la fracturadel control de la políticanacional que caracterizó a la política tradicional.
La perspectiva de John Gledhill (2016) vislumbra la presencia del fenómeno como una consecuencia de las relaciones cada vez más difusas entre el Estado, la criminalidad y las configuraciones en la economía nacional. Esto considera la proliferación de relaciones difusas entre actores criminales y actores políticos en dimensiones federales, estatales y municipales. Por consiguiente, los asesinatos políticosen las últimas décadas se comprenden como resultado de la tolerancia a las operaciones criminales que sirvieron de apoyo a los grupos políticos para la preservación del poder político y superaron la capacidad represiva del Estado porquehan enfocado sus intereses en el controlsocial y políticode los territorios.
Las aportaciones de Pilar Calveiro (2012) muestran que las declaraciones de guerra contra el narcotráfico resultan funcionales para favorecer los intereses transnacionales de la economía ilícita, las formas de organización, acumulación y concentración de riqueza en el contexto del neoliberalismo. Esto implica la intervención armada del Estado en cualquier región para promover los intereses de una organización criminal y despojar aquellas que no corresponden con los interesesde las élites y tambiénpara tolerar las operaciones del crimen en regiones donde se cuestionael orden que trata de imponerse con la llegada de una nueva
elite al poderpolítico. Es posible asociar esta perspectiva con los intereses que se encuentran plasmados en las más altas cúspides del sistema financiero y en las alianzas de la política internacional que toleran la expansión criminal de ciertos grupos en algunas regiones del mundo. Por consiguiente, las perspectivas que influyen en la presente investigación coinciden en que actualmente no se observanlas mismas medidasrepresivas implementados por los Estado autoritarios que se observaron en el contexto de las dictaduras militares o en el Estado autoritario de partido en México, sino que, es posible vislumbrar la proliferación de alianzas entreactores estatales y actores criminales que se han plasmado desde el ámbito municipal hasta las más altas esferas gubernamentales.
Es posible discernirla articulación de mecanismos represivos que han sido asumidos por élites políticas que disputan o preservan el poder político en el ámbito local. Las teorizaciones relativamente recientes sobre la vinculación entre violencia política y criminalidad resultan de utilidad para interpretar la presencia del fenómeno en los distintos municipios del Estado de Puebla. La información recopilada en el presentetrabajo demuestra que los distintos niveles del Estado se pueden confundir con el crimen organizado, provocando la aparición de las fronteras borrosas en donde las distinciones entre actores políticos, ciudadanos y actores perpetradores de la violencia se difuminan. Esta perspectiva coloca en tensión la concepción del Estado como el monopolio del ejercicio de la violencia legítima porque la realidad del ámbito municipal en Puebla demuestra que el asentamiento de grupos criminales en los distintos municipios donde se manifestó el fenómeno, permite que estos grupos la ejerzan de manera ilegítima alcanzando un férreo control de las instituciones locales.
Desarrollo:
La presente investigación comprende la violencia política electoral como una subcategoría que expresa las manifestaciones de la violencia en escenarios electorales. Sin embargo, el abordaje teórico y empírico del fenómeno muestra que es necesario superar las concepciones clásicas de la violencia política que la comprendieron desde su ejercicio estatal en contra de opositores, toda vez que el escenario electoral en México, particularmente en el estado de Puebla, demuestran la presencia de diversos actores no estatales que ejercen la violencia con el objetivo de disputar o preservar el poder político. Por consiguiente, la configuración de la violencia política en la actualidad responde a los reajustes de la políticaeconómica mundial (implementación del neoliberalismo) que se caracterizaron por la reducción de la intervención estatal en la gestión productiva y la reconfiguración de la políticanacional que desembocó en la descentralización del poder político controlado históricamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)[1]. La descentralización política en el ámbito nacional derivó en la concentración del poder político en ámbitos locales con el arribo al poder estatal por grupos políticos opositores al PRI en distintasregiones del país. El estado de Puebla es muestra clara de la cohesión del poder político en ámbitos locales con el arribo al poder estatal por Rafael Moreno Valle Rosas[2] que a través de la articulación de alianzas del gobernante con los grupos empresariales y políticos más influyentes (en los distintos municipios que integran la región) instaló un régimen que se caracterizó por las prácticas autoritarias en contra de opositores a la forma de gobierno que priorizó la inversión transnacional y destacó por la omisión gubernamental para controlar acciones delincuenciales y toleró la vinculación de funcionarios públicos con actores criminales.
El presente trabajo propone el análisis de la violencia política a partir del impacto de la configuración política del contexto nacional en los escenarios de la políticaelectoral en el estado de puebla y la conformación de un régimen que destacó por una fuerte presencia para reprimir movimientos sociales opositores y una ausencia ante el auge criminal. Es posible sostener que el nuevo régimen en Puebla mantuvo diversas redes de complicidad con organizaciones criminales y favoreció el auge de la violencia criminal para controlar, orientar y reducir la participación política de la sociedad a razones meramente electorales en beneficio de la élite en el poder. Las diferentes escalas de complicidad estatal se identifican en la colaboración de funcionaros públicos y alcaldes municipales allegados al gobernador con las redes criminales emergentes para beneficiarse de su ejercicio de la violencia en periodos electorales y la obtención de ganancias ilícitas. A ello se agrega la reactualización de redes clientelares y el favorecimiento a las nuevas formas de acumulación neo-extractivistas en las regiones caracterizadas por la amplia dimensión de recursos naturales[3].
Aunado a lo anterior, es importante destacar que la conformación autoritaria del régimen en Puebla corresponde con la historia política de la región que se caracteriza por la figura autoritaria del gobernante y sus redes clientelares y corporativas con caciques municipales, empresarios locales y control autoritario de recursos públicos para favorecer a liderazgos políticos y organizaciones afines a su beneficio. En ese sentido, las características del nuevo régimen se distinguen por la actualización de las redes clientelares en el autoritarismo del régimen que mantuvo el posicionamiento de familiares y allegados al gobernante en los principales cargos del servicio público, así como también se colocaron miembros allegados al gobernante en el control y creación de partidos locales y favoreció perfiles políticos para posicionarlos como candidatos políticos en las presidencias municipales. A lo anterior se agrega también la presencia de inversiones transnacionales que fueron respaldadas por la administración gubernamental y les permitió la explotación de recursos naturales, lo cual generó una respuesta por parte de las poblaciones afectadas mediante manifestaciones y denuncias legales y públicas ante la respuesta represiva del gobernante que desplazó la fuerza policiaca para reprimir la movilización de forma legítima mediante las legalización de la represión bajo el concepto renombrado en la prensa como “ley bala”[4] que consistió en la legalización del uso de las armas para la represión de la protesta social (Gonzales y Zilli, 2017).
Por otra parte, la represión de opositores se complementó con el auge de prácticas delincuenciales que evidenciaron la nula atención gubernamental en la contención del crimen. Muestra de ello son los datos acumulados por el InstitutoNacional de Estadística y Geografía (INEGI) que para el 2013 registra un aumento de la incidencia delictivacon 31, 662 casos. Por consiguiente, los resultados de la política autoritaria del régimen se caracterizó por el atropello de los Derechos humanos respecto a la cantidad de presos políticos, confrontación armada o violenta contra protestas sociales, imposición de proyectos destructores que atentaron contra las condiciones ambientales de vida en distintas regiones del Estado, el incremento sin límite de prácticas delincuenciales, y el incremento de la brecha de desigualdad social provocada por la reducción del gasto público y la priorización del gobierno en obtener ganancias de las inversiones transnacionales.
A lo anterior se agrega la complicidad del régimen autoritario con la criminalidad que se hizo cada vez más notoria en la vinculación de actores políticos allegados al gobernante con organizaciones criminales, tal como se advierte en la detención de Eukid Castañón Herrera, exlegislador local y federal y, uno de los principales operadores del morenovallismo detenido a causa de delitos de falsedad e informes dados a la autoridad, espionaje, delito de extorsión y enriquecimiento ilícito (La Jornada 2022). Al caso anterior se suman 7 casos de políticos asociados a bandas criminales dedicadas al robo de combustible, comprendido coloquialmente como “huachicoleo”[5], entre los que se encuentran: el caso de Ignacio Salvador Hernández, alcalde del municipio de Ajalpan, quien solicitó licencia por 90 días luego de que se confirmara en una investigación sus nexos con Juan Miguel Cervantes Álvarez (conocido como “el momo”) identificado como líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien alberga gran parte de su historial delictivo en Puebla sin deslindarse de operaciones criminales en Orizaba, Veracruz dedicadas al narcotráfico, extorsión y robo y venta ilegal de hidrocarburos (Diario cambio, 2020);
Los casos de sospecha e investigación judicial contra diputados locales por posibles vínculos con bandas criminales dedicadas al robo de combustibles refieren a: Sergio Moreno Valle, exdiputado local a quien se le ha relacionado con actividades ilícitas a causa de haber certificado propiedades a favor del empresario Othón Muñoz Bravo quien fue investigado por supuestas actividades huachicoleras y liberado poco después a falta de pruebas(Diario cambio, 2017 ) A ello se agrega el caso de Manuel Pozos Cruz notario y ex diputado local por el partido Compromiso por Puebla, quien fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras adjudicársele recursos ilícitos por más de 332 millones de pesos obtenidos por la presunta venta de combustible robado (Diario cambio, 2020). Finalmente, se agregan los casos de alcaldes municipales ligados al crimen: el expresidente municipal de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde quien fue relacionado con el robo de combustible en el año 2017 debido a diversas irregularidades encontradas en las gasolineras que tenía en su posesión y liberado tiempo después a falta de pruebas (Angulo 7, 2018); José Isaías Velázquez Reyes ex alcalde de Atzitzintla, apresado por su relación con líder criminal dedicado al huachicoleo; José Luis Rechy, ex edil de Cuyoaco, quien tuvo una investigación en su contra e inclusive se le suspendió el permiso de una de sus estaciones de servicio al detectarse irregulares en la comercialización de combustible y anomalías fiscales; Genaro Negrete Urbano, ex presidente de Naupan relacionado con el robo de combustible mediante la imposición de retenes que permitieron y agilizaron el paso de los vehículos huachicoleros (Diario cambio, 2022).
En consecuencia, la concentración y centralización del poder estatal en Puebla permitió disponer del marco jurídico para legitimar las acciones represivas de gobierno y a su vez, permitió vínculos de actores políticos afines con las extensas redes criminales, dedicadas a la extracción ilegal de combustible. Por consecuencia, las diversas redes de complicidad estatal con criminales y las acciones represivas del gobernador son los principales factores que posicionaron al Estado de Puebla entre los primeros lugares de entidades con altos índices de violencia política que comprendió asesinatos, atentados, secuestros, desaparición forzada, amenazas (telefónicas y presenciales) y asaltos en contra de militantes, simpatizantes, funcionarios públicos, y en general, en contra de los votantes. La figura 1 ilustra la comparativa de casos de violencia política que involucran las características ya mencionadas y posiciona al Estado de Puebla con la mayor cantidad de casos. Dicho sea de paso, la cantidad de casos disparada en Puebla también se debe a que un gran número de actores políticos pertenecientes al grupo opositor (Partido MORENA) recibieron amenazas telefónicas constantes.
Figura 1. Número de casos de violencia política por entidad.
Fuente: Elaboración propia con base a los casos reportados por la prensa nacional.
La figura 1 fue elaborada mediante la recopilación y agrupación de las notas de prensa en los distintos medios informativos nacionales y locales que fueron contrastados para garantizar la imparcialidad de la investigación. El rastreo hemerográfico siguela temporalidad de la declaración oficial del Instituto Electoral del Estado (IEE) sobre elcomienzo general del Proceso ElectoralEstatal Ordinario a partir del día 31 de octubredel año 2017 hasta el 8 de diciembre del 2018, fecha en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la victoria de Martha Erika Alonso Hidalgo en las elecciones de la Gubernatura. Cabe destacar que la identificación de los casos de violencia política electoral se realizó a través del reconocimiento de la víctima (asesinatos, atentados, secuestros, desaparición forzada, amenazas y asaltos) inmersa en el contexto electoral.
El desenlace de los últimosprocesos electorales en el Estadode Puebla ha destacado por las expresiones de la violencia política que no corresponde a las operaciones de una expresión partidista en particular, sino a la interacción de múltiples actoresque disputan la permanencia de diversos intereses en relacióncon prácticas criminales, el control socialde territorios y la preservación del poder político estatal. La figura 2 ilustra la afectación de la violencia política en partidos políticos y funcionarios públicos asesinados durante la contienda electoral del 2018.
Figura 2. Total de asesinatos por partido políticos y funcionarios públicos.
Fuente: Elaboración propia con base a los casos reportados por la prensa local.
El Municipio es el área que concentra las interacciones entre actores criminales, organizaciones sociales y funcionarios públicos que coordinan a los especialistas de la violencia para reprimir la presencia de grupos políticos y sociales opositores que representan una amenaza a los diversos intereses y utilizan la plataforma del partido para disputar el poder político estatal. En ese sentido, la región que albergó la mayor cantidad de casos de violencia política fueron los municipios ubicados en el “triángulo rojo”, denominado así debido a la prevalencia de grupos criminales dedicados al robo combustible que mantienen un férreo control operativo en la zona y han alcanzado la capacidad para controlar el poder municipal a través de la negociación con alcaldes y funcionarios públicos. No es casualidad que en 2022 el Estado de Puebla fue considerado como el primer lugar nacional en conexiones ilegales de gas LP y extracción de hidrocarburos y la ordeña en los municipios de Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo, Tecamachalco y Acajete y desde el 2015 se consideró que el número de tomas clandestinas se incrementó incontrolablemente, mezclada con otras actividades ilícitas como robos a camiones de carga, homicidios y secuestros (El universal Puebla, 2022). En ese sentido resulta necesario desarrollar una interpretación que trascienda las conceptualizaciones tradicionales de las Ciencias Sociales que redujeron la comprensión de la violencia política y muchos otros fenómenos sociales a la mera intervención del Estado, obscureciendo las interacciones que se esconden detrás de las redes de complicidad entre los diversos actores (estatales, criminales, ciudadanos y organizaciones sociales) que intervienen en el desenlace colectivo y organizado de la violencia.
[1] Los antecedentes históricos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se caracterizan por la aparicióndel corporativismo que conglomeró a diversos grupos políticos, como sindicatos y pequeños partidos locales, en una sola organización política que funcionaba para designar la ocupación de cargos públicos.
[2] La victoria electoral de Rafael Moreno Valle Rosas ocurrió en las elecciones del 2010 por el Partido Acción Nacional (PAN), opositor a la tradición priista del régimen político de Puebla.
[3] Es importante destacar que durante la administración del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas se generaron la mayor cantidad de concesiones a mineras canadienses que buscaron la extracción de minerales en la sierra norte del Estado.
[4] La Ley Bala entró en vigor el 19 de mayo del 2014. El argumento legal se expresócomo: “Ley para proteger los Derechos Humanos y regularel uso legítimo de la fuerza pública”.El tercer punto enunciaba el uso de armas incapacitantes no letales y el cuarto rubro permitía el uso de armas de fuego para legítima defensa de la vida.
[5] El huachicoleo se define por la Real Academia Española como la sustracción de combustible de manera ilegal utilizando tomas improvisadas en algunos de los oleoductos que se encuentran en el país.
Conclusiones:
El presente trabajo es la continuidad de la investigación realizada en los estudios de Maestría que ha explorado la relación entre violencia política y el fenómeno de la criminalidad en el contexto de elecciones para explicar el entrecruzamiento entre crimen organizado y gobiernos municipales del estado de Puebla. De esta manera, el proyecto abarca perspectivas de investigación sugerentes para examinar problematizaciones poco desarrolladas en el marco de la Ciencia Política y la Sociología Política. El proyecto se propone superar las restricciones académicas que han enmarcado el análisis del fenómeno a la correlación de variables coyunturales (cargos disputados) que coinciden en los escenarios electorales violentos y destacan la magnitud de elecciones locales como la causa principal del fenómeno (Alvarado, 2019). Así mismo, el trabajo busca desarrollar hallazgos científicos que alumbren las causas estructurales de las nuevas características de la violencia política para la superación de la perspectiva que asocia la causa del fenómeno a la escaza o nula intervención estatal en la contención de acciones violentas en los comicios electorales (Coutiño, 2020).
La relevancia teórica de la presente propuesta de investigación se encuentra en la pretensión de superar las definiciones clásicas que asociaron la concepción la violencia a las acciones represivas del Estado que se ejercen en contra de organizaciones insurgentes y opositores políticos. Bobbio, Matteucci y Pasquino (2008) definen la violencia como la destrucción de los adversarios políticos para situarlos en la imposibilidad física de actuar con eficacia, a menudo tiene un objetivo psicológico indirecto y en ciertos casos tiende a la destrucción del enemigo para doblegar la resistencia y su voluntad. Aunado a lo anterior, el trabajo sostiene que la violencia política debe comprenderse en consideración de actos violentos ejercidos en procesos electorales por especialistas de la violencia contratados por actores estatales para la preservación del poder político y la distinción de actores criminales que ejercen la violencia para disputar el control de gobiernos locales para la satisfacción de sus intereses ilícitos.
El presente trabajo propone el desarrollo de nuevas instigaciones sobre la violencia política sustentadas en una metodología más integrada en la recolección de los casos y retoma la diversidad de fuentes periodísticas que describen y permiten la contabilización de los casos. Sin embargo, la revisión documental se complementa con el análisis socio histórico que ubica la articulación y configuración de nuevos mecanismos de coerción social causada por las complejas interacciones entre actores estatales y actores criminales asentadas en ámbitos locales y en las distintas esferas de la política nacional mexicana. Esta propuesta comprende los reajustes en la política nacional e internacional en el contexto de implementación del neoliberalismo en México que debilitó el control político del Estado y facilitó la democratización de instituciones estatales y generó la alternancia política con el arribo del PAN al poder nacional.
La perspectiva teórica de la investigación sugiere que los escenarios de violencia política electoral en regiones del Estado mexicano se caracterizan por la presencia de elites políticas represivas y pueden explicarse mediante la concepción del autoritarismo subnacional que comprende a gobiernos autoritarios locales que emplean medidas represivas en contra de opositores y se muestran omisos para contener las prácticas delincuenciales (Gibson, 2012). De esta manera, se examina la conformación de alianzas (actores estatales, criminales y no criminales) asentadas en las distintas regiones del país y se analizan los nuevos mecanismos represivos empleados por las elites locales para la preservación del poder político. La revisión de investigaciones que abundan sobre la relación entre violencia, criminalidad y Estado contribuye a la formulación de marcos explicativos a la correlación de fuerzas políticas y las redes de corrupción en el contexto latinoamericano que influyen en el desenlace violento de escenarios electorales.
El desarrollo del proyecto en los estudios de Doctorado es pertinente porque propone teorías explicativas sobre la realidad política del Estado mexicano a través de categorías que priorizan el estudio de la disolución de antiguas certezas distintivas (criminales y autoridades estatales) provocadas por la entrada del nuevo orden económico neoliberal, la emergencia de actores que se entrelazan y confunden con actores e instancias estatales, la presencia represiva del Estado y a su vez su ausencia en distintos ámbitos.
Las expectativas de la presente investigación ofrecen marcos teóricos de interpretación del fenómeno que ha destacado su manifestación no solo en México, si no en Latinoamérica que también se ha distinguido por la configuración de escenarios violentos en los recientes procesos electorales de la región. El tema que abarca el presente trabajo es una herramienta fundamental para conectar experiencias de organización y movilización social que se concretizan en la participación ciudadana en procesos electorales con el desarrollo de un nuevo marco teórico explicativo de escenarios electorales violentos. Por consecuencia, la realización de la investigación contribuye a la reflexión, el análisis y la comprensión de los fenómenos sociales asociados a la violencia política que han dañado gravemente la construcción de una democracia eficaz, ciudadana y participativa. Esto permite aportar en la construcción de mecanismos de convivencia ciudadana en donde predomine la ética, el respeto a la diversidad ideológica y el ejercicio del derecho al voto libre e informado.
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Palabras clave:
Violencia política, criminalidad, elecciones, criminalidad.
Resumen de la Ponencia:
El bullying se define como cualquier tipo de agresión (física, verbal, psicológica, social o cibernética) que un estudiante o docente sufre (víctima) o práctica (acosador/a) repetidamente a lo largo de determinado tiempo (Ruiz-Ramírez et al., 2016). Para las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Educación Pública (SEP) (2007) una de las principales causas es la violencia social que se extrapola a las escuelas perjudicando la calidad de la educación. En México, el bullying se agrava por la violencia social que se reproduce y propaga rápidamente como consecuencia del crimen organizado y de los carteles de la droga; de manera que, algunos jóvenes deciden ingresar al crimen organizado (Franco, 2013). La investigación se realizó en el municipio de El Fuerte, Sinaloa, en México; el cual, ocupa la doceava posición de los municipios más violentos de México (Informe de la Violencia en los Municipios y en las Entidades Federativas de México, 2014). El objetivo fue analizar el contexto social y su influencia en el bullying de dos preparatorias rurales. En la metodología, la investigación fue mixta: se aplicaron cuestionarios y entrevistas. Se trabajó con 96 alumnos/as de la preparatoria San Blas, perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa y 65 estudiantes de la preparatoria particular Felipe Bachomo. Se utilizaron estadísticos descriptivos, pruebas de normalidad y test no paramétricos Wilcoxon con Test de Kruskal Wallis (α=0.05%) con el paquete Statistical Analysis System. En resultados, el estudiantado de la preparatoria San Blas (52.1%) y Felipe Bachomo (50.9%) consideran que existe bullying en sus escuelas porque hay mucha violencia en la sociedad y en sus comunidades; para el estudiantado, ver o escuchar de homicidios, secuestros, violaciones, o enfrentamientos entre el crimen organizado es habitual y esa violencia la reproducen en su entorno escolar. De manera que, el proyecto de vida de algunos/as estudiantes no es obtener el certificado de preparatoria, sino ingresar al crimen organizado. En ese sentido, 45.8% del alumnado de la preparatoria San Blas y 44.6% de la preparatoria Felipe Bachomo mencionan que tienen compañeros/as que quieren ser agresivos/as como los narcos/as. Se concluye que el contexto social influye negativamente provocando bullying, por lo que, los estudiantes se comportan agresivamente con sus homólogos/as y superiores; lo que alienta a que algunos/as alumnos/as quieran dedicarse al narcotráfico.
Introducción:
El bullying se define como cualquier tipo de agresión (física, verbal, psicológica, social o cibernética) que un estudiante o docente sufre (víctima) o práctica (acosador/a) repetidamente a lo largo de determinado tiempo; se presenta en una situación de desigualdad y desequilibrio de poder, se ejerce con la intención de causar daño o perjudicar a la víctima (Ruiz-Ramírez et al., 2016).
Ruiz-Ramírez et al. (2016), Furlán (2009) y Berger et al. (2008) señalan que el bullying está presente en todos los países, contextos sociales, niveles educativos y escuelas públicas o privadas. Alumnos/as, docentes y directivos/as, pueden actuar como víctimas, acosadores/as u observadores/as de diversas agresiones.
Para Perry (2001), Reeve (2006) y las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Educación Pública (SEP) (2007) la principal causa del bullying es la violencia social que se extrapola al ámbito educativo constriñendo la calidad de la educación. En México, el bullying se agrava por la violencia social que se reproduce y propaga rápidamente, porque el crimen organizado y los carteles de la droga se han apropiado del territorio mexicano; de manera que, la población mexicana cohabita de manera natural con la violencia y la ilegalidad (Franco, 2013; Escalante et al., 2011).
Por lo anterior, la presente investigación planteó la siguiente pregunta ¿El contexto social violento en el que está inmerso el municipio de El Fuerte, Sinaloa, influye en la existencia del bullying en las preparatorias? El objetivo fue analizar el contexto social y su influencia en el bullying de dos preparatorias del municipio El Fuerte, Sinaloa. Por lo que, la hipótesis fue que, el contexto social del municipio influye en el bullying, y éste se percibe de manera distinta en las dos preparatorias del municipio.
Desarrollo:
Para cumplir con el objetivo de la investigación, la metodología se dividió en dos momentos:
1) Parte teórica, se revisó el contexto social del municipio de El Fuerte, Sinaloa, México, para lo cual se utilizó información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI), la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Informe de la Violencia en los Municipios y las Entidades Federativas de México (IVMEFM).
2) Parte práctica (proceso de la investigación), la población la conformaron 495 estudiantes, 430 de la Unidad Académica Preparatoria San Blas perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y 65 de la preparatoria particular Felipe Bachomo, ambas escuelas están ubicadas en el municipio de El Fuerte. A través de un muestreo aleatorio simple se trabajó con 96 alumnos/as de la preparatoria San Blas, en la preparatoria Felipe Bachomo se incluyó a toda la población.
La investigación trabajó con el enfoque mixto, en la parte cuantitativa, se utilizó un cuestionario de elaboración propia, dividido en cuatro secciones: a) datos personales, b) información sociodemográfica, c) relaciones personales y d) relaciones escolares. El cuestionario se sometió a revisión de personas expertas, pruebas piloto, validación de contenido y prueba Alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0.834 de un máximo de 1, siendo fiable. Se respondió libremente de manera anónima y personal en las aulas escolares y tuvo una duración de 20 minutos. En lo cualitativo, se emplearon dos guiones de entrevistas semiestructuradas divididas en seis secciones: 1. Preguntas generales, 2. De antecedentes, 3. De opinión, 4. De expresión de sentimientos, 5. De conocimiento y 6. Sensitivas. Un guión de preguntas se le aplicó a seis estudiantes y el otro guión a tres docentes y dos directivos de la preparatoria San Blas. Las personas entrevistadas dieron su consentimiento para grabar y transcribir las entrevistas, los nombres que se utilizan en los resultados son ficticios.
Con relación a los análisis de los datos, se utilizaron estadísticas descriptivas univariadas de ítems por preparatoria y pruebas de normalidad, se hicieron pruebas no paramétricas de Wilcoxon con Test de Kruskal Wallis (α=0.05%) con los paquetes estadísticos IBM-SPSS Statistical V23 y Statistical Analysis System (SAS. V9.4). En las entrevistas se empleó el análisis de contenido por campos semánticos.
En lo que respecta a los Resultados y Discusiones, en la parte teórica sobresale que, El municipio El Fuerte se localiza al noroeste del estado de Sinaloa (108°16 ́47" y 109°04 ́42" al oeste del meridiano de Greenwich y entre 25°53 ́29" y 26°38 ́47" de latitud norte) en México.
En el 2014, el informe de la Violencia en los Municipios y en las Entidades Federativas de México (2015) señala que Sinaloa es una de las entidades más violentas de México, debido al alto número de homicidios, secuestros, violaciones, robos, lesiones y extorsiones. En ese sentido, El Fuerte ocupó la doceava posición de los municipios más violentos del país. Además, la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH), citada por Valdés (2017) indicó que, en 2016, más de 4 mil personas abandonaron sus comunidades como consecuencia de la violencia social; los principales municipios fueron Culiacán, Badiraguato, Sinaloa, Choix, Concordia y El Fuerte; esto se torna relevante, pues al dejar sus comunidades se pierde el arraigo por la tierra, la cultura y los bienes patrimoniales.
Con relación a los RESULTADOS de la aplicación de los cuestionarios y entrevistas, en la preparatoria Felipe Bachomo, 58.5% de la matrícula son hombres y 41.5% mujeres; 90.8% son solteros/as. La edad promedio es 16.4 años, 72.3% reciben beca. 47.7% cursan el segundo semestre, 33.8% el cuarto y 18.5% el sexto. 47.7% pertenecen al grupo indígena Mayo-Yoreme, 13.8% hablan Mayo como lengua materna.
En la preparatoria San Blas, 38.5% son mujeres y 61.5% hombres. La edad promedio es 16.3 años; 96.9% son solteros/as; 66.7% reciben la beca Prospera; 39.6% cursan el segundo semestre, 31.3% el cuarto y 29.2% el sexto. Se encontró que, 12.5% pertenecen al grupo indígena Mayo- Yoreme y ningún estudiante habla Mayo como lengua materna.
En la Tabla 1 se contrasta la información obtenida, se muestra que 86.2% del alumnado de la preparatoria Felipe Bachomo, aceptan que existe bullying en su escuela: 49.2% lo consideran bajo y 29.2% regular. El estudiantado (23.1%) manifiesta que ha sido víctima de bullying, 86.2% han observado agresiones a sus compañeros/as, 21.5% han agredido a algún compañero/a.
El alumnado de la preparatoria San Blas (87.5%) reconoce que existe bullying en su preparatoria; 35.4% determina que su nivel es regular y 34.5% bajo, aunque en entrevista un estudiante manifestó que el grado de bullying es alto: “¡Hay agresiones todo el día! En donde sea, en cualquier lugar de la escuela” (Alfredo, estudiante de sexto semestre, preparatoria San Blas, 2016). 30.2% del alumnado, manifiesta que han sido víctimas; 87.5% han observado acciones de bullying hacia sus compañeros/as, 22.9% han agredido a algún compañero/a, como lo menciona un acosador en el siguiente testimonio: “Si intentan echarme carrilla o así, pues no me dejo, bueno, pues les busco pleito, a veces llegamos a los golpes o insultos” (Carlos, estudiante de sexto semestre, preparatoria San Blas, 2016).
Tabla 1. Bullying en la preparatoria San Blas vs Charay
Por lo anterior, se determina que en ambas preparatorias existe bullying; en ese sentido, el bullying está presente en todos los contextos, niveles escolares y en escuelas públicas o privadas (Ruiz-Ramírez et al., 2016; Furlán, 2009). Participan tanto hombres como mujeres (Mendoza et al., 2016; Defensor del Pueblo, 2007). Sin embargo, los hombres participan mayormente como agresores, debido a las construcciones culturales y sociales de género (Mendoza et al., 2016; Ruiz-Ramírez et al., 2017).
Al contrastar las dos preparatorias, mediante el Test Kruskal Wallis (α=0.05) se detectó diferencia significativa en las agresiones recibidas, la Tabla 2 indica que a las víctimas de la preparatoria Charay les roban constantemente los materiales escolares en comparación con San Blas. En la preparatoria San Blas es más común que agredan psicológicamente a sus estudiantes, al no dejarlos/as participar en clases.
Con relación a las agresiones hechas, en la preparatoria Felipe Bachomo ignoran a sus compañeros/as e insultan mayormente. Los alumnos y las alumnas de la preparatoria San Blas observan con mayor frecuencia que sus compañeros/as son víctimas de diferentes agresiones de bullying; las de mayor significancia son burlas por la forma de vestir, por problemas de la vista, hablar mal de alguien (a través de chismes), no dejarlos/as participar en juegos o en clases, excluir, agredir por Facebook o WhatsApp.
Tabla 2. Comparación de las manifestaciones del bullying
Se comprueba que el alumnado de la preparatoria San Blas ha sido mayormente víctima de bullying, en comparación con la preparatoria Felipe Bachomo (X2=3.8486; Pr < 0.0498); por lo que, se interseccionan diversos aspectos (clase, nivel económico, religión, edad, estereotipos, orientación sexual) para la percepción y reproducción del bullying (Muñoz-Cabrera, 2011; Ruiz-Ramírez et al., 2017).
Análisis de los resultados del contexto del municipio El Fuerte
El estudiantado de la preparatoria San Blas (52.1%) y Felipe Bachomo (50.9%) consideran que existe bullying en sus escuelas porque hay mucha violencia en la sociedad y en sus comunidades; esto coincide, con el doceavo lugar en violencia nacional que ocupó el municipio de El Fuerte (IVMEFM, 2015).
Se concuerda con Ruiz-Ramírez et al. (2016), el Informe Internacional sobre la Prevención de la Criminalidad y la Seguridad Cotidiana (2010), Ortega (2008) y la SSP y la SEP (2007) en que el contexto donde se desenvuelve el estudiantado influye en su forma de relacionarse en el ámbito escolar; porque la comunidad juega un papel decisivo en la socialización y en la construcción y desarrollo de la adolescencia a la adultez. Algunos testimonios que lo verifican son: “hay coincidencias que los niños que muestran actitudes agresivas, los papás se dedican a la venta de droga […] en una ocasión, un estudiante llegó golpeado a la escuela, y cuando le pregunte me dice: —Es que los policías llegaron a mi casa, se quisieron llevar a mi papá y pues a todos nos golpearon,— viven en ese ambiente de agresión” (Sofía, docente, preparatoria San Blas, 2016). “Había un niño que amenazó a la maestra porque su papá tenía muchas armas., y van creciendo con la escuela del narco… ellos quieren ser como los narcos. Muchos son huérfanos de papás porque andaban de sicarios. A pesar de eso prefieren irse de narcos o sicarios” (Patricia, docente, preparatoria San Blas, 2016).
Debido a que los padres de familia deben cumplir su rol de proveedores, y a que algunos no tienen las herramientas académicas o profesionales para obtener un buen trabajo, tienen que robar, vender drogas, extorsionar, etcétera, para llevar el sustento económico a sus hogares, lo cual concuerda con el Informe Internacional sobre la Prevención de la Criminalidad y la Seguridad Cotidiana (2010), Eccles (2005) y Myrberg y Rosén (2008), ya que el bajo nivel socioeconómico y educativo de los padres y madres se relaciona con el comportamiento agresivo de los/as hijos/as, el cual se extiende a las aulas escolares y se manifiesta en forma de bullying. Además, de acuerdo con Franco (2013) y Escalante-Gonzalbo et al. (2011), la población que vive en contextos violentos, como la de El Fuerte, Sinaloa, está acostumbrada a responder con violencia, poniéndo a ellos/as mismos/as en riesgo y a la población.
Conclusiones:
El objetivo de la investigación se cumplió. La hipótesis planteada no se rechaza; de manera que, el contexto social influye en el bullying y se percibe de manera distinta en las dos preparatorias del municipio.
El estado de Sinaloa y el municipio de El Fuerte se ubican entre los más violentos de México, son reconocidos por sus carteles de la droga, luchas por territorio, secuestros, homicidios, entre otros, esto influye negativamente en los/as estudiantes de bachillerato, porque provoca que se comporten agresivamente con sus compañeros/as.
Por lo tanto, se determina que el contexto violento influye para que exista bullying en las preparatorias, lo que lamentablemente alienta a que algunos/as alumnos/as quieran dedicarse al narcotráfico.
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Palabras clave:
violencia, preparatorias, contexto sociocultural, género, población indígena.
Resumen de la Ponencia:
El trabajo abordara las praticas y narrativas que involucran a dos personajes del mundo criminal del America Larina y el Caribe, conocidos en Brasil como “pistoleiros”"y en los paises que hablan espana como sicários, que en sentido amplio podrian definirse como asesinos a sueldo. El “pistoleiro” y el sicario que executan la ación y el mandante de la ación constituyen las partes clave y definitorias del crime del mando. Estas piezas también si classifican como el autor material y intelectual.Resumen de la Ponencia:
En el presente trabajo se problematiza la relación entre violencia y justicia desde una perspectiva socio jurídica, con ello se pretende conocer cómo se construyen imaginarios sociales y realidades específicas de la violencia, de igual manera se pone de relieve la construcción de paz como uno de los medios a través de los que se busca materializar la idea de justicia. En este sentido, nos hemos propuesto conocer cuáles son los mecanismos institucionales de acceso a la justicia y seguridad que han fallado en sus resultados y eventualmente se han constituido en formas de violencia estructural, lo cual nos permite comprender el contexto actual en materia de seguridad y violencia que se vive en México. También se busca conocer cuál es la idea de justicia expresada a través del papel de las instituciones, lo anterior para determinar cómo la población ha construido imaginarios sociales que mediante el uso de la violencia se busca alcanzar la justicia, un ejemplo de esto son los linchamientos, entendido como una “expresión de la violencia social contenida que dan forma a las revueltas cuyo significado es un querer reestablecer los principios de armonía que han caracterizado a una sociedad” (Rodríguez, 2002). En este sentido, buscamos explicar cómo es que se ha optado por la acción colectiva por medios no pacíficos como una forma para alcanzar la justicia, mientras que por otro lado los estudios para la paz y resolución de conflictos representan alternativas a través de las que se puedan aprovechar los conocimientos, actitudes, comprensión, habilidades y medios que posee el ser humano para generar y desarrollar contextos de paz. Referencia Rodríguez Guillén, Raúl (2002) Los linchamientos en México: crisis de autoridad y violencia social. El Cotidiano, vol. 18, núm. 111, pp. 18-27.Resumen de la Ponencia:
La violencia en El Salvador a sido el permanente acompañante para los ciudadanos salvadoreños a lo largo de la historia , no es de desconocer que el pais tiene uno de lo más alto índices de criminalidad y violencia a nivel mundial, sin embargo, atribuir la palabra violencia al mero hecho de criminalidad es un concepto cerrado para poder comprender la dinámica del contexto actual de la realidad salvadoreña, debido a que el Estado se le es imposible drindarle a la juventud las condiciones mínimas de una vida digna y a consecuencia de las enormes brechas de desigualdades que existen en el territorio, la población marginada se le atribuye automáticamente pertenecer a grupos delictivos.En los últimos 30 años la violencia fue y es la puesta segura por parte de los gobernantes en campaña política con fin de someter a la población a un control a base del miedo, por consiguiente, la enorme magnitud de la violencia del pais es acompañado e impulsado por planes de seguridad fallidos, además, son represivos y criminalizantes para la juventud, si bien es cierto, el fenómeno de las pandillas es por momento uno problemas principales a erradicar en el pais, los mecanismo utilizados son erróneos y con tintes autoritaritas, que bajo el supuesto de la seguridad se mantiene a la población bajo una sospecha continua sin goce de instituciones seguras que velaran por actos violentos y arbitrarios por parte de los cuerpos de seguridad que en los últimos 3 años se a fortalecido en numero y en presupuesto como nunca antes en la historia del pais.El pais actualmente atraviesa una severa crisis de seguridad, a esto se le suma el desmantelamiento del Estado de Derecho y la concentración de poder de las decisiones por parte del ejecutivo, el presidente de la república utiliza los repuntes de criminalidad para someter al pais a un estado de excepción donde se ha limitado las garantías constitucionales y no existe en la práctica ninguna institución imparcial que proteja los derechos humanos de los salvadoreños, es por esto, que se considera de importancia analizar las diversas matices de la violencia del pais siempre desde una perspectiva humanística
