Resumen de la Ponencia:

La cárcel se ha convertido en un territorio de depósito y olvido social destinado a las poblaciones que son señaladas -judicialmente- como “anómalas” por haber cometido un delito, dejando distancia con la idea fundante de la justicia institucional que funge como base del sistema penitenciario. Así, el conocimiento que tenemos respecto a las condiciones de hábitat o de las dinámicas internas de los espacios carcelarios, son el resultado de dos procesos iniciales: la dramatización en productos audiovisuales sobre los centros penitenciarios y el rumor que va de voz en voz de quienes tienen un acercamiento eventual o paulatino con estos escenarios. No obstante, ignoramos -anticipadamente- la complejidad que las violencias institucionales prescriben sobre las vidas privadas de su libertad.La vida cotidiana de las cárceles en México se distingue por el estado de hacinamiento en que se encuentran -sobrepoblación, falta de recursos, de personal y procesos judiciales injustos-, siendo este un componente clave para vislumbrar las estrategias de omisión que tienen los gobiernos con las personas privadas de su libertad (PPL); no obstante, el ejercicio analítico también ha conducido a reflexionar no solo las formas en que se permite vivir (biopolítica) sino a las maneras en que se administran las condiciones de morir. En ese sentido, encuentro un vínculo innegable entre las condiciones de abandono que tienen las PPL y sus limitadas opciones de existencia social.En esta ponencia presentaré las reflexiones de un trabajo de campo extendido (2016-2020) en cuatro centros penitenciarios de México -Baja California y la Ciudad de México-, estados que estuvieron entre los 3 con mayor población privada de su libertad, teniendo como común denominador centros penitenciarios que albergaban por lo menos al doble de la población para la que fueron diseñados. Durante ese periodo de cuatro años, bajo un enfoque cualitativo y fenomenológico, se hicieron diversas entrevistas narrativas y ejercicios etnográficos, explorando principalmente las experiencias de vida en torno a las condiciones de abandono social e institucional, así como a las interacciones entre las PPL y autoridades penitenciarias.Dentro de ese marco, los puntos que destacaron fueron las ausencias del Estado en la garantización de los derechos humanos, siendo el deslindamiento del cuidado de las PPL la principal característica de esa relación asimétrica. Desembocando en el denominado olvido social, resultado de un conjunto de ejercicios sistemáticos que garantizan la anulación de un grupo en la vida social y la necropolítica como la del proceso institucional que gestiona la muerte de las PPL bajo un abandono claramente dirigido a las personas que estando de un centro penitenciario se alejan de la mirada pública. De ahí que este producto busque conciliar ambas categorías de análisis como una propuesta analítica de las violencias institucionales en los espacios penitenciarios. 

Resumen de la Ponencia:

Los mercados de la droga, al igual que cualquier mercado de bienes y servicios tienden a ser pacíficos (Jacques & Wright, 2008). Son varias las investigaciones que han intentado estudiar la violencia en los mercados de la droga(Benson et al., 2001; Calderón et al., 2015; Che & Benson, 2014; Jaén & Dyner, 2014), sin embargo, no existe un consenso sobre la forma en que la violencia es usada en estos mercados. Goldstein, 30 años atrás, formuló la teoría de la violencia sistémica (Goldstein, 1985), donde establece que la violencia en los mercados de la droga es causada debido a tres elementos claramente identificable: (1) el cumplimiento de los contratos; (2) el control territorial y; (3) la dependencia al consumo. El presente estudio intenta estudiar estos elementos para comprender la forma en que un mercado de drogas se vuelve violento.El estudio se centra en las ciudades europeas de Frankfurt (Alemania) y Madrid (España), las cuales se caracterizan por tener pocos homicidios a pesar de tener mercados de drogas que movilizan importantes flujos de capital y; en las ciudades latinoamericanas de Pereira (Colombia) y Ciudad Juárez (México), las cuales se caracterizan por tener importantes mercados de drogas, ser claves para el ingreso de cocaína a los Estados Unidos y por tener altos niveles de violencia.El presente estudio exploratorio intenta complementar la teoría de la violencia sistémica y cuestionar presupuestos (científicos y tecnocráticos) como que: la cercanía a los centros de producción de coca, el tamaño del mercado (flujo de capital) y el monopolio en la comercialización de la droga explican la violencia que coexiste con algunos mercados de la droga. El método usado en el estudio es mixto (cuanti-cuali) y se han usado técnicas para recolectar información como: entrevistas y cifras oficiales de las autoridades.BibliografíaBenson, B. L., et al. (2001). The impact of drug enforcement on crime: An investigation of the opportunity cost of police resources. Journal of Drug Issues, 31(4), 989–1006. https://doi.org/10.1177/002204260103100410Calderón, G. et al. (2015). The Beheading of Criminal Organizations and the Dynamics of Violence in Mexico. In Journal of Conflict Resolution (Vol. 59, Issue 8). https://doi.org/10.1177/0022002715587053Che, Y., & Benson, B. L. (2014). Drug trafficking wars: Enforcement versus smugglers and smugglers versus smugglers. Journal of Drug Issues, 44(2), 150–179. https://doi.org/10.1177/0022042613494839Goldstein, P. (1985). The drugs/violence nexus: A tripartite conceptual framework. Journal of Drug Issues, 39, 493–506. https://doi.org/10.1177/002204268501500406Jacques, S., & Wright, R. (2008). The relevance of peace to studies of drug market violence. Criminology, 46(1), 221–254. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2008.00102.xJaén, S., & Dyner, I. (2014). A system dynamics approach to the study of Colombian coca cultivation and the counter-intuitive consequence of law enforcement. International Journal of Drug Policy, 25(2), 226–234. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2014.01.010

Resumen de la Ponencia:

Las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes son una de las peores formas de violencia y constituyen una vulneración de sus derechos humanos.La pandemia ocasionada por el virus Covid-19 y la medida de aislamiento obligatorio para evitar su propagación, trajeron como consecuencia una menor protección de niñas, niños y adolescentes (en adelante NNyAs) ante situaciones de violencia y maltrato, tanto dentro de los hogares como fuera, lo cual redundó en un incremento de las denuncias por violencias sexuales. Asimismo, el traslado de instancias educativas y de socialización a plataformas virtuales y medios digitales ha expuesto a NNyAs a nuevos territorios para las violencias. En este contexto, son mayoritariamente niñas quienes expresan tener miedo a sufrir o haber sufrido algún tipo de violencia en entornos digitales (Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, 2020).La violencia sexual puede presentarse de diversas formas (abuso sexual, embarazo forzado, acoso, violación o explotación sexual en la prostitución o la pornografía) y puede ocurrir en diferentes ámbitos (hogares, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, dentro de las comunidades, a través de internet).Considerando que la violencia sexual contra NNyAs es un delito con una tasa de denuncia baja, se vuelve indispensable contar con datos sólidos a partir de la información disponible. Es decir que para abordar la problemática es necesario partir de un diagnóstico certero sobre los factores que rodean a las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, y que sirva de base para el diseño de políticas públicas.Este informe presenta un diagnóstico de situación de Argentina sobre violencias sexuales contra NNyAs, a partir del relevamiento y análisis de normativas, programas, registros, presupuestos y dispositivos de atención a las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes. El foco está puesto en los desarrollos normativos y en los obstáculos existentes para garantizar la protección especial de derechos de NNyAs amenazados por situaciones de violencia sexual. El relevamiento se realizó entre los meses de abril y junio de 2021. Se indaga en 4 tipos de violencia sexual: el abuso sexual, el embarazo forzado, la trata con fines de explotación sexual y la violencia sexual en entornos digitales, y se identifican los principales obstáculos específicos para el abordaje de cada uno de los tipos de violencia. También, se señalan obstáculos transversales en los distintos momentos de intervención (prevención, detección, denuncia y comunicación, atención, protección y seguimiento integral).Asimismo, se presentan propuestas de ajuste a la política pública en función de los datos obtenidos.

Resumen de la Ponencia:

A Violência homofóbica e transfóbica é um fenômeno complexo e bastante comum na sociedade contemporânea. Tal realidade é constantemente alimentada pelos processos da revitimização, subnotificação e impunidade no trato com a homofobia e a transfobia. Todo esse contexto encontra-se frequentemente presente durante o atendimento profissional da população LGBTI+nos diversos órgãos de proteção e promoção aos seus direitos humanos, sexuais e relacionados a sua identidade de género. A presente situação torna-se um desafio para o Serviço Social por ser uma profissão que busca a viabilização de direitos para todos os seus usuários, sendo as demandas da diversidade sexual e gênero problemáticas que perpassam por todos espaços sócio-ocupacionais necessitando de um atendimento humanizado capaz de viabilizar direitos e não revitimizar esses sujeitos. Buscando compreender melhor esse contexto o presente estudo tem por objetivo analisar as percepções dos profissionais de Serviço Social em relação ao atendimento da categoria profissional nos casos de violência homofóbica e/ou transfóbicas contra a população LGBT+ no estado de Sergipe - Brasil. A referida investigação foi realizada com 10 (dez) assistentes sociais que atenderam LGBTI+ vítimas de casos de violência homofóbicas e/ou transfóbicas nas diversas políticas públicas do estado de Sergipe. Os dados foram levantados por meio de um roteiro de entrevista semiestruturado, e analisados através da técnica de análise de conteúdo. Entre os principais resultados revelou-se que os profissionais de Serviço Social não se encontram preparados e capacitados para atender as demandas da diversidade sexual e de gênero, por diversos fatores como: 1) a ausência e ou carência de debates sobre esse assunto no seu processo de formação acadêmica e profissional 2) presença do preconceito e discriminação fortemente apresentados nos discursos da categoria profissional 3) descompromisso ou desresponsabilização do Estado brasileiro no trato com a homofobia  e a transfobia entre outras. Em detrimento desse contexto, o atendimento dos profissionais de Serviço Social para com as demandas da população LGBT tem caminhado mais para o campo da revitimização do que da viabilização de seus direitos, cenário que reforça uma tendência conservadora e fundamentalista da categoria profissional, contraditória ao seu Projeto Ético-Político. Desta forma, observou-se a urgente necessidade de se debater temáticas sobre a diversidade sexual e de gênero dentro do Serviço Social, além de se realizar novos estudos sobre o assunto aqui em pauta, bem como promover ações de prevenção e sensibilização dos assistentes sociais em relação ao enfrentamento da violência homofóbica e/ou transfóbicas como uma das expressões da questão social a qual a todos compete combater.

Resumen de la Ponencia:

En Chile, a pesar del retorno a la democracia, la represión sigue vulnerando sistemáticamente los derechos humanos hacia toda persona que se moviliza y manifiesta en contra del Estado neoliberal. Como en todo momento histórico, las mujeres han estado en el centro de la coyuntura, agitando y organizándose en los distintos espacios. Sin embargo, debido a la violencia misógina se ha generado toda una estructura sistémica antagónica para las mujeres, las que han sido borradas e invisibilizadas de los procesos de revueltas sociales. En ese sentido, es relevante investigar las experiencias y la percepción de las mujeres respecto a la represión policial comprendida entre los años 2018, 2019 y 2020.  Los objetivos de esta investigación están enfocados a comprender las experiencias represivas de las mujeres jóvenes de Concepción en las protestas sociales dentro de los años 2018-2020, para así dar paso a describir la participación activa de las mujeres en las manifestaciones, como también las experiencias de represión para luego compararlas.Esta investigación es de carácter cualitativo, la muestra de mujeres jóvenes fue intencionada, seleccionando a nueve mujeres. La recolección de datos fue a través de dos grupos focales, pues son espacios seguros entre mujeres, junto con relacionar experiencias individuales en la colectividad y brindar significados colectivos. Debido a las condiciones sanitarias, se realizó uno presencial y otro por vía telemática.  El análisis de datos fue mediante el análisis temático, con la finalidad de encontrar patrones en el fenómeno estudiado que favorezcan su interpretación. Se caracterizó por la fenomenología para obtener un análisis comprensivo e interpretativo privilegiando los significados de la conciencia y subjetividades de las personas en determinadas experiencias. Respecto a los resultados y discusión de la investigación, fueron ordenados entorno a los objetivos específicos. Se identificaron diversos hitos en cuanto a la participación política como sus inicios, la revuelta feminista del 2018 y la distinción entre la organización mixta y separatista, donde esta última se posiciona como forma predilecta y segura de hacer política. También las experiencias represivas relevaron la violencia machista como marco general de acción en que las mujeres se desenvuelven en sus vidas, es así como existe una diferenciación en base al sexo respecto a la represión policial. Del mismo modo, se caracteriza la participación de las mujeres en las protestas sociales que fueron reprimidas en el periodo señalado, del cual se distinguieron cambios de estrategias en el aparato represor y se reconoce a la Revuelta popular del 2019 como el hito histórico que cambió la forma de ejercer y de percibir la represión. La importancia de esta investigación radica en la necesidad del enfoque feminista para relevar los roles de las mujeres en los sucesos sociales-políticos. 

Resumen de la Ponencia:

Historicamente, a proibição de determinadas substâncias psicoativas tem se mostrado inefetiva em promover a redução do consumo e do comércio de drogas ilícitas, mas efetiva na criminalização e controle de determinados grupos sociais. Neste sentido, o presente artigo apresenta, na primeira seção, como o paradigma proibicionista se gestou ao longo da história e, na segunda parte, analisa a aplicação do proibicionismo na realidade brasileira contemporânea, delineando como a política de drogas consiste em um elemento central para compreender o necrocapitalismo brasileiro. A partir das análises propostas, é possível identificar a política de drogas como um fator determinante na distribuição desigual da violência, produzindo mortes biológicas, sociais e simbólicas, que afetam sobretudo a fração da classe trabalhadora composta por jovens negros e pobres.

Resumen de la Ponencia:

Costa Rica es conocida internacionalmente como una nación sin ejército, verde, respetuosa de los Derechos Humanos, con una sólida democracia y sumamente pacífica, que se resume en “la Costa Rica pura vida”. Sin embargo, diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), Colectivas/os y personas defensoras de Derechos Humanos (DDHH) cuestionan fuertemente la imagen que el país proyecta y vende al exterior, pues señalan la forma en que gobierno tras gobierno se atienden los conflictos internos, las protestas, movimientos sociales, periodismo alternativo y el resguardo de líderes y lideresas; donde Costa Rica ya cuenta con dos asesinatos de líderes indígenas.En la presente investigación se busca contrastar a las partes, Gobiernos y Movimientos Sociales, mediante la recopilación y análisis de datos, documentos y teoría acerca del Estado, los mecanismos de control, la evolución del marco jurídico y el propio aparato represor del Estado, en este caso el Ministerio de Seguridad Público; teniendo en cuenta y mostrando la formación y entrenamiento que recibe dicho órgano. Esta discusión es relevante en cuanto saca a la luz y examina a un órgano poco estudiado, la policía, en un intento de acercamiento entrañable y de sistematización sobre dicho objeto de estudio en el caso costarricense, por medio de distintas herramientas entre ellas el mapeo, línea cronológica de eventos, recursos audiovisuales. 

Resumen de la Ponencia:

La cárcel se ha convertido en un territorio de depósito y olvido social destinado a las poblaciones que son señaladas -judicialmente- como “anómalas” por haber cometido un delito, dejando distancia con la idea fundante de la justicia institucional que funge como base del sistema penitenciario. Así, el conocimiento que tenemos respecto a las condiciones de hábitat o de las dinámicas internas de los espacios carcelarios, son el resultado de dos procesos iniciales: la dramatización en productos audiovisuales sobre los centros penitenciarios y el rumor que va de voz en voz de quienes tienen un acercamiento eventual o paulatino con estos escenarios. No obstante, ignoramos -anticipadamente- la complejidad que las violencias institucionales prescriben sobre las vidas privadas de su libertad.La vida cotidiana de las cárceles en México se distingue por el estado de hacinamiento en que se encuentran -sobrepoblación, falta de recursos, de personal y procesos judiciales injustos-, siendo este un componente clave para vislumbrar las estrategias de omisión que tienen los gobiernos con las personas privadas de su libertad (PPL); no obstante, el ejercicio analítico también ha conducido a reflexionar no solo las formas en que se permite vivir (biopolítica) sino a las maneras en que se administran las condiciones de morir. En ese sentido, encuentro un vínculo innegable entre las condiciones de abandono que tienen las PPL y sus limitadas opciones de existencia social.En esta ponencia presentaré las reflexiones de un trabajo de campo extendido (2016-2020) en cuatro centros penitenciarios de México -Baja California y la Ciudad de México-, estados que estuvieron entre los 3 con mayor población privada de su libertad, teniendo como común denominador centros penitenciarios que albergaban por lo menos al doble de la población para la que fueron diseñados. Durante ese periodo de cuatro años, bajo un enfoque cualitativo y fenomenológico, se hicieron diversas entrevistas narrativas y ejercicios etnográficos, explorando principalmente las experiencias de vida en torno a las condiciones de abandono social e institucional, así como a las interacciones entre las PPL y autoridades penitenciarias.Dentro de ese marco, los puntos que destacaron fueron las ausencias del Estado en la garantización de los derechos humanos, siendo el deslindamiento del cuidado de las PPL la principal característica de esa relación asimétrica. Desembocando en el denominado olvido social, resultado de un conjunto de ejercicios sistemáticos que garantizan la anulación de un grupo en la vida social y la necropolítica como la del proceso institucional que gestiona la muerte de las PPL bajo un abandono claramente dirigido a las personas que estando de un centro penitenciario se alejan de la mirada pública. De ahí que este producto busque conciliar ambas categorías de análisis como una propuesta analítica de las violencias institucionales en los espacios penitenciarios. 

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia tiene como objetivo reflexionar desde una perspectiva sociológica sobre dos asuntos engranados: la desigualdad y la violencia. El argumento central es que es posible y necesario comprender la desigualdad y la violencia como un continuo problemático, es decir, como un sistema de relaciones multicausal y coimplicado. La hipótesis de trabajo teórico es que el entramado desigualdad-violencia, en sociedades como las de América Latina, se convierte en una estructura de poder que constriñe a las poblaciones vulnerables, por lo que su estudio como estructura social ayuda a comprender los mecanismos macro y micro sociales que reproducen y reproducen zonas de vulnerabilidad, así como la naturaleza de procesos sociales tales como la construcción de formas de solidaridad orgánica, cohesión social y praxis ciudadana; procesos estrechamente implicados en la producción de sistemas de acción social a favor de la continuidad de la vida, la permanencia de la unidad social a nivel de las instituciones, el bienestar y la paz. 

Resumen de la Ponencia:

En el actual régimen presidencial (2018-2024) hemos sido testigos de la información divulgada en diferentes fuentes acerca de las protestas de grupos de mujeres. En los últimos dos años algunas estas protestas han estado caracterizadas por su excesiva violencia (S. Genovés, 1991), por destrucción o daño a sitios emblemáticos.Aún con esas manifestaciones poco se sabe de las mujeres que permanecen en prisión, al parecer las protestas no las están incluyendo, se pide justicia por los feminicidios, se grita y se escribe que “ni una menos” también esas protestas incluyen a aquellas mujeres que sufren maltrato o alguna forma de violencia. Más no se habla ni se grita por aquellas mujeres que están injustamente internas en algún centro de readaptación femenil. Nada se sabe sobre sus derechos legales y menos aún sus derechos humanos, al ingresar a prisión se hacen aún más invisibles, se pierden en el anonimato, todo queda en el interior de los penales femeniles, no sale información de esos centros de readaptación o prisiones.El presente trabajo tiene la finalidad analizar algunos datos de mujeres en prisión, muchas fueron detenidas por la lucha contra el narcotráfico durante el sexenio del expresidente F. Calderón (2006-2012) y se extiende a los siguientes sexenios. Se utilizan algunas fuentes de información, así como documentos y datos de mujeres internas (prisonstudies; 2021), varias de ellas aún permanecen en prisión. Resulta de interés el analizar mediante dos preguntas, la primera es conocer y analizar cuál es la relación de mujeres internas respecto a los hombres, porque solo se tiene la idea de que el número de mujeres es una cifra inferior en comparación a las cifras de los internos varones. La segunda pregunta es analizar y responder cuáles son las causas por las que muchas mujeres están internas. Acaso la gravedad de los delitos cometidos por las mujeres en prisión tendrá la misma gravedad de los delitos que cometen los hombres. Para tal efecto se ha recurrido a fuentes documentales, por ejemplo, censos de INEGI (Instituto Nacional de Geografía e Informática), estadísticas sobre prisiones, informes anuales, organismos internacionales entre ellos las comisiones de derechos humanos.Palabras clave: Violencia, Prisiones, Internas, Delitos, Penales femeniles

Resumen de la Ponencia:

O problema da violência é uma das marcas dos centros urbanos da América Latina. O Brasil possui, há alguns anos, elevadas taxas de crimes violentos causados, dentre outros motivos, pelo crescimento da violência armada, especialmente em locais com atuação de facções criminosas e grupos milicianos. Um das consequências dessa violência é a expulsão de moradores de suas comunidades. Os deslocamentos em razão da violência geram violações aos direitos fundamentais das vítimas, como direito à moradia, ao trabalho, à assistência social, à saúde e ao acesso aos serviços públicos. Essa situação tem ocorrido na cidade de Fortaleza (Ceará, Nordeste do Brasil). Grupos de famílias são obrigados a se deslocar em razão da dinâmica do “faccionamento” da cidade. A pesquisa parte da temática da violência armada urbana, delimitando-a para observância da situação dos direitos fundamentais dos deslocados internos. Quanto às questões teóricas envolvidas, são categorias fundamentais: deslocados internos, violência urbana armada, direitos fundamentais e proteção internacional dos direitos humanos. Quanto aos aspectos metodológicos da pesquisa empírica, opta-se por uma análise comparada entre o Brasil e a Colômbia. Para delimitação do trabalho de campo, a pesquisa será realizada nas cidades de Fortaleza (Brasil) e Bogotá (Colômbia). Em relação à Fortaleza: a) o elevado grau de violência e vulnerabilidade social na periferia cidade; b) o problema dos deslocamentos, ainda que não exclusivo de Fortaleza, chama a atenção pela quantidade e repercussão, diante da acirrada disputada entre as facções criminosas, especialmente nas “tomadas de territórios”; c) algumas iniciativas tomadas na cidade em relação ao problema; d) recorte temporal, a partir de 2016, momento de aprofundamento da “guerra” entre facções. Em relação à cidade de Bogotá: a) a Colômbia é uma referência na temática, tanto pela quantidade de pessoas como nas discussões constitucionais sobre a proteção das vítimas; b) Bogotá é a cidade da Colômbia que mais recebe deslocados oriundos de diversas regiões do país. Como apontamentos centrais, percebe-se o não reconhecimento do problema dos deslocados em razão da violência armada no Brasil, e em particular no Nordeste, seja para ausência de dados oficiais e políticas públicas específicas sobre a questão, seja pela inexistência de um marco normativo. Conclui-se, ainda que preliminarmente, pela necessidade do reconhecimento do status jurídico dos deslocados internos no Brasil e da proteção dos direitos fundamentais dessas vítimas da violência armada urbana. Palavras-chave: Direitos fundamentais. Deslocados. Violência. Brasil. Colômbia.

Resumen de la Ponencia:

Las cercanías al metro Río de los Remedios son un cúmulo de 25 colonias, pertenecientes a los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Gustavo A. Madero, donde basta asomar la cabeza para obtener una muestra de los contrastes y altos niveles de desigualdad y violencia existentes. Durante años, los habitantes han desarrollado un performance frente al delito, que va desde prevenir, resistir, contener, enfrentar o bien naturalizar los hechos de violencia crónica por la que atraviesan. Estas acciones pueden dividirse en dos tipos: estrategias de protección y tácticas de supervivencia. El primer concepto hace referencia al conjunto de reglas o acciones llevadas a cabo para responder de forma óptima ante posibles o inminentes situaciones de peligro; se trata del método que las personas utilizan para evitar ser víctimas de la delincuencia, son generadas en el largo plazo, más meditadas y presentan un importante componente cultural. El segundo término alude a las técnicas utilizadas por las personas con el objetivo de sobrevivir ante determinadas situaciones; son ideadas, construidas y empleadas en el corto plazo; se conciben y materializan cuando el sujeto se encuentra en una situación de inminente peligro.A fin de conocer la forma en que se presentan estas estrategias y tácticas se llevó a cabo una investigación con los habitantes de dicha zona. Por medio de entrevistas, encuestas y una etnografía digital, se cuestionó a las personas sobre las principales acciones que emprendían para evitar ser víctimas del delito. Los resultados mostraron que muchas de las conductas realizadas contaban con características similares, lo que permitía agruparlas en diversas categorías. De esta forma, las estrategias de protección se dividieron en silencio, discreción, cohabitación, prevención, consumo contenido y creencia de protección. Por otra parte, las tácticas de supervivencia se clasificaron en resistencia, contención, enfrentamiento, justicia a lugar, coacción y creencia de protección. Cada una de dichas clasificaciones cuenta con su definición y características propias, que permiten comprender la forma en que se desarrolla el performance contra la violencia en la zona. Por ejemplo, es posible afirmar que estrategias como la discreción son más habituales en mujeres, mientras que el enfrentamiento es más común en hombres. Asimismo, se trata de conductas que se presentan en el imaginario colectivo, que pueden ser transmitidas entre grupos sociales o generaciones y cuyo conocimiento o difusión es protegido por los miembros de la colectividad. La descripción y conocimiento de dichas tácticas y estrategias es una forma de comprender la forma en que las comunidades se enfrentan y resisten ante contextos de violencia crónica. El objetivo de la ponencia es presentar las estrategias de protección y tácticas de supervivencia que los habitantes de la zona utilizan para resistir el contexto de violencia crónica.

Resumen de la Ponencia:

La díada policía y violencia ha sido uno de los principales fenómenos inquisitivos en el campo de los estudios policiales. En años recientes, el interés por comprender y explicar los factores que incentivan el uso desproporcionado de la fuerza física se ha tornado una prioridad analítica frente a los episodios cada vez más visibles de violencia policial que se hacen patentes, incluso, en los regímenes democráticos contemporáneos.En México, el fenómeno de la violencia perpetrada por las instituciones policiales y militares es un problema de larga data; sin embargo, a raíz del cambio estructural en la política de seguridad para el control del delito y el combate al tráfico de drogas, el problema se ha vuelto especialmente preocupante por la capacidad demostrada de las instituciones de seguridad para cometer actos de tortura, desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos en el contexto de labores operativas y de patrullaje. En la literatura anglosajona y en algunas investigaciones sobre el contexto nacional, el análisis de la violencia letal en su mayoría se limita a situaciones de confrontación o police shootings. Es decir, a enfrentamientos directos entre las instituciones de seguridad y “delincuentes” o supuestos delincuentes, excluyendo aquellas situaciones que no responden directamente a un enfrentamiento, pero en las que el resultado es también, la muerte de civiles por violencia letal.Este elemento observado condujo a problematizar el uso de la fuerza letal más allá de considerarla solo una respuesta para intentar someter a un enemigo real o percibido si no, además, como una consecuencia de la combinación de atributos y factores que definen el entorno en que el operan las fuerzas del orden, lo que permite establecer un punto de quiebre respecto de las interpretaciones que sugieren que la violencia letal tiene un carácter monotónico. En ese tenor, el objetivo de la ponencia es ofrecer pistas sobre dos cuestionamientos principales: cuáles son los factores situacionales, organizacionales y socio-estructurales que inciden en el uso de la fuerza letal en intervenciones policiales y militares en México y cuáles son las distintas combinaciones de factores o configuraciones causales que permiten explicar este fenómeno en el conjunto de casos analizados. Para dar respuesta a las interrogantes planteadas, se empleó una metodología comparativa, apoyada en el Análisis Cualitativo Comparado (QCA) como herramienta técnica para el análisis de los casos estudiados. Como método de contrastación se optó por un diseño de sistemas más diferentes con el mismo resultado (MDSD) conformado por 20 casos seleccionados intencionalmente de forma escalonada a partir del resultado de interés.

Resumen de la Ponencia:

Este trabajo pretende analizar el proceso de militarización de una escuela pública en la periferia de Brasilia (Brasil), a partir de la presencia de la Policía Militar en la gestión de la disciplina escolar, a partir de 2019. La investigación de campo consistió en entrevistas con profesores, observación de reuniones y análisis de documentos, datos oficiales, artículos de prensa y vídeos que circulaban por las redes sociales. La política implementada moviliza la idea de que más policías en la escuela significarían supuestamente una garantía de orden y disciplina y, por tanto, rescatarían la autoridad perdida por los profesores. Estas categorías se discuten a partir de los aportes teóricos de los estudios sobre gestión de conflictos y derechos de ciudadanía en Brasil. Los resultados apuntan a efectos contrarios a los anunciados por el gobierno local con el aumento de la conflictividad escolar en relación a los años anteriores a la implementación de la política y la imposición de una moral policial militar en las rutinas educativas que pone en jaque la narrativa de que esta es una gestión que respeta la autonomía docente y valora a los alumnos. 

Resumen de la Ponencia:

Las personas LGBTIQ+, se encuentran comúnmente expuestas a situaciones de discriminación y especialmente, a violaciones sistemáticas de sus Derechos Humanos, incluso a persecuciones alrededor del mundo, pero en particular en El Salvador, en donde sus orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género no encajan con los sistemas heteronormativos y patriarcales imperantes en este país, que determinan de manera estructural las relaciones de las personas y que son parte de los componentes que lleva a la sociedad salvadoreña a naturalizar la violencia en general.La presente investigación indaga, cuestiona y analiza los principales riesgos que enfrentan las personas LGBTIQ+ en El Salvador, en particular en el contexto de la violencia criminal. Se destaca el panorama general relativo durante la pandemia del COVID – 19 y el régimen de excepción aprobado el 27 de marzo de 2022; a la vez, desde una análisis jurídico e institucional en materia de protección de DDHH permite estudiar las subjetividades desde su cotidianidad y así identificar los mecanismos y dinámicas que están a la base de las violencias contra las personas LGBTIQ+ y cómo las políticas públicas deben de orientarse a prevenir dichas violencias con un entendimiento más profundo de la problemática que aborda esta investigación y es la violencia social por motivos de orientación sexual e identidad y expresión de género y cómo se han visto afectadas las vidas de personas, durante el periodo del 2010 – 2022.Los objetivos de esta investigación es desarrollar una construcción socio/teórica sobre la violencia social contra la población LGBTIQ+ que se encuentra invisibilizada en diferentes marcos normativos; determinar qué ha hecho el Estado Salvadoreño para garantizar la protección de los DDHH de esta población vulnerable y generar información estadística que permita, desde la función pública y la sociedad civil, implementar políticas, acciones y estrategias que garanticen su reconocimiento y protección en los diferentes ámbitos públicos y privadosEn la presente investigación se utilizó la metodología cuali – cuantitativa debido a la naturaleza que conlleva la misma; ya que a pesar que se aborda desde las experiencias vivenciales, ejercicios de contraloría y análisis de marcos normativos, también se utilizó un instrumento de carácter cuantitativo en el momento del levantamiento de datos.El uso de las dos metodologías nos sirve para conocer datos de carácter numéricos y medir el grado de conocimiento y de viabilidad de la investigación, a la vez, dar una explicación de los datos y una interpretación de los elementos, los cuales cumplen la función principal en la investigación, tratando una exposición de datos narrativa/numérica, lo más exhaustiva posible.

Resumen de la Ponencia:

La presente ponencia se enmarca en la línea temática No.6: Violencia, dinámicas y prácticas delictivas durante y después de la pandemia de Covid-19, pues precisamente aborda la problemática que afecta la ciudadanía en general cuando siente que se les vulnera el derecho a la tranquilidad y goce apacible de su hábitat, teniendo que soportar estoicamente que el sonido-ruido se propague con la alta intensidad que desee quien tiene en su poder el control de mando sobre un equipo de sonido o dirige alguna concentración de gente en determinado lugar. El objetivo de la investigación consistió en verificar el estado y necesidad de aplicar el artículo 33 del código de Nacional de seguridad y convivencia ciudadana Colombiano para generar espacios de mayor respeto a los derechos humanos Pregunta problema: Cómo la normatividad logra impactar el fenómeno de la alteración de la tranquilidad pública en auge por la pandemia covid 19?El proyecto de investigación del cual deriva la presente  ponencia se enmarca en la metodología: “investigación – acción” Del comportamiento de unos ciudadanos que afecte a otros ciudadanos es de donde derivan contravenciones y hasta muerte de miembros de la comunidad que participan activa o pasivamente de cierto espacio urbano o rural.La problemática de crisis es tomada desde la conflictividad que se produjo en la sociedad en tiempo de pandemia, donde la cotidianidad fue alterada por la zozobra de muerte, la sensación de límite, de finitud, de incompetencia, de frustración, de aislamiento social, de vulnerabilidad aún entre el núcleo familiar, escasez generalizada, acoso económico y en muchas ocasiones afectivo o el otro extremo: sensación de soledad inconmensurable y otra cantidad de realidades, sensaciones, actitudes y elucubraciones unas mas concretas que otras, pero todas ocasionando efectos nunca antes experimentados por esta generación, todas ocasionadas por el virus. El trabajo de campo arrojó el resultado que el tema de perturbación por sonidos - ruidos al incrementar los decibeles en espacios residenciales, el manejo de equipos en establecimientos comerciales o autos con material repotenciado, el relacionamiento y comportamientos sexuales en sitios públicos y el consumo de sustancias psicoactivas son problemáticas comunes y ponderadas exponencialmente con las situaciones vividas en la pandemia convirtiéndose en problemas comunes de stres social, violencia e irrespeto al derecho de los conciudadanos.Otra de las conclusiones de este proyecto fue comprobar que educar fue mas que enseñar conceptos sobre un cuerpo epistémico, para aprender a convivir con ejercicios prácticos pedagógicos basados en el artículo 33 del código de Nacional de seguridad y convivencia ciudadana.La educación en esta investigación se ejecutó en el espacio abierto mas allá de la concepción tradicional de aula de cuatro paredes haciendo un ejercicio de trabajo de campo y devolución de resultados de la investigación.

Resumen de la Ponencia:

É a partir das discussões que envolvem a violência contra a mulher e seus desdobramentos no sistema de justiça que repousa este artigo. Tendo como foco principal o feminicídio, este estudo tem como objetivo compreender quais elementos da relação entre autor e vítima influenciam para a aplicação da qualificadora do feminicídio nas mortes violentas de mulheres pelos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e de São Paulo, no Brasil. Além disso, averígua-se como estes juízes compreendem a categoria gênero em acórdãos de crimes ocorridos no ano de 2015 a 2018. Este texto é parte de uma pesquisa de doutorado, que iniciou no ano de 2019, tem como espaço de análise, decisões judiciais de camaras criminais destes tribunais. O estudo encontra-se em andamento, e são utilizadas análises qualitativas, dentre elas: em arquivos – online- no site dos tribunais e análise do discurso escrito. Importa salientar que entendemos como feminicídio, o crime cometido contra a mulher em razão do ódio por sua condição feminina, partindo das perspectivas conceituais sobre o tema apresentadas por  Wania Pasinato (2011) e Lourdes Bandeira (2009), Simone Gomes (2018), Jules Falquet (2017) e Rita Segato (2018). Para compreensão da dinâmica dos tribunais e o funcionamento da justiça e decisões judiciais no Brasil, tem como base Boaventura de Souza Santos (2011) a partir de seu entendimento sobre a necessidade de uma “revolução democrática da justiça”, que, entre outras consequências, poderia resolver importantes rupturas existentes na forma como ocorre o “fazer justiça”, pois em suas decisões são observadas apenas os argumentos alcançados pelas normas. Até o momento, como resultados parciais, pode-se verificar que houve uma mudança de entendimento dos julgadores destes tribunais sofreram alterações, pois  suas concepções mais abrangentes a partir do ano de 2016.  

Resumen de la Ponencia:

La presentación tiene como objetivo analizar las expresiones contemporáneas del neo-autoritarismo en Centroamérica. Haremos referencia a formas estatales marcadas por una larga trayectoria de autoritarismo, ausencia de socialización del poder, extremas desigualdades y una tendencia constante hacia la reafirmación de formaciones que René Zavaleta conceptualizaba como formaciones estatales aparentes. Se trata de formaciones donde grupos dominantes tratan de definir lo nacional y ejercer soberanía sobre un territorio sin que representen a amplios sectores de la sociedad. Por otro lado, haremos referencia al plano de la sociedad civil que, además de ser permeado por una tradición autoritaria y represiva, se caracteriza por la dificultad de amplios segmentos de hacerse representables e incidir en la configuración del Estado político. De este modo el análisis buscará profundizar en una serie de aspectos coyunturales y estructurales que permiten un acercamiento conceptual a las manifestaciones contemporáneas de autoritarismo que marcan la región. Tres líneas analíticas conformarán el núcleo de esta presentación: primero, la configuración sociohistórica de las mediaciones entre Estado político y sociedad civil, es decir, entre gobernantes y gobernados. Segundo, los efectos de las disputas geopolíticas y pautas del capitalismo global en los espacios de la región. Tercero, la actualización de una cultura política conservadora y sus formas de diseminación entre diferentes segmentos de la sociedad.  

Resumen de la Ponencia:

O declínio estadunidense e a ascensão de China e Rússia; o deslocamento do eixo do capitalismo do Atlântico Norte para a Ásia e o Pacífico; o recrudescimento da disputa por recursos estratégicos (água potável, combustíveis fósseis, minerais raros, etc.) e as mudanças climáticas tensionam o mundo contemporâneo de maneira jamais vista. Isto sugere uma alteração na famosa frase de Raymond Aron: não se trata mais de “guerra impossível, paz improvável”, mas de “paz impossível, guerra muito provável”. Não obstante, já não se trata mais da mesma guerra. Lembrando Clausewitz, a guerra é um camaleão que muda a cada circunstância e, como as circunstâncias se alteraram celeremente, a guerra apresenta-se cada vez mais surpreendente. Acrescente-se a isso o impacto da tecnologia na condução dos conflitos: desde os anos 70, o capital vem se reconfigurando. O modelo taylorista-fordista de acumulação foi substituído pela a acumulação flexível, tendo como efeito a precarização do trabalho e uma descartabilidade de força de trabalho jamais vista. A esse fenômeno associou-se outro, nos anos 90: o surgimento da internet e, a partir de então, o desenvolvimento de tecnologias de “informação”. Inicialmente, análises otimistas julgaram que o acesso à informação seria democratizado e popularizado. Hoje, sabemos que o que houve foi uma “acumulação primitiva” dessa informação. O capital (ou, mais especificamente, as empresas capitalistas de vigilância) apropriou-se da capacidade de cada indivíduo de fornecer informação. Para isso, serviram-se da tecnologia para vigiá-lo permanentemente, coletando informações e, mais grave, alterando a sua conduta. Nesse cenário, a informação e contrainformação tendem a apresentar-se de maneira jamais vista como cruciais na condução dos conflitos e guerras. Objetivamos, portanto, submeter esses fenômenos à análise, valendo-se da teoria da estratégia para avaliar o impacto das tecnologias de vigilância na condução dos conflitos contemporâneos.

Resumen de la Ponencia:

La violencia estructural es un concepto que ha tenido auge y se le ha puesto atención, pero aún constituye un fenómeno cada vez más presente en la situación estatal actual, por lo que se busca analizar dicho problema en su relación y claro efecto sobre la seguridad humana y la paz como categorías de la democracia en un Estado constitucional. Para lo cual se llevó a cabo análisis teórico y documental basado en los parámetros de violencia y paz que han sido diseñados como resultado de investigación científica contemporánea y su contrastación con la incidencia de ese fenómeno en el Estado mexicano. Se concluye con la propuesta de indagar más sobre la democracia estructural como una alternativa para la solución de los problemas de seguridad y paz en el México contemporáneo.

Introducción:

La violencia directa no es la única manera en la que se puede agraviar a la seguridad humana en detrimento de la paz necesaria y deseable en un Estado que se jacte de ser democrático, sino que también existe otro fenómeno mucho más complejo que afecta tal vez de manera más directa pero casi imperceptible a la mirada del ciudadano promedio o que incluso escapa del escrutinio del bien intencionado operador político o, lo que es peor, del medianamente experimentado académico o investigador social, me refiero a la violencia estructural, cuyo mejor estudio lo tenemos por cortesía de Galtung (2017), quien también reflexiona de manera interesante sobre otros tipos de violencia como la cultural y desde luego la directa. 

Generalmente se ha considerado que la violencia directa es la manifestación más concreta de la inseguridad, sin embargo, no solamente ese tipo de violencia es la que provoca tales afectaciones las cuales no son solamente contra la seguridad, ya que la violencia estructural es quizá la causante más severa no solo de la inseguridad, sino de la inseguridad humana con una repercusión preocupante en la consecución de la paz estatal. Todo ello en un ambiente democrático como se prevé que debe ser el mexicano. Y es que la democracia no solamente debe considerarse como un régimen político o una estructura jurídica, sino que también debe ser preciada como una forma de vida, lo cual implica, desde luego, que haya paz y seguridad, lo que en última instancia se podría lograr solamente atacando al fenómeno de la violencia estructural. 

Es por lo que en esta ponencia planteamos el problema relacionado con la posible solución a lo anterior, es decir, ¿de qué manera se podría incrementar la seguridad humana (y de paso a otros tipos de seguridad) beneficiando también a la democracia estatal en México, sin hacer a un lado el importante objetivo que se tiene de mantener la paz? Quizá la respuesta más directa sea erradicando la violencia estructural o, al menos, disminuyéndola, pero el problema no solamente se queda ahí, ya que aseverar solamente eso sería incurrir en un lugar común, por lo que hipotéticamente se podría considerar que la solución a lo anterior (o al menos una manera de abonar a dicha solución) sería considerando de una manera más puntual y aplicable a las políticas públicas relativas con la paz estructural, para cual resulta necesario analizar, diseñar e implementar categorías y acciones concretas de lo que se podría denominar como una democracia estructural. 

Desarrollo:

II. Violencia estructural: un problema sistémico

 

En un medio estatal como el mexicano, en el que resulta apremiante el fenómeno de la inseguridad a causa de una violencia galopante, el abordaje a dicho problema no debe realizarse (menos aún la solución) sin considerar el panorama general, sin atender a que en realidad estamos ante una disrupción sistémica en la que instrumentar acciones desde un solo ángulo no es una solución óptima. Sobre todo, si consideramos que la violencia directa no es la única existente, ya que coexiste con otras dos variaciones relevantes: la violencia estructural y la violencia cultural, de mucha importancia las tres sobre todo si queremos tener una visión de sistema y no restringida, máxime si consideramos la interrelación que puede haber entre tales tipos de violencia: “…hace referencia a las legitimaciones de las otras dos formas de violencia y a las represiones culturales. Entre estos tipos de violencia se pueden establecer interrelaciones, aunque también es posible encontrarlas de forma aislada…” (La Parra & Tortosa, 2003, p. 71). De acuerdo con lo mencionado por este autor, incluso hay un elemento de legitimidad que se da entre cada una de esas formas de violencia, sobre todo desde la llamada violencia cultural hacia las otras dos, y no pasa desapercibido que también expresa las interrelaciones que pueden existir entre cada una de ellas, con independencia de que mayormente se reflexiona sobre esos tipos de violencia (y sobre todo respecto de la directa) como fenómenos aislados. 

 

Ahora bien, de acuerdo con la doctrina, el término violencia estructural se aplica cuando hay un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas, como son la supervivencia, el bienestar, la identidad o la libertad, y esto se da como resultado de procesos en los que se produce una estratificación social, lo anterior significa que las formas de violencia directa no están involucradas o no son necesarias para que se actualice la violencia estructural (La Parra & Tortosa, 2003). En consecuencia, para la comprensión de estos tipos de violencia es inevitable reflexionarlas como un todo que afecta directamente a algunos aspectos torales para la vida de las personas, de tal manera que, en una tipología de la violencia directa y estructural se deben tener en cuenta las cuatro clases de necesidades básicas: 1. Supervivencia (cuya negación es la muerte); 2. Bienestar (cuya negación es el sufrimiento); 3. Reconocimiento e identidad (cuya negación es la alienación); y 4. Libertad (cuya negación es la represión), y esa tipología da pie a considerar todo un complejo sistema que abarca muchos otros aspectos de la vida social y estatal relacionados con la violencia, en los que no se pueden omitir otros conceptos como los de exterminio, holocausto, genocidio, mutilación, acoso, miseria, des-socialización, represión, detención, expulsión, explotación, adoctrinamiento, ostracismo, alienación, desintegración, etc., incluso pudiendo agregar otra necesidad básica: el equilibrio ecológico, como una condición indispensable para la existencia del ser humano y cuya negación sería el ecocidio; con la suma de esas cinco categorías se puede determinar la existencia o no de paz (Galtung, 2017). 

 

Se trata de una forma de violencia que por no ser directa se le ha llamado “estructural”, ya que es un fenómeno no visible (o poco visible) y por eso se le ha distinguido de la violencia directa o física en donde sí hay un agente que actúa en contra de la integridad de otra u otras personas afectándolas a tal grado que les causa un daño físico o en sus bienes. También están involucrados otros conceptos que tienen relación con las necesidades humanas, como el de justicia social, igualdad (o desigualdad), equidad (o inequidad), riqueza (o pobreza), inclusión social (o exclusión social), etc. y por eso se considera asimismo que las instituciones del aparato estatal están involucradas en dicho fenómeno, con lo que incluso se le podría denominar “violencia institucional”. La violencia estructural también tiene relación con el concepto de poder y su ejercicio, ya que ahí pueden estar ocurriendo procesos en los que el resultado es la privación o la negación de la satisfacción de las necesidades humanas básicas:

 

“…la injusticia social, la pobreza o la desigualdad, no son fruto únicamente de dinámicas producidas por las relaciones de tipo económico, sino que también pueden ser explicadas a partir de la opresión política utilizando mecanismos tan dispares como la discriminación institucional, legislación excluyente de ciertos colectivos o la política fiscal y de gasto público regresiva…” (La Parra & Tortosa, 2003, p. 62).

 

Es decir, existen mecanismos aparentemente dispares o separados que al operar en la realidad política, social y económica tiene su efecto en conjunto sobre esos aspectos que en realidad niegan las cualidades a satisfacer de las necesidades básicas, de tal manera que se conforma todo un sistema en ambos bandos: en aquel en el que coexisten aspectos deseables para satisfacer y otro en el que coexisten los indeseables, todos ellos involucrados en un gran panorama de conjunto. Así, el concepto de sistema se hace presente incluso cuando se trata de definir o de explicar algún otro tipo de violencia:

 

“El término violencia estructural contiene una carga valorativa y explicativa determinante: la derivación se define como el resultado de un conflicto entre dos o más partes en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás…” (La Parra & Tortosa, 2003, p. 63).

 

Aunado a lo anterior, esa característica sistémica se nutre y se robustece con el inevitable efecto que tienen los diferentes tipos de violencia en los diversos ámbitos o niveles de interacción social, de tal manera que pueden ir desde un ámbito de pequeños grupos sociales hasta uno de categoría mundial, sobre todo tratándose de la violencia estructural, donde se pueden encontrar sus manifestaciones en distintos niveles de interacción social: 

 

“Desde el nivel intergrupal hasta el del sistema mundial. La mayoría de los conflictos registrados en las relaciones entre hombres y mujeres, grupos étnicos, clases sociales, países o cualquier otro tipo de actor social o agrupación de éstos, se caracterizan por niveles relativamente bajos de violencia directa, aunque no de desigualdad manifiesta…” (La Parra & Tortosa, 2003, p. 64).

 

Desde luego que esos distintos niveles de interacción social son analíticos, es decir, son producto de la reflexión y análisis de las categorías que los componen y que los caracterizan, pero toman en cuenta factores que de otra manera no podrían ser visibles al menos para el ojo inexperto en temas de violencia, ya que ordinariamente se esperan (o se buscan) manifestaciones de violencia directa por la claridad y la facilidad con la que se pueden detectar, pero no se pone atención en las causas o en la conformación legal, cultural o política de la sociedad, las cuales también tienen un decidido efecto violento. Las principales víctimas de lo anterior son, por supuesto, los grupos sociales desprotegidos u olvidados (o al menos no atendidos como se requiere por parte del aparato estatal), y como los miembros de esos grupos generalmente carecen del nivel educativo y cultural suficiente como para reclamar sus derechos en condiciones de igualdad, se vuelve un círculo vicioso de violencia estructural. De tal manera que no se trata de actos violentos en concreto, aunque sean ejecutados con mucha frecuencia, sino de mecanismos perversos (o, en el mejor de los casos, deficientes) que producen afectación a la satisfacción de necesidades básicas: “El tipo de relación predominante no es el acto violento concreto (…), sino más bien el uso de distintos mecanismos para que se produzca un reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos desfavorable al grupo en una posición de debilidad…” (La Parra & Tortosa, 2003, pp. 64-65).

 

Respecto a los grupos en posición de debilidad se pueden mencionar a las mujeres, grupos étnicos, los pobres, e incluso países tercermundistas o empobrecidos, y varios otros grupos que caen en esta categoría, de tal manera que no solamente se trata de un fenómeno aislado, sino sistemático, en el que inciden otros factores o causas que provienen de otras fuentes, de la misma manera que sus consecuencias o sus efectos se pueden dejar sentir en ámbitos sociales, políticos, económicos, etc., insospechados, de tal manera que, incluso, el término “violencia estructural” no agota la multiplicidad de causas y consecuencias en las que se encuentra ubicado el fenómeno en cuestión: “La denominación violencia estructural no es la única posible. Se puede hablar igualmente de violencia sistémica, ocultada, indirecta o institucional…” (La Parra & Tortosa, 2003, p. 60). Y resulta por demás preocupante la posibilidad que el autor expone de que incluso puede haber una violencia institucional, ya que esto sugiere un problema más profundo y preocupante en el que podría estar involucrado un elemento de intencionalidad de parte de los operadores institucionales. 

 

La estructuración social (y también la jurídica, política, económica, etc.) es el punto de partida analítico para poder determinar la existencia de una violencia estructural, ya que sus causas pueden ser muy variadas y también muy complejas.[1] Lo anterior se agudiza cuando se considera la problemática que sufren esos grupos vulnerables y también sin dejar de lado que no se pueden considerar de manera individual o aislada, y que en realidad existen diversas combinaciones que provocan una mayor complejidad, y todo ello forma parte de la llamada estructuración social (La Parra & Tortosa, 2003). Algunos ejemplos de lo anterior nos los da la doctrina:

 

“Se podrían apuntar otro tipo de procesos para desarrollar este ejemplo: las implicaciones de la protección arancelaria de la Unión Europea, las políticas de los Estados vecinos y las antiguas metrópolis, las acciones y políticas de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional o cualquiera de las dinámicas en las que de forma indirecta o directa está participando en la configuración de las oportunidades vitales de las dos poblaciones comparadas…” (La Parra & Tortosa, 2003, p. 69).

 

Sigue diciendo el autor (La Parra & Tortosa, 2003) que de esos fenómenos (que ciertamente no son los únicos que se pueden ejemplificar) se desprende que las relaciones de carácter económico, político, cultual, etc., se van dando en su configuración a la más alta escala, es decir, a nivel mundial, pero que permea e influye de manera decidida en las diferentes escalas locales, donde se implementan políticas o mecanismos que aunque son exprofeso, derivan de los lineamientos y pautas generales impuestas a nivel mundial, de tal manera que se convierte en una afectación respecto, por ejemplo, al acceso de los recursos (ejemplo que el autor maneja), pero esto tiene una decidida influencia negativa en la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Llama la atención que el autor las denomina “formas involuntarias de privación”, lo cual resulta motivante para una revisión y análisis posteriores. 

 

En el aspecto cultural, se puede incluso llegar al extremo en el que se afirme la existencia no solo de violencia cultural, sino de culturas violentas, y para aclarar la idea de violencia cultural se podría utilizar su negación, de tal manera que el concepto de paz entra en juego, llegando al punto en el que la paz cultural es la respuesta en esa reflexión semántica, y si se encuentran aspectos que refuercen ese tipo de paz en una cultura,[2] entonces se podría hablar de una cultura de paz, esto considerando seis dominios culturales (religión, ideología, lenguaje, arte, ciencias empíricas y ciencias formales) que pueden ser utilizados para legitimar tanto la violencia directa como la estructural (Galtung, 2017).

III. Seguridad humana y paz en riesgo

 

La seguridad humana es un concepto más amplio respecto del de seguridad o incluso de otros conceptos, ya que está relacionada con los deberes humanos y su cumplimiento, como un aspecto más complejo que el de solamente seguridad, ya que involucra la idea de los deberes humanos: “El primer deber humano es contribuir al logro de la seguridad, en todas sus expresiones, económica, social, humana, democrática, laboral, ciudadana, jurídica, alimentaria, energética, ambiental y otras…” (Contreras, 2007, p. 156). Todo ello, dice el autor, implica concretar el deseo de que la vida sea mejor y más justa, lo cual a su vez es necesario para construir una mejor sociedad. 

 

Sin embargo, la crítica se endereza hacia la debilidad más palpable del concepto, es decir, su precisión. Por ello, en cierto sentido, la doctrina tiene razón cuando dice que el concepto de seguridad humana requiere de precisión, aceptación unánime de académicos y actores políticos, que proporcione un algoritmo de decisión para mejorar los niveles de seguridad humana y que sea capaz de unir esfuerzos de diversos grupos para movilizarlos, pero en caso de que esos cuatro criterios resulten demasiado complejos de exigir, se pueden considerar solamente dos criterios: su potencial para la movilización política y la utilidad teórica que tenga para el análisis de situaciones reales y para la propuesta de estrategias alternativas (Rodríguez Alcázar, 2005). 

 

La seguridad humana y la paz son dos conceptos complementarios que se deben apoyar uno al otro con base en los algunos procesos sociales, ya que con esto se podría abonar para que la paz sea una posibilidad: la creación de una cultura de vida, la generación de una integración social y de un sentido de pertenencia y la construcción de un orden democrático que es posible con una gobernabilidad social en democracia en la que un Estado eficiente, transparente y participativo coexista con una sociedad civil estructurada, activa y vigilante (García Zamora & Márquez Covarrubias, 2013). Los derechos humanos (y su respeto) son otro elemento importante para conseguir la paz en un Estado, sobre todo porque las leyes son el primer instrumento (aunque, desde luego, no el único) con el que se cuenta para poder hacer efectivos los derechos de las personas y, sobre todo, los derechos humanos y los derechos fundamentales. A partir de lo anterior se puede obtener la justicia, como otro de los grandes objetivos de la estructura estatal que debe ser una prioridad sobre todo en un estado donde la democracia dicta los valores de libertad e igualdad, lo que obviamente niega la desigualdad y la no libertad:

 

“Dentro de cada país existen grupos sociales que se benefician de una dinámica de incremento de la desigualdad con o sin apoyo del aparato institucional del Estado o del poder económico y la caída resultante en las condiciones de vida se traduce en menores esperanzas medias de vida…” (La Parra & Tortosa, 2003, p. 69).

 

Como ya se vio, la doctrina ha aceptado seis dominios culturales (religión, ideología, lenguaje, arte, ciencias empíricas y ciencias formales), y cada uno de ellos puede ser utilizado para legitimar la violencia directa o la estructural (Galtung, 2017). En cuanto a la religión, las consecuencias derivadas de una dicotomía (los elegidos por Dios y los elegidos por Satanás, unos destinados a salvarse situándose cerca de Dios en el cielo o paraíso, y los otros condenados a estar con Satán en el infierno) hacen que la miseria y el lujo sean vistos como una especie de preparación o preámbulo a lo que será el cielo y el infierno, y la similitud de esto con las clases sociales resulta impactante para la seguridad humana y para la paz, ya que trae algunas consecuencias, como el ecocidio, el sexismo, la quema de brujas, el nacionalismo, el imperialismo, el colonialismo, el clasismo, la explotación, la meritocracia o la inquisición (Galtung, 2017), y todos esas consecuencias perjudican directamente tanto a la seguridad como a la paz.

 

En cuanto a la ideología, deviene como una consecuencia de la religión secularizada y produce más propiamente una ideología política, donde la figura de Dios se convierte en el Estado como sucesor de Dios y se produce el nacionalismo como una manifestación dicotómica del Yo y del Otro, donde el Yo es promovido y exaltado en contra del Otro que se ve cosificado, deshumanizado, y a raíz de lo anterior la gente se ve degradada por la explotación y estas son circunstancias propicias para cualquier tipo de violencia directa, donde aparecen figuras nefastas que históricamente justificaron sus exterminios pero que no tan históricamente se convierte en un deber psicológicamente posible (Galtung, 2017), y esto va en contra de la seguridad y de la paz (y también de la democracia), donde el Estado tiene una injerencia importante ya que es desde ahí donde nacen las políticas públicas y, en general, la estructura que influye en la violencia y, en consecuencia, en la seguridad y en la paz: “La ideología del nacionalismo, enraizada en la figura del pueblo elegido que se justifica a través de la religión o la ideología, debe ser vista en conjunto con la ideología del Estado, el estatismo…” (Galtung, 2017, p. 161).

 

Al Estado (y todo lo que dicho aparato conlleva, como instituciones, poderes, funciones, funcionarios, etc.) se le ha considerado teóricamente como el protector de la ciudadanía,[3] lo cual no es erróneo desde una perspectiva deseable, pero cuando hablamos de las situaciones que ocurren de facto, la cosa es diferente: “…el Estado también puede ser visto como uno de los sucesores de Dios, heredero del derecho de destruir la vida (ejecución), si no del derecho a crearla…” (Galtung, 2017, pp. 161-162). Ante tal panorama, deviene otro de los conceptos que resulta indispensable contrastar para determinar si la violencia estructural es un riesgo para la seguridad humana y para la paz, así como indagar en la que se podrían mejorar esos aspectos: la democracia.

 

IV. Estado y democracia en riesgo

 

La violencia y la criminalidad, en el caso de México, no ha sido posible manejarla de manera eficaz por el margen reducido que ha dejado el hecho de que los grupos delincuenciales (por ejemplo) amenazan ya una gran parte del territorio mexicano de manera directa y en el pasado ni una política de tolerancia era viable, entre otras, por la siguiente razón: “La tolerancia se podía mantener en un régimen autoritario en el cual la información era controlada por el Estado. Lo que era inviable con los avances democráticos del país” (García Zamora & Márquez Covarrubias, 2013). En efecto, una verdadera democracia o al menos un significativo avance en la misma, implicaría, entre muchas otras cosas, un obstáculo para el gobierno al momento de querer controlar la información, sobre todo con las democráticas regulaciones del derecho a la información y la transparencia. 

 

La democracia no se limita solamente a un gobierno del pueblo, sino que va más allá de solamente eso, y esto la hace sumamente compleja, incluso considerando que en la actualidad hay muchos instrumentos de democracia para poder formar un gobierno como una de las partes de un Estado, de tal manera que el concepto se subdivide a su vez en otros conceptos que pueden ayudar a una mejor comprensión de su conceptualización y, sobre todo, de su operacionalización en la vida práctica estatal, es decir, la democracia participativa como una forma de organización social que puede ser un medio o instrumento para lograr el desarrollo y para alcanzar la paz, pero también tenemos el concepto de participación directa y algunas otras formas basadas en la representatividad. Con todo ello, aspectos negativos (y claramente antidemocráticos) como la desigualdad y la pobreza, son el detonante de que el círculo vicioso de la inseguridad provocadora de pobreza (y viceversa), continúe:

 

“La desigualdad y la pobreza definen el futuro de las personas y en gran medida el de su descendencia, a partir del carácter casi hereditario que ha adquirido la pobreza. América Latina se encuentra lejos de superar las condiciones que generan las desigualdades, en tanto persisten estructuras políticas, económicas y sociales que las perpetúan y agravan, como son las propuestas neoliberales aplicadas en los países de la región…” (Contreras, 2007, p. 157). 

 

La democracia significa ejercicio de la ciudadanía, y esto sustenta a la democracia participativa cuyo aspecto primordial es, precisamente, la participación, la cual implica toda una serie de instrumentos, mecanismos, procesos y, sobre todo, condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan practicar la participación en un contexto estatal. Y para lo anterior resulta indispensable una buena dosis de cultura participativa, en la que inciden no solamente la divulgación institucional del derecho que tenemos todos de votar en las elecciones, sino que también otros aspectos como el de la politización (o culturización política), y esto incide en el aspecto cultural que se puede ver afectado por los diversos tipos, causas, orígenes, consecuencias, etc., de la violencia:

 

“…se puede identificar un flujo causal de carácter cultural que discurre estructuralmente hasta la violencia directa. La cultura predica, enseña, advierte, incita, y hasta embota nuestras mentes para hacernos ver la explotación y/o la represión como algo normal y natural, o posibilita la alienación para vivir aparentando que no se sienten sus consecuencias…” (Galtung, 2017, p. 155)

 

Hay una potente relación entre la democracia y los derechos fundamentales, y la violación representa la negación (al menos en una gran parte) de ese tipo de derechos: “La violencia es la privación de los derechos fundamentales, una seria cuestión; una reacción es la violencia directa…” (Galtung, 2017, pp. 155), y esto provoca una apatía ciudadana (sector que podrían intervenir con su participación) preferida por la clase dominante por la gobernabilidad y estabilidad que les confiere:

 

“Puestos a elegir entre una situación de violencia en ebullición o una sociedad en estado de hibernación y apática como reacción a un estado de grandes necesidades y depresión, no cabe la menor duda que la clase dominante preferirían esto último. Prefieren la gobernabilidad a enfrentarse con problemas anárquicos y procesos de desestructuración. Aman la estabilidad. De hecho, la principal manifestación de la violencia cultural de las elites dominantes es culpar a las víctimas de violencia estructural y acusarlas de agresoras. La violencia estructural puede hacer transparente la violencia cultural.” (Galtung, 2017, pp. 155-156).

 

La ideología del Estado-Nación como una variante del Estado, es también preocupante en términos de la posibilidad legítima que tiene el aparato estatal para sustentar el derecho de matar que puede aplicar no solamente en situaciones bélicas, sino también en otras más cotidianas: 

“Matar en la guerra ahora se hace en nombre de la nación, que comprende los ciudadanos con una etnicidad compartida. La nueva idea de la democracia se puede acomodar con fórmulas de transición tales como Vox populi, Vox Dei. La ejecución también se hace en el nombre del pueblo del Estado X; pero, al igual que la guerra, tiene que ser ordenada por el Estado…” (Galtung, 2017, p. 162). 

Lo anterior provoca inseguridad humana, pero del tipo legítimo (o hasta podríamos decir “estructural”), ya que la falta de seguridad humana en aquellos aspectos fundamentales para el hombre, coartan la libertad (presupuesto democrático) y, en consecuencia, la confianza y la tranquilidad de las personas, pero en especial de aquellos que forman parte de los grupos más desprotegidos, y eso “Debilita la credibilidad en la democracia, al no ser capaz de garantizar la seguridad social y pública, y se puede llegar al extremo de afectar la gobernabilidad del país…” (Contreras, 2007, p. 153). Como contraste a todo esto, se ha postulado que la participación puede ser uno de los caminos a seguir, es decir, un mayor involucramiento de los actores sociales (que en este caso yo diría que corresponde más a los ciudadanos), con tal de que se vaya haciendo posible cada vez más la democracia, pero también la seguridad y la paz como antagónicos de la violencia estructural:

“Los actores sociales deben recuperar su condición de expresión organizada de los ciudadanos y, junto con los partidos políticos y los organismos de gobierno, no contra ellos, hacer posible un proyecto de país donde todos se reconozcan como miembros de una comunidad, como actores de la construcción del bien común y de un futuro mejor y, a partir de la generación de igualdad de oportunidades, lograr una mayor integración social, que haga posible la justicia, la dignidad y la seguridad humana de todos” (Contreras, 2007, p. 162)

El objetivo debe ser, entonces, incrementar la efectividad de la democracia, aludiendo desde luego a su desarrollo, es decir, desarrollar la democracia y, por ende, mejorar el ejercicio de la gobernabilidad: “Si en principio en ‘condiciones de paz’ o en ‘contextos democráticos’ resulta difícil el juego de la política y la búsqueda del poder, es más complejo en situaciones de guerra o confrontación armada” (García Zamora & Márquez Covarrubias, 2013, s/p) y desde luego, también es más difícil en un Estado en el que la estructura jurídica, cultural, social, económica, etc. se dirige hacia la llamada violencia estructural. Así, la solución no solamente estaría por cuenta de una paz estructural, sino también de un ambiente democrático con esa característica, es decir, de una democracia estructural. 

[1] Y todo ello porque la violencia estructural “está embebida en las estructuras sociales”, y éstas “no son observables directamente” sino solamente a partir de “abstracciones” (La Parra & Tortosa, 2003, p. 70). 

[2] Aspectos legitimadores de la paz, que serían, a contrario sensu, los que se alejan de cualquier tipo de violencia, sobre todo la que tiene su origen en el diseño de la estructura social.

[3] Parte de esto se puede constatar con los contenidos académicos que tienen un impacto educacional, sobre todo en los programas de pregrado o educación superior en los que hay obligatoriedad de cursar la asignatura “Teoría del Estado” (o alguna de sus variantes), y donde se puede verificar con poco esfuerzo que el contenido del programa se dirige propiamente a postular y defender esa “característica” bondadosa del ente estatal. 

Conclusiones:

La violencia estructural es producto del mal manejo de la estructura estatal y democrática, y a su vez, la estructura estatal produce la violencia estructural, de tal manera que no se debe considerar a la democracia ni al Estado como independiente uno de otro, pues afecta a la seguridad estatal. También, las categorías viciosas de violencia estructural atentan contra los principios democráticos de libertad, igualdad y fraternidad. Se deben identificar los aspectos estructurales para el buen funcionamiento de una democracia estatal favorable para la seguridad humana, pero también se deben identificar los aspectos culturales (referidos en su mayoría a la culturización de los principios de la democracia), para poder establecer una especie de preparación para la democracia estatal y para la democracia como una forma de vida, lo cual implica el despliegue de toda una cultura conductual dirigida a esos principios y valores democráticos. De tal manera que resulta importante la concientización política de la población sobre la paz estructural, ello supone salvaguardar el andamiaje estatal o estructura, es decir, las instituciones públicas y privadas y su funcionamiento. En consecuencia, si queremos fortalecer al ente estatal, la democracia y la seguridad humana, se debe resolver el problema de la inseguridad, de la delincuencia en la que viven muchos mexicanos, es decir, se debe procurar la existencia de una paz estructural, lo que obligaría a reflexionar acerca de una nueva categoría democrática: la democracia estructural. 

Bibliografía:

La Parra, D., & Tortosa, J. M. (2003). Violencia estructural: Una ilustración de concepto. Documentación Social, 131, 57–72. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/23375/1/2003_LaParra_Tortosa_Documentacion_Social.pdf

Galtung, J. (2017). La violencia: Cultural, estructural y directa. En Política y violencia: Comprensión teórica y desarrollo en la acción colectiva (pp. 147–169). Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Contreras, C. (2007). Seguridad humana. Quórum. Revista de pensamiento Iberoamericano, 18, 152–163.

García Zamora, R., & Márquez Covarrubias, H. (2013). México: Violencia e inseguridad. Hacia una estrategia de desarrollo y seguridad humana. Nómadas. Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas, Núm. especial: América Latina.

Rodríguez Alcázar, J. (2005). La noción de “Seguridad Humana”: Sus virtudes y sus peligros. Polis, revista de la Universidad Bolivariana, 4(11), 0.

Palabras clave:

violencia estructural, seguridad humana, Estado democrático. 

Resumen de la Ponencia:

El presente artículo tiene como objetivo el análisis de la legislación colombiana en materia de drogas a partir de 1960, en el cual se hará un estudio del contexto de la creación de la norma, cuál fue su influencia al momento de crearla, la línea penal que sigue y el impacto dejado en el país en materia social, económica y política, haciendo uso de una metodología hermenéutica. La política de drogas en Colombia ha buscado proteger el bien jurídico de la salud pública, lo cual se mostrará en una línea de la normatividad internacional y nacional que ha regido y aun rige en Colombia en esta materia, iniciando con un enfoque de manejo administrativo hasta uno penal como es actualmente.  En este trabajo el lector va a encontrar una legislación que busca proteger el bien jurídico de la salud pública, pues, es considerado que todo el tema relacionado con el consumo y tráfico de estupefacientes lesiona éste. Lesionar este bien jurídico en relación a las drogas está penalizado por el código penal colombiano en el Capítulo segundo titulado “Del tráfico de estupefacientes y otras infracciones”, el cual se encuentra en el título XIII “DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA”. Pero esta normatividad no es la única referente a la sanción y castigo en materia de tráfico, ella trabaja de la mano de otras legislaciones nacionales e internacionales, principalmente el Estatuto Nacional de Estupefacientes – Ley 30 de 1986-, normativas que serán el eje central de análisis en este artículo. Finalmente se concluirá que las penas y las justificativas para la dureza de las mismas y la violencia de la persecución de los crímenes relacionados con drogas en Colombia son desproporcionadas. Pues se observa que la evolución normativa en materia de drogas en Colombia pasó de un enfoque administrativo a uno penal que castiga el cultivar, producir, transportar estas sustancias prohibidas, lo que no es en sí un daño a la salud pública, solo es un generador de riesgo para la salud porque supone el consumo, pero no son estas personas las encargadas de hacer consumir al individuo. De hecho, generalmente el consumidor lo hace voluntariamente. Igualmente, es exagerado castigar al consumidor fundamentado en la base de proteger salud pública, cuando no se está tratando medicamente y educando para prevenir el uso y consumo de estas sustancias, se está interfiriendo en sus desarrollo personal, igualmente estigmatizar usuarios de ciertas sustancias pero impulsar y permitir el consumo de otras sustancias que también alteran las funciones cerebrales es inconsecuente, el Estado denota la selectividad de su sistema penal referente al tema.  

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia presenta los resultados de una investigación sobre el desplazamiento forzado en México, a partir del caso de la región noreste –fronteriza con Estados Unidos–, en la que varios municipios han sido afectados por dinámicas de violencia y despoblamiento en las últimas dos décadas (2000-2020), en el contexto de la guerra al narcotráfico. Desde una perspectiva crítica, anclada en la economía política del crimen, su estudio se basa en una metodología de orden cuantitativo, mediante un análisis espacial y estadístico que busca relacionar el desplazamiento forzado, producto de la violencia criminal, con la presencia de importantes yacimientos de hidrocarburos en dicha región. El principal hallazgo de esta investigación es que los municipios más afectados por la violencia se ubican precisamente en el área de la Cuenca de Burgos, que contiene la mayor reserva de gas de lutitas del país. En este sentido, el presente trabajo constituye un ejercicio de carácter exploratorio que sigue una veta de análisis abierta por otros observadores críticos de la violencia en México, al centrar el estudio de la violencia en su dimensión estratégica, entendiéndola como un potencial mecanismo de despojo orientado a expandir procesos de desarrollo capitalista. Se buscará entonces analizar el desplazamiento forzado como un medio de la acumulación originaria o por desposesión teorizada desde el marxismo. Con este propósito, la investigación se basa en un caso de estudio: la región noreste de México, conformada por los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde han concurrido una violencia criminal exacerbada, posibles dinámicas de desplazamiento forzado y ambiciosos proyectos de desarrollo en el sector petrolero durante las últimas dos décadas, entre los años 2000 y 2020. El objetivo principal del trabajo consiste en demostrar, a partir de una metodología cuantitativa, que en dicha región y en este periodo han tenido lugar dinámicas de vaciamiento territorial, mediante movimientos de desplazamiento forzado que han afectado en particular los espacios donde se encuentran los yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Como resultado, la evidencia obtenida apunta que el desplazamiento forzado en varios municipios del noreste mexicano parece responder a una lógica estratégica de despojo, en la cual la violencia criminal opera como un medio para fines que la trascienden, y son de índole geopolítica.

Resumen de la Ponencia:

A diferencia de sus predecesores, en materia de seguridad el gobierno mexicano  de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha elegido priorizar una estrategia de combate a las causas sociales de la desigualdad y la delincuencia más que al uso de la violencia mediante las fuerzas armadas. El análisis del municipio de Aguililla, Michoacán, permite evaluar el impacto de esa estrategia en el plano local en la Tierra Caliente de Michoacán.  Ese caso revela, entre otras cosas, que los poderes facticos en la región siguen siendo grupos del crimen organizado, que suscitan incesantes espirales de violencia y mantienen en la zozobra a la población ante autoridades que se muestran impotentes. Estamos frente a una situación de soberanías fragmentadas que se disputan con fiereza un mismo territorio. Con entrevistas, hemerografía y sitios web, la ponencia muestra que la situación de violencia que ha vivido Aguililla durante el gobierno de AMLO, lejos de aminorar se ha agudizado. La población si bien no deja de recibir los apoyos sociales del gobierno y de mantener a sus representantes en las mesas de dialogo con las autoridades, ello no ha sido suficiente para revertir la espiral de violencia que se vive desde hace tiempo en la región. Aunque fuerzas armadas y Guardia Nacional han tenido una creciente presencia en Tierra Caliente, tienen órdenes de evitar confrontaciones en la medida de lo posible y poco se ha hecho para desmantelar a los grupos del crimen organizado que se disputan al territorio calentano. El simple hecho de que la población aguilillense siga en estado de sitio y con los caminos y carreteras trozadas, que bloquean de manera cotidiana el libre tránsito y el suministro de bienes y servicios básicos, muestra de manera contundente quien tiene el verdadero control y la soberanía sobre el territorio. La experiencia que la ponencia refiere para Aguililla también se vive de modo semejante en otros municipios calentanos, como Coalcomán y Tepalcatepec:  sus habitantes también están sitiados por los cárteles y el gobierno no puede revertir esa situación y de seguir con la misma estrategia no se ve cómo pueda hacerlo en el corto plazo.  Ante la impotencia o falta de voluntad de las autoridades para hacer imperar el Estado de derecho, brindar seguridad a la población e imponer una paz positiva en la región, algunos sectores consideran más viable que la paz llegue por el triunfo de uno de los grupos del crimen organizado, aunque ello implique pagar cuotas y una paz mafiosa o negativa.

Introducción:

Desde que en 1997 se iniciaron los registros oficiales de homicidios, tanto 2019 como 2020 terminaron como los más violentos en el país con más de 35 mil asesinatos de hombres y mujeres. A pesar del confinamiento y el cierre de muchas actividades por la pandemia sanitaria de Covid-19 y el despliegue de casi 100 mil elementos de la Guardia Nacional, la cifra de homicidios en 2020 se mantuvo en casi los mismos niveles récord que los de 2019 y esa ha sido la tendencia hasta la fecha.  Michoacán se encuentra entre los once estados más violentos del país, que superan las cifras del promedio nacional. Por ejemplo, de acuerdo a datos oficiales actualizados del SESNSP, en 2020 hubo incremento de 19 % en los homicidios en la entidad.[1] 

Durante su campaña a la presidencia en 2018 Andrés Manuel López Obrador (AMLO) generó altas expectativas en el país sobre la necesidad de una  revisión del modelo de seguridad y una gradual desmilitarización del combate al crimen organizado. “Abrazos no balazos” era uno de sus lemas de campaña. Enfatizó, además, que con el combate a la corrupción en el aparato estatal y sus políticas para disminuir la desigualdad social las tasas de delincuencia se irían a la baja.[2] Empero, AMLO anunció en julio de 2019 la creación de la Guardia Nacional y la participación de las Fuerzas Armadas en ella.[3] Más tarde, en mayo de 2020, en plena pandemia de Covid, se emitió un Acuerdo Presidencial por el que se dispuso que las Fuerzas Armadas desempeñaran funciones de seguridad pública en todo el país hasta el año 2024. Todo ello, generó en la opinión pública la impresión de que la tendencia a la militarización de la seguridad pública y en la “guerra contra las drogas”, lejos de aminorar se acentúa.[4]  Hoy, la reciente decisión de AMLO de ordenar que por decreto la Guardia Nacional quede integrada al ejército reaviva esa opinión. 

El objetivo de la presente ponencia es analizar la manera en que en el municipio de Aguililla se ha experimentado la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación (4T) entre 2018 y 2021: ¿En qué grado ha contribuido a frenar la violencia en la región? ¿La ciudadanía se siente más segura que en el pasado? ¿El poder de los grupos del crimen organizado ha sido minado? ¿Qué alcances y desafíos enfrenta la estrategia de seguridad de la 4T en escenarios locales como el de Aguililla?

 

[1] Animal Político, 21 de enero de 2021. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). [Recuperado de https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es].

Desarrollo:

I. Contexto de la violencia en la Tierra Caliente de Michoacán

El vigilantismo civil puede ser interpretado como una expresión de soberanía social de facto ante soberanías estatales y criminales.[1] En escenarios marcados por rivalidades entre esas tres clases de soberanía debe prestarse atención al hecho de que se trata de unidades que interactúan con lógicas diferentes por el control de un mismo territorio: el crimen organizado prioriza más -aunque no exclusivamente- lo económico (expoliación de poblaciones); los grupos de vigilantes suelen enfatizar la seguridad y una vida digna; el Estado, en cambio, busca afianzar soberanía y gobernabilidad en territorios que se muestran reacios a acatar su autoridad. Ello sin duda puede dar lugar también a diferentes formas de negociación, conflicto y alianzas diversas entre las partes, que varían de un municipio a otro. Esa triple competencia entre soberanías o contrapoderes rivales ha dejado huellas profundas en la población de Tierra Caliente, lo cual puede apreciarse en el caso de Aguililla. Ante la imposibilidad de que uno de esos actores construya un orden social estable, sus habitantes se han acostumbrado a vivir en una cotidianidad impregnada por el miedo y el riesgo permanente en sus vidas o lo que Tani Adams ha llamado violencia crónica.[6] En el caso de Aguililla, las autodefensas tuvieron una vida efímera y fueron derrotadas  en 2014, tanto a manos del crimen organizado como por la embestida gubernamental a través del comisionado Alfredo Castillo. Con ello, la posibilidad de una soberanía social prácticamente desapareció y dio lugar a una enorme decepción en la población local para sacudirse el flagelo de la violencia.

II. La violencia en Aguililla

Desde la derrota del movimiento de autodefensas en Aguililla en 2014, el municipio venía siendo disputado por dos fuertes grupos del crimen organizado, Viagras y Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin que ninguno fuera capaz de imponerse al otro. Cuando AMLO asume el poder en diciembre de 2018, Aguililla ya tenía meses padeciendo de bloqueo a carreteras, escases de víveres, gasolina y otros insumos que estaban ocasionando en el municipio un fuerte proceso inflacionario. 

Esa situación de violencia crónica fue la que encontró la administración de AMLO en la región. Una manera de sopesar el impacto de sus políticas en materia de seguridad es tratar de dilucidar el grado en qué han repercutido en abatir a los grupos del crimen organizado y en brindar una mayor seguridad a los habitantes de Aguililla. Ello se puede apreciar a través de una apretada síntesis de los principales acontecimientos locales en lo que va del período de la 4T.

 En 2019, los enfrentamientos entre grupos delincuenciales no sólo no cesaron sino que se hicieron más cruentos, al igual que los efectos sobre la población. En marzo, en los poblados El Trigo y Los Nuevos, dichos grupos asesinaron a veinte personas.[13] En abril, una oleada de violencia se extendió a los municipios de Aguililla, Buenavista y Parácuaro. “Desde entonces los vecinos de las comunidades han vivido con constantes enfrentamientos entre civiles armados, quema de casas e intimidación, por lo que muchos han optado por refugiarse en las cabeceras municipales o en otros municipios”.[3]

 El 21 de mayo, grupos antagónicos de la delincuencia organizada se enfrentaron a balazos en varias rancherías de Aguililla, además de realizar bloqueos viales.[4] El Limón, junto con El Aguaje, San José de Chila y Dos Aguas, forman un triángulo, cuyo centro es El Aguaje, poblado donde se inició el cultivo de enervantes en la región de Tierra de Caliente y lugar donde nació Nemesio Oseguera Valencia (El Mencho), líder del CJNG. Ese triangulo (una especie de “isla”, dice el padre Miguel) es dominado y defendido férreamente por el CJNG y está rodeado por Los Viagras que controlan el resto del municipio. El Río Grande es una frontera que marca la re-territorialización de los grupos armados. “De un lado dominan los jaliscos [el CJNG], defendiendo su triangulo, y del otro Los Viagras y cada uno impone sus propias leyes en las áreas que controlan y no dejan pasar suministros ni víveres para que no caigan en manos de su rival”.[5]

Entre junio y julio se registraron hechos similares en distintos puntos de Aguililla.[6] En agosto la guerra entre cárteles se intensificó.[7] Pues desde mediados de 2019, cuando el grupo de Tepalcatepec encabezado por El Abuelo rompió con el CJNG se dio un nuevo reacomodo de fuerzas y todos los grupos michoacanos se unieron en un bloque  autodenominado Cárteles Unidos (CU) para enfrentar al CJNG. Situación que ha prevalecido hasta la fecha. El hecho sangriento que más llamó la atención pública ese año fue la masacre de 13 policías en una emboscada del CJNG a un convoy policíaco de 42 elementos, a la altura del poblado El Aguaje, mismo que se dirigía hacia Aguililla para dar cumplimiento a una orden judicial.[8] El gobernador nunca aclaró porque el convoy nunca pidió ayuda del ejército o de la Guardia Nacional, sabiendo que el municipio al que se dirigía era fuertemente disputado por Viagras y CJNG. 

El año de 2019 terminó con un sentimiento de impotencia para los aguilillenses. Los grupos delictivos beligerantes no cesaban en bloquear la carretera Aguililla-Apatzingán e impedían el adecuado suministro de víveres y otros servicios indispensables. Casi nadie quería llevar ayuda al municipio porque la población se sentía en peligro. Pero los pocos que se atrevieron, apoyados en algunos curas, no los dejaron pasar.[9]  El 25 de noviembre pobladores de El Aguaje denunciaron a través de redes sociales “vivir en un auténtico estado de sitio, acosados por criminales”,  lo que ha derivado en desabasto de varios productos indispensables: “No dejan pasar ni lo de las tiendas; ya no hay ni frijol, ni arroz, no hay verdura, no dejan entrar a los vendedores para acá, tampoco hay gasolina […], a ustedes también les puede llegar a ocurrir. Por favor, ya no aguantamos la presión, queremos ayuda”, señalaron.[10] En Facebook, una persona comentó desesperada: “por un momento pensé que venía el cambio, pero, maldito el hombre que confía en el hombre, pero, tenemos una esperanza, Dios”.[11] 

El año de 2020 transcurrió en una tónica similar al de 2019. Empero, tropas del ejército y elementos de la Guardia Nacional tuvieron un mayor protagonismo con  algunos operativos disuasivos contra grupos del crimen organizado y tratando de desbloquear la carretera que conduce a Aguililla. Entre enero y octubre de 2021 la espiral de violencia entre grupos del crimen organizado y de éstos contra las fuerzas de seguridad no bajaron de tono. Por ejemplo, el 2 de abril, en vísperas de la visita del nuncio papal a Aguililla, la fiscalía estatal informó que en la comunidad La Enramada, luego de registrarse un fuerte enfrentamiento entre grupos delictivos, se hallaron ocho cuerpos decapitados.[12] 

Pero en  2021 se pueden apreciar también algunas novedades. Los grupos criminales inauguran una nueva estrategia en sus enfrentamientos en Tierra Caliente: trozar carreteras, cavando zanjas con maquinaria pesada, para impedir el avance de sus enemigos. Ello agravó la situación de desabasto y carestía para la población de Aguililla (y también para la de  los municipios de Tepalcatepec y Coalcomán).[30] Así, el 10 de abril un medio local informaba que luego de un fuerte enfrentamiento entre grupos rivales por más de cuatro horas, los propios soldados “destacamentados en Aguililla tuvieron que recibir suministros vía aérea, en un helicóptero militar, según se ve en videos que circulan en redes sociales”.[13]

El jueves 22 por la tarde llegó al obispado de Apatzingán el nuncio papal en México, Franco Coppola, y al día siguiente por la mañana hizo su recorrido hacia Aguililla. En la cancha de basquetbol el nuncio oficio una misa a la que asistieron más de dos mil personas. Luego reveló a la prensa que ofreció  “un mensaje de esperanza a los habitantes de Aguililla”. Decidió visitar ese municipio para que “el mundo conozca, aunque fuera por unos días, la crisis humanitaria y el abandono que padecen los pobladores”. Encontró un pueblo “sumamente golpeado por la violencia, pero aún unido y de pie”. También se reunió en privado con varias familias de la región que han sido víctimas de la violencia, mismas que le dieron a conocer lo que han padecido:  frecuentes balaceras entre grupos delincuenciales, cortes en caminos de terracería y de la carretera Aguililla-Apatzingán, desabasto de productos básicos y la “imposibilidad de trasladar a los enfermos a la ciudad más cercana (Apatzingán), ubicada a 78 kilómetros, por una vía plagada de baches y terraplenes que no han sido reparados después de que la delincuencia ha abierto zanjas constantemente desde enero pasado”.[14] 

Apenas habían transcurrido unas horas de la marcha del nuncio del municipio cuando grupos delincuenciales volvieron a emboscarse y a bloquear con piedras la carretera Aguililla-Apatzingán, cerca de El Terrero, la misma vía por la que se había marchado.[15]

A mediados de junio CU empezó a dejar sin servicio de luz a varios poblados, como una estrategia para dificultar las maniobras de su rival durante la noche. Además impidió la entrada de los trabajadores enviados a reestablecer el servicio. El 27 de junio pobladores de Aguililla, enardecidos por la falta de luz (que también ocasionaba falta de telefonía e internet),  se organizaron en torno a su párroco Gilberto Vergara para ir al cuartel del ejército ubicado en el municipio y exigir el restablecimiento de energía y el desbloqueo de la carretera.[16]  A raíz de esta presión civil, que tuvo eco en la prensa nacional, pobladores de Aguililla lograron que se reestableciera el servicio y se organizaran mesas de diálogo con representantes de los tres niveles de gobierno y de las fuerzas de seguridad. El 6 de julio se llegó a un acuerdo con el 51 Batallón de Infantería de la 43 Zona Militar para generar esquemas que garanticen un mínimo de seguridad para los habitantes. El padre Vergara lo relató con las siguientes palabras: “La carretera se abrirá al tránsito de día [de 10:00 a 18:00 horas], porque sabemos que es peligroso que los militares estén de noche”. Y  “después se retirarán los militares, porque sabemos lo que pasa cuando se retira el ejército (bloqueos carreteros); suena poco, pero cuando hemos vivido sin comer, cualquier migaja nos sabe a banquete”.[17]

Son sintomáticas las anteriores palabras de Vergara. El ejército se muestra incapaz de velar por la seguridad de noche. Los dueños de ella son los grupos criminales. Todo ello no es sino un abierto reconocimiento de que los verdaderos poderes facticos (o con mayor grado de soberanía) en la región son CU y el CJNG.

III. Las mesas de dialogo

La visita del nuncio tuvo varias consecuencias para Aguililla. Primero, dio bríos a sus pobladores para organizarse y lograr que por primera vez se establecieran mesas de diálogo sobre seguridad con las autoridades en las que se escuchasen sus demandas y se llegara a acuerdos para garantizar sus derechos constitucionales en esa materia. Segundo, propició que dada la resonancia pública de su visita el gobernador Silvano Aureoles reconociese la cruda problemática que vivía el municipio, pues durante la mayor parte de su mandato había minimizado su situación. Tercero, le ha dado al municipio una mayor visibilidad pública de su dramática situación. Finalmente, ante la insistencia de los medios, el propio AMLO se vio obligado a referirse de manera explícita sobre su manera de percibir el problema de la violencia y la inseguridad en Aguililla.

AMLO manifestó en su mañanera del 7 de julio, que “no va al municipio de Aguililla, para ‘no hacerle el caldo gordo a la prensa amarillista y a sus  adversarios’ y aunque se burlen, sentenció que la política de abrazos y no balazos es la que prevalecerá en su gobierno”. Llamó a la población aguilillense a construir la paz, evitar el rencor y no dejarse manipular ni enganchar por los grupos del crimen organizado que se disputan la región. “[… Nosotros] no queremos que nadie pierda la vida y aquí incluyo a todos, no quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas, no quiero que pierda la vida nadie, no estoy de acuerdo con la violencia, soy pacifista, que aunque se burlen, porque tengo una razón de fondo, aunque se burlen, voy a seguir diciendo abrazos, no balazos”.[18]  Y sobre los grupos de autodefensa que existieron en el pasado, consideró que fueron un error que costó muchas vidas. AMLO manifestó que Ejército y Guardia Nacional permanecerán en Aguililla con el fin de evitar que los grupos criminales se impongan y conviertan en “tierra de nadie” la zona.  De ahí la importancia de que se hayan instalado mesas de diálogo para garantizar la paz.[19] 

AMLO informó que de hecho las autoridades ya se estaban reuniendo con  habitantes de Aguililla y que se iban a atender sus necesidades. Van a llegar servidores públicos del gobierno federal para ayudar en todas las comunidades. “Se va a implementar un programa integral en Aguililla, en toda la región, en beneficio del pueblo. No es la represión, sino atender a la gente, y decirles que ése es el camino, no el de la violencia, no el de la confrontación”.[20]

De este modo, con la participación de representantes de la Iglesia católica, el gobierno federal puso en marcha mesas de pacificación para atender la problemática que viven los habitantes del municipio de Aguililla. Además de  algunos elementos eclesiásticos y civiles, en las mesas de negociación participan representantes de las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana. Las autoridades han dicho que se dará cumplimiento al pliego petitorio que los pobladores dirigieron al gobierno federal, en las que demandan que se ponga fin a los enfrentamientos de los grupos delictivos que se disputan la zona. También solicitaron que las autoridades “garanticen el libre tránsito y la seguridad en las carreteras de la zona, la construcción de caminos, contar con una sucursal del Banco del Bienestar”.  Y que las autoridades encargadas de perseguir los delitos realicen sus labores, “pero de manera que los habitantes de Tierra Caliente no se vean afectados, y para ello ya se han instalado mesas de trabajo que se efectuarán de manera diaria”. Mesas de diálogo sobre seguridad como las de Aguililla también se implantaron en otros municipios calentanos.[21]

Empero, pese a la buena voluntad pacifista del presidente, las mesas de dialogo que hasta el momento siguen trabajando aún no registran cambios sustanciales en la región. La terca realidad de los hechos violentos sigue irrefrenable y los poderes facticos del crimen organizado no dejan de hacer sentir su presencia de manera cotidiana.

Un medio local informaba, el miércoles 25 de agosto de 2021, que el pasado fin de semana pobladores de Aguililla, irritados ante “la inacción de las autoridades”, atacaron el cuartel militar ubicado en el municipio. Hechos en los que se realizaron detonaciones de arma de fuego. En sus redes sociales denunciaron “la inacción de los militares ante los bloqueos carreteros que impiden tanto el desplazamiento de los ciudadanos, como de los proveedores de insumos básicos para el día a día”. Los retenes de los grupos del crimen organizado no dejaban “pasar nada de víveres ni hacia Coalcomán ni hacia Aguililla”. El 95% por ciento de las tiendas “se encontraban cerradas, y con sobrecostos los productos disponibles en los pocos comercios que siguen dando servicio pese a la inseguridad”.[22]

El 9 de octubre AMLO fue a Morelia con casi todo su gabinete para dar un fuerte espaldarazo a Alfredo Ramírez Bedolla, el nuevo gobernador de Michoacán,  y lanzar el Plan de Apoyo para Michoacán. El titular de la SEDENA, Luis Crescencio Sandoval, precisó que “más de 17 mil efectivos se mantendrán movilizados en la nueva estrategia anticrimen en la entidad”. En ese acto, Aguililla fue el municipio michoacano más mencionado tanto por el presidente como por los diferentes secretarios de Estado que se sucedieron en la palabra. Al parecer AMLO piensa apostar fuerte en Aguililla para demostrar que su política de abrazos no balazos sí sirve. El secretario de la SEDENA señaló que se desplegarán “dos batallones, con 600 militares, cada uno, en los municipios de Aguililla y Tepalcatepec, Michoacán, como parte de las acciones operativas coordinadas con autoridades estatales, contra del crimen organizado en la región de Tierra Caliente”. Además de 500 elementos de la Guardia Nacional.[23] Subrayó que de hecho ya se han afectado las “acciones de los grupos delictivos en Aguililla, Tepalcatepec y Coalcomán, quienes limitaron movimientos de vehículos, establecieron puestos de control para evitar este movimiento, abrieron zanjas y obligaron también a la población de Aguililla a realizar ataques contra personal militar”. Empero, “con disposición, cooperación y diálogo se pudieron reducir las agresiones al personal militar y los enfrentamientos entre organizaciones delictivas”.[24] 

Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, indicó que “como parte de las acciones y avances del Plan Integral de Bienestar para Aguililla, se han realizado 18 incursiones en terreno, 18 diálogos presenciales [con la ciudadanía], 16 virtuales, así como la implementación de 28 proyectos con la participación de 22 instancias”.[25] Recordó que el pasado 5 de julio se tuvo una primera reunión con los vecinos de Aguililla. “Ellos entregaron un pliego petitorio en el que señalaban la necesidad de garantizar la rehabilitación y el mantenimiento de las vías de comunicación, el despliegue de programas sociales, el acceso a la salud y la atención al deporte, a la cultura, la educación”.[26] 

Empero, a tres años de AMLO en la presidencia, pese a todas esas medidas, hasta el momento no hay elementos que indiquen que se esté revirtiendo el dominio de los grupos del crimen organizado ni que los aguilillenses se sientan más seguros.[27] 

El 30 de octubre el padre Vergara declaró a un medio que rechaza los mensajes triunfalistas del gobierno federal y del nuevo gobernador de la entidad en los que declaran “controlado al municipio de Aguililla”. Pues creer que “por haber entrado en el municipio ya habían liberado esa es una gran falacia”. También criticó a ambos gobiernos por haberles postergado “la principal obra que el pueblo había solicitado: la construcción de obras carreteras […] no sólo se trata de asfalto en el suelo, se trata de la liberación de caminos, de carreteras transitables por lo menos en el tiempo en que se está trabajando”. Y remató con las siguientes palabras: el gobierno federal “es un gobierno que no quiere trabajar en donde están los grupos del crimen organizado. ¿Tanto será su respeto por ellos que no quiere moverles la tierra a sus pies?”[28] Es decir, Vergara hace un abierto reconocimiento de que la soberanía sobre el territorio calentando y sobre los caminos la sigue teniendo el crimen organizado y que el Estado se ha mostrado impotente para revertir esa situación.

           

[1] Rachel Sieder, “Contested Sovereignties: Indigenous Law, Violence and State Effects in Postwar Guatemala”, Critique of Anthropology, 31(3), 2011, pp. 161-184. Como ha demostrado Joel S. Migdal, Estados Débiles, Estados Fuertes, México, Fondo de Cultura Económica, 2012, ningún Estado, ni ninguna fuerza social alcanzan nunca una plena soberanía o hegemonía. La vida social está marcada por una incesante competencia, luchas y enfrentamientos entre fuerzas sociales diversas (incluyendo al Estado) sobre una gran gama de cuestiones (prominencia de los símbolos, derechos de propiedad, el derecho a usar la fuerza, entre otras cosas).  En ese sentido, siempre hay espacio para la competencia entre soberanías múltiples, y ello se acentúa más en sociedades con Estados débiles o con una autoridad dispersa y fragmentada.

[2] Página de Facebook de José Luis Segura, “Mi experiencia como párroco en Dos Aguas”, 1 de marzo de 2019. 

[3] Noventa Grados, 3 de Mayo de 2019.

[4] Ibid., 21 de Mayo de 2019.

[5] Comunicación personal de Miguel López, 27 de noviembre de 2019.

[6] La Voz de Michoacán, 4 de julio de 2019.

[7] Ibid., 14 de octubre de 2019.

[8]  Ibid.

[9] “Crece la violencia en el Valle de Apatzingán”, 8 de noviembre de 2019, página de Facebook de José Segura.

[10] Noventa Grados, 25 de Noviembre de 2019.  

[11] Página de Facebook de José Segura, 30 de  noviembre de 2019.

[12]https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/aguililla-coraz%c3%b3n-de-la-guerra-cjng-y-c%c3%a1rteles-unidos-amanece-con-el-horror-son-8-decapitados/ar-BB1ffgEi?ocid=ob-fb-esmx-1612899431587&fbclid=IwAR1ogoiJgLOgV1VupqYq1g_ZvD7X_cb1-EaXJXxdbmInck0njsbY6Ddp57o (consulta 8 de abril de 2021).

[13] Diario ABC de Michoacán, 18 de febrero de 2021.

[14] Noventa Grados, 10 de abril de 2021. 

[15] Todo lo citado fue tomado de La Jornada, 24 de abril de 2021. 

[16] Ibid., 25 de abril de 2021.

[17]https://pcmnoticias.mx/2021/06/27/pobladores-de-aguililla-se-confrontan-con-el-ejercito-exigen-restablezcan-la-energia-electrica/ (consulta 30 de junio de 2021).

[18] Primera Plana, 6 de julio de 2021.

[19] Citado en Excélsior, 8 de julio de 2021.

[20] Ibid. 

[21] La Jornada, 11 de julio de 2021.

[22] Ibid.

[23] Noventa Grados, 25 de Agosto de 2021.

[24] La Jornada, 10 de octubre de 2021.

[25] Sala de Prensa, 11 de octubre de 2021. 

[26] La Jornada, 10 de octubre de 2021.

[27] El 6 de noviembre de 2021 el padre Segura escribió en su página de Facebook: “Acá, en los municipios castigados por la maldad de los gobiernos, federal y estatal, los cuatro municipios torturados por los narcos siguen sufriendo en su desamparo la carencia de los mínimos insumos que cualquier municipio debe tener: gas, luz, agua, seguridad, vías de comunicación sin delincuentes que estorben el paso, servicios de salud y de telefonía e internet. A un mes de la toma de posesión del gobernador Bedolla y apenas unas semanas de que el señor presidente de la República estuvo en Morelia con todo su gabinete de seguridad, nada ha cambiado para los habitantes de Aguililla, Coalcomán, Buenavista y Tepalcatepec. TODO SIGUE IGUAL, A PESAR DE LAS PROMESAS DE LOS GOBIERNOS, TODO SIGUE IGUAL”. 

[28] Citado en Debate, 30 de octubre de 2021.

Conclusiones:

Conclusiones

Como puede apreciarse, la situación de violencia que ha vivido el municipio de Aguililla durante el gobierno de AMLO, sigue siendo grave. Al finalizar el año de 2021, la población si bien no dejaba de recibir los apoyos sociales del gobierno y de mantener a sus representantes en las mesas de dialogo con las autoridades, ello no era suficiente para revertir la espiral de violencia que se vive desde hace tiempo en la región. Aunque fuerzas armadas y Guardia Nacional han tenido una creciente presencia en Tierra Caliente, tienen órdenes de evitar confrontaciones en la medida de lo posible y poco se ha hecho para desmantelar a los grupos del crimen organizado que se disputan de manera feroz al territorio calentano. El simple hecho de que la población aguilillense siguiera en estado de sitio y con los caminos y carreteras trozadas, que bloqueaban de manera cotidiana el libre tránsito y el suministro de bienes y servicios básicos, mostraba de manera contundente quien tenía el verdadero control y la soberanía sobre el territorio. La situación que aquí se ha referido para Aguililla también se vive de modo semejante en Coalcomán y Tepalcatepec:[1]  sus habitantes también están sitiados por los cárteles y el gobierno no puede revertir esa situación y de seguir con la misma estrategia no se ve cómo pueda hacerlo en el corto plazo. 

Ante la impotencia o falta de voluntad de las autoridades para hacer imperar el Estado de derecho, brindar seguridad a la población e imponer una paz positiva en la región, algunos consideran más viable que la paz llegue por el triunfo de uno de los grupos del crimen organizado, aunque ello implique pagar cuotas y una paz mafiosa o negativa.[2] Ese era el ánimo al finalizar 2021.

 

[1] Sobre el caso de Coalcomán véase los reportajes de Noventa Grados, 7 de Octubre de 2021 y Excélsior, 9 de octubre de 2021. Y sobre el caso de Tepalcatepec, véase Rodrigo Vera y Francisco Castellanos, “Ataques terroristas, la nueva estrategia del CJNG en Michoacán”, Proceso, 18 de septiembre de 2021. 

 

Bibliografía:

Adams, Tani M., La violencia crónica y su reproducción: Tendencias perversas en las relaciones sociales, la ciudadanía y la democracia en América Latina, WWICS/IIARS, 2012.

Lemus, Jesús, Tierra sin Dios. Crónica del desgobierno y la guerra en Michoacán, México, Grijalbo, 2015,  (Kindle edition).

Kloppe-Santamaría, Gema y Alexandra Abeilo, Seguridad humana y violencia crónica en México. Nuevas lecturas y propuestas desde abajo, México, Porrúa, 2019. 

Maldonado, Salvador, Los márgenes del Estado mexicano. Territorios ilegales, desarrollo y violencia en Michoacán, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2010;  Jean Meyer, La cristiada, vol. 3, México, Siglo XXI, 1993. 

Malkin, Victoria, “Narcotráfico, migración y modernidad”, en José Zárate (coord.), La Tierra Caliente de Michoacán, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2001.

Grillo, Ioan, El narco. En el corazón de la insurgencia criminal mexicana, México, Tendencias Editores, 2012.

Pansters, Wil, “‘We Had to Pay to Live!’ Competing Sovereignties in Violent Mexico”, Conflict and Society: Advances in Research, 1, 2015.

 Sieder, Rachel, “Contested Sovereignties: Indigenous Law, Violence and State Effects in Postwar Guatemala”, Critique of Anthropology, 31(3), 2011, pp. 161-184. 

 

Palabras clave:

Aguililla

Michoacán

Gobierno de la Cuarta Transformación

Violencia

Estado mexicano

 

Resumen de la Ponencia:

La ponencia analizará la operación del crimen organizado en metrópolis latinoamericanas, en particular el caso de Ciudad de México en perspectiva. La ponencia examina la presencia de organizaciones criminales en la Ciudad de México y elabora algunos puntos comparándola con la ciudad de São Paulo, Brasil. Al considerar este y otros escenarios, el panel presenta una lectura sobre cómo ciertos grupos criminales han desarrollado, adaptado y cultivado formas de delinquir que, hoy, repercuten en todo el territorio Latino americano. La ponencia será presentada dentro del panel: Dinámica criminal, mercados ilícitos y violencia en América Latina, organizado por Camila Díaz de UFABC de Brasil 

Resumen de la Ponencia:

O presente trabalho visa apresentar os resultados de uma investigação sobre a expansão do PCC (Primeiro Comando da Capital) para o Triângulo Mineiro, Minas Gerais (BR), em relação à flutuação das taxas de homicídios na região. A expansão da facção paulista para outros estados produziu efeitos múltiplos, em diferentes momentos e a depender do contexto criminal local. Por isso, é necessário analisar caso a caso, dado à plasticidade interna de sua forma de organização. A partir de um estudo sócio-histórico das últimas quatro décadas em três cidades da região, situo a atuação da facção como um caso a se compreender em relação à produção e regulação da violência letal. A pesquisa é multimetodológica: de caráter quantitativo em relação à análise de taxas de homicídio e qualitativo na compreensão dos mecanismos envolvidos nos casos de homicídio, aliando a investigação das taxas de homicídios às dinâmicas de deliberação e ocorrência destas mortes. Neste contexto, ao longo das décadas, observamos três formas de produção da ordem social e urbana que impactam diretamente sobre a vida e a morte, sendo elas: i. o universo criminal antes do PCC. Constituído por brigas de gangues com um forte senso de territorialidade, as dinâmicas do “mundo do crime” se articulavam em torno de pequenos grupos de jovens, que guerreavam entre si em disputas baseadas na honra pessoal e em relação ao bairro de residência, produzindo homicídios decorrentes dessas brigas; ii. a regulação da violência realizada pelo PCC, que interdita a atitude isolada de matar e outras violências sem o aval da facção. No final da década de 1990 há o espraiamento da cocaína e das armas para a região, convulsionando os mercados ilegais. Temos então a passagem das gangues ou do criminoso que agia de forma individual para redes criminais de grande porte. A expansão da facção para o Triângulo Mineiro em meados dos anos 2000 é percebida junto ao aumento das taxas de homicídio, expressadas pelo impacto das disputas internas no universo criminal. Após o estabelecimento da facção, é possível perceber uma mudança no tipo de regulação da violência letal, atuando simultaneamente à especialização e incremento dos mercados ilegais: passa-se da resolução de conflitos pautado na atitude isolada de grupos armados, traficantes e outros atores criminais, para a regulação realizada por um terceiro; iii. Por último, a regulação realizada pelas polícias, que utilizam as mídias para lançar seu modo de enxergar o conflito urbano, incitando a violência contra um determinado grupo (pretos, moradores de periferias, inscritos nos mercados ilegais). Os mercados ilegais se relacionam aos atores elencados acima tanto em relação à dinâmica de guerras e pacificações internas ao “mundo do crime”, quanto na relação destes grupos e indivíduos com as forças da ordem. 

Resumen de la Ponencia:

El objetivo de nuestro trabajo es explicar la alta tasa del delito de robo a transeúnte (ATDRT) en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), respondiendo a la pregunta: ¿Por qué en determinadas demarcaciones de esta región se produce dicho resultado? Para responder construimos un diseño metodológico secuencial explicativo (Creswell, 2009) desde una perspectiva configuracional (Ragin, 1987). En primer lugar,  realizamos un análisis cualitativo comparado de conjuntos difusos a fin de identificar las condiciones necesarias y las configuraciones causales suficientes para la producción del resultado. Posteriormente, desarrollamos un estudio de caso a profundidad para analizar cómo las condiciones se presentan durante el curso de vida de los ofensores (Prigogine y Stengers, 2004), conduciendo a la reproducción masiva del sistema de interacción (Collins, 2008; Blumer, 1982; Luhmann, 1998). Las hipótesis se derivan de un modelo teórico compuesto por desorganización social (Shaw y Mckay, 1942; Kornhauser, 1978; Sampson, 1986; Sampson et al., 1997) y actividades rutinarias (Cohen y Felson, 1979). La hipótesis principal sostiene que el resultado es producto de la combinación de condiciones asociadas con el desarrollo de motivaciones delictivas y la disponibilidad de oportunidades delictivas. La hipótesis plantea equifinalidad causal, sugiriendo que los mecanismos causales se activan a partir de la superposición de los factores. En este marco, incluimos ocho condiciones explicativas: población joven masculina, disrupción familiar, pobreza, estructuras criminales, densidad poblacional, uso de suelo no residencial, infraestructura para la movilidad urbana y videovigilancia policial. El estudio fundamenta empíricamente las hipótesis. El resultado es producto de múltiples configuraciones causales que conducen al desarrollo y capitalización de motivaciones delictivas, las cuales se refractan de forma distinta en las trayectorias individuales de los ofensores. La producción masiva del robo a transeúnte es posible cuando: a) los individuos se encuentran expuestos ante definiciones favorables a infringir la ley, y b) existen víctimas apropiadas en las circunstancia situacionales adecuadas para establecer el sistema de interacción.De este modo, mostramos, por un lado, que la incapacidad para evitar asociaciones diferenciales está mediada por procesos de exclusión e inclusión que llevan a un desacoplamiento entre las funciones de las instituciones informales como instrumentos de control social y los medios para cumplirlas, por otro, argumentamos que la disponibilidad de las oportunidades delictivas depende de la naturaleza de las interacciones sociales y la capacidad de los interlocutores para establecerlas. El estudio contribuye con la reducción de las lagunas en el campo de conocimiento acerca de la causalidad múltiple del delito, produciendo, asimismo, evidencia empírica relevante para la formulación de políticas públicas para la prevención no penal del delito en México. 

Resumen de la Ponencia:

O propósito da discussão é relacionar as categorias violência e Direitos Humanos é compreender como os sujeitos que habitam o espaço escolar (estudantes e suas famílias, professores e direção da escola) interpretam as situações que induzem práticas de violência física e simbólica no cotidiano das escolas e como tais situações poderiam, de algum modo, se aproximar das concepções que os mesmos sujeitos formulam acerca dos Direitos Humanos. A compreensão e análise empírica dos fatores que potencializam a emergência de atos e comportamentos violentos, logo, refratários à afirmação dos DH nas escolas, será cotejada com formulações teóricas que ressaltam as múltiplas dimensões da violência e dos Direitos Humanos. A perspectiva teórico-metodológica busca, num primeiro momento, interrelacionar as categorias violência e Direitos Humanos e, num segundo momento, pensar a viabilidade de outras formas de mediação e gestão dos conflitos opostas às investidas institucionais verticalizadoras e legitimadas por pressupostos jurídico-morais culpabilizadores, individualizantes, retributivos e estigmatizantes, por entender que tais pressupostos e estratégicas instituições criam mais problemas que soluções quando confrontados com a imperatividade de defesa e promoção dos direitos humanos.  A opção por estudos com foco na violência e nos Direitos Humanos no espaço escolar chama a atenção para a necessidade de estudos e pesquisas empíricas abertas a aportes teorico-metodo1ógicos que levem em consideração as diferentes formas de saber, envolvimento e participação da comunidade escolar nos processos de compreensão e (re)significação dos temas violência e Direitos Humanos e incorporem tais saberes e práticas visando a solução pacífica dos conflitos e a melhoria da relação ensino-aprendizagem nas escolas.