Resumen de la Ponencia:

Objetivo: Explorar los márgenes de maniobra que tienen los gobiernos progresistas de América Latina, a la luz de las restricciones que establece la globalización capitalista.Pregunta: En la fase actual del capitalismo globalizado ¿qué herramientas pueden emplear los gobiernos progresistas para llevar adelante sus planes de gobierno?Hipótesis: Frente a las restricciones que la globalización económica impone a los gobiernos progresistas interesados en impulsar programas redistributivos, desarrollo con equidad social, estabilidad y soberanía nacional, la posibilidad de salir adelante exige combinar la participación de los agentes económicos privados y el apoyo popular, Es decir, construir una democracia participativa que reconozca en la soberanía del pueblo la principal fuerza de orientación de la política nacional y en la puesta en marcha de mecanismos de participación ciudadana directa, tanto de toma de decisiones como de supervisión del ejercicio gubernamental y empresarial,, las redes que traduzcan en acciones efectivas las demandas populares.

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La ponencia se centra en la relación de las estrategias de creación de valor que emergen en los niveles locales y subnacionales y sus eventuales desacoplamientos y oposiciones con las escalas y racionalidades estatales nacionales. Reconoce a la unidad geo histórica de América Latina como un marco donde se observan trayectorias compartidas para entender estas dinámicas (altos niveles de centralización política de los estados nación, historia asimétrica del poblamiento territorial: extensos territorios, población concentrada), convergencia a partir de lo cual se exploran y proponen nuevas demarcaciones y alcances de lo local/subnacional como un contenedor más apropiado tanto para conformar y gestionar comunidades políticas eficientes, como para integrar nuevos valores civilizatorios que desbordan el sello eurocéntrico de la “talla o escala” nacional. El análisis está orientado a relevar dichas dinámicas sociopolíticas y económicas en sus expresiones espaciales. En América Latina se observan desde las últimas cuatro décadas importantes transformaciones en la relación de la sociedad con sus entornos territoriales.  Debates, síntomas y evidencias desde la ecología, el cambio climático y la biopolítica, tales como, seguridades alimentarias y sanitarias, el deterioro o transformación del dominio paradigmático del Antropoceno y todos sus efectos prácticos y políticos, crisis de legitimidad de diversas instituciones de la modernidad; complejos procesos sociopolíticos, tales como el desborde de la democracia representativa y la emergencia de prácticas de democracia directa, participativa y/o delegativa, que a su vez son consecuencia de procesos de aprendizaje colectivo globales y locales; la gestión y respuesta pública ante riesgos de desastres naturales y, también, los riesgos atribuibles a las consecuencias de las estructuras de producción, distribución y consumo que genera el sistema capitalista en constante expansión; hacen de este proceso socio histórico un factor que emplaza a un sinnúmero de supuestos, creencias y dogmas respecto a la conformación, transformación y proyección de las comunidades y sus estrategias de creación de valor dominadas en el SXX por la promesa de los proyectos nacionales y actualmente fragmentadas por la necesidad de cuidado y protección de los espacios territoriales que habitan dichas comunidades: barrios, cuencas, ciudades de diversa talla, y que no logran ser articulados en el espacio y/o soberanía de la racionalidad estatal nacional. De este modo, se produce un lento pero inexorable proceso de desacoplamiento de las comunidades respecto de las estrategias nacionales de creación de valor y/o proyectos nacionales de “desarrollo”, lo que en el caso de Chile y varios estados latinoamericanos se acelera por el tipo de poblamiento territorial en que han sido conformadas: grandes espacios territoriales y/o tallas con población concentrada.

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INTRODUCCIÓN El Centro de Políticas Públicas y Transparencia (CPPT), de la Universidad de Panamá y el Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES), presentan el estudio de composición de juntas directivas de empresas estatales y entidades autónomas y semiautónomas del sector público en la República de Panamá. El estudio fue realizado durante los meses de mayo y junio del año 2021, con el propósito de obtener una visión sobre la configuración y estructura de las juntas directivas como organismos del nivel político y directivo de las empresas estatales y empresas en las que el Estado tiene participación accionaria, entidades autónomas y semiautónomas en el sector público panameño. Se llevó a cabo una recopilación y análisis documental de fuentes oficiales para examinar y conocer la estructura de las juntas directivas, desde el punto de vista de su composición y representatividad. Se recabó información de instituciones públicas, de las empresas estatales y entidades autónomas y semiautónomas. INFORMACIÓN OBTENIDA Un primer acercamiento nos permite constatar que no existe homogeneidad en cuanto a cómo se logra la composición de las juntas directivas y los montos de las dietas establecidas. Esto es así pues en la Ley de creación y/o su reglamentación para cada institución, se incluye el perfil y cantidad de los integrantes de su junta directiva, atribuciones, vías para su designación y monto de dietas a percibir asistencia a reunión. También es frecuente encontrar que se ha establecido la participación institucional de ministerios, a través de sus respectivos ministros o sus representantes. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) forma parte en 28 de las juntas directivas aquí estudiadas. En 20 de ellas, puede participar el titular o quien éste designe; sin embargo, estaría el titular obligado a asistir a otras 8 juntas. Son las siguientes: Autoridad Nacional de Tierras, Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Caja de Seguro Social, Instituto Nacional de la Mujer, Secretaría Nacional de Discapacidad, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Lotería Nacional de Beneficencia y Registro Público de Panamá. En este orden siguen al MEF, el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), integrando 15 juntas directivas respectivamente. La institución con más participación es la Contraloría General de la República con 30, en su mayoría, sólo con derecho a voz, y ello obedece a sus características propias de fiscalización que compete a esta entidad. Otra figura a destacar es la de representantes propuestos por gremios, sindicatos u otros grupos organizados, siempre sujeta su ratificación a la voluntad del Presidente de la República. En algunas instituciones directamente se ha establecido la designación presidencial para uno o más de sus integrantes.

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El objetivo de la presente ponencia es problematizar la traducción política de supuestos teórico normativos entre la izquierda contemporánea chilena. La unidad de observación corresponde a los contenidos de las intervenciones realizadas por un conjunto de representantes orgánicos de la izquierda extra-oficialista, reunidos durante el conversatorio "La izquierda ante el nuevo ciclo político en Chile", celebrado en enero del año 2022, en su capital Santiago. Los principales objetos de discusión fueron i) el balance de los desempeños ante los últimos hitos políticos del país; ii) el rol de cada organización ante el gobierno de Apruebo Dignidad (2022-2026); y iii) los posicionamientos ante el fin de la Convención Constitucional (2021-2022).El trabajo invita a reflexionar sobre el llamado “fraccionalismo de la izquierda” desde los contrastes en decisiones orgánicas en materias de políticas de alianzas, política internacional, eje de construcción, sujeto de transformación y horizonte de sociedad. Se plantea que, a partir de las diferencias identificadas, permanece abierta una profunda tarea de elaboración programática que permita enfrentar teórica y prácticamente las particularidades del capitalismo chileno. Esto desde la consideración económica de lo que es su inserción en las cadenas mundiales de valor y de la historia de la particular de la configuración de su estructura institucional.De tal modo, la ponencia busca contribuir al diálogo comparado sobre el curso del último ciclo de convulsiones político sociales en el mundo y continente, que tiene a Chile como uno de sus principales referentes.

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Esta pesquisa propõe uma reflexão crítica sobre as políticas públicas, especialmente a política habitacional, implementadas durante os governos do Partido dos Trabalhadores (PT), no período de 2005-2015. Propomos discutir esses governos por meio do fenômeno do lullismo e da agenda econômica e social para a qual se baseia em um ensaio desenvolvimentista. Tal proposta pressupõe um projeto de Estado de bem-estar social, na medida em que promove o desenvolvimento econômico atendendo às necessidades da classe subalterna brasileira, bem como defende a soberania nacional por meio da modernização conservadora. Através de uma revisão bibliográfica, mas também através da recolha de dados (entrevistas e/ou aplicação de questionários), Buscamos entender como essas políticas são capazes ou incapazes de produzir um projeto de Estado que leve em consideração as necessidades das classes subalternas. Nossa hipótese é que os governos do PT mediam os interesses desenvolvimentistas do capital com as necessidades da classe subalterna, assumindo um projeto de estado de bem-estar social no país, ao mesmo tempo em que produz diferentes formas de reformismo. Partindo da perspectiva de que a formação da sociedade brasileira se dá de forma desigual e conjugada, buscamos dialogar com a ideia de que o projeto Lulista provocou disputas de classe, criando um limbo, embora continuemos pobres, por conta do subproletariado, se inclui como indivíduo, mas não como classe ou desenvolvimento do capitalismo em um país que estaria nas regiões Norte e Nordeste ou no centro, nas regiões Sudeste e Sul, Curador na periferia do projeto Lulista. Com isso, podemos entender que, para a burguesia nacional, ao invés de optar pela dependência, produziria uma alternativa de desenvolvimento baseada no não “reformismo fracassado”. Ou seja, ou seja, ou seja, o projeto lulista de opção de “falso reformismo”, buscou neutralizar o capital, na medida em que produziu uma política de distribuição de renda e procurou alcançar sua integralidade e seu desenvolvimento por meio de uma estrutura fragmentada. Esse processo dialoga não apenas com as contradições do projeto Lulista, mas também com os caminhos possíveis da sociedade brasileira. Produziu uma política de distribuição de renda e buscou alcançar a completude, não se desenvolveu por meio de uma estrutura fragmentada. Esse processo dialoga não apenas com as contradições do projeto Lulista, mas também com os caminhos possíveis da sociedade brasileira. Produziu uma política de distribuição de renda e buscou alcançar a completude, não se desenvolveu por meio de uma estrutura fragmentada. Esse processo dialoga não apenas com as contradições do projeto Lulista, mas também com os caminhos possíveis para o desenvolvimento da sociedade brasileira. 

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Entre 1930 e 1980, a economia brasileira foi conduzida por um modelo sócio-econômico tradicionalmente denominado de desenvolvimentismo. A lógica central deste modelo foi a destacada liderança do Estado nacional nos processos agregados de acumulação de capital ou, mais precisamente, no papel desempenhado pela atuação estatal na criação de um ambiente macroeconômico favorável a investimentos do setor privado orientados para a industrialização, o crescimento acelerado e a modernização tecnológica.A partir de 1980, com a consolidação de um novo padrão monetário e financeiro internacional e com a consequente ascensão das políticas neoliberais, o modelo desenvolvimentista brasileiro vivenciou um longo desmonte, com a ascensão de um modelo liberal-periférico.No governo Lula, em 2003, o fundamental da política macroeconômica neoliberal foi mantido, tendo por contraposição a política de aumento sistemático do salário mínimo real e maiores investimentos em políticas sociais. As circunstâncias internacionais permitiram que esta contradição programática não se destacasse, e o segundo governo Lula pudesse ser concluído com relativo êxito, sobretudo em função da redução dos índices de desemprego e da tendência geral de aumento dos salários. Tais contradições se fortalecem com os governos de Dilma, e o quadro geral é transformado em 2016.O propósito do artigo é investigar transformações estruturais profundas (“placas tectônicas” do modelo sócio-econômico) decorrentes deste processo histórico. De uma ampla gama de processos sociais, políticos e econômicos, busca-se investigar especificamente o papel da financeirização, da desnacionalização da economia, da desindustrialização, da reprimarização comercial e do aumento da desigualdade social na construção deste modelo liberal-periférico e de suas principais consequências, em especial, da ascensão do pensamento político fascista.Partindo das considerações de Kalecki sobre “os aspectos políticos do pleno emprego” e a associação que autores brasileiros fazem desta perspectiva com o Impeachment de Dilma, acata-se a ideia central de que a classe capitalista reagiu ao fortalecimento do poder de barganha da classe trabalhadora, mas se acrescenta outra dimensão, mais complexa e menos aparente, que é o conflito não em torno dos salários, mas sim em torno do conjunto do modelo sócio-econômico. Explora-se aqui a ideia que a compreensão que sob o modelo liberal-periférico não é viável o aumento de salários e de direitos coloca-se enquanto risco histórico, para a classe capitalista, ameaçando com a ascensão do apoio a um modelo sócio-econômico alternativo ao modelo vigente. Para explorar esta ideia, busca-se no artigo explorar as contribuições de Ellen Wood, em sua obra “O Império do Capital”, e as polêmicas históricas sobre a natureza da classe capitalista brasileira, em especial, resgatando considerações de Octávio Ianni e de Caio Prado Júnior sobre o tema. O Impeachment de Dilma e a eleição de Bolsonaro, portanto, corresponderiam também a uma estratégia preventiva de defesa do modelo vigente de capitalismo brasileiro.