ALAS 2022

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terça-feira 16 de agosto

quarta-feira 17 de agosto

quinta-feira 18 de agosto

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segunda-feira 15 de agosto

UdeP_Salón K101
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09:00 - 11:00 GT_21 - Corrupción, violencia social, Seguridad y Defensa

#00264 | Capitalismo de guerra y retos para la construcción de la paz en México

Maria Jose Rodriguez Rejas ¹

1 - Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

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Resumen de la Ponencia:

Problematizamos el enfoque de la seguridad interior en el marco del orden social neoliberal; tratamos de abrir la mirada para ir más allá de la perspectiva convencional de carácter militar sobre seguridad y defensa, incorporando la dimensión socioeconómica, psicológica y cultural de la (in)seguridad en un contexto de guerra. En este sentido, la experiencia de México, que responde a los estereotipos sobre inseguridad (militarización, violencia armada, narcotráfico, desapariciones, etc), se presenta como un caso-tipo donde los costos humanos de la violencia no armada (económica, social, psicológica) son aún mayores y más profundos que los de la violencia armada. Un fenómeno invisibilizado que ofrece elementos para reflexionar sobre la (in)seguridad en las sociedades neoliberales contemporáneas.Nuestra hipótesis central es que la construcción del orden social neoliberal ha dejado una estela de muerte, destrucción y sufrimiento que adquiere dimensiones y formas propias de una situación de guerra que afectan la seguridad de la población; una guerra no armada pero sí de amplio espectro (económica, social e ideológico cultural) que ha sido normalizada e invisibilizada y que tiene profundas implicaciones para pensar la construcción de la paz. Nuestras preguntas centrales son: ¿a cuánto asciende la estela de muerte y destrucción de la violencia no armada en la sociedad neoliberal? ¿cómo entender la (in)seguridad cuando incorporamos una perspectiva integral? Recuperamos los impactos de la violencia no armada de cuatro décadas de políticas neoliberales para caracterizar el escenario heredado de violencia e inseguridad ante el que nos encontramos cuando se aborda por primera vez la construcción de la paz a partir del cambio de gobierno en 2018.Abordamos la (in)seguridad interna desde el enfoque de seguridad crítica y de la sociología del sufrimiento, lo que abre nuevas perspectivas tanto en el diagnóstico como en el diseño de políticas para la construcción de la paz. Entendemos el capitalismo neoliberal como capitalismo de guerra, en tanto responde a una lógica interna de saqueo y violencia de guerra de amplio espectro, que asume la prescindibilidad de la vida y desata una violencia sin contención generando costos humanos de magnitud similar a una situación de guerra.Para ello, construimos un diagnóstico de los costos humanos de la violencia armada y no armada en el orden social neoliberal, que a menudo se perciben fragmentados. A continuación, reconstruimos las concepciones y trayectoria de las políticas de seguridad sobre las que se erigió el Estado de seguridad neoliberal para entender el campo de condiciones en el que se produce la violencia de amplio espectro y los costos humanos que genera. Concluimos recuperando los enfoques críticos de seguridad y de la sociología del sufrimiento como propuestas para repensar la seguridad con una perspectiva integral y como aportes para la construcción de la paz.

#00475 | Violencia, medios y fuerzas de seguridad. Desafíos conceptuales desde el campo comunicacional

Mariana Fernández ¹ ; Mercedes Calzado ¹

1 - CONICET-IIGG/UBA.

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#00535 | Sistema punitivo brasileiro: Racismo, Colonialidade do Poder e institucionalização das mortes.

Lucas Nunes Nora de Souza ¹ ; Marina Valéria Vicente Delage Mancini ²

1 - Universidade Federal de Juiz de Fora. 2 - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

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Resumen de la Ponencia:

Sistema punitivo brasileiro: Racismo, Colonialidade do Poder e institucionalização das mortes. Palavras Chaves: racismo, violência policial letal, sistema de justiça penal. ResumoA análise em tela possui viés crítico e a partir do pensamento decolonial pretende desvelar a relação existente entre o conceito de Colonialidade do Poder cunhado por Quijano (2005) e o sistema punitivo brasileiro com enfoque no estado do Rio de Janeiro que como demonstrado ao longo do artigo dirige os mecanismos persecutórios e punitivos de maneira racista resultando na institucionalização das mortes no Brasil (HIRATA, 2019).O Brasil é recordista em assassinatos praticados por agentes policiais. Segundo dados oficiais publicados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, p.14 2021) foram mortas 6.416 pessoas pela polícia. Tais mortes apontam para existência de uma desigualdade racial e de gênero, visto que, 78% das vítimas eram negras (pretos e pardos) e 98,4% eram do sexo masculino. No Rio de Janeiro nesse mesmo período as forças policiais foram responsáveis pela morte de 1.245 pessoas seguindo o mesmo padrão racial e de gênero. Em síntese, a pesquisa utilizou como metodologia uma análise qualitativa em dados secundários concluindo que o Brasil é violento, mas que tal violência possui relação intrínseca no modo de atuação das agências policiais, bem como das instituições de justiça do Estado que pautadas no racismo legitimam representações sociais dos corpos negros como perigosos consequentemente como corpos matáveis[1]. Demonstrando a atualidade dos elementos decorrentes da Colonialidade do Poder na realidade punitiva brasileira. Bibliografia FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA – FBSP. Anuário brasileiro de segurança pública. Ano 15. FBSP: São Paulo, 2021QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do Poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, Edgardo (org.). A Colonialidade do Saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005, p. 117-142. (Colección Sur). Disponível em: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100624103322/12_Quijano.pdf. Acesso em: 26 out. 2019.D’ELIA FILHO, Orlando Zaccone. Indignos de Vida: A forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Revan 2015.HIRATA, Daniel Veloso. Acumulação social da violência no Brasil. Entrevista especial com Daniel Hirata. [Entrevista concedida a] Patrícia Fachin. Instituto Humanitas Unisinos. [site], 2021. Disponível em https://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/611522-preservacao-das-instituicoes-depende-do-controle-democratico-das-policias-entrevista-especial-com-daniel-hirata acesso em: 05 de abril de 2022. [1] D’Elia Filho afirma que as instituições de justiça no Brasil chancelam as mortes praticadas pelas forças policiais. (2015)

#01350 | SOBRE LA VIOLENCIA ETNOGRÁFICA ÉTICA Y VISUALIDAD EN “CONTEXTOS PELIGROSOS” PARA EL TRABAJO DE CAMPO

Henry Moncrieff Zabaleta ¹

1 - UNAM.

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Resumen de la Ponencia:

Hoy día, en México y otras latitudes de América Latina, la violencia cada vez está más presente en la trama social de sus ciudades desiguales; se ha convertido en todo un problema estructural de difícil solución por su complejidad y magnitud. El asunto preocupa y convoca a diferentes científicos sociales, quienes incluso se han comprometido con una perspectiva “desde dentro” en escenarios de trabajo de campo que, rápidamente y a menudo, son tildados de peligrosos e inseguros para los investigadores y las investigadoras. Quisiera llamar la atención sobre la violencia etnográfica de tal posicionamiento, sobre todo, como esa visión del mundo termina por reproducir muchas de las narrativas sexistas, racistas y clasistas que justifican la desigualdad y la injusticia social de quienes efectivamente si viven la violencia y sus efectos performativos, aquellos que llamamos “informantes” y que envolvemos con la retórica del rapport. Esta violencia inscrita en la misma etnografía, por ende, socava no pocos compromisos ontológicos y también las formas antropológicas de trabajo en el terreno, a saber, la dichosa observación participante que decimos tener y sucesivamente la calidad etnográfica de nuestras investigaciones empíricas. Este capítulo atraviesa estas cuestiones, resaltando mi propia experiencia como fotógrafo y etnógrafo visual, entre vicisitudes, aciertos y errores, en diferentes entornos urbanos periféricos que visualizaba con cierta “peligrosidad” de antemano en Ciudad de México. Así puede entenderse como el trabajo de campo esta también construido socialmente, por una mirada exterior que clasifica y produce falsas empatías en las comunidades, es decir, se concreta siempre en tensión con una violencia etnográfica que precisa ser analizada y desclasificada. Para ello discuto como la visualidad y la cámara como medio de análisis, hacen posible metodologías plurales y multimodales que garantizan la “ética del observador” más allá de un medio textual y escrito, desnaturalizando así gran parte del sensacionalismo y la pornografía de la violencia con la cual se mira y se desconoce el trabajo de campo en los contextos precarizados de las ciudades latinoamericanas.

#01448 | Colonialidad y decolonialidad en la prevención del extremismo violento contemporáneo

Pablo Madriaza ¹

1 - Université du Québec en Outaouais.

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Resumen de la Ponencia:

Aunque el entramado conceptual y práctico de la prevención en torno a la violencia sociopolítica contemporánea en Occidente, en particular la radicalización, el extremismo, el terrorismo y el discurso del odio, se ha visto atravesado por un debate asociado a la "etnicidad", la interculturalidad y la migración, el prisma conceptual colonial-postcolonial-decolonial rara vez se ha aplicado en este campo de estudio y, sorprendentemente, es casi inexistente en los estudios críticos sobre estas cuestiones. Ilyas (2021) señala, por ejemplo, que una búsqueda rápida de palabras clave sobre estos conceptos no arrojó ningún resultado en el Critical Terrorism Studies Journal, una de las revistas que más ha contribuido al pensamiento crítico en este ámbito. Con este prisma, me refiero en particular al giro decolonial con el que un grupo de intelectuales latinoamericanos ha reinterpretado la modernidad a partir del colonialismo (Escobar, 2007). La primacía de la visión occidental de esta violencia sociopolítica es, sin embargo, palpable en la literatura sobre el tema. La creación, por ejemplo, del concepto de radicalización en torno al islam en Europa (Deltombe y Rigouste, 2005; Kundnani y Hayes, 2018) y algunas de las consecuencias negativas que los modelos de prevención han tenido en las comunidades musulmanas del mundo occidental (securitización, vigilancia, estigmatización, islamofobia, etc.; Ragazzi, 2016; Taylor, 2020) atestiguan el impacto concreto de los flujos de conocimiento coloniales en las comunidades no occidentales y en las prácticas que abordan estas cuestiones. Por el contrario, los países occidentales han sido menos proclives a aplicar las nociones de terrorismo y radicalización a los grupos de extrema derecha (Nesbitt, 2021), y sólo recientemente se ha empezado a incluir a algunos de éstos en las listas de grupos extremistas, como en el reciente caso de Canadá. Estos son sólo algunos ejemplos que ilustran un patrón persistente y poco investigado que puede resumirse en las siguientes premisas: el flujo de conocimientos y prácticas en torno a estos fenómenos ha seguido un patrón colonial que reproduce la primacía de Occidente en la construcción de narrativas universales, las cuales responden a las necesidades locales de las sociedades de estos países, en lugar de las que surgen en las regiones o comunidades culturales donde se han aplicado estas narrativas universales. Esta colonialidad del poder y del saber ha repercutido en la forma de interpretar y responder a dicha violencia, y por tanto ha tenido un impacto especialmente directo en las comunidades culturales de los países occidentales y en los países del Sur donde se han aplicado estas políticas. Esta ponencia, será un intento de reflexionar sobre estas violencias sociopolíticas, a partir del prisma decolonial, pero sobre todo como un medio de reinterpretarlas dentro de un debate más amplio que reproduce un patrón de colonialidad.

#03617 | “Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles”: narrativas das pessoas privadas de liberdade no Brasil.

Letícia Karine Ferreira ¹

1 - Universidade de Brasília.

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Resumen de la Ponencia:

A redemocratização do Brasil é marcada pelo repúdio à tortura e violação dos direitos humanos. Com o fim do regime autoritário da ditadura militar, rebeliões e motins se sucediam e traziam ao conhecimento da opinião pública práticas irregulares e desumanizantes no âmbito das prisões brasileiras. A Constituição Federal de 1988 trouxe aspirações sobre segurança pública e estimulou o combate ao sistemático desrespeito dos direitos fundamentais constituídos até então. Essas novas garantias ficaram conhecidas como “direitos humanos do preso”, contempladas pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) ao incluir uma ouvidoria voltada para demandas, queixas e denúncias que venham a ser impetradas por pessoas privadas de liberdade. Entretanto, o público-alvo dessa ouvidoria enfrenta múltiplos empecilhos às suas demandas para com o Estado, uma vez que o envio é feito por cartas físicas e enviadas pela administração penitenciária local para a ouvidoria nacional. Atualmente, estudos revelam que essas cartas trazem denúncias relacionadas à falta de assistência jurídica, envolvendo falta de acesso à saúde, educação e assistência social, descumprimentos do Código de Processo Penal e relativas às inadequadas condições do cárcere, com destaque para a questão da superlotação. Este trabalho dialoga com tais estudos e traz no título a passagem do livro bíblico Hebreus 13:3, comumente transcrita nas cartas dos presos e por exigir sensibilidade dos ouvidores na única instituição voltada para pessoas presas em âmbito nacional. Nesta pesquisa, realizou-se um levantamento quantitativo a partir do banco de dados do Departamento Penitenciário Nacional, além de levantamentos qualitativos a partir das cartas e relatos dos ouvidores. A partir da análise feita, foi possível compreender como a ouvidoria contribui para a administração da ordem e dos conflitos sociais, no que se refere aos direitos humanos das pessoas presas, gerência de dados e encaminhamento das demandas sobre a seguridade da autonomia da instituição. Destarte, foi possível notar que o Depen, nos respaldos legais atuais, incorpora o processo de redemocratização e cidadania, porém, ao mesmo tempo, centraliza demandas, reclamações, sugestões, elogios, solicitações, denúncias e narrativas pelo público envolvido pelo sistema prisional. A pertinência desta investigação parte do potencial em preencher lacunas na compreensão sociológica sobre as instituições de gestão de segurança pública e cidadania.

#03638 | Crime, Punição e Desigualdade no Brasil: reflexões a partir do sul global

Marcos César Alvarez Marcos Alvarez ¹ ; Marcelo da Silveira Campos Marcelo Campos ² ; Fernando Afonso Salla Fernando Salla ³

1 - USP/NEV-USP. 2 - UFJF. 3 - NEV-USP.

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Resumen de la Ponencia:

As dinâmicas do crime e da punição sofreram significativas transformações em décadas recentes e as Ciências Sociais e a Criminologia têm buscado novas abordagens e diagnósticos mais acurados para dar conta de tais transformações. Os diagnósticos críticos mais ambiciosos teoricamente associaram essas mudanças nas dinâmicas criminais e nas instituições e práticas punitivas às transformações mais gerais na política, na economia e na vida social contemporânea. Punitive turn, deslocamento do Estado Social para o Estado Penal, nova cultura do controle do crime, avanço da penalidade neoliberal, novas tendências descivilizadores: estas são algumas expressões recentes que buscam caracterizar as mutações contemporâneas no mundo do crime e da punição e seus efeitos sociais mais amplos. A maioria desses diagnósticos, no entanto, fazem generalizações a partir da observação de contextos nacionais ou regionais específicos, sobretudo restritos à América do Norte e Europa Ocidental. Com o avanço dos estudos pós-coloniais e de discussões que enfatizam novas perspectivas a partir da ideia de Sul Global, abrem-se inéditas possibilidades de reflexão e de investigação também nos estudos sobre crime e punição. As próprias condições sociais e políticas do assim chamado Sul Global não são homogêneas e observar as questões do crime e da punição, as práticas, instituições e processos aí envolvidos, pode contribuir não só para a recuperação de outras experiências históricas – relacionadas mas diversas daquelas dos países ocidentais – como também problematizar as teorias hegemônicas até o momento nesse âmbito de pesquisa e intervenção, a partir de um debate mais intenso com as pesquisas já existentes em centros de pesquisa e universidades fora do eixo Europa Ocidental e Estados Unidos. Nas discussões mais específicas sobre as mudanças nas dinâmicas punitivas na atualidade, o Brasil é com frequência lembrado como um dos muitos países que, em diferentes continentes, expressam o “momento punitivo” contemporâneo, tendo em vista sobretudo o crescimento significativo da população encarcerada no país nas últimas décadas (cf. Fassin, 2017). Assim, a partir da produção das Ciências Sociais brasileiras – que nas últimas décadas produziu consistente conjunto de investigações empíricas e de reflexões teóricas de médio alcance sobre as dinâmicas da violência e do crime, bem como sobre as instituições punitivas no país, o presente texto, em seu primeiro movimento, discute presença da violência na história brasileira. Em seu segundo movimento, são apresentados dados acerca da desigualdade no país. Finalmente, discute-se como as Ciências Sociais brasileiras têm buscado decifrar o funcionamento das dinâmicas do crime e da punição na sociedade e seu impacto em termos de produção e reprodução das desigualdades sociais e de disseminação de formas de estigmatização de determinados grupos sociais, ao desafiar assim o fortalecimento da Democracia e a expansão da cidadania no país.

11:00 - 13:00 GT_21 - Corrupción, violencia social, Seguridad y Defensa

#01085 | Entre violencia y securitización: raíces de la violencia estructural y Proceso de civilización

ISABELLA CORVINO ¹

1 - Università degli studi di Perugia.

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Resumen de la Ponencia:

La violencia aparece como un fenómeno disruptivo. Sin embargo, el crimen y los distintos esquemas de seguridad nacional, pública y ciudadana, hasta el diseño de políticas basadas en un enfoque de securitización (nota: en la acepción utilizada por…) para la defensa de los riesgos globales y locales constiuyen una prioridad política para muchos gobiernos. Por otra parte, la corrupción y la impunidad de los sistemas de seguridad son la expresión de diferentes formas de violencia que estas generan desde la inseguridad general (Alda Mejías, Rodríguez Sánchez-Lara, 2021). Este ensayo intenta concentrar su atención en la contribución que la teoría de los procesos civilizatorios de Norbert Elías y otros autores ofrece para la comprensión de la violencia directa, cultural o simbólica (Galtung 1969). Elías en particular, en su larga y productiva investigación, ha discutido sobre la naturaleza humana y el mundo social del que formamos parte, reflexionando sobre aquellos hechos de la vida que son parte de un intercambio dialéctico entre naturaleza y cultura. Las famosas reflexiones de Elías sobre el tema del vínculo entre el proceso de civilización y la violencia se enfocan en la pregunta: ¿Cómo es posible vivir juntos en paz y con bajos índices de violencia? ¿Qué sucede con el Proceso de Civilización? En este particular estudio la pregunta es si la securitización, en un contexto de corrupción e impunidad, aumenta o no aumenta la propensión a la violencia. La violencia debe ser comprendida en profundidad, analizando la cultura y las emociones imperantes en cada período histórico.

Introducción:

La violencia siempre ha sido un tema de particular interés y muchos son los autores que se han dedicado al argumento. A pesar de una percepción general que parece indicar un aumento de la violencia en las ultimas décadas, en realidad los datos indican que el nivel de violencia se ha reducido como nunca en la historia, si bien es importante recordar que la violencia permanece potencialmente alta en las relaciones humanas, no solamente en el plano individual, sino también en virtud de su naturaleza estructural, en la tríada individuo-sociedad-contexto (Morin 2001). Existe en la trama que vincula a los diferentes individuos, poderes y órdenes sociales, en los sentimientos agresivos, en el deseo de destrucción que implican un desprecio tanto de los valores como del orden establecido, agravado por la negación de la identidad de quienes no podrán formar parte de un determinado grupo minoritario elitista o de la mayoría de la sociedad.

Según la definición de Cipolla, la violencia es la "ruptura del diálogo entre el yo y el alter" (Cipolla 1997: 31). Estas pocas palabras logran hacernos comprender con gran simplicidad el alcance de este fenómeno social siendo capaz de crear profundas distinciones entre individuos y grupos. La violencia es siempre física y simbólica al mismo tiempo, ataca simultáneamente al individuo o al grupo y su significado, como es muy evidente en los ataques terroristas a edificios y lugares simbólicos. Con los ataques se pretende borrar la identidad, significado y sentido de algo, se quiere remodelar las mentes, la cultura y el lenguaje en un acto de (re)fundación del orden social. La violencia y sus expresiones, sin dejar de ser una constante en la historia humana, cambian de forma y lenguaje sin desaparecer, siempre se encuentra una lucha entre identidades diversas en competencia por el reconocimiento de la propria identidad y por el poder resultante. La contribución de Pinker del 2013 reabrió el debate sobre el declino de la violencia desde un punto de vista sociológico. Los datos estadísticos, con toda evidencia, muestran que los niveles de agresión y violencia directa en los distintos periodos históricos han disminuido progresivamente. El declive de la violencia parece, pues, una parábola casi natural. A pesar de la presunta disminución de la violencia, el crimen y los distintos esquemas de seguridad nacional, pública y ciudadana, hasta el diseño de una vida de securitización y la “policialización” para la defensa de los riesgos globales y locales representan una prioridad política para muchos gobiernos. La organización de las relaciones sociales en las que el Estado tiene el monopolio de la violencia, poseedor de una violencia legal capaz de evitar su uso con fines ilegales (Van Krieken 2019), haría relativamente pacífica la convivencia, pero esta organización - dice Elías - es una invención técnica del hombre y como tal mantiene su fragilidad. Los "inventos" de la civilización se definen como espadas de doble filo: si por un lado logran moldear las relaciones limitando algunos tipos de violencia, por otro lado la insatisfacción con ellos podría conducir primero a la desilusión y luego al uso de la violencia. ¿Es la violencia el lenguaje más común del vivir en sociedad? Los espacios no regulados, es decir, los espacios de relaciones internacionales a nivel macro, y los de relación a nivel meso o micro, ¿siguen siendo los del estado natural? La violencia se puede domar a través de las instituciones, pero para que esto suceda, se deben cumplir condiciones precisas: si el proceso de securitización y policialización se desarrolla en un contexto de corrupción y impunidad de los sistemas de seguridad, estos pueden crear las condiciones para que nuevas formas de violencia se generen desde la inseguridad general (Alda Mejías, Rodríguez Sánchez-Lara, 2021). Este ensayo pretende enfocarse en la contribución que la teoría de los procesos civilizatorios de Norbert Elías puede hacer a la comprensión de la violencia directa, cultural o simbólica (Galtung 1969). En su larga y productiva investigación, el estudioso se ha interrogado continuamente sobre la naturaleza humana y el mundo social del que formamos parte, deteniéndose en aquellos eslabones del proceso de vida que nos involucran en un intercambio dialéctico que es a la vez naturaleza y cultura. Elías se da cuenta de que “cuanto más claramente perciba el significado de un solo evento histórico, más claramente su propia investigación le revelará lo que los hombres del período bajo consideración pensaban de Dios, de la verdad, de la moralidad, de la belleza o del estado y de la ley [...]. Las formas temporales asumidas por la idea en diferentes períodos están ellas mismas conectadas, como hechos únicos, en un sistema más grande de ideas” (Elías 1998: 15, 16). Las cuestiones relativas a la violencia son múltiples: si se aísla como parte integrante del individuo, este lado muchas veces definido como primordial o animal del ser humano (Maffesoli 2003) ejerce fascinación y horror al mismo tiempo; si se entiende como pulsión social, la estrecha interrelación con el tema del poder (Hobbes 1651), la justicia (Benjamin 1921) y los lenguajes de la cultura (Foucault 2019; Bourdieu 1977), nos muestra cómo es un tema ineludible tanto ya que es imposible de restringir. La violencia es intrínseca a los sistemas sociales que, por la necesidad de mantener su propia identidad y coherencia y de perpetuarse, generan respuestas agresivas si los cambios que les afectan resultan demasiado bruscos o radicales. Si ya con la formación de los estados dinásticos en Europa a finales de la Edad Media, el estado se convierta en poseedor del monopolio de la violencia legítima (Van Krieken 2019) eso pero no fue el momento desde el cual una progresiva pacificación de la vida social causó la disminución de la violencia, este se interioriza pero no cesa. Los individuos aprenden a controlar sus impulsos, si, estamos en la sociedad de las "buenas costumbres", esa sociedad que comienza a sentir repugnancia por las pasiones descontroladas, se vuelve más mojigata, es una sociedad que niega e incluso elimina la muerte. Las reflexiones de Elías sobre el tema son útiles para indagar la cuestión, en cuanto parten de examinar el vínculo entre el proceso civilizatorio y la violencia. Los dos términos antagónicos se influyen recíprocamente dividiendo el campo de batalla. Invirtiendo la pregunta de Pinker, lo que Elías se pregunta es cómo es posible convivir de una manera relativamente pacífica y con índices de violencia bajos en lugar de razonar sobre la particularidad de la violencia social. El prejuicio negativo relativo al hombre, percibido como un sujeto tendencialmente violento y egoísta, lleva a formular la pregunta en otros términos: si en la representación antropológica prevaleciera el lado colaborativo/inclusivo que aseguraría la convivencia, las preguntas serían completamente diferentes, incluyendo el rasgo distintivo de la contradicción humana. Con el tiempo hemos sido testigos de una disminución progresiva de la violencia, pero no nos doblegamos por completo a las normas de la civilización y es entonces cuando la violencia regresa “La civilización nunca se completa y está constantemente en peligro. Está en peligro porque el mantenimiento de las normas civilizadas de comportamiento requiere ciertas condiciones, como un nivel relativamente estable de autodisciplina individual. Estos están vinculados a su vez a estructuras sociales particulares, como la provisión de bienes y servicios, la preservación de un estándar de vida acostumbrado y especialmente la pacificación social: la solución no violenta de conflictos a través del Estado. Pero la pacificación interna de la sociedad está siempre amenazada por conflictos sociales y personales que se encuentran entre los fenómenos normales de la vida social y que las instituciones pacificadoras sirven para resolver” (Elías 1988: 177).

La violencia no es solo una pulsión individual, sino es también una construcción social, un lenguaje de cada cultura: puede ser una respuesta adaptativa a un estímulo o estrés específico, como lo son los procesos de securitización y policialización y la violencia que deriva de la corrupción e impunidad causada por la pérdida de libertad por la securitización, pero sin los efectos positivos esperados. Es intrínseco a los sistemas sociales que, para mantener su propia identidad y coherencia y autoperpetuarse, generen respuestas agresivas cuando los cambios que los involucran resultan demasiado repentinos o radicales. Si vivimos en una sociedad que ofrece seguridad a cambio de libertad, cuando pagas en términos de libertad pero no obtienes más seguridad podemos esperar un aumento en los niveles de violencia general. Veremos en el siguiente párrafo la metodología elegida y cómo se articula el vínculo entre seguridad y violencia.

Desarrollo:

Por este trabajo se realizó una revisión bibliográfica sistemática sobre el tema en la literatura existente que permitió la reflexión teórica sociologica. La misma incluyó libros, publicaciones de autores nacionales y extranjeros indexadas en diferentes bases de datos. Se emplearon como palabras claves para la búsqueda de la información las siguientes (en español e inglés): corrupción, securitización y policialización, corrupción e impunidad, violencia, por lo demás, datos de los ultimo cinco años. El análisis de contenido de tipo directo permitió enfrentar teóricamente la temática que constituye un referente útil a los profesionales de la policy advice y de las ciencias sociales. La presente investigación utiliza una metodología mixta, con el objetivo de poder analizar las dimensiones cuantitativa de las publicaciones y la interpretación cualitativa, lo cual ofrece los datos necesarios para comprender los nexos entre seguridad y violencia. El paradigma cuantitativo es una variada serie de conceptualizaciones y operaciones, capaces de permitir la objetivación del fenómeno en estudio a través del cálculo u otros protocoles de clasificación. La parte cuantitativa muestra como estos temas son muy importantes en la literatura latinoamericana, con un especial atención en un enfoque geográfico que comprende México. En una primera búsqueda de la literatura estos temas se acompañan a otros como: migración y narcotráfico. Esto no pretende decir que en estas áreas geográfica hay más problemas de este tipo sino que la realidad es investigada desde un punto de vista académico que posiblemente esta solicitada por una sociedad que queda representada a través de estos temas. En la investigación también se utiliza la metodología cualitativa la cual permite profundizar y comprender los significados de las realidades sociales que le subyacen a través de una investigación lingüística que subraya a que nivel la violencia puede ser simbólica (uso de los adjetivos u nombres). Se utilizan tanto la metodología cualitativa como la cuantitativa para describir las categorías asociadas a la violencia. El contexto de dominación utilizada favorece la formación de identidades que tienen en cuenta una realidad de la violencia que se conjuga con securitización y policialización y al mismo tiempo con corrupción e impunidad. Esto tipo de conexión no favorece un optimismo ligado al monopolio de la violencia del Estado, ni tampoco con el precio de la securitización en términos de libertad personal.

Payne (1989) sugiere que en contextos donde se da rienda suelta a la violencia, el concepto de que la vida tiene poco valor sigue siendo válido. Donde el dolor y la muerte permanecen constantes en la vida de la mayoría, existe la sensación de que la vida no es un bien preciado y, en consecuencia, quitarle la vida a alguien o usar la violencia adquiere diferentes significados en diferentes contextos. Por esto, según Payne, sólo en sociedades donde la tecnología y la seguridad económica aseguren el alargamiento de la expectativa de la vida, se valoriza y la violencia disminuye. Puede haber rituales de violencia justificados por representaciones de justicia (Zorzi 1994). Si bien para este ensayo pretendemos abordar el concepto de violencia tal como lo define Galtung (1969), ampliando la mirada nos damos cuenta que la definición de violencia sigue siendo difícil de abordar; la variedad de contextos y culturas existentes relativiza la mayoría de los enunciados generales. La violencia no es solo un impulso interno de un individuo, sino que es una construcción social, un lenguaje, un fenómeno emergente aprendido en una cultura específica o puede ser una respuesta adaptativa a un estímulo o estrés específico. Las reflexiones de Elías sobre el tema comienzan investigando en particular el vínculo entre el proceso de civilización y la violencia. Lo que pregunta Elías es cómo es posible vivir juntos en paz y con índices de violencia tan bajos. ¿Qué pasa con el Proceso de Civilización? La violencia puede ser comprendida en profundidad exclusivamente analizando la cultura y las emociones imperantes en cada período histórico. No olvidamos que la violencia y sus expresiones, sin dejar de ser una constante en la historia humana, cambian de forma, lenguajes y modos sin desaparecer. También Girard (2019) reflexionó sobre la violencia pero empezando desde las tragedias clásicas para comprender la relación entre los orígenes constitutivos de la sociedad y la violencia. En mitos y rituales Girard identificó los fundamentos de la violencia en la sociedad, a decir que la violencia es una fuerza circular el cuyo objeto es: 1) un deseo mimético en el que uno quiere ser el otro, 2) uno quiere poseer lo que el otro posee. Ese deseo mimético genera violencia, venganza o una espiral de violencia sin fin. Para proteger la comunidad de esta destrucción es necesario identificar estrategias de contención que en las sociedades arcaicas residían en los ritos sacrificiales que sirvieran para transmitir la violencia hacia una víctima sacrificial y actualmente residen en el sistema de justicia. Pero, que pasa si el sistema de justicia permite corrupción e impunidad? Si en los sacrificios la violencia se vuelve sagrada conteniendo la propagación de la violencia misma, la víctima o el chivo expiatorio, también es sagrado y es fundamental la elección de la víctima que debe tener una característica esencial para el desempeño de su función: debe estar tanto dentro como fuera de la comunidad o sea, tiene que pertenecer a esta sociedad e igualmente debe tener características que la hagan marginal a la comunidad y por lo tanto prescindible. En este particular se puede reconocer la construcción social de la figura del enemigo, sujeto marginal de la comunidad que transmite sentimientos negativos al mostrar que tiene las características de una alteridad suficiente (por características culturales, sociales o físicas) para ser prescindible en nombre de una supuesta protección de la identidad mayoritaria y por tanto no desencadene una espiral de venganza. El papel de la violencia evidentemente, incluso en los procesos de socialización, tiene un papel correspondientemente alto en la transmisión y perpetuación del conocimiento sobre el orden y los roles, la conciencia del poder su lógica y sus estructuras. A decir que la violencia es una herramienta de una tipología de orden y por esto los actores involucrados lo perciben como aceptable dentro del contexto de la relación social. La “ritualización” de la violencia que se repite según un esquema recognoscible crea una normalidad dentro de la cual los subjetos saben moverse. La idea de Elías fue sugerir que en la base del cambio social estaba el deseo de autodeterminación de nuevas identidades que se expresan primero a través de la creación de nuevos lenguajes y culturas y luego a través de la violencia: “En la base de estos mecanismos automáticos y tendencias de cambio social se encuentran formas particulares de relaciones humanas, tensiones entre personas de un tipo e intensidad específicos. Estas tensiones comienzan a producirse, para decirlo de manera muy general, en una etapa particular de la división de funciones, cuando ciertas personas o grupos adquieren el monopolio hereditario de los bienes y valores sociales de los que dependen otras personas, ya sea para su sustento o para proteger o cumplir su existencia social” (Elías 2001: 41). Elías recuerda que no sólo las páginas de la historia sino también las de la literatura de los períodos examinados son de gran ayuda para comprender los signos del cambio cultural, y de hecho, todos los lenguajes culturales, desde las música, la poesía, la literatura y otro se superponen y exaltan, casi confundiéndose: la violencia es el lenguaje que expresa el Zeitgeist.

¿Cuál es la relación entre la corrupción, la impunidad y la violencia? La expectativa es que ahí donde haya actos de corrupción que se mantengan en la impunidad, habrá un menor ejercicio de libertad personal. Donde el Estado sea incapaz de mantener la seguridad pública habrá más violencia y la arbitrariedad de la punición será percibida como injusta afectando la relación entre Estado y sociedad. Si vamos a interpretar el discurso de Ortiz, Vázquez (2020, 171) superponiendo la violencia con los Derechos Humanos (DH) “La expectativa de impunidad relacionada con los actos de corrupción funciona como un contexto que incentiva su comisión, que mantiene la comisión de actos corruptos a lo largo del tiempo, y que todo ello impacta en la disminución del ejercicio de los DH. En este marco, corrupción e impunidad se convierten en patrones estructurales de las violaciones a los DH. Siguiendo a Serrano & Vázquez (2009), cada derecho está constituido por el siguiente conjunto de obligaciones a cargo de los Estados:

— Obligaciones generales de respetar, proteger, garantizar y promover los DH.

— Elementos institucionales de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad.

— Principios de aplicación de núcleo del derecho, progresividad, prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles.” En el caso que no se sigua este esquema la relación de confianza entre estado y comunidad no se puede mantener y la violencia será una estrategia para crear un nuevo orden más justo a los ojos de la comunidad”.

Conclusiones:

Cada individuo, viviendo de interdependencias y estando inserto en el colectivo social, vive en un amplio proceso. El hombre mismo es un proceso y se necesita una mirada atenta para comprender “las formas temporales que asume la idea” (Elías 1998: 16). La sociedad y el individuo son uno, y los cambios sociales no son fenómenos que vienen del exterior para modificar un sistema social en equilibrio. Elías reafirmó el carácter procedimental de la vida social y el concepto de vida social como relacional. Lo mismo ocurre con las organizaciones, que deben verse como procesos continuos y no como entidades estables sujetas a cambios ocasionales: los cambios que experimentan son el resultado de las acciones de los individuos. Necesitamos ver a los humanos no en singular, un homo clausus (Elías 1968), sino como partes de comunidades, grupos y redes (Elías 1969). La violencia narrada por Elías es la suma de pulsiones, sueños e ideales de los sujetos en busca de una identidad que dé sentido a sus vidas. La violencia nunca es producto de individuos o personas, es producto de sociedades que recurren a él como lenguaje universal para restablecer el orden, o un diálogo interrumpido. Los seres humanos no son civilizados por naturaleza, pero tienen por naturaleza una disposición que, bajo ciertas condiciones, hace posible una civilización, es decir, una autorregulación individual de impulsos conductuales momentáneos basados en pulsiones y afectos, o a una redirección de esos impulsos. De ninguna manera es correcto decir que el instinto de agresividad disminuye a lo largo del proceso de civilización. Hay un cambio en el equilibrio entre las limitaciones externas y la autolimitación a favor de estas últimas y, de esta manera, cambia toda la estructura de la identidad. En otras palabras, cambia la sensibilidad social hacia la violencia. Para Elías la superación de algunos rasgos de la acción violenta, tanto en sus formas interpersonales como estructurales es la principal propiedad del Proceso de Civilización, como lo es el proceso de constitución del Estado moderno. La pacificación de la sociedad a través de una “expropiación” de la violencia personal a favor del monopolio de la violencia estatal, sustentada en la aparición de sentimientos como la vergüenza y la aversión a la violencia, combinados con la confianza social hacia las estructuras estatales, sustenta el aumento de la autocontrol mediante la imposición de restricciones internas y externas a la agresión humana (Clement, Mennell 2020).

El proceso civilizatorio describe un cambio en el comportamiento de los sujetos que pasan de verse obligados a entregarse a la violencia hacia una autorregulación que tiende a la pacificación: un proceso moral , cognitivo y emocional al mismo tiempo. Para que el proceso civilizatorio pueda dar sus frutos, debe poder ser, al menos en la mente de los individuos de una sociedad, portador de mayores ganancias que los costos que requiere, el deseo de autolimitarse y el autocontrol debe estar profundamente arraigado para permitir que se superen las dificultades naturales del cambio social sin que los grupos se desintegren. Elías con gran sabiduría trató de demostrar cómo para comprender este fenómeno es necesario afrontar un esfuerzo de síntesis entre "naturaleza" y "cultura". La violencia sigue siendo un impulso, la violencia directa se convierte en violencia cultural o simbólica en algunos casos, existen justificaciones que la hacen lícita, se convierte en una herramienta útil para la afirmación identitaria de los grupos.

Una representación social de los hechos (Moscovici 1993) produce y mantiene sentimientos heroicos que fascinan a los que se sienten llamados a misiones superiores a través de la violencia. La violencia social se exprime en una fusión mística, en una sola identidad colectiva, tan fuerte que puede exigir sacrificios individuales y grupales. Se trata de personas que parecen estar animadas por la esperanza desesperada de una redención que sólo podría ser posible si la causa o el país en el que viven puede reconfigurarse a través de un sacrificio. En las mayoría de los casos la violencia, sobre todo de grupo está asociada a la figura de los jóvenes. Para Elías, los jóvenes (y en esta parte de su investigación, los terroristas) necesitan al menos tres cosas: proyección de futuro, un grupo de iguales que les ofrezca cierto sentimiento de pertenencia (Corvino 2021) en un mundo donde las diferencias entre generaciones son enormes, y un ideal o una meta que tenga sentido para sus vidas y que es incluso superior a la vida misma. La creación de identidades personales y colectivas, la necesidad de diálogo y la búsqueda de sentido se buscan y persiguen por cualquier medio, incluso con violencia directa, cultural y simbólica. Cuando la realidad les muestra a estos jóvenes que todo está perdido el sueño se convierte en una búsqueda violenta que glorifica la brutalidad. El sueño revela que no es más que un sueño. El desencanto se combate a través de la violencia como herramienta de imposición de la realidad: “Me parece que los terroristas de nuestros días también siguieron una época de deseo profundo. En los años había un floreciente movimiento marxista que, en lo esencial, no era violento. Hubo el emerger rápido y ligero del movimiento estudiantil del año 1968, y el terrorismo empezó en el momento en el que resultó ser sólo un sueño; en este caso, no el sueño de lograr una victoria, sino el sueño de hacer una revolución. Un sueño no se abandona tan fácilmente: sigue existiendo, uno está atado al sueño. Porque es imposible hacer soñar con la violencia, es imposible hacerlo con medios pacíficos” (Elías 1994: 149).

El impacto que la corrupción y la impunidad tienen sobre la violencia, en la medida en que ni la violencia ni el acto de corrupción, que de hecho permite que no sea sancionada, la impunidad se convierte en un contexto que incentiva al perpetrador a seguir cometiendo los mismos actos violentos, a seguir cometiendo actos de corrupción, y a las víctimas a cometer nuevas violaciones para protegerse.

Esquema 1. Interacción entre corrupción, violaciones a los derechos humanos e impunidad que se puede aplicar también a la violencia

Fuente: Ortiz, Vázquez (2020)

“Son varios los países del mosaico latinoamericano que han incorporado la securitización en la seguridad pública […] que goza de todas las características de guerra convencional; el discurso gubernamental niega la guerra y la reduce a un conflicto interno entre terroristas y el Estado, pero a este último se le agrega además la sociedad. El asunto del terrorismo tiende un velo que aún no han podido dilucidar los especialistas y los promotores de la violencia securitizada, porque no hay una definición ni tipologización sobre el terrorista, sólo la imputación es suficiente para detener a cualquier persona porque tiene perfil, pesa sobre él la sospecha o simplemente la fiscalía decide que es terrorista y hay que abrirle proceso judicial cuando es detenido el presunto delincuente” (Salazar, Rojas 2011, 33).

Esta Guerra de Baja Intensidad puesta bajo vigilancia y control de los cuerpos armados es un asunto de carácter político aplicada en temas considerados amenazas y ataques que vulneran la integridad del Estado. Indudablemente, la incorporación de la securitización como ejercicio preventivo de la policía orilla a la sociedad a un estado de guerra donde no hay seguridad en cuanto derecho natural. Ese Estado que tiene la capacidad para usar la fuerza, pero que permite la corrupción e impunidad y la invasión en la vida privada (Salazar, 2006) para asegurar aquellos derechos que no garantiza. Ese Estado se convierte en fuente de ingobernabilidad, como dice Guillermo O´Donnell, a la democracia en la frontera del autoritarismo. El miedo como factor político de control social sirve entonces para neutralizar ¿cual adversario? “La herramienta del miedo es un componente del biopoder, donde el control desde el Estado es tal que debilita la psique humana y la encierra en un cuerpo sin ánimo ni disposición de libertad; la angustia aparece como síntoma del auto-encierro e imposibilita a las personas otear el escenario primario que día tras día se presenta para obtener sus satisfactores cotidianos […] estamos ante una política de profilaxis social que busca incesantemente eliminar a todo opositor bajo el estigma de terrorista” (Salazar, Rojas 2011, 39).

En una sociedad reprimida es muy posible que se vaya a luchar contra el orden impuesto. El sueño de la libertad, de un nuevo orden y una nueva identidad va a apresurar con violencia contra el estado de las cosas. Como ya afirmaron Kilminister y Wouters (1995), Maso (1995: 140) “la imagen del ser humano es el principal obstáculo para aplicar un modelo radicalmente relacional en la investigación sociológica” y es precisamente este el punto sobre el que se necesitará más investigación. La imagen hiper-racionalizada del ser humano (D'Andrea 2020) no favorece el florecimiento de razonamientos complejos que pueden incluir los aportes de la psicología, los estudios culturales y literarios que ya utilizaba Elías. Fragmentando el tema solo puede conducir a elaboraciones parciales y respuestas engañosas (Small 2021). Para mirar los procesos sociales con nuevos ojos, será necesario superar la dicotomía naturaleza/cultura del paradigma de la Modernidad (Morin, 2001) para favorecer una concepción compleja del ser humano que recupere lo múltiple dimensiones.

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Palabras clave:

violencia, civilización, poder

#01310 | ESTUDIO DE LA VIOLENCIA COLECTIVA DESDE UNA ETNOGRAFÍA DEL EXPEDIENTE JUDICIAL. &nbs

Salvador OLIDEN ¹
1 - Universidad Mayor de San Simón.

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Resumen de la Ponencia:
El expediente judicial, visto desde la antropología jurídica en un contexto de pluralidad e interculturalidad y en tiempos de pandemia, nos permite de la mano de la etnografía, transitar en sus fojas y encontrar a partir de ellas, la trama, drama y vicisitudes de la vida de las personas que se constituyen en partes de un proceso penal sobre violencia colectiva (linchamiento) y la transformación forzada, de este hecho socio cultural, en varios y distintos tipos penales (delitos) en los tribunales ordinarios de justicia.En esa finalidad, desde el enfoque cualitativo, el objetivo de la presente investigación radica en realizar la reconstrucción de un caso de violencia colectiva, ocurrido en las periferias urbanas de la zona Metropolitana del Departamento de Cochabamba, del Estado Plurinacional de Bolivia, en y desde una etnografía del expediente judicial, sin el desplazamiento al terreno donde se suscitan esos hechos de violencia, por restricciones de la pandemia del Covid-19, con la finalidad de denotar los factores que intervienen en esa transformación (del hecho sociocultural en hecho penal) en la jurisdicción ordinaria.La propuesta de la etnografía del expediente judicial, consiste en la estructuración y aplicación de guías y códigos culturales metodológicos para el estudio de casos de violencia colectiva en tiempos de pandemia, y tiene la finalidad de fortalecer la “descripción densa” (Geertz, 2003), en ausencia de desplazamiento al terreno sociocultural de los hechos.Los resultados, desde la metodología propuesta de la etnografía del expediente judicial en tiempos de pandemia, sobre un caso de violencia colectiva, revelan hallazgos preliminares de: Primero; el uso y aceptación, en los estrados judiciales, de ciertas prácticas o normas no escritas que conviven con los actos de la burocracia jurídica sostenida por las normas positivas; es decir la implicancia de las normas prácticas (Olivier de Sardan, 2008) con las normas jurídicas, que inducen en el tratamiento del linchamiento y en su subsunción forzada de ese hecho en distintos en delitos.Segundo; prevalece, desde la mirada intra e intercultural, “la disputa por el monopolio del derecho a decir el Derecho” Bourdieu (2000), tanto en la de-construcción de la verdad histórica de los hechos, a través de los actos y actuados procesales; así como en la transformación de este hecho socio cultural en varios y distintos tipos penales (delitos).Tercero; la violencia colectiva, por su tratamiento tanto en el texto y en su contexto plural e intercultural, se va constituyendo en un intersticio del Pluralismo jurídico, generando con ello el surgimiento, en la doctrina y la onticidad, de un otro derecho, por ahora denominado un “No-derecho”.

#01494 | Violencia, criminalidad y elecciones en México. Hacia una nueva comprensión de la violencia política en el siglo xxi.

Cristopher Mejía Rosas ¹
1 - Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vélez Pliego"..

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Resumen de la Ponencia:

Título: Violencia política, criminalidad y elecciones en Puebla 2017-2018.

Autor: Cristopher Mejía Rosas.

Correo electrónico: cristo041995@gmail.com.

Institución: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

País: México.

Abstract.
The relationship between violence, coercion and criminality has been a constant in the electoral scenarios of the last decades in the Mexican State. The electoral elections in 2018 were a clear sign of an abundant presence of political violence and were characterized by the renewal of different positions of popular representation, among which are: the federal executive branch of Mexico, 9 Governorships, 300 Provincial Councils with a majority relative, 200 proportional representation councils, 64 relative majority senates, 32 proportional representation senates, 32 first minority senates, municipal councils and local congresses. The political violence that manifested itself in the electoral process affected militants, sympathizers, citizens, and candidates of all political parties. Given this, the objective of this work will be to present a theoretical interpretation of the recent characteristics of political violence that show that the State is not the only entity with the capacity to exercise violence with legitimacy, as can be observed in the state gaps that have been covered. by criminal organizations that associated with political actors and state authorities contribute to the preservation of political power and have acquired the ability to filter their (often illicit) interests into the state administration of violence. The complex clandestine interactions between political actors, state authorities, and criminals have been concentrated in municipal spheres, which have become the propitious scenario for violent disputes to obtain and preserve political power.

Resumen.
La relación entre violencia, coerción y criminalidad ha sido una constante en los escenarios electorales de las últimas décadas en el Estado mexicano. Los comicios electorales en el año 2018 fueron muestra clara de una presencia abundante de violencia política y se caracterizaron por la renovación de distintos cargos de representación popular, entre los que se encuentran: el poder ejecutivo federal de México,9 Gubernaturas, 300 Diputaciones de mayoría relativa, 200 diputaciones de representación proporcional, 64 Senadurías de mayoría relativa, 32 senadurías de representación proporcional, 32 senadurías de primera minoría,Ayuntamientos Municipales y Congresos locales. La violencia política que se manifestó en el proceso electoral afectó a militantes, simpatizantes, ciudadanos y candidatos de todos los partidos políticos. Ante ello, el objetivo del presente trabajo será presentar una interpretación teórica de las características recientes de la violencia política que muestran que el Estado no es el único ente con capacidad para ejercer la violencia con legitimidad como puede observarse en los vacíos estatales que han sido cubiertos por organizaciones criminales que asociados con actores políticos y autoridades estatales contribuyen a la preservación del poder político y han adquirido la capacidad para filtrar sus intereses (a menudo ilícitos) en la administración estatal de la violencia. Las complejas interacciones clandestinas entre actores políticos, autoridades estatales y criminales se han concentrado en ámbitos municipales que ha sido convertido en el escenario propicio para las disputas violentas por la obtención y preservación del poder político.

Introducción:

El 1 de julio del 2018 se llevaron a cabo comicios electorales para elegir al poder ejecutivo federalde México, 9 Gubernaturas, 300 Diputaciones de mayoría relativa, 200 diputaciones de representación proporcional, 64 Senadurías de mayoría relativa, 32 senadurías de representación proporcional, 32 senadurías de primera minoría,Ayuntamientos Municipales y Congresos locales. El proceso electoral resultó en la victoria para el partido de MORENA, que ganó en la mayoría de los puestos disputados. No obstante, la elección se desarrolló en medio de una oleada de violencia política que se expresó en asesinatos, atentados, asaltos armados, amenazas, robos de información, torturas, secuestros, dañosa propiedad privada y heridos por agresiones físicas en contra de simpatizantes, militantes y candidatos políticos.
Muestra de lo anterior es la exploración realizada por la Revista Proceso (2018), en la cual señala que a partir del “8 de septiembre de 2017, cuando inició el proceso electoral, alprimero de julio2018, se registraron 774 agresiones contrapolíticos; 152 de ellos fueron asesinados, 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección popular” (pág. 1). El Estado de Puebla resaltó por el proceso de violencia con mayor cantidad de víctimas y, en consecuencia, los resultados terminaron por otorgarle una dudosa victoriaa Marta Érika Alonso Hidalgo del Partido Acción Nacional (PAN) que provocó la impugnación electoral por el partido opositor (MORENA) que concluyó el 8 de diciembre del 2018, fecha en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la victoria de la candidata del PAN en las elecciones de la Gubernatura.
El fenómeno se manifestó en contra de candidatos políticos, militantes y simpatizantes de todos los partidos políticos, funcionarios y en contra de ciudadanos inmersos en la contienda electoral. Por consiguiente, la presente investigación sostiene que el desenlace violento del proceso electoral en Puebla corresponde con las interaccionesclandestinas que se han articulado en el ámbitomunicipal y se distingue la presencia de múltiples actores (políticos y criminales) que disputan el control social de territorios y la preservación del poder político. En consecuencia, el municipio se ha convertido en el escenario propicio para el despliegue de la violencia política debido a las interacciones entre actores criminales, actores políticos y organizaciones sociales que emplean la violencia para reprimir la presencia de actores que representan una amenaza a sus intereses.

El primer caso registrado desde el comienzodel proceso electoral en Puebla se remite al asesinato de Germán Villalba Luna, aspirante por parte de MORENA a la alcaldía del municipio de Zacatlán que se ubica en zonas distinguidas por la prevalencia de operaciones criminales dedicadas al robo de combustible (Animal Político, 2018). El caso se suma a la identificación del estado de Puebla por la concentración de actividades ilícitas relacionadas con la extracción ilegal de combustible a causa de la complicidad de actores estatales (funcionarios públicos) en los municipios que albergan territorios atravesados por ductos de PEMEX y gas LP, con los intereses exacerbados de las organizaciones criminales que se han aferrado en regiones aledañas. Las investigaciones impulsadas por familiares de la víctima no resolvieron la identificación de los responsables, toda vez que el caso no registra amenazas previas a la víctima, sin embargo, las características del asesinato (ocurrido en pleno día, durante su traslado en carretera) muestran que fue planificado y coordinado por actores que vieron amenazados sus intereses con la posible victoria electoral de la víctima. Los casos que continuaron presentándose en Puebla destacan por la preponderancia de asesinatos en contra de alcaldes y funcionarios públicos ubicados en municipios que albergan altos índicesde actividad delictiva enfocada a la extracción de combustible robado (huachicol), secuestro, robos armados y tráfico de productos ilícitos.
El problema a examinar en la presenteinvestigación es de carácter coyuntural y centra la atenciónen el ámbito local, por lo cual, las fuentes de investigación (institucionales y académicas) son escazas en cuanto al sustento empírico de la interpretación teórica del fenómeno. Las instituciones facultadas para registrar y atender las denuncias sobre actos de la violencia política no contienen un registro de ello, y si lo tienen, no corresponde con los acontecimientos. El desarrollo del presente trabajoimplicó la solicitud de información sobre los casos de denuncias de violencia política a la Fiscalía especializada en delitos electorales y a la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado (IEE). Las autoridades de la primerainstitución mencionada aludenque el fenómeno es un tema que se está discutiendo recientemente para su legislación, motivopor lo cual no existe registro alguno.El IEE (2018) registra una cifra mínima de 16 quejas de violencia política por razón de género y no corresponde con los casos registrados en la prensa. Por consiguiente, la interpretación del fenómeno se sustenta en la investigación hemerográfica y en las investigaciones centradas en el sistema político mexicano.

Las investigaciones que se han realizado sobre la violencia política en la historia reciente del estado mexicano identifican la participación de actores ajenos al Estado en el ejercicio de la violencia y en el control electoral de la población. Muestra de ello, es la investigación desarrollada por Kathy Powell (2012) quien considera que la implementación del modelo económico neoliberal en México ha acentuado las relaciones de poder que han sustentado las prácticas políticas clientelares de la política electoral y han tolerado la participación violenta del crimenque reafirma sus intereses en la formade gobierno (Powell 2012). Esta perspectiva contempla la democratización de las instituciones estatales que permitieron la competencia electoral y derivó en la llegada al poder políticode nuevas elites políticas provenientes del Partido Acción Nacional (PAN). Esto supone que la democratización de las instituciones permitió el asentamiento de alianzas entre actores estatales y criminales en la políticalocal debido a la fracturadel control de la políticanacional que caracterizó a la política tradicional.
La perspectiva de John Gledhill (2016) vislumbra la presencia del fenómeno como una consecuencia de las relaciones cada vez más difusas entre el Estado, la criminalidad y las configuraciones en la economía nacional. Esto considera la proliferación de relaciones difusas entre actores criminales y actores políticos en dimensiones federales, estatales y municipales. Por consiguiente, los asesinatos políticosen las últimas décadas se comprenden como resultado de la tolerancia a las operaciones criminales que sirvieron de apoyo a los grupos políticos para la preservación del poder político y superaron la capacidad represiva del Estado porquehan enfocado sus intereses en el controlsocial y políticode los territorios.
Las aportaciones de Pilar Calveiro (2012) muestran que las declaraciones de guerra contra el narcotráfico resultan funcionales para favorecer los intereses transnacionales de la economía ilícita, las formas de organización, acumulación y concentración de riqueza en el contexto del neoliberalismo. Esto implica la intervención armada del Estado en cualquier región para promover los intereses de una organización criminal y despojar aquellas que no corresponden con los interesesde las élites y tambiénpara tolerar las operaciones del crimen en regiones donde se cuestionael orden que trata de imponerse con la llegada de una nueva

elite al poderpolítico. Es posible asociar esta perspectiva con los intereses que se encuentran plasmados en las más altas cúspides del sistema financiero y en las alianzas de la política internacional que toleran la expansión criminal de ciertos grupos en algunas regiones del mundo. Por consiguiente, las perspectivas que influyen en la presente investigación coinciden en que actualmente no se observanlas mismas medidasrepresivas implementados por los Estado autoritarios que se observaron en el contexto de las dictaduras militares o en el Estado autoritario de partido en México, sino que, es posible vislumbrar la proliferación de alianzas entreactores estatales y actores criminales que se han plasmado desde el ámbito municipal hasta las más altas esferas gubernamentales.
Es posible discernirla articulación de mecanismos represivos que han sido asumidos por élites políticas que disputan o preservan el poder político en el ámbito local. Las teorizaciones relativamente recientes sobre la vinculación entre violencia política y criminalidad resultan de utilidad para interpretar la presencia del fenómeno en los distintos municipios del Estado de Puebla. La información recopilada en el presentetrabajo demuestra que los distintos niveles del Estado se pueden confundir con el crimen organizado, provocando la aparición de las fronteras borrosas en donde las distinciones entre actores políticos, ciudadanos y actores perpetradores de la violencia se difuminan. Esta perspectiva coloca en tensión la concepción del Estado como el monopolio del ejercicio de la violencia legítima porque la realidad del ámbito municipal en Puebla demuestra que el asentamiento de grupos criminales en los distintos municipios donde se manifestó el fenómeno, permite que estos grupos la ejerzan de manera ilegítima alcanzando un férreo control de las instituciones locales.

Desarrollo:

La presente investigación comprende la violencia política electoral como una subcategoría que expresa las manifestaciones de la violencia en escenarios electorales. Sin embargo, el abordaje teórico y empírico del fenómeno muestra que es necesario superar las concepciones clásicas de la violencia política que la comprendieron desde su ejercicio estatal en contra de opositores, toda vez que el escenario electoral en México, particularmente en el estado de Puebla, demuestran la presencia de diversos actores no estatales que ejercen la violencia con el objetivo de disputar o preservar el poder político. Por consiguiente, la configuración de la violencia política en la actualidad responde a los reajustes de la políticaeconómica mundial (implementación del neoliberalismo) que se caracterizaron por la reducción de la intervención estatal en la gestión productiva y la reconfiguración de la políticanacional que desembocó en la descentralización del poder político controlado históricamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)[1]. La descentralización política en el ámbito nacional derivó en la concentración del poder político en ámbitos locales con el arribo al poder estatal por grupos políticos opositores al PRI en distintasregiones del país. El estado de Puebla es muestra clara de la cohesión del poder político en ámbitos locales con el arribo al poder estatal por Rafael Moreno Valle Rosas[2] que a través de la articulación de alianzas del gobernante con los grupos empresariales y políticos más influyentes (en los distintos municipios que integran la región) instaló un régimen que se caracterizó por las prácticas autoritarias en contra de opositores a la forma de gobierno que priorizó la inversión transnacional y destacó por la omisión gubernamental para controlar acciones delincuenciales y toleró la vinculación de funcionarios públicos con actores criminales.
El presente trabajo propone el análisis de la violencia política a partir del impacto de la configuración política del contexto nacional en los escenarios de la políticaelectoral en el estado de puebla y la conformación de un régimen que destacó por una fuerte presencia para reprimir movimientos sociales opositores y una ausencia ante el auge criminal. Es posible sostener que el nuevo régimen en Puebla mantuvo diversas redes de complicidad con organizaciones criminales y favoreció el auge de la violencia criminal para controlar, orientar y reducir la participación política de la sociedad a razones meramente electorales en beneficio de la élite en el poder. Las diferentes escalas de complicidad estatal se identifican en la colaboración de funcionaros públicos y alcaldes municipales allegados al gobernador con las redes criminales emergentes para beneficiarse de su ejercicio de la violencia en periodos electorales y la obtención de ganancias ilícitas. A ello se agrega la reactualización de redes clientelares y el favorecimiento a las nuevas formas de acumulación neo-extractivistas en las regiones caracterizadas por la amplia dimensión de recursos naturales[3].
Aunado a lo anterior, es importante destacar que la conformación autoritaria del régimen en Puebla corresponde con la historia política de la región que se caracteriza por la figura autoritaria del gobernante y sus redes clientelares y corporativas con caciques municipales, empresarios locales y control autoritario de recursos públicos para favorecer a liderazgos políticos y organizaciones afines a su beneficio. En ese sentido, las características del nuevo régimen se distinguen por la actualización de las redes clientelares en el autoritarismo del régimen que mantuvo el posicionamiento de familiares y allegados al gobernante en los principales cargos del servicio público, así como también se colocaron miembros allegados al gobernante en el control y creación de partidos locales y favoreció perfiles políticos para posicionarlos como candidatos políticos en las presidencias municipales. A lo anterior se agrega también la presencia de inversiones transnacionales que fueron respaldadas por la administración gubernamental y les permitió la explotación de recursos naturales, lo cual generó una respuesta por parte de las poblaciones afectadas mediante manifestaciones y denuncias legales y públicas ante la respuesta represiva del gobernante que desplazó la fuerza policiaca para reprimir la movilización de forma legítima mediante las legalización de la represión bajo el concepto renombrado en la prensa como “ley bala”[4] que consistió en la legalización del uso de las armas para la represión de la protesta social (Gonzales y Zilli, 2017).
Por otra parte, la represión de opositores se complementó con el auge de prácticas delincuenciales que evidenciaron la nula atención gubernamental en la contención del crimen. Muestra de ello son los datos acumulados por el InstitutoNacional de Estadística y Geografía (INEGI) que para el 2013 registra un aumento de la incidencia delictivacon 31, 662 casos. Por consiguiente, los resultados de la política autoritaria del régimen se caracterizó por el atropello de los Derechos humanos respecto a la cantidad de presos políticos, confrontación armada o violenta contra protestas sociales, imposición de proyectos destructores que atentaron contra las condiciones ambientales de vida en distintas regiones del Estado, el incremento sin límite de prácticas delincuenciales, y el incremento de la brecha de desigualdad social provocada por la reducción del gasto público y la priorización del gobierno en obtener ganancias de las inversiones transnacionales.
A lo anterior se agrega la complicidad del régimen autoritario con la criminalidad que se hizo cada vez más notoria en la vinculación de actores políticos allegados al gobernante con organizaciones criminales, tal como se advierte en la detención de Eukid Castañón Herrera, exlegislador local y federal y, uno de los principales operadores del morenovallismo detenido a causa de delitos de falsedad e informes dados a la autoridad, espionaje, delito de extorsión y enriquecimiento ilícito (La Jornada 2022). Al caso anterior se suman 7 casos de políticos asociados a bandas criminales dedicadas al robo de combustible, comprendido coloquialmente como “huachicoleo”[5], entre los que se encuentran: el caso de Ignacio Salvador Hernández, alcalde del municipio de Ajalpan, quien solicitó licencia por 90 días luego de que se confirmara en una investigación sus nexos con Juan Miguel Cervantes Álvarez (conocido como “el momo”) identificado como líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien alberga gran parte de su historial delictivo en Puebla sin deslindarse de operaciones criminales en Orizaba, Veracruz dedicadas al narcotráfico, extorsión y robo y venta ilegal de hidrocarburos (Diario cambio, 2020);
Los casos de sospecha e investigación judicial contra diputados locales por posibles vínculos con bandas criminales dedicadas al robo de combustibles refieren a: Sergio Moreno Valle, exdiputado local a quien se le ha relacionado con actividades ilícitas a causa de haber certificado propiedades a favor del empresario Othón Muñoz Bravo quien fue investigado por supuestas actividades huachicoleras y liberado poco después a falta de pruebas(Diario cambio, 2017 ) A ello se agrega el caso de Manuel Pozos Cruz notario y ex diputado local por el partido Compromiso por Puebla, quien fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras adjudicársele recursos ilícitos por más de 332 millones de pesos obtenidos por la presunta venta de combustible robado (Diario cambio, 2020). Finalmente, se agregan los casos de alcaldes municipales ligados al crimen: el expresidente municipal de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde quien fue relacionado con el robo de combustible en el año 2017 debido a diversas irregularidades encontradas en las gasolineras que tenía en su posesión y liberado tiempo después a falta de pruebas (Angulo 7, 2018); José Isaías Velázquez Reyes ex alcalde de Atzitzintla, apresado por su relación con líder criminal dedicado al huachicoleo; José Luis Rechy, ex edil de Cuyoaco, quien tuvo una investigación en su contra e inclusive se le suspendió el permiso de una de sus estaciones de servicio al detectarse irregulares en la comercialización de combustible y anomalías fiscales; Genaro Negrete Urbano, ex presidente de Naupan relacionado con el robo de combustible mediante la imposición de retenes que permitieron y agilizaron el paso de los vehículos huachicoleros (Diario cambio, 2022).
En consecuencia, la concentración y centralización del poder estatal en Puebla permitió disponer del marco jurídico para legitimar las acciones represivas de gobierno y a su vez, permitió vínculos de actores políticos afines con las extensas redes criminales, dedicadas a la extracción ilegal de combustible. Por consecuencia, las diversas redes de complicidad estatal con criminales y las acciones represivas del gobernador son los principales factores que posicionaron al Estado de Puebla entre los primeros lugares de entidades con altos índices de violencia política que comprendió asesinatos, atentados, secuestros, desaparición forzada, amenazas (telefónicas y presenciales) y asaltos en contra de militantes, simpatizantes, funcionarios públicos, y en general, en contra de los votantes. La figura 1 ilustra la comparativa de casos de violencia política que involucran las características ya mencionadas y posiciona al Estado de Puebla con la mayor cantidad de casos. Dicho sea de paso, la cantidad de casos disparada en Puebla también se debe a que un gran número de actores políticos pertenecientes al grupo opositor (Partido MORENA) recibieron amenazas telefónicas constantes.

Figura 1. Número de casos de violencia política por entidad.
Fuente: Elaboración propia con base a los casos reportados por la prensa nacional.

La figura 1 fue elaborada mediante la recopilación y agrupación de las notas de prensa en los distintos medios informativos nacionales y locales que fueron contrastados para garantizar la imparcialidad de la investigación. El rastreo hemerográfico siguela temporalidad de la declaración oficial del Instituto Electoral del Estado (IEE) sobre elcomienzo general del Proceso ElectoralEstatal Ordinario a partir del día 31 de octubredel año 2017 hasta el 8 de diciembre del 2018, fecha en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la victoria de Martha Erika Alonso Hidalgo en las elecciones de la Gubernatura. Cabe destacar que la identificación de los casos de violencia política electoral se realizó a través del reconocimiento de la víctima (asesinatos, atentados, secuestros, desaparición forzada, amenazas y asaltos) inmersa en el contexto electoral.
El desenlace de los últimosprocesos electorales en el Estadode Puebla ha destacado por las expresiones de la violencia política que no corresponde a las operaciones de una expresión partidista en particular, sino a la interacción de múltiples actoresque disputan la permanencia de diversos intereses en relacióncon prácticas criminales, el control socialde territorios y la preservación del poder político estatal. La figura 2 ilustra la afectación de la violencia política en partidos políticos y funcionarios públicos asesinados durante la contienda electoral del 2018.
Figura 2. Total de asesinatos por partido políticos y funcionarios públicos.
Fuente: Elaboración propia con base a los casos reportados por la prensa local.

El Municipio es el área que concentra las interacciones entre actores criminales, organizaciones sociales y funcionarios públicos que coordinan a los especialistas de la violencia para reprimir la presencia de grupos políticos y sociales opositores que representan una amenaza a los diversos intereses y utilizan la plataforma del partido para disputar el poder político estatal. En ese sentido, la región que albergó la mayor cantidad de casos de violencia política fueron los municipios ubicados en el “triángulo rojo”, denominado así debido a la prevalencia de grupos criminales dedicados al robo combustible que mantienen un férreo control operativo en la zona y han alcanzado la capacidad para controlar el poder municipal a través de la negociación con alcaldes y funcionarios públicos. No es casualidad que en 2022 el Estado de Puebla fue considerado como el primer lugar nacional en conexiones ilegales de gas LP y extracción de hidrocarburos y la ordeña en los municipios de Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo, Tecamachalco y Acajete y desde el 2015 se consideró que el número de tomas clandestinas se incrementó incontrolablemente, mezclada con otras actividades ilícitas como robos a camiones de carga, homicidios y secuestros (El universal Puebla, 2022). En ese sentido resulta necesario desarrollar una interpretación que trascienda las conceptualizaciones tradicionales de las Ciencias Sociales que redujeron la comprensión de la violencia política y muchos otros fenómenos sociales a la mera intervención del Estado, obscureciendo las interacciones que se esconden detrás de las redes de complicidad entre los diversos actores (estatales, criminales, ciudadanos y organizaciones sociales) que intervienen en el desenlace colectivo y organizado de la violencia.

[1] Los antecedentes históricos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se caracterizan por la aparicióndel corporativismo que conglomeró a diversos grupos políticos, como sindicatos y pequeños partidos locales, en una sola organización política que funcionaba para designar la ocupación de cargos públicos.
[2] La victoria electoral de Rafael Moreno Valle Rosas ocurrió en las elecciones del 2010 por el Partido Acción Nacional (PAN), opositor a la tradición priista del régimen político de Puebla.
[3] Es importante destacar que durante la administración del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas se generaron la mayor cantidad de concesiones a mineras canadienses que buscaron la extracción de minerales en la sierra norte del Estado.
[4] La Ley Bala entró en vigor el 19 de mayo del 2014. El argumento legal se expresócomo: “Ley para proteger los Derechos Humanos y regularel uso legítimo de la fuerza pública”.El tercer punto enunciaba el uso de armas incapacitantes no letales y el cuarto rubro permitía el uso de armas de fuego para legítima defensa de la vida.

[5] El huachicoleo se define por la Real Academia Española como la sustracción de combustible de manera ilegal utilizando tomas improvisadas en algunos de los oleoductos que se encuentran en el país.

Conclusiones:

El presente trabajo es la continuidad de la investigación realizada en los estudios de Maestría que ha explorado la relación entre violencia política y el fenómeno de la criminalidad en el contexto de elecciones para explicar el entrecruzamiento entre crimen organizado y gobiernos municipales del estado de Puebla. De esta manera, el proyecto abarca perspectivas de investigación sugerentes para examinar problematizaciones poco desarrolladas en el marco de la Ciencia Política y la Sociología Política. El proyecto se propone superar las restricciones académicas que han enmarcado el análisis del fenómeno a la correlación de variables coyunturales (cargos disputados) que coinciden en los escenarios electorales violentos y destacan la magnitud de elecciones locales como la causa principal del fenómeno (Alvarado, 2019). Así mismo, el trabajo busca desarrollar hallazgos científicos que alumbren las causas estructurales de las nuevas características de la violencia política para la superación de la perspectiva que asocia la causa del fenómeno a la escaza o nula intervención estatal en la contención de acciones violentas en los comicios electorales (Coutiño, 2020).
La relevancia teórica de la presente propuesta de investigación se encuentra en la pretensión de superar las definiciones clásicas que asociaron la concepción la violencia a las acciones represivas del Estado que se ejercen en contra de organizaciones insurgentes y opositores políticos. Bobbio, Matteucci y Pasquino (2008) definen la violencia como la destrucción de los adversarios políticos para situarlos en la imposibilidad física de actuar con eficacia, a menudo tiene un objetivo psicológico indirecto y en ciertos casos tiende a la destrucción del enemigo para doblegar la resistencia y su voluntad. Aunado a lo anterior, el trabajo sostiene que la violencia política debe comprenderse en consideración de actos violentos ejercidos en procesos electorales por especialistas de la violencia contratados por actores estatales para la preservación del poder político y la distinción de actores criminales que ejercen la violencia para disputar el control de gobiernos locales para la satisfacción de sus intereses ilícitos.
El presente trabajo propone el desarrollo de nuevas instigaciones sobre la violencia política sustentadas en una metodología más integrada en la recolección de los casos y retoma la diversidad de fuentes periodísticas que describen y permiten la contabilización de los casos. Sin embargo, la revisión documental se complementa con el análisis socio histórico que ubica la articulación y configuración de nuevos mecanismos de coerción social causada por las complejas interacciones entre actores estatales y actores criminales asentadas en ámbitos locales y en las distintas esferas de la política nacional mexicana. Esta propuesta comprende los reajustes en la política nacional e internacional en el contexto de implementación del neoliberalismo en México que debilitó el control político del Estado y facilitó la democratización de instituciones estatales y generó la alternancia política con el arribo del PAN al poder nacional.
La perspectiva teórica de la investigación sugiere que los escenarios de violencia política electoral en regiones del Estado mexicano se caracterizan por la presencia de elites políticas represivas y pueden explicarse mediante la concepción del autoritarismo subnacional que comprende a gobiernos autoritarios locales que emplean medidas represivas en contra de opositores y se muestran omisos para contener las prácticas delincuenciales (Gibson, 2012). De esta manera, se examina la conformación de alianzas (actores estatales, criminales y no criminales) asentadas en las distintas regiones del país y se analizan los nuevos mecanismos represivos empleados por las elites locales para la preservación del poder político. La revisión de investigaciones que abundan sobre la relación entre violencia, criminalidad y Estado contribuye a la formulación de marcos explicativos a la correlación de fuerzas políticas y las redes de corrupción en el contexto latinoamericano que influyen en el desenlace violento de escenarios electorales.
El desarrollo del proyecto en los estudios de Doctorado es pertinente porque propone teorías explicativas sobre la realidad política del Estado mexicano a través de categorías que priorizan el estudio de la disolución de antiguas certezas distintivas (criminales y autoridades estatales) provocadas por la entrada del nuevo orden económico neoliberal, la emergencia de actores que se entrelazan y confunden con actores e instancias estatales, la presencia represiva del Estado y a su vez su ausencia en distintos ámbitos.
Las expectativas de la presente investigación ofrecen marcos teóricos de interpretación del fenómeno que ha destacado su manifestación no solo en México, si no en Latinoamérica que también se ha distinguido por la configuración de escenarios violentos en los recientes procesos electorales de la región. El tema que abarca el presente trabajo es una herramienta fundamental para conectar experiencias de organización y movilización social que se concretizan en la participación ciudadana en procesos electorales con el desarrollo de un nuevo marco teórico explicativo de escenarios electorales violentos. Por consecuencia, la realización de la investigación contribuye a la reflexión, el análisis y la comprensión de los fenómenos sociales asociados a la violencia política que han dañado gravemente la construcción de una democracia eficaz, ciudadana y participativa. Esto permite aportar en la construcción de mecanismos de convivencia ciudadana en donde predomine la ética, el respeto a la diversidad ideológica y el ejercicio del derecho al voto libre e informado.

Bibliografía:

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Hemerografía principal.

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Revista Proceso. https://www.proceso.com.mx/ (septiembre, 2017 – diciembre, 2018).

Palabras clave:

Violencia política, criminalidad, elecciones, criminalidad.

#01725 | Contexto social y bullying en preparatorias rurales. México

Rosalva Ruiz Ramírez ¹ ; José Luis García Cué ² ; Fortunato Ruiz Martínez ¹ ; Emma Zapata Martelo ²
1 - Universidad Autónoma de Sinaloa. 2 - Colegio de Postgraduados.

[ver]

Resumen de la Ponencia:

El bullying se define como cualquier tipo de agresión (física, verbal, psicológica, social o cibernética) que un estudiante o docente sufre (víctima) o práctica (acosador/a) repetidamente a lo largo de determinado tiempo (Ruiz-Ramírez et al., 2016). Para las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Educación Pública (SEP) (2007) una de las principales causas es la violencia social que se extrapola a las escuelas perjudicando la calidad de la educación. En México, el bullying se agrava por la violencia social que se reproduce y propaga rápidamente como consecuencia del crimen organizado y de los carteles de la droga; de manera que, algunos jóvenes deciden ingresar al crimen organizado (Franco, 2013). La investigación se realizó en el municipio de El Fuerte, Sinaloa, en México; el cual, ocupa la doceava posición de los municipios más violentos de México (Informe de la Violencia en los Municipios y en las Entidades Federativas de México, 2014). El objetivo fue analizar el contexto social y su influencia en el bullying de dos preparatorias rurales. En la metodología, la investigación fue mixta: se aplicaron cuestionarios y entrevistas. Se trabajó con 96 alumnos/as de la preparatoria San Blas, perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa y 65 estudiantes de la preparatoria particular Felipe Bachomo. Se utilizaron estadísticos descriptivos, pruebas de normalidad y test no paramétricos Wilcoxon con Test de Kruskal Wallis (α=0.05%) con el paquete Statistical Analysis System. En resultados, el estudiantado de la preparatoria San Blas (52.1%) y Felipe Bachomo (50.9%) consideran que existe bullying en sus escuelas porque hay mucha violencia en la sociedad y en sus comunidades; para el estudiantado, ver o escuchar de homicidios, secuestros, violaciones, o enfrentamientos entre el crimen organizado es habitual y esa violencia la reproducen en su entorno escolar. De manera que, el proyecto de vida de algunos/as estudiantes no es obtener el certificado de preparatoria, sino ingresar al crimen organizado. En ese sentido, 45.8% del alumnado de la preparatoria San Blas y 44.6% de la preparatoria Felipe Bachomo mencionan que tienen compañeros/as que quieren ser agresivos/as como los narcos/as. Se concluye que el contexto social influye negativamente provocando bullying, por lo que, los estudiantes se comportan agresivamente con sus homólogos/as y superiores; lo que alienta a que algunos/as alumnos/as quieran dedicarse al narcotráfico.

Introducción:

El bullying se define como cualquier tipo de agresión (física, verbal, psicológica, social o cibernética) que un estudiante o docente sufre (víctima) o práctica (acosador/a) repetidamente a lo largo de determinado tiempo; se presenta en una situación de desigualdad y desequilibrio de poder, se ejerce con la intención de causar daño o perjudicar a la víctima (Ruiz-Ramírez et al., 2016).
Ruiz-Ramírez et al. (2016), Furlán (2009) y Berger et al. (2008) señalan que el bullying está presente en todos los países, contextos sociales, niveles educativos y escuelas públicas o privadas. Alumnos/as, docentes y directivos/as, pueden actuar como víctimas, acosadores/as u observadores/as de diversas agresiones.
Para Perry (2001), Reeve (2006) y las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Educación Pública (SEP) (2007) la principal causa del bullying es la violencia social que se extrapola al ámbito educativo constriñendo la calidad de la educación. En México, el bullying se agrava por la violencia social que se reproduce y propaga rápidamente, porque el crimen organizado y los carteles de la droga se han apropiado del territorio mexicano; de manera que, la población mexicana cohabita de manera natural con la violencia y la ilegalidad (Franco, 2013; Escalante et al., 2011).
Por lo anterior, la presente investigación planteó la siguiente pregunta ¿El contexto social violento en el que está inmerso el municipio de El Fuerte, Sinaloa, influye en la existencia del bullying en las preparatorias? El objetivo fue analizar el contexto social y su influencia en el bullying de dos preparatorias del municipio El Fuerte, Sinaloa. Por lo que, la hipótesis fue que, el contexto social del municipio influye en el bullying, y éste se percibe de manera distinta en las dos preparatorias del municipio.

Desarrollo:

Para cumplir con el objetivo de la investigación, la metodología se dividió en dos momentos:
1) Parte teórica, se revisó el contexto social del municipio de El Fuerte, Sinaloa, México, para lo cual se utilizó información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI), la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Informe de la Violencia en los Municipios y las Entidades Federativas de México (IVMEFM).
2) Parte práctica (proceso de la investigación), la población la conformaron 495 estudiantes, 430 de la Unidad Académica Preparatoria San Blas perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y 65 de la preparatoria particular Felipe Bachomo, ambas escuelas están ubicadas en el municipio de El Fuerte. A través de un muestreo aleatorio simple se trabajó con 96 alumnos/as de la preparatoria San Blas, en la preparatoria Felipe Bachomo se incluyó a toda la población.
La investigación trabajó con el enfoque mixto, en la parte cuantitativa, se utilizó un cuestionario de elaboración propia, dividido en cuatro secciones: a) datos personales, b) información sociodemográfica, c) relaciones personales y d) relaciones escolares. El cuestionario se sometió a revisión de personas expertas, pruebas piloto, validación de contenido y prueba Alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0.834 de un máximo de 1, siendo fiable. Se respondió libremente de manera anónima y personal en las aulas escolares y tuvo una duración de 20 minutos. En lo cualitativo, se emplearon dos guiones de entrevistas semiestructuradas divididas en seis secciones: 1. Preguntas generales, 2. De antecedentes, 3. De opinión, 4. De expresión de sentimientos, 5. De conocimiento y 6. Sensitivas. Un guión de preguntas se le aplicó a seis estudiantes y el otro guión a tres docentes y dos directivos de la preparatoria San Blas. Las personas entrevistadas dieron su consentimiento para grabar y transcribir las entrevistas, los nombres que se utilizan en los resultados son ficticios.
Con relación a los análisis de los datos, se utilizaron estadísticas descriptivas univariadas de ítems por preparatoria y pruebas de normalidad, se hicieron pruebas no paramétricas de Wilcoxon con Test de Kruskal Wallis (α=0.05%) con los paquetes estadísticos IBM-SPSS Statistical V23 y Statistical Analysis System (SAS. V9.4). En las entrevistas se empleó el análisis de contenido por campos semánticos.
En lo que respecta a los Resultados y Discusiones, en la parte teórica sobresale que, El municipio El Fuerte se localiza al noroeste del estado de Sinaloa (108°16 ́47" y 109°04 ́42" al oeste del meridiano de Greenwich y entre 25°53 ́29" y 26°38 ́47" de latitud norte) en México.
En el 2014, el informe de la Violencia en los Municipios y en las Entidades Federativas de México (2015) señala que Sinaloa es una de las entidades más violentas de México, debido al alto número de homicidios, secuestros, violaciones, robos, lesiones y extorsiones. En ese sentido, El Fuerte ocupó la doceava posición de los municipios más violentos del país. Además, la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH), citada por Valdés (2017) indicó que, en 2016, más de 4 mil personas abandonaron sus comunidades como consecuencia de la violencia social; los principales municipios fueron Culiacán, Badiraguato, Sinaloa, Choix, Concordia y El Fuerte; esto se torna relevante, pues al dejar sus comunidades se pierde el arraigo por la tierra, la cultura y los bienes patrimoniales.
Con relación a los RESULTADOS de la aplicación de los cuestionarios y entrevistas, en la preparatoria Felipe Bachomo, 58.5% de la matrícula son hombres y 41.5% mujeres; 90.8% son solteros/as. La edad promedio es 16.4 años, 72.3% reciben beca. 47.7% cursan el segundo semestre, 33.8% el cuarto y 18.5% el sexto. 47.7% pertenecen al grupo indígena Mayo-Yoreme, 13.8% hablan Mayo como lengua materna.
En la preparatoria San Blas, 38.5% son mujeres y 61.5% hombres. La edad promedio es 16.3 años; 96.9% son solteros/as; 66.7% reciben la beca Prospera; 39.6% cursan el segundo semestre, 31.3% el cuarto y 29.2% el sexto. Se encontró que, 12.5% pertenecen al grupo indígena Mayo- Yoreme y ningún estudiante habla Mayo como lengua materna.
En la Tabla 1 se contrasta la información obtenida, se muestra que 86.2% del alumnado de la preparatoria Felipe Bachomo, aceptan que existe bullying en su escuela: 49.2% lo consideran bajo y 29.2% regular. El estudiantado (23.1%) manifiesta que ha sido víctima de bullying, 86.2% han observado agresiones a sus compañeros/as, 21.5% han agredido a algún compañero/a.
El alumnado de la preparatoria San Blas (87.5%) reconoce que existe bullying en su preparatoria; 35.4% determina que su nivel es regular y 34.5% bajo, aunque en entrevista un estudiante manifestó que el grado de bullying es alto: “¡Hay agresiones todo el día! En donde sea, en cualquier lugar de la escuela” (Alfredo, estudiante de sexto semestre, preparatoria San Blas, 2016). 30.2% del alumnado, manifiesta que han sido víctimas; 87.5% han observado acciones de bullying hacia sus compañeros/as, 22.9% han agredido a algún compañero/a, como lo menciona un acosador en el siguiente testimonio: “Si intentan echarme carrilla o así, pues no me dejo, bueno, pues les busco pleito, a veces llegamos a los golpes o insultos” (Carlos, estudiante de sexto semestre, preparatoria San Blas, 2016).
Tabla 1. Bullying en la preparatoria San Blas vs Charay
Por lo anterior, se determina que en ambas preparatorias existe bullying; en ese sentido, el bullying está presente en todos los contextos, niveles escolares y en escuelas públicas o privadas (Ruiz-Ramírez et al., 2016; Furlán, 2009). Participan tanto hombres como mujeres (Mendoza et al., 2016; Defensor del Pueblo, 2007). Sin embargo, los hombres participan mayormente como agresores, debido a las construcciones culturales y sociales de género (Mendoza et al., 2016; Ruiz-Ramírez et al., 2017).
Al contrastar las dos preparatorias, mediante el Test Kruskal Wallis (α=0.05) se detectó diferencia significativa en las agresiones recibidas, la Tabla 2 indica que a las víctimas de la preparatoria Charay les roban constantemente los materiales escolares en comparación con San Blas. En la preparatoria San Blas es más común que agredan psicológicamente a sus estudiantes, al no dejarlos/as participar en clases.
Con relación a las agresiones hechas, en la preparatoria Felipe Bachomo ignoran a sus compañeros/as e insultan mayormente. Los alumnos y las alumnas de la preparatoria San Blas observan con mayor frecuencia que sus compañeros/as son víctimas de diferentes agresiones de bullying; las de mayor significancia son burlas por la forma de vestir, por problemas de la vista, hablar mal de alguien (a través de chismes), no dejarlos/as participar en juegos o en clases, excluir, agredir por Facebook o WhatsApp.
Tabla 2. Comparación de las manifestaciones del bullying
Se comprueba que el alumnado de la preparatoria San Blas ha sido mayormente víctima de bullying, en comparación con la preparatoria Felipe Bachomo (X2=3.8486; Pr < 0.0498); por lo que, se interseccionan diversos aspectos (clase, nivel económico, religión, edad, estereotipos, orientación sexual) para la percepción y reproducción del bullying (Muñoz-Cabrera, 2011; Ruiz-Ramírez et al., 2017).
Análisis de los resultados del contexto del municipio El Fuerte
El estudiantado de la preparatoria San Blas (52.1%) y Felipe Bachomo (50.9%) consideran que existe bullying en sus escuelas porque hay mucha violencia en la sociedad y en sus comunidades; esto coincide, con el doceavo lugar en violencia nacional que ocupó el municipio de El Fuerte (IVMEFM, 2015).
Se concuerda con Ruiz-Ramírez et al. (2016), el Informe Internacional sobre la Prevención de la Criminalidad y la Seguridad Cotidiana (2010), Ortega (2008) y la SSP y la SEP (2007) en que el contexto donde se desenvuelve el estudiantado influye en su forma de relacionarse en el ámbito escolar; porque la comunidad juega un papel decisivo en la socialización y en la construcción y desarrollo de la adolescencia a la adultez. Algunos testimonios que lo verifican son: “hay coincidencias que los niños que muestran actitudes agresivas, los papás se dedican a la venta de droga […] en una ocasión, un estudiante llegó golpeado a la escuela, y cuando le pregunte me dice: —Es que los policías llegaron a mi casa, se quisieron llevar a mi papá y pues a todos nos golpearon,— viven en ese ambiente de agresión” (Sofía, docente, preparatoria San Blas, 2016). “Había un niño que amenazó a la maestra porque su papá tenía muchas armas., y van creciendo con la escuela del narco… ellos quieren ser como los narcos. Muchos son huérfanos de papás porque andaban de sicarios. A pesar de eso prefieren irse de narcos o sicarios” (Patricia, docente, preparatoria San Blas, 2016).
Debido a que los padres de familia deben cumplir su rol de proveedores, y a que algunos no tienen las herramientas académicas o profesionales para obtener un buen trabajo, tienen que robar, vender drogas, extorsionar, etcétera, para llevar el sustento económico a sus hogares, lo cual concuerda con el Informe Internacional sobre la Prevención de la Criminalidad y la Seguridad Cotidiana (2010), Eccles (2005) y Myrberg y Rosén (2008), ya que el bajo nivel socioeconómico y educativo de los padres y madres se relaciona con el comportamiento agresivo de los/as hijos/as, el cual se extiende a las aulas escolares y se manifiesta en forma de bullying. Además, de acuerdo con Franco (2013) y Escalante-Gonzalbo et al. (2011), la población que vive en contextos violentos, como la de El Fuerte, Sinaloa, está acostumbrada a responder con violencia, poniéndo a ellos/as mismos/as en riesgo y a la población.

Conclusiones:

El objetivo de la investigación se cumplió. La hipótesis planteada no se rechaza; de manera que, el contexto social influye en el bullying y se percibe de manera distinta en las dos preparatorias del municipio.
El estado de Sinaloa y el municipio de El Fuerte se ubican entre los más violentos de México, son reconocidos por sus carteles de la droga, luchas por territorio, secuestros, homicidios, entre otros, esto influye negativamente en los/as estudiantes de bachillerato, porque provoca que se comporten agresivamente con sus compañeros/as.
Por lo tanto, se determina que el contexto violento influye para que exista bullying en las preparatorias, lo que lamentablemente alienta a que algunos/as alumnos/as quieran dedicarse al narcotráfico.

Bibliografía:

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Escalante-Gonzalbo, F., Guerrero-Gutiérrez, E., Hope, A., Maerker, D., Magaloni, A., De Mauleón, H., Mendoza-Rockwell, N., Valdés, G., y Villalobo, J. (2011). Nuestra guerra: una conversación. Nexos, 34(407), 32-48.
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Palabras clave:

violencia, preparatorias, contexto sociocultural, género, población indígena.

#02020 | La crueldade y la violencia: praticas y narrativas (sicarios y pistoleiros)

Cesar Barreira ¹
1 - UFCE.

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Resumen de la Ponencia:
El trabajo abordara las praticas y narrativas que involucran a dos personajes del mundo criminal del America Larina y el Caribe, conocidos en Brasil como “pistoleiros”"y en los paises que hablan espana como sicários, que en sentido amplio podrian definirse como asesinos a sueldo. El “pistoleiro” y el sicario que executan la ación y el mandante de la ación constituyen las partes clave y definitorias del crime del mando. Estas piezas también si classifican como el autor material y intelectual.

#02535 | La idea de justicia frente al ejercicio de la violencia como una forma de alcanzar la paz

Adriana Guadarrama Chaparro ¹ ; José Javier Niño Martínez ²
1 - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – Universidad Autónoma del Estado de México.. 2 - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – Universidad Autónoma del Estado de México.

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Resumen de la Ponencia:
En el presente trabajo se problematiza la relación entre violencia y justicia desde una perspectiva socio jurídica, con ello se pretende conocer cómo se construyen imaginarios sociales y realidades específicas de la violencia, de igual manera se pone de relieve la construcción de paz como uno de los medios a través de los que se busca materializar la idea de justicia.   En este sentido, nos hemos propuesto conocer cuáles son los mecanismos institucionales de acceso a la justicia y seguridad que han fallado en sus resultados y eventualmente se han constituido en formas de violencia estructural, lo cual nos permite comprender el contexto actual en materia de seguridad y violencia que se vive en México. También se busca conocer cuál es la idea de justicia expresada a través del papel de las instituciones, lo anterior para determinar cómo la población ha construido imaginarios sociales que mediante el uso de la violencia se busca alcanzar la justicia, un ejemplo de esto son los linchamientos, entendido como una “expresión de la violencia social contenida que dan forma a las revueltas cuyo significado es un querer reestablecer los principios de armonía que han caracterizado a una sociedad” (Rodríguez, 2002).     En este sentido, buscamos explicar cómo es que se ha optado por la acción colectiva por medios no pacíficos como una forma para alcanzar la justicia, mientras que por otro lado los estudios para la paz y resolución de conflictos representan alternativas a través de las que se puedan aprovechar los conocimientos, actitudes, comprensión, habilidades y medios que posee el ser humano para generar y desarrollar contextos de paz.   Referencia Rodríguez Guillén, Raúl (2002) Los linchamientos en México: crisis de autoridad y violencia social. El Cotidiano, vol. 18, núm. 111, pp. 18-27.

#02947 | Violencia en El Salvador: un mecanismo de control social y político desde una perspectiva de los Derechos de Humanos

Mirna Jaqueline Alvarez ¹ ;
Kevin Joel Blanco ¹
1 - Universidad de El Salvador.

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Resumen de la Ponencia:
La violencia en El Salvador a sido el permanente acompañante para los ciudadanos salvadoreños a lo largo de la historia , no es de desconocer que el pais tiene uno de lo más alto índices de criminalidad y violencia a nivel mundial, sin embargo, atribuir la palabra violencia al mero hecho de criminalidad es un concepto cerrado para poder comprender la dinámica del contexto actual de la realidad salvadoreña, debido a que el Estado se le es imposible drindarle a la juventud las condiciones mínimas de una vida digna y a consecuencia de las enormes brechas de desigualdades que existen en el territorio, la población marginada se le atribuye automáticamente pertenecer a grupos delictivos.En los últimos 30 años la violencia fue y es la puesta segura por parte de los gobernantes en campaña política con fin de someter a la población a un control a base del miedo, por consiguiente, la enorme magnitud de la violencia del pais es acompañado e impulsado por planes de seguridad fallidos, además, son represivos y criminalizantes para la juventud, si bien es cierto, el fenómeno de las pandillas es por momento uno problemas principales a erradicar en el pais, los mecanismo utilizados son erróneos y con tintes autoritaritas, que bajo el supuesto de la seguridad se mantiene a la población bajo una sospecha continua sin goce de instituciones seguras que velaran por actos violentos y arbitrarios por parte de los cuerpos de seguridad que en los últimos 3 años se a fortalecido en numero y en presupuesto como nunca antes en la historia del pais.El pais actualmente atraviesa una severa crisis de seguridad, a esto se le suma el desmantelamiento del Estado de Derecho y la concentración de poder de las decisiones por parte del ejecutivo, el presidente de la república utiliza los repuntes de criminalidad para someter al pais a un estado de excepción donde se ha limitado las garantías constitucionales y no existe en la práctica ninguna institución imparcial que proteja los derechos humanos de los salvadoreños, es por esto, que se considera de importancia analizar las diversas matices de la violencia del pais siempre desde una perspectiva humanística

13:00 - 15:00 GT_21 - Corrupción, violencia social, Seguridad y Defensa

#02532 | Validación de una escala para medir punitivismo mediante encuesta web

Daniel Fredes ¹ ; Liliana Manzano ¹
1 - Universidad Central de Chile.

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Resumen de la Ponencia:
Desde hace 30 años la región de las Américas, y en particular América Latina, se ubica como una de las regiones más violentas del mundo (Alvarado et al, 2020; UNODC, 2019). Estos factores, entre otros, han disminuido la confianza en los sistemas democráticos, y en particular, hacia las instituciones de justicia criminal. Esto ha derivado en un aumento en la sensación de inseguridad y en las demandas por políticas de ‘mano dura’ (Rodrigues y Rodriguez, 2020). Chile, a pesar de contar con menores niveles de violencia delictiva, no ha estado ajeno a esta realidad. Cabe destacar que estudiar las percepciones y/o actitudes punitivas de la población es complejo, dado que, en primer lugar, no existe consenso académico sobre la definición, ni menos sobre la medición del término ‘punitivismo’ (Aizpurúa, 2015; Adriaenssen y Aertsen, 2015; Wood, 2014;); y, en segundo lugar, las respuestas hacia el castigo suelen ser dinámicas y flexibles (Turner et al. 1997). En el caso de Chile, no ha habido un esfuerzo serio y riguroso por medir empíricamente el punitivismo o demanda punitiva en la población (Fuentealba 2019). De esta manera, el objetivo de nuestra investigación fue elaborar y validar una escala para medir punitivismo en población de 15 años o más residente en Chile, mediante encuesta web. En un muestreo no probabilístico participaron 1,088 personas con un promedio de 55.147 años de edad, un 76.8% de personas identificadas con el género femenino y un 42.9% de personas con educación superior completa. Los participantes del estudio respondieron un cuestionario alojado en la plataforma web SoSci Survey (Leiner, 2019) que, entre otros elementos, contenía una escala de 5 ítems para medir el punitivismo. Por medio de análisis factorial confirmatorio se evaluaron modelos de 1 y 2 factores. El modelo de un factor obtuvo el mejor ajuste. Los análisis confirmatorios también demostraron la invarianza métrica de la escala por sexo, nivel educacional y orientación política, lo que permitió comparar medias (t de Student) entre dichos grupos, comprobándose una validez discriminante. Finalmente, se reflexiona sobre los alcances y limitaciones del instrumento validado. Con los resultados de este estudio buscamos aportar al debate nacional y regional respecto a la orientación punitiva de las demandas ciudadanas por seguridad, reflexionando de modo crítico respecto al uso del punitivismo en la legitimación de políticas y discursos represivos en nuestro país.

#03178 | Perspectivas conceptuales de la violencia en América Latina: Una revisión exploratoria

Karina Kloster ¹ ; Myriam Fracchia ² ; Antonia Muñoz ³ ; Sandra Osses ⁴ ; Carlos Valderrama ⁵
1 - UACM. 2 - SERPAJ. 3 - Universidad de Mar del Plata. 4 - independiente. 5 - Universidad Central.

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Resumen de la Ponencia:
Las modernas crisis estructurales de América Latina se han configurado desde el proceso mismo de constitución de la modernidad y de su articulación al sistema mundo en el siglo XVI. Y es claro también que las diferentes formas de violencia y sus múltiples maneras de expresarse, han sido parte estructural de este desenvolvimiento. La investigación sobre la que se basa esta presentación busca construir una unidad de sentido para el abordaje del modo en que se puede interpretar la función de la violencia en la reproducción del orden social actual. Para ello se realizó una revisión exploratoria de literatura académica a partir de las cuales se intentó construir algunas dimensiones analíticas respecto a las formas que desde la academia se observa e interpreta la violencia en América Latina.

#03254 | La violencia como medio de intercambio

David Coronado ¹
1 - Universidad de Guadalajara.

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Resumen de la Ponencia:
Esta ponencia presentará a la violencia como un medio de intercambio al mismo nivel que el dinero y el poder, bajo la premisa de que se ha creado una subjetividad ad-hoc, aunque con la diferencia de que presenta una rizomaticidad al alcance de todas las personas. En el primer apartado, se hacen una serie de consideraciones teóricas sobre la violencia; en el segundo apartado, se problematiza la hipotética relación entre los tres medios de intercambio; y en el tercero, se fundamenta específicamente la idea de la violencia como medio de intercambio. Siempre utilizando elementos conceptuales, arraigados en datos empíricos, sobre le problema de la desaparición de personas en Jalisco.

#03327 | Análisis social sobre el filicidio: Mis padres son los monstruos bajo la cama

Marisol Guadalupe Coronado González ¹ ;
Melanie Melanie Colunga Gallegos ¹
1 - Fcpys universidad Autónoma de coahuila.

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Resumen de la Ponencia:
Análisis social sobre el filicidio: Mis padres son los monstruos bajo la cama El filicidio se define como el asesinato de los hijos cometido por los padres, este término se propuso desde la década de 1970 por el psiquiatra Philip Resnick, aunque no es termino o evento nuevo, no se tiene la suficiente información del tema ya sea por la falta de desinterés de las personas o por la incomodidad que este provoca, ya que, al ser algo tan delicado la sociedad prefiere ignorarlo en vez de solucionarlo.En ese sentido, la presente ponencia tiene el interés de describir la literatura de las ciencias sociales que abordan el tema, el interés consiste en identificar las principales causas psicosociales que producen este tipo de prácticas violentas, ya que la edad en que el niño o niña es más propenso a ser víctima de filicidio ronda entre las primeras 24hrs de vida y hasta dentro del primer año. El contexto en el que se reproduce dicho asesinato puede ser muy variable, ya sea que aparezca en episodios psicosis puerperal, en casos de violencia intrafamiliar o por el uso del niño o niña para dañar al otro miembro de la pareja. Los padres y madres filicidas al estar un momento de desequilibrio mental o paranoia o crisis emocional no son capaces de recordar el ¿Por qué? o el ¿Cómo? Cometieron dichos asesinatos y en ocasiones se excusan bajo discursos del tipo “le he dado paz a mi hijo “o “lo he salvado” así como son variados los contextos en los que se comete tal acto, también varían los tipos de filicidios que pueden ser cometidos.En conclusión, nuestra exposición consiste en dar a conocer más información acerca de los casos de filicidios en México y quitar ese prejuicio de que es algo que no pasa o no podría pasar en nuestro entorno, ya que estos no son exclusivos de alguna clase social o grupo étnico, más bien tiene lugar en todo el mundo ya sea de forma aislada o de forma sistemática , también trataremos de comprender que es lo que orilla a estos padres a cometer tales actos atroces en contra de sus propios hijos ¿será algo psicológico? ¿algo social? ¿venganza? ¿o algún otro tipo de problema que a simple vista no se nota?“Tenemos que ayudar a aquellos pequeños gritos inocentes, que no pudieron ser escuchados”

#03443 | “Más de 30 menores indígenas se han suicidado para evitar ser reclutados”: reclutamiento forzado de menores en Colombia, la doble pandemia de la violencia en el país

Angela Martinez Castro ¹
1 - Universidad del Tolima.

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Resumen de la Ponencia:
La doble pandemia de la violencia en Colombia no cesa, al contrario, se fortalece, se intensifica y se transforma. Las poblaciones marginadas y las comunidades vulnerables como los niños, las niñas y los adolescentes de comunidades afro, indígenas o de zonas de influencia de grupos armados ilegales, se exponen al fenómeno del reclutamiento forzado. Estas comunidades han sido marcadas por la falta de oportunidades, pues la deficiente estabilidad económica y la desigualdad generalizada, imposibilitan que los menores puedan acceder a una vida en condiciones dignas y a una educación de calidad. Las estructuras de crimen organizado, tales como: grupos paramilitares, la guerrilla del ELN, las disidencias de la desmovilizada FARC-EP y las estructuras de narcotráfico, aprovechan estas condiciones para ingresar a sus filas a niños, niñas y adolescentes que suelen ser empleados para ejecutar actividades ilegales. El reclutamiento forzado, el uso y la utilización de menores es una realidad en Colombia que aumentó durante la pandemia del Covid-19, dado a que por motivo de las medidas sanitarias, espacios protectores como los centros de educación tuvieron que cerrar sus puertas y trasladarse a un escenario virtual al que el país, en materia de tecnología y conectividad, no estaba preparado. Así mismo, las estrategias de reclutamiento se transformaron, siendo las redes sociales una vía útil para actuar y el aislamiento obligatorio un escenario predilecto para que los grupos ilegales tomaran el control de nuevas zonas, en las que además, han causado desplazamientos masivos de comunidades y hasta el suicidio de mas de 30 menores indígenas en las zonas mas apartadas del Chocó. En este ejercicio de ponencia se pretende dar a conocer la alarmante situación de reclutamiento de menores que se vive en Colombia, las nuevas estrategias que han implementado los grupos ilegales para reclutar ante la pandemia del Covid-19 y el papel que juegan los centros educativos y la familia como espacios protectores. Esta reflexión permitirá dar a conocer la crisis humanitaria que enfrentan los menores y sus familias, ante la falta de voluntad y de estrategias estatales para detener la violencia.

#03682 | ENCARCERAMENTO DE MULHERES E RACISMO ESTRUTURAL NO BRASIL EM TEMPOS DE NEOLIBERALISMO E CONSERVADORISMO

Rosilene Marques Sobrinho de França ¹ ; Beatriz Gershenson Beatriz ²
1 - Universidade Federal do Piauí (UFPI). 2 - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

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Resumen de la Ponencia:

O artigo intitulado “Encarceramento de mulheres e racismo estrutural no Brasil em tempos de neoliberalismo e conservadorismo” [1], objetiva analisar o papel exercido pelo cárcere enquanto mecanismo de controle social pelo Estado na atualidade, com reflexões sobre os elementos de opressão e os construtos sociais que engendram o racismo estrutural, discutindo-se o papel exercido pela segregação social e pelos processos de seletividade penal na reprodução das desigualdades de classe, de raça/etnia e de gênero histórica e socialmente construídas na realidade brasileira. A metodologia utilizada consistiu em estudo bibliográfico e documental, com análises referentes ao período 2016-2021. Os resultados mostraram que o Estado assume um papel incisivo na reprodução do capital, bem como na produção da infraestrutura necessária à acumulação capitalista, inclusive por meio de seu aparato repressivo em tempos de neoliberalismo e conservadorismo. Por outro lado, o encarceramento feminino é perpassado pelas estruturas do racismo, aprofundando as expressões da questão social que afetam as mulheres, sobretudo, pobres e negras, moradoras das periferias urbanas, fortemente atingidas, dentre outras, pela superexploração do trabalho, culpabilização, negação de direitos, violências, desemprego, pobreza e extrema pobreza. A partir de 2016 esse cenário tem sido agravado com a ascensão da extrema direita ao poder, contexto em que se tem um recrudescimento do aparato repressivo, com profundos desdobramentos nas condições de vida, sobretudo, diante da crise do capital e pandêmica decorrente da Covid-19. O estudo mostrou a importância do desenvolvimento de políticas públicas efetivas a partir de um caráter interseccional, bem como das resistências e lutas antiprisionais, cujos aportes se articulam com a perspectiva da teoria crítica dos direitos humanos, tendo em vista a construção de mecanismos de enfrentamento das opressões engendradas a partir da hierarquização da vida social, como forma de desconstrução das estruturas do racismo, do patriarcado, do classismo e do sexismo, bem como de defesa da democracia e fortalecimento da cidadania.

[1] Trabalho desenvolvido com o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) - Chamada Nº 16/2020 – Bolsa de pós-doutorado Junior (PDJ) - Processo nº 150037/2021-0.

Introducción:

O racismo no Brasil é estrutural e engendra múltiplas determinações articuladas a outras estruturas de exploração e de opressão, a exemplo do patriarcado, tendo servido para a afirmação do projeto de nação adotado a partir de ações repressivas e higienistas, com a produção de uma hierarquização racial e social, que explora, oprime e violenta as populações historicamente subalternizadas.
A referida hierarquização social e racial faz com que mulheres negras sejam atualmente as mais afetadas pela violência, pela pobreza e extrema pobreza e pela ação repressiva do Estado por meio do cárcere. Nesse sentido, o artigo objetiva analisar a função exercida pelo cárcere na atualidade discutindo-se os desdobramentos da ação coercitiva e repressiva do Estado junto a essas mulheres.
A metodologia consistiu em estudo bibliográfico e documental, com análises referentes ao período 2016-2021. O estudo documental compreendeu o levantamento de dados sobre pobreza e extrema pobreza e sobre encarceramento feminino, tomando-se como referência documentos produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), respectivamente.
Os resultados mostraram que o Estado assume um papel incisivo na reprodução do capital, bem como na produção da infraestrutura necessária à acumulação capitalista, inclusive por meio de seu aparato repressivo em tempos de neoliberalismo e conservadorismo. Por outro lado, o encarceramento feminino é perpassado pelas estruturas do racismo, aprofundando as expressões da questão social que afetam as mulheres, sobretudo, pobres e negras, moradoras das periferias urbanas, fortemente atingidas, dentre outras, pela superexploração do trabalho, culpabilização, negação de direitos e violências.

Desarrollo:

1 O PROJETO NEOLIBERAL NO BRASIL E O ENCARCERAMENTO DE MULHERES

Em conformidade com Marx (1982) o sistema capitalista é sustentado por estruturas de exploração e de opressão visando a manutenção da propriedade privada e a reprodução dos lucros. Em conformidade com Marx (1982), os ciclos de crescimento e as crises estruturais do capitalismo estão ancorados na exploração do trabalho, com baixos salários e desemprego. Para Mandel (1982) o papel do Estado capitalista é o de reafirmar a sociedade de classes, visto que no capitalismo as ações políticas articulam-se aos interesses econômicos com múltiplos desdobramentos na esfera social. Na superestrutura, o papel ideológico exercido pelas instituições tem uma função de reafirmação dos interesses do capital.
O Estado capitalista em tempos de neoliberalismo e de conservadorismo apresenta-se incisivamente na perspectiva do autoritarismo e da repressão, ancorado no proibicionismo e no punitivismo. Em tal cenário as violências se tornam naturalizadas visando exercer o controle de corpos e mentes dos segmentos subalternizados da classe trabalhadora.

A ideologia proibicionista tem suas raízes no pensamento puritano norte-americano cunhado no incentivo à propriedade privada, à acumulação e à exploração, ao mesmo tempo em que resiste a qualquer elemento que possa trazer distração, recorrendo-se à ascese (WEBER, 2004). A materialização desse pensamento em legislações leva o Estado a interferir na vida privada potencializando a exploração da força de trabalho, o que se evidencia nos primeiros anos do século XX (ROCHA; LIMA; FERRUGEM, 2021, p. 160).

O neoliberalismo se constitui em um modo de regulação estatal que privilegia a esfera privada e o mercado (DARDOT; LAVAL, 2016). No Brasil o projeto neoliberal foi instaurado a partir dos anos 1990, com a adoção de ajustes fiscais, privatizações, flexibilização da legislação trabalhista, reformas previdenciárias, cortes orçamentários, dentre outros.
Considerando as suas particularidades e diferenças no campo político-social, na esfera econômica o viés neoliberal permanece como eixo norteador da ação estatal desde o seu ingresso no Brasil durante o Governo Fernando Collor de Mello, porém a sua afirmação e consolidação ocorreu nos mandatos de Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Diretor da Reforma do Estado e as contrarreformas efetivadas. Apesar dos Governos Lula e Dilma terem adotado uma perspectiva progressista, com ações voltadas para o enfrentamento da pobreza e da extrema pobreza, o neoliberalismo permaneceu como eixo norteador das ações.
As ações de transferência de renda implementadas pelos governos de frente liberal na América Latina configuram o que Fraser (2017) chamou de neoliberalismo progressista, com a conjugação, por um lado, de ações voltadas para a distribuição de renda e pautas que aderem aos movimentos sociais, e, por outro, a adoção de medidas que reforçam a lógica de mercado, com a flexibilização de vínculos trabalhistas. Nesse sentido, o “neoliberalismo progressista fomenta o éthos da diversidade e do empoderamento de minorias, além da sustentabilidade ambiental, conferindo, por meio da formação de elites mais diversas, uma aura de emancipação a um sistema altamente desigual e punitivo” (ANDRADE; CÔRTES; ALMEIDA, 2021, p. 11).
Por outro lado, o neoliberalismo autoritário instaura-se no Brasil a partir do golpe jurídico e parlamentar de 2016 e da ascensão da extrema direita ao poder, com a adoção de medidas regressivas, cortes orçamentários nas políticas públicas e a criminalização dos movimentos sociais, sendo as ações estatais ancoradas na biopolítica, no populismo, no negacionismo e nos discursos de ódio, com a identificação com “os valores conservadores e de mercado em contraposição aos inimigos internos que ameaçam a ordem, convocando os militares a assumirem o papel de guardiões do modo tradicional de vida” (BROWN, 2019; SWYNGEDOUW, 2019 apud ANDRADE; CÔRTES; ALMEIDA, 2021, p. 11). Em tal cenário há um crescimento da pobreza e da extrema pobreza, aprofundada durante a pandemia Covid-19.
Em 2021 havia 103.927 homens e 108.651 mulheres em situação de extrema pobreza e de pobreza no Brasil. Em relação a raça esse perfil apresenta-se da seguinte forma: a) homens – 43.865 brancos e 59.122 pretos ou pardos; b) mulheres – 47.583 brancas e 60.026 pretas ou pardas. Em relação aos grupos etários, a pobreza e/ou extrema pobreza incide mais sobre a população entre 30 a 59 anos (88.030 pessoas) (IBGE, 2022).
De modo que as construções classistas, racistas e sexistas no Brasil afetam incisivamente as mulheres, reafirmando os papéis socialmente atribuídos aos homens, com amplos e profundos desdobramentos no trabalho, articulando continuidades que no pós-abolição interligam a senzala ao trabalho subalternizado e ao cárcere. Exemplo disso é o fato de que a maioria das trabalhadoras domésticas é negra, e o perfil das mulheres encarceradas é majoritariamente constituído por mulheres pobres, negras e periféricas.
Independentemente da forma que o neoliberalismo assumiu, tem-se ao longo de sua trajetória na realidade brasileira um recrudescimento do cárcere. Apesar das lutas sociais e das resistências na arena pública o autoritarismo do Estado burguês tem empreendido violências contra os segmentos da classe trabalhadora que se tornaram sobrantes na atual ordem neoliberal.
Em conformidade com o IBGE (2022, p. 62), a “análise do indicador de extrema pobreza mostra um agravamento em relação a 2020, com um crescimento de 2,7 pontos percentuais, que atingiu 8,4% da população em 2021. Este é o maior valor da série, que teve início em 2012, quando 6,0% da população era considerada extremamente pobre” (IBGE, 2022, p. 62).
Ao tempo em que há um recrudescimento do encarceramento de mulheres, o Estado atua fortemente atrelado aos interesses do capital, inserindo-se na perspectiva globalizada de flexibilização do direito do trabalho (DRUCK; DUTRA; SILVA, 2019), como forma de enfrentamento da crise capitalista.

2 ENCARCERAMENTO DE MULHERES E RACISMO ESTRUTURAL NO BRASIL EM TEMPOS DE NEOLIBERALISMO E DE CONSERVADORISMO

Há uma intrínseca relação entre encarceramento de mulheres na ordem capitalista e o recrudescimento do cárcere em tempos de neoliberalismo e de conservadorismo, sendo que o proibicionismo às drogas promoveu uma expansão do poder punitivo do Estado com a política de combate às drogas e a repressão à população pobre e negra.
O encarceramento de mulheres na atualidade insere-se na perspectiva de racionalização do trabalho no cenário neoliberal e conservador, onde há uma moralização e controle dos corpos femininos, utilizando-se do proibicionismo e do punitivismo como forma de controle social.
O encarceramento de mulheres apresenta particularidades que se articulam com o racismo estrutural e institucional diante das violências, discriminações e violações a direitos a que estas são submetidas (SANTOS; SILVA, 2022). Para Moura (1992), o racismo no Brasil é historicamente perpassado pela subordinação do/a trabalhador/a negro/a. Nesse sentido, considerando os marcadores de classe, de raça e de gênero, o encarceramento feminino apresenta significativos desdobramentos na vida das mulheres privadas de liberdade, considerando que estas são afetadas pelas estruturas do sexismo, do racismo e do classicismo, bem como pela precarização do trabalho na atualidade.
No atual cenário de crise do capital o proibicionismo articula-se à chamada guerra às drogas, com a construção ideológica do inimigo social, sendo as pessoas negras, pobres e periféricas estigmatizadas e colocadas em situação de risco a partir da própria ação do Estado, por meio de abordagens policiais e da produção de violências, muitas vezes letais.

No contexto norte-americano, internamente, os negros são colocados como os principais inimigos (ALEXANDER, 2017). Externamente utiliza-se da guerra às drogas para se fortalecer o ideário da Segurança Nacional, permitindo a imposição de poder dos EUA sobre países em processo de desenvolvimento, em especial na América Latina. Como se pode depreender o proibicionismo às drogas participa de tramas geopolíticas e geoeconômicas ao longo do século XX, conformando outra díade de sustentação (LIMA, 2009; DELMANTO, 2010) (ROCHA; LIMA; FERRUGEM, 2021, p. 160).

O Brasil segue alinhado às diretrizes do proibicionismo norte-americano, contudo, um dos principais pilares do encarceramento em massa no Brasil é o racismo estrutural, que perpassa as sociabilidades e as instituições (ALMEIDA, 2019; FLAUZINA, 2006; BORGES, 2019). A reprodução de práticas racistas tem uma importante articulação com o cárcere, sendo que no caso da prisão de mulheres, o racismo se expressa a partir da reafirmação das desigualdades que se apresentam na realidade concreta destas mulheres, nos campos político, econômico e social.
Para Wacquant (2015) o cárcere se constitui em estratégia de gestão da pobreza. Já para Alexander (2017) tem-se na atualidade uma segregação racial assentada no racismo estrutural, reafirmado pela ação do Estado no contexto neoliberal conservador, sendo que a seletividade penal e a guerra às drogas retroalimentam o autoritarismo brasileiro.
A configuração jurídico-penal do Estado brasileiro em tempos de neoliberalismo e de conservadorismo está voltada para a criminalização dos segmentos populacionais historicamente subalternizados (KILDUFF, 2020). Nesse sentido, a sustentação do sistema prisional, inclusive o encarceramento de mulheres, ancora-se na articulação entre racismo, autoritarismo e antagonismo de classe, “estruturando as práticas sociais e as matrizes discursivas da mídia, promovendo uma retroalimentação da necessidade de uma guerra que tem sido travada nos territórios brasileiros” (ROCHA; LIMA; FERRUGEM, 2021, p. 161).
O perfil racial das mulheres encarceradas no Brasil no período de janeiro a junho de 2022, apresenta a população prisional feminina da seguinte forma: a) branca (8.736); b) indígena (120); c) parda (13.042); d) preta (3.941), apontando que esta é constituída majoritariamente por mulheres negras. De modo que o encarceramento de mulheres no Brasil ancora-se fundamentalmente no racismo estrutural e no patriarcado como forma de manutenção dos interesses capitalistas e dos padrões de moralidade socialmente atribuídos ao gênero feminino (SISDEPEN, 2022).
A biopolítica tem exercido um papel de controle dos corpos femininos em consonância com os interesses da ordem do capital, que, em tempos de neoliberalismo, encontra-se perpassada pelas tecnologias de repressão e de morte, como forma de gestão da pobreza e da miséria produzida, bem como de manutenção das desigualdades. Nesse contexto, a política “passa a não incidir apenas sobre o espaço público, mas invade a esfera privada da existência e avança para a produção de subjetividades submissas às estruturas hierárquicas de poder” (ALVARENGA; ROSANELI; FERREIRA; LIMA, 2021, p. 3). Nesse sentido,
[...] a maioria esmagadora das mulheres presas por tráfico de drogas é composta por pequenas comerciantes ou mesmo por meras usuárias (fenômeno também observado entre os homens) e que não são raros os casos de separação violenta e ilegal dessas mulheres de seus filhos. Também não são raros os casos de mulheres que, presas durante a gravidez, ou perdem a criança por falta de cuidados médicos, ou dão à luz algemadas ou, ainda, no chão ou sobre sacos de lixo! (PASTORAL CARCERÁRIA, 2016, p. 7).

A biopolítica se faz presente nos múltiplos contextos, notadamente no encarceramento de mulheres, ancorado em discursos voltadas para a necessidade de manutenção da ordem, da moralidade e dos bons costumes. Trata-se de práticas de necropolítica (MBEMBE, 2016), as quais perpassa uma ação paradoxal que faz com que o poder estatal retire o valor da vida humana expondo-a a risco de morte.

[...] a política sobre drogas no Brasil está relacionada não apenas a um determinado modo biopolítico de fazer viver, mas também com práticas autoritárias de gestão do poder e de questões sociais que fomentam a desigualdade e a exclusão, as quais inevitavelmente incidem em decisões políticas e determinações institucionais que expõem à morte ou, até mesmo, em práticas de extermínio da população, em sua maioria jovens negros e pobres. Trata-se de uma forma de exercício do poder soberano onde a morte é um fator determinante para a manutenção do poder e a escolha biopolítica entre quem deve viver e quem deve ser deixado para morrer ou ser morto (MBEMBE, 2016 apud ALVARENGA; ROSANELI; FERREIRA; LIMA, 2021, p. 13).

O projeto de nação assentado no classismo, no racismo, no patriarcado e no sexismo, afronta os paradigmas da igualdade e da liberdade e reafirma os interesses capitalistas, sendo que o cárcere exerce um papel fundamental na retroalimentação das estruturas desiguais de classe, de raça e de gênero, histórica e socialmente construídas no Brasil.
O encarceramento em massa atrelado a um processo de seletividade no sistema penal, mostra a continuidade das práticas que unem a senzala ao cárcere, sendo que o Estado por meio de um caráter seletivo atua na perseguição dos corpos negros, de mulheres e de homens, sob a égide do racismo estrutural (PASTORAL CARCERÁRIA, 2016). Em tal cenário tem-se o juvenicídio da população preta e pobre, estigmatizada e marginalizada.

O aumento da população prisional feminina deriva, em larga escala, da assunção por centenas de milhares de mulheres pobres (quase sempre pretas) de postos de trabalhos precários e perigosos na cadeia de comercialização de psicotrópicos, tornando-as principal alvo da obtusa guerra às drogas, eis que mais expostas e, portanto, mais suscetíveis à abordagem policial. Bom lembrar que a maioria esmagadora das mulheres presas por tráfico de drogas é composta por pequenas comerciantes ou mesmo por meras usuárias (fenômeno também observado entre os homens) e que não são raros os casos de separação violenta e ilegal dessas mulheres de seus filhos. Também não são raros os casos de mulheres que, presas durante a gravidez, ou perdem a criança por falta de cuidados médicos, ou dão à luz algemadas ou, ainda, no chão ou sobre sacos de lixo! (PASTORAL CARCERÁRIA, 2016, p. 7).

Os desdobramentos ensejados pelo encarceramento se estendem às famílias, sendo importante ressaltar que diversos fatores interferem dentro e fora do cárcere e reverberam no cotidiano do sistema prisional, bem como na vida das pessoas em situação de prisão. Por exemplo, a revista com abordagens consideradas vexatórias quando da visita de familiares ao sistema prisional, contribui “para penalizar, torturar e humilhar familiares, geralmente mulheres, que viajam longas distâncias para visitar o ente querido preso, quando não são dissuadidas pelos próprios presos de enfrentar essa prática horrenda” (PASTORAL CARCERÁRIA, 2016, p. 8).
De modo que a realidade do sistema penal brasileiro é perpassada por um caráter patriarcal e racial que reverbera na violação a direitos e na não ocupação de espaços na esfera pública, diante da privação de liberdade. Por outro lado, mesmo após a saída do sistema prisional permanecem os estigmas sociais que dificultam as mulheres egressas se inserirem no mercado de trabalho e exercerem seus direitos.
No referido contexto, a agenda nacional pelo desencarceramento de 2014 empreendeu a defesa da adoção dos paradigmas do direito penal mínimo[1] visando restringir a pena de prisão, para que esta seja aplicada somente nas situações de maior gravidade, ensejando lutas em prol da abolição da pena de prisão “nos crimes de menor potencial ofensivo; nos crimes punidos com detenção; nos crimes de ação penal de iniciativa privada; nos crimes de perigo abstrato; e nos crimes desprovidos de violência ou grave ameaça” (PASTORAL CARCERÁRIA, 2014, p. 11).
A atual agenda nacional pelo desencarceramento das mulheres defende: 1) “Suspensão de verbas para construção de prisões”; 2) “Reduzir a população carcerária e os danos causados pela prisão”; 3) “Alterações legislativas para se limitar ao máximo as prisões provisórias”; 4) “Uma nova política de drogas”; 5) “Diminuição máxima do sistema penal e abertura para a justiça horizontal”; 6) “Ampliação das garantias da Lei de Execução Penal (LEP)”; 7) “Abertura do cárcere para monitoramento através de mecanismos com a participação da comunidade”; 8) “Jamais o Estado deve privatizar o sistema prisional”; 9) “Prevenção e combate à tortura”; 10) “Desmilitarização das polícias e da gestão pública” (PASTORAL CARCERÁRIA, 2021, p. 2).
Herrera Flores (2009, p. 30), apresenta as bases de uma teoria crítica dos direitos humanos, considerando que se “afirmamos que os direitos ‘são’ processos de luta pelo acesso aos bens porque vivemos imersos em processos hierárquicos e desiguais que facilitam ou impedem sua obtenção, a pergunta é: quais são os objetivos de tais lutas e dinâmicas sociais?”. Nesse sentido, são de fundamental importância as medidas de desencarceramento, com a efetivação da proteção social, considerando a intersecção entre os marcadores de classe, de raça e de gênero, visando o desenvolvimento de ações que contribuam para a desconstrução das desigualdades, garantia de direitos e efetivação da cidadania.

[1] O direito penal mínimo tem um caráter intermediário quando se compara o nível de intervenção do Estado na esfera penal em relação ao direito penal máximo e o abolicionismo Penal (RAZABONI JUNIOR; LAZARI; LUCA, 2017).

Conclusiones:

O ingresso do neoliberalismo no Brasil foi marcado por inflexões nas políticas criminais e penais, com a criação de um inimigo social: a pessoa pobre, negra e periférica. No referido cenário, a ação do Estado assentada no proibicionismo e no punitivismo promoveu um encarceramento massivo a partir do recrudescimento da legislação e de ações repressivas.
Em tempos de neoliberalismo e de conservadorismo, além do atrelamento da ação do Estado aos interesses capitalistas, tem-se o negacionismo e os discursos de ódio como elementos norteadores das ações públicas, que reafirmam as violências e a violação aos direitos de elevados contingentes populacionais, sobretudo mulheres, sem acesso a emprego e renda e em atividades informais e precárias.
O projeto neoliberal ampliou as desigualdades e acirrou o individualismo e a competitividade, maximizando os lucros auferidos pela classe burguesa, restando aos segmentos subalternizados da classe trabalhadora a segregação exercida pelas instituições penais. Nesse contexto, a criminalização de mulheres pobres, negras e periféricas reafirma a violência estrutural e institucional exercida por meio do cárcere, fazendo-se urgente a adoção de medidas de desencarceramento.
A criminalização das pessoas pobres, negras e periféricas se constitui em estratégia de invisibilização das desigualdades historicamente construídas na realidade brasileira com a manutenção da ordem hierárquica, de exploração e de opressão, exercida pelo capitalismo, pelo racismo, pelo patriarcado e pelo sexismo, com a reafirmação de uma sociedade injusta e desigual. Assim, faz-se necessária a adoção de medidas efetivas de desencarceramento, com o enfrentamento das estruturas de desigualdades e violências, bem como a efetivação de políticas garantidoras de direitos das mulheres e de suas famílias.

Bibliografía:

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ALVARENGA, Rodrigo; ROSANELI, Caroline Filla; FERREIRA, Ramon Andrade; LIMA, Cezar Bueno de. Violência, guerra às drogas e racismo de estado no Brasil. Polis Revista Latinoamericana, 20 (60), 130-148, 2021.
ANDRADE, Daniel Pereira; CÔRTES, Mariana; ALMEIDA, Silvio. Neoliberalismo autoritário no Brasil. Introdução - Dossiê 2. Caderno CRH, Salvador, v. 34, p. 1-25, e021020, 2021. Disponível em https://www.scielo.br/j/ccrh/a/mZ5TYngTCBpHz8gZ7g9kJPC/?format=pdf&lang=pt. Acesso em 16 de janeiro de 2023.
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ROCHA, Andréa Pires; LIMA, Rita de Cássia Cavalcante; FERRUGEM, Daniela Autoritarismo e guerra às drogas: violência do racismo estrutural e religioso. R. Katál., Florianópolis, v. 24, n. 1, p. 157-167, jan./abr. 2021.
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SISDEPEN. Sistema de informações do Departamento Penitenciário Nacional. Mulheres e grupos específicos - Aprisionamento feminino, período de janeiro a junho de 2022 (valor em milhar) – excluem-se do cálculo presos em prisão domiciliar, presos que estão sob custódia da polícia militar, batalhões de polícia e bombeiros militares – (outras prisões). Disponível em https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjRmNDUxNWItZGExYy00NmRiLTgxYWMtOTEzYTQ3NGEwMjVhIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9. Acesso em 13 de janeiro de 2023.
SISDEPEN. Sistema de informações do Departamento Penitenciário Nacional. Mulheres e grupos específicos – Composição da população prisional por cor/raça no sistema prisional, período de janeiro a junho de 2022 – excluem-se do cálculo presos em prisão domiciliar, presos que estão sob custódia da polícia militar, batalhões de polícia e bombeiros militares – (outras prisões). Disponível em https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjRmNDUxNWItZGExYy00NmRiLTgxYWMtOTEzYTQ3NGEwMjVhIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9. Acesso em 13 de janeiro de 2023.

Palabras clave:

Encarceramento Feminino. Racismo Estrutural. Neoliberalismo Conservador.

#04170 | DO REMOTO AO PRESENCIAL: VIOLÊNCIA ESCOLAR NO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS NO BRASIL

IÊDA RODRIGUES DA SILVA BALOGH ¹ ; PATRÍCIA LESSA SANTOS COSTA ¹
1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB.

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Resumen de la Ponencia:
O tema violência, cada vez mais, está presente no nosso cotidiano, é um dos fenômenos que mais provocam inquietudes nas sociedades, sendo relacionado ao comportamento que causa dano ao outro, ou ao patrimônio público e privado. Quando direcionado à pessoa, é um processo que invade uma autonomia, a física ou psicológica, ou seja, a vida do outro. Dessa forma, a violência não é objeto privado de estudo de nenhuma área do conhecimento. Arendt aborda o papel que a violência sempre desempenhou nas atividades humanas, mas que não recebe a mesma consideração nas discussões, sendo considerado algo corriqueiro e, muitas vezes, negligente (1970). Diante de uma abrangência de possibilidades de olhares, objetiva-se voltar para o campo da violência no contexto das instituições escolares, onde esta se faz presente cada vez mais. A pesquisa, de abordagem qualitativa, voltou-se para as notícias publicadas pela midia sobre o tema, com análise de conteúdo das mesmas. No periodo que antecedeu a pandemia, falávamos da escola vivenciando um cenário de vulnerabilidade negativa, considerando os atuais processos sociais, argumenta Abramovay (2003). Já questionou que a expectativa da escola era que os alunos tinham entre si, relações amistosas, mas, ocorria o contrário na prática, com o isolamento promovido pela pandemia Covid-19, a falta que fez a escola na vida dos alunos, muito houve a expectativa do reencontro. No entanto, esse reencontro veio marcado, muitas vezes, pela agressividade, estado emocional comprometido, intolerância, ansiedade, estresse, tristeza, frustração. Tudo isso refletindo sobre a saúde mental dos estudantes e não houve nenhuma política pública direcionada para o retorno. Logo, o que vem sendo revelado é o mesmo quadro de antes da pandemia, agora muito mais impressionado, escolas em diversos partes do Brasil registram casos de violência de todas as formas no retorno presencial pós-pandêmico. Uma pandemia expôs desigualdades e conflitos sociais que sempre existem dentro das instituições de ensino, mas agora, como graves consequências para a vida dos estudantes estão se apresentando de diferentes formas, dificultando que se estabeleça o processo de ensino-aprendizagem. No universo da escola, a cultura da violência vem cada vez mais se destaca nas mídias em todos os formatos, encenando verdadeiros espetáculos negativos. Na luta contra a cultura da violência nas escolas, pautada na intolerância, crueldade e desamarrado ao outro, ressaltamos Freire (2006, p.388), e sua defesa da amorosidade, do cuidado com os sujeitos apreendentes, por uma educação libertadora e contrária a todos os tipos e nuances da violência. Tanto a violência quanto à paz, são construídas, portanto, defendemos que desde os primeiros contatos com a escola, os alunos sejam orientados e tenham acesso aos saberes e práticas de aceitação das diferenças, de solidariedade e respeito, com vistas a construir realidades menos violentas.

15:00 - 17:00 GT_21 - Corrupción, violencia social, Seguridad y Defensa

#00258 | El Estado Mexicano y la violencia. Interrogantes y reflexiones comparativas con América Latina

José Miguel Candia ¹
1 - Universidad Nacional Autónoma de México.

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Resumen de la Ponencia:
El fenómeno de la violencia en México y América Latina constituye un dato de abrumadora actualidad. Hay al menos dos factores sustantivos que se entrecruzan en la gestación y el desarrollo de dicho proceso: a. la violencia que proviene del narcotráfico, de la trata de personas, del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas impulsadas por el crimen organizado; b. la violencia que responde a razones específicamente sociales y políticas derivada del accionar represivo de las fuerzas de seguridad del Estado contra luchadores sociales, líderes populares, dirigentes campesinos, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. Identificar las causas que explican los hechos violentos que se registran a diario es una ardua tarea de investigación. Existe una abundante literatura institucional, periodística y académica que da prueba de ello. En este ensayo procuramos dejar enunciadas algunas respuestas tentativas sobre este debate. Con este fin se analizan algunas aristas de la violencia en México y su relación con las políticas públicas aplicadas a partir de la década de los años ochenta, en particular la ruptura del antiguo pacto social y su reemplazo por las políticas neoliberales. Para el caso latinoamericano se reflexiona sobre algunas experiencias emblemáticas como son los casos de Bolivia y Colombia.

#00260 | La prisionización y sus efectos secundarios en las personas privadas de su libertad.

Maria Elena Colorado Salazar ¹ ; Bernardo Montiel Robledo ¹
1 - Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

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Resumen de la Ponencia:
Esta ponencia pretende analizar e identificar la conformación de configuraciones sociales a través de los actores descritos como Personas Privadas de su Libertad (PPL), y la experiencia en su confinamiento carcelario y ambiente criminógeno, centrando específicamente en sujetos ‘inocentes’.El trabajo pretende indagar en el concepto de Prisionización, y como se manifiestan en los actores involucrados, de igual manera, la toma de decisiones en el área administrativa encargada del plan de actividades de cada persona. El análisis señala cómo los PPL se adaptan o adecuan, así mismo, se habla de una resistencia hacia el régimen penitenciario y el sistema judicial. En donde se quiere realizar una investigación en cómo se llega a realizar un orden jerárquico carcelario y cómo afecta de manera negativa o positiva c:en las PPL Además, cómo los actores comparten de forma forzada y bajo coerción, las reglas de convivencia y de disciplina, realizadas bajo estrategias de negociación e intereses, en donde se incluyen también a los agentes penitenciarios, coexisten con las normas formales del régimen carcelario. Asimismo, muestra este mundo social de manera heterogénea y abierta, bajo diferentes miradas sobre el orden, el poder y la dominación.La presentación aspira a presentar la cárcel como un campo en disputa, bajo conflictos y negociaciones que modulan ciertas formas de gobernabilidad carcelaria. Con el objetivo de describir y analizar la configuración del orden social, a partir de las sociabilidades carcelarias: antagonismos, negociaciones, acuerdos mínimos, desacuerdos, etc. Cuando la descripción del campo identifica los espacios y los actores de la cárcel bajo estudio (detenidos, agentes penitenciarios, personal externo, etc.), la investigación se basa en las teorías relacionadas al concepto de interacción y orden social en el ámbito carcelario; y articula con los conceptos de gobernabilidad, gubernamentalidad, violencia y poder.

#00501 | Usos y sentidos de la violencia en la protesta de presos bonaerenses por sus derechos

Ines Oleastro ¹
1 - Fahce-UNLP.

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Resumen de la Ponencia:
Para la tesis doctoral, estudié los procesos de organización y la experiencia de politicidad en cárceles de varones de la provincia de Buenos Aires, Argentina. En esos conflictos y huelgas de hambre específicos que se dieron en los años 2016, 2017, 2019 y 2020 se expresaron dimensiones de la experiencia política cotidiana en cárceles, poniéndose en juego para una medida concreta que se llevaba adelante en reclamos a la justicia. En esas instancias se ponía en discusión el uso de la violencia como herramienta política, se discutía moral y politicamente la violencia para ser escuchados en un reclamos que, de alguna manera, se sostenía en el tiempo sin lograr eco en las decisiones políticas y judiciales.Los presos entonces, reflexionaban sobre los usos y los sentidos de esas violencias y se ponía así en debate “la política” del preso hacia el interior de las cárceles. Proponemos entonces hacer un analisis sobre aquella experiencia y sobre los debates que los propios interlocutores se dieron en torno al uso de la violencia. Esta investigación se enmarca en la tesis doctoral para obtener el título de Doctora en Antropología Social en el marco del Doctorado del IDAES-UNSAM. Durante la misma, se llevó adelante trabajo de campo en tres cárceles de máxima seguridad, de varones, durante cuatro años. Además se realizaron entrevistas a presos y ex presos, asi como a familiares de detenidos y a activistas políticos y de organizsmos de derechos humanos para profundizar algunas de estas dimensiones.

#02442 | Gobernanza, Confianza Ciudadana y Seguridad Pública en el Perú

Enver Vega Figueroa ¹ ; Evelyn Esquivel Nolasco ²
1 - Universidad Nacional Federico Villarreal. 2 - Laboratorio Sistémico de Investigación Científico Social del Perú.

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Resumen de la Ponencia:
Observamos diversas manifestaciones que afectan la gobernanza de la seguridad pública. 43% de peruanos consideran a la corrupción como principal problema. La corrupción viola valores reconocidos, principios morales básicos, normas sociales, leyes y deberes propios de un cargo por la pretensión de obtener ventajas personales en perjuicio de la comunidad (Hillman, 2005). Cada mes se registran 140 hechos de violencia en la etapa de crisis de los conflictos, observándose que, en 63 conflictos, la violencia es el mecanismo previo al diálogo. La gobernabilidad es la capacidad política de una sociedad y debe ser vista como construcción de la política. La gobernabilidad democrática es la construcción de un orden institucional plural, conflictivo y abierto que implique una capacidad mínima de gestión eficaz y eficiente y de autoridad que tendría que tener el poder ejecutivo frente a los otros poderes y la sociedad misma (Calderón, 1994). 18% de la población es víctima de la criminalidad y 84% de peruanos se sienten inseguros. La nueva criminalidad que atenta contra los derechos y los bienes fundamentales no es aquella criminalidad de subsistencia, ejecutada por sujetos individuales, prevalentemente marginados, ahora la criminalidad que amenaza más gravemente los derechos, la democracia y la paz es la criminalidad del poder: un fenómeno inserto en el funcionamiento normal de nuestras sociedades (Feltrinelli, 2002). La tasa de victimización indica la población víctima de algún hecho delictivo. Mientras que, la tasa de percepción de inseguridad indica la población con sensación de ser víctima de algún hecho delictivo o evento que pueda atentar contra su seguridad personal. Lo primero se denomina seguridad objetiva y lo segundo se denomina seguridad subjetiva (Otamendi, 2016). Esta investigación caracteriza aspectos relevantes de esta realidad problemática. Se realizó un análisis estadístico de la data de la Encuesta Nacional de Hogares-ENAHO y de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales-ENAPRES. Se encontró que, en promedio el 31.5% de la población no confía en las instituciones del Estado responsables de la seguridad de los ciudadanos. La evidencia muestra que, la confianza ciudadana en la Policía y en gobiernos municipales, se diferencia según el estrato socio-económico: en promedio el estrato más alto desconfía menos (24%) y el estrato más bajo desconfía más (28%). Una situación inversa se observa en la confianza ciudadana en el Ministerio Público y el Poder Judicial: en promedio el estrato más alto desconfía más (39%) y el estrato más bajo desconfía menos (37%). La evidencia muestra que la razón de esta desconfianza, para el 39% de la población, es la solicitud de coimas por parte del personal policial. Se concluye que existe relación entre gobernabilidad, integración social y sociedad civil, por la naturaleza de disputas entre los distintos actores que participan en la construcción de seguridad.

#02745 | La Formación de Artistas en Contextos de Violencia. Prácticas y estrategias desde Ciudad Juárez, México.

Gracia Emelia Chávez-Ortiz ¹
1 - Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

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Resumen de la Ponencia:
En la frontera de Ciudad Juárez, los docentes de un programa de artes visuales realizan su trabajo en un contexto considerado como el epicentro del periodo más violento de la historia moderna en México, la llamada “guerra contra el narcotráfico”, entre 2008 y 2012; un período que se distinguió por violencias tan profundas e irreversibles, que sus efectos han persistido hasta el presente. En esta propuesta presentamos resultados de una investigación en la que se emplearon técnicas de recolección y análisis de datos cualitativos, donde se expone cómo las trayectorias personales y profesionales del profesorado en un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez han modelado sus estrategias, con el fin de que los artistas en formación reconozcan las problemáticas del contexto social y fortalezcan experiencias vividas en esta cotidianidad conformada por diversas violencias profundizando a través de prácticas que promueven producciones artísticas mediante metodologías colaborativas que tienen sus raíces en las pedagogías críticas.

#04401 | TÍTULO: FIDELIDADE E GRATIDÃO: UM OLHAR SOCIOLÓGICO SOBRE AS RELAÇÕES DE PODER NO ÂMBITO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO ESTADO DO PARÁ, BRASIL.

Laura Oliveira ¹
1 - IFPA.

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Resumen de la Ponencia:
Este trabalho traz como recorte teórico temas clássicos da sociologia como espaço público, educação, e patrimonialismo utilizando como referencial teórico Max Weber, Hanna Arendt, Sergio Buarque de Holanda, Raymundo Faoro, Simmel e como a educação que será tratada aqui, tem um lócus, a educação profissional, os teóricos utilizados serão Frigotto, Marise Ramos e Ciavatta. Sobre o espaço público este projeto trata de um lugar de todos e que por isso deve ser tratado como o lugar comum e que por isso deve ser respeitado, tendo como base a definição de Arendt “o termo público centra-se na ideia de comum. A realidade do mundo tem um bem comum ou interesse comum do artefato e dos negócios humanos, na medida em que é partilhado por indivíduos que se relacionam entre si” (ARENDT APUD ANTUNES p.8).No Brasil, pela formação social e econômica, o espaço público e o espaço privado acabaram sendo confundidos e são tratados de formas trocadas, um público se torna privado e muitas vezes instrumentalizado de acordo com o interesse do líder, aqui neste projeto o líder é a pessoa que assume cargos comissionados e eletivos nas instituições públicas.A Educação Profissional é uma modalidade de Ensino que tem sua origem no Brasil desde o período colonial, quando os colonizadores ensinavam ofícios aos índios e posteriormente aos escravos, devido a esta situação, sempre foi vista como uma educação para os menos favorecidos (BRASIL, 2009). Nesse contexto, a Educação profissional, ainda que ela estivesse em destaque, mas ainda não havia sido aprovada como uma forma de educação instituída pelo Estado, esta só acontece em 1909 por meio de Decreto.Durante muitos anos a Educação Profissional no Brasil foi destinada ao ensino de um ofício, uma especialização profissional, somente a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9394 de 1996, que: dispõe sobre a Educação Profissional num capítulo separado da Educação Básica, superando enfoques de assistencialismo e de preconceito social contido nas primeiras legislações da educação do país, fazendo uma intervenção social crítica e qualificada para tornar-se um mecanismo para favorecer a inclusão social e a  profissional ganha relevância no cenário brasileiro pela capilaridade que alcança em todo o Brasil, chegando em 2008, com a Lei 11.982 a status de Institutos Federais, com autonomia para gerir suas ofertas de cursos e produção científica, voltada para Ciência, para o desenvolvimento regional e local e para o mundo do trabalho. Tem uma preocupação com a formação do trabalhador e a elevação de sua escolaridade e ainda com os princípios de uma gestão transparente e democrática. No entanto na prática, nem sempre a gestão é transparente ou democrática e isso faz com que a pesquisa analise essas contradições da gestão do IFPa.

#04841 | Las búsquedas y los saberes. Reflexiones a partir de la problemática de las desapariciones forzadas en México

Valeria Fernanda Falleti ¹ ;
Atala Chávez y Arredondo ²
1 - UAM Xoochimilco. 2 - UAM Xochimilco.

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Resumen de la Ponencia:
En México ya se han registrado la cantidad de alrededor de 88.000 personas desaparecidas, problemática que perdura tras los distintos sexenios, más allá de las políticas en Seguridad Nacional. Desde el gobierno de Felipe Calderón que con relación a las pérdidas de personas decía que se trataba de “los daños colaterales” de una política de Estado que había declarado una “guerra en contra del narcotráfico”; o una posición aparentemente más amistosa como la de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador que expresaba “abrazos y no balazos” aunque luego y ya en su gestión, se impulsó a la Guardia Nacional a nivel nacional que implicó una militarización del territorio mexicano. Lo cierto es que más allá de las políticas que se fueron estableciendo a lo largo de los gobiernos, continúa la problemática de las desapariciones forzadas en México.Asimismo, los familiares de las víctimas no encuentran una solución a las pérdidas de sus seres queridos, y existe un vacío en los canales institucionales para vehiculizar las demandas por desapariciones de personas. Frente a estas lagunas de las autoridades, los familiares se fueron haciendo de ciertos saberes en distintos sentidos y ámbitos como los forenses y jurídicos, los saberes respecto a la situación de seguridad en su contexto local, a los tiempos políticos, a las alianzas convenientes, etc. Dicha cuestión nos ha hecho pensar sobre el papel de los saberes en distintos campos sociales: en la educación, en las organizaciones y movimientos sociales. Nos resultaron interesantes los “saberes productivos” que se han desarrollado en el ámbito productivo como alternativos a los saberes hegemónicos o a los impulsados desde una lógica neoliberal. Estas situaciones nos permitieron pensar en los saberes que impulsan los familiares en términos de las búsquedas -como las Brigadas Nacionales de Búsqueda y las Buscadoras- que en definitiva son modos de búsqueda de verdad y de justicia.Las experiencias de las víctimas durante el proceso de la búsqueda de sus seres queridos, han heredado saberes que se han aplicado en la política pública, de la que han surgido leyes, dependencias especializadas, mecanismos y protocolos. Las pesquisas pasaron de ser sólo oficios interinstitucionales a complementarse con el involucramiento activo de las familiares de personas desaparecidas. Los saberes informales paulatinamente han tenido cierto reconocimiento, pero no ha sido sencillo y queda mucho camino por recorrer. Colaborar en conjunto con los expertos de distintas áreas -legal, forense, análisis, atención, seguridad-, ha dotado de nuevas perspectivas sobre los procesos necesarios para la prevención, acciones inmediatas e investigación sobre la problemática de la desaparición de personas en México.