Resumen de la Ponencia:

El 4 de octubre de 2019 el gobierno de Sebastián Piñera anunciaba la subida de 30 pesos en el precio del pasaje de metro. A continuación, el 14 de octubre de 2019, el estudiantado secundario, hacía un llamado a la movilización y la desobediencia civil: “evadir no pagar otra forma de luchar” era el lema. La respuesta del gobierno se limitaba a una nefasta política comunicativa que señalaba “que quien madrugue (será) ayudado a través de una tarifa más baja” y a militarizar las estaciones de metro, generando con ello más caos, retrasos en los viajes y contestación social.El 18 de octubre, la presión popular hacía estallar, literalmente ilustrado en la quema de las estaciones de metro y el saqueo de supermercados, la tensa calma que vivía el país desde el retorno de la democracia en 1989. Como bien señalaban los y las manifestantes, no se trataba de 30 pesos, eran 30 años de despojo.En las calles del país se pudieron leer rayados de todo tipo, algunos que apuntaban a las condiciones materiales de vida como “tengo más rabia que plata pal pan” o “el gobierno ofrece migajas pero nosotras y nosotros queremos la panadería”. Otras hacían alusión a demandas de diferentes colectivos: estudiantes -“la deuda es la esclavitud moderna. No + CAE”-, niños/niñas/adolescentes institucionalizados -“el sename tortura a nuestros niños”-, feministas -“evade tu familia patriarcal”-, del coletivo LGTBIQ+ -“siempre marika nunca cobarde”-, entre otras muchas. Esto nos sitúa ante un sujeto histórico alejado del esencialismo de la primera internacional, diverso, que no otorga centralidad ontológica a la clase obrera (Laclau y Mouffe. 1987). La ponencia generará un recorrido situado a través del estallido social por el concepto gramsciano de grupos subalternos, no limitándolo “a las clases explotadas en el proceso de trabajo capitalista (Thomas; 2013:31). Sino que, como gritaban al mundo las paredes de Santiago, proyectando un sujeto protagonista del proceso enormemente heterogéneo. En la lógica que el propio Thomas (2013:31) desarrolla cuando señala que para Gramsci este concepto “incluye todos los grupos sociales oprimidos y relegados a los "márgenes" de la historia”.  Bibliografía consultada:Gramsci, A. (1986) Cuadernos de la cárcel, Tomo 4. México D.F., México: Ediciones Era.Laclau, E. y Mouffe, Ch. (1987). Hegemonía y estrategia socialista. Madrid, España: Siglo XXI.Thomas, P. (2013). Hegemony, passive revolution and the modern Prince. En Thesis Eleven, 117(1) 20–39.

Resumen de la Ponencia:

En esta ponencia se analiza la intervención de Montoneros frente al gobierno peronista de 1973.En un marco dictatorial y en sintonía con la mayoría de las organizaciones armadas latinoamericanas, inicialmente Montoneros era partidario de una guerra revolucionaria para el asalto al poder y la construcción del socialismo nacional. No tenía expectativas en propuestas  intermedias de gobierno. Pero la profunda crisis política de la sociedad argentina que abrió lugar a la convocatoria a elecciones y el ascenso del gobierno peronista, impactó también en las prácticas y definiciones de Montoneros.La organización valoró como positiva la conquista del “gobierno” al que caracterizó como “popular”, pero entendió que aún no se había alcanzado el “poder”. Consideró que se estaba en un período de “transición” que debían dar lugar a medidas iniciales para la “liberación”, y que sería un tránsito hacia un definitivo cambio social. En consecuencia se planteó desarrollar una disputa por el sentido del gobierno y apostó a una política de radicalización. Suspendió inicialmente sus acciones militares y orientó su política hacia dos terrenos principales: la calle y la gestión.Con una creciente capacidad de movilización, Montoneros que ya conducía la Juventud Peronista, fortaleció su presencia con nuevos “frentes”: la Juventud Trabajadora Peronista, la Juventud Universitaria Peronista, la Unión de Estudiantes Secundarios, la Agrupación Evita, y el Movimiento Villero Peronista. Éstos fueron canal de diversas demandas sociales, como la democratización y renovación de los sindicatos, la apuesta a una amplia política de vivienda para la población de las villas miserias, o el impulso de un cambio radical en la universidad transformándola en un institución abierta a sectores populares y orientada por sus intereses.A su vez, Montoneros se planteó dar una disputa al interior del gobierno, promoviendo iniciativas y políticas públicas que pudieran aportar a la radicalización. Se destacan su participación en las campañas electorales, la conformación de  un bloque legislativo propio, la gestión sobre gran parte del sistema universitario, y su apoyo y/o participación en una serie de gobiernos provinciales. Así, se articularon esferas de gobierno con diversas formas de movilización popular, lo que habilitó un trastocamiento de lógicas institucionales preexistentes, incorporando ámbitos de participación democrática de sectores populares para la elaboración o aplicación de políticas públicas, y modificando hasta cierto punto el sentido de representación a partir de una presencia activa de sectores movilizados.La breve experiencia de Montoneros en el gobierno peronista pone sobre la mesa una serie de tópicos y reflexiones que mantienen vigencia en la actualidad, como ser las disputas por el sentido de la democracia, la articulación entre Estado y proyectos emancipatorios, la diversidad de formas de representación y participación popular, y las concepciones de gobiernos de “transición” y políticas de “radicalización”.

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia explica el problema del endeudamiento de los gobiernos estatales en México, y como se ha intentado darle solución en un contexto de reformas estructurales que se dieron a partir del 2013, dando como resultado ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios aprobaba en 2015, mediante reforma constitucional.También se aborda el papel del estado mexicano en cuanto a la política de financiamiento privado para las haciendas locales, y más concretamente la manera como el gobierno federal intenta regular el acceso al financiamiento privado que realizan las entidades federativas, mediante el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que en la practica ha implicado una reducción del riesgo financiero, sobre todo, para la banca comercial y una severa afectación para las haciendas locales.Este trabajo explica la gravedad del endeudamiento subnacional, y los alcances y limitaciones de la disciplina financiera en un contexto de federalismo fiscal. Para ejemplificar se toman dos casos de estudio; el del estado de Coahuila y el de Veracruz.Toda la información proviene de fuentes oficiales, principalmente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Gobierno de México.

Resumen de la Ponencia:

Colombia ha sido un país de históricos conflictos y violencias que vive en la actualidad más que nunca la posibilidad de hacer un tratamiento distinto de los mismos en medio de la experiencia de los Acuerdos de Paz. Este hecho ha puesto sobre el escenario la posibilidad de configurar una justicia restaurativa en transición que intenta situar a las víctimas como sujetos activos de reconstrucción del tejido social y no simplemente como agentes pasivos del sufrimiento y la injustica. A diferencia de la justicia ordinaria o retributiva que recoge de la modernidad la obsesión por individualizar toda experiencia humana en detrimento de lo comunitario y la intersubjetividad, la justicia restaurativa intenta introducirse en los horizontes de la reconciliación social. Para esto es necesario que el perdón absoluto, personal e irrepresentable ascienda como perdón social que es el acompañamiento histórico y comunitario a víctimas y victimarios para construir una sociedad reconciliada. El perdón social entiende que la experiencia humana puede ser reconocida en sus términos de donación y de priorización de la otredad antes que el yo. Esta comprensión se resiste a la instrumentalización del perdón frente a una justicia débil que redunde en impunidad, sino a una a la apuesta de una justicia plena donde las comunidades con estrategias y pedagogías gestionen el perdón social.  PLABRAS CLAVE: Perdón social, justicia restaurativa, comunidad, víctima, paz.

Resumen de la Ponencia:

Hoy la vida sociopolítica colombiana ha dado lugar a un nuevo ciclo de violencia. Ello, debido a que el Acuerdo y su implementación se encuentran acorralados ante diversos obstáculos que han resultado en un escenario perfecto para la reconfiguración de la violencia. El accionar directo del Estado y sus instituciones como garantes del bienestar de la sociedad no ha sido suficiente para llegar a los territorios anteriormente controlados por las Farc. No obstante, estas acciones no son en su mayoría respuesta de un proceso de paz incompleto, sino por el contrario, su raíz se remonta a los problemas de la consolidación del Estado y las relaciones/alianzas de poder que este proceso ha perpetuado. Es necesario comprender que las memorias de la violencia en Colombia han sido una constante al pasar de los años. Diferentes modos, luchas, actores e intensidades han dinamizado el control territorial de determinadas zonas. Allí, más allá de condiciones geográficas y sociopolíticas particulares, la pobreza, la desigualdad y la presencia intermitente del Estado han sido paralelas al desarrollo y enquistamiento de la violencia.Así, resulta importante examinar la metamorfosis de la violencia  que toma fuerza en los territorios que en su momento fueron controlados o tenían una presencia importante de la ex guerrilla de las Farc. Un confuso patrón bélico y comportamiento deliberado se ha tomado las regiones más estratégicas -paradójicamente empobrecidas- para el ejercicio de la criminalidad.Este es el caso de la región del Pacífico[1], una de las zonas de mayor importancia para la economía colombiana, pero a su vez, una de las regiones con los mayores índices de pobreza, desigualdad y desempleo. Esta zona, que también concentra el mayor porcentaje de población afrocolombiana y un considerable número de pueblos indígenas. Pese a ello, aunque la presencia del Estado aumentó, se vieron en ascenso los principales índices de violencia y la emergencia de grupos armados, quienes se encuentran en tránsito entre la ilegalidad y la criminalidad. A partir de esta idea, esta disertación tiene como propósito analizar cómo las alianzas crimilegales que se tejen en la región del Pacífico colombiano explican la emergencia de un nuevo ciclo de violencia después de la firma del Acuerdo de Paz. Para comprender el problema, se contrastaron los alcances y/o avances del Estado con relación a la implementación del Acuerdo de Paz a nivel nacional y en perspectiva comparativa a los índices de violencia.

Resumen de la Ponencia:

A partir de la propuesta de ciudadanía de Bottomore (1991) en donde plantea que esta se divide en dos concepciones. La primera, la formal, la cual está asociada al ámbito institucional y normativo, es decir, al orden jurídico –y político– en donde se establecen los derechos y los comportamientos de quienes obtienen una membresía de pertenencia a este, y esta membresía la avalan en las sociedades modernas los estados/nación por medio de un estatus legal reconocido (Álvarez, 2019); y la segunda concepción sustantiva, la cual se analiza, a su vez, a partir de dos elementos: 1) que el marco de la ciudadanía formal acoja a los sujetos y proteja sus derechos de forma efectiva en la práctica, es decir, que haya un acceso real a derechos; y 2) el reconocimiento de las prácticas sociales que configuran la ciudadanía, donde se incluyen necesariamente las acciones colectivas; se plantea caracterizar y analizar la ciudadanía formal, es decir, el marco de protección jurídico y político de las mujeres en situación de desplazamiento en Colombia entre el 2000 y el 2020 y la ciudadanía sustantiva, es decir, la protección efectiva del marco formal y las acciones colectivas que las mujeres emprenden para reivindicar sus derechos. Lo anterior en un marco de conflicto armado que supera medio siglo de existencia y que, aunque después de los Acuerdos de Paz con el grupo de las FARC parece haberse dispersado sigue existiendo debido a la presencia de otros actores armados en el país.

Resumen de la Ponencia:

El nivel de desactualización del catastro rural en Colombia es cercano al 90 %. Siendo dicho catastro multipropósito uno de los aspectos fundamentales dentro del acuerdo de paz firmado entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano firmado en el año 2016, es importante que se desarrolle de manera eficiente. La propuesta que se plantea se ha estado trabajando y documentando desde hace varios años, he inclusive se han generado artículos y ponencias al respecto en diferentes espacios académicos e institucionales. La idea esencial es que se pueda levantar el catastro con una participación activa de la comunidad. El Catastro Multipropósito está en la línea administrativa y técnica de ser el eje central para la consolidación de la titulación de tierras en Colombia. Debido a ello, el catastro multipropósito es la herramienta de planificación territorial, que permite ser la base del  Ordenamiento Territorial, los planes de desarrollo municipal, proyectos que involucran obras de infraestructura física y de servicios públicos, y por supuesto, que permita el saneamiento de la propiedad rural en el territorio colombiano. Actualmente, en Colombia se ha promulgado una nueva reglamentación que incluye la descentralización en la ejecución del catastro, la ejecución por parte de los gestores catastrales y su transformación en un servicio público.  Con la implementación del catastro, se alcanza el crecimiento de los territorios municipales debido a la destinación de los tributos que por impuesto predial se reciban en la inversión en nuevos proyectos de beneficio, crecimiento y evolución que repercute en las familias propietarias y comunidades que habitan los sectores rurales del país. Es conveniente resaltar que el catastro se origina desde la institucionalidad y se consolida a partir de la interrelación entre diferentes entidades del estado colombiano que tienen intereses, roles y responsabilidades dentro del ámbito de la política de tierras, del registro inmobiliario y del catastro.El ciclo es totalmente productivo: actividades del catastro realizado con las comunidades, incremento en los impuestos prediales, mayor empleo, reactivación económica y por su puesto mayor desarrollo para los municipios, que se reflejan en la satisfacción de las familias que serán productivas y propietarias, gracias al saneamiento de los predios.La metodología propuesta permite disminuir los costos de operación, aumentando los rendimientos, y siendo la comunidad quien construye y avala el proceso, debido a que participa directamente aportando en el levantamiento de la información física, los estudios jurídicos  y el avalúo catastral (terreno más construcción) de cada uno de los predios.