Resumen de la Ponencia:

Los procesos de reforma procesales penales sucedidos en la provincia de Santa Fe, Argentina tienen sus orígenes en los intentos de reforma impulsados en la provincia entre principios y fines de los años 1990. Dichos procesos de reconfiguración del campo de la justicia penal local culminaron, por un lado, con una reforma integral reflejada en la sanción del nuevo Código Procesal Penal provincial (CPPSF), el delineamiento de nuevas instituciones sobre las cuales se basaría el mismo y la reconfiguración de las existentes y, por otro lado, con una reforma parcial plasmada en la sanción de su posterior contrarreforma. Los mismos se vincularon con las premisas de democratización y reconocimiento de derechos humanos y de la eficacia de las funciones penales a partir de las cuales se buscó delimitar la política criminal. Estos distintos momentos no se acotaron a la instancia de tratamiento legislativo de los proyectos de ley que dieron curso a dichas modificaciones en el proceso penal, sino que el diseño de las mismas comenzó a delinearse con anterioridad al abordaje parlamentario e implicó la participación de diversos/as actores con trayectorias y experiencias diferentes en el tema. Por consiguiente, si bien el nuevo CPPSF fue sancionado en 2007, la nueva estructura organizacional para su puesta en marcha en 2009 y la reconfiguración del mismo en 2017, estas transformaciones alcanzaron relevancia en el debate público y político desde fines del año 2003 en el caso del primer momento de los cambios que nos proponemos abordar correspondiente al diseño del nuevo Código y al de las instituciones requeridas para su puesta en marcha y desde fines del año 2016 la propuesta de contrarreforma. Dichos procesos sucedidos en el escenario local podemos enmarcarlos a su vez en las transformaciones que se dieron en este sentido en la región latinoamericana desde fines del siglo XX que modificaron también la dinámica de funcionamiento de sus sistemas de justicia penal.Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el objetivo particular de este trabajo será describir y comprender continuidades y fluctuaciones en las fundamentaciones a partir de los cuales se justificaron las reformas integral y parcial del sistema de justicia penal en la provincia de Santa Fe en los períodos destacados.La presente investigación podemos enmarcarla dentro del enfoque cualitativo en la medida en que buscamos reconstruir las fundamentaciones de actores que participaron en el diseño del nuevo CPP y su posterior reconfiguración. Asimismo, el diseño de nuestra investigación será de carácter longitudinal debido a que analizaremos los cambios producidos a través del tiempo a partir de la recolección de datos en determinados períodos en que se dieron los mismos. 

Resumen de la Ponencia:

O presente trabalho é um esforço de sistematização do direito étnico das comunidades remanescentes de quilombo no Brasil, estas são comunidades com vínculo cultural e histórico à luta das populações negras escravizadas e excluídas no processo de urbanização e globalização brasileiro, mas que resistem em processos e contextos de luta para manter ou retornar ao território onde desenvolvem ou desenvolveram sua identidade étnica. Com isto, primeiro pretendemos arrolar os equipamentos legislativos, organizando-os e explicando suas conexões de sentido para, após, buscar acoplar suas dimensões ao sistema internacional dos Direitos Humanos. Com isto, desenhar um mapa normativo que está em vigência no Brasil, apresentando, com isto, a interpretação hegemônica oriunda dos mecanismos jurisdicionais brasileiros. Acionaremos, para tanto, uma pesquisa bibliográfica e documental, neste último nível, articulando o arcabouço de documentos legais e jurisprudenciais para consolidar a análise e interpretação a serem apresentadas. Busca-se, portanto, tramamos uma interpretação do campo da sociologia jurídica para imputar sentido a um fenômeno social que é amarrado institucionalmente por uma teia normativa, a qual condiciona as bordas e campo de atuação do exercício dos direitos das comunidades quilombolas em nível normativo, legal e jurisdicional. O direito étnico-quilombola no Brasil vem se aperfeiçoando normativamente as inclinações do sistema internacional dos Direitos Humanos, com isto, podemos verificar um crescendo ajustamento dos tribunais com essa diretriz interpretetativa, sem que com isto, possamos necessariamente dizer de um incremento de capacidade de produção de realidade substancial através das tecnologias jurídicas disponíveis às comunidades.

Resumen de la Ponencia:

O presente artigo trata de uma etnografia realizada em um programa de pós-graduação em direito do agronegócio, oferecida pelo Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. O objetivo do artigo é investigar a relação entre treinamento jurídico, a construção de um mercado profissional e o uso estratégico do direito na defesa dos interesses do agronegócio no Brasil. Com isso, busca-se lançar luz sobre o tipo de conhecimento, habilidades e valores que são transmitidos por meio dessa formação. A etnografia foi realizada durante um período de um ano, acompanhando as aulas semanais ofertadas pelo Instituto em uma plataforma virtual. O curso de pós-graduação, embora se destine a diferentes profissionais, é composto majoritariamente por professores-advogados que trabalham para o agronegócio e alunos-advogados que trabalham ou têm interesse em trabalhar para o agronegócio. A proposta pedagógica da pós-graduação é trabalhar a partir da prática profissional e não apenas de teorias, no geral, e da teoria jurídica, em específico. A partir dos dados etnográficos, foi possível analisar a relação entre o treinamento jurídico e a formação de advogados especializados em direito do agronegócio, evidenciando dois aspectos fundamentais: (a) a centralidade do capital simbólico na construção da expertise do advogado do agronegócio, especialmente a partir da exposição das redes de relações pessoais e da centralidade do prestígio; (b) como se dá a construção do discurso de legitimação jurídica de temas centrais para o agronegócio, como as questões ambientais, trabalhistas e de propriedade da terra.

Resumen de la Ponencia:

Si, en el campo dogmático procesal penal, la discusión teórica sobre los modelos procesales es perceptible y habitual, en el “nuevo” campo procesal de la seguridad social brasileño, tal discusión es aún incipiente y poco estimulada por la doctrina jurídica. Ante este vacío teórico, elaboramos este trabajo, cuyo objetivo es analizar, desde un punto de vista sociológico, el tratamiento que la doctrina del derecho procesal de la seguridad social da a los temas de la construcción de verdades jurídicas y del manejo de la prueba, y buscamos responder a la siguiente pregunta: el proceso de seguridad social es inquisitivo o acusatorio? Para alcanzar el objetivo propuesto y dar respuesta a la pregunta de investigación, se utilizó como estrategia metodológica el análisis documental de manuales técnico-jurídicos de derecho procesal de la seguridad social, los cuales, aquí, se toman como objeto material de análisis. Además, comparamos este material con doctrinas procesales civiles y penales y con varias investigaciones socio-antropológicas realizadas en instituciones judiciales brasileñas. Con la investigación se demostró que el modelo procesal inscrito en la doctrina procesal de la seguridad social analizada es netamente inquisitivo. Finalmente, se concluyó que este modelo procesal alinea el discurso formal del derecho con el discurso benévolo y caritativo de “protección” de los “insuficientes”, “pobres”, contribuyendo a la reproducción de lo que denominamos “inquisitorialidad cordial” en las prácticas procesales de la seguridad social. 

Resumen de la Ponencia:

En México desde el año 2016 se aplica la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, esta ley se aplica a las personas que tienen entre doce y diecisiete años de edad que son imputadas, procesadas y sentenciada por la comisión de un delito. El Proceso Penal para Adolescentes y las etapas en las que se divide: de investigación, intermedia y de juicio oral. Este sistema de justicia penal tiene una naturaleza penal, sin embargo, aplica principios y fines específicos en razón de las personas a quienes se aplica “las personas adolescentes”.La referida legislación prevé la posibilidad de imponer como medida cautelar y sancionadora el internamiento. La primera se impone a las personas sujetas a un proceso y la segunda a quienes han sido encontrados responsables de la conducta delictiva. La aplicación del internamiento tiene las siguientes precisiones: no se pude imponer a jóvenes menores de catorce años, se debe aplicar cómo último recurso (cuando se haya estudiado y descartado la aplicación de las otras opciones en libertad) y por el menor tiempo posible. La contingencia sanitaria ocasionada por el Sars Covid-19 (Diario Oficial de la Federación 26 de marzo de 2020) aumenta el grado de vulnerabilidad de las personas internas en un centro especializado para adolescentes. Dentro de las medidas para afrontar la contingencia sanitaria se encuentra la disminución de movilidad (Quédate en casa) y con ello las dependencias encargadas de los centros de internamiento limitaron e incluso anularon las visitas por parte de familiares de las personas adolescente privadas de la libertad, lo mismo con las actividades educativas, deportivas, culturales y de recreación.Lo anterior incide en el bienestar de esta población, pues el aumento del aislamiento y la incertidumbre respecto de lo que ocurre con sus familias y en general en el exterior puede generar ansiedad, estrés, miedo, frustración, etcétera.En México existen 45 Centros de internamiento para adolescentes que cometen delitos, cuya situación de vulnerabilidad se ha agudizado por el Sars Covid-19. En el caso del Centro de Reinserción Social “Villa Crisol” El limoncito, las autoridades encargadas tuvieron que desarrollar una serie de estrategias para garantizar tanto la salud física y mental de los adolescentes internos, por ejemplo:Promover la convivencia virtual con sus familiaresImplementar jornadas de información (preguntas y respuestas) respecto a la contingencia Promover actividades educativas, deportivas y culturales (atendiendo a las medidas de salud) tales como la organización de horarios para evitar el hacinamiento en los espacios comunes, promover la educación a distancia (virtual) o bien de manera individual; proyección de eventos culturales de manera virtual, etcétera.Con el cambio de semáforo epidemiológico paulatinamente se retomaron las visitas de familiares e incluso las actividades con la comunidad. 

Introducción:

Con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) publicada el 16 de junio del año 2016 (que entró en vigor el 18 de junio del año 2016), se da un paso más hacia la consolidación de una estructura que materialice los objetivos de la justicia penal para adolescentes, reinserción y reintegración familiar y social (LNSIJPA, artículos 28 y 153) de la persona adolescente que ha cometido una conducta tipificada como delito en la ley penal, mediante el debido proceso y garantizando los Derechos Humanos maximizándolos por tratarse de personas vulnerables derivado de su situación de vulnerabilidad. En esta ley, después de mucho tiempo se reconoce la penalidad del sistema de adolescentes.

Los principios de este sistema integral son la especialidad (LNSIJPA, artículos 23, 63 y 64), el interés superior de la persona adolescente (LNSIJPA, artículo 12), la mínima intervención y protección integral (LNSIJPA, artículo 13). La especialidad se refiere no sólo la existencia de un órgano jurisdiccional especializado, sino a la necesidad de que todos los intervinientes técnicos y jurídicos, es decir, jueces, ministrados, ministerios públicos, defensores (públicos y privados), psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, e incluso el personal de seguimiento de medidas en libertad y de seguridad en la aplicación de las medidas de internamiento. En cuanto al interés superior, éste debe ser el eje que rige todas y cada una de las actuaciones de las autoridades e intervinientes en el sistema, en cada una de las etapas del proceso (desde la investigación inicial), así como en la ejecución de las medidas sancionadoras. La mínima intervención implica que las autoridades deben ponderar en cada situación, la decisión que perjudique lo menos posible al adolescente, ya sea aplicando salidas alternas al proceso o bien en la modificación de las medidas sancionadoras. Por lo que se refiere a la protección integral, implica que se debe velar por el óptimo desarrollo de la persona adolescente; así como, el derecho del adolescente a que sus padres, representantes legales o tutores sean informados de su situación jurídica, y en caso de que ello no sea posible se dará aviso a la procuraduría de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (LNSIJPA, artículo 11).

Siguiendo con lo establecido en artículo 18 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), son sujetos del sistema las personas mayores de 12 años y menores de 18 años, además, reconociendo la autonomía progresiva (LNSIJPA, artículo 19), distingue en tres grupos etarios (LNSIJPA, artículo 3) I. 12-13, II. 14- 15, y III. 16-17. En caso de duda respecto de la edad del sujeto, se presumirá lo más favorable niño/adolescente/ adulto. 

Se establece además un derecho penal de acto, es decir las cuestiones particulares del adolescente únicamente se deben tomar en cuenta en beneficio del o la adolescente (art. 20), incluso en el caso de la delincuencia organizada, en cuyo caso la aplicación de la Ley especial se limitará únicamente a los casos en que se le beneficie (LNSIJPA, artículo 10). 

El presente trabajo, s un avance de la investigación realizada durante el año 2022 en el Estado de Chiapas, con la finalidad de conocer el funcionamiento del sistema estatal de justicia penal para adolescentes, este primer avance se refiere al Centro de Reinserción Social especializado para adolescentes con residencia en Berriozábal.  

Desarrollo:

Los parámetros establecidos en el artículo 18 de la Constitución y en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, deben adecuarse a las necesidades y recursos con que se cuente en cada entidad federativa y en la propia federación, ya que como lo establece la constitución  “La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes…” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2023).

Derivado de lo anterior, se impone a los Estados la obligación de implementar un sistema local de justicia penal para adolescentes, este sistema local se integra por órganos de procuración e impartición de justicia especializados, así como de supervisión y ejecución de medidas cautelares y sancionadoras. En el Estado de Chiapas, este sistema se integra por: 

La Fiscalía General del Estado de Chiapas el órgano estatal encargado de la investigación y persecución de los delitos. La Fiscalía de Chiapas, cuenta con una Fiscalía de Adolescentes que se encarga de la investigación y judicialización de los casos en los que una persona adolescente se señala como responsable, ubicada en Tuxtla Gutiérrez.

Esta Fiscalía tiene una Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa en Tapachula. Como se advierte está unidad tiene dos funciones la investigación del hecho delictivo en el que se señala a una persona adolescente como actor y la aplicación de las soluciones alternas al proceso. En tanto que en el caso de la zona centro es la Fiscalía de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

El proceso penal para adolescentes se encuentra a cargo del Tribunal de Alzada Especializada en Justicia para adolescentes con residencia en el Municipio de Berriozábal integrado por dos Magistradas y un Magistrado y que conoce de los recursos contenidos en la ley: revocación y apelación. Así como por dos juzgados en los que tres Juezas de primera instancia, una con funciones de control y tribunal de enjuiciamiento, dos con funciones de control, juicio oral y ejecución. 

La aplicación y seguimiento de las medidas cautelares (en libertad e internamiento) como de las medidas sancionadoras (en libertad e internamiento) están en las funciones de la Unidad Especializada en la Ejecución de Medidas para Adolescente dependiente de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado; con oficinas en el mismo municipio en el que se ubican los Juzgados. 

Las medidas en libertad se aplican a través de una serie de convenios de colaboración con instituciones y autoridades municipales, de donde residen las personas adolescentes. Las medidas que implican el internamiento se cumplen en los Centros de Reinserción Social especializados para Adolescentes: Villa Crisol, “El Limoncito” en Berriozábal y “Centro De Internamiento Especializado Para Adolescentes Zona Costa” en Mazatán.

El día 31 de marzo de 2020, se ordenó la suspensión de las actividades que no fueran esenciales, debido a la contingencia sanitaria derivada del Sars Covid-19 (Diario Oficial de la Federación, 31 de marzo de 2020). Dentro de las actividades que se suspendieron, estaban las relacionadas con los Centros de Reinserción Social especializados para Adolescentes en específico con el llamado Villa Crisol, “El Limoncito” en Berriozábal.

Este centro cuenta con 4 villas: 

Para adolescentes en internamiento preventivo, con capacidad para 35 personas. Para adolescentes en medida de internamiento menores de 18 años, con capacidad para 25 personas.Para adolescentes en medida de internamiento mayores de 18 años, con capacidad para 25 personas. Para mujeres adolescentes, con capacidad para 20 personas. 

Además de un comedor, dos canchas habilitadas para jugar futbol y basquetbol; una parcela en la que pueden trabajar las y los adolescentes que así lo quieran; un auditorio; espacio para actividades educativas (incluidas actividades relacionadas a la computación); área médica y el espacio de talleres: música, carpintería, corte, tejido y pintura. 

Durante la pandemia se suspendieron las visitas de familiares y grupos de la comunidad (escuelas y grupos religiosos), al inicio también se suspendieron las actividades educativas y los talleres (las cuales paulatinamente se fueron retomando). En relación a las visitas de las y los familiares de los adolescentes, se puso en marcha un programa para facilitar la comunicación remota de los adolescentes con sus familiares, a través de llamadas vía zoom, lo cual represento un reto debido a que en la zona la conexión a internet suele ser intermitente. Asimismo, implemento un protocolo para mantener la sana distancia, la sanitización de espacios y la vacunación tanto de los adolescentes como del personal técnico y de seguridad del centro.

Conclusiones:

La actuación tanto de la autoridad judicial como de la Directora del Centro, promovió y respeto los derechos de los adolescentes, poniendo especial énfasis en su derecho a la salud, no sólo física sino también mental, pues al implementarse estrategias para que mantuvieran comunicación con sus familiares les permitió mantener lazos emocionales. 

La experiencia derivada de la contingencia, puso en relieve la posibilidad de implementar mecanismos alternativos para mantener vínculos que permitan garantizar la salud de los adolescentes, como lo es la comunicación virtual, pues incluso antes de la pandemia las visitas familiares eran poco frecuentes, debido a factores geográficos y económicos. 

Bibliografía:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

Diario Oficial de la Federación (31 de marzo de 2020)

Palabras clave:

Justicia juvenil, Sars Covid-19, medida de internamiento

Resumen de la Ponencia:

      O presente artigo tem como objetivo evidenciar e problematizar o avanço tecnológico frente à informatização que subsidia os serviços de justiça. Isto é, embora os benefícios acrescidos pela informatização dos meios de acesso devam ser estimulados e implementados pelo Judiciário, é estabelecida, ao mesmo tempo, uma identificação crítica sobre o modo como esta implementação é introduzida e articulada frente à realidade concreta da comunidade que necessita da tutela jurisdicional, na medida em que a ausência de políticas públicas que promovam a inclusão daqueles que sejam limitados ao acesso à justiça implique na transfiguração da informatização como um mero instrumento de impulso à segregação social que contribui para o abismo que afasta os mais vulneráveis ao alcance deste amparo estatal. Por isso mesmo, imprescindível é reconhecer a importância dos avanços e da subsidiariedade da tecnologia ofertada pelo mundo global como tentativa de fortificar as garantias de acesso à justiça para com a comunidade, entretanto, a discussão presente cerceia-se em reconhecer as limitações impostas ao Brasil no tangente à efetivação dos recursos digitais enquanto instrumentos de facilitação e modernização, uma vez que não se pode ignorar as bases estruturais que fundamentam a sociedade.       Para tanto, propõe-se reconhecer o perfil das camadas menos favorecidas quanto à informatização ao acesso à Justiça e a sua representatividade perante o percentual geral do público que demanda a tutela do Poder Público a fim de que seja investigado o papel dos operadores do sistema de justiça, em especial a Defensoria Pública, na proteção jurisdicional desta camada social para que o processo de implantação da informatização como subsidiária da prestação do Estado para com o seu povo não caminhe em direção a uma instrumentalização do segregacionismo, mas sim como um fator de democratização, conforme as disposições previstas na Constituição brasileira e no conjunto do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas intitulado como ‘Paz, Justiça e Instituições Eficazes’.

Resumen de la Ponencia:

Em fins do século XX, notadamente década de 1990, o Banco Mundial passou a propor uma política pública que consistiu numa pretensa reforma agrária alinhada com os mercados, que foi implementada sobretudo na América Latina, mais especificamente na Colômbia, Guatemala, México e Brasil. Nesse sentido, o que a literatura denomina por “reforma agrária assistida pelo mercado” (PEREIRA, 2006; NETO, 2004; SAUER, 2004) consiste em políticas localizadas dentro de um quadro geral de representações e de interpretação do mundo que balizou preceitos gerais para além do setor agrário especificamente, neste caso, o neoliberalismo, segundo o qual as decisões políticas e a participação social seriam fortemente afetadas pela racionalidade do mercado. No Brasil, a despeito de diretrizes mais fundamentais, essa política pública atravessou mudanças que consistiram em reverberações de mudanças conjunturais e de perspectivas de governos, passando, entre 1996 e 2020, de Cédula da Terra à Programa Nacional de Crédito Fundiário e hoje sendo denominado por Terra Brasil. Frente a isso, este trabalho tem por objetivo trazer à reflexão as mudanças operacionais mais recentes nessa política pública que deram forma ao Terra Brasil, dentro do conjunto mais amplo de desmonte das políticas públicas, notadamente as agrárias, que tem por finalidade viabilizar o acesso à terra. De tal modo, considera-se aqui que o início do aprofundamento desse processo se deu após o Golpe Institucional de 2016, com a assunção de Michel Temer, e ainda segue em curso, cada vez mais recrudescido, com a atual gestão de Jair Bolsonaro. Para tanto, inicialmente, far-se-á uma breve contextualização sobre o processo de institucionalização da política de Crédito Fundiário, de quando do Cédula da Terra ao PNCF, sob a lente da abordagem cognitiva de políticas públicas rurais. Por fim, as mudanças mais recentes a partir de 2018 até o momento corrente, que vieram a culminar no formato sob o Terra Brasil, serão situadas a partir das abordagens do policy dismantling, de modo a estabelecer considerações acerca das mudanças dos espaços institucionais, nas normas e procedimentos do Programa. Para a construção de referenciais de análise serão tomados os documentos oficiais e publicações midiáticas nas páginas oficiais, qe dispõem sobre critérios operacionais da política pública, assim como entrevistas com técnicos envolvidos na execução do Programa, a partir das quais serão realizadas análises de conteúdo.