Resumen de la Ponencia:

La formación en derecho, por ser humanística, ha consistido y consiste en leer y producir textos. Los hombres de leyes en sus distintas facetas (como estudiantes, abogados litigantes, académicos o magistrados) se forman continuamente a través de la lectura y escritura de libros y revistas jurídicas. Este mecanismo de consumo y reproducción del conocimiento en el mundo del derecho, influye y a la vez se ve influenciado por los mecanismos de evaluación para acceder a, o ascender en, la carrera de juez o fiscal (en el caso de los magistrados); o en la carrera académica (en el caso de los juristas). De esta forma, la dinámica de publicación de textos académicos en el mundo del derecho no cumple simplemente un fin académico, sino que está directamente relacionada con el sistema de selección y calificación de jueces y fiscales; lo que acarrea una incidencia directa en el ingreso y el ascenso a la carrera de magistrado en el Perú.  Este estudio exploratorio analizará la forma cómo se lleva a cabo este mecanismo de reproducción del conocimiento, cuáles son sus características, y cómo interactúan los actores involucrados en el mismo (autores, correctores de estilo, editores, diagramadores). Nos centraremos en la etapa de elaboración y edición de los textos, así como en las dinámicas internas que hacen que un texto sea concebido y finalmente publicado. Para ello, nuestra unidad de análisis es una editorial jurídica, una de las más importantes en Perú, en donde no solo se editan libros y revistas de derecho, sino también se organizan y administran los contenidos de estos productos editoriales. Esta editorial es un espacio en donde se reproduce el conocimiento de un buen número de los abogados del país: En donde escriben la mayoría de ellos, y en donde leen y aprenden desde la etapa universitaria.Hemos examinado nuestra unidad de análisis mediante el método etnográfico, laborando en la editorial jurídica e interrelacionando con todos los actores involucrados en el proceso de creación y edición de textos (correctores de estilo, editores, diagramadores), así como con abogados que organizan y administran las publicaciones. Las herramientas metodológicas usadas son las entrevistas en profundidad semiestructuradas, la observación participante y no participante, y los ficheros con información de bancos de datos, textos escritos y fuentes bibliográficas. GT: Estudios políticos, Sociojurídicos e Instituciones. 

Resumen de la Ponencia:

Resumen: El siguiente estudio aborda un tema de gran actualidad y controvertida ejecución: las repercusiones que tuvieron que vivir quienes están privados de su libertad a lo largo del año 2020 y gran parte del 2021, producidas por las medidas que la autoridad penitenciaria tomó a lo largo de la pandemia producida por la CoVID-19. Para ello, se examinó la situación de vida que experimentó la población penitenciaria, tanto varonil como femenil, de las prisiones más densamente pobladas de la CDMX, haciéndolo desde la óptica de este colectivo, la de sus visitantes y la del personal adscrito a los establecimientos de reclusión. Los hallazgos a los que arribó la presente investigación, dejan entrever el gran sufrimiento físico y emocional padecido por el contagio, la enfermedad, las múltiples carencias del tratamiento, y en muchos momentos por el comportamiento antiético de algunos miembros del personal que, sin justificación alguna, se mantenían inmóviles sin buscar alternativas para subsanar las carencias del de por sí abandonado sector salud a nivel nacional y en especial por el deteriorado casi olvidado servicio médico del sistema penitenciario así como las medidas tomadas por la autoridad ante la pandemia, y con ello la automática afectación de los derechos humanos de esta población sin considerar la extraordinaria situación que se vivía. Es importante hacer notar que para su consecución fue indispensable contar con testimonios de personas privadas de su libertad, de familiares y miembros del personal, constituyéndose así en una indagación socio jurídica de corte cualitativo. 

Resumen de la Ponencia:

A partir de la Reforma Constitucional de 1994, en Argentina, se reconocen los derechos económicos sociales y culturales (DESC) como derechos constitucionales. Sin embargo, su ejercicio pleno es materia de controversia. Esto acontece en el ámbito académico, pero también, dentro del Poder Judicial.  De acuerdo con la Constitución, es el Poder Judicial quien está facultado para decidir sobre todas las causas vinculadas con la violación de derechos. Así, que un caso DESC encuentre una respuesta justa, depende del trabajo de los magistrados.  Por otra parte, en la sentencia judicial, se materializa el trabajo de los jueces y se organiza el modo en que se resuelve la aplicación de un corpus normativo general a un caso concreto. En suma, se hace operativa la estrategia argumentativa por la cual, el reclamo judicial puede lograr o no su reconocimiento como derecho.  En razón de ello, se propone considerar a la sentencia judicial como resultado de un trabajo performativo. Y, en la que, además, es posible identificar una estrategia de argumentación específica, mediante la cual, el Juez, estabiliza el contenido y el alcance de los derechos sociales.    Para tal logro, se analiza un conjunto de sentencias DESC producidas en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Chubut (2009-2018) sobre casos de derecho a la salud.    El enfoque teórico/metodológico seleccionado, combina, por un lado, el desarrollo de Foucault (2002) sobre “formación discursiva”, incorpora algunos elementos fundamentales del análisis crítico del discurso (ACD) y por otro, asume como directrices conceptuales del cuadrángulo organizador (Saltalamacchia, 2012) al binomio “performatividad” (Butler, 2007) y “campo jurídico” (Bourdieu, 1987).   Como resultado, se espera identificar en la estrategia argumentativa de los jueces el registro performativo mediante el cual se organiza la materialidad de los DESC. palabras claves: derechos sociales- sentencia judicial- estrategia  argumentativa - performatividad - formación discursiva

Resumen de la Ponencia:

En Colombia ocurre un proceso de estigmatización de los campesinos que habitan en territorios delimitados como Parques Nacionales Naturales (PNN). La ponencia presenta los resultados de una investigación que versa sobre la experiencia de Estado de los campesinos que habitan el PNN Serranía La Macarena, ubicado en Vista Hermosa.Inicialmente, se percibe la producción de un orden local a través de prácticas cotidianas de diferentes actores. La historia de poblamiento está asociada al conflicto armado en otras regiones del país y a la emergencia de economías en apogeo, dirigidas a la extracción y comercialización de recursos. Según los pobladores, las redes familiares y comunitarias fueron fundamentales en la creación del orden local. Con el surgimiento de asentamientos estables, las formas de organización comunitaria se constituyeron fuente de autoridad en aspectos como la creación de vías, linderos, delimitación de veredas, servicios básicos, resolución de conflictos y certificación de la posesión de la tierra.Posteriormente, se produjo una tensión entre el orden local y el que pretende imponer el Estado al arribar a la región. Este choque se fundamenta en la narrativa estatal que imagina una región desocupada, vacía, sin gente ni nación. Desde este imaginario, el ordenamiento territorial surge como alternativa de planeación para nacionalizar, poblar y ordenar el territorio, e incorporarlo a la economía nacional. Paralelamente, al aparecer la conservación como un interés nacional, se planifica la región a partir de la representación de territorios prístinos y originarios necesarios para la humanidad. Lo anterior supone desplazar a los habitantes que tienen arraigo histórico en la zona. La imposición del orden pretendido por el Estado produce sujetos fuera de lugar. Los instrumentos de ordenamiento territorial zonifican las áreas de producción y conservación, por lo que se convierten en herramienta del Estado para determinar los territorios apropiados e inapropiados para realizar actividades, así como prescribir y proscribir la presencia de determinados sujetos. Surge la representación de campesinos adecuados e inadecuados;  determinaciones mediadas por la asimilación de los propósitos previstos por el Estado para los territorios. Los resultados indican que las formas en que se configura y ordena el territorio por parte del Estado y los colonos consta de intereses y praxis diferenciadas y antagónicas. La investigación tiene enfoque metodológico cualitativo: se realizaron entrevistas, grupos focales, cartografía social y etnografía. Se acudió a campesinos, colonos, excombatientes de las FARC, funcionarios de la Alcaldía y el Concejo Municipal. Se efectuó una revisión bibliográfica relacionada con limitación de usos de la tierra, conservacionismo, ordenamiento territorial, control poblacional, modificación de formas de vida del campesinado y revisión normativa sobre el municipio. Lo anterior permite dar cuenta de la estrecha relación entre el ordenamiento territorial del Estado y los procesos de estigmatización del campesinado colombiano.

Resumen de la Ponencia:

 En el año 2009, se produjo en Honduras un golpe de Estado que consecuentemente se tradujo en una nueva etapa de violaciones a los derechos humanos en un contexto de alto riesgo y vulnerabilidad para la población en general y para los defensores de estos derechos en particular. Lo avances alcanzados en los treinta años de relativa institucionalidad democrática del país experimentaron entonces un proceso regresivo hasta el punto de que no se advierte una salida a corto plazo de esta crisis. Se puede afirmar que, como resultado de las luchas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, emprendidas desde los años ochenta del siglo XX, se logró el reconocimiento por parte del Estado de estos derechos, pues han sido adoptados en su positividad jurídica, pero todavía persisten desafíos importantes para que se haga efectiva su vigencia sociológica. A lo largo de 12 años de golpe de Estado, los ciudadanos salieron multitudinariamente a las calles en protesta pacífica, exigiendo el retorno al orden constitucional y a la democracia, y participando en distintos procesos electorales para elegir autoridades de gobierno a nivel presidencial, parlamentario y municipal, hasta alcanzar, finalmente, en noviembre de 2021 el triunfo electoral contundente de la actual presidente Xiomara Castro. Es de notar que, en el transcurso de estos años, a la vez que crecían las manifestaciones en las principales ciudades del país, una creciente ciudadanía se movilizaba en lucha por la defensa y el respeto a sus derechos ante una fuerte represión militar y policial desatada por el régimen surgido del golpe de Estado y sostenido por la fuerza de las armas. El saldo de las luchas registradas a lo largo de estas jornadas se traduce en una escalada violación a los derechos humanos cuya expresión extrema la constituye el asesinato, por parte del ejército, además de las golpizas, gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias, torturas, encarcelamiento y persecución, entre otras violaciones. Frente a este escenario de violaciones e impunidad, los ciudadanos no cesaron en su lucha y la misma se revitalizaba de forma creativa y espontanea en los diversos ámbitos geográficos y medios de expresión. ¿Cómo se explica la activación de esta ciudadanía en lucha? ¿Cuál es su significado en el presente contexto histórico de Honduras? ¿Cuál es la relación entre la creciente conciencia social por los derechos humanos, la lucha por la democracia y el Estado de Derecho? ¿Cuál es el pronóstico? Son algunas de las interrogantes de fondo alrededor de las que intenta reflexionar la presente ponencia. Para responder a estas interrogantes es preciso concebir el presente proceso histórico como resultado y, por tanto, los derechos humanos como una conquista histórica que plantea a nuestras sociedades la necesidad social de crear y mantener instituciones justas.

Resumen de la Ponencia:

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) es un espacio judicial de deliberación sobre el contenido y alcance de los derechos humanos en la región. Sus fallos son altamente reconocidos ya que han sentado jurisprudencia en torno a diversas materias que son referentes jurídicos a problemas sociales y políticos de primer orden. En la mayoría de ocasiones, estos son motivados por las peticiones y denuncias de la sociedad civil y de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de graves violaciones de derechos humanos ante el Sistema Interamericano. Este proceso es largo y altamente reglamentado. De manera general, esta ponencia está interesada en observar el proceso judicial de la CorteIDH más allá del fallo; y particularmente, se concentra en la etapa oral: la audiencia pública. La cual pese a ser altamente valorada por las diferentes partes involucradas en el proceso contencioso, no ha sido ampliamente estudiada. Desde un enfoque cualitativo y microrelacional, se abordan las relaciones e interacciones de los actores presentes en las audiencias públicas de dos casos llevados ante la CorteIDH contra Colombia, la Masacre de Mapiripán y las Comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica. Estos versan sobre hechos ocurridos en 1997, en medio del conflicto armado interno, protagonizados por la acción activa u omisa de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares, sobre poblaciones rurales que ocasionaron su desplazamiento forzado masivo. Las audiencias públicas de estos casos dan cuenta de una diversidad de actores, y de elementos significativos del litigio ante la Corte en casos contra el Estado de Colombia. Se argumenta que las audiencias públicas muestran las luchas simbólicas entre los actores que participan de la contienda judicial, particularmente entre los peticionarios y los agentes del Estado. Estas se evidencian en tres elementos: a. la selección de declarantes; b. las maneras de estar en sala; c. las formas de apropiación de la sala por medio de prácticas retórico-performativas. Su estudio aporta a la comprensión de la relevancia de la audiencia pública para los actores ya que les permite consolidar su versión de los hechos denunciados y su interpretación en derecho de estos y, además, buscar el respaldo de quienes integran la institucionalidad interamericana: los comisionados y los jueces. Las luchas simbólicas no se definen exclusivamente en la interacción, sin embargo, dejan ver la desigualdad entre los actores y sus capitales, y sus diferentes estrategias. Por todo lo anterior, la audiencia pública es la evidencia del encuentro de actores disímiles; de diferentes formas de litigio, entre el activismo judicial y la defensa nacional; y de diferentes comprensiones sobre la función de las sentencias de la CorteIDH, para la búsqueda de verdad y justicia y, por otra parte, para el apego al formalismo y la protección de la institucionalidad. 

Resumen de la Ponencia:

La población del departamento del Huila ha sido receptora de violencias estructurales y directas a raíz y potenciadas por el conflicto armado interno colombiano, debido a su posición geográfica que lo ubica al territorio en el centro de las zonas históricamente azotadas por la violencia (Cauca, Caquetá, Putumayo y Tolima). En el departamento se registran hechos de desplazamiento forzado, extorciones, magnicidios, secuestros, masacres, falsos positivos y tomas de territorios por vías armadas. En vista de los múltiples hechos de violencias que se manifiestan en el territorio, se hace necesario un esclarecimiento, de la verdad, con miras a hallar sus causas, sus actores, sus factores, sus víctimas, y sus consecuencias, para que la población del departamento pueda transitar hacia un escenario de reconciliación. La Comisión de la verdad, la convivencia y la no repetición CEV, creada a partir de los acuerdos de paz, adelanta los procesos de esclarecimiento de la verdad en el departamento y debido a su reciente conformación, a las facultades que tiene, los mandatos que la orientan y su presencia pionera en el departamento para la búsqueda de la verdad, la hace un agente de paz propicia para el análisis de su aporte a la transformación de conflictos por medios no violentos. A partir de entrevistas semiestructuradas a dirigentes gubernamentales y funcionarios de la Comisión se evidencia que la CEV, como agente de paz en el territorio, promueve la confianza cívica, la verdad como un derecho, la reconciliación nacional y la resolución no violenta de conflictos.

Resumen de la Ponencia:

México es un país con más de 94,000 personas desaparecidas (más del 85% desde 2007) la mayor parte desde 2006 con la denominada guerra contra el narcotráfico. Como consecuencia de esta situación trágica ha surgido un crecido un movimiento social en contra de las desapariciones. Todo esto en un contexto de impunidad de más de 99% para las desapariciones y un 95% para todos los delitos.En este contexto, en que la expectativa de impunidad es la regla, la pregunta que guía el trabajo es qué estrategias desarrollan los abogados de organizaciones de derechos humanos que acompañan legalmente a familias de personas desaparecidas en diferentes regiones de México.Enmarcaremos la reflexión en el cuerpo de literatura sobre derecho y movimientos sociales, específicamente en el ámbito de la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de las desapariciones. La hipótesis que guía el trabajo es que los abogados no tienen expectativas sobre el avance de los casos en el sistema de justicia nacional dados los niveles de impunidad y la apuesta está vinculada con la visibilización de las deficiencias del sistema de justicia para desarrollar estrategias a nivel internacional o local.El diseño de investigación es cualitativo y se basa en el análisis de entrevistas semi-estructuradas realizadas a abogados de organizaciones de la sociedad civil locales en México a los efectos de identificar su aproximación a los casos y estrategias frente a ellos.