Resumen de la Ponencia:

El reciente contexto chileno se ha encontrado marcado por importantes debates a nivel político. Tanto el proceso constituyente como las elecciones presidenciales de finales de 2021 pusieron en escena las diversas visiones presentes en la sociedad chilena sobre los derechos sociales, el rol del Estado y el sistema político que debe ser implementado por la nueva Constitución. Sobre esto, diversos actores sociales han puesto en el debate público su visión política sobre estos elementos. Entre ellos, las y los jóvenes se han destacado al liderar los procesos de movilización y transformación al origen de este proceso constituyente, demandando importantes transformaciones al modelo chileno. Por ello, esta ponencia aborda el actual proceso constituyente de Chile, a partir de la mirada juvenil sobre el rol del Estado, del sistema político y de los derechos que debe asegurar la nueva Constitución. En base a un importante trabajo de campo mediante más de 100 grupos de discusión y de cuestionarios aplicados a más de 2.000 jóvenes entre 14 y 25 años de todo el país, proponemos que este proceso social es una reacción ante la crisis hegemónica del modelo político y de sociedad existente en Chile, poniendo en evidencia la polarización entre diferentes subjetividades antagonistas. Se trata de una disputa en lo político y lo cultural entre diferentes proyectos de país, uno buscando la conservación del modelo sociopolítico de las últimas décadas y sus efectos, y otro marcado por una mirada juvenil orientada hacia el reconocimiento de la diversidad presente en la sociedad chilena, el posicionamiento de la ciudadanía como un actor relevante del sistema político y la implementación de una cultura de derechos orientadas al bienestar de las y los ciudadanos.

Resumen de la Ponencia:

Esta investigación busca, por medio de IAP, entender y participar en los procesos de construcción de grupos comunitarios de origen trans, que buscan realizar talleres, mediante prácticas artísticas, para  formación de sujetos políticos con la intención de hacer parte activa en la democracia participativa, previo a las elecciones presidenciales del año 2022. Dadas las problemáticas que enfrentan ante la ausencia de ayudas por parte de las instituciones gubernamentales, especialmente para la regulación de la actividad laboral más común en el barrio: la prostitución, se ha observado como la comunidad busca hacer conciencia entre los habitantes del barrio con la intención de elegir representantes para el congreso de la República y la presidencia, que escuchen y velen por sus intereses. Por esta razón, se construye una red para realizar actividades con el fin de construir escuelas pedagógicas para la concientización de la comunidad, con el fin de leer, analizar y comprender los planes de gobierno y propuestas de los y las candidatas, todo esto, en espacios fundamentalmente artísticos en colaboración con grupos de danza teatro del barrio.Se considera importante la indagación de la construcción de mecanismos de participación y la construcción de los y las integrantes de los grupos como sujetos políticos. Siendo un proceso comunitario en el que no solo actúo como observadora (teniendo en cuenta el uso de la IAP) del que se pueden sacar importante conclusiones  respecto a la construcción de memoria, y que tanto puede o no influir esto en sus decisiones electorales, y que, deja la posibilidad de realizar, en conjunto con la comunidad, aprendizajes sobre participación y representación política.  La intención de esta IAP es además, dejar como producto para la comunidad escuelas para la formación artística-política y bases para fomentar y  potenciar el performance con carácter político.Para esta investigación se realiza la revisión de los siguientes autores con el fin de aclarar conceptualmente:Pierre Bourdieu: la comprensión de lo que significa el sujeto político, como se forma y su dimensión de lo público y lo privado.Alain Touraine: la comprensión del yo como sujeto dentro de una comunidad o red y que es necesario para que un individuo se conforme como sujeto.Max Kaase: comprensión de que es la participación política tanto directa como indirecta y los tipos de participación ciudadana.

Resumen de la Ponencia:

 Siguiendo a Bolívar Echeverría y Veraza, sostengo que en Marx se puede identificar y construir una teoría del derecho. Esta teoría se puede construir a partir de la teoría semiótica del valor de uso que Bolívar retoma de la descripción que Marx hace de la naturaleza general del proceso de producción y consumo de valores de uso. La idea central de esta teoría semiótica es la tesis de la identidad esencial (TIE) entre el proceso de consumo de valores de uso, y el proceso y consumo de significados. Afirmo que TIE permite concebir al derecho como un valor de uso, el cual tiene una dimensión transhistórica y otra histórica. Esta distinción permite criticar la forma histórica que adopta una teoría del derecho en el capitalismo. Finalmente comparo la teoría del derecho marxista con la teoría discursivas del derecho de Robert Alexy, argumento que la tesis de que el derecho es un valor de uso permite criticar la fundamentación instrumental de los derechos sociales que ofrece R. Alexy.          BibliografíaRobert Alexy, Teoría de los derechos fundamentales. Centro de estudios políticos y constitucionales, 2 edición, 2007a.Bolívar Echeverría. `El “valor de uso”: ontología y semiótica´ en Valor de uso y utopía. Siglo veintiuno editores, 1998.Bolívar Echeverría. Definición de la Cultura. FCE- Editorial Itaca, segunda edición, 2010.Jorge Veraza. `Lo político, la nación, el estado y el derecho: superando la crisis del marxismo´. Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales, 219- 229(13), 2015.

Resumen de la Ponencia:

De acuerdo con el iusnaturalismo racional, los derechos humanos son inherentes a las personas, no esperan a ser reconocidos en las normas. Son fundamentales para el desarrollo individual y para el establecimiento y funcionamiento de un orden social pacífico e inclusivo. Los derechos humanos son la base de la democracia para autores como Alain Touraine (2001) o para la democracia sustantiva de Luigi Ferrajoli (2003) y la democracia formal de Michel Angelo Bovero (2003), entre otros. Son especialmente un asunto prioritario en un país donde su vulneración es extensa y la justicia no llega, por lo que el status quo de falta de realización de los derechos humanos prevalece, aún cuando el marco normativo se ha desarrollado extensamente.  En este documento se analiza la que ha sido denominada como reforma constitucional de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011; el desarrollo de las reformas al párrafo A) del artículo sexto constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que reconoce y garantiza el derecho de acceso a la información, tomando en cuenta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a la Ley General de Transparencia, ley marco regulatoria del artículo sexto constitucional; así como a la reforma al Apartado A, del artículo 102 de la CPEUM, que organiza al Ministerio Público de la Federación como en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, considerando los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Se busca resolver la pregunta de investigación: ¿cómo transmutar de lo procesal y/o procedimental al cumplimiento de los objetivos sustantivos de las reformas constitucionales de derechos humanos; acceso a la información y procuración de justicia de  2011, 2014 y 2016, respectivamente?  Como hipótesis se plantea: El enfoque en el fondo de los asuntos,  a través una perspectiva que busque el logro de los derechos sustantivos protegidos de forma afín con los principios axiológicos de los derechos humanos, en lugar de solo aplicar procedimientos establecidos  en la resolución de controversias entre el Estado y/o los actores que realizan actos de autoridad o ejercen recursos públicos y  los particulares, por parte de los organismos constitucionales autónomos de derechos humanos; transparencia y acceso a la información, así como, procuración de justicia es lo que permitirá garantizar la eficacia de los bienes jurídicos tutelados establecidos como objeto de las reformas.

Introducción:

Los derechos humanos son especialmente un asunto prioritario en un país donde su vulneración es extensa y la justicia no llega, por lo que el status quo de falta de realización de los derechos humanos prevalece, aun cuando el marco normativo se ha desarrollado extensamente, precepto principal del positivismo jurídico promovido por autores como Hans Kelsen, entre muchos otros. En este documento se analiza: 1) la que ha sido denominada como reforma constitucional de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011; 2) el desarrollo de las reformas al párrafo A) del artículo sexto constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que reconoce y garantiza el derecho de acceso a la información, tomando en cuenta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 3) a la Ley General de Transparencia, ley marco regulatoria del artículo sexto constitucional; así como a 4) la reforma al Apartado A, del artículo 102 de la CPEUM, que organiza al Ministerio Público de la Federación en una Fiscalía General de la República como organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, considerando los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. 

Desarrollo:

Touraine define a la acción democrática como la liberación de los individuos y los grupos dominados por la lógica de un poder ejercido por los dueños y gerentes de sistemas. Sostiene el autor que asistimos al retorno de la idea de derechos del hombre, más fuerte que nunca porque fue enarbolada por los resistentes, los disidentes y los espíritus críticos que lucharon en los momentos más negros del siglo contra los poderes totalitarios (Touraine, 2001:5). Coincido con esta visión, aunque añadiría el lenguaje de géneo. Cuestiona que las reglas de procedimiento no son más que medios al servicio de fines nunca alcanzados como impedir la arbitrariedad y el secreto; responder las demandas de la mayoría y conseguir la participación más amplia posible de las personas en la vida pública. Propongo que no son solo fines inalcanzados sino que la propia aplicación de las reglas de procedimiento los alejan de los principios de la democracia. 

Ferrajoli por su parte, muy bien nos dice que la democracia se encuentra estrechamente relacionada con su concepción de los derechos fundamentales, coloca la importancia en que los derechos se encuentren escritos constitucionalmente y que los derechos humanos se sitúen como límites infranqueables de las decisiones políticas. Mientras que Bovero concede dos adjetivos a la democracia: formalidad procesal y laicidad, en tanto la primera está relacionada con la definición de la democracia como un conjunto de reglas que ayudan a la sociedad a definir quién y cómo se tomarán las decisiones públicas, mientras la laicidad se basa en el principio de tolerancia que sostiene a la democracia. 

Empezaré por la última reforma legislativa aprobada de las enlistadas en este documento. El 14 de diciembre de 2018, se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la cual, en su artículo primero establece  como objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables. Esto último, por supuesto relacionado con la reforma al artículo primero constitucional reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio de 2011. 

El 18 de diciembre de 2018, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Batres, declaró la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la FGR.[1] De manera reiterada se ha cuestionada la autonomía de la Fiscalía, comenzando por el nombramiento del Fiscal General, sobre el que la mencionada Ley señala: 

             A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal. Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la terna. II. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado. III. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días. En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Senado tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala la fracción I.

La designación de las y los titulares de los organismos constitucionales autónomos ha sido muy cuestionada, precisamente porque es a través de estos mecanismos que se puede o no asegurar cierta independencia respecto al poder ejecutivo tanto a nivel nacional como en las entidades federativas. Sin embargo;  en esta presentación ese no es el tema de interés sino la competencia de la FGR y las fiscalías especializadas y de las entidades federativas. 

¿Por qué la Fiscalía General de la República no ejerce su facultad de atracción en delitos por su naturaleza federalizados como: las agresiones en contra de la libertad de expresión o la violencia en contra de las mujeres. Miguel Beltrán de Felipe (2016) analiza la “colisión” de las competencias de nivel federal y local en la materia criminal en un país federal como México en el cual la fiscalía general tiene esta facultad o las fiscalías locales la facultad de declinar su competencia a favor de la autoridad de investigación federal. El autor considera esta condición como una quiebra del principio del federalismo, yo diría que en México puede ser incluso necesario. 

Existen innumerables delitos que son cometidos porque las fiscalías fallan en las medidas de protección necesarias a las posibles víctimas de delitos más graves. Casos de feminicidio son vastos, en los que las denuncias no han tenido un resultado de contención del peligro, entre otros temas como los asesinatos cometidos en contra de periodistas que ya habían advertido a los ministerios públicos sobre las amenazas y el riesgo inminente en el que vivían. En este sentido quisiera reiterar la hipótesis que planteo. Las fallas en los mecanismos procedimentales anulan el cumplimiento eficaz de los derechos.  

 

Por otra parte y atendiendo a lo comprometido en el resumen de este trabajo, tomemos en cuenta el derecho de acceso a la información, el cual sabemos fue incorporado constitucionalmente por primera vez en 1977, brevemente desarrollado en 2007, y ampliamente elaborado hasta la reforma constitucional promulgada el 7 de febrero de 2014. Un desarrollo normativo que en México tuvimos primero en el nivel de la jerarquía normativa a nivel legislativo con la Ley Federal de Transparencia y  Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) de 2002, pero quisiera tratar la importancia de los organismos constitucionales autónomos como cualidad de un régimen democrático de libertades y derechos humanos que se consagran como fundamentales en la parte dogmática de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en el Título Primero, Capítulo I Título Primero. De los Derechos Humanos y sus Garantías como parte de los pesos y contrapesos del poder en México y quisiera llamar a su atención la importancia entonces de los órganos garantes del derecho de acceso a la información y lo que se espera de éstos.  Por supuesto, son componentes considerados por instancias internacionales y regionales de los derechos humanos como las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, con quienes por cierto nos acercamos para proponer y atraer diversos estándares que hoy en día rigen al derecho a la información en México, sobre algunos de estos estándares convertidos en principios constitucionales hablaremos más adelante en esta presentación.   

Dos preceptos fundamentales quisiera llamar a su atención: el principio de anonimato del derecho de acceso a la información y la excepción a la reserva de las violaciones graves a derechos humanos prima facie, porque son dos de las más grandes batallas que se lograron avanzar en el marco jurídico mexicano del derecho humano de acceso a la información, cuyo reconocimiento como tal fue parteaguas para la posibilidad del acceso a  la información. El principio de anonimato deriva de la fracción III del párrafo A del artículo sexto constitucional que a la letra dice: III. 

Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. Al ser el derecho de acceso a la información un procedimiento seguido en forma de juicio por un órgano especializado que no forma parte del poder judicial no requiere de conocer de la identidad o pretensión de la parte actora. Este principio se desarrolló en la General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la que tanto México Infórmate, entonces una red de la sociedad civil, que posteriormente se constituyó como asociación civil, el Colectivo por la Transparencia y la Red por la Rendición de Cuentas tuvimos oportunidad de incidir en alguna medida junto con las principales fuerzas políticas en los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Partido Verde Ecologista. En el artículo 124 de la mencionada ley se establece de forma explícita que la información sobre el nombre y cualquier otro dato que facilite la localización de la información, será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. Desafortunadamente todavía existen legislaciones locales que fallan en atender el mencionado precepto y bloquean el acceso a la información declarando los organismos garantes la improcedencia de la información, esta etapa procesal impide por supuesto resoluciones sobre el fondo de la controversia entre el particular y los sujetos obligados en materia de acceso a la información y no puede seguir sucediendo.

Por lo que refiere a la publicidad de las vulneraciones a los derechos humanos en la Ley General de Transparencia, el artículo 5 se dispone de forma textual. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El artículo 115 complementa la disposición normativa al señalar: Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por supuesto, el derecho al ser un conjunto de principios y normas latentes y dinámicas que se ajustan y ajustan la realidad cambian de acuerdo a sus diversas fuentes. Quisiera finalmente desarrollar un poco el tema sobre la controversia constitucional 325/2019 promovida por la Fiscalía General de la República demandando la invalidez del recurso de revisión RRA 9481/2019 en la que en la que ordenaba a la Fiscalía General de la República (FGR) revelar los nombres y cargos de su personal, pues consideró que esto pondría en riesgo su vida, seguridad y salud.

Con 7 votos a favor, el Pleno de la Corte resolvió que revelar los datos de los agentes del Ministerio Público de las diversas subprocuradurías de la FGR vulneraría la integridad del personal. Los votos en contra de esta sentencia señalar cuantimenos que "Se abriría la puerta para que todos los sujetos obligados con legitimación para promover la controversia constitucional, en términos del artículo 105 Constitucional, impugnen por esta vía las resoluciones del INAI", oponiéndose al artículo sexto que determina que las resoluciones del INAI son definitivas e inatacables señalando: Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. 

La Consejería Jurídica del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia. 

 

[1] http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/43221-declaran-autonomia-constitucional-de-la-fiscalia-general-de-la-republica.html

Conclusiones:

En este sentido quisiera concluir esta participación enfatizando la necesidad del largo aliento de las reformas constitucionales mencionadas que se sostienen a partir de la exigencia y la operación y funcionamiento sustantivo de los organismos constitucionales autónomos que se suman a la división de poderes compleja y profunda a través de la información a la que tenemos acceso en México. Es fundamental que las y los titulares de los organismos constitucionales autónomos garantes del derecho a la información comprendan que la sociedad mexicana tiene necesidad de su operación para cumplimentar de forma eficaz los objetivos y principios de las reformas constitucionales que persistan en su correcta actuación para el fortalecimiento de nuestra democracia mexicana. 

Salazar (2013) de manera contundente nos recuerda que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en su artículo 16 claramente señala: existe una Constitución cuando los derechos están protegidos y los derechos divididos.

Los organismos constitucionales en países como el nuestro contribuyen a la división de poderes. La constitución recoge también un núcleo básico de derechos humanos y sus garantías. 

 

Bibliografía:

Beltrán de Felipe, M. (2016). La facultad de atracción como mecanismo excepcional de alteración del reparto de competencias jurisdiccionales en materia penal: un estudio de las reformas de legislación mexicana de 2012 y 2013. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 20, 33-68. doi: http://dx.doi.org/10.18042/cepc/aijc.20.02Salazar, P. (2013), El nuevo constitucionalismo latinoamericano (una perspectiva crítica), Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. https://www.academia.edu/download/54963119/NUEVO_CONSTITUCIONALISMO_LATINOAMERICANO.pdfTouraine, A (2001), ¿Qué es la democracia?, FCE, Ciudad de MéxicoConferencias magistrales, Michalengelo Bovero y Luigi Ferrajoli, Dos perspectivas comparadas de la democracia,  L (2003), Instituto Nacional Electoral, Ciudad de México, https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/02/CM13_baja.pdfFiscalía General de la República (25 de junio de 2020), Subprocuradurías y Fiscalías de la FGR, https://www.gob.mx/fgr/acciones-y-programas/subprocuradurias-de-la-fgrFiscalía General de la República, Nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, Diario Oficial de la Federación (21 de septiembre de 2012), https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LOPGR.pdfSecretaría de Gobernación (14 de diciembre de 2018), Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546647&fecha=14/12/2018#gsc.tab=0Secretaría de Gobernación (4 de mayo de 2015), Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso la Información Pública, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5391143&fecha=04/05/2015#gsc.tab=0, Diario Oficial de la Federación.Secretaría de Gobernación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htmSecretaría de Gobernación, Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (13 de agosto 2020), Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598265&fecha=13/08/2020#gsc.tab=0

Palabras clave:

organismos constitucionales autónomos, división de poderes, derechos humanos

Resumen de la Ponencia:

En 2019 se reformó la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, con el objetivo de establecer reglas mínimasde comportamiento cívico, garantizar la sana convivencia, el respeto a las personas y regular el funcionamientode la Administración Pública de la Ciudad de México en su preservación; así como difundir el orden normativo dela ciudad, promover la cultura de paz y establecer las acciones que deberán realizar las autoridades para que laspersonas que habitan la Ciudad de México puedan dirimir sus conflictos a través de mecanismos consensadosde justicia alternativa (GOCDMX, 2019). De esta manera, en la Ley de Cultura Cívica de la CDMX (Art. 14)se señala la necesidad de preservar el “orden público” mediante la participación ciudadana (en el ejercicio,respeto y cumplimiento de derechos y obligaciones), así como el respeto y preservación de la integridad físicay psicológica, cualquiera que sea su condición socioeconómica, edad, sexo, religión, orientación y preferenciasexual o grupo étnico. Una ley con tales características genera importantes interrogantes sobre las interacciones entre policía,operadores/as de juzgados cívicos y ciudadanía en torno a la “preservación del orden”, especialmente cuando laactividad policial se orienta hacia tareas de orden cívico más que a la incidencia delictiva. En tales situaciones,pueden llevarse a cabo detenciones arbitrarias, prácticas discriminatorias acordes con el denominado profiling-es decir, el arresto o la revisión selectiva hacia determinados individuos o grupos sociales, por las característicasraciales, étnicas, sexuales, políticas, socioeconómicas, entre otras- (Zavaleta, Kessler, Alvarado y Zaverucha,2016; Tyler y Cheryl, 2004). Asimismo, el abuso policial puede traducirse en prácticas de extorsión vinculadasa pautas morales sobre quién merece ser sancionado y vigilado y escalar en encuentros ajenos al fenómenodelictivo, tales como las llamadas faltas administrativas. En el caso específico de la Ciudad de México el tema se torna relevante, pues de acuerdo con la Consejería Jurídica de la CDMX, de 2018 a 2019 las faltas cívicas más recurrentes fueron: ingerir bebidas alcohólicas en lacalle o en sitios no autorizados, utilizar la vía pública “sin permiso” y apartar lugares. En ese periodo se aplicaron 72, 902 infracciones administrativas, el 36% de las cuales ocurrieron en la Alcaldía Cuauhtémoc (CJCDMX, 2020).Los antecedentes y problemáticas expuestas justifican el interés por estudiar los efectos de la Ley de CulturaCívica de la CDMX en las representaciones juveniles, -entendidas como estructuras psicosociales intersubjetivasque se despliegan como formaciones discursivas que permiten pensar y actuar en el mundo social (Cfr. Beriain1990:16)-, sobre violencia urbana, seguridad y exclusión social, en un contexto donde los encuentros entrejuventudes desfavorecidas y policía suelen ser conflictivos.

Resumen de la Ponencia:

Las primeras dos décadas de este siglo han estado marcadas por una fuerte movilización feminista en México frente al problema de las muertes violentas de mujeres. Un sector del feminismo ha buscado enfrentar la problemática a través del sistema de justicia penal, ha promovido la criminalización del ”feminicidio”, la prisión preventiva oficiosa para este delito y más recientemente han impulsado las Declaratorias de Alertas de Violencia de Género (AVG), las cuales incluyen medidas específicas en procuración y administración de justicia, en contextos locales. A este respecto la ponencia se propone conocer: ¿cómo han impactado los discursos y políticas promovidos por un sector del feminismo acerca de la violencia feminicida en la conciencia legal y las prácticas de fiscales dedicados a investigar las muertes violentas de mujeres en México? El objetivo de la ponencia es comprender el impacto de los discursos y políticas feministas sobre la violencia feminicida en la conciencia legal (Engel, 2012; Merry, 2006) y las prácticas de fiscales a nivel local. A partir de una metodología cualitativa basada en análisis documental, entrevistas a profundidad dirigidas a fiscales, defensores, representantes de ONGs y jueces se analiza la incidencia de las demandas feministas en las políticas locales de persecución penal a la violencia feminicida y en las narrativas y prácticas de los fiscales a cargo de estos casos en Nuevo León de 2009 a 2021. Los hallazgos permiten argumentar que la institucionalización de algunos discursos feministas han propiciado avances garantistas (Ferrajoli, 2006) ya que las y los fiscales han ido desnaturalizando la violencia de género en contra de las mujeres, han buscado evitar feminicidios y se pronuncien a favor de los derechos de las víctimas; sin embargo, también ha conllevado la reproducción de estereotipos dicotómicos de género que restan capacidad de autonomía y decisión a las mujeres victimizadas y desalientan su participación en los procesos. A su vez, la institucionalización de los discursos feministas en conjunto con discursos de populismo penal ha implicado el reforzamiento de medidas punitivas que se han traducido en prácticas que ponen en riesgo los derechos de los posibles responsables de estas violencias. 

Resumen de la Ponencia:

La formación en derecho, por ser humanística, ha consistido y consiste en leer y producir textos. Los hombres de leyes en sus distintas facetas (como estudiantes, abogados litigantes, académicos o magistrados) se forman continuamente a través de la lectura y escritura de libros y revistas jurídicas. Este mecanismo de consumo y reproducción del conocimiento en el mundo del derecho, influye y a la vez se ve influenciado por los mecanismos de evaluación para acceder a, o ascender en, la carrera de juez o fiscal (en el caso de los magistrados); o en la carrera académica (en el caso de los juristas). De esta forma, la dinámica de publicación de textos académicos en el mundo del derecho no cumple simplemente un fin académico, sino que está directamente relacionada con el sistema de selección y calificación de jueces y fiscales; lo que acarrea una incidencia directa en el ingreso y el ascenso a la carrera de magistrado en el Perú.  Este estudio exploratorio analizará la forma cómo se lleva a cabo este mecanismo de reproducción del conocimiento, cuáles son sus características, y cómo interactúan los actores involucrados en el mismo (autores, correctores de estilo, editores, diagramadores). Nos centraremos en la etapa de elaboración y edición de los textos, así como en las dinámicas internas que hacen que un texto sea concebido y finalmente publicado. Para ello, nuestra unidad de análisis es una editorial jurídica, una de las más importantes en Perú, en donde no solo se editan libros y revistas de derecho, sino también se organizan y administran los contenidos de estos productos editoriales. Esta editorial es un espacio en donde se reproduce el conocimiento de un buen número de los abogados del país: En donde escriben la mayoría de ellos, y en donde leen y aprenden desde la etapa universitaria.Hemos examinado nuestra unidad de análisis mediante el método etnográfico, laborando en la editorial jurídica e interrelacionando con todos los actores involucrados en el proceso de creación y edición de textos (correctores de estilo, editores, diagramadores), así como con abogados que organizan y administran las publicaciones. Las herramientas metodológicas usadas son las entrevistas en profundidad semiestructuradas, la observación participante y no participante, y los ficheros con información de bancos de datos, textos escritos y fuentes bibliográficas. GT: Estudios políticos, Sociojurídicos e Instituciones. 

Resumen de la Ponencia:

Resumen: El siguiente estudio aborda un tema de gran actualidad y controvertida ejecución: las repercusiones que tuvieron que vivir quienes están privados de su libertad a lo largo del año 2020 y gran parte del 2021, producidas por las medidas que la autoridad penitenciaria tomó a lo largo de la pandemia producida por la CoVID-19. Para ello, se examinó la situación de vida que experimentó la población penitenciaria, tanto varonil como femenil, de las prisiones más densamente pobladas de la CDMX, haciéndolo desde la óptica de este colectivo, la de sus visitantes y la del personal adscrito a los establecimientos de reclusión. Los hallazgos a los que arribó la presente investigación, dejan entrever el gran sufrimiento físico y emocional padecido por el contagio, la enfermedad, las múltiples carencias del tratamiento, y en muchos momentos por el comportamiento antiético de algunos miembros del personal que, sin justificación alguna, se mantenían inmóviles sin buscar alternativas para subsanar las carencias del de por sí abandonado sector salud a nivel nacional y en especial por el deteriorado casi olvidado servicio médico del sistema penitenciario así como las medidas tomadas por la autoridad ante la pandemia, y con ello la automática afectación de los derechos humanos de esta población sin considerar la extraordinaria situación que se vivía. Es importante hacer notar que para su consecución fue indispensable contar con testimonios de personas privadas de su libertad, de familiares y miembros del personal, constituyéndose así en una indagación socio jurídica de corte cualitativo. 

Resumen de la Ponencia:

A partir de la Reforma Constitucional de 1994, en Argentina, se reconocen los derechos económicos sociales y culturales (DESC) como derechos constitucionales. Sin embargo, su ejercicio pleno es materia de controversia. Esto acontece en el ámbito académico, pero también, dentro del Poder Judicial.  De acuerdo con la Constitución, es el Poder Judicial quien está facultado para decidir sobre todas las causas vinculadas con la violación de derechos. Así, que un caso DESC encuentre una respuesta justa, depende del trabajo de los magistrados.  Por otra parte, en la sentencia judicial, se materializa el trabajo de los jueces y se organiza el modo en que se resuelve la aplicación de un corpus normativo general a un caso concreto. En suma, se hace operativa la estrategia argumentativa por la cual, el reclamo judicial puede lograr o no su reconocimiento como derecho.  En razón de ello, se propone considerar a la sentencia judicial como resultado de un trabajo performativo. Y, en la que, además, es posible identificar una estrategia de argumentación específica, mediante la cual, el Juez, estabiliza el contenido y el alcance de los derechos sociales.    Para tal logro, se analiza un conjunto de sentencias DESC producidas en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Chubut (2009-2018) sobre casos de derecho a la salud.    El enfoque teórico/metodológico seleccionado, combina, por un lado, el desarrollo de Foucault (2002) sobre “formación discursiva”, incorpora algunos elementos fundamentales del análisis crítico del discurso (ACD) y por otro, asume como directrices conceptuales del cuadrángulo organizador (Saltalamacchia, 2012) al binomio “performatividad” (Butler, 2007) y “campo jurídico” (Bourdieu, 1987).   Como resultado, se espera identificar en la estrategia argumentativa de los jueces el registro performativo mediante el cual se organiza la materialidad de los DESC. palabras claves: derechos sociales- sentencia judicial- estrategia  argumentativa - performatividad - formación discursiva

Resumen de la Ponencia:

En Colombia ocurre un proceso de estigmatización de los campesinos que habitan en territorios delimitados como Parques Nacionales Naturales (PNN). La ponencia presenta los resultados de una investigación que versa sobre la experiencia de Estado de los campesinos que habitan el PNN Serranía La Macarena, ubicado en Vista Hermosa.Inicialmente, se percibe la producción de un orden local a través de prácticas cotidianas de diferentes actores. La historia de poblamiento está asociada al conflicto armado en otras regiones del país y a la emergencia de economías en apogeo, dirigidas a la extracción y comercialización de recursos. Según los pobladores, las redes familiares y comunitarias fueron fundamentales en la creación del orden local. Con el surgimiento de asentamientos estables, las formas de organización comunitaria se constituyeron fuente de autoridad en aspectos como la creación de vías, linderos, delimitación de veredas, servicios básicos, resolución de conflictos y certificación de la posesión de la tierra.Posteriormente, se produjo una tensión entre el orden local y el que pretende imponer el Estado al arribar a la región. Este choque se fundamenta en la narrativa estatal que imagina una región desocupada, vacía, sin gente ni nación. Desde este imaginario, el ordenamiento territorial surge como alternativa de planeación para nacionalizar, poblar y ordenar el territorio, e incorporarlo a la economía nacional. Paralelamente, al aparecer la conservación como un interés nacional, se planifica la región a partir de la representación de territorios prístinos y originarios necesarios para la humanidad. Lo anterior supone desplazar a los habitantes que tienen arraigo histórico en la zona. La imposición del orden pretendido por el Estado produce sujetos fuera de lugar. Los instrumentos de ordenamiento territorial zonifican las áreas de producción y conservación, por lo que se convierten en herramienta del Estado para determinar los territorios apropiados e inapropiados para realizar actividades, así como prescribir y proscribir la presencia de determinados sujetos. Surge la representación de campesinos adecuados e inadecuados;  determinaciones mediadas por la asimilación de los propósitos previstos por el Estado para los territorios. Los resultados indican que las formas en que se configura y ordena el territorio por parte del Estado y los colonos consta de intereses y praxis diferenciadas y antagónicas. La investigación tiene enfoque metodológico cualitativo: se realizaron entrevistas, grupos focales, cartografía social y etnografía. Se acudió a campesinos, colonos, excombatientes de las FARC, funcionarios de la Alcaldía y el Concejo Municipal. Se efectuó una revisión bibliográfica relacionada con limitación de usos de la tierra, conservacionismo, ordenamiento territorial, control poblacional, modificación de formas de vida del campesinado y revisión normativa sobre el municipio. Lo anterior permite dar cuenta de la estrecha relación entre el ordenamiento territorial del Estado y los procesos de estigmatización del campesinado colombiano.

Resumen de la Ponencia:

 En el año 2009, se produjo en Honduras un golpe de Estado que consecuentemente se tradujo en una nueva etapa de violaciones a los derechos humanos en un contexto de alto riesgo y vulnerabilidad para la población en general y para los defensores de estos derechos en particular. Lo avances alcanzados en los treinta años de relativa institucionalidad democrática del país experimentaron entonces un proceso regresivo hasta el punto de que no se advierte una salida a corto plazo de esta crisis. Se puede afirmar que, como resultado de las luchas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, emprendidas desde los años ochenta del siglo XX, se logró el reconocimiento por parte del Estado de estos derechos, pues han sido adoptados en su positividad jurídica, pero todavía persisten desafíos importantes para que se haga efectiva su vigencia sociológica. A lo largo de 12 años de golpe de Estado, los ciudadanos salieron multitudinariamente a las calles en protesta pacífica, exigiendo el retorno al orden constitucional y a la democracia, y participando en distintos procesos electorales para elegir autoridades de gobierno a nivel presidencial, parlamentario y municipal, hasta alcanzar, finalmente, en noviembre de 2021 el triunfo electoral contundente de la actual presidente Xiomara Castro. Es de notar que, en el transcurso de estos años, a la vez que crecían las manifestaciones en las principales ciudades del país, una creciente ciudadanía se movilizaba en lucha por la defensa y el respeto a sus derechos ante una fuerte represión militar y policial desatada por el régimen surgido del golpe de Estado y sostenido por la fuerza de las armas. El saldo de las luchas registradas a lo largo de estas jornadas se traduce en una escalada violación a los derechos humanos cuya expresión extrema la constituye el asesinato, por parte del ejército, además de las golpizas, gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias, torturas, encarcelamiento y persecución, entre otras violaciones. Frente a este escenario de violaciones e impunidad, los ciudadanos no cesaron en su lucha y la misma se revitalizaba de forma creativa y espontanea en los diversos ámbitos geográficos y medios de expresión. ¿Cómo se explica la activación de esta ciudadanía en lucha? ¿Cuál es su significado en el presente contexto histórico de Honduras? ¿Cuál es la relación entre la creciente conciencia social por los derechos humanos, la lucha por la democracia y el Estado de Derecho? ¿Cuál es el pronóstico? Son algunas de las interrogantes de fondo alrededor de las que intenta reflexionar la presente ponencia. Para responder a estas interrogantes es preciso concebir el presente proceso histórico como resultado y, por tanto, los derechos humanos como una conquista histórica que plantea a nuestras sociedades la necesidad social de crear y mantener instituciones justas.

Resumen de la Ponencia:

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) es un espacio judicial de deliberación sobre el contenido y alcance de los derechos humanos en la región. Sus fallos son altamente reconocidos ya que han sentado jurisprudencia en torno a diversas materias que son referentes jurídicos a problemas sociales y políticos de primer orden. En la mayoría de ocasiones, estos son motivados por las peticiones y denuncias de la sociedad civil y de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de graves violaciones de derechos humanos ante el Sistema Interamericano. Este proceso es largo y altamente reglamentado. De manera general, esta ponencia está interesada en observar el proceso judicial de la CorteIDH más allá del fallo; y particularmente, se concentra en la etapa oral: la audiencia pública. La cual pese a ser altamente valorada por las diferentes partes involucradas en el proceso contencioso, no ha sido ampliamente estudiada. Desde un enfoque cualitativo y microrelacional, se abordan las relaciones e interacciones de los actores presentes en las audiencias públicas de dos casos llevados ante la CorteIDH contra Colombia, la Masacre de Mapiripán y las Comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica. Estos versan sobre hechos ocurridos en 1997, en medio del conflicto armado interno, protagonizados por la acción activa u omisa de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares, sobre poblaciones rurales que ocasionaron su desplazamiento forzado masivo. Las audiencias públicas de estos casos dan cuenta de una diversidad de actores, y de elementos significativos del litigio ante la Corte en casos contra el Estado de Colombia. Se argumenta que las audiencias públicas muestran las luchas simbólicas entre los actores que participan de la contienda judicial, particularmente entre los peticionarios y los agentes del Estado. Estas se evidencian en tres elementos: a. la selección de declarantes; b. las maneras de estar en sala; c. las formas de apropiación de la sala por medio de prácticas retórico-performativas. Su estudio aporta a la comprensión de la relevancia de la audiencia pública para los actores ya que les permite consolidar su versión de los hechos denunciados y su interpretación en derecho de estos y, además, buscar el respaldo de quienes integran la institucionalidad interamericana: los comisionados y los jueces. Las luchas simbólicas no se definen exclusivamente en la interacción, sin embargo, dejan ver la desigualdad entre los actores y sus capitales, y sus diferentes estrategias. Por todo lo anterior, la audiencia pública es la evidencia del encuentro de actores disímiles; de diferentes formas de litigio, entre el activismo judicial y la defensa nacional; y de diferentes comprensiones sobre la función de las sentencias de la CorteIDH, para la búsqueda de verdad y justicia y, por otra parte, para el apego al formalismo y la protección de la institucionalidad. 

Resumen de la Ponencia:

La población del departamento del Huila ha sido receptora de violencias estructurales y directas a raíz y potenciadas por el conflicto armado interno colombiano, debido a su posición geográfica que lo ubica al territorio en el centro de las zonas históricamente azotadas por la violencia (Cauca, Caquetá, Putumayo y Tolima). En el departamento se registran hechos de desplazamiento forzado, extorciones, magnicidios, secuestros, masacres, falsos positivos y tomas de territorios por vías armadas. En vista de los múltiples hechos de violencias que se manifiestan en el territorio, se hace necesario un esclarecimiento, de la verdad, con miras a hallar sus causas, sus actores, sus factores, sus víctimas, y sus consecuencias, para que la población del departamento pueda transitar hacia un escenario de reconciliación. La Comisión de la verdad, la convivencia y la no repetición CEV, creada a partir de los acuerdos de paz, adelanta los procesos de esclarecimiento de la verdad en el departamento y debido a su reciente conformación, a las facultades que tiene, los mandatos que la orientan y su presencia pionera en el departamento para la búsqueda de la verdad, la hace un agente de paz propicia para el análisis de su aporte a la transformación de conflictos por medios no violentos. A partir de entrevistas semiestructuradas a dirigentes gubernamentales y funcionarios de la Comisión se evidencia que la CEV, como agente de paz en el territorio, promueve la confianza cívica, la verdad como un derecho, la reconciliación nacional y la resolución no violenta de conflictos.

Resumen de la Ponencia:

México es un país con más de 94,000 personas desaparecidas (más del 85% desde 2007) la mayor parte desde 2006 con la denominada guerra contra el narcotráfico. Como consecuencia de esta situación trágica ha surgido un crecido un movimiento social en contra de las desapariciones. Todo esto en un contexto de impunidad de más de 99% para las desapariciones y un 95% para todos los delitos.En este contexto, en que la expectativa de impunidad es la regla, la pregunta que guía el trabajo es qué estrategias desarrollan los abogados de organizaciones de derechos humanos que acompañan legalmente a familias de personas desaparecidas en diferentes regiones de México.Enmarcaremos la reflexión en el cuerpo de literatura sobre derecho y movimientos sociales, específicamente en el ámbito de la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de las desapariciones. La hipótesis que guía el trabajo es que los abogados no tienen expectativas sobre el avance de los casos en el sistema de justicia nacional dados los niveles de impunidad y la apuesta está vinculada con la visibilización de las deficiencias del sistema de justicia para desarrollar estrategias a nivel internacional o local.El diseño de investigación es cualitativo y se basa en el análisis de entrevistas semi-estructuradas realizadas a abogados de organizaciones de la sociedad civil locales en México a los efectos de identificar su aproximación a los casos y estrategias frente a ellos.