Resumen de la Ponencia:
Si bien la migración encarna un fenómeno cuya impronta ha permanecido constante a lo largo de la historia de la humanidad, tras los albores del siglo XXI ha adquirido un relieve cada vez más prominente dentro de la agenda mundial de los asuntos públicos, con implicaciones políticas, jurídicas y administrativas a nivel nacional, regional e internacional, aunadas a connotaciones que, inclusive, han inscrito su dinámica, con signo de tendencia, en el conjunto de los riesgos globales, en especial tratándose del desplazamiento forzado de personas (Marsh & McLennan Companies, 2018). Ello entraña el imperativo de aumentar el compromiso y la cooperación internacional, amén de la solidaridad y la responsabilidad compartida, en apoyo de los planes de respuesta de los actores en los países receptores, con miras a fortalecer las capacidades que aseguren condiciones mínimas de bienestar para los refugiados y migrantes, en su mayoría estigmatizados y excluidos -principalmente aquellos bajo situación de irregularidad-, siendo objeto, con frecuencia, de diversas formas de violencia, explotación y abuso.Es así como, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), enunciados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el marco de la Agenda 2030 y adheridos a la máxima de “no dejar a nadie atrás”, suman a favor del abordaje de los desafíos que plantea la migración internacional mediante la promoción de un sistema mundial de gobernanza, junto al fomento de la colaboración entre partes interesadas -redes bilaterales, regionales o multilaterales-, encaminadas a proponer soluciones adecuadas con reparto de responsabilidades en los países de acogida y de tránsito, ateniéndose a principios humanitarios (ACNUR, 2018).Dentro de este espectro, cada vez más cobra relevancia el rol desempeñado por las empresas, por tratarse de uno de los principales motores de creación de valor a largo plazo en términos económicos, siendo las principales empleadoras para la mayoría de los migrantes que se desplaza en busca de puestos de trabajo. Desde esta óptica, aunque se reconoce que la integración abarca múltiples esferas, autores como Wang y Chaudhri (2019) sostienen que los esfuerzos empresariales explícitos hacia la integración económica de los migrantes constituyen una manifestación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), bajo cuya noción se articulan el respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad y el desarrollo económico.Sobre la base de revisión documental y entrevistas, la ponencia pretende analizar los programas de integración para migrantes aplicados desde de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), como parte de la evolución del concepto enfocado en la inclusión de personas vulnerables. A tales efectos, toma como referente el Modelo de Empleo Inclusivo para Población Vulnerable, liderado desde 2015 por la Fundación Corona, el Programa para Afrodescendientes e Indígenas de USAID -operado por ACDI/VOCA-, y la Fundación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).