Sardinal es un distrito costero ubicado en el cantón de Carrillo de la provincia de Guanacaste, Costa Rica. Por su proximidad al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, el sector se ha organizado como punto de interés turístico. Su geografía lo ha convertido en un objeto casi exclusivo del capital extranjero y la construcción residencial-hotelera, incursionando en el desarrollo de un sector de servicios que requiere, para su actividad, el uso abundante del recurso hídrico. Lo que ha provocado un sistema excluyente de acceso al agua potable, siendo la escasez y el desabastecimiento los principales problemas en la zona. Esto ha significado un conflicto de carácter territorial, socioambiental y sociopolítico en torno al Acuífero Sardinal, en el que actores empresariales sostienen presiones sobre los actores estatales involucrados para reorganizar el espacio rural, a través de la intervención de los recursos vivos y la desestructuración de las comunidades existentes. En ese sentido, Sardinal ha resaltado en las luchas organizadas en contra de las empresas privadas y el manejo institucional del agua, cuya administración parcial satisface el asentamiento de complejos vacacionales y residenciales focalizados en la atención del turista extranjero. Desde hace 15 años el caso de Sardinal ha cristalizado los discursos que atienden, por un lado, al rechazo de la expansión turística y por otro, a la criminalización de las acciones colectivas de protesta suscitadas a nivel local en contra del control, extracción y canalización del recurso hídrico. De allí que, el potencial histórico de recuperar la memoria de las vecinas y los vecinos de la comunidad se sitúe en relación con las percepciones de justicia/injusticia territorial, el sufrimiento ambiental y los procesos de exclusión por despojo. Todo esto en el contexto de un espacio caracterizado por la turistificación y la distribución desigual de riesgos y beneficios. La pandemia ha implicado rupturas en la integración comunitaria, sobre todo en las comunidades costeras del país, donde las medidas sanitarias y el cierre de fronteras implicaron una ausencia temporal de turistas y, por tanto, una fractura en la dinámica comercial y social de los lugares constituidos desde y para el tercer sector de la economía nacional. En esto, los márgenes de acción política de Sardinal se han visto afectados en dos vías: la intervención total del Acuífero y la expresión de estrategias de distanciamiento respecto a la lucha y organización mantenida. De tal manera, esta ponencia pretende aportar al debate latinoamericano que comprende el acceso al agua potable como recurso común, derecho humano fundamental y objetivo de disputa entre actores comunitarios y no comunitarios. Acercándose desde una metodología participativa que toma como centro la memoria histórica-social del conflicto y las transformaciones coexistentes en las luchas comunitarias por la distribución desigual del recurso hídrico.
Introducción:
“Fue una lucha de muchos años,
todavía seguimos en pie de lucha, seguimos activos, activas,
porque realmente no se sabe qué es lo que va a pasar.
Fue un acueducto desde que empezó el proyecto,
empezó mal porque no hubo participación ciudadana,
Fue algo increíble porque cuando ya nos dimos cuenta
el proyecto estaba en un 80-90 porciento terminado.”
Vecina de Sardinal
Esta ponencia explora las luchas comunitarias por la gestión del recurso hídrico en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, Costa Rica, a partir de la construcción del acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal y su finalización durante la administración de Carlos Alvarado Quesada, en el período 2018-2022. Para ello se recupera la memoria histórica-social de las vecinas y los vecinos de la comunidad, como una memoria colectiva de recuerdos que acoge las experiencias vividas y las voluntades de silencio, siguiendo una metodología cualitativa de entrevistas abiertas y semiestructuradas. En esta memoria se presentan tres de ellas, con el objetivo de conocer las acciones y experiencias en torno a los procesos de defensa, conservación y distribución desigual del agua.
Sardinal es un distrito ubicado en el cantón de Carrillo en la provincia de Guanacaste. Por su proximidad al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, el sector es considerado como punto de interés turístico. Por su cercanía a Playas del Coco y Playa Ocotal, y en presencia de grupos de poder asociados a las fuerzas políticas del Estado, desde el año 2006 la zona se ha constituido como objeto casi exclusivo del capital extranjero y la construcción residencial-hotelera. Siguiendo la fórmula de un desarrollo que pretende la absorción de servicios y la turistificación de espacios costeros para constituir centros de producción económica a gran escala.
Lo anterior ha implicado la periferización de Sardinal como centro de desarrollo, al margen de enclaves empresariales que tienden a desplazar las actividades comerciales a la costa y privatizar los servicios básicos, entre ellos, el agua para abastecer los megaproyectos residenciales. Desde esta perspectiva, el agua pierde el valor como recurso natural y se convierte en un recurso de explotación disponible para los grupos de poder económico que impulsan el “desarrollo” en playas del Coco y Ocotal. En este caso, aparecen en el mapa, el Grupo Mapache y André Garnier, quien fue ministro de Enlace con el Sector Privado de la administración Alvarado Quesada. En ese sentido, sugiero dos preguntas: ¿qué tipo de desarrollo es este? Y ¿a quién le pertenece?
Desarrollo:
Desde el año 2007 y hasta el 2017, el conflicto por el agua se organizó como un conflicto de carácter territorial, socioambiental y sociopolítico, en el que actores privados sostuvieron presiones sobre actores estatales para reorganizar el espacio rural-costero y ampliar el acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal; aunque esto significara la desestructuración de las comunidades existentes. Desde entonces, la comunidad de Sardinal ha resaltado en luchas organizadas en contra del consorcio Coco Water y el manejo institucional del agua (en manos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SETENA) y el Ministerio de la Presidencia), cuya administración satisface el asentamiento de complejos vacacionales y residenciales focalizados en la atención del turista blanco-extranjero. Tal y como narra la siguiente persona:
“A ellos el AyA entregó más de 4000 cartas de viabilidad para construir 4000 casas, con el agua de Sardinal que no está, es decir, que la cosa empezó mal desde el punto de vista de las gestiones nuestras. Fueron 1500 condominios que se usaron y se construyeron sin tener el agua.” (Vecino de Sardinal, comunicación personal, 06/06/2022)
Guanacaste se caracteriza por ser un lugar de recolonización mediante el turismo, donde se perpetúa la dependencia entre el norte y el sur globales (Silva, 2017). Situación que pone en contraste tres dimensiones de disputa: el derecho al acceso al agua potable, la justicia ambiental/territorial y los procesos de acumulación por despojo. En Sardinal, la distribución desigual de los riesgos y beneficios derivados de los proyectos de agua para consumo humano han cristalizado los medios de vida de los sectores locales, a través de la intervención de mantos acuíferos y el redireccionamiento del agua potable. Generando tensiones para el sector agrícola y la subsistencia local, que resultan ser, en última instancia, un eco del sufrimiento ambiental que produce la masificación de turistas y la desertificación comunitaria.
En este sentido, las acciones colectivas llevadas a cabo por las vecinas y los vecinos de Sardinal son de interés porque, en primer lugar, permiten ilustrar las tensiones que soslayan el actual modelo de desarrollo excluyente que, para existir y funcionar, requiere de un paradigma de desigualdades múltiples. Así mismo, implican una ruptura discursiva que cuestiona los espacios tradicionales de representación local y estatal y, por último, delimitan la construcción de memorias en torno a cómo se vive y se siente el conflicto y cómo se piensan los bienes comunes. De esta forma, los significados que aquí se producen suponen no solo la participación de actores en desigualdad de condiciones, sino la interlocución de cosmovisiones frente al valor de los recursos.
En el caso de las regiones con características económicas, geográficas y socioespaciales similares a las que presenta el distrito de Sardinal -donde las necesidades de las comunidades compiten con el consumo de proyectos inmobiliarios-, la represión política constituye la vía de gestión y control del agua. De manera que, el establecimiento de hoteles y otros espacios orientados a atraer al “Turista” se justifica mediante promesas gubernamentales que abogan por la dinamización de las economías locales y la creación de fuentes de empleo que, cabe destacar, no se han cumplido.
En Costa Rica, los conflictos por el agua se han distinguido por plantear tensiones entre lo físico-productivo y lo social-territorial, donde las reformas económicas del Estado han facilitado el fortalecimiento y debilitamiento de ciertos grupos y espacios excluidos de los procesos “oficiales” de participación. De allí que los conflictos por la recuperación y apropiación colectiva de los bienes comunes interpele distintas versiones que, como sentidos sociales, se construyen y deconstruyen constantemente. En este caso, las memorias de las vecinas y los vecinos tienen lugar desde las tres dicotomías: inclusión-exclusión, privación-asignación e invisibilización-sobreexposición.
Esto desencadena mecanismos de legitimación del sufrimiento que enfrentan imágenes, valores y normas que definen el territorio como territorio hidrosocial y, más cercanamente, los significados de las gentes que lo habitan. Los procesos de participación para la toma de decisiones políticas suponen una falsa inclusión que conlleva a la inserción desigual de las comunidades, donde el acceso al recurso hídrico es sinónimo de riesgo, peligro y violencia. En ese sentido, las negociaciones respecto a la gestión del agua han colocado a las vecinas y los vecinos en posiciones limitadas, pero con una amplia carga mediática que subraya las dinámicas de injusticia social:
“Impulsamos un sistema, una táctica que fue aprobada por la comunidad (…) de intentar un diálogo el problema es que no conseguimos un mediador válido que lograra equilibrar las diferencias de fuerzas políticas, económicas, numéricas, lo que sea, entre la comunidad, el gobierno y las empresas. Nosotros propusimos primero al Informe del Estado de la Nación como mediador, ellos nos dieron la aprobación, pero el Gobierno los rechazó, el Gobierno no lo aceptó.” (Vecino de Sardinal, comunicación personal, 07/06/2022)
Es clara la ausencia de representación legítima, en cuanto el espacio de participación política de las comunidades se reduce a consultas o negociaciones que no miran las necesidades de quienes sufren los costos, y en cambio superponen las carteras inmobiliarias para aportar una economía de arrinconamiento. Esto evidencia una polarización de intereses del Estado y la contradicción entre la legislación que busca proteger el derecho y hacer un uso sostenible del agua, frente a aquella que contradice la idea misma de sostenibilidad. A nombrar, en primer lugar, la Ley de Aguas N° 276 (1942) como fórmula desactualizada y disipadora de los problemas actuales, que afecta a las comunidades urbanas y costeras en temas de gestión integral del recurso hídrico y de regulación de proyectos con tendencia neoextractivista.
La integración comunitaria ha centralizado sus voces en el Comité pro-Defensa del Agua de Sardinal que, en apoyo con la organización ecologista popular Confraternidad Guanacasteca, mantuvo el cuestionamiento sobre los proyectos orquestados y las necesidades reales de abastecimiento. Ambas agrupaciones se encargaron desde el 2006 hasta el 2017 de dar seguimiento a las irregularidades que sostienen el problema del acceso al agua potable y su contaminación con químicos que ponen en riesgo a la población. En los procesos de construcción del Acueducto privado, el Comité se encargó de desmentir las razones institucionales que suponían la viabilidad del proyecto, sin embargo, las concesiones de los mantos acuíferos avanzaron hasta su intervención en el año 2018.
“Nosotros pusimos cuales eran las bases para el manejo del agua y el desarrollo social en la zona [de Sardinal] y el primer punto era: el agua es primero para abastecer a las comunidades, y hay cinco barrios de Sardinal que no tienen agua. Entonces [dijimos]: -‘No se puede sacar una gota de agua de Sardinal antes de que le den agua a esas comunidades’”. (Confraternidad Guanacasteca, comunicación personal, 06/06/2022)
En este mismo año se creó la Comisión para el Manejo Integrado de los Acuíferos bajo decreto ejecutivo del presidente Carlos Alvarado, encargada de fiscalizar el uso y velar por el abastecimiento del agua en las comunidades. Sin embargo, para ese momento Sardinal dejó de recibir cobertura mediática por parte de medios nacionales lo que propició la reapertura de las obras en las que se intervino el Acuífero, dando por finalizada la construcción del acueducto en el mes de abril. Aunado a esto, la ausencia de un plan regulador para el ordenamiento territorial y la contaminación de pozos dejó sin resolver los problemas de acceso y potabilidad en la zona. Un proceso que implicó el desplazamiento de las vecinas y los vecinos residentes cercanos al lugar del proyecto porque según las autoridades, “(…) no cumplían con todos los requisitos legales en sus casas y por tanto, no podían suministrarles agua (…)” (Cañada, 2019, p.337).
Conclusiones:
Las luchas por el agua son luchas políticas que dependen sustancialmente de la distribución y el acceso a recursos políticos, económicos, mediáticos y de poder. La distribución del recurso hídrico plantea el conflicto de la participación ciudadana y la gobernanza del agua, así como, una gestión socialmente equitativa, económicamente viable y ambientalmente sustentable. En ese sentido, un análisis macro de la gestión institucionalizada del derecho de acceso al agua y al consumo de agua potable deja sin atender las prácticas y resignificaciones locales de quienes sufren el impacto de un modelo de desarrollo insostenible.
En Costa Rica, la pandemia ha implicado rupturas en la integración comunitaria, sobre todo en las comunidades costeras del país donde las medidas sanitarias y el cierre de fronteras suponen la ausencia temporal de turistas, lo que genera una fractura en la dinámica comercial y social de los lugares constituidos desde la periferia para el tercer sector de la economía nacional. En este caso, la gobernanza del agua funciona como un diluyente político de la acción popular y en Sardinal, la desorganización comunitaria y la resistencia a recordar los procesos de lucha surgen en el marco de reificaciones jurídicas, sociales y territoriales.
Las memorias de las personas vecinas de la comunidad se configuran, entonces, desde un lugar donde parece existir el derecho a no tener derechos, ni siquiera cuando de uno humano-fundamental se trata. La apropiación y el distanciamiento de quienes sufren la privación del derecho de acceso al agua devela que existe un afecto colectivo, que pasa por las posiciones de quienes evocan las imágenes y las condiciones de su participación. De allí que las narrativas sean cotidianas y se reproduzcan en marcos comunes de un mismo tejido, en este caso, la desigualdad entre grupos sociales.
Lo anterior define, también, lo que se rememora o lo que es posible rememorar de un pasado que se extiende hasta el presente con amenazas estatales, vacíos institucionales y una estigmatización que aprehende la capacidad de (re)elaborar recuerdos no gratos. Como menciona Navas (2015), la demanda de agua potable para abastecer a la industria excluyente ha llevado al sector turístico a buscar fuentes cada vez más alejadas, ocasionando tensión e incertidumbre sobre las comunidades locales para asegurar su derecho al agua potable y a vivir en un ambiente sano. En ese sentido, los silencios de las gentes se convierten en una fuente primaria de información, en una estrategia de injusticia autoimpuesta; sobre todo cuando una disputa política-territorial lleva a asegurar la escasez de unos y la riqueza de otros.
Bibliografía:
Cañada, E. (2019). Conflictos por el agua en Guanacaste, Costa Rica: Respuestas al desarrollo turístico. Anuario de Estudios Centroamericanos, 45, 323-344. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/37666
Navas, G. (2015). El agua fluye hacia el turista. Letras Verdes, (18), 27-47. https://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/article/view/1678
Silva, A. (2017). Conflictividad hídrica en Guanacaste como consecuencia del desarrollo turístico: el caso de la comunidad de Sardinal en F. Alpízar (Ed.), Agua y Poder en Costa Rica (1980-2017) (pp.145-188). Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.
Palabras clave:
Memoria colectiva, Desigualdad social, Conflicto relacionado con el agua, Conflicto social, Agua potable.
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Las buenas prácticas agrícolas y su relación con el medio ambiente: el caso de los agricultores de Tabón, Casma
Francisco Rodrigo Maya Silva1
1 - Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.
En los últimos años los temas ambientales son de suma importancia en el campo de la Sociología, ésta es una preocupación por cuanto muchos de los problemas de la humanidad hoy están relacionados a cuestiones como el calentamiento global y la contaminación ambiental. En el caso de la agricultura las prácticas agrícolas influyen de manera considerable en el cuidado o no del medio ambiente, lo cual trae enormes consecuencias sobre el consumidor, pero también sobre el terreno agrícola y la continuidad en el tiempo de la práctica agrícola. Sin embargo, también está relacionado con el mundo globalizado, la presencia del mercado y los destinos de los cultivos. Así, mientras más estén orientados los cultivos a un mercado internacional se supone que existe mayor uso de tecnología, insecticidas, fertilizantes, que garanticen su compra en estos espacios que exigen calidad en el producto, lo cual no ocurre cuando se destina al autoconsumo o al mercado local. A esto se agrega los aspectos culturales como las tradiciones y costumbres que se transmiten de generación en generación, las cuales también constituyen elementos influyentes en las prácticas agrícolas.En esta investigación nos centramos en la experiencia de los agricultores del centro poblado de Tabón, ubicado en el distrito de Comandante Noel, provincia de Casma, Áncash, Perú. Una población con particularidades muy especiales y con una experiencia agrícola ancestral. Para ello hacemos uso de una metodología cuantitativa, que nos permite medir las variables de estudio, en base a las cuales realizamos el análisis respectivo, el cual se contrasta con algunas otras experiencias y teorías sobre el tema.Del estudio se concluye que el desarrollo agrícola depende de múltiples factores asociados a las prácticas en relación al mercado, tipo de cultivos, prácticas culturales, extensión de la propiedad agrícola, entre otros, los cuales configuran un modelo particular donde lo ambiental juega un papel importante.
Introducción:
La presente investigación se realizó en el centro poblado de Tabón que se ubica en el distrito de Comandante Noel, provincia de Casma, departamento de Áncash - Perú. Es importante mencionar que Tabón se encuentra en la parte costera del departamento de Áncash y está constituido por una población cuyo origen obedece a diversas generaciones de migrantes y oriundos del lugar, encontrando descendientes de migrantes de la zona sierra del mismo departamento, y descendientes de pobladores del mismo lugar -en mayor porcentaje-. Esta población se dedica a la agricultura, principalmente, y de manera complementaria a otras actividades como la ganadería en pequeña escala, algún tipo de comercio y el transporte de vehículos menores.
Nuestra investigación se centra en el estudio de las actividades relacionadas a la agricultura; desde la selección de las semillas hasta la comercialización de los productos. Este enfoque integral se denomina las buenas prácticas agrícolas y pone énfasis en la perspectiva ambiental desde el enfoque del desarrollo sostenible.
Partimos de la hipótesis de que las prácticas agrícolas realizadas por los pobladores de Tabón están determinadas por la extensión del terreno agrícola, el tipo de cultivo y el destino del producto; partiendo del supuesto que el mercado al exigir mayor calidad del producto, las prácticas agrícolas podían atentar muchas veces contra el medio ambiente; sin embargo, se encontró que no es así; por el contrario, factores socio culturales en los pobladores del centro poblado de Tabón conllevan al cuidado del medio ambiente en gran medida, aunque no necesariamente coincidan con los estándares establecidos en las buenas prácticas agrícolas.
La investigación es de carácter cuantitativo; además, es complementario a un estudio cualitativo presentado en el anterior Congreso de ALAS y ambas a la vez forman parte de una Tesis de mayor nivel.
Fundamentación del problema
Los temas ambientales hace un tiempo que vienen siendo tratados desde diversas perspectivas y en estudios multidisciplinarios, lo cual contribuye a tener una visión global del problema, con ello se enriquece el estudio medioambiental pues se toman en cuenta aspectos sociales, culturales y a partir de ello diversas prácticas humanas adquieren una mejor explicación.
Lo rural y su actividad básica como es la agricultura, viene con ello también acompañado del uso correcto e incorrecto de la tierra, desde el punto de vista ambiental. En tal sentido, la investigación pretende explicar la relación entre las características de la actividad agrícola en un centro poblado denominado Tabón y cómo dichas prácticas se relacionan con el cuidado o no del medio ambiente.
La sostenibilidad ambiental se configura así con componentes sociales y culturales; y su articulación con lo económico, pues la presencia del mercado conlleva o exige ciertas prácticas en el desarrollo de la actividad agrícola.
Metodología
Se hace uso de la metodología cuantitativa para presentar estadísticamente los resultados de la investigación. Se empleó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario a una población de total de 322 agricultores del Centro Poblado de Tabón.
Desarrollo:
Conclusiones:
Las buenas prácticas agrícolas de la población del centro poblado de Tabón no están en relación directa con el destino del cultivo, como se planteó en nuestra hipótesis, por el contrario, es una práctica permanente en esta población, fundamentada en los aspectos socio culturales.
Las buenas prácticas agrícolas, entendidas como el proceso integral de la actividad agrícola, desde la selección de las semillas hasta el consumo final del cultivo, en donde se busca la armonía con el medio ambiente, bajo una perspectiva del desarrollo sostenible, no solo obedece a factores económicos (calidad del producto como exigencia del mercado), si no también, como lo demuestra la investigación a factores socio culturales.
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Palabras clave:
- Buenas practicas agrícolas- Medio ambiente- Desarrollo sostenible- Desarrollo agrario
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El apoyo mutuo como práctica de conservación dinámica de los pobladores nahuas y mestizos en los agroecosistemas de maguey en la Región Centro de Guerrero.
El apoyo mutuo ha sido una estrategia organizativa de las especies y de los seres humanos que ha permitido su supervivencia basada en la cooperación a través del tiempo, reconociendo al otro y a sus necesidades en igualdad de prioridades a las nuestras. En el Centro Montaña de Guerrero, existen dos ejidos, Axaxacualco que se ubicada en la selva baja caducifolia y Coaxtlahuacan comunidad de mayor altura entre pinos y encinos que tienen maguey. El primero de origen náhuatl y el otro mestizo, ambos se han visto involucrados en los procesos de cambio que se han derivado de la creciente económica y de demanda del mezcal. La bebida se ha vuelto un producto de consumo más allá de lo local, ya que anteriormente el destilado no salía de sus lugares de origen, era consumido en las fiestas patronales, o festividades como los casamientos, bautizos o cumpleaños de quienes podían tener acceso a él. Los compadrazgos se sostenían basado en el intercambio de maguey por mezcal, o incluso la fe motivaba a visitar otros ejidos para resolver los males que aquejaban la vida. El mezcal era para recibir al compadre, para trabajar la milpa, para convivir con los ejidos vecinos, siendo incluso un valor de cambio para obtener alimentos u otros productos no disponibles localmente. Más que solo una bebida obtenida de un maguey es parte de una práctica biocultural profunda por parte de sus pobladores. Una expresión de esto es su conocimiento ecológico tradicional (CET), reflejado en una práctica de manejo que hasta principios del año 2000 logró mantener las poblaciones de maguey capaces de poder abastecer a los productores de mezcal en ambos ejidos. Hoy en día la disponibilidad se ha reducido, ya que las acciones antes mencionadas basadas en el apoyo mutuo se han ido modificando en detrimento de la biodiversidad y recursos naturales con los que cuentan los pobladores, a la par que la demanda del mezcal, los actores sociales externos no consideran las implicaciones del sistema tradicional mezcalero. Por ello es importante reconocer a través de la memoria histórica organizativa en ambos ejidos, las estrategias de manejo del territorio basadas en las practicas sociales de apoyo mutuo de los actores, para comprender sus decisiones y como ellas puedan evitar o incrementar la pérdida del recurso maguey y de las leñas de las cuales dependen muchas familias en ambas comunidades, así como dejar de ser un 60% del ingreso económico, lo cual compromete sus mundos de vida y su buen vivir.
#04869 |
Revisitando los fundamentos éticos y epistemológicos de la conservación de la biodiversidad. Balances y desafíos: hacia la construcción de políticas públicas situadas, participativas y plurales en la conservación de la biodiversidad.
Si bien la preocupación por la conservación de la naturaleza emerge entre mediados y fines del siglo XIX con diversos intereses y preocupaciones, nos enfocamos en su abordaje por parte de la ciencia moderna, considerada por la corriente ambiental crítica como parte de las causales de la crisis, pero también como potencia transformadora según el signo y el contexto. Inicialmente desde el desarrollo de la ecología disciplinar, pero luego con el surgimiento de la Biología de la Conservación (BC) a partir de la década del 80, que se consolida como campo de estudios “especializado” en la conservación de la biodiversidad con cierta singularidad frente al abordaje de otras áreas y disciplinas de las ciencias. Su repercusión en nuestra época es crucial para la formulación de políticas de la conservación de la biodiversidad y el rol de los expertos adquiere una importancia similar.
Por eso, desde el campo de la filosofía de la biología, y a partir de la revisión de trabajos que abordan el desarrollo de la BC de manera crítica y expresan continuidades y rupturas de la racionalidad moderna, sistematizamos los fundamentos éticos y epistemológicos de la BC, y así poder contrastarlos con los criterios que han regido en la conformación y manejo de las ANP en Mendoza, Argentina. A partir de este trabajo, establecemos las dificultades que existen en la construcción de conocimiento científico, en particular la distancia entre la teoría y la práctica de la conservación, y posteriormente los desafíos que surgen en el rol de los expertos, la emergencia de otros actores sociales cuyos criterios trascienden los que aún dominan el conocimiento experto de esta área.
Introducción:
Comprendemos la crisis ambiental como proceso, pero podemos delimitar su emergencia problemática en los años 60 y su institucionalización en la agenda internacional con la celebración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano convocada por la Organización de Naciones Unidas en 1972. Al respecto, algunas corrientes de pensamiento ambiental plantean esta crisis en términos de crisis de civilización: de la cultura occidental, de la racionalidad moderna y de la economía del mundo globalizado. En esa línea se cuestiona la noción occidental de la naturaleza y el rol de las ciencias naturales en las problemáticas ambientales.
Si bien los orígenes del conservacionismo se remontan hacia fines del siglo XIX, el mainstream científico de este campo, originado en los años ochenta como subdisciplina de la biología, se consolida en la agenda política global a partir del Convenio sobre Diversidad Biológica, tratado surgido de la a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) frente a la preocupante pérdida de diversidad biológica. Esto se da en un contexto de creciente aceptación del desarrollo sustentable como concepción y modelo socioeconómico, que atendería la dimensión ambiental del desarrollo, en equilibrio con las aristas social y económica, y en oposición al modelo de límites del crecimiento. Otro elemento fundacional, es el aporte de la Biología de la Conservación (en adelante, BC), a partir de los trabajos pioneros de los años ochenta, que sentaron las bases éticas y epistemológicas del discurso científico-académico. Todo esto nutrió y cimentó la estrategia de conservación a través de áreas protegidas y patrimonialización de la naturaleza, prácticas que se convirtieron en las predilectas de muchos gobiernos, instituciones y redes de gobernanza internacional y ONG’s internacionales.
Con este trabajo nos proponemos revisar críticamente las bases éticas y epistemológicas de la BC con el soporte del pensamiento ambiental crítico, la ecología política latinoamericana y la antropología de la conservación, abonar el debate en relación a las continuidades o rupturas de la racionalidad moderna en el discurso y práctica de la conservación de la biodiversidad, específicamente en relación a las áreas protegidas. Para esto, a partir de trabajos de la filosofía de la biología, nos aproximamos a los orígenes y sistematizamos los fundamentos éticos y epistemológicos de la BC. Luego establecemos los debates actuales de la conservación de la biodiversidad para poder reconocer el rol de la ciencia y el Estado. Finalmente hacemos un breve recorrido histórico de la conservación de la biodiversidad en la provincia de Mendoza, Argentina, establecemos un “estado de situación” y contrastamos esta realidad local con los fundamentos discutidos.
Desarrollo:
Orígenes del conservacionismo y los ambientalismos críticos
La preocupación por la conservación de la naturaleza, se concibió como conservación del entorno “prístino” que rodea al “hombre”, civilizado y occidental, ligado a la concepción de “wilderness”, es decir, con una impronta moderna dualista escinde la sociedad o cultura de la naturaleza, da sus primeros pasos hacia fines del siglo XIX a partir de la creación de algunas zonas reservadas como cotos de caza en Europa, pero fundamentalmente con los primeros Parques Nacionales en EEUU que sentarán las bases de otras áreas protegidas (y otro tipo de categorías de protección similares) de distintos países, a partir del conocido modelo Yellowstone, por la fundación del Parque Nacional Yellowstone en 1872. Sin adentrarnos demasiado en este punto, este modelo fue exportado a todo el mundo y estuvo marcado por un contexto de conformación de muchos Estados-nación, y fue útil simbólicamente para consolidar la identidad nacional a partir de grandes paisajes como imágenes monumentales. Este esquema denominado “conservación estricta” (fortress conservation) persistió con fuerza hasta la década de 1980, y se dio a costa de la expulsión de pueblos originarios, justificado por el daño que realizaba el “humano a la naturaleza”, pretexto que sirvió para reservar áreas de naturaleza prístina del avance urbano-industrial en los países industrializados o en plena expansión, bajo un perfil elitista y autoritario (D’Amico y Arcos, 2022). A su vez, muchos de estos Parques Nacionales cumplieron roles estratégicos de consolidación de límites políticos-culturales, es decir, fueron áreas protegidas posicionadas en zonas de frontera (Fortunato, 2005).
Más allá de estos orígenes, sin duda atravesados por preocupaciones en relación al deterioro ambiental del crecimiento de las urbes de sociedades industriales que se expandían y la influencia del naturalismo de esa época, pero signados por otros valores ya mencionados, nos interesa concentrarnos en los discursos y prácticas de la conservación de la biodiversidad a partir de la emergencia de la crisis ambiental -entendida como un proceso- y sus manifestaciones en los años 60 del siglo XX (Agoglia, 2010). A partir de mediados del siglo XX el deterioro ambiental se manifiesta de forma drástica: en los últimos 50 años los cambios vinculados a las actividades humanas sobre los ecosistemas del planeta han sido los más drásticos, en cuanto a la extensión e intensidad, de toda la historia de la humanidad (Millenium Ecosystem Assessment 2005). Entre estos cambios o “síntomas” de la crisis ambiental, se incluye la “sexta extinción masiva” (Barnosky et al. 2011), la alteración de los ciclos bio-geo-químicos de los nutrientes, el cambio climático global, la deforestación y contaminación de agua, aire y tierra, entre otros (PNUMA 2010). Como reacción, a partir del reconocimiento de estas transformaciones del ambiente como problemática de escala global, emergieron los llamados movimientos ambientalistas o ecologistas, entre otros nuevos movimientos sociales (Riechmann y Férnandez Buey 1995), que gradualmente lograron poner esta problemática en agenda en ámbitos como la ciencia, la literatura, el arte y la política.
Además de las ciencias, entre las respuestas académicas, las humanidades se integraron al debate ambiental. Algunas corrientes de pensamiento buscaron reflexionar sobre la relación entre sociedad y naturaleza, a partir de la crítica a la racionalidad moderna, en la que encuentran relaciones profundas de causalidad vinculadas a la problemática ambiental. En ese sentido, estos ambientalismos críticos sugieren que esta problemática no es de carácter técnico principalmente, por lo cual no puede ser resuelto con aproximaciones tecnocientíficas, sino que se trataría principalmente de un problema de valores, de cosmovisión y de racionalidad, por lo cual se trataría de construir racionalidades alternativas (Agoglia 2010; D’Amico y Agoglia 2019, Leff, 2004). De estas reflexiones críticas, son centrales dos ejes para repensar el rol de la ciencia, en particular la BC, con la problemática ambiental: la concepción de naturaleza y nuestras maneras de relacionarnos, lo cual implica repensar los modos modernos de conocer y describir el entorno, es decir, reflexionar sobre el conocimiento científico, como conocimiento hegemónico de la modernidad avanzada. En este sentido, reconocen en la idea contemporánea de naturaleza un concepto moderno occidental que se erigió por una separación fundante, que distingue cultura de sociedad. Desde esta separación es que emergieron las ciencias destinadas a comprender el mundo natural (Latour, 2007). La racionalidad moderna concibió como naturaleza todo lo ajeno al “hombre” y a todo aquello que las ciencias pueden comprender mediante la razón y la experimentación. Este dualismo y jerarquización ya venía siendo estudiado por la Escuela de Frankfurt desde los años 40, cuyos referentes señalaron que durante el Iluminismo del siglo XVIII la naturaleza tornó en un objeto mensurable y útil, pasible de ser sometido y puesto a disposición de la industria y las ciencias a través de esta racionalidad moderna o instrumental. Así, mientras que por una parte las ciencias son denunciadas por el ambientalismo crítico como parte del origen de la crisis ambiental, por otra parte, las luchas en contra de las injusticias ambientales muchas veces recurren a la ciencia, por lo cual pueden jugar un rol en su resolución. De hecho, la ciencia ha sido clave para documentar, sistematizar y establecer relaciones causales en los cambios ambientales, de modo tal de hacer un diagnóstico, descripción y detección de muchas problemáticas ambientales.
En ese sentido, concentrándonos en el ámbito académico y científico, y en particular en la BC, resaltamos el trabajo de la Dra. Klier (2018) que a partir de la filosofía de la biología aborda esta relación entre modernidad-ciencia-crisis ambiental. Nos interesa retomar sus conclusiones para contrastar la realidad local de la conservación de la biodiversidad en Mendoza, pero antes resumiremos de su trabajo un breve recorrido histórico del surgimiento de la Biología de la Conservación y sintetizaremos los fundamentos epistemológicos y éticos de esta subdisciplina de la biología.
La Biología de la Conservación: revisión crítica de sus fundamentos epistemológicos y éticos
Como anticipábamos, uno de los síntomas de la crisis ambiental refiere a la pérdida de diversidad biológica, que se aprecia en la pérdida de diversidad genética (o erosión genética), en extinciones de numerosas especies y en la alteración y disminución de ecosistemas nativos, entre otros. Esta “crisis de biodiversidad” es tan acuciante que algunos trabajos la denominan “sexta extinción masiva” (Barnosky et al. 2011) y entre los principales factores de amenaza se menciona al cambio de uso del suelo (por fragmentación, destrucción o degradación de hábitats), la sobreexplotación de especies; la introducción de especies exóticas y la cadena de extinciones de poblaciones (relacionado a las redes ecosistémicas) (Diamond, et al. 1989). Asimismo, cada vez toma más relevancia el cambio climático como factor de amenaza (Thomas, et al. 2004).
Frente a estos diagnósticos sobre el estado de la diversidad biológica, algunos autores comienzan a abordar estas preocupaciones desde la ecología disciplinar, una de las primeras áreas científicas que integró los problemas ambientales en su campo de saber. De estos antecedentes, en la década de 1980 la BC emerge como una disciplina organizada, con sus instituciones, revistas y prácticas propias con el objetivo explícito de evitar la pérdida de biodiversidad (Sarkar, 2005). Sarkar señala que en los años ochenta la BC se distanciaría de la ecología disciplinar asumiendo sus propias reglas, metodologías y objetivos. El autor señala dos propuestas iniciales principales, la línea estadounidense y la australiana.
La primera se caracterizaba por: a) una tradición de la conservación a través de la creación de parques nacionales; b) un fuerte interés de incorporar modelos teóricos para el desarrollo y manejo de reservas, como por ejemplo la aplicación de la teoría de biogeografía de islas (BGI) (Wilson y Willis 1975, en Klier 2018) y c) un desarrollo ético y normativo explícito (Sarkar 2005, en Klier 2018). En esta corriente estadounidense se destaca el artículo “What is Conservation Biology” (Soulé 1985), que ha sido retomado por la bibliografía posterior y sigue siendo fundamental para el área, ya que sentó las bases de la BC y sus características principales, resumidas por la Dra. Gabriela Klier (2018:31-32) en cuatro ítems:
La BC es una disciplina de crisis ya que es necesario actuar con urgencia para evitar que continúe disminuyendo la biodiversidad;Es una disciplina inexacta, que considera la estocasticidad característica de los sistemas vivos, así como la necesidad de actuar sin conocer la totalidad de los hechos, asumiendo ciertos niveles de incertidumbre en sus análisis;Es una disciplina basada en valores: esto refiere a sus fundamentos éticos, que recuperan los escritos de Aldo Leopold (ecocentrismo) y consideran como fundamento de la conservación al valor intrínseco de lo viviente per se;Es interdisciplinaria, ya que se plantea que la BC debe no sólo incorporar conocimientos de las ciencias naturales, sino que también considerar saberes sociales, económicos, políticos y otros.
Estas características son destacadas en el trabajo mencionado porque:
(…) vemos que la BC no es una ciencia meramente descriptiva, sino que pretende actuar incluso sin tener absoluto conocimiento de la situación. La justificación para la acción es ética y refiere al valor de la biodiversidad. De este modo, la BC no es una disciplina descriptiva sino prescriptiva, señalando qué acciones tomar a partir de un posicionamiento sobre el valor de lo vivo. (Klier, 2018: 32)
En ese sentido, la BC pondría en diálogo la ciencia o mundo académico y la práctica del mundo real de los problemas ambientales, amalgamando saberes de manejo y la ciencia básica (Jacobson, 1990 en Klier, 2018), asumiendo la necesidad de abordar la complejidad de estos problemas desde una perspectiva integral, y de insertar la ciencia en un área en el que actuaban sólo gestores y técnicos (Groom, 2006 en Klier, 2018). Más allá de otras posturas de esta corriente que buscaban ceñir la BC a un campo científico destinado a la mera descripción y explicación de los patrones de diversidad (Primack 1993, en Klier 2018), esta dimensión práctica, que pretendía autonomizarse de la ecología disciplinar, se profundizará en la confluencia con la corriente australiana de la BC.
Mientras la corriente norteamericana se enfocó en la aplicación de modelos ecológico-evolutivos con un marco teórico basado en teorías generales, en Australia se venía desarrollando una vía más orientada al manejo. En 1995 comenzó a consensuarse un marco en el que se integraba la visión pragmática australiana con la visión teórica estadounidense, y en el 2000 se publicó un artículo que plasmará esta situación. En el “Systematic conservation planning” (SCP) de Margules y Pressey se combina una visión que orienta sus acciones más a los resultados que a los marcos teóricos, con un marco académico para proponer un manejo adaptativo de ambientes naturales. El SCP implica una sucesión de pasos que suponen la elección y delimitación de la región de planificación, la identificación de los actores involucra-dos, la definición de indicadores de biodiversidad adecuados a los objetivos y metas de conservación considerados bajo múltiples criterios preestablecidos. Luego de la implementación de esta planificación, se debe monitorear sistemáticamente y revisar los pasos anteriores. Así, desde fines de 1990 se integran nuevas perspectivas de manejo para la conservación, aunque en el plano académico la BC sigue inscripta como ciencia biológica bajo tres puntos de anclaje: la evolución, la ecología y la genética (Groom et al., 2006).
Klier destaca del SCP tres dimensiones novedosas para la BC: la integración de actores sociales a la gestión y manejo de áreas protegidas (y la elección multicriterio sobre qué conservar), la idea de redes de reservas y la dimensión temporal-cíclica de continuidad y periodicidad en el monitoreo y revisión. Surgen entonces preguntas que siguen vigentes y vienen al caso de lo que discutiremos más adelante: quiénes son los actores clave para determinar el análisis, qué criterios son los relevantes, cuál es la biodiversidad que se debe conservar (Odenbaugh,2016 en Klier,2018). Aún más: cómo se integrarán los actores al manejo y gestión, tendrán poder de decisión, qué relaciones de poder existen en la trama de actores, entre otras posibles y necesarias reflexiones.
A partir del desarrollo de los orígenes y revisión de los fundamentos éticos y epistemológicos, Klier indaga en la realidad actual de la BC y en su análisis encuentra un desfasaje entre la propuesta teórica y su práctica: por un lado, en el marco teórico la biodiversidad presenta una aproximación relacionista, por otro lado, en la bibliografía analizada (principales revistas especializadas) se muestra un carácter elementista[1] que reproduce esta separación de naturaleza respecto a la sociedad. Es decir, en la práctica la biodiversidad se comprende bajo una mirada científica como objeto de estudio, ajeno, cuantificable y analizable. A su vez, destaca ciertos sesgos respecto a las entidades que se estudian (especies carismáticas), sin explicitar que estas elecciones sitúan al investigador en un contexto social, político y ético.
Otro aspecto refiere a la jerarquización del saber científico (a priori), ya que si bien en los fundamentos epistemológicos (artículos fundadores y textos teóricos principales) se aborda el trabajo de la BC como interdisciplinaria, holista y bajo un paradigma de complejidad, integrando las dimensiones sociales, la mayor parte de la investigación de la BC resulta disciplinar y proviene de un marco ecológico disciplinar, quitándole la perspectiva de problemática ambiental y subordinando otros conocimientos científicos (como de las ciencias sociales) y saberes locales de los territorios en cuestión. En ese sentido, esta dificultad de tratar la problemática ambiental desde una mirada científica tradicional se plasma en la planificación y gestión de la conservación, jerarquizando a priori los conocimientos científicos (de las ciencias naturales, principalmente) simplificando la realidad de los territorios donde se conserva, poniendo en lugares secundarios a los actores locales, y señalando qué y por qué se conserva desde ópticas meramente científicas, pretendidamente neutrales.
El trabajo de Klier destaca la BC como una subdisciplina científica que parece romper con el dogma de las ciencias modernas que plantea la separación radical entre conocimiento científico y valores, ya que, como mencionamos anteriormente, se asume que la biodiversidad tiene valor intrínseco, según los artículos y textos considerados fundacionales. En contraste con esa mirada ecocentrista, conviven posturas antropocentristas que dan a la biodiversidad un valor instrumental. Sin embargo, la autora recalca que la BC se diferencia de otros campos dentro de las ciencias de la vida, ya que en los libros de texto de referencia (“textos canónicos”) se incluye una sección dedicada a “debatir la dimensión valorativa de lo viviente en la conservación” (2018:177). Esta particularidad, pareciera no encontrarse explicitada en otro tipo de fuentes tales como artículos de revistas científicas (Griffiths y Dos Santos, 2012 en Klier, 2018).
Asimismo, dado el carácter polisémico de la biodiversidad (Faith, 2008 en Klier, 2018), la autora se pregunta específicamente cuáles son las entidades biológicas con valor intrínseco en la bibliografía de la BC. En este sentido, encuentra que este valor intrínseco de la biodiversidad se atribuye principalmente a las especies biológicas y a los ecosistemas, y por eso el nivel de amenaza de las especies o de sus correspondientes ecosistemas “nativos” resulta ser un criterio de conservación preponderante, por sobre otro tipo de entidades como organismos individuales, por ejemplo, en la metodología propuestas para el manejo de especies invasoras. Por otra parte, en su análisis de la bibliografía también halla la atribución de valor instrumental a lo vivo como fundamento para su conservación, en posturas utilitaristas que destacan los beneficios de la conservación de la biodiversidad para la humanidad, tales como las propuestas cercanas a la noción de “servicios ecosistémicos”.
Breve revisión histórica de los criterios de creación y manejo de las ANP en Mendoza (Argentina) y nuevos rumbos del conservacionismo
A nivel local, las áreas naturales protegidas (en adelante, ANP) y la conservación han constituido campos de investigación reservados a las ciencias naturales, particularmente para la biología de la conservación desde la década de 1980, tendencia que igualmente se verifica a nivel internacional tal como desarrollamos anteriormente. En consecuencia, se ha privilegiado el estudio de los aspectos físico-biológicos de la conservación, lo que ha generado un gran acervo de conocimiento de los ecosistemas de la provincia (D’Amico y Arcos, 2022). Por su parte, el estudio de los procesos sociales y culturales que las ANP conllevan no ha recibido el mismo interés por parte de la comunidad científica local, aunque en los últimos años se han publicado un conjunto de trabajos que marcan un sendero contrario (D’Amico y Arcos, 2022).
En la provincia de Mendoza, las ANP han quedado históricamente circunscriptas a la órbita del Estado Provincial y en algunos casos, bajo gestión y administración privada o mixta. La superficie abarcada hasta el 2019 por el sistema provincial de ANP era del 13,68% del territorio provincial con 22 ANP declaradas en el marco de la Ley Nº 6045/1993 (Régimen de áreas naturales provinciales y sus ambientes silvestres) (Torres, Cannizo, Campos, Tonolli, Moreno, Agneni, 2020).
Las preocupaciones ecológicas que se consolidan en el imaginario ambiental mendocino, surgen como resultado de los primeros indicios de desertificación, producto de la sobreexplotación de los bosques nativos, en el período socio-histórico en el que se configura un nuevo modelo productivo basado en la vitivinicultura (fines del siglo XIX principios del XX), sustituyendo al modelo forrajero-ganadero. A partir del desarrollo del sistema ferroviario, se favorece la circulación y transporte de leña, madera y carbón, para su propia expansión, pero también para el uso y desarrollo de la vitivinicultura, estableciéndose un modelo de concentración de recursos y población en los oasis, en desmedro de los territorios no-irrigados. Este modelo de extracción, centrado en la “cultura del oasis”, se sustenta principalmente en la concentración del recurso hídrico, garantizado por el sistema jurídico provincial y los órganos de gestión que reglamentan sobre el uso y la distribución de aguas (la Ley de Aguas de 1884 y la Constitución Provincial de 1916), que favorece la concentración del manejo del recurso hídrico en los sectores que conforman las élites dominantes, durante el período de conformación de los Estados provinciales y nacionales ( Escolar, Martín, Rojas, Saldi y Wagner, 2012).
En ese contexto, identificamos diferentes etapas del conservacionismo con rasgos particulares (Arcos, 2021 y D’Amico y Arcos, 2022). La primera etapa, concentrada a mediados del Siglo XX, a partir de la creación de la Reserva Natural de Ñacuñán (1961), con el objetivo central de restaurar una zona y un recurso profundamente degradado (preservación de los bosques de algarrobos -Prosopis flexuosa-). La Reserva Natural de Ñacuñán, queda establecida bajo la órbita del Estado provincial, desmarcándose de la prevalencia de los grandes parques nacionales (Administración de Parques Nacionales), lo cual va a marcar el rumbo en materia de conservación y conformación del sistema provincial de ANP. En este contexto, el Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA) creado en la década de 1970, se erige como un actor ineludible en la política de ANP a nivel provincial, que se consolidará en el siguiente período (Rubio et al., 2014; D’Amico, 2017). La particularidad de este puntapié conservacionista es que, a contramano de la tendencia generalizada de preservar grandes porciones territoriales, pretendidamente “prístinas”, y de imponentes bellezas paisajísticas, el ecosistema de Ñacuñán no era prístino ni un paisaje imponente. El objetivo conservacionista estuvo dirigido a la recuperación de un recurso degradado y no un paisaje de belleza prístina, designa un inicio distinto, pero en sintonía con una tendencia mundial y nacional de auge de las ciencias ecológicas. A nivel nacional, durante los años sesenta, los parques naturales dejan de crearse para preservar grandes paisajes naturales y asegurar la soberanía del Estado nacional en zonas fronterizas, abriendo paso a la conservación de procesos y funciones ecológicas (Carusso, 2015).
En la segunda etapa, momento de gran expansión del sistema provincial de ANP, se identifica un cambio de criterios en las dimensiones que justifican la creación de ANP, trasladando la preocupación de la situación alarmante de los recursos naturales hacia una postura enmarcada por una estrategia de conservación sustentada en valores ambientales sobresalientes, aunque siguen siendo auspiciados por al ámbito científico, específicamente de las ciencias naturales. Esta etapa de esplendor conservacionista se ubica entre la década del 80 y el 2000, en la cual se crean 11 de las 22 reservas provinciales. El IADIZA continúa interviniendo de manera central, siendo permanentemente consultado. A la par asume un rol protagónico la intervención estatal de la mano de la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la provincia. Este impulso a nivel provincial, sintoniza con el proceso de institucionalización ambiental de alcance global durante la década del 90, que a nivel provincial consolida el marco normativo ambiental. En ese contexto, se crea el Sistema Provincial de ANP (Ley 6045 del año 1999), adoptando las categorías de manejo establecidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Asimismo, en este periodo se amplía la protección sobre humedales, a partir de la incorporación de dos Sitios Ramsar (Rubio et al., 2014; D’Amico, 2017; entre otros). En términos sociales, por su parte, el fortalecimiento y la consolidación del sistema de áreas protegidas de Mendoza, no trajo consigo la flexibilización de las nociones tradicionales respecto de la presencia de seres humanos y de actividades distintas a la conservación, al interior de los parques y reservas naturales. Luego de veinte años de la creación de Ñacuñán, su posterior incorporación a la red mundial de Reserva de Biósfera, y en pleno auge de la sostenibilidad, continuó operando una definición de naturaleza prístina y virgen. Poca o casi nula atención recibieron las comunidades o poblaciones preexistentes en los territorios destinados a la conservación (Cannizo, Campos y Lichtenstein, 2020). Se mantuvieron, entonces, durante este período, criterios tecnocientíficos al momento de establecer la gran cantidad de áreas protegidas.
En un tercer momento, centrado a fines del Siglo XX e inicios del Siglo XXI, se registra un punto de inflexión que identifica el período actual. Los elementos distintivos comprenden, por un lado, una diversificación del mapa de actores sociales que se involucran en la promoción de proyectos de ANP: pequeñas comunidades, empresas privadas, y otros niveles de gobierno (municipales, intermunicipales, o incluso nacionales). Y, por el otro, una serie de cuestionamientos hacia el esquema de conservación más bien estricto que había predominado hasta ese momento (D’Amico y Arcos, 2022). Así se corrobora que, sin desconocer la importancia de los criterios científicos que predominan en el abordaje académico de la conservación de la naturaleza, estos espacios no quedan por fuera de procesos sociales, políticos y económicos (West, Igoe y Brockington, 2006; Cortés Vazquez y Beltrán, 2018). Por ejemplo, en esta etapa, las comunidades locales van ganando protagonismo al momento de impulsar proyectos conservacionistas ya que, ante el avance de proyectos extractivos, las ANP han funcionado, como una herramienta legal para la protección del ambiente (Cannizo, Campos y Lichtenstein, 2020). Ante esto, resulta interesante contrastar el fuerte peso que para algunos actores sociales continúa teniendo la visión tecnocientífica. En este sentido, resulta importante atender las dimensiones no exclusivamente biológicas, en tanto alrededor de la cuestión ambiental pueden darse procesos de apropiación privada de territorios y recursos naturales, cuyos fundamentos se legitiman en la protección del ambiente (Fairhead, Leach y Scoones, 2012; Apostolopoulou y Adams, 2018). Asimismo, tanto el Estado provincial en distintas escalas, como diferentes actores locales, han movilizado y activado proyectos de ANP, estructurados sobre criterios de control territorial o de intereses económicos privados, diferenciándose de los criterios “propiamente” conservacionistas (D’Amico y Arcos, 2022).
[1]La autora entiende como mirada elementista aquella que comprende a entidad como una mera suma de partes, desde una perspectiva analítica en contraste con una mirada relacional, que considera otros aspectos de las entidades de estudio que no sean reducibles a la mirada analítica.
Conclusiones:
A lo largo de este trabajo hemos visto cómo el conservacionismo surge desde preocupaciones ambientales atravesadas por diferentes intereses y valores, que luego irán convergiendo en una mirada predominantemente científica y particularmente influenciada por las ciencias naturales. En ese sentido la Biología de la Conservación ha constituido el principal campo de abordaje científico desde la década de 1980 frente a la pérdida de biodiversidad que se aborda actualmente más como problemática científica que ambiental.
Sin embargo, partir de una revisión crítica de sus bases éticas y epistemológicas vimos cómo en realidad ese campo surgió con distinciones respecto a la ciencia moderna, considerándose una disciplina inexacta, con una posición valorativa frente a una situación de crisis y con un abordaje interdisciplinario. Pese a estas bases que se reproducen en los textos canónicos, vimos cómo desde una mirada crítica, en la investigación científica todavía se aprecia una mirada elementista, pretendidamente “neutral”, que jerarquiza el saber científico frente a otros, reduciendo otras dimensiones posibles de la problemática, y poniendo foco en el valor instrumental de la biodiversidad por sobre otras valoraciones.
A partir de la comprensión del estado del conocimiento científico, y a partir de una revisión histórica de los criterios que han guiado la conformación de las ANP en Mendoza, Argentina, verificamos que ese proceso local ha seguido la tendencia global de la conservación, pero que actualmente nos encontramos en un momento de transición donde se disputan los sentidos de la misma, por lo cual el conocimiento científico dedicado a esta problemática, es decir el conocimiento experto, requiere una apertura hacia las ciencias sociales y otros saberes para poder diseñar nuevas políticas de la conservación acorde a los desafíos actuales.
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Palabras clave:
conservación de la biodiversidad; biología de la conservación; políticas de la conservación
#04926 |
Las organizaciones sociales mexicanas; elementos para la construcción de economías solidarias
Leonel Flores Vega1
;
Jesús Manuel Ramos García
1
1 - Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco.
El objetivo de este trabajo es comprender el sentido con el que se organizan y gestionan las organizaciones sociales, con la finalidad de aproximarnos al campo teórico y empírico de las economías solidarias. Entender la naturaleza de las organizaciones sociales, sus contextos de aplicación y funcionamiento, las racionalidades con las que toman decisiones y dirigen sus actividades es central para apreciar las potencialidades y limitaciones en la construcción de una alternativa a la economía capitalista. Las organizaciones sociales no son homogéneas, pues existen diversos tipos jurídicos, no obstante, existen lazos que las vinculan, tal como las prácticas organizativas y las estrategias de operación que contienen un carácter solidario y colaborativo. Las organizaciones sociales son fundamentales para hacer frente a escenarios cada vez más inciertos en la globalización, ya que retoman la acción de los actores y contextos locales para mejorar la calidad de vida de los pobladores. En tiempos difíciles las organizaciones sociales tienen que adaptarse a nuevas condiciones que imponen los cambios, tales como las crisis económicas, la pandemia por Covid 19 entre otros. Las organizaciones sociales son espacios potenciales para construir una economía alternativa al capitalismo, al mismo tiempo que se coadyuva a una mejor calidad de vida. En este trabajo se analizan organizaciones sociales mexicanas diversas, tales como las sociedades cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones, sociedades de producción rural, Instituciones de Asistencia Privada. Se han estudiado las prácticas organizativas, el proceso de constitución, organización y medios de gestión de organizaciones sociales para mejorar construir un modelo alternativo económico y mejorar el bienestar de la sociedad.
11:00 - 13:00
GT_14- Medio Ambiente, Economías Solidarias y Desarrollo Sostenible
#04954 |
Circuitos cortos de comercialización: una alternativa económica para las mujeres campesinas de Coacoatzintla, Veracruz
A lo largo de las décadas han surgido procesos que marcan el desarrollo de los territorios, generando dinámicas que se ven reflejadas en el crecimiento de cada lugar. Sabemos que uno de los mayores fenómenos que se ha dado es el de globalización que ha generado beneficios y ha ocasionado, impactos negativos que afectan a diversos sectores de la población, por ejemplo, a pequeños productores, quienes no pueden competir contra los grandes sistemas convencionales de mercado que rigen el mundo. Para dar respuesta a los impactos formados por los fenómenos que se generan y afectan la producción local, surgen los mercados alternativos, que se caracterizan por ser espacios de intercambio. Existen diferentes tipos de mercados, en este caso nos enfocamos a los circuitos cortos de comercialización, que son una forma de comercio basada en la venta directa de productos frescos o de temporada entre productores y consumidores, además buscan generar confianza y fortalecer las relaciones sociales.Cabe mencionar que los circuitos cortos de comercialización inciden en las prácticas que se generan dentro de la economía social y solidaria la cual tiene una lógica distinta a la de las economías de mercado. Estos circuitos de proximidad permiten generar ingresos para muchas localidades que se dedican a la producción y comercialización directa de diferentes productos que elaboran con materia prima que ellos generan y a través de un proceso artesanal.Para comprender estos aportes teóricos, se presenta el caso de un grupo de mujeres productoras de dos comunidades rurales de Coacoatzintla, Veracruz., caracterizadas por realizar actividades agropecuarias campesinas, es decir, que son para el consumo familiar y no para distribuir en los grandes mercados capitalistas; sin embargo, algunas necesidades básicas de estas mujeres y sus familias requieren mayores aportes monetarios, por lo que deben transformar una parte de sus productos de autoconsumo para poder venderlos.Esto es, la elaboración artesanal y colectiva de alimentos como atoles de grano, quesos, tamales, dulces, la recolección de huevos, flores ornamentales y plantas medicinales, que transportan desde sus localidades en la sierra, hasta la cabecera municipal. Es un largo proceso por el que pasan, desde las elaboraciones artesanales, hasta el traslado y venta de productos que llevan a cabo los días jueves y sábado de cada semana, contando con un pequeño e improvisado espacio en el parque municipal o tienen que tocar de puerta en puerta para vender sus productos.Si bien este proceso les permite vender sus productos en un circuito sin intermediarios que reduzca los valores agregados y les genere ingresos monetarios, también les hace reflexionar sobre el aprovechamiento responsable del medio en el que viven y todos los recursos que les aporta, pues del cuidado que les den, también dependerá toda esta producción.
#05003 |
Las mujeres en la producción del agave mezcal incorporando sistemas alimentarios agroecológicos
María de Lourdes Flores López
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Roberto Paulo Orozco Hernández2
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Ever Sanchez
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La organización de los sistemas alimentarios ha sido fundamental en el desarrollo y reproducción social de los pueblos. El rol social de la mujer en la alimentación es una característica particular de antaño y continúa expresándose en estos tiempos, no se restringe a sólo comprar y preparar alimentos y comidas sino también existe un despliegue importante de actividades en la producción y obtención de estos, característica particular de entornos rurales en México. Nos acercamos a zonas productoras de agave -también conocido como maguey- en los estados de Guerrero y Oaxaca donde evidenciamos el papel central de la mujer en esta dinámica: principalmente su labor invisibilizada en el cuidado de la planta, producción y comercialización de la bebida espirituosa. Se documenta los retos y dificultades que enfrentan en la producción del agave-mezcal, así como el aporte a los sistemas alimentarios incorporando esquemas agroecológicos relevantes. Mediante una aproximación socio-antropológica se identificó cómo las mujeres productoras de agave-mezcal disrumpen el rol de género convencional, develan los recursos implementados para hacer frente a estas tareas, incorporando aspectos de sustentabilidad, consiguen proveer económicamente a sus familias y son un elemento crucial respecto a la cultura alimentaria en la producción de agave-mezcal.
#05063 |
Manejo empírico de las organizaciones de la economía popular y solidaria: una realidad en la provincia de Chimborazo.
La zona geográfica de Chimborazo es una zona rural en la que existe 478 asociaciones activas que no pertenecen al sector financiero según el repositorio de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Ecuador (2022), de las cuales mediante convenio de vinculación con la sociedad el Instituto Superior Tecnológico Eugenio Espejo por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería se trabajó en 10 asociaciones de agricultores y producción láctea quienes tienen un nivel de escolaridad básica y media por lo que los profesionales que realizan el trabajo administrativo de las áreas de estas organizaciones únicamente realizan trabajos específicos que los entes rectores exigen, como la declaración de impuestos.La persona encargada de la administración en muchos de los casos es solo un requisito de creación de las asociaciones y que se refleja en sus estatutos de creación, al ser el administrador un requisito y de los diagnósticos realizados en las 10 asociaciones, este no está empoderado con los fines de la organización, no se encontraron procesos administrativos que permitan planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos y capacidades de la organización para el cumplimiento de los objetivos.Es imperante que en las asociaciones se integren profesionales en las áreas administrativas las cuales han sido llevadas de manera empírica para dar cumplimiento a requisitos de los entes regulatorios y del mercado.De los diagnósticos realizados se recaba que las asociaciones presentan problemas en:Levantamiento del proceso contable acorde al producto Planificación del presupuestoElaboración de proyectos de factibilidadPlanes de negocioModelos de negocioLevantamiento de costos para determinar el precio del producto y punto de equilibrioOrganigramas sin funcionalidadPresentación del productoPublicidad del productoPosicionamiento de la marcaColocación del producto en mercados estratégicosEstudios de mercado En todas estas problemáticas se intervinieron por parte de los estudiantes y docentes del Instituto Superior Tecnológico Eugenio Espejo de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, aportando con levantamiento de procesos y gestionando resultados con escasos recursos debido a que esta institución no cuenta con presupuesto asignado, realidad que afecta positivamente en medir resultados de los conocimientos aplicados en el re vertimiento de las problemáticas enlistadas los cuales se ven reflejados en la colocación de productos en supermercados de la capital de la provincia, la determinación del punto de equilibrio y precio del producto, determinación de factibilidad de proyectos de inversión de pasteurización entre otros.La economía popular y solidaria nace como respuesta a las prácticas capitalistas mundiales en las que priorizan el capital, dejan de lado el medio ambiente y a los pequeños sectores. ¿Cómo da respuestas? Lo hace mediante la asociatividad de pequeños productores para resistir la competencia de grandes corporaciones a través del incremento de la producción.
Introducción:
La principal o segunda actividad de cada cantón de la provincia de Chimborazo según datos del Banco Central del Ecuador al año 2019 es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Este dato es relevante para comprender que la mayoría de asociaciones son de este sector.
La investigación se centra en el estudio de caso de 10 asociaciones del sector agropecuario de la provincia en las que interviene y aporta el Ministerio de Ganadería y Agricultura, estas organizaciones han mantenido el empirismo para manejar el aspecto económico y financiero, lo que ha ocasionado que estas no se consoliden en los diferentes mercados.
El trabajo realizado inicia en el año 2019 con la firma de convenio de vinculación entre el Instituto Superior Tecnológico Eugenio Espejo y el Ministerio y Ganadería (MAG) de la provincia de Chimborazo, desde ese tiempo a la actualidad se han aplicado diferentes procesos en las asociaciones en las cuales se realizó un diagnóstico preliminar a través de una entrevista con el director de este ministerio.
El diagnóstico preliminar y general se trasladó al diagnóstico específico de cada organización, determinando que en el ámbito administrativo se aplicaba las prácticas que han dado resultados a través del tiempo y que no tienen una base técnica y científica.
Se han aplicado varios procesos que han permitido que las organizaciones sean visualizadas en el mercado o por lo menos que sus integrantes estén consientes de sus problemáticas internas existentes.
Desarrollo:
La investigación inicia con un Informe Técnico de Viabilidad para la firma del convenio de vinculación entre el Instituto Superior Tecnológico Eugenio Espejo y el Ministerio y Ganadería (MAG) de la provincia de Chimborazo, con el propósito de aportar desde el ámbito administrativo, financiero, contable y de comercialización de los productos.
La población de estudio son las organizaciones no financieras de la Economía Popular y Solidaria de Chimborazo que según el catastro de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2022), son 478.
Al ser una población amplia y al ser estas organizaciones de similares características se aplica la técnica investigativa de estudio de caso de 10 organizaciones no financieras a través del proceso de firma de convenio entre el Instituto Superior Tecnológico Riobamba y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Chimborazo que trabaja con 10 asociaciones las cuales son:
Tabla N°01. Ubicación y actividad de las organizaciones a intervenir.
Entrevistas y observación directa.
Una vez realizado el diagnóstico preliminar, se procedió a realizar el diagnóstico específico en cada una de las asociaciones donde se aplicaron dos preguntas abiertas a los presidentes de las asociaciones.
¿ Qué actividades administrativas, financieras, contables y de comercialización ustedes realizan?¿Tienen un registro de las actividades mencionadas en la pregunta anterior?
De manera general nos supieron manifestar que existe un administrador y un contador contratado en algunos casos en otros casos no existían estos puestos.
Las actividades que realizaban tanto los administradores como los contadores no eran socializadas a los asociados únicamente daban cuentas de su trabajo al transcurrir el tiempo sin ser estas periódicas.
Al ser personas externas el administrador y el contador no vivían el día a día en la asociación, su contratación se pudo inferir que eran por dos razones, la declaración de impuestos en el caso del contador y el cumplimiento a la ley en cuanto al administrador.
Las actividades administrativas, financieras y contables no eran del conocimiento del presidente de cada asociación y peor aún de los asociados.
Las actividades como la presentación del producto, y la comercialización se realizaba de acuerdo a iniciativas de los dirigentes y al apoyo en la participación de ferias, existía la presentación de los productos, pero no se conocía el fin de una buena presentación.
Los productos se comercializan en las ferias tradicionales y no están en tiendas o supermercados para su venta al por mayor.
El conocimiento acerca de la primera pregunta fue limitado a la explicación realizada.
En relación a la segunda pregunta cada presidente manifestaba que no existe documentación en archivos más que el estatuto de la asociación y cuadernos donde llevaban las cuentas monetarias de la asociación.
Con este resultado se constató que no existen procesos administrativos, financieros, contables y de comercialización aplicados con técnicas o metodologías.
En la observación directa se confirmó la no existencia de archivos de los procesos mencionados, la estructura organizacional que por ley manejan cada asociación y la no existencia de procesos y actividades necesarias para la consolidación y crecimiento organizacional.
El organigrama que representa la estructura organizacional de las asociaciones es el siguiente:
Gráfico N°01. Organigrama base de las 10 asociaciones
Fuente: Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Ecuador
Elaborado por: Jaysson Gavidia
Se añade el área contable para el cumplimiento de la ley de régimen tributario del Ecuador.
Análisis Estructural de las asociaciones.
Los integrantes de las asociaciones son hombres y mujeres con nivel de escolaridad en proceso de alfabetización, primario y secundario en pocos casos.Las asociaciones dentro de su estatuto establece como máxima autoridad a la asamblea de asociadosEl presidente es electo por los asociados y es parte del grupo de personas que integran la asociaciónEl administrador es persona externa a la asociación que es contratado El contador es persona externa a las asociaciones que es contratado para realizar las declaraciones de impuestos
En cuanto a procesos y actividades necesarias para la consolidación y crecimiento organizacional se determinó que en conjunto las 10 asociaciones carecían de:
Proceso contable acorde al producto Planificación del presupuestoElaboración de proyectos de factibilidadPlanes de negocioModelos de negocioLevantamiento de costos para determinar el precio del producto y punto de equilibrioPlanificación EstratégicaElaboración del Plan Operativo AnualOrganigramasManual de Funciones Registro sanitario del productoPublicidad del productoPosicionamiento de la marcaColocación del producto en mercados estratégicosLevantamiento de perfiles de puestoEmbalaje y empaque del productoImplementación de procesos de transformación de materia prima de calidadEstudios de mercado
Intervención del Instituto Superior Tecnológico Riobamba
Una vez realizado el diagnóstico específico de cada asociación se detalla de manera general los siguientes aportes a través del trabajo conjunto a las asociaciones:
Implementación de Planes de Marketing.
Posicionamiento de la marcaPresentación del productoColocación del producto en mercados
Levantamiento de costos.
Determinación de costos de producción de cada producto
Proyectos de factibilidad
Determinación de factibilidad de proyectos de pasteurización y enfundado de leche
Caso específico
Un aporte significativo y sistemático que se pudo concretar es en la Asociación de Mujeres Indígenas Mushuk Kawsay, esta asociación se dedica a la producción y comercialización de yogurt y té de mashua.
El aporte en esta asociación es el siguiente:
Posicionamiento de la marca Tandalla Warmis que significa mujeres emprendedoras unidas ( Tandalla: trabajo en grupo y Warmis: mujeres)
- Colocación del yogurt de mashua y té de mashua en el Supermercado CAMARI y participación en ferias - Levantamiento de costos de producción de los diferentes envases de yogurt
- Levantamiento de procesos contables
Conclusiones:
- Las actividades realizadas en las asociaciones investigadas lo realizan de acuerdo a la experiencia lo que ha dado como resultado el estancamiento de las mismas.
- No se dan continuidad a los procesos realizados en conjunto con el IST Riobamba debido al nivel de formación de los integrantes de las asociaciones
- Los administradores y contadores de las asociaciones son personas externas que no tienen sentido de pertenencia para aplicar procesos y mejorarlos al pasar del tiempo para el posicionamiento y crecimiento en el mercado
- No existen políticas públicas para una estructuración administrativa, contable, financiera y de comercialización de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria no Financieras.
Bibliografía:
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ( 2022). Catastro de organizaciones no financieras . Recuperado de https://servicios.seps.gob.ec/gosnf-internet/paginas/consultarOrganizaciones.jsf
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2018). Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ecuador. Recuperado de https://www.seps.gob.ec
Palabras clave:
Economía
Procesos
Empírico
Marketing
13:00 - 15:00
GT_14- Medio Ambiente, Economías Solidarias y Desarrollo Sostenible
#03931 |
Contra-naturaleza Siglo XX: capitalismo, urbanizaciones cerradas y conflictos territoriales en Buenos Aires.
Florencia Lucía Bertolotti1
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Victoria Noelia Cabral
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1 - CONICET-Centros de Estudios Sociales y Políticos (FH-UNMDP).2 - CONICET-Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC-UNMDP).
Desde las últimas décadas del Siglo XX el urbanismo ha cobrado fuerza en toda América Latina. Este proceso se entiende a la luz de las características que ha adquirido la producción urbana durante el proceso de consolidación y auge del modelo neoliberal a partir del cual la planificación, innovación y eficacia de las ciudades se orientan hacia los propósitos de inversionistas internacionales de carácter privado. Estos procesos globales remiten a la progresiva consolidación de las relaciones capitalistas de mediados del siglo XX —con mayor énfasis hacia los años ’80— de las cuales derivan, por un lado, las configuraciones urbanas manifestadas en la adecuación del suelo urbano para permitir la construcción y la reproducción social a través de edificaciones, así como la alteración del curso arquitectónico de las ciudades, por el otro (Pírez, 2016). En este marco, se torna fundamental analizar el desarrollo como principio rector desde el cual los grandes capitales se apropian y hacen uso de los recursos de la naturaleza en el contexto de un nuevo régimen de acumulación de capital. Particularmente, el objetivo de la ponencia es visibilizar el crecimiento de urbanizaciones cerradas en la provincia de Buenos Aires (Argentina) en relación con los conflictos territoriales que desata, considerando el período 2000-2022. Es menester aclarar que este fenómeno es de larga tradición en otros contextos como la ciudad norteamericana y, luego, en muchas de las grandes ciudades latinoamericanas. En la Argentina, se despliega con intensidad gradual desde los años ’90 en adelante, encausando nuevas formas de sub-urbanización de las élites vinculadas directamente a las transformaciones económicas, culturales y sociales que se desprenden de los procesos generales de la globalización y afectan de manera específica a las grandes áreas metropolitanas (Torres, 2004).Para dar cuenta de ello se realiza una georreferenciación en clave de una revisión bibliográfica exhaustiva que permite determinar las principales zonas en las que se emplazan este tipo de construcciones. Desde los resultados nos interesa problematizar no solo los impactos sobre los ecosistemas sino también las dinámicas del habitar de las comunidades locales, alcanzando una lectura multi-dimensional del territorio, considerando aspectos materiales y, en especial, los simbólicos y culturales.
#03956 |
Movimientos sociales en conflicto por el agronegocio: trayectorias y experiencias de territorialización
Maria Eugenia Isidro1
1 - Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas (ISTE) CONICET/UNRC.
Los conflictos centrados en el territorio atraviesan la historia de las sociedades latinoamericanas y signan buena parte de sus problemáticas contemporáneas. Argentina y la provincia de Córdoba no son una excepción. Esos conflictos devinieron muchas veces en resistencias que interpusieron los actores involucrados (pueblos originarios, chacareros, arrendatarios), confrontando con fuertes intereses privados, fuesen nacionales o extranjeros. Así, los modelos agrarios históricos y los actuales contuvieron ejes de conflicto donde los sujetos políticos más fuertemente comprometidos con la disputa plantearon estrategias diversas de lucha.En el año 2012 el anuncio de que Monsanto desembarcaría en dos localidades cordobesas generó una fuerte resistencia por parte de los vecinos que rápidamente se organizaron en asambleas y llevaron adelante diversas acciones colectivas. Luego de un arduo camino de resistencia, la negativa a la llegada de la multinacional se logró por diferentes vías ya sea por una decisión gubernamental o por una instancia judicial. En este trabajo nos vamos a centralizar en lo que sucedió con estos colectivos organizados una vez que el conflicto con Monsanto se vio resuelto. ¿Qué nuevos territorios construyeron estos movimientos? ¿qué incidencia tuvo la trayectoria en la conformación de nuevos territorios? ¿cuáles son los factores que inciden para que estos dos movimientos con características e inicios similares se reterritorialicen de modos diferentes post resolución de conflicto con Monsanto? Sobre estos interrogantes profundizaremos en la presentación.
#04508 |
“Vim aqui só pra dizer, ninguém há de se calar”: Relato de experiência sobre o processo de expropriação e resistência do povo Tuxá Campos, Itacuruba/PE.
Este Trabalho, em formato de relato de experiência é fruto da vivência de estágio estratégico durante a Residência Multiprofissional em Saúde da Família com Ênfase na População do Campo (RMSFC), realizado entre Julho e Agosto/2021, no território indígena do povo Tuxá Campos, localizado no município de Itacuruba, sertão de Pernambuco. O território do povo Tuxá Campos vem sofrendo diversos processos de expropriação ocasionados primeiramente pelo deslocamento compulsório na década de 1980, com a instalação da Usina Hidrelétrica de Itaparica; e atualmente é palco de nova investida dos empreendimentos energéticos na região, através do projeto de instalação da Usina Nuclear, no município de Itacuruba, sertão de Pernambuco. Desta forma, baseado nas anotações do diário de campo do estágio, este trabalho reflete sobre a dinâmica do povo Tuxá Campos, a partir dos megaprojetos; e visa apresentar os principais impactos provocados pela Usina Hidrelétrica de Itaparica, bem como analisar a conjuntura atual de ameaças com a instalação de uma usina nuclear. O processo investigativo aqui estabelecido busca evidenciar os processos de expropriação e resistência do Povo Tuxá Campos. A orientação teórico-metodológica dessa pesquisa contemplou o levantamento bibliográfico tanto de obras clássicas como contemporâneas, que tratam sobre capitalismo contemporâneo, expropriações, formação regional do Nordeste, comunidades e povos tradicionais, especificamente indígenas e quilombolas, lutas socioambientais e megaprojetos, assim como análise documental, dentre os documentos que foram base de nosso estudo estão documentos oficiais referentes aos megaprojetos em Itacuruba, matérias jornalísticas sobre o tema, o “Projeto Cartografia Social – Resistimos para existir: dizemos não à usina nuclear no São Francisco” (FIALHO, 2019) e materiais produzidos pela campanha “Usina Nuclear Não”. Estudar este território implica compreender o movimento ao longo do seu percurso histórico, observando o processo de apropriação privada à custa da subjugação dos povos e comunidades tradicionais, trabalhadores e da natureza, sempre impulsionado pelo capital privado. A exploração e expropriação sofridas, historicamente, pela população pobre da periferia do sistema capitalista tem se complexificado na contemporaneidade. Portanto, pensar sobre Itacuruba é fazer questionamentos sobre a conjuntura socioeconômica e política, repleta de existências de negações de direitos dos seus povos e comunidades tradicionais.
#04662 |
Territórios em disputa: conflitos socioambientais eólicos no mundo
Carolina Silva Ribeiro1
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Gilca Garcia de Oliveira
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Os conflitos socioambientais emergem de processos econômicos e sociais e incidem, principalmente, sobre os mais vulneráveis, considerando a abordagem da ecologia política. O depósito da maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às populações marginalizadas e aos povos tradicionais, e, a falta de equidade nas decisões e práticas de energia, desconsideram a importante relação entre a terra e a vida. Em contrapartida, tais populações, mesmo sendo ameaçadas por interesses políticos e pelo grande capital, lutam pela preservação do território em que vivem e clamam por justiça ambiental, se organizando e denunciando casos de injustiça ambiental. Assim, a disputa entre grandes projetos de desenvolvimento, como os empreendimentos eólicos, e comunidades rurais, resultantes dos impactos socioambientais derivados daqueles, materializam-se nos conflitos. Logo, este trabalho busca analisar os conflitos envolvendo empreendimentos eólicos no mundo e seus desdobramentos no território. Para tanto, realizou-se estudo de quatorze países junto ao Atlas Global de Justiça Ambiental, envolvendo conflitos com empreendimentos eólicos, à luz da ecologia política. Os resultados apontaram que os tipos de conflitos estavam mais relacionados aos aerogeradores e à aquisição de terras. O que evidencia que a propriedade da terra é um dos principais fatores causadores de conflitos no mundo envolvendo comunidades rurais no entorno de parques eólicos. Já as respostas mais comuns aos conflitos foram: o envolvimento do tribunal, fortalecimento da participação, suspensão temporária de parques, repressão e criminalização. Palavras-chave: Energia eólica; Conflitos socioambientais; Justiça ambiental.
#04736 |
Sufrimiento Ambiental: La experiencia de la contaminación ambiental y las enfermedades renales en las localidades de Atotonilquillo y San Pedro Itzicán, Jalisco.
La experiencia es definida de manera general como el conocimiento de vida (Real Academia Española [RAE], 2022) de una persona o varias, que se adquiere por las circunstancias o situaciones que suceden en un determinado espacio y tiempo. La experiencia vivida, se da a partir de la interacción consciente con el entorno, llámesele en medio ambiente (natural y social) y con otros seres humanos. A partir de la interacción que se convierte en experiencia, formamos conocimientos, habilidades y significado a las cosas y la manera que entendemos el mundo. El sufrimiento ambiental, es una experiencia; una forma de entender el mundo desde una posición de afectación de quienes lo viven. El sufrimiento ambiental conjuga tanto la experiencia de vivir en un medio ambiente contaminado, como la experiencia de una multiplicidad de factores de la interacción social; como la cultura, economía, salud y territorialidad. El análisis bajo este enfoque nos permite entender la experiencia que se vive en las localidades vecinas de Atotonilquillo, en el Municipio de Chapala y de San Pedro Itzicán, en el Municipio de Poncitlán, ambos en el Estado de Jalisco, México. Estas localidades han sido centro de estudios sobre salud renal, ya que niños menores de 12 años se han presentado con sintomatología de deficiencia renal y se registra una alta tasa de prevalencia de Insuficiencia Renal Crónica [IRC] (Lozano, 2021). A pesar de que se apela por la multifactorialidad de la causa de la prevalencia en Insuficiencia Renal, los estudios epidemiológicos apuestan por atender el problema desde una visión antropogénica, es decir, desde el individuo y su comportamiento con el entorno. No obstante, han sido ya los habitantes de las localidades protagonistas en protestas sociales ante las instituciones gubernamentales encargadas de la protección del medio ambiente, del agua y de la salud, por lo que esta visión exclusivamente clínica es revisada dentro de su contexto histórico, social, económico y territorial. Sustentado en el método cualitativo de la investigación, se hicieron uso de herramientas como la investigación documental y la etnografía. Estas herramientas fueron útiles para contrastar lo que se dice desde las instituciones tanto gubernamentales, como académicas y de los medios de comunicación, frente a la experiencia cotidiana de habitantes que viven en los entornos contaminados y padecen o tienen familiares con IRC. Desde la categorización de las diferentes áreas que se perciben problemáticas desde la documentación etnográfica; en las localidades se pueden entender los grados de sufrimiento a los que se enfrentan los habitantes. Los niveles de sufrimiento se distribuyen entre lo social, lo clínico-corporal, lo pisco-emocional y lo ecosistémico.
#04988 |
Resistencia Social en el sur de Nayarit por Proyectos Geotérmicos
JUAN GUZMAN CALDERON1
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KENYA ANAYENCY CASILLAS MEZA
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GT14 – Medio Ambiente, Economías Solidarias y Desarrollo Sostenible Con la reforma energética de 2013 en México, se inicia una etapa en donde la explotación de los recursos para generar energía eléctrica, ya sea por medio del aprovechamiento del viento (energía eólica), por el agua (energía hidráulica), por aprovechar el calor del interior de la tierra (energía geotérmica); se da apertura desde la economía dominante, con el discurso de hacer más competitivo el sector y estar al nivel de los grandes países en términos de la generación de energía; en especial en lo que respecta a la generación de energía eléctrica por medio del aprovechamiento geotérmico. En este sentido es que se crea la Ley de energía geotérmica y se dan todas las garantías para que se pueda explotar este recurso; además, algo que cambió el panorama es la accesibilidad para que dicho aprovechamiento lo pueda hacer una entidad privada (empresa privada); cabe señalar que antes de esto, el aprovechamiento era solamente por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE).Tal es el caso que, en el municipio de San Pedro Lagunillas ubicado en el sur del estado de Nayarit, se otorga la primera concesión a una empresa privada para la exploración y explotación de los recursos geotérmicos, iniciando operaciones el Parque Domo San Pedro en 2015, generando descontento en los habitantes de la región; esto debido a que este proyecto es solo uno de los cinco que se pretenden poner en esta región. Ante esta situación se genera movilización social en contra de estos proyectos; el presente trabajo pretende dar cuenta de cómo es que se articula el movimiento socioambiental “No al proyecto Ceboruco”; teniendo como eje metodológico la fenomenología, apoyándose de herramientas cualitativas y un muestreo no probabilístico.
09:00 - 11:00
GT_16- Universidad Latinoamericana: Interpelaciones y Desafíos
#01553 |
Interacciones con el medio socio-productivo de las Universidades Nacionales de San Martín y San Juan (Argentina): Indicadores para (re)conocer sus capacidades institucionales de vinculación intra e internacional.
Gonzalo Miguel Castillo
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Flavia Cecilia Prado1
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Victor Hugo Algañaraz Soria
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1 - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).
A partir de su institucionalización, las universidades se han constituido como espacios claves abocados a la generación de conocimiento, tanto de carácter científico, tecnológico, artístico y cultural, los cuales circulan no sólo en ámbitos académicos, sino que también son receptados y/o coproducidos con sectores empresariales, productivos y de la sociedad en general. En las últimas décadas, y de forma cada vez más creciente, entidades gubernamentales, establecimientos de la sociedad civil, sectores de la industria y organismos multinacionales (con injerencia en el diseño de políticas de educación superior o científico-tecnológicas) han renovado su interés en las instituciones universitarias dada la contribución de sus conocimientos en los procesos de desarrollo socioeconómico de los países. Ahora, dicha interacción universidad-sociedad requiere la movilización de ciertas capacidades específicas (financiamiento, infraestructura, personal capacitado, entre otras) de las instituciones u organismos intervinientes, a la vez que demanda la concreción de una serie de acciones diversas a fin de promover y fortalecer los lazos entre uno y otro extremo.Específicamente, esta ponencia focaliza en un análisis comparativo de las capacidades institucionales de extensión y transferencia de resultados de investigaciones hacia sectores sociales y productivos establecidas en el marco de dos instituciones universitarias que integran el conjunto de Universidades Nacionales argentinas: la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). En efecto, procura avanzar en la diversidad de modalidades y la multiplicidad de escalas intra e internacionales de circulación del conocimiento motorizadas desde organismos/oficinas de dichas casas de estudios, dedicados a la extensión universitaria, la transferencia tecnológica y la comunicación pública de la ciencia.En su plano conceptual, el trabajo se sostiene desde una transición tanto técnica como teórica desde la internacionalización hacia la circulación de saberes producidos en las universidades, a partir de sus diferentes interacciones con la sociedad a escalas local, nacional, transnacional e internacional. Asimismo, para su acceso metodológico fue instrumentado el Manual de indicadores de circulación del conocimiento del “Centro de Estudios de la Circulación del Conocimiento Científico” (CECIC), recuperando entre otras fuentes de información: bases patentométricas nacionales e internacionales, documentos y normativas institucionales, bases de datos ad-hoc sobre proyectos de extensión y medios de comunicación de las instituciones universitarias en estudio.
#01787 |
¿Qué tan intercultural es la universidad intercultural? Una lectura decolonial de la principal política de equidad para estudiantes indígenas en México
A 20 años de la creación de la primera universidad intercultural (UI) en México, hoy hay 11 UI en el mismo número de estados, que atienden a casi 17 mil estudiantes. El nuevo subsistema representa la principal política de educación superior y de equidad para estudiantes indígenas en el país. Sin embargo, poco se sabe del impacto del modelo intercultural sobre sus destinatarios, que incluyen afromexicanos y miembros de otras comunidades históricamente marginadas o excluidas de la educación superior. En esta ponencia, se presenta los resultados de un estudio sobre los egresados de las dos universidades interculturales de mayor trayectoria: la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) y la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), fundadas en 2001 y 2003, respectivamente. El proyecto indaga sobre las percepciones de los egresados y sus experiencias y trayectorias en el mercado laboral, en un intento por contestar la siguiente pregunta: ¿en qué medida logran las universidades interculturales su misión de empoderar a estudiantes indígenas y en qué medida reproducen la desigualdad, al no prepararlos adecuadamente para competir en el mercado laboral? El estudio combina una metodología cuantitativa (una encuesta aplicada a más de 500 egresados de la UAIM) con técnicas cualitativas (más de 50 entrevistas semi-estructuradas con egresados y coordinadores de las 6 carreras de la UIEM). Entre hallazgos, se encontró que los egresados de las carreras “convencionales” ofrecidas por la UAIM, como Derecho, Sistemas de calidad, y Contabilidad, tienen mayores tasas de empleo y mayores ingresos que sus contrapartes que estudiaron carreras “interculturales”, como Turismo alternativo, Etnopsicología o Sociología rural. A su vez, egresados de la UIEM, en donde todas las carreras son “interculturales”, experimentan fuertes dificultades en encontrar trabajos alineados a sus carreras y en sus lugares de origen—uno de las misiones de la universidad intercultural—. Inclusive, egresados de la carrera de Salud intercultural reportaron ser tachados de “chamanes” y “brujos”, debido al desconocimiento generalizado acerca del modelo curricular, que combina contenidos sobre medicina occidental con medicina tradicional. Finalmente, se percibieron grandes retos institucionales y fricciones epistémicas dentro del modelo intercultural, debido a la escasez de recursos (económicos y humanos), la falta de autonomía, y la poca claridad que existe en torno al modelo intercultural, tanto en México como en otros países. Tal situación tiene importantes implicaciones para los esfuerzos por “decolonializar” la universidad a través de los “diálogos de saberes” y de la apertura a distintas poblaciones de estudiantes. (Quisiera anotar que la presentación se impartiría en español, no en inglés (como señala el sistema). A su vez, no vi la opción de seleccionar a la Ciudad de México como sede, así que puse Guadalajara al azar).
#02090 |
Panorama dos PPGs latino-americanistas no Brasil. Agendas de produção e difusão do conhecimento e desafios políticos, acadêmicos e institucionais em processos de integração regional
Flávia Lessa de Barros1
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Lília Gonçalves Magalhães Tavolaro
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Analisamos os programas de pós-graduação (PPGs) no Brasil com foco principal sobre “América Latina” em seus projetos, missões, agendas e atividades. Trata-se de um conjunto de PPGs que integram um campo mais amplo de produção e difusão do conhecimento e informação sobre a América Latina no país, mapeado por pesquisa em fase avançada, desde o Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília (ELA/UnB), com apoio da FAP-DF. Destacamos a continuidade da proposta em relação à apresentação anterior no GT 16 - ALAS 2019, “Universidades públicas e latino-americanismo(s) no Brasil”. Dentre as diversas iniciativas institucionais mapeadas no “campo” (Bourdieu), priorizamos os PPGs para avançar nas discussões acerca das agendas de produção e difusão do conhecimento sobre a América Latina e dos desafios políticos, acadêmicos e institucionais em processos de integração regional. Além da hipótese inicial de que a formação, a organização e o funcionamento dos campos resultam na constituição, no plural, de “latino-americanismos”, são ainda exploradas outras hipóteses, referentes à organicidade e fragmentação destes campos e aos seus potenciais na conformação de dimensões sociopolíticas, culturais e científicas de processos de regionalização e integração, por meio de diversos enfoques teóricos sobre a “América Latina”. Portanto, baseadas nos dados da pesquisa, quantitativos e qualitativos, também exploramos os campos nas perspectivas das abordagens do “sistema mundial” e da “geopolítica do conhecimento” (Wallerstein e outros). Os PPGs são caracterizados por período de criação; distribuição geográfica no país; natureza pública ou privada da instituição de ensino superior de vinculação; área e subárea do conhecimento, e principais temáticas. Os PPGs são também problematizados à luz de indicadores e variáveis referentes a: i) linhas de pesquisa, ii) outras “iniciativas institucionais” vinculadas (núcleos, laboratórios, observatórios, grupos de pesquisa, etc.) e suas respectivas agendas; iii) público-alvo; iv) membresias e parcerias; v) apoios e recursos; vi) mapeamento geográfico institucional da formação de suas coordenações e lideranças no quadro docente; vii) inventário de teses e dissertações; viii) revistas vinculadas; ix) incidência dos temas “desenvolvimento”, “democracia” e “integração regional” (priorizados pela pesquisa de referência); x) bolsas de pesquisa concedidas pelo CNPq para projetos latino-americanistas (órgão de fomento do governo brasileiro), xi) classificação CAPES (órgão fomento do governo brasileiro) dos periódicos vinculados aos PPGs. Ressaltamos a relevância dos PPGs especializados na área de Ciências Sociais e afins, bem como daqueles PPGs cujos projetos são estabelecidos nas áreas multi, inter e transdisciplinar. Sendo 2022 um ano eleitoral, os desafios anunciados são considerados tanto em cenários políticos alternativos como em cenários de perpetuação de tendências atuais no país. Por fim, visamos também contribuir para reflexões acerca das necessárias transformações sociais em âmbitos nacional e regional-internacional que favoreçam o sentido emancipatório e integrador do latino-americanismo na e a partir da produção e difusão do conhecimento no Brasil.
#02366 |
Ações afirmativas, reparatórias e inclusivas em uma universidade do Sul do Brasil
As Instituições de Ensino Superior no Brasil, cuja historicidade é bem mais recente se comparada à diversas outras latino-americanas, vem enfrentando, ao longo das duas últimas décadas, importantes e necessários desafios no que se refere à ampliação e democratização do acesso. Historicamente marcadas por uma educação voltada para as elites brasileiras, as mudanças implementadas, impusionadas pelos movimentos sociais, através de ações afirmativas, resultaram em uma mudança do perfil estudantil no Ensino Superior Público brasileiro. Esta metamorfose abriu as portas das universidades públicas para pessoas negras, indígenas, deficientes físicas, refugiadas, entre outros grupos historicamente excluídos ou invisibilizados. Como consequência, as Instituições de Ensino Superior vêm sendo obrigadas a revisitarem suas práticas pedagógicas, epistemológicas e acadêmicas. A pluridiversidade que se apresenta, de forma crescente, provoca salutares mudanças nos paradigmas de nossa sociedade, construídas ao longo da história, sobre o racismo estrutural, o patriarcado e graves abismos de classe. Desta forma, cotidianamente, as universidades públicas brasileiras, ao mesmo tempo em que se destacam por suas relevantes contribuições relacionadas a ensino, pesquisa e extensão, são atacadas por uma elite conservadora que precebe-se como tendo perdido alguns de seus antigos espaços de poder e privilégios. Entretanto, consoante com a fundamental função social da universidade, é fundamental resistir e ampliar cada vez mais o acesso e as condições de permanência para estudantes das mais diversas origens sociais e nacionalidades. Este trabalho se inicia com importantes ações de acolhimento, apoio e orientação pedagógica, para além das condições estruturais. Neste trabalho, a proposta é apresentar as ações implementadas no âmbito do Programa Institucional de Apoio Pedagógico aos Estudantes (PIAPE), da Universidade Federal de Santa Catarina, localizada na região Sul do Brasil e que colaboram para esta democratização do ensino superior público brasileiro.
#02936 |
Professores brancos/as, estudantes negros/as: desafios epistêmicos às ciências sociais no Brasil contemporâneo
O contexto político efevervescente das lutas antirracistas no Brasil e no mundo, principalmente a partir da segunda década do seculo 21, trouxe novos desafios ao ensino de Ciências Sociais nas universidades. A implementação das políticas de ação afirmativa que se tornou obrigatória por lei nas universidades públicas federais a partir de 2012 no País, quadruplicou o número de estudantes negros, tornando-os agora 50% do total de docentes. A branquitude da grande maioria dos professores universitários nesse novo contexto não poderia mais ser “invisível”. A abordagem crítica da branquitude pelos estudantes negros/as estimulou rupturas radicais na dinâmica racial tradicional. Os/as professores estão sendo pressionados/as a repensar não apenas suas posições de poder, mas também os efeitos de seus próprios corpos brancos no ambiente acadêmico e a enfrentar as acusações de seus/as alunos/as negros/as, de que praticam “epistemicídio” e organizam seus programas com base exclusivamente em epistemologias eurocêntricas e norte-americanas. A introdução da categoria branquitude no debate racial dentro da Universidade é analisada neste trabalho como uma questão totalizante para os sujeitos envolvidos. Trazendo o foco para o corpo, o debate sobre branquitude provoca um questionamento radical do cerne da identidade de professores e alunos/as: agora são as práticas, a epistemologia e a cumplicidade de professores brancos com o racismo sistêmico que é o alvo. A pesquisa é baseada em entrevistas e observações participantes feitas pela autora entre 2019 a 2021, durante uma série de situações de conflito em torno das relações raciais no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, nordeste do Brasil. A autora realizou entrevistas semi-estruturadas com 12 estudantes de pós-graduação e graduação da UFC envolvidos nesses conflitos, e com três professores, dois da UFC, e um da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, buscando compreender os seus entendimentos do que está em jogo nos atuais debates sobre a branquitude dos discentes, da própria universidade e seus efeitos epistemológicos.
11:00 - 13:00
GT_16- Universidad Latinoamericana: Interpelaciones y Desafíos
#00170 |
La perspectiva de género y diversidades en la Construcción de paz desde las bases en instituciones de educación superior
Colombia inicia su estampa de postacuerdos después de mas de 60 años de conflicto armado interno, por lo cual es de gran pertinencia respaldar dicho proceso desde la academia desde la comprensión del fenómeno con la perspectiva que dan los elementos fúndanles del cambio social dentro de las instituciones de educación superior. Las políticas institucionales, las cátedras de paz, pero sobretodo las acciones de las organizaciones de base permiten el fomento del desarrollo sostenible y la construcción de culturas de paz desde la educación. Específicamente uno de los hitos importantes de los acuerdos de paz que permitan a las universidades y a la sociedad misma es la perspectiva de género y diversidades, que además de ser uno de los pilares de la cultura de paz, su trangresión en diversos ámbitos también permea a las universidades. La presente ponencia da cuenta de los diversos elementos que se tienen en cuenta dentro de una Institución de Educación Superior de Colombia para la construcción de culturas de paz desde la educación, analizando potencialidades de la institución para la consolidación de una cultura de género en la comunidad universitaria. El acercamiento a la comunidad universitaria la permite a sus miembros cuestionarse sobre su ciudadanía en los espacios educativos, por tanto las dificultades en las regulaciones e incapacidades de los mecanismos regulares para tomar decisiones, pueden afectar las dinámicas universitarias, por tanto el análisis se centra en la implementación de estrategias pedagógicas más sustantivas para combatir la violencia basada en género (VBG) tanto a mujeres como en la comunidad LGBT. Por tanto, se realiza un acercamiento al tratamiento de las VBG en ámbitos universitarios, poniéndo especial enfasis en el contacto de las diversidades para combatir la exclusión y la violencia en el marco de lo que el país entero entiende como paz, desde su espectro amplio, esto ultimo a partir de las reflexiones en contextos culturales particulares dentro de Nariño (Colombia), que presenta características diversas, sin embargo retomando el mismo objeto o lugar social de análisis: las universidades.Finalmente se realiza un recorrido por los recursos universitarios, algunas fortalezas observadas y las oportunidades de mejora. Este documento surge como parte de la investigación “Construcción de paz desde las bases en la Universidad Mariana”, consolidando un estado del arte sobre la perspectiva de género en la institución como línea de base dentro de los estudios de Paz, desde el paradigma cualitativo de investigación, el enfoque critico social y desde los propósitos metodológicos de la investigación acción para la emancipación institucional frente a las diversas formas de gestión de conflictos, respeto y garantías de los derechos humanos y la organización de grupos de base para el mejoramiento de la convivencia universitaria.
#00531 |
Diagnóstico de situación y relaciones de género en la Universidad de La Frontera
Desde un punto de vista teórico, este estudio contribuye al debate sobre las inequidades presentes en las instituciones académicas, como lo son, entre otras, las brechas, desigualdades y discriminaciones de género en la producción científica, la segregación vertical de la carrera académica, la distribución de poder y las diferencias en el acceso a recursos materiales y simbólicos entre hombres y mujeres en el contexto universitario.En este sentido, la literatura ha demostrado que las universidades no están exentas de relaciones de dominación y de modelos sociales hegemónicos (Buquet, Cooper y Rodríguez, 2010). De este modo, se sostiene que las universidades están masculinizadas, lo que significa que en ellas impera una lógica patriarcal que permea sus funciones, organizaciones y rutinas (Ríos, Mandiola y Varas, 2017; Buquet, Cooper, Mingo y Moreno, 2013). Las universidades, utilizando el concepto de Pearse y Connell (2009), poseen su propio “régimen de género”, pues en ellas se expresan diferencias entre hombres y mujeres en lo que respecta a remuneraciones, reconocimientos, productividad científica, toma de decisiones importantes o acceso a recursos, por nombrar algunas de ellas. Asimismo, también hay presentes formas de violencia hacia las mujeres, disidencias sexuales y minorías.Palomar (2011) sintetiza esto en la presentación del diagnóstico de género de la Universidad de Guadalajara, al señalar que el punto de partida para el sondeo preliminar fue la afirmación de que la discriminación de género se produce tanto de manera individual como colectiva, deliberada e inconsciente, en la medida en que está entramada con las costumbres y las tradiciones institucionales.De esta manera, la situación de la Universidad de La Frontera, al igual que el resto de las universidades chilenas, no está ajena a la tendencia internacional. En efecto, el Mapa de la Equidad de Género del Ministerio de Educación (2018) confirma un conjunto de desigualdades, entre las que destacan: el ingreso a carreras influido por la división sexual del trabajo; la subrepresentación de mujeres en instancias de toma de decisión universitaria y las dificultades que éstas tienen para el desarrollo de sus carreras académicas, entre otras.Por lo anterior, el presente estudio se justifica tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Se busca describir la situación de género en la Universidad de La Frontera y establecer las brechas, desigualdades y discriminaciones en las siguientes dimensiones iniciales para una Política de Equidad de Género: gestión institucional; prácticas culturales y organizacionales; acceso y permanencia; y formas de discriminación y violencia. Formulamos, entonces, la siguiente pregunta de investigación:¿Cómo se configuran, a nivel triestamental, la situación y relaciones de género presentes en la Universidad de La Frontera, así como las brechas, discriminaciones y desigualdades entre mujeres y hombres en los ámbitos laboral, académico y relacional?
#00850 |
VIOLÊNCIAS DE GÊNERO NA UNIVERSIDADE: confrontos latino-americanos
Mylena Freire dos Santos1
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Isadora Fernandes da Conceição
1
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Silmere Alves Santos
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Catarina Nascimento de Oliveira
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Sob o enfoque crítico-dialético e interdisciplinar a pesquisa questionou: no ambiente educacional como pode se dar o enfrentamento e a prevenção das violências de gênero, considerando suas dimensões sociais, culturais, políticas e históricas, de modo que vítimas e agressores sejam vistos como parte da solução? Delimitou como objetivo, caracterizar ações de assistência estudantil para enfrentamento à violência de gênero nos espaços de universidades, brasileiras e latino-americanas, garantindo a permanência estudantil e inclusão social. Em busca de universidades que já avançaram para o processo de desenvolver ações de enfrentamento da violência nas universidades do Brasil e no restante da América Latina, dentre todas, foram encontrados 5 protocolos para enfrentamento das violências, os quais durante o atendimento consideram tanto a vítima de violência quanto ao agressor. Em termos gerais, são duas universidades colombianas, cujos protocolos são dos anos de 2017 e 2020; duas universidades mexicanas, cujos protocolos são de 2019 e 2021; e uma universidade chilena, cujo protocolo é do ano de 2019.Abordagem de gênero aparece como princípio no Protocolo da Universidade Sulcolombiana com o objetivo de ampliar a perspectiva das mulheres, diversidades sexuais e a real possibilidade de construção de masculinidades não hegemônicas que permitem o respeito de todas as pessoas. Reconhecer e realizar uma revisão crítica dos mecanismos de reprodução de desigualdades materiais e simbólicas baseadas na hierarquização dos gêneros, priorizando o masculino como categoria privilegiada sobre o feminino, bem como a identificação dos mecanismos de discriminação que resultam da imposição de uma heterossexualidade compulsória. (Resolução 248 de 14 de outubro 2020, p.19).A partir de uma análise comparativa sobre os princípios orientadores dos protocolos nas universidades estudadas é possível constatar que os mesmos se encontram relacionados diretamente aos valores das sociedades democráticas, como por exemplo: dignidade da pessoa humana, proteção e devido processo legal, confidencialidade, supremacia das Constituições, imparcialidade, igualdade de oportunidades, não discriminação e preconceito, acessibilidade. Entretanto, sobre o atendimento/atenção diretamente relacionados aos casos de violência destacamos os princípios de atenção integral, abordagem transformadora, abordagem diferenciada, interseccionalidade e coordenação. Diante deste contexto e problemática, defende-se que sair do processo de negação da existência da violência na comunidade acadêmica é condição primária para diagnosticar e elaborar estratégias que garantam o respeito ao princípio da dignidade humana e o combate às violências em suas diferenças formas de expressão: assédio moral e sexual, agressão física, verbal, incitação ao estupro ou mesmo o estupro, assassinato, intolerância, preconceito, discriminação, constrangimento, negação de direitos, entre outras.
#01791 |
Corporalidades e saberes trans nas universidades públicas brasileiras: os entraves e limites das políticas de ações afirmativas para a população trans.
No Brasil, a Lei Federal nº 12.711 de 2012 - conhecida como Lei de Cotas - propiciou a ampliação no acesso ao ensino superior e a mudança no perfil socioeconômico e étnico-racial do corpo discente das universidades públicas. Em paralelo, a Portaria Normativa nº 13 de 2016 do Ministério da Educação incentivou a adoção de cotas na pós-graduação para os mesmos grupos étnico-raciais contemplados pela normativa da graduação (negros, indígenas e pessoas com deficiência), porém, sem estabelecer um modelo obrigatório. Isso favoreceu a inclusão de outras identidades como público alvo e o estabelecimento de cotas para estudantes transexuais e travestis. Todavia, conforme aponta Venturini (2019): na graduação, os cotistes atendem aos requisitos de hipossuficiência econômica e pertencem aos grupos identitários delimitados pela lei; enquanto na pós-graduação há uma predominância de alunes dentro do recorte étnico-racial e baixa proporção de estudantes trans. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar os entraves para o acesso e a permanência da população trans na universidade, além de discutir os limites das políticas de ações afirmativas para o tensionamento da cisheteronormatividade na composição do corpo acadêmico frente à transgeneridade. Assim, questionamos se as políticas de ações afirmativas vigentes fomentam o reconhecimento de corporalidades e saberes trans nas universidades públicas - espaço de inclusão, diversidade e pluralidade. Para tanto, apresentamos um quadro de múltiplas violências e opressões imposto às pessoas transexuais e travestis, cujo resultado materializa-se na invisibilidade nos espaços do saber. Por conseguinte, o trabalho apoia-se nas análises das políticas de ações afirmativas no Brasil e nas contribuições do pensamento decolonial na defesa pela democratização e descolonização da universidade pública na América Latina. O debate adentra os estudos sobre a teoria queer - a partir de Butler (2004; 2012) e Mizskolci (2007; 2009), em diálogo com as epistemes de acadêmicas trans, tais como Andrade (2012; 2019) e Jesus (2014; 2015) na luta pelo direito à educação e pela legitimação das corporalidades e saberes trans no meio acadêmico. Ademais, serão entrevistados os representantes da diretoria acadêmica e dos coletivos discentes que pautam a diversidade de gênero na Universidade de Brasília (UnB), com o objetivo de coletar as visões acerca dos entraves das políticas de ações afirmativas para transexuais e travestis na UnB. Apesar de ser uma pesquisa em andamento, conclusões preliminares apontam que as políticas de ações afirmativas para estudantes transexuais e travestis ainda são incipientes tanto na graduação quanto na pós-graduação. Denota-se ainda que a cultura institucional das universidades públicas brasileiras, ressalvados casos específicos e diferenças evidentes, ainda resiste à implementação de cotas para transexuais e travestis nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. O debate proposto é urgente e necessário neste ano de 2022, em que ocorre a revisão da política de cotas.
#01811 |
Acciones afirmativas de las universidades latinoamericanas que conforman la GEN-RED en la lucha contra el acoso sexual.
karla Aguilar1
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Lucrecia Vicente
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1 - Estudio de la Mujer UNAH.2 - USAC-Univ de San Carlos.
Título: Acciones afirmativas de las universidades latinoamericanas que conforman la GEN-RED en la lucha contra el acoso sexual.GRUPO: GT16 Tema: Cómo la educación superior responde al problema del acoso sexual: “Protocolos y Reglamentos contra el acoso sexual en las universidades de la Red latinoamericana de Investigación y Transferencia de Estudios y Prácticas Sociales de Género (GENRED) Propuesta metodológica y teórica: La Red latinoamericana de Investigación y Transferencia de Estudios y Prácticas Sociales de Género (GENRED), surge en el marco del proyecto: “La Universidad como sujeto transformador de la realidad social en materia de igualdad de género”. Financiado por la Agencia Andaluz de Cooperación al Desarrollo y liderado por la Unidad de Igualdad de la Universidad de Cádiz y el Instituto de la Mujer de la Universidad San Carlos de Guatemala, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre las 12 universidades que hasta ahora se adhieren a dicha red.Como parte de ese proyecto en el año 2021 se realiza un estudio para conocer cómo las universidades luchan contra el acoso sexual, con el nombre “Protocolos y Reglamentos contra el acoso sexual en las universidades de la GEN-RED”. En esta investigación participan las universidades: UNAM de México, Universidad de El Salvador, UNAH de Honduras, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, UCR de Costa Rica, UDELAS de Panamá, Universidad Nacional Autónoma de Santo Domingo, Universidad de Cádiz (UCA( y Universidad Pablo Olavide de Sevilla. PROPUESTA METODOLOGÍCA:Objetivo del estudio Analizar de los Protocolos y/o Reglamentos para la prevención, detección atención, sanción y erradicación del acoso sexual y sexista en las universidades integrante de la Genred. Para la recolección de la información se diseñaron los instrumentos para conocer en qué consistía cada uno de los protocolos o reglamentos, identificar los procedimientos que cada universidad realiza para atender las denuncias de acoso sexual, identificar las medidas de asistencia o tratamiento para las víctimas y de qué tipo son estas (jurídico, psicológico, Integral), y la forma en como la normativa contempla el acoso sexual, el rol del gobierno universitario, las acciones preventivas, los principios que inspiran el desarrollo del procedimiento, las sanciones, tipo de registros de los casos y las medidas adoptadas, o número de víctimas que han recibido tratamiento o asistencia, identificando las fortalezas, los desafíos y las lecciones aprendidas; también en los casos en los que no existen protocolos, se analizan cómo se procede ante el acoso sexual y qué acciones se han llevado a cabo. Dicho instrumento fue enviado por medio electrónico a las representantes de las diez universidades participantes en la GENRED, se brindó un tiempo pertinente para que lo respondieran y lo enviaran a la persona enlace de UDELAS.
#01830 |
Acesso de mulheres negras em cursos de prestígio na UFPE
As relações étnico-raciais brasileiras são de extrema complexidade e levantam uma série de questões que afetam de modo direto e indireto o cotidiano da população negra. O “Mito da Democracia Racial”, que consistia na ideia de que as três raças – branca, negra e indígena – viviam pacificamente e em condições igualitárias no Brasil, foi construído e consolidado através dos múltiplos setores da sociedade: escolas, universidades, administração pública e a própria comunidade. Como coloca Munanga (2020) a exclusão social é um elo que une a população negra independente de sua classe social, desta feita, não seria simplificar o problema dizer que a situação a situação do negro no Brasil vai muito além da questão econômica, ao separar a análise de raça, classe e gênero, comete-se um erro metodológico que dificulta análise e “os condena ao beco sem saída de uma explicação puramente economicista”A discriminação racial e de gênero agem na vida de mulheres negras diminuindo suas perspectivas de vida, e esperanças de futuro, desta feita, é comum na realidade brasileira ver mulheres negras sofrendo uma série de desvantagens socioeconômicas que irão fazer com que a expectativa de vida desse grupo seja menor do que a população branca, por exemplo. Os “Relatórios de desigualdades raciais no Brasil" reúne uma série de dados que mostram a desvantagem de pessoas negras frente a pessoas brancas em vários seguimentos sociais, mas para além disso, mostram o descompasso existente entre os dados de homens negros e mulheres negras.Os estudos quantitativos sobre as relações étnico-raciais ainda se apresentam de modo tímido na realidade brasileira, algumas pesquisadoras já conseguiram mapear o ingresso de professoras negras em universidades públicas a partir de concurso público como é o caso de: Queiroz (2006) e, Silva (2010). Outro dado trabalho importante a ser levantado aqui é o de Pinto (2007) que investigou a jornada acadêmica de mulheres negras na Universidade Federal do Fluminense entre 2004 e 2006 apontando fatores relativos a gênero e raça no acesso ao mestrado.Entende-se que por mulheres negras, ainda, serem minoria em espaços acadêmicos pesquisas realizadas sobre esse grupo, de forma quantitativa, continuam sendo poucas. Entendemos que estudar a Interseccionalidade de raça-gênero-classe é importante pois verificamos os impactos destas variantes na caracterização social dos processos de exclusão de mulheres negras. O que este trabalho se propõe a fazer é: pensar o acesso de mulheres negras - pretas e pardas -, em cursos considerados de prestígios na Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, nos anos de 2018 e 2019, a partir dos dados obtidos no INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio, Teixeira), a partir dos microdados do Censo da Educação Superior.
#03317 |
Reescrevendo histórias e inscrevendo-se no território acadêmico: as indígenas mulheres frente à violência nas universidades brasileiras
Nanah Sanches Vieira1
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Tânia Mara Campos de Almeida
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A apresentação trata da violenta realidade das universidades brasileiras às indígenas mulheres diante de três momentos de suas trajetórias: (i) a difícil saída da comunidade ao ensino superior e pós-graduado; (ii) a vivência no mundo acadêmico marcada por discriminações, racismo, machismo, assédio e desamparo institucional, também, e especialmente, pelo epistemicídio; e, (iii) a luta pela permanência na universidade até o fim de seus cursos. O tema é dimensionado a partir de questionário online semiaberto e de um conjunto de registros autobiográficos e problematizações teórico-conceituais escritos em livros e trabalhos acadêmicos pelas próprias indígenas, que levam à reflexão sobre o mecanismo da foraclusão que sofrem no ambiente universitário. Em resistência ao apagamento histórico a que foram submetidas, estão se mobilizando e se colocando como protagonistas na produção de conhecimento e na luta por direitos e políticas públicas. Apontam, portanto, para uma transformação profunda nas estruturas da ciência, bem como nas estruturas físicas, operacionais e da dinâmica ética das sociabilidades competitivas e individualistas aí existentes.
13:00 - 15:00
GT_16- Universidad Latinoamericana: Interpelaciones y Desafíos
#03270 |
COMPETENCIAS CIUDADANAS EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE JÓVENES UNIVERSITARIOS
El ejercicio de la ciudadanía en América Latina se ha ido construyendo en base a luchas y reivindicaciones; sin embargo, respecto a la ciudadanía social que tiene que ver con el bienestar en general y con la sexualidad en particular, es todavía un derecho por construir. Las familias, las instituciones educativas y la sociedad civil hacen poco para cultivarla. A nivel de la educación superior, la ciudadanía en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos es todavía un tema pendiente pues es tratado desde el enfoque de la salud y la prevención y no como la posibilidad de construir una ciudadanía sexual, (Rosales, A. p.70/2009). Desde un enfoque de género, tampoco se hace mucho en las instituciones universitarias, Padilla lo resume de la siguiente manera: “… aún se asume poco a los hombres como personas también con derecho a decidir sobre su procreación y sobre el ejercicio de su sexualidad y a recibir servicios que satisfagan sus necesidades en esos campos” (Padilla, M. p. 210/2006).Respecto a los Derechos Humanos, estos están reconocidos desde hace más de un siglo; los Derechos Sexuales y Reproductivos, que también son derechos humanos, por pertenecer al ámbito más privado, son todavía temas pendientes, aunque sean de interés público (Ramce, 2001); sobre todo los Derechos Sexuales que tienen un descompás con los Derechos Reproductivos, de acuerdo al estudio de Mattar, L. (2004). Desde América Latina, las instituciones educativas hacen muy poco para promoverlas y se enfocan más en la etapa de la adolescencia, dando énfasis a la salud reproductiva, para evitar embarazos no deseados y mirando de reojo a la salud sexual. En instituciones de educación superior el tema es poco tratado, en muchas carreras totalmente ignorado, excepto en las carreras de salud, dentro del contenido curricular y como otro objeto de estudio más en asignaturas de la especilidad. Sin embargo, muchas investigaciones demuestran que los universitarios, cuya vida sexual es activa, no son merecedores de recibir, como parte de una educación integral, una educación sexual como derecho humano y como medio para construir ciudadanía sexual. Visto así, esta investigación es importante porque el tema de la sexualidad todavía no es aceptado como un derecho fundamental e ignorado por muchso jóvenes, inclusive de su existencia. Por ello se presenta una investigación que explora cuáles son las competencias ciudadanas en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes universitarios y se propone el uso de un material educativo que permite construir una ciudadanía sexual en los espacios de la vida universitaria, espacios en donde se vive la sexualidad con intesidad, pero que no se toca ni habla del tema, con facilidad.
#03389 |
Sobreviviendo la pandemia: aprendizajes y desafíos para una educación superior pública integral con enfoque de género en democracia.
El objetivo de la presente ponencia es, a partir de los resultados de un diagnóstico realizado en abril del 2021 acerca del impacto de la pandemia en los/las estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), sumado a una larga experiencia docente en universidades públicas y privadas, reflexionaremos acerca de los desafíos para una educación pública integral con enfoque de género en democracia. Lograr una educación integral con enfoque de género en democracia, implica la convergencia de múltiples perspectivas y correlación de fuerzas donde se conjuguen los procesos administrativos de acreditación, el modelo educativo hegemónico por “competencias”, desarrollo de una capacidad crítico-reflexiva y – en este caso particular que estamos examinando- la creciente demanda de los/las estudiantes por responder a las exigencias del mercado laboral que incluya, en términos generales, manejo de programas y herramientas de uso tecnológico para apoyar análisis, organización e interpretación de información estadística y construcción de teoría, a lo que se suma su preocupación por desarrollar “habilidades blandas” (dixit) que los haga más competentes frente a postulantes de otras universidades tanto públicas como privadas. La salud mental y desarrollo emocional con enfoque de género tendría que operar en niveles de confianza básica (Giddens, 1991), revertir patrones culturales patriarcales y concentración de poder que refuerzan – consciente o inconscientemente- estigmas y hábitos que se reproducen en el salón de clase en la interacción social y hacen que los grupos que lideran las cursos sean usualmente varones, los que suelen intervenir con mayor frecuencia en la sesión de clase, desde una postura que expresa mayor libertad para la crítica y la broma. La virtualidad parece que llegó para quedarse. Durante la pandemia no fue posible “secuestrar” y seguir manteniendo entre paréntesis esos aspectos de la vida que usualmente se suspenden del diario convivir como lo es aceptar la fragilidad humana, muerte y enfermedad en su expresión más descarnada, aspectos de la vida que perturban y nos sumergen en la angustia y ansiedad. Aún no vemos con claridad las consecuencias del encierro, la sobre carga de trabajo o la falta del mismo, los duelos inconclusos, las familias desintegradas por las múltiples pérdidas, culpa y mutuas desavenencias y acusaciones sobre qué se supone que deberíamos haber hecho para evitar la pérdida de seres queridos. Cómo continuar hacia delante esa es la gran pregunta garantizando una educación de calidad.
Introducción:
El presente texto tiene como objetivo reflexionar acerca de los desafíos para una educación pública integral con enfoque de género en democracia, a partir de los resultados de una encuesta- diagnóstico realizada en abril del 2021 sobre el impacto de la pandemia,[1] en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de una universidad pública peruana. A esto se suman las jornadas curriculares del 2022 donde se dieron a conocer las expectativas de los alumnos referidas a la malla curricular y los procesos de enseñanza-aprendizaje.
El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronunció acerca del SARS-CoV-2 declarándolo como pandemia. El Perú fue el primer país de América Latina en decretar el distanciamiento social obligatorio el 15 de marzo mediante DS 044-2020-PCM. El sistema educativo mundial se puso en jaque. [2] De acuerdo al Ministerio de Educación (17 de mayo 2022) en el 2021, un total de 124,533 estudiantes en Perú interrumpieron sus estudios a nivel nacional lo que representó un 1.5% del total de alumnos tomando como base el año 2020. [3] La mayor parte de estudiantes que interrumpieron sus estudios proceden de la educación pública (62,5%) frente al 37.5% que corresponde al sector privado de la educación.
Frente a este panorama, tanto escuelas como universidades implementaron la modalidad virtual de enseñanza a través de diversos formatos y plataformas con el fin de no exponer a los estudiantes frente al contagio y garantizar en la medida de los posible la continuidad en los estudios. [4] Profesores y estudiantes confrontamos una inesperada y compleja situación a la cual no estábamos preparados.[5] Las largas e incomprensibles ausencias y repentino abandono de los cursos por parte de los alumnos, sumado a una comunicación cruzada y malos entendidos a varios niveles daba cuenta de lo urgente que era conocer más de cerca las dificultades y condiciones en las que los estudiantes (y también docentes) habían estado llevando a cabo la virtualidad y enfrentando la crisis de la pandemia Covid-19 que mostró de manera descarnada el hecho de ser un país fracturado. Más que nunca resulta indispensable pensar en los retos que implican cimentar una educación superior pública integral con enfoque de género en democracia.
América Latina es una de las regiones más inequitativas a nivel mundial como lo demuestran las desigualdades y asimetrías de poder, la pésima distribución del ingreso y sobre todo también la disparidad de género que muestran las cifras. Atrás han quedado los gobiernos autoritarios y estamos viviendo, al mismo tiempo, el periodo más prolongado de democracia cuya principal tarea es “redistribuir el poder para garantizar a los individuos el ejercicio de sus derechos” (PNUD, 2010, p. 29).
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 2021: 1) señala la necesidad de contar con políticas públicas que alivien los impactos a nivel económico y social ocasionados por la pandemia Covid-19 a nivel de la disparidad de género y la autonomía de las mujeres a consecuencia de la exacerbación de:
las desigualdades socioeconómicas y la pobreza (brechas digitales, acceso a servicios financieros etc.), la división sexual del trabajo (incremento de la demanda de cuidados en los hogares, por ejemplo), los patrones culturales patriarcales (que implican mayor exposición de las mujeres con los agresores durante las medidas de encierro) y la concentración de poder
No basta una inyección de dinero para contribuir a la promoción de autonomía en las mujeres. La justicia de género tendría que contemplar normas y patrones culturales que reviertan los estigmas y estatus inferior asignado a mujeres en la interacción social (Benavente y Valdés, 2014, p. 17) lo que atañe a la educación superior a varios niveles: contar con un marco legal pertinente avalado por el sistema educativo y velar dentro de cada Facultad, escuelas y sesiones de clase que se implemente y cumpla.
[1] El Coronavirus Resource Center de la Univeridad de Johns Hopkins señala que desde marzo 2020 hasta la fecha (14 de enero 2023, https://coronavirus.jhu.edu/map.html) se han producido a nivel mundial 6.724.046 muertes y en Perú 218.530. El SARS-CoV-2, que causa la enfermedad respiratoria Covid-19, ha sido para el PNUD (2020) un síntoma del antropoceno, concepto sugerido por primera vez en el año 2000 por los científicos Crutzen y Stoermer, presentado luego en la revista Nature en 2002. Habríamos ingresado a una etapa en la cual la humanidad se equipara a una fuerza geológica, que con mucha audacia ha sido capaz de transformar el paisaje en todas sus dimensiones y movilizar recursos en una envergadura nunca antes vista comparable con la fuerza de caudalosos rios y erupción de los volcanes (Latour, 2017, p. 137). Como hipótesis del antropoceno, Latour (2017) propone la figura caótica, voluble y mítica de Gaia, siguiendo a Lovelock y Margulis. Bajo esta perspectiva, SARS-coV-2 posee agencia y un gran potencial de actuación que ha logrado postrar y manipular al mundo entero. Gaia es un “lindo revoltijo” en comparación con la idea de la naturaleza concebida como un todo ordenado y estable con un operador externo que sería Dios. Gaia sería resultado de “todas las consecuencias entremezcladas e imprevisibles de las posibilidades de actuar” de la cual formamos parte (Latour, 2017, pp. 119, 164).
[2] A nivel mundial más de 1200 millones de todos los niveles de enseñanza habían dejado de tener clases presenciales de los cuales mas de 160 millones provenían de América Latina y el Caribe (CEPAL-UNESCO 2020).
[3] En la capital, Lima Metropolitana y el Callao fueron las zonas más afectadas junto con las regiones de Cajamarca, Junín, Ancash, Lambayeque, Loreto y Piura.
[4] A nivel preescolar, primaria y secundaria se implementó una nueva estrategia de educación: Aprendo en Casa. Con el apoyo de empresas nacionales de radio y televisión y telecomunicaciones, esta medida combinó medios digitales, televisión y radio con el fin de tener mayor cobertura, incluyendo la difusión de diez lenguas originarias y lenguaje de señas para sordomudos. Dado que la brecha digital en países como los nuestros es abismal, teniendo en cuenta que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) solamente el 39% de los hogares peruanos cuentan con acceso a internet en áreas urbanas y un 5% en las áreas rurales, esta medida no fue suficiente (INEI citado en UNESCO 16.4.2020 https://es.unesco.org/news/sistema-educativo-peruano-buscando-calidad-y-equidad-durante-tiempos-covid-19 ),
[5] En mi caso había estado trabajando en una universidad-empresa y sabía lo que representaba las ventajas y desventajas de la virtualidad desde 2016.
Desarrollo:
2. La encuesta
2.1 Procedimiento metodológico
El proceso de indagación empezó con el registro de un diario reflexivo acerca del impacto y vivencia personales de la pandemia llevado a cabo durante el Taller de Investigación Sociológica II, modalidad virtual (Escuela de Sociología de Facultad de Ciencias Sociales la UNMSM), entre octubre 2020 y marzo del 2021.
De un total de 24 estudiantes (18 de sexo femenino y 6 de sexo masculino), se interesaron seis de manera voluntaria para continuar con el propósito mencionado, quedando finalmente en octubre del 2020 un grupo conformado por cinco alumnas de las siguientes edades: 20, 22 (dos casos), 24 y 28 años. [1] El consentimiento informado fue oral y no se redujo a un momento específico. En todo momento buscamos proteger la elección autónoma y el derecho a decidir participar o no en este ejercicio, procurando que se convierta en un proceso de constante intercambio de información y pareceres entre la docente y estudiantes tal como lo prescribe Santi (2016, p. 144). La forma de comunicación a nivel individual y grupal se produjo vía correo electrónico, google-meet y WhatsApp. Los textos fueron sujetos a revisión conjunta, estimulando reflexiones y una constante retroalimentación.
Este cometido fue revelando una multiplicidad de situaciones que ameritaban seguir indagando en forma representativa por lo que propusimos al Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales de UNMSM, realizar un diagnóstico general de los estudiantes de la Facultad de CCSS con el objetivo de realizar un diagnóstico de su situación en pandemia, para lo cual elaboramos y aplicamos una encuesta (de ahora en adelante Diagnóstico 2021) vía el sistema de matrícula virtual entre el 22 y 30 de abril 2021.
Los temas tratados se distribuyeron en 49 preguntas cerradas y 3 abiertas. Ensayamos una prueba piloto con tres estudiantes egresados de los últimos años. La duración del Diagnóstico 2021 fue aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Los temas a tratar fueron los siguientes:
Información socio-demográficaEconomía de los cuidados, trabajo y asistencia a clasesGestión y virtualidad de los cursosBienestar y salud
La encuesta fue respondida de manera voluntaria por 581 de 1475 estudiantes de las seis escuelas de la Facultad que se matricularon en el 2021-1, [2]de las distintas bases 2014 a 2018, siendo las bases [3] que aglutinaron el mayor número de respuestas fueron 2018 (140) y 2016 (123) (307 de sexo femenino, 269 de sexo masculino). La encuesta ayudó a precisar mejor el perfil de los estudiantes y ampliar el panorama de temáticas complementarias que habría que seguir desarrollando. [4]
2.2 Resultados más relevantes del Diagnóstico 2021
Datos socio-demográficos
La encuesta fue respondida por estudiantes de pregrado entre 20 y 22 años, la gran mayoría nacidos en la ciudad de Lima.
23% (134) declaran vivir solo con la madre y hermanos. Los resultados arrojan que para un porcentaje importante de estudiantes, el padre es una figura ausente en la rutina diaria de la familia. [5]
Las familias están compuestas de varios miembros tanto provenientes de la familia nuclear como extendida. A la pregunta de cuántos residen en tu domicilio, 9% (52) declara que dos personas, 15% (88) tres personas, 25% (146) cuatro, 17% (101) cinco, 10% (57) seis, 5% (30) siete, 5% (31) más de diez personas.
Economía de los cuidados, trabajo y asistencia a clases
Un porcentaje importante de alumnos señala que apoya las labores domésticas como barrer, cocinar, ir al mercado y comprar viveres, indistintamente del sexo. Un tercio de los estudiantes señala haberse encargado del cuidado de algún familiar. Habría que seguir indagando en qué medida existe, sea por la socialización recibida en casa, sumada a quizá una historia familiar de migración y participación activa en las decisiones vecinales, cimentada además por un ethos crítico-reflexivo que por tradición siempre ha caracterizado a UNMSM, la división del trabajo doméstico aparece particulamente como más equitativa en los hogares. ¿Hasta qué punto en estos temas operó la deseabilidad social y la respuesta políticamente correcta?
Para un 17% (99) la situación económica de los estudiantes se agravó de manera dramática en 2020, mientras que para un 32% (187) empeoró en forma “manejable”.
Aproximadamente alrededor de un tercio de los estudiantes (34%, es decir 198 casos de la muestra) estaba trabajando de manera remunerada cuando fue aplicada la encuesta, de los cuales, la mayoría (140) se desempeñaba en labores relacionadas con la formación profesional. Esto significó dificultades en participar de las sesiones de clase en forma regular o de manera incómoda cuando se vieron obligados a conectarse desde sus centros de trabajo.
61% de los que trabajaban se vieron obligados a desplazarse fuera de sus hogares para cumplir jornadas presenciales durante la pandemia (61% que corresponde a 122 casos) lo cual representó un mayor riesgo de contagio. De otro lado, 48% (280 casos) señala haber estado buscando activamente trabajo en el momento de la encuesta (fines de abril 2021).
Gestión y virtualidad de los cursos
16% (91) estudiantes abandonaron los cursos fundamentalmente por verse abrumados de obligaciones laborales así como tareas domésticas y de cuidados, haberse contagiado de Covid-19 y no poder compatibilizar con los horarios de la universidad.
43% declaró no tener a disposición una mesa de trabajo y lugar de estudio donde poder cumplir con las obligaciones acdémicas.
41% (238) afirman que el principal dispositivo para conectarse a los cursos en la modalidad virtual ha sido una lap top, mientras que un 32% (185) afirma ha sido a través de un teléfono celular. 19% (108) dispone de una PC. Los demás se conectan a través de una tablet. Conversaciones informales con los estudiantes durante las sesiones virtuales y asesorías individuales indican que además tienen que compartir su dispositivo con otros miembros de la familia como, por ejemplo, hermanos menores en edad escolares.
El tiempo promedio que han estado utilizando algún dispositivo para poder estudiar fue de cinco horas para el 15% (86) de los encuestados, mientras que un 16% (95) invirtió seis horas y 42% (245) ocho horas al día en promedio lo cual indica un tiempo considerable de estar sentado frente a una pantalla.
Aproximadamente, 63% (365) de los estudiantes cuentan con un dormitorio propio frente a 37% (216) que tienen que compartir su espacio de descanso con algún otro familiar, lo que podría estar revelando falta de privacidad y tranquilidad para estudiar.
Estar encerrados, sin poder acceder a las facilidades que brinda la universidad (biblioteca, comedor y lugares de estudio), la virtualidad también ha significado agotamiento físico, dado que las condiciones de estudio no han sido las más adecuadas.
Bienestar y salud
Casi la mitad de estudiantes se contagió de Covid-19, al igual que sus familiares. Un tercio afirma haber perdido algún familiar, mientras que cerca de 60% declara haber sufrido la muerte de amistades y conocidos.
43% de estudiantes afirma dormir entre cinco (59) y seis horas (188) al día. Entre los extremos, tenemos que 55% duerme entre siete (171) y ocho horas al día (146) y 3% (18) apenas cuatro horas al día.
52% (300) estudiantes indican que cuentan con un solo baño en su vivienda. 35% (202) tienen a disposición dos baños, 13% (79) poseen en sus viviendas más de dos baños lo cual podría estar indicando la variedad de situaciones entre los estudiantes. Si este dato se cruza con el anterior de número de personas viviendo juntas y encerradas (en promedio de tres a cuatro), podría dar a entender un factor adicional de dificultad en la convivencia diaria.¿Se puede hablar de democracia sin la inclusión de las mujeres?
En suma, al cansancio derivado de estar varias horas sentado frente a una pantalla (peor si esta es de tamaño mínimo como la del teléfono celular), se suman las dificultades de un deterioro económico, la ansiedad y duelos que no han terminado de procesarse. Aun no conocemos la envergadura del deterioro emocional y mental debido a haberse contagiado por el Covid-19, estar obligados a una jornada compleja y extensa combinando estudios, trabajo con labores domésticas, sin contar las múltiples pérdidas sufridas durante la pandemia. En suma, la encuesta reveló situaciones de hacinamiento en encierro, riesgo permanente de contagio, no contar con las condiciones de estudio adecuadas.
3. Desafíos para una educación superior pública integral con enfoque de género en democracia
3.1.1 Nudos estructurales y desigualdad de género
La desigualdad de género es un rasgo estructural en América Latina y el Caribe, la región más inequitativa del planeta, que se manifiesta en cuatro nudos estructurales que se intensifican recíprocamente: desigualdad económica, división sexual del trabajo, persistencia de patrones culturales patriarcales y concentración del poder (CEPAL 2021, 2019). Eso significaría, entre otros aspectos que, por ejemplo, el porcentaje de mujeres desempleadas frente a los hombres habría aumentado, así como la sobrecarga del número de horas que las mujeres dedican a las labores domésticas no remuneradas y de cuidados del hogar, riesgo de una mayor exposición a la violencia doméstica en situación de confinamiento por la pandemia Covid-19 y una tendencia a la menor participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones. De otro lado, resulta crucial realizar un análisis interseccional que, de cuenta de la heterogeneidad de situaciones de las mujeres de acuerdo a la clase social, edad, origen étnico, entre otras variables a tomar en cuenta.
Democracia e inclusión de las mujeres en la agenda pública
Entre el ser y el deber ser de la democracia como ideal, definición normativa y también modo de vivir y convivir, sea de la manera que la concibamos, la democracia es ante todo una forma de Estado y de gobierno (Sartori, 201, p. 19). Una teoría de la democracia completa incluye una dimensión prescriptiva y una descriptiva (Sartori, 2019, p. 23). La democracia es democracia política como condición necesaria de las demás democracias, la social y la económica (Sartori, 2019, p. 22). Si hablamos de la inclusión de las mujeres en democracia, más allá del tipo de democracia, la discusión estaría puesta en el “contexto del sistema político” en primer lugar antes que en un sentido económico y social que indudablemente extienden su comprensión (Sartori, 2019, p. 22), lo que significaría que el Estado brinde las condiciones para que los ciudadanos puedan intervenir de manera activa en la toma de decisiones a través de canales de representación política claramente definidos. La concentración de poder, al mismo tiempo, trae consigo un gran riesgo en la intensificación de las desigualdades económicas y sociales.
Una democracia mínimamente exige la satisfacción de ciertos criterios que tendrían que ser cumplidos por todos sus miembros por igual, de acuerdo a Dahl (1999, pp. 47-48), que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades para pronunciarse acerca de cómo ha de ser la política, tener la oportunidad de votar y que no haya diferenciaciones en el valor de los votos, contar con igualdad de oportunidades para obtener información sobre “las políticas alternativas relevantes y sus consecuencias posibles”. De igual manera, todos y todas las ciudadanas tienen que tener el mismo derecho de decidir qué problemáticas deberán de ser integrados a la agenda pública. Finalmente, lo ideal sería poder gozar de los mismos derechos de ciudadanía, entendiéndola dentro de una definición mínima donde ser debería poner énfasis no solamente en igualdad de derechos sino también el fomento de una ciudadanía activa en el cumplimiento de responsabilidades y la participación política, entre otros asuntos (López, 1997: 110). Junto con una ciudadanía activa, resulta central integrar a una diversidad social y cultural de ciudadanos, además de los grupos sociales excluidos como lo han sido y son las mujeres, sobre todo aquellas pertenecientes a los pueblos indígenas y afrodescendientes, por ejemplo. Hablar de ciudadanos es hablar de individuos autónomos en el sentido físico, económico y social que no dependen exclusivamente de las decisiones de otros como lo es en una sociedad de estamentos, siervos y esclavos (López, 1997: 118). Las políticas públicas tendrían que cimentar la capacidad de las mujeres de decidir y actuar libremente y participar activamente en cuestiones públicas, además de participar de una situación de bienestar y riqueza material. Ciudadanía también significa sentirse parte y miembro de una comunidad política donde también existen muestras de solidaridad.
Lo contrario a una democracia sería la existencia de un régimen aristocrático donde prevalecen jerarquías sociales de distinto tipo y relaciones de dominación. En el Perú, además de lo señalado, el racismo ha establecido una diferenciación entre ciudadanos y ciudadanas de acuerdo a su estructura biológica que los ubica en situación de inferioridad entre unos y otros (Drinot, 2006, p. 24; Quijano, 2004, p. 229). Se ha normalizado una situación donde las desigualdades socioeconómicas y políticas se perciben como algo natural como la feminización de las labores domésticas no remuneradas.
Se necesitaría tejer alianzas entre el Estado, la sociedad civil, cooperación internacional y movimiento feminista para incorporar en la agenda pública medidas que ayuden acortar distancias entre las brechas de género, así como desafiar interpretaciones hegemónicas y sentidos comunes sobre el lugar de las mujeres en la toma de decisiones.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte la necesidad de contar con políticas públicas que alivien los impactos a nivel económico y social ocasionados por la pandemia Covid-19 que estarían repercutiendo en la desigualdad de género y la autonomía de las mujeres a consecuencia de la exacerbación de las desigualdades socioeconómicas y la pobreza (como las brechas digitales, acceso a servicios financieros etc), la división sexual del trabajo (incremento de la demanda de cuidados en los hogares, por ejemplo), los patrones culturales patriarcales (que implican mayor exposición de las mujeres con los agresores durante las medidas de encierro) y la concentración de poder (CEPAL 2021: 1).
[1] Las alumnas en mención provienen de los lugares más diversos de residencia: Cercado de Lima (y que cada tres meses se traslada a Chachapoyas en Amazonas) y los distritos de San Miguel, San Martín de Porres, San Borja y Santiago de Surco.
[2] La Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM está compuesta por las escuelas de sociología (321), trabajo social (352), historia (185), geografía (226), arqueología (163) y antropología (228). Entre paréntesis citamos el número de estudiantes por escuela.
[3] Por “base” entendemos el año de ingreso del estudiante.
[4] Contamos en todo momento con el magnifico apoyo de Erik Chachuricra, en ese entonces Jefe de Informática de la Facultad de Ciencias Sociales para su difusión y colocación de avisos que aparecieron en la página Facebook de la Facultad. Los exalumnos Carla Toche realizó el análisis de frecuencias) y Junior Pérez el de las preguntas abiertas. En todo momento Dr. Cristóbal Aljovín, Decano de la Facultad, y la Dra. Carlota Casalino, Vicedecana Académica, cumplieron un rol fundamental en apoyarnos a llevar adelante este cometido.
[5] Este dato guarda relación con el hecho que a nivel nacional el caso de hogares a cargo de mujeres, se ha incrementado un 127% entre 2001 y 2018, sumado al hecho que un 38% de los hogares son monoparentales (Jaramillo y Ñopo, 2020, p. 8).
Conclusiones:
4. Conclusiones y reflexiones: desafíos y aprendizajes
La modalidad virtual no puede convertirse en la única opción de enseñanza dentro de una política de Estado que la haría aparecer como la versión más correcta y adecuada de modernidad y progreso como lo es el caso de las universidades-empresa que han dejado de ser instituciones sin fines de lucro. Si esto se llegase a imponer, una gran parte de la población quedaría excluida como hemos visto anteriormente, sobre todo jóvenes del área rural y zonas urbano-marginales que quedarían a la sombra de la política (De la Cadena, 2011; Stengers, 2014). Corremos también el riesgo de caer en una especie de esclavitud corporal y mental al incidir en la formación de ciudadanos que solo saben engancharse como engranajes a la maquinaria del mercado de trabajo sin mayor alcance crítico-reflexivo frente a la sociedad y la vida. Tenemos por delante la controvertida decisión de seguir formando mentes critico-reflexivas y al mismo tiempo, velar por el desarrollo de capacidades que se ajusten a los requerimientos del mercado y las nuevas tecnologías.
El encierro y aislamiento también habría significado un deterioro de las habilidades sociales magníficamente expresada en la película El Angel Exterminador de Luis Buñuel (1962) que trata de una cena en una mansión lujosa cuyos invitados progresivamente se van deteriorando física y desmoronando moralmente, ya que se ven impedidos de salir del lugar. Ahí es cuando, el buen trato que es reemplazado por un instinto brutal de supervivencia. [1]
A través de declaraciones de estudiantes afectadas y la propia experiencia docente, lo más desafiante de la diaria convivencia es enfrentar esa frontera porosa y gris que se levanta, que nos impide discernir con inmediata evidencia, matices entre una falta de respeto y perturbación de la privacidad y esas maneras camufladas, muchas veces naturalizadas, que se arremolinan detrás de relaciones jerárquicas tanto entre estudiantes, profesores y alumnos o entre docentes de mayor y menor rango y autoridad de distinto sexo y que se expresan en chistes de mal gusto, halagos a la inteligencia, decoración de la fachada personal, retomando la perspectiva de Goffman (1990 [1959]). Sobrevive en el mundo un tipo de masculinidad, a la que la academia no está exenta, que se expresa agresivamente, que no muestra ningún tipo de sensibilidad y al mismo tiempo desprende una hipersensibilidad arrogante, egocentrada y vengativa a todo lo que sea interpretado como falta de lealtad y solidaridad hacia sus propias personas. Todo eso se confunde y vende como firmeza de carácter, seguridad en si mismo y tener la razón.
Con el cambio de gestión de autoridades en noviembre del 2020, surge la iniciativa de establecer una Comisión de Género de Sociología, en Historia y últimamente la Secretaria de Género y Bienestar Integral de Ciencias Sociales de la UNMSM que está luchando por su autonomía y “busca ser una instancia gremial que confronta la violencia de género en un marco de sistemas de dominación con carácter interseccional enmarcado por diversas opresiones”. [2]
La estrategia que resultó particularmente más provechosa, capaz de fomentar una comunicación y retroalimentación mucho más fluidas, consistió en alternar sesiones en un mismo curso de tres tipos: 1. Las totales que integran a todos los participantes de una sesión de clase, 2. Grupales, equipos de alrededor 4-5 estudiantes que se congregan alrededor de un tema determinado. Finalmente, 3. Las asesorías individuales.
Tenemos por delante la tarea de cimentar una cultura que fomente la deliberación en el salón de clase y los pasadizos de la universidad. ¿En qué medida estamos igualmente equipados para la deliberación. Inspirada en Fraser (1996) me pregunto ¿Quién interrumpe más y lo hace de manera más vigorosa? ¿Quién suele hablar más y se toman turnos más largos? ¿Qué intervenciones son tomadas en cuenta y cuáles las ignoradas?
Para que una preocupación que aparece en primera instancia como personal se convierta en problema público tiene que pasar por un proceso donde tiene que haber un reconocimiento mutuo de actores comprometidos con la formulación, defensa, negociación y acuerdo de una solución para dicho problema (Araujo, Guzmán y Mauro, 2000). Este proceso implica una nueva visión y marcos interpretativos compartidos acerca de las relaciones de género que desafían las interpretaciones hegemónicas. Al mismo tiempo se tiene que generar un tejido social con alianzas con otras entidades: empezando por el Estado, al interior de las universidades y entre las universidades a nivel nacional e internacional. Para que el trabajo sea sostenible tendría que crearse grupos de estudio, comisiones, movimientos. Idealmente sucede un ciclo de problematización, búsqueda de causas y soluciones y finalmente la incorporación en la agenda institucional de ciertas pautas y normas con carácter legal. Inclusión de la problemática como la violencia de género en el debate público puesto que la Universidad no es ajena al ámbito público. Alcanzar visibilidad. Cómo finalmente institucionalizar las aspiraciones en el Estado, crear mecanismos institucionales que coordinen dentro y fuera de la universidad politicas con perspectiva de género. Requerimos incluir las demandas de igualdad de género en las políticas públicas como un aspecto central para “avanzar en la construcción de sociedades más democráticas que permitan a sus ciudadanos y ciudadanas ejercer sus derechos en forma plena” (Benavente y Valdés, 2014: 15-16)
[1] Pensamos que no resulta casual que algunos estudiantes de las promociones ingresadas durante la pandemia, que no han hecho vida académica regular, muestran por una serie de razones que habría que examinar, actitudes particularmente más prepotentes, falta de confianza, poca paciencia y siempre listos para la confrontación.
Acha, E. (2021) Cuando la experiencia secuestrada se subleva: sobrevivir la pandemia. Revista de Sociología 33 (2021), 161-184.
Araujo, K., Guzmán, V., Mauro, A. (2000) “El surgimiento de la violencia doméstica como problema público y objeto de políticas”. Revista de la CEPAL 70.
Benavente, M. y Valdés, A. (2014) Políticas públicas para la igualdad de género. Un aporte a la autonomía de las mujeres. CEPAL y Naciones Unidas.
CEPAL (10 de febrero 2021). La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. Informe Especial Covid-19 Nº9.
CEPAL-UNESCO (2020). La educación en tiempos de pandemia. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/S2000510_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
CEPAL (2019) Informe regional sobre el avance en la aplicación de la Estrategia de Montevideo para la implementación de la agenda regional de género en el marco del desarrollo sostenibles hacia 2030. XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Santiago, 27 al 31 de enero de 2020).
Dahl, R. (1999). La democracia. Una guía para los ciudadanos. Taurus. Pensamiento. Grupo Santillana de Ediciones, S.A.
De la Cadena, M. (2011) Política indígena: un análisis más allá de la política. Tábula RASA 33. https://www.revistatabularasa.org/numero33/cosmopolitica-indigena-en-los-andes-reflexiones-conceptuales-mas-alla-de-la-politica/
Drinot, P. (2006) Construcción de Nación, racismo y desigualdad: una perspectiva histórica del desarrollo institucional en el Perú. Crabtree (ed.) Construir instituciones: democracia, desarrollo y desigualdad en el Perú desde 1980. Universidad del pacífico. Pontificia y IEP
Fraser, N. (1996) Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Axisting Democracy. Calhoun, C. (ed.). Habermas and the Public Sphere. The MIT Press.
Goffman, E. (1990 [1959]) The Presentation of Self in Everyday Life. Penguin Books.
Jaramillo y Ñopo (2020) Impactos de la epidemia del coronavirus en el trabajo de las mujeres en el Perú. Lima: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Latour, B. (2017) Cara a cara con el planeta. Una nueva mirada sobre el cambio climático alejada de las posiciones apocalípticas. Siglo Veintiuno Editores.
López, S. (1997). Ciudadanos reales e imaginarios. Lima: Instituto de Diálogos y Propuestas.
Ministerio de Educación (17 de mayo 2022). Informe Covid-19 124, 533 estudiantes interrumpieron su educación en el 2021 debido a la pandemia. https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/607069-124-533-estudiantes-interrumpieron-su-educacion-en-el-2021-debido-a-la-pandemia
PNUD (2010). Nuestra Democracia. PNUD, OEA, EACID, Instituto Federal Electoral, Fondo de Cultura Económica, Canadian International Development Agency.
Quijano, A. (2004). “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. Pajuelo, R. y Sandoval, P. Globalización y diversidad cultural. Una mirada desde América Latina. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP)
Santi, M.F. (2016). Etica de la investigación en ciencias sociales. Un análisis de la vulnerabilidad en la investigación social. Globethics.net. Theses.https://repository.globethics.net/handle/20.500.12424/232851
Sartori. G. (2019) ¿Qué es democracia? Taurus
Stengers, I. (2014). La propuesta cosmopolítica. Revista Pléyade 14. https://www.revistapleyade.cl/index.php/OJS/article/view/159
Palabras clave:
Democracia, equidad de género, educación superior
#03480 |
Tensiones y aporías de la producción de indicadores de género en la gestión de universidades públicas
Javiera Ravest1
1 - Universidad de Chile. Vicerrectoría de Investigación, Unidad de Género.
Esta ponencia expondrá un autodiagnóstico de problemas y potencias en la creación y uso de indicadores para monitorear procesos de transversalización de género en universidades. Se propone una crítica a la cooptación/alianza estratégica entre procesos de gestión empresarial y/o productivista en universidades públicas, con sus espacios institucionales de género (entendido como un campo en disputa y crisis inmanente).Las instituciones de educación superior han transitado a la creación y sistematización de indicadores de gestión y progreso, estableciendo metas y lineamientos para su gobierno y desarrollo. En paralelo, el género se integra a estas instituciones: en centros o programas de estudios, en la incorporación de estas temáticas en la formación y planes de estudio; y, en su institucionalización en estructuras universitarias (Buquet, 2011). En ese marco, se vuelve fundamental integrar la perspectiva de género en la generación de conocimiento en universidades, que no obstante siguen reproduciendo la construcción hegemónica de la ciencia occidental-androcéntrica. Puede integrarse desde dos ámbitos. Primero, desde el diagnóstico y medición de brechas de género en: salario; docencia y tutoría; postulación y adjudicación a fondos de investigación; jerarquías académicas; labores de gestión administrativa; publicaciones; uso del tiempo, entre otras. Desde tales diagnósticos, considerando diferencias disciplinares, pueden proponerse políticas y medidas que aborden tales brechas. Segundo, como investigación, desarrollo y creación: procesos de co-construccion que incorporen un eje analítico -metodológico, epistemológico y teórico-, que identifique y desafíe condicionantes culturales, económicas y sociopolíticas que desfavorecen a mujeres y disidencias. Necesariamente con una visión interseccional que integre marcas de clase, raza, edad, entre otras. Un punto en común entre estos dos ámbitos es la elaboración y medición de indicadores que permitan evaluar “el avance” de políticas de género, abordaje de brechas y creación con perspectiva de género. No obstante, observamos una tensión entre las formas que toman los incipientes apoyos institucionales para enfrentar desigualdades o investigar género, con la mirada crítica a binarismos y relaciones de dominación. Así también, con modelos de gestión institucional que se proponen estandarizar procesos de transversalización de género sin reflexionar en la aporía que esto significa. Si bien se visibilizan brechas y trazan caminos, reducir la “gestión del genero” en universidades al cumplimiento de indicadores, corre el riesgo de reproducir matrices de dominación. En la universidad, la superación del orden de género no se agota con la incorporación de más mujeres, hay que reflexionar las formas y dispositivos de reproducción de la dominación masculina. Es decir, cuestionar los criterios de competitividad, rendimiento y productividad, que ocultan códigos culturales de la masculinidad occidental: una supuesta neutralidad e impersonalidad. Cuestionar políticas institucionales guiadas por el imperativo del crecimiento y la instrumentalidad, sin considerar la sostenibilidad ni la crisis actual.
#04010 |
Institucionalización espacios académicos de mujeres universitarias y Políticas y planes de Equidad de Género e Igualdad en las IES
Carmen Yolanda López Palacios1
1 - Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala -IUMUSAC-.
La agenda de igualdad de género en América Latina y el Caribe es un proceso que cobra fuerza a partir de fenómenos convergentes. Se destaca la agenda de desarrollo impulsada desde los movimientos sociales, en especial desde el movimiento feminista, desde las demandas de igualdad y no discriminación, que se expresa en los acuerdos internacionales que comprometen a los Estados. Las Políticas y Planes de igualdad de género han sido importantes para el fortalecimiento institucional de los mecanismos para el adelanto de las mujeres a nivel del Estado y de las Universidades, donde se evidencia la necesidad de promover procesos de transversalización de la perspectiva de género. El mecanismo de la institucionalidad de la mujer a través del Consejo de Ministras de la Mujer, -COMMCA- en el marco de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género -PRIEG- del SICA. Plan Nacional de Desarrollo K’atun: nuestra Guatemala 2032, coordinado por SEGEPLAN, en congruencia con el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El movimiento de mujeres y feminista, las universidades, centros de investigación, la cooperación y organismos internacionales, han evidenciado la necesidad de hacer efectivo el principio de equidad entre mujeres y hombres, el acceso a los recursos y servicios, como mecanismos para alcanzar la justicia social y la democracia global, debido a que existe una relación directa entre el desarrollo de las mujeres, el de las naciones y sus pueblos, a través de la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM- creada en el año 2000, en el marco de los objetivos estratégicos de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres -PNPDIM- y Plan Nacional de Oportunidades -PEO- 2008 – 2023. La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) como única Universidad estatal tiene la misión de dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del país. Para ellos debe promover, por todos los medios a su alcance, la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperar al estudio y solución de los problemas nacionales. Esta vinculación también debe reflejarse en la relación y unión entre las funciones básicas de la academia: investigación, docencia, extensión y administración universitaria dentro con los enfoques de género, multi e intercultural y ambiental según el Plan Estratégico USAC 2022. Con la creación del Instituto Universitario de la Mujer -IUMUSAC- en 2004, como ente rector de políticas y acciones universitarias a favor de las mujeres y la equidad de género en educación superior, es responsable de asesorar, dirigir, promover, coordinar, articular y ejecutar programas y proyectos de investigación, docencia y extensión, en el marco de la Política y Plan de Equidad de Género en Educación Superior -PPEGES- aprobada por el Consejo Superior Universitario de la USAC, en 2008.
#04377 |
Perspectiva de género en la administración pública en la Educación Superior chilena. La Unidad de Género e Inclusión - VIDGEN, de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, propuesta de modelamiento de gestión en un escenario de emergencia s
A inicios de marzo 2020, la máxima autoridad de la Universidad de Chile comunicó que la institución se encontraba en “estado de alerta. Se estableció que la modalidad laboral a regir en la Universidad de Chile es la del trabajo remoto. Esta modalidad implica que el/la trabajador/a no está́ en las dependencias de la institución, ni necesariamente sujeto al manejo de las TIC, de manera que muchos/as trabajadores/as debieron cambiar de régimen de manera forzada, sin contar con las condiciones material y/o tecnológica necesarias. El teletrabajo emerge a partir de procesos de globalización y transformación tecnológica. Según Caamaño (2010), dicha modalidad de trabajo podría modificar las relaciones laborales, junto con ello, podría conllevar riesgos psicosociales; probabilidad de dañar gravemente la salud física o mental de los/as trabajadores/as (Moreno, 2011). Sierra et al. (2016), mencionan que, los factores de riesgo identificados a consecuencia del teletrabajo son de tipo ergonómico y desordenes en tiempos dedicados al trabajo, que, al no estar controlados, pueden generar alteraciones del sueño, malos hábitos alimenticios y sedentarismo, entre otros. Considerando el rol histórico y sistemático impuesto hacia las mujeres respecto al trabajo no remunerado, al introducir el trabajo remunerado en el hogar, se profundizan tensiones relativas al uso de tiempo, que deben considerarse en la replanificación estratégica de cualquier institución pública. La Unidad de Género de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo VIDGEN, realizó una encuesta que indica, que en general hay una disminución moderada, pero significativa de la productividad escrita. Considerando las características del sistema de educación superior chilena y la heterogeneidad de los y las trabajadoras en la Universidad de Chile la producción científica formal, hasta ahora se ha mantenido, probablemente a costa de la salud mental de los/las trabajadores/as y por lo tanto la calidad de vida de ellos/as y sus familias. Innovaciones en la organización de los equipos, adecuación de los procesos de gestión y el uso del tiempo , incorporando aspectos relacionados al cuidado individual y colectivo, además de mecanismos y herramientas de contención socioemocional, son propuestas que emergen de este trabajo y de la sistematización de los procesos de gestión de la primera unidad de género de una vicerrectoría de investigación y desarrollo de una Universidad estatal en Chile.
#04620 |
Política universitaria para la prevención y atención de casos de discriminación por razón de género, acoso sexual y violencia basada en género en Ecuador y México
Alexandra Clavijo1
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Liliana Castañeda
2
1 - Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil- UTEG.2 - Universidad de Guadalajara- UDG.
Para nadie es desconocido que en las Universidades Latinoamericanas se vive, reproduce y ejerce violencia de género contra las mujeres. Diversos autores han señalado que los impactos de esto pueden evidenciarse en el desempeño académico y laboral, ausentismo, días perdidos, afectación a los derechos humanos y a la productividad de la institución y del país en su conjunto. Esta ponencia tiene como objetivo presentar los resultados de un primer diagnóstico realizado en 6 instituciones de educación superior ecuatorianas y mexicanas, sobre las acciones llevadas a cabo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en sus espacios y entre quienes integran la comunidad educativa. Los primeros hallazgos muestran una tendencia por la creación de estructuras organizacionales y de protocolos, pero sin una preocupación por la transformación de las relaciones entre las integrantes de sus comunidades.La metodología se basó en la elaboración de un estado del arte, obteniendo datos bibliográficos y documentales de literatura especializada, así como archivos oficiales de la política institucional de las Universidades estudiadas en Ecuador y en México, de diferente escala y tipo de categoría administrativa, ya sea nacional, estatal y una local perteneciente a red internacional, siendo públicas, privadas y cofinanciadas. Identificamos que en el caso de las instituciones mexicanas, ha existido una presión externa importante en la demanda por la atención al tema de la violencia de género, y un intento de esfuerzo coordinado por parte de la ANUIES por integrar en el proceso a mayor número de universidades. En el caso de Ecuador, el Protocolo de prevención y actuación Protocolo de prevención y actuación en casos de acoso, discriminación y violencia basada en género y orientación sexual en las Instituciones de Educación Superior (CES, 2018), fue el resultado de un trabajo mancomunado de un grupo de académicas que formularon la propuesta y actualmente funciona como política institucional en la mayoría de universidades, siendo que esta propuesta debía ser adaptada al contexto de cada una, lo cual sí han hecho algunas de ellas, incluso con esfuerzos institucionales adicionales. Las Universidades latinoamericanas están interpeladas ante uno de los mayores retos y desafíos, que su contribución efectiva a la prevención y erradicación de la violencia de género no sólo al interior de sus comunidades, sino también en la transformación para el logro de una sociedad libre de violencia y más igualitaria.
#05040 |
Protocolos para la prevención y protección frente al acoso sexual y sexista en las Universidades –GENRED.
KARLA IVEETTE AGUILAR CASTRO1
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Lucrecia Vicente Franco
2
Estudio Protocolos para la prevención y protección frente al acoso sexual y sexista, Red Latinoamericana de Investigación y Transferencia de Estudios y Practicas Sociales de Genero –GENRED. Pequeña Comisión: Licda. Lucrecia Vicente Franco- USAC,Licda. Karla Aguilar – UNAH, Deyka Nieto UDELAS-Panamá, Silvia Mesa-UCR-Costa Rica, Olivia Tena Guerrero-UNAM-México La GENRED por medio del Proyecto “Consolidación dela Red Latinoamericana de investigación y Transferencia de Estudios y Practicas” se planteó realizar el Estudio Protocolos para la prevención y protección frente al acoso sexual y sexista entre las universidades integrantes de la GENRED, en el año 2021. Dicho estudio tuvo como propósito realizar un análisis de los Protocolos y/o Reglamentos para la prevención, detección atención, sanción y erradicación del acoso sexual y sexista en las universidades integrante de la Genred. El estudio fue en modalidad virtual, la coordinación del estudio estuvo a cargo de la Universidad de las Américas de Panamá- UDELAS, pero se promovió el trabajo participativo y colaborativo, fue por ello que se conformaron dos comisiones de trabajo (Comisión de Protocolo y Petit Comisión). Luego se elaboró el diseñó del estudio y el instrumento para la recopilación de la información– Matriz de Protocolos de la GENRED, que pretendía conocer si existen dichos protocolos y qué tipo de acciones incluye, si se aplican los instrumentos existentes, si establecen procedimientos para atender las denuncias de acoso sexual, si establece medidas de asistencia o tratamiento para las víctimas y de qué tipo son estas (jurídico, psicológico, Integral), si la normativa de la universidad contempla el acoso sexual, cual es el rol del gobierno universitario, si se contemplan acciones preventivas, conocer los principios que inspiran el desarrollo del procedimiento, si se contemplan sanciones y de qué tipo son estas, si existen registros de los casos y de las medidas adoptadas, o número de víctimas que han recibido tratamiento o asistencia, cuáles son las fortalezas, los desafíos y las lecciones aprendidas; también en los casos en los que no existen protocolos, se analizan cómo se procede ante el acoso sexual y qué acciones se han llevado a cabo. Dicho instrumento fue enviado por medio electrónico a las representantes de las diez universidades participantes en la GENRED, se brindó un tiempo pertinente para que lo respondieran y lo enviaran a la persona enlace de UDELAS. Seguidamente, se realizó el proceso de análisis e interpretación de la información (Petit Comisión), en algunos casos fue necesario solicitar nuevamente la información completa, finalizado este trabajo, se procedió a realizar el proceso de validación y aprobación del Informe Final del Estudio con la Comisión de Protocolo. Como producto final del estudio se elaboró un Contenido Mínimo para la Elaboración de Protocolos para la Prevención, Detección, Sanción y erradicación del Acoso Sexual.
En México no existen datos oficiales sobre la magnitud de la problemática del desplazamiento forzado, empero, algunas cifras señalan que solo en 2017 se registraron 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo, impactando a 20,390 personas (CMDPDH, 2018). Una de las zonas más afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado durante las últimas décadas -especialmente desde 2007 y el inicio de la “guerra contra las drogas”- es el norte del país. Estudios como los de Rodríguez Chavez (2020) e Iglesias y Gaussens (2021) muestran que algunos municipios fronterizos registran las mayores tasas de homicidios y que el desplazamiento forzado ocurre cuando los costos de la violencia sobrepasan los costos de la migración, especialmente en municipios rurales y fronterizos. Tal es el caso de la sierra Tarahumara, que se ubica en los estados de Chihuahua, Durango y Sonora, y la cual ha sido identificada por Sullivan (2013) como parte de la hiperfrontera por su nivel de complejidad y comercio tanto legal como ilegal. Además, la parte sur de la sierra forma parte del llamado Triángulo Dorado, en cuyos vértices se concentran los mayores cultivos de marihuana y amapola del país (Vaquerizo, 2017).Los municipios más afectados por la tala ilegal en Chihuahua se encuentran al sur y al oeste del estado: Maguarichi, Guerrero, Uruachi, Ocampo y Madera, al igual que Guadalupe y Calvo y Bocoyna. Este contexto ha derivado en presencia de grupos armados, extorsiones, amenazas, reclutamiento y desplazamiento forzado especialmente desde el año 2008 con el asesinato del jefe de la policía en Creel. En 2017 fueron asesinados los ambientalistas Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros Ramos. En la sierra Tarahumara la tala ilegal expone las disputas por el control territorial, económico y político en una ubicación geográfica importante por su cercanía con la frontera norte y los estados del Triángulo Dorado al sur. En este sentido, el desplazamiento forzado interno se inserta en procesos de transformación social que cruzan por la migración, el conflicto, la violencia y el desarrollo en el contexto de la globalización.Estrategia y preguntas metodológicas Pregunta de investigación: ¿por qué unas personas se mueven y otras no ante el mismo tipo de violencia generado por la tala ilegal en la Sierra Tarahumara?Objetivo: dar cuenta de los primeros hallazgos del trabajo de campo en el que se realizarán entrevistas a personas desplazadas y no desplazadas para conocer los factores que afectan el desplazamiento forzado en un contexto de tala ilegal.
#02716 |
Reflexiones sobre el enfoque de Vulnerabilidad Social en la Investigación del Desplazamiento Forzado en Colombia
Danú Alberto Fabre Platas1
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Edwar Leonardo Salamanca Ospina
2
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Carmen Egea Jimenez
3
1 - Universidad Veracruzana.2 - Independiente.3 - Universidad de Granada.
El documento reflexiona sobre el uso de la categoría de Vulnerabilidad Social en la investigación del fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia. El análisis parte de la experiencia investigativa desarrollada en el periodo de 2013-2018 sobre procesos de retorno de población desterrada en contextos de conflicto en Colombia. El trabajo destaca 5 demandas analíticas y conceptuales que la propia investigación exigió al momento de utilizar el enfoque de Vulnerabilidad Social en el análisis del Conflicto Armado en Colombia. El ejercicio termina identificando los alcances que se obtuvieron en la investigación a raíz de las respuestas que se construyeron en relación a estas demandas. Cabe aquí señalar que el desplazamiento forzado es uno de los fenómenos que más caracteriza el desarrollo del conflicto armado en Colombia, este país ha reportado el mayor índice de desplazamientos forzados en el mundo con un acumulado de 8,3 millones de personas según estadísticas oficiales (ACNUR, 2021). Los más recientes informes señalan que solo en el último año 2021, 73.300 personas fueron forzadas a desplazarse de sus lugares de origen, (OCHA, 2022). Lo anterior ha significado un entramado de acciones significativas para superar las dificultades que soportan comunidades que además de ser víctimas de la violencia de diferentes actores armados ha sido también despojada de sus proyectos de vida y sus bienes materiales principalmente la tierra. La oferta para restituir los bienes, así como resarcir el daño, ha configurado una serie de activos y procesos que pueden reconocerse como una Geografía de la reparación (Salamanca, 2019). En el marco de esta problemática en el año 2019 se formuló la investigación “Retorno y Paz en Contextos de Conflicto. Análisis desde El Enfoque de la Vulnerabilidad Social del Caso El Carpintero (Colombia)” (Salamanca, 2018) contrastándolo con insumos teoricos ya elaborados (Salamanca 2018 y 2019, Salamanca y Egea 2019, Egea et. al. 2012, Fabre et. al. 2009, 2011 y 2012) que dan vida a esta reflexión que ahora compartimos. El trabajo buscó aplicar la categoría de Vulnerabilidad Social al estudio del retorno y desplazamiento forzado de una comunidad campesina que ha soportado las consecuencias del destierro promovidas por las dinámicas del conflicto armado en Colombia. Este esfuerzo posibilitó una serie de reflexiones sobre el uso de esta categoría en la investigación del desplazamiento forzado en Colombia. En el documento extenso se destacan las demandas y alcances que este proceso significó, esperando dialogarlas en la mesa y enriquecer la propuesta.
#03063 |
DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO AL ASENTAMIENTO EN LA CIUDAD: LA EXPERIENCIA DE GRUPOS INDÍGENAS
El desplazamiento interno forzado es un fenómeno global que ha estado presente a lo largo de la historia pero que se recrudece en momentos donde el conflicto y la violencia están presentes. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), define a los desplazados internos como “personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales causados por el hombre” (ACNUR, 1998). De acuerdo con el Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados, para finales de 2018, 41,3 millones de personas se vieron desplazadas internamente debido a conflictos armados, violencia generalizada o violaciones de los derechos humanos (ACNUR, 2020).En América Latina, dos son los países que, de acuerdo con el Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados (IDMC), tienen al 31 de diciembre de 2019 un alto número de desplazados internos: Colombia, con un total de 5,576,000 personas desplazadas por conflicto y violencia; y México, con un total de 345,000 personas desplazadas por los mismos motivos.En México, el desplazamiento interno forzado no es un fenómeno reciente, se encuentra presente desde la década de los setenta, ocasionado principalmente por la intolerancia religiosa, conflictos comunales y disputas tanto por tierras y recursos naturales en estados como Nayarit, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (CMDPDH, 2014). El recrudecimiento de la violencia, poco tiempo después de iniciada la llamada Guerra contra el Narcotráfico, durante el período presidencial de Felipe Calderón, reactivó el desplazamiento interno tanto en las comunidades indígenas como en los contextos urbanos. Si bien ambas poblaciones transitan por distintas etapas dentro del proceso de desplazamiento, se pondrá especial atención en los grupos indígenas que, tras haber enfrentado el desplazamiento por violencia, llegaron a la ciudad para asentarse en la misma.Al elegir la ciudad como nuevo lugar de asentamiento, los grupos indígenas no sólo se enfrentan a condiciones materiales deplorables (falta de un lugar donde vivir, hacinamiento, desempleo discriminación), sino que enfrentan “[…] conflictos, choques, destrucciones y reconstrucciones, tanto en el plano de la identidad individual como colectiva”(Bello, 2001: 16). Al mismo tiempo, comienza una disputa por el espacio frente al “otro”. Por lo anterior, el principal interés de la investigación es analizar la forma en la que los grupos indígenas desplazados se apropian del espacio urbano, en donde además, enfrentan otro tipo de violencias.
#04497 |
“Salimos de Mariusa en canoa para no morirde hambre”: um estudo de caso sobre um grupo Warao que saiu da Venezuela para o Brasil.
O objetivo principal desse trabalho é o de compreender o deslocamento forçado e as ações de solidariedade realizadas por um grupo indígena Warao procedente da Venezuela que deixou sua comunidade, Mariusa, pertencente ao município de Tucupita, capital do estado Delta Amacuro. Esse trabalho etnográfico tem como fio condutor as narrativas produzidas por esse grupo étnico que vive hoje em dia num abrigo sob responsabilidade de uma instituição religiosa na cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil. Posto isso, o enfoque central é o deslocamento forçado, suas mobilidades por entre outros estados e as estratégias de ação entre outros grupos de parentes, formando uma rede de solidariedade étnica. Além disso, busco através das relações interétnicas construídas e observação participante compreender o porquê (e como) ocorrem essas mobilidades por outras cidades da região Norte e Nordeste, tendo como recorte para este estudo as rotas de mobilidades entre os estados de Roraima, Pará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Estes dois últimos no Nordeste. Esse grupo Warao chegou ao Brasil no ano de 2015. Saíram da Venezuela devido à crise político-econômica que foi se agravando neste país. Outros grupos étnicos indígenas também vieram para o Brasil, buscando refúgio, por exemplo, Eñepá, Kariña, Pemón, Wayúu entre outras. Os Warao são considerados a segunda maior população indígena deste país. Amparados pelas ações de vários estados brasileiros, instituições religiosas, além do exército brasileiro os indígenas acabam ficando sob a responsabilidade das instituições públicas (ou em convênio com instituições religiosas), representantes da esfera estadual, municipal ou federal, vivendo a partir de então em abrigos, sem, no entanto, deixar de criar articulações (redes sociais) com grupos de parentes em outros estados, além de manter suas dinâmicas territoriais por outras cidades.A maioria dos grupos Warao que estão aqui na Paraíba são procedentes da região de Winikina, situada no município de António Diaz e região de Mariusa, município de Tucupita, ambas cidades pertencentes ao estado do Delta Amacuro.
#04999 |
Desplazamiento forzado de comunidades serranas de Sinaloa hacia la periferia urbana de Culiacán y Mazatlán, estado de Sinaloa
Desplazamiento forzado de comunidades serranas de Sinaloa hacia la periferia urbana de Culiacán y Mazatlán, estado de SinaloaRegistro 02962 RESUMENDurante la última década, el estado de Sinaloa, ubicado en el Noroeste mexicano ha registrado más de 25 mil personas desplazadas por la violencia en sus comunidades (principalmente de la zona serrana), así como problemas ocasionados por la sequía y por desalojos a causa de construcciones hidráulicas.Las víctimas del “desplazamiento interno forzado”, se han trasladado de manera temporal o definitivamente en zonas periféricas de las cabeceras municipales de la entidad, principalmente en las ciudades de Culiacán y Mazatlán. La falta de redes de apoyo local, así como de la escasez de servicios para la sustentabilidad urbana, la mayoría de las familias busca garantías para su retorno. Si bien el problema es generalizado, son las mujeres jefas de familia quienes padecen el mayor impacto del cambio y formas de vida en los lugares de destino.De acuerdo con registros de la Comisión estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, recientemente se han implementado políticas de apoyo a las familias desplazadas con la finalidad de revertir su situación precaria en las ciudades, así como garantizar un retorno seguro a sus comunidades. En su gran mayoría, los apoyos han sido despensas y en menor medida alojamiento. Bajo el actual gobierno estatal, se programa una política de vivienda a un número de 100 familias que han externado su decisión de permanecer en la zona urbana de las mencionadas ciudades.Uno de los principales objetivos de esta ponencia es presentar avances del trabajo de campo realizado para la investigación “Precariedad y resiliencia social de mueres jefas de familia desplazadas de sus comunidades y asentadas en la zona urbana de ciudades del Noroeste mexicano”, misma que tiene apoyo de Conacyt.
11:00 - 13:00
GT_22- Migraciones, Refugio y otras Movilidades
#00980 |
Migrantes con o sin pandemia de todos modos con derechos conculcados
Ana Esther Escalante Ferrer
1
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Gabriela Mendizábal Bermúdez
1
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Juan Manuel Ortega Maldonado1
La presente comunicación es resultado de discusiones y experiencias en el trabajo de campo de los y las investigadoras de un proyecto cuyo objetivo es “desarrollar una propuesta integral que mejore las condiciones de los migrantes en México garantizando sus derechos humanos: educación, salud, vivienda y trabajo, a través de prestaciones de protección social, partiendo de la consulta participativa de los propios migrantes, generando a la vez una nueva metodología: la participación del grupo beneficiario en la construcción de la norma”. Contextualizamos la migración irregular en México con información documental y entrevistas a migrantes en tránsito. Las condiciones en general los hacen reconocerse como sujetos sin derechos por no contar con documentación. Además, la política migratoria mexicana del último lustro, criminaliza a quienes no cuentan con, al menos una tarjeta por razones humanitarias, la cual, al tenerla, paradójicamente, les imposibilita el libre tránsito por el país.Por lo anterior, la investigación en comento distingue la dificultad de la población migrante de ejercer sus derechos humanos toda vez que hay una franca disociación entre los tratados internacionales y la legislación mexicana con la realidad de los y las migrantes irregulares.La metodología combina trabajo documental, de campo y su alcance es descriptivo-aplicativo con enfoques cuantitativo y cualitativo. El instrumento de recolección de datos aplicado en tres puntos geográficos del país (frontera norte, frontera sur y centro) permite conocer las necesidades y ambiciones de los migrantes irregulares en México y enfatiza la obtención de sus expectativas para acceder a los derechos humanos; lo que es el insumo para preparar propuestas legislativas progresivas en los ámbitos federal, estatal e institucional para salvaguardar los derechos humanos ya mencionados para los migrantes en México.El aporte de la investigación es la creación de una nueva figura jurídica denominada “protección social participativa”, la cual tiene la función de darle voz a las personas que no reúnen los requisitos para ser considerados ciudadanos de un país, pero que, por la situación de excepción en que se encuentran su vulnerabilidad necesita ser atendida. La principal dificultad de la investigación es contar con la participación de la población migrante, su desconfianza y recelo ante la posibilidad de ser denunciados ante la autoridad migratoria y el temor a la deportación se convierte en falta de disposición para con las investigaciones. El escenario más amable son los refugios en los que reciben atención de entidades privadas de la sociedad civil. Por ello, la sensibilización de los migrantes es una tarea adicional para que contribuyan a la toma de decisiones de posibles soluciones al tema de la migración y la instauración de esa figura jurídica que les tome en cuenta como seres humanos con derechos.
#04392 |
ANÁLISIS SITUACIONAL DEL “ÉXODO” MIGRACIONAL EN EL PERÚ EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS 2020-2021
FELIPE SUPO CONDORI1
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CARLOS ANTONIO ESPINOZA ZEVALLOS
1
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EDGARDO SARDON MENESES
1
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HERNÁN ALBERTO JOVE QUIMPER
1
En el mundo, se ha dado una masiva movilización social de carácter migracional como éxodo masivo a causa de la pandemia del Covid 19; así, como problemática social contextualizado, se ha formulado la siguiente interrogante general: ¿Cuál es el análisis situacional del “éxodo” migracional en el Perú en tiempos de Coronavirus en los años 2020-2021, por condición sociodemográfica? Ha sido objetivo de la investigación: Analizar la situación del “éxodo” migracional en el Perú en tiempos de Coronavirus en los años 2020-2021, por condición sociodemográfica. El método de investigación utilizado a partir de la epistemología de la investigación científica ha sido carácter MIXTO, el Hipotético-Deductivo (Cuantitativo) con el uso de encuestas y el Comprensivo-Interpretativo (Cualitativo), para cuyo efecto, se ha utilizado la técnica de análisis documental y de contenido. El tipo de investigación a partir del nivel de la profundidad de la investigación ha sido de carácter descriptivo y explicativo. El tamaño de muestra de la investigación lo han constituido 04 provincias (Puno, Arequipa, Cusco y Huancavelica) con participación de 360 actores sociales como migrantes. Asimismo, se realizó entrevistas a investigadores y especializados en demografía, autoridades locales y políticas de nivel provincial; así como a representantes y dirigentes de organizaciones gremiales y sociales de la sociedad civil. El tipo de muestra utilizado fue el muestreo no probabilístico por conveniencia, que consiste en la elección por métodos no aleatorio de una muestra cuyas características sean similares a las de la población objetivo (Casal & Mateu, 2003, pág. 5). Los resultados de la investigación refieren que tanto las causas como las consecuencias del “éxodo” de migración poblacional en el Perú en tiempos de Coronavirus de los años 2020-22021 ha tenido un comportamiento diferenciado de carácter sociodemográfico relacionado a niveles de instrucción educativa, actividad económica, procedencia, edad y sexo.
Introducción:
En el mundo, se está dando una masiva movilización social de carácter migracional como es el éxodo masivo de Bangkok debido a la pandemia de coronavirus; así, desde que el gobierno tailandés declaró el estado de emergencia, la palpitante capital de Bangkok se ha convertido en una ciudad somnolienta y desierta. Las lonas oscuras cubren los puestos de los mercados y de comida. Los centros comerciales, restaurantes y bares tuvieron que cerrar, mientras que los hoteles y albergues juveniles, al igual que las tiendas de comestibles, supermercados.
Esto mismo ha ocurrido en las ciudades más importantes del mundo, de América Latina y del Perú contextualizado en la ciudad de Lima como capital de la sociedad peruana. Movimiento social tipificado como éxodo migracional.
Ahora a qué se debe esta masiva migración de la ciudad (Lima) al campo como se ha expresado en los casos de los pobladores de Junín, Huánuco, Huancavelica y como se viene expresando para el caso de nuestra región de Puno, donde según el Gobierno Regional de Puno, a través de la comisión de implementación del D.S. 068-2020-PCM, comunicó mediante las redes sociales que a horas 15:15 del día 17 de abril del 2020, se ha procedido al cierre del registro que fuera habilitado para personas que manifestaron su intención de ser retornados a la región Puno; así como, de personas que estando en nuestra región expresaron su intención de retornar a sus lugares de origen. Al cierre del link, se ha registrado un total de 11,028 (once mil veintiocho), solicitudes de retorno, las mismas que serán objeto de evaluación y priorización, conforme a lo establecido por los lineamientos de traslado y cuarentena de personas que se encuentran fuera de su domicilio habitual como efecto de las medidas de aislamiento social por la emergencia nacional por el COVID 19, aprobado por Resolución Ministerial 097-2020-PCM. Estas solicitudes en mayor grado son de las ciudades de Arequipa, Tacna, Lima y otras.
¿A qué se debe esta movilización social migracional y quiénes son estos protagonistas como actores sociales? Nosotros decimos que estos protagonistas son otros actores sociales con un nuevo rostro social distinto al “cholo emergente” exitoso, triunfador, “pendejo y lisuriento”. Son ciudadanos en su mayoría jóvenes (que oscilan sus edades entre 30 a 50 años) que todavía no han logrado cumplir con éxito sus anhelos de superación académica, económica y social, que estaba dedicada a labores informales de servicios y comerciales (mozos, cocineros, mototaxistas, vendedores ambulantes de comidas y enseres, trabajadores de hogar, etc. etc.); ciudadanos cuyos ingresos económicos han sido de día a día y que la mayoría de ellos, no contaban con residencia propia (vivían alquilados). Actitud tomada por esta población como una estrategia de sobrevivencia temporal como señalaba Darwin (1982). Este masivo éxodo se debe también al “riesgo sanitario” como miedo a contraer más fácilmente este mal “Por la propagación del virus muchos no saben que ya tienen el virus pero son asintomáticos. Como se demostró con las pruebas rápidas a los migrantes a Huancavelica”.
Esta población relativamente joven, son ciudadanos cuya emigración está dada recién a 10 años atrás que no ha tenido mayores relaciones de consanguinidad (primos, tíos) y espiritualidad (compadres, ahijados), con los “cholos emergentes” que datan su residencia a más de 30 y 40 años atrás y que están como abuelos y bisabuelos, que obedece a un segundo y tercer orden generacional. Esta población “golondrino” que temporalmente está regresando a sus orígenes geográficos (centros poblados, comunidades campesinas, sectores y parcialidades) son aquellas poblaciones que han contribuido al proceso de migración del campo a la ciudad, llamado por Figueroa, (1976) proceso de “descampenización”, abandonando “egoístamente” sus tierras y sus familiares más próximos (padres, tíos y abuelos) en búsqueda de mejores oportunidades que creían que ofrecían las grandes ciudades como Lima, Arequipa, Tacna, entre las más importantes.
Este problema social de la migración ha sido ampliamente discutido por entendidos de la materia demográfica desde Cárdenas y Mejía (2006, p. 39) hasta Arango (2000, p. 45-46):
Quizá la mayor dificultad del estudio de la migración sea su extremada diversidad en cuanto a formas, tipos, procesos, actores, motivaciones, contextos socioeconómicos y culturales, etc. No es de extrañar que las teorías tengan dificultades para explicar tal complejidad. Como dice Anthony Fielding, “quizá la migración sea otro “concepto caótico”, que necesite ser “desempaquetado” para que cada parte pueda verse en su propio contexto histórico y social de modo que su importancia en cada contexto pueda entenderse por separado”. Ese “desempaquetamiento” requiere una mejor integración de la teoría y la investigación empírica.
Cuya responsabilidad está en el diseño y formulación de políticas públicas de los estadistas de los gobiernos centrales, para que en las grandes ciudades no generen los problemas de los cinturones de pobreza ubicados en los caseríos y unidades poblacionales como “urbano marginales” dadas en las faldas y cerros de los distritos de estas ciudades mencionadas. Y queda en la responsabilidad de los gobiernos locales regionales, provinciales y distritales formular estrategias y proyectos de “recuperación” de esta población “golondrino” se quede en sus lugares de orígenes territoriales potenciando las actividades agropecuarias que son propias del sector rural. Aunque, en nuestra opinión va ser muy difícil, porque esta población ya está aculturado o alienado al “estilo de vida” de las grandes ciudades, de manera que superado el problema de la pandemia, regresarán a estas grandes ciudades referidas en líneas arriba a continuar con “sufre…cholo peruano…sufre…”.
Desarrollo:
CAUSAS DEL “ÉXODO” MIGRACIONAL EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS POR NIVELES DE INSTRUCCIÓN EDUCA
Tal como se puede evidenciar en los resultados de la tabla N° 1, en relación a causas del “éxodo” migracional en tiempos de coronavirus en relación a niveles de instrucción educativa y frente la interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su percepción en este “éxodo” migracional según su nivel de instrucción educativa respecto a las causas, que podrían ser: falta de trabajo, escases de recursos económicos y falta de demanda de ventas? Como respuesta en relación a esta interrogante, se puede apreciar que el 48 % (172 migrantes) responden que la causa más significativa por el que emigró fue por la falta de trabajo (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes que cuentan con estudios de secundaria). Mientras que el 41 % (149 migrantes) refieren que la causa más significativa fue ya no contaban con recursos económicos. En tanto que el 11 % (39 migrantes) expresan como percepción que fue la causa de demanda negativa de ventas.
Tabla N° 1: Percepción social de causas de migrantes por instrucción educativa
N°
INSTRUCCIÓN EDUCATIVA
CAUSAS
TOTAL
%
F.TRAB.
R.ECON.
D.N.VENT.
01Con estudios de primaria
54
33
20
107
30
02Con estudios de secundaria
107
87
13
207
58
03Con estudios superiores
11
29
06
46
12
TOTAL
172
149
39
360
100
PORCENTAJE
48
41
11
100
Fuente: Encuesta 2020
Leyenda:
F.TRAB. Falta de trabajo
R.ECON. Recursos económicos
D.N.VENT. Demanda negativa de ventas
CAUSAS DEL “ÉXODO” MIGRACIONAL EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS EN RELACIÓN A ACTIVIDAD ECONÓMICA
En relación a las causas del “éxodo” migracional en tiempos de coronavirus en relación a su actividad económica y frente la interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su percepción en este “éxodo” migracional según su actividad económica respecto a las causas, que podrían ser: falta de trabajo, escases de recursos económicos y falta de demanda de ventas? Como respuesta en relación a esta interrogante, se puede apreciar que el 66 % (239 migrantes) responden que la causa más significativa por el que emigró fue por la falta de trabajo (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes que brindan servicios de atención). Mientras que el 24 % (85 migrantes) refieren que la causa más significativa fue ya no contaban con recursos económicos. En tanto que el 10 % (36 migrantes) expresan como percepción que fue la causa de demanda negativa de ventas; tal como se puede evidenciar en los resultados de la tabla N° 2.
Tabla N° 2: Percepción social de causas de migrantes por actividad económica
N°
ACTIVIDAD ECONÓMICA
CAUSAS
TOTAL
%
F.TRAB.
R.ECON.
D.N.VENT.
01De servicios de atención
173
58
00
231
64
02De construcción civil
66
23
00
89
25
03De comerciantes
00
04
36
40
11
TOTAL
239
85
36
360
100
PORCENTAJE
66
24
10
100
Fuente: Encuesta 2020
Leyenda:
F.TRAB. Falta de trabajo
R.ECON. Recursos económicos
D.N.VENT. Demanda negativa de ventas
CAUSAS DEL “ÉXODO” MIGRACIONAL EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS EN RELACIÓN A EDAD
Como es posible evidenciar en los resultados de la tabla N° 3, en relación a las causas del “éxodo” migracional en tiempos de coronavirus en relación a edad y frente la interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su percepción en este “éxodo” migracional según su edad respecto a las causas, que podrían ser: falta de trabajo, escases de recursos económicos y falta de demanda de ventas? Como respuesta en relación a esta interrogante, se puede apreciar que el 46 % (166 migrantes) responden que la causa más significativa por el que emigró fue por la falta de trabajo (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes que su edad fluctúan entre 16 a 25 años de edad). Mientras que el 28 % (100 migrantes) refieren que la causa más significativa fue que ya no contaban con recursos económicos (respondida en mayor porcentaje por los que también sus edades fluctúan entre 16 a 25 años de edad). En tanto que el 26 % (94 migrantes) expresan como percepción que fue la causa de demanda negativa de ventas.
Tabla N° 3: Percepción social de causas de migrantes por edad
N°
EDAD
CAUSAS
TOTAL
%
F.TRAB.
R.ECON.
D.N.VENT.
01De 16 a 25 años
112
58
41
211
59
02De 26 a 35 años
30
20
29
79
22
03De 36 a más años
24
22
24
70
19
TOTAL
166
100
94
360
100
PORCENTAJE
46
28
26
100
Fuente: Encuesta 2020
Leyenda:
F.TRAB. Falta de trabajo
R.ECON. Recursos económicos
D.N.VENT. Demanda negativa de ventas
CAUSAS DEL “ÉXODO” MIGRACIONAL EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS EN RELACIÓN AL SEXO QUE PERTENECE
En relación a las causas del “éxodo” migracional en tiempos de coronavirus en relación al sexo al que pertenecen y frente la interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su percepción en este “éxodo” migracional según su sexo al que pertenece respecto a las causas, que podrían ser: falta de trabajo, escases de recursos económicos y falta de demanda de ventas? Como respuesta en relación a esta interrogante, se puede apreciar que el 68 % (243 migrantes) responden que la causa más significativa por el que emigró fue por la falta de trabajo (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes que pertenecen a sexo masculino). Mientras que el 21 % (74 migrantes) refieren que la causa más significativa fue ya no contaban con recursos económicos. En tanto que el 11 % (43 migrantes) expresan como percepción que fue la causa de demanda negativa de ventas; tal como se puede evidenciar en los resultados de la tabla N° 4.
Tabla N° 4: Percepción social de causas de migrantes por sexo
N°
SEXO
CAUSAS
TOTAL
%
F.TRAB.
R.ECON.
D.N.VENT.
01Masculino
211
44
23
278
82
02Femenino
32
30
20
82
18
TOTAL
243
74
43
360
100
PORCENTAJE
68
21
11
100
Fuente: Encuesta 2020
Leyenda:
F.TRAB. Falta de trabajo
R.ECON. Recursos económicos
D.N.VENT. Demanda negativa de ventas
CONSECUENCIAS DEL “ÉXODO” MIGRACIONAL EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS EN RELACIÓN A NIVELES DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVA
Como es posible evidenciar en los resultados de la tabla N° 5, en relación a las consecuencias de del “éxodo” migracional en tiempos de coronavirus en relación a niveles de instrucción educativa y frente la interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su percepción en este “éxodo” migracional según su nivel de instrucción educativa respecto a las consecuencias, que podrían ser: haber contraído enfermedades infecto respiratorias, escases de alimentación, vestido y techo o haber sufrido indiferencia de la población? Como respuesta en relación a esta interrogante, se puede apreciar que el 37 % (132 migrantes) responden que la consecuencia que han sufrido por haber contraído enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes que cuentan con estudios de secundaria). Mientras que el 34 % (123 migrantes) refieren que la consecuencia más significativa fue la desidia e indiferencia de la población. En tanto que el 29 % (105 migrantes) expresan como percepción que fue la consecuencia escaso acceso a alimentación, vestido y vivienda.
Tabla N° 5: Percepción social de consecuencias de migrantes por instrucción educativa
N°
INSTRUCCIÓN EDUCATIVA
CONSECUENCIAS
TOTAL
%
E.I.RESP.
E.E.A.V.V.
D.I.POBLAC.
01Con estudios de primaria
39
31
37
107
30
02Con estudios de secundaria
77
62
68
207
58
03Con estudios superiores
16
12
18
46
12
TOTAL
132
105
123
360
100
PORCENTAJE
37
29
34
100
Fuente: Encuesta 2020
Leyenda:
E.I.RESP. Enfermedades infecto respiratorias
E.E.A.V.V. Escaso acceso a alimentación, vestido y vivienda
D.I.POBLAC. Desidia e indiferencia de la población
CONSECUENCIAS DEL “ÉXODO” MIGRACIONAL EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS EN RELACIÓN A ACTIVIDAD ECONÓMICA
En los resultados de la tabla N° 6, en relación a las consecuencias del “éxodo” migracional en tiempos de coronavirus en relación a actividad económica y frente la interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su percepción en este “éxodo” migracional según su actividad económica respecto a las consecuencias, que podrían ser: haber contraído enfermedades infecto respiratorias, escases de alimentación, vestido y techo o haber sufrido desidia e indiferencia de la población? Como respuesta en relación a esta interrogante, se puede apreciar que el 37 % (132 migrantes) responden que la consecuencia que han sufrido por haber contraído enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes que se dedicaban a la actividad de servicios de atención). Mientras que el 35 % (127 migrantes) refieren que la consecuencia más significativa fue la desidia e indiferencia de la población. En tanto que el 28 % (101 migrantes) expresan como percepción que fue la consecuencia escaso acceso a alimentación, vestido y vivienda.
Tabla N° 6: Percepción social de consecuencias de migrantes por actividad económica
N°
ACTIVIDAD ECONÓMICA
CONSECUENCIAS
TOTAL
%
E.I.RESP.
E.E.A.V.V.
D.I.POBLAC.
01De servicios de atención
83
69
79
231
64
02De construcción civil
35
21
33
89
25
03De comerciantes
14
11
15
40
11
TOTAL
132
101
127
360
100
PORCENTAJE
37
28
35
100
Fuente: Encuesta 2020
Leyenda:
E.I.RESP. Enfermedades infecto respiratorias
E.E.A.V.V. Escaso acceso a alimentación, vestido y vivienda
D.I.POBLAC. Desidia e in diferencia de la población
CONSECUENCIAS DEL “ÉXODO” MIGRACIONAL EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS EN RELACIÓN A EDAD
Como se puede apreciar en mayor detalle en la tabla N° 7, en relación a las consecuencias del “éxodo” migracional en tiempos de coronavirus en relación a la edad al que pertenecen y frente la interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su percepción en este “éxodo” migracional según su edad respecto a las consecuencias, que podrían ser: haber contraído enfermedades infecto respiratorias, escases de alimentación, vestido y techo o haber sufrido desidia e indiferencia de la población? Como respuesta en relación a esta interrogante, se puede apreciar que el 40 % (143 migrantes) responden que la consecuencia que han sufrido en mayor grado es haber contraído enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes cuyas edades fluctúan entre 16 a 25 años de edad). Mientras que el 32 % (118 migrantes) refieren que la consecuencia más significativa fue la desidia e indiferencia de la población. En tanto que el 28 % (99 migrantes) expresan como percepción que fue la consecuencia de escaso acceso a alimentación, vestido y vivienda.
Tabla N° 7: Percepción social de consecuencias de migrantes por edad
N°
EDAD
CONSECUENCIAS
TOTAL
%
E.I.RESP.
E.E.A.V.V.
D.I.POBLAC.
01De 16 a 25 años
87
55
69
211
59
02De 26 a 35 años
27
25
27
79
22
03De 36 a más años
29
19
22
70
19
TOTAL
143
99
118
360
100
PORCENTAJE
40
28
32
100
Fuente: Encuesta 2020
Leyenda:
E.I.RESP. Enfermedades infecto respiratorias
E.E.A.V.V. Escaso acceso a alimentación, vestido y vivienda
D.I.POBLAC. Desidia e in diferencia de la población
CONSECUENCIAS DEL “ÉXODO” MIGRACIONAL EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS EN RELACIÓN A SEXO
Tal como se puede apreciar en mayor detalle en la tabla N° 8, en relación a las consecuencias del “éxodo” migracional en tiempos de coronavirus en relación al sexo al que pertenecen y frente la interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su percepción en este “éxodo” migracional según su sexo al que pertenece, respecto a las consecuencias, que podrían ser: haber contraído enfermedades infecto respiratorias, escases de alimentación, vestido y techo o haber sufrido desidia e indiferencia de la población? Como respuesta en relación a esta interrogante, se puede apreciar que el 38 % (137 migrantes) responden que la consecuencia que han sufrido en mayor grado es haber contraído enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes que pertenecen a sexo masculino). Mientras que el 33 % (118 migrantes) refieren que la consecuencia más significativa fue la desidia e indiferencia de la población. En tanto que el 29 % (105 migrantes) expresan como percepción que fue la consecuencia de escaso acceso a alimentación, vestido y vivienda.
Tabla N° 8: Percepción social de consecuencias de migrantes por sexo
N°
SEXO
CONSECUENCIAS
TOTAL
%
E.I.RESP.
E.E.A.V.V.
D.I.POBLAC.
01Masculino
102
83
93
278
82
02Femenino
35
22
25
82
18
TOTAL
137
105
118
360
100
PORCENTAJE
38
29
33
100
Fuente: Encuesta 2020
Leyenda:
E.I.RESP. Enfermedades infecto respiratorias
E.E.A.V.V. Escaso acceso a alimentación, vestido y vivienda
D.I.POBLAC. Desidia e in diferencia de la población
Conclusiones:
PRIMERA:
Respecto a las causas del “éxodo” de migración poblacional en tiempos de Coronavirus de los años 2020-2021, considerando la apreciación de los resultados de la contrastación de hipótesis estadísticas de Chi-cuadrada, para las condiciones sociodemográficas relacionado a niveles de instrucción educativa, actividad económica, procedencia, edad y sexo, donde el valor de 36,444, comparada con el valor de la chi cuadrada tabulada de 3 grados de libertad de 7,82, es superior de donde se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; Por tanto, se concluye estadísticamente que, las causas del “éxodo” de migración poblacional en tiempos de Coronavirus de los años 2020-2021 SI ha tenido un comportamiento diferenciado de carácter sociodemográfico relacionado a niveles de instrucción educativa, actividad económica, procedencia, edad y sexo, los mismos que están relacionados a la falta de trabajo, recursos económicos y demanda negativa de venta producto de la pandemia del Covid-19, cuyos resultados está entre los que refieren tener en mayor porcentaje secundaria incompleta y completa).
SEGUNDA:
Considerando la significancia calculada en la tabla de la prueba de Chi-cuadrada para las consecuencias del “éxodo” de migración poblacional en tiempos de Coronavirus de los años 2020-2021, SI ha tenido un comportamiento diferenciado de carácter sociodemográfico relacionado a niveles de instrucción educativa, actividad económica, procedencia, edad y sexo, los mismos que están relacionados a la a enfermedades infecto respiratorias contraídas, escaso acceso de alimentación, abrigo y de vivienda; así como a la decidía e indiferencia de la poblaciones donde migraban, considerando que es igual a un valor de 36,444, comparada con el valor de la chi cuadrada tabulada de 3 grados de libertad de 7,82 y que el valor de probabilidad de error de 0,000 es inferior al parámetro 0,05 se evidencia que la prueba es significativa al 95% de confianza. Entonces como conclusiones más importantes está dada por los siguientes resultados: Respecto a las condiciones de nivel de instrucción educativa el mayor porcentaje responden que la consecuencia que han sufrido por haber contraído enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes que cuentan con estudios de secundaria; respecto a las condiciones de actividad económica el mayor porcentaje responden que la consecuencia que han sufrido por haber contraído enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes que se dedicaban a la actividad de servicios de atención); respecto las condiciones de procedencia geográfica el mayor porcentaje responden que la consecuencia que han sufrido en mayor grado es haber contraído enfermedades infecto respiratorios; respecto a las condiciones de edad el mayor porcentaje responden que la consecuencia que han sufrido en mayor grado es haber contraído enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes cuyas edades fluctúan entre 16 a 25 años de edad); y finamente, respecto a las condiciones de sexo el mayor porcentaje de los migrantes responden que la consecuencia que han sufrido en mayor grado es haber contraído enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes que pertenecen a sexo masculino).
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Palabras clave:
Migración, población, Coronavirus,
#04432 |
Desplazamiento humano forzado y hábitos alimenticios. El caso de las personas desplazadas del sur de Sinaloa, 2018-2019
El presente trabajo estudia el binomio desplazamiento humano forzado y hábitos alimenticios de una región del noroeste de México. El objetivo es explicar los cambios y los significados socioculturales de estos cambios en los hábitos alimenticios de estas personas desplazadas. Para esto, se realizó una revisión bibliográfica y hemerográfica, así como siete entrevistas a mujeres jefas de familia que viven en situación de desplazamiento forzado en Mazatlán, México, durante julio de 2018 a mayo de 2019. Los hallazgos dan cuenta de cómo la comida es una de las grandes pérdidas culturales y sociales del desplazamiento forzado. A diferencia de los migrantes voluntarios, la persona desplazada construye un discurso mucho más adverso y profundo en contra de los hábitos alimenticios de la ciudad. Además, para ellos el cambio alimenticio significa trastornos en su relación con su comunidad, su territorio, sus costumbres y sus derechos.
#04653 |
Políticas Públicas: morbilidad y mortalidad materna e interrupción del embarazo. Diagnóstico a partir de las experiencias de mujeres migrantes en salud sexual y reproductiva en contextos humanitarios en Colombia.
Ante el fenómeno social migratorio de mujeres venezolanas, su alto y constante flujo a Colombia, la presente ponencia tiene como objetivo exponer el panorama actual en contextos humanitarios de la salud sexual y reproductiva de la población migrante venezolana a Colombia; en términos de los alcances y retos de las políticas públicas dirigidas hacia la morbilidad y mortalidad materna e interrupción del embarazo, además de los enfoques en los cuales se fundamenta el acceso y las garantías a servicios en salud sexual y reproductiva oportuna, integral y de calidad.En primera medida se realizará un análisis documental de la importancia de la salud sexual y reproductiva en contextos humanitarios, la responsabilidad y el apoyo institucional y estatal que tienen los gobiernos para con la población migrante; sus respuestas y problemáticas como lo es la falta de financiación y articulación. En segunda medida las necesidades y situaciones que enfrentan y a las que son expuestas las mujeres migrantes. Para finalmente hacer el análisis de cuáles acciones se han articulado en salud sexual y reproductiva en Colombia, a partir de los planes nacionales de respuesta migratoria e informes y diagnósticos de las necesidades insatisfechas en salud sexual y reproductiva de la población migrante.
#04824 |
Proyecto: Derecho y acceso a la salud de los migrantes: Trayectorias de atención a la salud de personas en movilidad por ciudades del noreste de México y región del Valle de Texas. Grupo de Trabajo PRONACES.
Emma Alexandra Zamarripa Esparza1
;
Karla Villareal Sotelo
2
;
Cinthya Marisol Vargas Orozco
2
;
Karla Lorena Andrade Rubio
2
;
Simón Pedro Izcara Palacios
2
1 - Universidad Autónoma de Nuevo León.2 - Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Las personas migrantes en tránsito son consideradas un colectivo vulnerable a quien en reiteradas ocasiones no se le garantizan sus principales derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Entre éstos se encuentra el derecho a la salud física y emocional, ya que en durante su trayecto se encuentran expuestos a accidentes, lesiones, violencia, enfermedades, ansiedad y estrés; padecimientos que en la mayoría de los casos no son atendidos derivado de que este grupo no cuenta con información suficiente sobre los servicios de atención médica que ofrecen las instituciones de salud o las organizaciones civiles. México es uno de los países con mayor tránsito migratorio y a través de la Secretaría de Salud y su Sistema de Información en Salud (SINAIS) se han podido identificar los procesos de salud-enfermedad y atención de las personas migrantes en tránsito, sin embargo, no existe un registro de los que son atendidos en los albergues, casas de migrantes o refugios. Por lo anterior, el proyecto PRONACES “Derecho y acceso a la salud de los migrantes: Trayectorias de atención a la salud de personas en movilidad por ciudades del noreste de México y región del Valle de Texas” tiene como objetivo identificar las trayectorias de salud de las personas migrantes en espacios públicos, privados y civiles para proteger y garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes en tránsito por México y que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. En ese sentido, la presente ponencia tiene como objetivo presentar a la comunidad académica y estudiantil las características del proyecto, sus objetivos y grupos de trabajo, así como el Expediente Digital de Salud Migrante que permite recopilar y almacenar información sobre la historia clínica de las personas migrantes, notas médicas y recetas, valoraciones físicas realizadas por personal de salud, el estado de salud psicoemocional y una ficha social. Los resultados del proyecto y de la plataforma permitieran “construir insumos conceptuales y metodológicos para facilitar la integración de personas en movilidad al derecho a la salud integral (psíquica, física y social) en condiciones de igualdad y transversalidad de género. Además de “generar conocimiento sobre el bienestar biopsicosocial y los mecanismos de atención a la población migrante en tránsito en materia de salud en la región Noreste del país y el condado de Hidalgo, Texas”.
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Migración, Salud y COVID en Japón. Transnacionalismo y Fragilidad.
En 1885, Japón, incapaz de emplear a su población remanente producto de la deflación, se vio forzado a recurrir a la migración a ultramar, específicamente hacia las Américas. Cien años después, a finales de la década de los noventa del siglo XX, su desesperada búsqueda de mano de obra confiable si bien no calificada, llevó al país asiático a abrir sus puertas a los descendientes de aquellos migrantes y, muy pronto, en una suerte de boomerang, se desencadenó un casi violento aumento en la peregrinación de nikkeijin[1]latinoamericanos a Japón.
A pesar de que, en los albores de esta explosión migratoria a Japón, a comienzos de la década de 1990 predominaba una narrativa que confería importancia a los vínculos de sangre con el país asiático, a partir de finales del siglo XX se hizo evidente la dificultad de apuntalar esta categoría. Las fronteras étnicas -de clase o nacionalidad- se hacen cada vez más difusas y la experiencia dekasegui requiere de historias alternativas. Al día de hoy, la ciudadanía japonesa continúa inmersa en un acalorado debate sobre la inserción de los extranjeros en la sociedad. En abril de 2009, y esta vez a causa de la inflación, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, en un intento por paliar el aumento del desempleo entre los trabajadores latinoamericanos, lanzó un programa de ayuda a la repatriación de nikkeijin,
Es sabido que, por lo general, los inmigrantes tienen una probabilidad siete veces mayor a la del resto de la población de sufrir trastornos depresivos, debido en buena medida a la sensación de derrota social, hecho que aumenta el riesgo de padecer trastornos mentales. En el caso de Japón, y de acuerdo con la Dra. Ukawa Kō,[2] profesora asociada de la Universidad Taishō y directora de la Asociación Japonesa de Psiquiatría Transcultural, los especialistas de esta última facilitan a los extranjeros el acceso a la atención médica mediante campañas de educación, denominadas apoyo psicológico.
Ante el aumento en la tasa de suicidios en Japón, en febrero del 2021 se hizo necesaria la fundación de un Ministerio de la Soledad, con el propósito de enfrentar la tristeza ocasionada por la pandemia, y que supuso, amén del gran desafío a la productividad de los japoneses a través de las exigencias del trabajo en línea, el agravado estado anímico de todos los individuos, migrantes incluidos.
[1] Descendientes de japoneses nacidos en otras tierras.
[2] Ukawa Kō se especializa en Antropología Cultural. Sus investigaciones se centran en los problemas relacionados con el embarazo, el alumbramiento y la crianza de los hijos de las refugiadas vietnamitas.
Introducción:
La llegada masiva de trabajadores extranjeros a Japón efectivamente tuvo lugar a partir de la reforma de la Ley de Migraciones de 1989 (oficialmente 1990), como consecuencia de una aguda escasez de mano de obra en el sector manufacturero desde finales de los ochenta. El trabajo en las fábricas resultaba para los jóvenes japoneses: Kitanai, Kiken y Kitsui, refrito del inglés en el que sus contrapartes estadounidenses expresaban no querer hacer más un trabajo: Dirty, Dangerous y Difficult, pero para el que los nacionales iraníes, amén de los chinos, filipinos, coreanos, pakistaníes y demás ciudadanos del mundo no resultaron ser una solución viable. Ya en octubre de 1990, esta carencia había provocado que cincuenta y una empresas japonesas se declararan en bancarrota,[1] lo que dio pie a que, a lo largo del segundo semestre del mismo año, entre treinta y cincuenta mil hombres y mujeres latinoamericanos de ascendencia japonesa, atraídos por los altos salarios que habían sido establecidos especialmente para ellos, llegaran a Japón para trabajar.
Hoy la población de más de sesenta cinco años más numerosa del mundo, ciudades densamente pobladas y, hoy todavía, un muy alto índice de consumo de tabaco, hacen a los japoneses especialmente vulnerables a la pandemia por Covid-19 y, sin embargo, las noticias publicadas no reflejan mayores consecuencias frente a esta situación…
“La migración seguirá siendo importante para el crecimiento económico y la innovación, así como para responder a los mercados laborales rápidamente cambiantes”, declaró el entonces Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, al presentar el informe con la comisaria europea para Asuntos Internos Ylva Johansson. “Tenemos que evitar el retroceso en el tema”.
La emergencia por la pandemia ha visibilizado vulnerabilidades estructurales preexistentes, creando -a la vez- vulnerabilidades específicas emergentes de la nueva situación, una situación disruptiva que genera altos niveles de estrés individual y colectivo. Para muchas personas ha implicado, asimismo, una situación trágica a causa de las pérdidas que han debido afrontar: pérdida de seres queridos, de la salud, de la vivienda, de bienes, o del empleo.
Algunas de las consecuencias han sido el surgimiento de manifestaciones emocionales como angustia, desconfianza, ansiedad, temor al contagio, enojo, irritabilidad, sensación de indefensión frente a la incertidumbre y la impotencia. Y han surgido también expresiones de discriminación y estigma frente a las personas diagnosticadas con COVID-19, enfermedad que como se sabe es transmisible, nueva y desconocida.
Los trabajadores migrantes han estado en la primera línea de la crisis. Representan un gran porcentaje de la fuerza laboral de salud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, uno/a de cada cuatro son doctores en Medicina y uno/a de cada seis, enfermeros/as. En muchos países de la OCDE los inmigrantes conforman más de un tercio de la fuerza laboral en otros sectores clave, como el transporte, la limpieza, la elaboración de alimentos y los servicios de TI (cualquier recurso digital o electrónico -de software o hardware- que la organización ponga a disposición de los usuarios para aprovechar sus grandes beneficios).
Cierto, los migrantes están muy expuestos a los impactos de la pandemia sobre la salud, por su trabajo en la primera línea durante la enfermedad, pero también a vulnerabilidades relacionadas con, por ejemplo, las condiciones de vivienda y pobreza.
La realidad es que los trabajadores migrantes no sólo perdieron sus empleos durante la pandemia, sino que fueron excluidos de las redes de seguridad social y se enfrentaron a la estigmatización y la discriminación tanto en el extranjero como de vuelta al terruño. Algunos gobiernos afirmaron que la ayuda a los trabajadores migrantes era responsabilidad de sus países de origen. Cuando en algunos casos las autoridades brindaron ayuda alimentaria, asomaron reacciones xenófobas en las redes sociales. Lo sabemos bien en México.
Gran parte de los avances de la década pasada en cuanto a tasas de empleo entre los inmigrantes han desaparecido por la pandemia. En todos los países con información disponible, el desempleo de los inmigrantes aumentó más que entre sus pares nativos.
[1] Cinco veces las de enero y octubre de 1988.
Desarrollo:
El Sistema de Salud japonés
De acuerdo con el Sistema de Salud japonés, el seguro de salud es obligatorio para sus residentes. Existen ocho sistemas de seguro de salud en Japón con unas 3.500 compañías aseguradoras, y el Sistema se divide en dos grandes estamentos: El Seguro Nacional de Salud para los trabajadores independientes y los estudiantes. El seguro social es habitualmente para los empleados corporativos.
Los hospitales son tanto públicos como privados y los pacientes pueden acceder al de su preferencia sin restricciones; el acceso es universal. Japón tiene costos en salud más bajos que el promedio de la OCDE. Existen tres veces más hospitales per cápita que en Estados Unidos. Por cada mil habitantes el número de camas hospitalarias es de 8,1. El paciente promedio visita al médico trece veces por año, lo que significa más del doble del promedio de los países de la OCDE.
Parece entonces que no hay mucho qué censurar a Japón en cuanto a calidad y resultados, habida cuenta de su:
Mejor sobrevida de cáncer gástrico entre los países industrializados Mejor sobrevida de enfermedad renal crónica entre la OCDE (11) Mejor sistema de terapia dialítica entre la OCDE (11) Esperanza de vida promedio de ochenta y tres años
En breve, que la participación de los gastos en salud dentro del producto interno bruto de Japón sigue por encima del 10.9 por ciento. Entonces, ¿por qué los inmigrantes -nikkeijin o no- forman parte de la marginación social? La emergencia por la pandemia ha visibilizado vulnerabilidades estructurales preexistentes, creando -a la vez- vulnerabilidades específicas emergentes de la nueva situación, una situación disruptiva que genera altos niveles de estrés individual y colectivo.
Acciones tomadas por el Gobierno de Japón, incluido el Ministerio del Exterior
En enero de 2020, el Gobierno de Japón creó la “Oficina de Asistencia contra los Contagios del Nuevo Coronavirus” para trabajar íntegramente contra la pandemia. A partir de entonces, el gobierno, en estrecha coordinación con los órganos gubernamentales involucrados en esta tarea, ha intensificado el control fronterizo, ha apoyado la repatriación de los ciudadanos residentes en el extranjero y de la tripulación y turistas de cruceros, etcétera. En marzo, el entonces primer ministro Abe Shinzō (recientemente asesinado de un tiro en la ciudad de Nara) y el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, alcanzaron el acuerdo para aplazar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, con los resultados que hoy todos conocemos.
Ante la propagación del coronavirus, el gobierno decretó el estado de emergencia en abril (que fue levantado al mes siguiente). Medida mediante la que el gobierno solicitaba a sus ciudadanos que permanecieran en casa, excepto en casos necesarios y urgentes, así como el cierre de las escuelas, la reducción del horario de apertura de locales comerciales, la suspensión del uso de instalaciones recreativas, etcétera. Sin embargo, para minimizar el impacto negativo en la sociedad y la economía, estas medidas basadas en el estado de emergencia eran una “solicitud”, por lo que no se contemplaba la prohibición de salir de casa ni sanciones a los infractores, lo cual era una situación diferente del confinamiento de ciudades que aplicado en la mayoría de los países de Europa y Estados Unidos.
Paralelamente, el Consejo de Ministros aprobó en el mismo mes un paquete de medidas económicas internas urgentes orientadas a combatir la pandemia, que buscaban el mantenimiento del empleo y de las actividades empresariales y la reactivación de las actividades económicas, así como de cooperación internacional, como el apoyo a los países en desarrollo y el fomento del desarrollo de la medicina y las vacunas contra el COVID-19 etcétera. Y ya en diciembre aprobó otras medidas económicas integrales que incluyen la cooperación internacional con vistas al fin de la pandemia.
El hecho es que el Gobierno de Japón ha introducido una amplia variedad de medidas contra la pandemia. Sin embargo, ante una nueva ola del COVID-19 que tuvo lugar desde noviembre de 2020, especialmente en Tokio, nuevamente fue decretado el estado de emergencia en enero de 2021 para Osaka, Kioto y otras ocho prefecturas además de Tokio (regiones todas en las que en marzo fue levantado). Cabe destacar que se modificó la legislación pertinente el mes de febrero para poder penalizar a los hosteleros que se negasen a ejecutar la orden oficial de reducir el horario comercial o cerrar sus locales, así como a quienes se opusieran a hospitalizarse pese a la recomendación al respecto.
Concretamente, su Libro Azul Diplomático 2021, cita las siguientes tareas:
Acción orientada a reforzar las medidas contra el COVID-19 a nivel mundial
Liderazgo en la coordinación internacional con vistas al desarrollo y la compra de vacunas además de la atención médica.
Ayuda a los países en desarrollo
Ayuda a la lucha contra las enfermedades contagiosas y fortalecimiento del sistema de salud y atención médica de los países en desarrollo.
Apoyo al mantenimiento, la reactivación y la resiliencia de las actividades económicas de los países en desarrollo.
Asimismo, Japón ha puesto en marcha mecanismos de cooperación financiera reembolsable con carácter urgente contra la crisis pandémica por un máximo de 500.000 millones de yenes concedidos durante dos años -desde abril de 2020 hasta marzo de 2022- a los países en desarrollo de la región Asia-Pacífico entre otros, con los que Japón guarda una estrecha relación económica, concretamente a Filipinas, Indonesia, India y además de otros países (50.000 millones de yenes a cada uno). Este préstamo tiene como objetivo financiarlos, de modo que puedan introducir medidas económicas de forma flexible para combatir la crisis. Los créditos en yenes tendrán condiciones favorables para los países beneficiarios, como bajos intereses (0.01 por ciento) o préstamo desvinculado, lo cual contribuye al mantenimiento y la reactivación de la económica de los países en desarrollo de la región que se vieran afectados gravemente por el COVID-19.
En cuanto a la Salud internacional, el gobierno japonés afirma que el sector sanitario es sumamente importante porque la salud “protege” a la persona y “hace florecer su capacidad”; se trata, dice, de una interpretación de la seguridad humana. Bajo la promesa de “no dejar a nadie atrás” y para promover la “cobertura universal de salud”, Japón ha trabajado en colaboración con otros países y organismos internacionales y cosechado grandes avances en materias como la lucha contra enfermedades infecciosas, la salud materno-infantil y la mejora de la nutrición. En plena propagación del COVID-19, Japón ofrece servicios de salud y asistencia médica contra el coronavirus a los países en desarrollo y apoya la construcción de un centro de salud contra enfermedades infecciosas de la ANSEA (Asociación de Naciones del Sureste Asiático), de modo que -a mediano y largo plazo- se establezca un mecanismo de atención médica y sanitaria fuerte, inclusivo y de calidad. Igualmente, impulsó esfuerzos a nivel global para mejorar la nutrición con vistas a la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento, que fuera celebrada en Tokio el mes de mayo de 2021.
Principales efectos económicos de la migración laboral
Haciendo a un lado el tema de la xenofobia japonesa, hay que tener presente que muchos países con economías avanzadas enfrentan problemas en el mantenimiento de sus respectivos sistemas de pensiones debido a que los cambios en la estructura de los mercados laborales y la globalización financiera les han dificultado la cimentación de una base consistente así como contribuciones suficientes para los sistemas de pensiones (Bonoli, 2003) Otro importante motivo de apremio sobre los programas de pensiones ha sido el envejecimiento de la población, que agrava la crisis de las pensiones al alterar el radio entre contribuyentes y recipientes en los distintos programas (Schludi, 2005). Como respuesta, muchos países han modificado sus sistemas de pensiones y/o disminuido los gastos que éstas ocasionan.
En lo que hace a la migración internacional y los sistemas públicos de pensiones, sucede que, en la gran mayoría de los países desarrollados, los migrantes suelen ser más jóvenes que la población nativa. Una de las razones de ello es que la edad avanzada desalienta la migración: la gente mayor es disuadida de migrar debido a que el periodo en el que puede aspirar a un ingreso mayor en el país receptor es breve. Por otra parte, es a causa de que la mayoría de los trabajadores migrantes son jóvenes que reciben menos beneficios, es decir, a pesar de pagar más de lo que reciben por el sistema de pensiones, quienes se benefician con este flujo migratorio son los pensionados.
Estudios subsecuentes simulan modelos matemáticos usando estadísticas, así como efectos de la migración cuantificada sobre sistemas de pensiones. No obstante que las estimaciones específicas varían con los estudios dependiendo de los métodos, los modelos y las consideraciones hechas, la mayoría de estos estudios arrojan efectos migratorios positivos sobre los sistemas de pensiones (Bongaarts, 2003; Dang, Antolin, & Oxley, 2001; Lee & Miller, 2000).
Es sabido que las poblaciones de los países industrializados son considerablemente viejas, hecho que representa una de las razones que aumentan la presión sobre las pensiones públicas que tratan de aumentar las tasas de fertilidad para mitigar el envejecimiento de su población y reformar sus sistemas de beneficencia. En adición a estas políticas, algunos países se dan cuenta de que estos sistemas son capaces de beneficiar desde el flujo de migrantes mientras que mantienen niveles apropiados para la inmigración.
Así, abreviando los temas que atañen a un pacto intergeneracional, la redistribución y la reforma de las pensiones, habría que señalar que las consecuencias de incrementar la presión fiscal de manera progresiva, destinando una mayor porción de la renta disponible a las pensiones, implican una redistribución desde las capas más jóvenes hacia las más ancianas de la sociedad, desequilibrando el pacto intergeneracional a favor de estos últimos (y por supuesto cuando los actuales jóvenes llegasen a su edad de jubilación exigirían igual pago).
En suma, el cambio demográfico previsto resulta tan brusco que el incremento en la presión fiscal necesario sería enorme; el precio para la economía saldría demasiado alto.
Se sabe también que otra posible cuantificación sería la edad de jubilación; pero como ésta no es el caso de Japón, que por lo visto hasta el día de hoy no parece desear que los trabajadores inmigrantes -nikkeijin o no- permanezcan en el país, no se toca aquí.
Lo cierto es que los ciudadanos del mundo hoy todavía asumen que, si pagan sus impuestos, en el futuro recibirán una pensión igual o más o menos parecida a su salario, aunque no hay nada que les garantice que así será. Sin embargo, si las expectativas comienzan a deteriorarse de manera clara debido a las malas perspectivas económicas y demográficas, esta confianza puede erosionarse. Es decir que, si los costos de cooperación no están claros, cooperar puede dejar de ser una idea tan fantástica.
La única forma totalmente segura de evitar que se rompa el pacto de cooperación entre generaciones es rompiéndolo ante los propios ciudadanos, lo que significa pasar de un sistema tipo PAYG a otro basado en fondos individuales, en los que cada individuo se dedica a ahorrar hasta llegada su jubilación y el Estado -o una entidad privada- se encarga de que estos ahorros no pierdan valor por la inflación, o incluso se revaloricen, a través de inversiones. Obviamente, los costos en términos de igualdad de esta reforma son enormes al reproducir totalmente la distribución de riqueza en la vida laboral. Además, rompe el mecanismo de compartir riesgo ante shocks que implica tener un sistema del tipo PAYG: cada uno estaría, de nuevo, más solo ante el peligro. No parece, por tanto, una reforma deseable.
Algunas precisiones convenientes.
Si bien todo parece indicar que la movilidad no volverá a sus niveles anteriores en el corto plazo, debido a los recortes en la demanda de mano de obra, a las constantes y severas restricciones para viajar y al uso generalizado del trabajo a distancia entre los trabajadores altamente calificados, amén del aprendizaje a distancia por parte de los estudiantes, la reanudación de la migración será un factor importante para impulsar la recuperación tras la pandemia, si la movilidad humana sigue siendo segura e integradora, y respeta los derechos humanos y las normas laborales internacionales.
No obstante, convertir la migración en un factor de desarrollo sostenible requiere que los gobiernos, los empresarios, los sindicatos y otras partes interesadas promuevan la integración socioeconómica de los migrantes como una prioridad. La integración empodera a los migrantes al fomentar su inclusión sostenible y su contribución a las economías locales. Para alcanzar una restauración vigorosa y efectivamente incluyente, será imprescindible la adecuada formulación de políticas de migración e integración.
Tal como han señalado Martha Newton, Directora General Adjunta de Políticas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y Asako Okai, Directora de la Oficina de Crisis del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo): “a medida que salimos de la pandemia de la COVID-19, trabajar por la inclusión de los migrantes, hacer que la migración sea más segura, más ordenada y más regular, promover la cohesión social y lograr la integración evitará que otras crisis tengan efectos adversos similares. La recuperación nos ofrece una opción: volver a lo de siempre o hacer que la migración funcione para todos”.[1]
Lo cierto es que la inmigración ha sido no sólo objeto de regulación y control, sino frecuentemente de restricción e incluso de persecución y estigmatización. En sentido contrario al reconocimiento del derecho a emigrar, como condición inherente al principio de libertad de tránsito, la internación de nacionales de otros países se enfrenta a la prevalencia del derecho del estado receptor por encima del derecho individual.Ya desde largo tiempo atrás, Alba señalaba: "la emigración se considera un derecho humano; la inmigración no" (Alba, 1992:7).[2]
La movilidad territorial de la población, en su sentido amplio, es un fenómeno que ha estado presente en todos los estadios de la historia de la humanidad. Sin embargo, sus expresiones (composición, magnitudes, direccionalidad, motivaciones y alcances) han diferido en los desiguales contextos en que se han desarrollado. En tanto procesos sociales, las migraciones están inmersas en la dinámica y el comportamiento de los distintos actores en una coyuntura dada; ello determina que su apreciación y tratamiento están permeados por la óptica que cada uno de ellos posee respecto del fenómeno.
Las poblaciones migrantes constituyen grupos altamente vulnerables en cuanto a la vigencia de sus derechos fundamentales. Algunas razones para sustentar tal afirmación tienen que ver con sus características y perfiles más generales. Si bien es cierto que la desigualdad social es uno de los factores determinantes de la movilidad actual, también existen evidencias de que las poblaciones migrantes casi nunca son las más pobres; si bien está demostrado que no son los más pobres los que constituyen los contingentes mayoritarios dentro de la migración, el auge de los niveles de pobreza sí refleja procesos de depauperación de amplias capas de la población que incorporan nuevos grupos sociales a los flujos migratorios. Dos razones para ello son: 1) que la migración tiene un costo económico que es preciso sufragar individual o familiarmente; y 2), que los mercados laborales demandantes, a su vez, tienen algún grado de selectividad. No obstante, su inserción social y laboral ocurre casi siempre en circunstancias desventajosas para ellos.
[1] Organización Internacional del Trabajo (OIT)
[2] Francisco Alba, “Dilemas globales de la migración internacional”, Centro de Estudios Demográficos, Vol. 8, Núm. 2, El Colegio de México, mayo-agosto de 1993.
Conclusiones:
El dilema de las políticas migratorias: ¿soberanía o derechos humanos?
Se reconoce que la mayoría de los movimientos poblacionales del mundo contemporáneo obedecen a motivaciones vinculadas con las condiciones materiales de vida. la agudización de las desigualdades sociales, por un lado, y la constitución de mercados laborales como consecuencia de la expansión capitalista, por el otro, dos factores esenciales en la generación de los movimientos migratorios que caracterizan nuestra era. Sin embargo, no son los únicos y de ahí que se admita -aunque con un insuficiente conocimiento riguroso y detallado- la existencia de una gran diversidad y complejidad en la movilidad actual de la Población (United Nations Secretariat, 1994:1 y ss.).
Desde la fundación misma del Estado moderno, un elemento constitutivo de su definición incluyó la noción de jurisdicción en un territorio dado. Así, las fronteras de los estados han delimitado los alcances de su legalidad y de su actividad. Una conceptualización formal y limitada de frontera puede restringirlas a los límites territoriales de los ámbitos de la soberanía en el ejercicio del poder por parte de los Estados (Fóucher, 1986:56-58), de “Migración y Derechos Humanos”: por extensión, son los confines de la vigencia de la identidad de los pueblos, Así como de su sentido de nacionalidad (Ibid., Bustamante, 1989 -nota crítica-; Lozano R., 1990), y del ejercicio de la ciudadanía (Barbalet, 1988).
A pesar de ello, la categorización de estos elementos de índole cultural es objeto de amplia polémica, tanto por su naturaleza subjetiva, como por el hecho de que su conformación es un proceso históricamente condicionado (Habermas, 1994). Por todo ello, las fronteras son punto de ruptura y discontinuidad entre realidades con entornos geográficos socialmente construidos, marcos de relaciones sociales y procesos históricos diferentes, producto y síntesis de dinámicas y relaciones propias de los países que dividen, pero a veces también de las regiones más amplias en las que se inscriben (Durkheim, 1986), es decir, son el punto crucial que demarca los límites entre las naciones. Son el punto de ruptura discontinuidad entre realidades con entornos geográficos socialmente construidos, marcos de relaciones sociales y procesos históricos diferentes, producto y síntesis de dinámicas y relaciones propias de los países que dividen, pero en ocasiones también de las regiones más amplias en las que se inscriben.
Habermas asienta que una persona se convierte en migrante, en el otro en oposición al nativo en cuanto cruza la línea fronteriza que divide un Estado del otro y que en muchos casos trae consigo un cambio cultural, pero hay algo que destacar y es que las fronteras: su conformación es un proceso históricamente condicionado (Habermas, 1992).
En el Derecho Internacional “es una máxima aceptada que toda nación soberana tiene el poder, inherente a su soberanía y esencial para su auto-preservación, para prohibir la entrada de extranjeros dentro de sus dominios o para admitirlos sólo en ciertos casos y bajo algunas condiciones que pueden ser prescriptibles” (Citado en Goodwin Gill, 1989: p. 526)109.
Por todo ello, no resulta estéril hablar de la importancia de las fronteras en el contexto de las migraciones y de los derechos de las poblaciones migrantes. A las fronteras se las relaciona con las nociones mismas de nación, de nacionalidad, de ciudadanía, pero también de extranjería, de ámbito dónde ocurren con mayor intensidad las migraciones y en donde las posiciones nativistas más recalcitrantes pueden demandar las máximas expresiones de la oposición nativo / extranjero. Es allí donde se exige una defensa vigorosa de los intereses de la nación y donde se puede ejercer frente a la supuesta amenaza implícita en el otro polo de la oposición: el extranjero, el inmigrante (Bustamante, 1994).
El Estado-Nación fue fundado con el objeto de proteger y salvaguardar los derechos de los connacionales frente a sí mismos, pero en los hechos también ha desarrollado una vigorosa oposición frente “al otro”.
Manifiestamente, la ambigua identidad cultural de los nikkeijin presume un meollo de roce en una sociedad tan maliciosa acerca del concepto de "el otro" -como es la japonesa- evidentemente derivado de la mentalidad sakoku,[1] y hoy comprometida a mansalva por los hijos ynietos de su diáspora a un cambio de arquetipo que -más a la corta que a la larga- hará de Japón una sociedad multiétnica.
Alcanzar el replanteamiento de los derechos humanos de las poblaciones migrantes representa un gran desafío. Se trata de enfrentar un fenómeno complejo cuyas raíces se remontan no sólo a las desigualdades estructurales de los países de origen, sino también a las cada vez más globalizadas, pero paradójicamente polarizadas, relaciones internacionales.
La migración laboral se ha incorporado de diferentes maneras como parte de este proceso. Por un lado, el capital global impulsa la migración y determina sus patrones, direcciones y formas. La migración constituye un importante factor en la realización de transformaciones sociales fundamentales de las áreas tanto de origen como de destino. De manera que la migración es una parte integral de los procesos de globalización y transformación social, así como una fuerza primordial en sí misma que rediseña a las comunidades y a las sociedades; es decir, las transformaciones sociales inherentes a la globalización no sólo afectan el bienestar económico.
[1] Política aislacionista seguida por el shogunato Tokugawa de 1641 (1603) a 1853-54.
Bibliografía:
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El presente resumen se inscribe al grupo de trabajo 22(GT22), como parte de la línea temática 9, que versa acerca de las formas de integración y reintegración en las sociedades de origen, tránsito y destino. A desarrollar a través de las experiencias de personas centroamericanas que en tránsito irregular por México o por desplazamiento forzado llegaron al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) considerada como geografía de paso, entre 2016 y 2021. Y se quedaron , al menos, de manera temporal en dicha metrópoli debido a que concluyeron los trámites de alguna de las formas de protección internacional (refugio, protección complementaria) por la que son reconocidos con un estatus legal mediante una figura jurídica que representa la facultad de derechos y obligaciones de las que gozamos los mexicanos.En otras palabras se trata de derechos que les dotarían de las condiciones objetivas óptimas para integrarse, sin embargo, este concepto rector debe ser discutido y observado a la luz de considerarse como un elemento de la discursividad política que difumina las vivencias de estos jóvenes de origen centroamericano de quienes se infiere que al llegar y regularizar su estatus migratorio en el país consiguen integrarse pero que apenas logran insertarse en el mercado laboral flexible y que difícilmente pueden continuar con sus estudios universitarios.Estas reflexiones forman parte de los avances de mi proyecto de investigación doctoral, que tiene como base empírica la realización de entrevistas cara a cara de tipo semiestructuradas y a profundidad llevadas a cabo, principalmente, con jóvenes hondureños, en el periodo de 2020 - 2021. Para lo cual concentraré la reflexión en las trayectorias: laboral y educativa de estos centroamericanos como evidencia de sus experiencias en dos ámbitos constituyentes de la integración; el primero como vía para obtener los medios de vida y el segundo como un acceso a programas de conocimientos que dotan de independencia y autosuficiencia a la persona.Entonces ¿la integración trata, solamente, de reconocimiento y goce de derechos o incluye la subjetividad de la persona a sentirse parte del lugar, a sentirse valiosa y reconocida en el lugar de llegada?, ¿qué respuestas ensayan estos jóvenes acerca de “estar/ser o sentirse integrados”? para responder dichas cuestiones recurriré a la experiencia de Dracco, Perseo y Hércules.Palabras clave: Insertar. Integración. Protección internacional. Experiencias.
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A presença de estudantes migrantes latino-americanos na Rede Municipal de Ensino de Curitiba (RME).
De acordo com o relatório Anual do Observatório das Migrações Internacionais (2020), o quantitativo de imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiados no Brasil aumentou consideravelmente nos últimos anos. Esta realidade vem gerando amplas discussões por parte de profissionais ligados a diferentes áreas do conhecimento, os quais buscam compreender aspectos ligados a este movimento, de modo a encontrar soluções tanto em termos de políticas de acolhimento como de metodologias para as demandas que envolvam, direta ou indiretamente, os processos de migrações tanto internacionais quanto nacionais.No interior desta problemática, evidencia-se então a questão do acesso aos serviços públicos por parte da população migrante, destacando-se, de modo específico, a inserção deste grupo no ensino regular brasileiro. Tal fato evidencia que a educação passa a ser tema fundamental na busca pela compreensão do fenômeno da migração na perspectiva dos processos de produção cultural e dos conhecimentos escolares no tempo presente, o que implica considerar, como lembra Ione Ribeiro Valle (2014,p.18) que os saberes escolares passam a ocupar um lugar fundamental na criação de uma nova dinâmica escolar que contemple as especificidades de determinadas identidades culturais (gênero, raça/etnia, geração, religião, sexualidade, necessidades especiais), tradicionalmente marginalizadas – ou até mesmo ignoradas – nos procedimentos educacionais .Neste contexto, configura-se, a realidade da Rede Municipal de Ensino (RME) da cidade de Curitiba, no estado do Paraná, Brasil. Rede esta que, nos últimos anos, vem recebendo número crescente de estudantes migrantes em suas unidades escolares. Esta comunicação, portanto, tem como objetivo analisar este fenômeno, no período entre 2014 e 2020. A partir de uma perspectiva decolonial, que defende uma pedagogia que se opõe a visões conservadoras e arbitrárias que visualizam a escola como um espaço alheio à experiência dos sujeitos, e com base na documentação que contém informações sobre os estudantes migrantes, o trabalho visa traçar o perfil deste grupo constituído sobretudo de migrantes latino-americanos provenientes do Haiti e da Venezuela.
#01773 |
El Derecho a la Educación como parte del proceso de integración de migrantes retornados a Guadalajara, México
El objetivo en esta ponencia, es exponer los retos que enfrentaron y enfrentan las familias, jóvenes, niñas y niños retornados de Estados Unidos para integrarse al sistema educativo mexicano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Recupero información de entrevistas realizada a funcionarios del sector educativo, profesores, familias, jóvenes y menores migrantes como parte de un proyecto de largo aliento, presentando los avances y desafíos para el acceso a la educación de jóvenes, niñas y niños. Como se ha planteado en otros textos “La educación en México es una política de Estado, de ahí la relevancia de analizar los mecanismos que se establecen para la incorporación, integración y registro en el Sistema Educativo de la población migrante reconociéndola como sujeto de derecho”, sin embargo, el derecho a la educación no siempre se cumple, particularmente cuando nos referimos al migrante de retorno “contemporáneo”, hombres, mujeres, familias que tuvieron una estancia prolongada en Estados Unidos, familias con hijos/hijas con diferente nacionalidad (mexicano y/o estadounidense), que no conocen la tierra de sus padres o no recuerdan la propia, que enfrentan dificultades para comprender el español en la escuela, así como la imposibilidad de algunos padres de obtener la doble nacionalidad de sus hijos, por sólo mencionar algunos retos que persisten a la fecha.
#01820 |
Educação e trabalho: perfil de refugiados no Brasil
De acordo com a Alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), pessoas que saíram de seus países por fundado temor de perseguição por motivos de raça, nacionalidade, religião, opinião política, conflitos armados e casos de violação dos direitos humanos são consideradas refugiadas (ACNUR, 2022). Os direitos dos refugiados estão amparados pela Convenção de Genebra (1951) e pela declaração de Cartagena, entre outros (1984) (Oliveira, 2020).Atualmente, há no mundo vinte e seis milhões de refugiados e outros três milhões de solicitantes. Soma-se a esse contingente mais de oitenta milhões de deslocados internos (ACNUR, 2020). Dados do Observatório da Migração apontam que no Brasil, entre 2011 e 2019, foram feitas duzentas e quarenta mil solicitações, envolvendo setenta e quatro nacionalidades, com destaque aos venezuelanos, haitianos e cubanos (Obmigra,2020). Entre refugiados e pessoas com visto temporário de acolhida humanitária, grande parte encontra-se desocupada ou ocupando postos do mercado informal.Muitos refugiados têm um perfil de instrução elevado. De acordo com o relatório Perfil Socioeconômico dos Refugiados no Brasil (CSVM, ACNUR, 2019), refugiados possuem níveis de instrução superiores à média nacional. Nesta pesquisa foram entrevistados 498 refugiados no Brasil, e deste total, 242 informaram ter concluído o Ensino Médio, enquanto 151 possuíam Ensino Superior completo. No mais, muitos são falantes de duas ou mais línguas. Tal pesquisa aponta ainda que os refugiados, quando empregados, ocupam postos de trabalho não condizentes com seu grau de instrução, , o capital cultural e educacional que adquiriram ao longo da vida não foram revertidos em uma boa colocação profissional na ocasião da migração (CSVM, ACNUR, 2019). Neste trabalho, pretendo explorar informações referentes ao grau de instrução e a inserção de refugiados no mercado de trabalho, considerando também os fatores de raça, gênero e origem nacional como influentes tanto na escolarização quanto no acesso ao mercado de trabalho. Este estudo, que toma por base os dados da pesquisa da ACNUR em parceria com a Cátedra Sérgio Vieira de Melo, visa refletir sobre os limites e as potencialidades do capital educacional e cultural para a inserção no mercado por parte de migrantes e refugiados. Para tal, serão levantados dados oriundos de pesquisas (OBMigra, 2020; CSVM, ACNUR, 2019), dentre outros, como produzidos pela PARIS CÁRITAS/IMS, cotejando-os com índices nacionais produzidos pelo Censo Escolar. Bibliografia: ACNUR. Site, 2022. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/refugiados/#:~:text=S%C3%A3o%20pessoas%20que%20est%C3%A3o%20fora,direitos%20humanos%20e%20conflitos%20armados. Acesso em: 22/04/2022ACNUR; CSVM. Agência da ONU para Refugiados e Cátedra Sergio Vieira de Melo. O perfil Socioeconômico dos Refugiados no Brasil. 2019. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/07/Pesquisa-Perfil-Socioecon%C3%B4mico-Refugiados-ACNUR.pdf. Acesso em 22/04/2022OBMIGRA. Relatório anual – UNB. Brasília, 2020OLIVEIRA, Márcio. Sírios e congoleses homens e mulheres refugiados no Brasil: perfil socioeconômico, integração e perspectivas futuras. Plural – Revista de Ciências Sociais, São Paulo, v. 27, n. 2, 2º sem. 2020.
#04216 |
Obstáculos en la educación de estudiantes de bachillerato en situación de movilidad humana internacional: análisis a partir de casos en Jalisco y Chihuahua
Alma Leticia Flores Avila1
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María Evangelina Salinas Escobar
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Sandra Nadezha Martinez Díaz Covarrubias
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Los movimientos de personas que atraviesan las fronteras internacionales exige respuestas integrales de los Estados para garantizar derechos humanos, tanto a los connacionales que regresan de otro país, como a los extranjeros que se quedan o aquellos que transitan por su territorio. En el caso de poblaciones adolescentes, la condición de movilidad humana se suma a otras situaciones potenciales para vulnerar sus derechos, como el de la educación. Por ello es necesario analizar que pone en riesgo la continuidad de procesos formativos, administrativos y jurídicos en las instituciones escolares y mejorar su acompañamiento psicoemocional, así como la evaluación y/o formulación de políticas nacionales para atender los problemas y necesidades que enfrentan las personas que tienen una condición de movilidad humana incorporadas, en este caso a planteles de educación media superior. El Estado mexicano, a través de sus leyes y reglamentos está comprometido con el derecho de estudiar de cualquier persona que se localice en su territorio. Situación fortalecida con los acuerdos internacionales firmados, en los cuales se obliga a garantizar la educación como un derecho universal a la niñez y adolescencia (incluidos migrantes). Por consiguiente, tiene el compromiso de facilitar los procesos de incorporación y permanencia, ya sea a una institución pública o privada. No obstante, en la operatividad y ejercicio práctico de dar continuidad y lograr la permanencia educativa, las condiciones socioeconómicas de los contextos sociopolíticos y económicos en que se recibe a los estudiantes, puede limitar el compromiso señalado. Esa mancuerna, migración y educación, como derechos, son aspectos inter-vinculados e interdependientes con profundas consecuencias en la vida de las personas que se deben proteger. Con este trabajo damos cuenta de cómo la condición de movilidad humana de las personas y la educación, como objeto de estudio e intervención, presentan desafíos urgentes de atender, los cuales, al analizarse a profundidad en una de las poblaciones que observa mayor vulnerabilidad en la época actual (adolescentes), permitirá considerar diferentes dimensiones para su atención y solución. El trabajo parte del trabajo etnográfico y estadístico realizado en municipios de Jalisco y Chihuahua, con importantes índices de inmigración y retorno, así como de poblaciones en edad de estudiar el bachillerato.
Introducción:
La incorporación de estudiantes en situación de movilidad humana, como retorno o inmigración, enfrenta situaciones que complican la inserción y permanencia en instituciones educativas mexicanas en lo formativo, convivencial, administrativo y económico. La encuesta Intercensal de 2015 permitió observar que en el caso de la población en condición de retorno que estudia primaria y secundaria, los porcentajes de asistencia están por encima del 92%; mientras que en bachillerato fue de 72.6%. En 13 entidades del país está por debajo de ese número; en 9 entidades estuvo entre 34% y 40%, y solo en 10 entidades el porcentaje fue por encima de la media, pero menor a 90% (COLMEX y CNDH, 2021).
En la inserción, permanencia y conclusión de estudios de las poblaciones adolescentes en situación de movilidad humana internacional, se presentan situaciones que ponen en riesgo su derecho a la educación, que los puede llevar al rezago y/o abandono escolar en las diferentes localidades de México. Debido a que se suma a otras situaciones (incorporación laboral, embarazos, violencias, adicciones, reclutamiento organizaciones criminales), potenciales para rezagarse o abandonar los estudios.
El acercamiento a los contextos de inserción de esa población en situación de movilidad humana permitió detectar qué pone en riesgo la continuidad de procesos formativos en las instituciones escolares; asimismo, junto con las personas y actores implicados, se buscó dilucidar qué habrá que mejorar, tanto de acompañamiento y evaluación educativa, como para la (re) formulación de políticas nacionales para atender problemas y necesidades que enfrentan en sus procesos formativos quienes tienen una condición de movilidad humana.
Se caracterizaron las situaciones que implican retos u obstáculos en los procesos educativos, algunos corresponden al o la estudiante ya sea de tipo curricular y/o socio-afectivos; otras situaciones tienen que ver con la atención y habilidades docentes que tendrían que mejorar, complementarse o desarrollarse; están aquellas ligadas a las estructuras sociales predominantes (administrativas, culturales, económicas, desigualdad) que afectan la educación de las personas en situación de movilidad humana de manera indirecta y que propician desigualdades en sistema educativo.
Partimos de Jalisco, una entidad que recibe poblaciones importantes en situación de retorno y extranjeros; pero consideramos Chihuahua como una entidad diferenciada, para observar también la inserción educativa de poblaciones en situación de movilidad y en edad de estudiar. La dinámica social y económica que presentan ambas entidades por su relación e implicación territorial y cultural en tema de las movilidades humanas, resultaron atractivas como un primer ejercicio para establecer coincidencias o diferencias en los procesos inserción y permanencia de adolescentes en alguna condición migrante. La primera (Jalisco) por su tradición histórica ligada a las migraciones internacionales y la segunda (Chihuahua) por su cercanía a la frontera norte y su vecindad con Estados Unidos.
Identificar quienes son esos adolescentes en situación de movilidad en bachillerato, comprender sus trayectorias escolares e integrarlos social y académicamente a las comunidades, debe ser una meta nacional. Porque la presencia de poblaciones en situación de movilidad y en edad de estudiar se intensifica y plantea retos comunes en sociedad, y con ello la necesidad de atención de demandas específicas.
La educación con calidad de las poblaciones en situación de movilidad humana internacional requiere de acciones que fortalezcan los procesos formativos con programas de trabajo directo e indirecto con profesores, padres de familia y personal implicado en la administración educativa, que impacten los procesos de integración social, formación académica y en general el bienestar de las comunidades con población retornada, inmigrante o refugiada.
Desarrollo:
Encuadre teórico-metodológico
Los resultados de la investigación que aquí se presentan, parten de un abordaje teórico-metodológico basado en el enfoque de derechos y que, apuesta por la interdisciplinariedad, la colaboración, la horizontalidad y el diálogo que permitan no solo la generación de conocimiento, también la creación de propuestas para beneficiar a las personas en contexto de movilidad humana.
Un diagnóstico situacional inicial, con indicadores cualitativos y cuantitativos, permitió problematizar y empezar a profundizar sobre hechos que, abordados como obstáculos, nos llevó a organizar líneas de trabajo para atender los problemas que más afectan o limita la atención educativa de las personas en situación migrante que ingresan al Sistema Educativo Mexicano Básico, formulando un programa general de trabajo tanto para la incidencia como para la investigación; considerando las personas involucradas, pero también los contextos y procesos paralelos que afectan el derecho humano a la educación con calidad.
Las categorías geográficas y sociodemográficas observadas a partir de los datos, fueron importantes, pero insuficientes para reflejar otro tipo de relaciones presentes en los territorios y lugares. Fueron importantes las categorías construidas a partir de la etnografía, las experiencias y la materialización histórica de las personas que viven la condición de movilidad humana, que enfrentan ciertas circunstancias al momento de querer estudiar, al estar estudiando o concluir el proceso educativo.
La intensidad y visibilidad de distintos grupos de personas en situación de movilidad por México han adquirido una relevancia inédita. Aun cuando México se ha caracterizado por ser un país con una larga tradición migratoria, sobre todo hacia Estados Unidos (EEUU), esta movilidad sufre cambios importantes y los escenarios son cambiantes. Por un lado, cada vez más visible presencia de personas migrantes centroamericanas –y diversas nacionalidades- que transitan por México, es un tema que no solo reta al Estado Mexicano sino a la población en general sobre las concepciones sobre las personas migrantes y el respeto a sus derechos humanos. También se encuentran las personas que solicitan refugio en México, con la intención de establecerse y tener mejores condiciones de vida en nuestro país.
Relevante es la migración de retorno y deportación a México desde EEUU. El endurecimiento de las leyes antiinmigrantes en EEUU (con mayor fuerza a partir de 2003), la crisis financiera del año 2008 y diversas situaciones sociales y políticas en dicho país han detonado el aumento del retorno (forzado o voluntario) de persona mexicanas (Massey, Pren y Durand, 2009; Canales, 2012; Gandini, Lozano y Gaspar, 2015).
Uno de los desafíos que representa el estudio de la migración en sus diversas modalidades en la última década es la incorporación de forma compleja de perfiles de personas migrantes como niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos en edad productiva, personas adultas mayores, entre otros (Rivera, 2013; Gandini, Lozano y Gaspar, 2015). Este complejo entramado de movilidades humanas que suceden en México y las entidades federativas, han generado necesidades y problemáticas para la atención y garantía de derechos de estas personas en situación de movilidad, sobre todo en lo que respecta a las instituciones mexicanas y la convivencia social en los lugares en que las personas migrantes eligen establecerse.
De acuerdo con varios estudios de carácter demográfico (Gandini, Lozano y Gaspar, 2015; Bermúdez, Méroné y Reyes, 2018), del 2000 al 2015 se observó aun claro incremento de niños, niñas y adolescentes (NNA) que retornaban a México, lo que en la mayoría de casos correspondía a un retorno familiar que incluía a menores de edad que probablemente nacieron en EEUU (Giorguli, 2016).
Hay evidencia sobre la presencia de personas migrantes de retorno que se encuentran en rangos etarios más cercanos a jóvenes, niños y niñas (Gandini, Lozano y Gaspar, 2015). Eso se debe a que ha crecido el retorno familiar; es decir, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que son parte del núcleo familiar de los migrantes (nacidos o socializados en EEUU), también retornan a México (Giorguli, 2016). Estos cambios en la composición de los flujos migratorios en México, incluyen a NNA de origen centroamericano o de otros países con diversas condiciones migratorias que cada vez son más visibles en diferentes regiones del país.
Otra población que ha incrementado su presencia en el retorno a México corresponde a jóvenes que de manera familiar o individual se encuentran en un país casi desconocido, con un idioma y una cultura de los cuales tienen pocos referentes. En su mayoría jóvenes que tuvieron un estatus migratorio irregular en EEUU, que provocó que sus opciones laborales y escolares se redujeran, además de sufrir la constante amenaza de ser deportados. Este es un tipo de retorno a considerar como forzado, que se presenta cuando estos jóvenes “deciden” regresar a México ante un panorama adverso en EEUU (Mestries, 2013). A esta situación se le suman una serie de desventajas y obstáculos tanto estructurales como sociales en el proceso de integración en el nuevo contexto de recepción tras el retorno (Gandini, Lozano, Gaspar, 2015).
Varios estudios han profundizado sobre las dificultades en el acceso a programas sociales, servicios públicos y espacios institucionales (centros educativos, registros civiles, centros de salud) que las personas migrantes de retorno enfrentan. Estas dificultades conllevan violaciones a derechos fundamentales como el de identidad, salud y educación (Escobar, 2012, 2013; Woo y Ortiz, 2015; Woo y Flores, 2015).
Las personas migrantes de retorno y sus familias están expuestos a procesos y prácticas de exclusión que tienen orígenes diversos. Por ejemplo, en el plano escolar, el sistema educativo mexicano exigía la presentación de documentos de identidad (Mateos, 2017) y de trayectoria escolar para los NNA que provienen de EEUU, quienes tienen una experiencia migratoria a raíz del retorno de sus padres o familia, dificultando su acceso a la educación (Ruiz y Valdez, 2012). El sistema escolar abre una brecha donde la exclusión hacia estos menores y jóvenes se presenta de manera directa. Bayón (2008) refería que las instituciones del Estado contribuyen al proceso de exclusión, ya que cierran las oportunidades de acceso a un derecho o bien específico. En este punto, las familias migrantes de retorno de esos menores se ven obligadas a posponer su educación.
Además, los NNA encuentran otro tipo de exclusión social: la discriminación que experimentan en los espacios escolares, al ser objeto de burlas y rechazo por parte de otros compañeros y profesores por su dificultad para hablar español o al saber que nacieron en EEUU (Valdez, 2012; Vargas y Lugo, 2012; Zúñiga y Hamman, 2007, 2016; Zúñiga, Hamman y Sánchez, 2008).
En relación con el ejercicio sustantivo del derecho a la educación de los NNA -ya sean de retorno o con otra condición migratoria- en México, es posible afirmar que existe desconocimiento de los procedimientos administrativos que se requieren para la inscripción, permanencia y seguimiento en los centros educativos públicos (Ruiz y Valdez, 2012).
Su inserción educativa representa “un desafío pedagógico y lingüístico” y un reto burocrático y administrativo para el sistema mexicano. Pero también es un reto para las familias que movilizan recursos para garantizar la continuidad de la vida y de la educación en el nuevo lugar de residencia después del retorno (Camacho y Vargas, 2017; Jacobo-Suárez, 2017; Flores et al, 2019; Flores y Cerros, 2021).
La práctica de derechos tiene un vínculo con el crecimiento integral de las capacidades económicas, sociales y políticas de las personas, es por ello que es importante su reconocimiento y ejercicio.
Análisis de la información
Para garantizar el derecho a la educación adecuada y con calidad para las poblaciones en situación de movilidad humana, es necesario disminuir los riesgos de abandono y rezago escolar, y mantener la continuidad de la trayectoria educativa de esas poblaciones. En México, los obstáculos que se enfrentan para que la población en situación de movilidad humana acceda a la educación adecuada y con calidad en las comunidades escolares que los reciben, son muchos y de distinta índole. Entre los más apremiantes está la existencia de normas de incorporación y revalidación de estudios rígidas, dificultad en la comprensión de los contenidos académicos de las materias por limitaciones en el entendimiento del español en la escuela, la escasa o nula convivencia con miembros de la comunidad escolar, alteraciones emocionales en estudiantes provocadas por el proceso migratorio vivido y su establecimiento en “otro” lugar. Asimismo, también es prioritario considerar las posibles implicaciones para el profesorado que atiende esa población en el sistema educativo mexicano, como la identificación de requerimientos administrativos e institucionales para su atención.
Con la investigación que se realiza desde 2018 a la fecha (2022), ha sido posible caracterizar las situaciones que presentan adolescentes y jóvenes, como actores involucrados en la educación de estudiantes que llegaron a México provenientes de otros países, tanto personas menores y jóvenes nacionales como extranjeras, las cuales hacen compleja la educación de esa población (Flores et al, 2019. Con un acercamiento etnográfico realizado en planteles educativos de diversas localidades en Jalisco, el diálogo con personas implicadas o interesadas en el proceso de incorporación de adolescentes provenientes tanto de EEUU como de otros países, principalmente de Centro y Sudamérica, así como el análisis de información estadística y registros disponibles, se logró tener un panorama de los principales obstáculos que limitan o afectan los procesos educativos de los adolescentes en condición de movilidad.
Algunos de estos obstáculos corresponden al estudiante (curriculares y socio-afectivos); otras tienen que ver con la atención y habilidades docentes; así como aquellas propias de las estructuras sociales predominantes (culturales, económicas, desigualdad) que afectan la educación de las personas en situación de movilidad humana y que propician desigualdades en la estructura del sistema educativo (ver cuadro 1).
Elaboración propia.
El análisis que se presenta plantea algunos de los principales retos y obstáculos para mejorar las condiciones de inserción y permanencia educativa de las poblaciones en situación de movilidad. Se parte de las experiencias de estudiantes, hombres y mujeres, así como padres y madres de familia que viven el proceso de la inserción educativa de sus hijos e hijas de manera directa. También se consideran las experiencias de profesores y directivos, así como actores de la sociedad civil que acompañan a las personas migrantes y de las personas que las atienden en dependencias de gobierno a las que acuden para solucionar necesidades y problemas que se presentan. La reflexión también resulta de diversos esfuerzos dialógicos precedentes (a través de foros, seminarios, mesas de diálogo, talleres).
Obstáculos del diseño y operación de las instituciones
Entre las situaciones más frecuentes en este rubro que afectan a las personas en situación de movilidad humana que se incorporan a los sistemas educativos de México, se encuentra la desinformación de los requisitos necesarios, los tiempos y procesos establecidos en las instituciones para incorporarse a las escuelas y sus programas de estudio; desconocimiento de las normas para la acreditación, certificación y revalidación de los estudios cursados en el extranjero; vicios operativos para el registro de la identidad jurídica mexicana. Algunas de las situaciones observadas en el proceso de incorporación a instituciones educativas mexicanas, lleva a plantear acciones para mejorar los procesos de inserción y permanencia educativa.
Trámites para la incorporación
La falta de coordinación entre dependencias en una misma entidad educativa lleva no solo a un desgaste de las personas que hacen los trámites, sino a mayores costos, por los recursos materiales y el tiempo que se invierte para hacer los trámites; en el caso de quienes provienen de localidades distantes de donde se localizan las dependencias, puede ser aún más costoso los trámites a realizar. En ese hacer trámites se pueden encontrar con personas conscientes e informadas que les pueden orientar; eso incluye tratos adecuados y dignos, pero también es probable que se encuentre con personas desinformadas o mal informadas, que desorientan y hacen aún más complicado un trámite.
Una mayor claridad sobre los procedimientos de ingreso en bachillerato (y en general en todos los niveles educativos) para las familias y sus hijas/os en edad de estudiar, podría dar certidumbre sobre su integración no solo educativa, sino también social. Y podría evitar estados de angustia y mortificación que afectan su bienestar emocional.
Las revalidaciones: entre lentitud, desconocimiento e injusticia percibida
El asunto de las revalidaciones ofrece particular complejidad, por la lentitud en que opera y las resoluciones a las que llega. Principalmente en la asignación numérica de las evaluaciones que se revalidan. En general, en las familias falta comprensión de las equivalencias de los sistemas educativos entre EEUU y México; y al parecer tampoco ha habido quién clarifique la organización de los niveles educativos y las correspondencias en caso de transitar entre sistemas educativos de estos países. Esa situación genera frustración en las familias y los estudiantes, al no ser ubicados en el grado esperado después de concluir cada nivel educativo en EEUU.
La falta de claridad de dichas correspondencias genera malestar en las personas, por considerar que es injusto la ubicación de sus hijos o hijas, y por pensar que la ubicación que les asignan atrasó su formación educativa. No obstante, que al menos por la edad, sí existe correspondencia entre el grado que cursó en EEUU y en el que se ubica al estudiante que viene del vecino país del norte, es en realidad un rezago imaginado por los padres y estudiantes.
Consecuencias ante la lenta inserción escolar
Existe una situación que puede implicar un rezago real en los estudiantes, y tiene que ver con la reincorporación tardada de los estudiantes que vienen de EEUU u otro país en el nivel educativo al que se aspira, al menos así se observó en el bachillerato. Eso tiene que ver con los tiempos empleados para resolver trámites administrativos a fin de lograr la incorporación a la preparatoria. Situación que en algunos casos ha durado hasta seis meses.
El proceso y los requisitos para la reinserción a la educación básica y media superior se han flexibilizado. Pero existen casos de escuelas que aún solicitan apostille de documentos, demostrando que no todos los directivos de las escuelas disponen de información actualizada de la modificación a la norma de la SEP, ni a la población en general sobre los requisitos para inscribirse en las instituciones educativas mexicanas.
Entre los factores que ocasionan el rezago escolar se encuentran: ausencia de documentos que acrediten su identidad y/o los niveles escolares cursados, el desconocimiento de los procesos y requisitos por parte de los familiares del estudiante y en algunos casos de las autoridades de las instituciones educativas también contribuyen a la invisibilidad de esta población.
La tendencia educativa muestra que la población en situación de movilidad humana presenta las menores tasas de asistencia escolar y las más altas tasas de rezago escolar en educación media superior, lo que evidencia una situación de desventaja y vulnerabilidad respecto de la población no migrante.
Obstáculos que evitan reflexiones y prácticas transformadoras
En el acercamiento realizado a estudiantes provenientes de EEUU (en condición de retorno o inmigrantes), profesorado, directivos y personal de planteles educativos, padres y madres de familia, expresaron que son altas las expectativas e interés por estudiar. Por ello, entre las primeras acciones de las familias al retornar o inmigrar, están el hacer las gestiones necesarias para que hijos e hijas estudien.
El interés de que los hijos e hijas estudien, va más allá de lo educativo. En el caso de familias provenientes de EEUU, se construye la idea de que es una ventaja significativa y hacerlo en instituciones con prestigio representará una ventaja para sus hijos e hijas. La educación y obtención de grados académicos para muchas familias es un logro simbólico y proyectivo.
Los anteriores planteamientos reflejan pensamientos que influyen en las decisiones de considerar o no la educación, no solo como un valor en las personas, sino también como un derecho. En los modelos de educación también está presente o no, la construcción y garantía de derechos para las personas en situación de movilidad humana, al igual que para las comunidades que los reciben.
Confrontación de modelos educativos
Con el cambio de paradigma en los modelos educativos, las y los maestros dejaron de tener el papel central del proceso de enseñanza aprendizaje. Por el contrario, su labor es la de organizar, estructurar, fomentar, incentivar e interpelar, para que el alumnado desarrolle un criterio; en ese proceso, el profesorado también aprende de las experiencias y conocimientos que generan los alumnos. Pero ante ese modelo que busca libertad y mayor implicación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, se confronta con los modelos de enseñanza que predominan en otros países, como en EEUU, de donde provienen la mayoría de estudiantes considerados extranjeros en los planteles educativos. En el modelo educativo estadounidense, se tutela al estudiante desde la entrada de su casa hasta la entrada de las escuelas y al interior de las aulas, como ejemplo.
El cambio de modelo educativo de un país a otro, suele generar confusión y frustración tanto en las y los docentes como entre estudiantes, por lo que esta situación representa un reto para todo el sistema escolar.
Acompañamientos escolares que definen trayectorias educativas
Es escaso el acompañamiento que se proporciona en centros escolares a estudiantes en situación de movilidad humana, por ejemplo, para la comprensión del español académico o términos que se utilizan de manera cotidiana en las materias o contenidos de clase. El acompañamiento y la identificación de necesidades de las y los estudiantes puede ser un elemento que llegue a marcar una diferencia en la permanencia escolar. En el sistema escolar mexicano aún no se consolida un presupuesto y estructura organizativa que facilite un proceso de acompañamiento a estas realidades.
Obstáculos inherentes a tecnologías, procesos y procedimientos
Implementar una perspectiva sobre movilidades humanas interseccional en los sistemas de registro y control escolar, podría resolver o prevenir algunas problemáticas de tipo administrativo y evitar afectación del proceso formativo de estudiantes en situación de movilidad. Asimismo, permitirá identificar o prevenir desigualdades por el hecho de provenir de un lugar fuera de México o por ser extranjero. La definición de variables para dar seguimiento a la población migrante permitirá una identificación temprana de situaciones administrativas que pueden complicar procesos institucionales para la continuidad y conclusión de estudios.
La planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo en la administración de la educación, resultan en una serie de procedimientos y trámites a fin de mantener control y orden para el logro de objetivos y metas. En ese proceso se aprovechan recursos humanos, técnicos, materiales y de otro tipo. La no correspondencia de las actividades enmarcadas en ese flujo de procedimientos y trámites, o la mayor inversión en costos humanos y materiales para realizarlos, repercute o afecta de manera directa en las metas principales. Solemos llamar burocracia a ese flujo de procedimientos y trámites, caracterizada por procesos centralizados y descentralizados, con división de responsabilidades, especialización del trabajo y establecimiento de jerarquías.
En la administración pública se establecen estándares y uniformidades, procurando el mismo trato administrativo a las personas. No obstante, en esas regularidades pueden quedar fuera particulares de los procesos administrativos que es necesario reconocer, porque pueden revelar indicios que requieren atención para no vulnerar derechos y garantizar equidad en la resolución de problema o su prevención.
Obstáculos relacionados con la normativa existente
Entre los problemas identificados sobre la normativa se encuentran los procesos burocráticos poco claros o engorrosos; trámites para revalidar estudios y/o certificaciones largos y tortuosos; directivos de las instituciones que desconocen procesos de incorporación para las personas en situación de movilidad, lo cual dificulta su inserción; cobros altos por la consideración de los adolescentes como extranjeros; entre otros asuntos. Todo ello tiene un impacto significativo en la inserción, permanencia educativa y eficiencia terminal de esos estudiantes.
En varias instituciones educativas públicas, incluidas las de Jalisco, la normativa establece pagos diferenciados para personas extranjeras -es decir, que no tengan la nacionalidad mexicana-situación que propicia una situación de inequidad, que pone en riesgo la continuidad de estudios.
Conclusiones:
Acciones necesarias para alcanzar la inclusión y equidad en la educación
En un ejercicio de diálogo transdisciplinar entre académicos, instancias de la sociedad civil y actores gubernamentales reflexionamos en cómo atender las necesidades de la población en situación de movilidad que se incorpora a las instituciones educativas públicas en Jalisco y Chihuahua, a partir de ejercicios participativos de conocimiento sobre las experiencias y sobre las realidades. La generación, sistematización y análisis de información constituyen un aspecto nodal para el diseño e implementación de políticas públicas responsables, para entre otras: impulsar el acercamiento y comprensión de perfiles y contextos del retorno, aprovechar los recursos de información existentes, de mayor confiabilidad en las últimas décadas y, compartir experiencias de trabajo con grupos de personas en situación de inmigración o retorno en diferentes latitudes nacionales e internacionales. Ampliar la capacitación de profesores/as y demás servicios profesionales de atención, para la adecuada atención de alumnos y familias que llegaron de EEUU es prioridad. Si no se atiende a las personas en situación de movilidad y en edad de estudiar, se pueden colocar en una posición de menores ventajas al momento de hacer frente al mercado de trabajo o la consecución del bienestar.
Los datos ya señalan que las personas en situación de movilidad humana, tienen menos fortalezas en su capital humano y que, en mayor medida en el caso de los varones se enfrentaron a una situación a su regreso igual o peor que cuando se fueron. Mientras que la población en general tuvo un crecimiento relativo en la escala remunerativa, la población en movilidad transitó por un camino opuesto, al ser menor.
En el retorno en condiciones forzadas su manifestación es más drástica y complicada que en las personas de regreso voluntario. La complejidad del retorno reside no sólo en las propias personas que lo experimentan, sino también en los hogares que conforman o a los que se integran. Necesario es el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos descentralizados y dependencias de gobierno, que se asuman defensores y gestores de los derechos de la población mexicana retornada e inmigrante, con programas y proyectos que además de brindar atención integral fortalezcan las acciones que ya realizan.
El acceso a la educación y a un trabajo digno no son derechos que se garanticen de manera universal en la sociedad mexicana, menos aún en la población que ha retornado de EEUU o que proviene de otros países en condiciones de niveles bajos de bienestar. Por lo tanto, están latentes las posibilidades de omisión y olvido de esta población. Es necesario políticas focalizadas dirigidas a grupos en condición vulnerable (y vulnerados) a fin de generar mayor equidad. La población en situación de movilidad humana contiene a varios de esos grupos.
Las posibilidades de inserción escolar y laboral serán desventajosas para la población que inmigra o retorna, si no se entienden las diferencias dadas por las condiciones de inserción que ofrece cada contexto. Al flexibilizar procesos administrativos para su inserción y permanencia en el sistema educativo mexicano se podrán evitar la exclusión escolar, el rezago o el abandono.
Las habilidades y capacidades obtenidas por los estudiantes provenientes de otro país, se pueden aprovechar y capitalizar en los distintos contextos de convivencia, siempre y cuando se tengan los programas que impulsen la innovación y su aprovechamiento. Las cuales pueden ser desde ideas de negocio, hasta tutorías y acompañamientos para el aprendizaje del idioma inglés.
Que se garanticen los derechos de las personas en situación de movilidad humana, actualmente representa un desafío para los actores que atienden personas en esa situación, aquellos de la sociedad civil organizada, de las mismas dependencias de los gobiernos (municipales, estatales, federales), como representantes de los Estados. Por ello se requiere visibilizar tanto las prácticas como las ausencias que están presentes en la ejecución práctica para garantizar los derechos de las personas, con la finalidad de unir esfuerzos con alianzas que hagan cumplir los compromisos a favor de las personas en situación de movilidad humana, particularmente de aquellos derechos que resultan vitales para las personas y su bienestar.
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Palabras clave:
Educación Media Superior, Movilidad Humana en Jalisco-México, Migración y Educación, Obstáculos para Educación de Personas en Condición Migrante
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MIGRAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO: REFLEXÕES
Fernanda Da Rosa Cristino Alves1
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Maria Catarina Chitolina Zanini
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Este artigo possui como escopo a reflexão a cerca das questões mais evidenciadas nas discussões que tratam do acesso à educação de crianças e adolescentes imigrantes não documentados e refugiados. Usufruiu-se de uma abordagem histórico-dialética para compreender como a ideia de infância e adolescência foi construída social e juridicamente e apreender como impacta o simbolismo de ser imigrante para esses jovens na empreitada de acessar o ensino e nele permanecer. Após, seguiu-se ao confronto de tratados e normas internacionais que lançaram as diretrizes para a “universalização” da proteção da infância e da adolescência e a garantia do direito à educação com as previsões das normativas pátrias, a fim de verificar se estas promoviam o alcance desse direito sobre crianças e adolescentes migrantes internacionais e refugiados e de que forma. Por fim, buscou-se apresentar estudos que envolveram a investigação da interação entre migração e educação, cuja apreensão e análise pudessem permitir a elaboração de propostas que amenizem sua situação de vulnerabilidade e contribuam para sua efetiva formação. A população alvo foi ampliada para crianças e adolescentes, devido à falta de uma classificação etária mais específica que a reconhecida pelo Direito Internacional, o qual considera criança todo o indivíduo que possua menos de dezoito anos de idade. O estudo foi conduzido por meio de análise bibliográfica com o amparo técnico de resumos e resenhas.Palavras-chave: Imigração. Infância e Adolescência. Educação. Legislação. Políticas Públicas