Resumen de la Ponencia:

El objetivo es analizar la acción gubernamental concerniente a la proveduría de servicios públicos elementales ante eventos disruptivos, en particular agua potable y  transporte y sus implicaciones ambientales en el contexto de la pandemia por COVID-19 en el área metropolitana de Guadalajara, México, como punto de reconfiguranción de la acción pública gubernamental y pautas sociales de respuesta. Las disrupciones globales son eventos que  alteran las dinámicas de la acción gubernamental y la vida cotidiana de la sociedad, puesto que  afectan las dinámicas  económica, social y el desempeño de los organismos públicos en la prestación de servicios públicos, así como la eficiencia  en la atención a eventos ambientales nocivos. La desatención de restricciones gubernamentales en el contexto de prevención y mitigación de efectos asociados a las disrupciones devienen en insustentabilidad sistémica si la sociedad en conjunto con el gobierno no interactúan para evitar severidad del daño; en cuyo caso, la remediación  y compensación se tornan imposibles cuando de vidas humanas se trata. Metodológicamente, se recurrió a los enfoques de Estudio de Caso, el análisis estadístico descriptivo, primordialmente al análisis de políticas públicas con el fin de poder comprender y explicar el esquema de actuación gubernamental en la prestación de servicios públicos y el control de contaminación ambiental, la partida epistemológica es desde la interacción de los sistema.  Entre los principales hallazgos se encontró que las restricciones de movilidad urbana y la disminución de personal adscrito a organismos públicos de prestación de servicios públicos en un área metropolitana a causa del confinamiento social,  afecta la prestación de servicios públicos  en cuanto al seguimiento de las pautas administrativas y de calidad preestablecidas y la economía familiar al obstaculizarse las actividades económicas y la inmediatez de la presencialidad en los giros económicos. Así mismo, se evidencia que la formación profesional de los funcionarios de gobierno en áreas especificas como los organismos especializados en temáticas ambientales, posibilita esquemas de actuación pública fundamentada, aunque no infalible a la omisión, corrupción o resistencia social, debido a la falta de socialización y sensibilización con el tipo de política pública 

Resumen de la Ponencia:

La vasta topografía de México es compleja y deslumbran la mirada del hombre a través de una configuración de los ecosistemas que prevalecen, tal vez porque no han sido apreciados en su naturalidad a tal grado que con la acción de las personas la han transformado a escala alarmante.  El trabajo aquí presentado, describe la zona natural conurbada La Barca-Briseñas, conformada por los municipios de La Barca, Jalisco con Briseñas, Michoacán de Ocampo, ambos divididos por el afluente río Lerma que recorre cientos de kilómetros para llegar a desembocar en la Laguna de Chapala. La conformación natural del territorio y sus habitantes ha contado con cambios a lo largo del tiempo que lo ha deteriorado, transformado, y perdido su riqueza natural, debido a la aplicación de proyectos modernizadores como la desecación de una tercera parte del lago de Chapala, y que impacto a ambas localidades. Por otra parte, las sociedades locales de La Barca y Briseñas mantienen una construcción ambiental, cultural, social y económica que ha permitido a su población interactuar de una manera muy peculiar y personal como es el caso de la conurbación de ambos municipios, a tal grado que han logrado generar lazos y relaciones muy íntimas, como uno de los territorios Jalmichanos.La conurbación está inmersa en un ambiente transformado por el hombre, mediante acciones que han trascendido de manera drástica tanto en el contexto como en el paisaje urbano y rural repercutiendo en el contorno de los ciudadanos de dicho lugar tal es el caso de "La Eucalera de Paso de Hidalgo", del Municipio de Briseñas, Michoacán, lugar que se ha visto afectado drásticamente por la ambición del hombre.La ponencia tiene el objetivo de presentar un escenario de lugares relevantes que han permitido crear historias entre vecinos de la conurbación de ambos municipios del rubro social, cultural, ambiental, legal, entre otros; para entender las relaciones de sus habitantes desde una perspectiva tanto ecológica como ambiental partiendo de una mirada interdisciplinaria. De manera que el estudio del territorio Jalimichano de La Barca-Briseñas, permite conocer la conformación ecológica, social, y ambiental de las sociedades locales en el tiempo. Por lo que, a pesar de los cambios modernizadores, las políticas públicas municipales y estados diferentes, se pueden construir alternativas interdisciplinarias en beneficio de los habitantes. 

Resumen de la Ponencia:

De acuerdo con Warman[1], a principios del siglo XX la población rural mexicana era del 75% del total nacional, mientras que para finales del mismo siglo tan solo representaba una cuarta parte. Es decir, al culminar la década antepasada el país ya era predominantemente urbano en términos de su población. Sin embargo, al respecto surge la pregunta: ¿cómo es que ocurrió este proceso en las diferentes regiones del territorio nacional y qué implicaciones tuvo el impulso del desarrollo regional sobre el territorio y el uso de sus recursos, en especial de los hídricos? Para dar cuenta de dicho proceso y con un carácter de exploratorio, es que en la presente ponencia se abordará el caso de la denominada región del río Santiago en el estado de Jalisco, haciendo énfasis en las relaciones asimétricas entre los espacios rurales y los urbano industriales. A manera de adelanto, puede mencionarse que la política de desarrollo regional a partir de la industrialización, en especial mediante la creación de corredores industriales, acompañada de procesos de urbanización, trajo consigo evidentes asimetrías que terminaron, por así decirlo, marginando al sector rural, en especial respecto al territorio y sus recursos, en específico los hídricos. A ese respecto puede decirse que, en términos de población ocupada, para la década de 1970 el sector primario era predominante con un 56.4% en promedio de los 13 municipios que integran la región, pero que al paso de los años fue que para 2020 dicho sector apenas es representativo con un 13.4%. Desde luego que esto puede aludirse al crecimiento de la población y a las limitaciones de la necesidad de brazos para las labores cotidianas propias del modelo agrícola industrial, ante todo en base de la irrigación, y al incremento del uso de recursos hídricos, en especial subterráneos. Pero no solo se trata de eso, sino también de la instalación de diferentes industrias en el campo y las crecientes ciudades y del propio crecimiento urbano, así como en ciertos casos la absorción de territorios ejidales irrigados desde antaño. Así las cosas, que a la fecha se observa un acaparamiento de territorios rurales y una creciente sobre explotación de recursos hídricos subterráneos. Una evidencia de lo anterior puede observarse en el crecimiento urbano sobre tierras ejidales irrigadas de una ciudad industrial como Ocotlán, al igual que en el crecimiento de la agroindustrial ciudad de La Barca sobre el mismo tipo de propiedad. En términos hídricos, lo anterior se expresa en la decreciente disponibilidad del acceso al agua subterránea, así como la preocupante sobre explotación de varios de los acuíferos de la región en comento. [1] Warman, Arturo (2001), El campo mexicano en el siglo XX, México, Fondo de Cultura Económica

Resumen de la Ponencia:

Ante el incremento del fenómeno de la urbanización y la escasez de alimentos baratos y de buena calidad en ciudades globales ocasionada en gran medida por la pandemia de Covid 19, se presentan los resultados de una investigación con un acercamiento fuerte a la etnografía ya que identifica y describe una comunidad específica que por sus propios medios busca salir del atraso en salud y alimentación por medio de la agricultura urbana. La Agricultura urbana se define como pequeñas superficies cultivadas dentro de las ciudades lo cual resulta ser una estrategia de intervención social efectiva para transformar el espacio construido en espacio que genera seguridad alimentaria y baja dependencia del mercado convencional de alimentos con lo que se rompe la asociación ente agricultura y ruralidad. En este proceso, la acción comunitaria permite transformar múltiples espacios particulares y públicos para el aprovechamiento de materia y energía, la mejora económica, la interacción social y la  protección del ambiente. En términos prácticos, se han realizado entrevistas semi-estructuradas con los participantes de la colonia Virreyes campestre en Ciudad Juárez, México y se ha dado seguimiento por más de un año por medio de la técnica investigación-acción en un invernadero instalado en esta colonia, el cual funge como centro de aprendizaje y convivencia. En esta primera aproximación, se destaca la identificación de actores sociales públicos y privados, la identificación plena de los participantes incluidos los instructores pertenecientes a una asociación civil, el desempeño de cada uno de los participantes (alumn@s), el compromiso con la naturaleza en el sentido de su experiencia en la agricultura urbana, la economía familiar, el empoderamiento y sus expectativas a futuro.      

Resumen de la Ponencia:

Con el presente trabajo se realiza un análisis del modelo de urbanización implementado en las grandes ciudades desde la perspectiva del riesgo climático, por medio de la revisión documental del marco teórico se construye una propuesta conceptual para la evaluación y gestión del riesgo climático considerando una relación directa entre el modelo urbano y la construcción del riesgo. También se realiza una propuesta metodológica para la construcción de un modelo digital que permita el análisis del impacto de la urbanización sobre el clima local y la alteración de los servicios ecosistémicos del territorio. Con el modelo teórico expuesto se plantea la necesidad de ajustes en los planteamientos conceptuales actuales sobre la definición del modelo urbano contemporáneo, el análisis del riesgo en entornos urbanos y la gestión del mismo. Uno de los planteamientos conceptuales más importantes es la consideración del riesgo climático como un fenómeno que cambia a la misma velocidad que se alteran las capacidades del ecosistema a través de la degradación del territorio, esta relación en contextos urbanos puede llegar a ser más importante y con efectos más rápidos que los impactos generados por las emisiones de gases de efecto invernadero.La metodología de análisis territorial se aplica en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) con la construcción de un modelo digital para el análisis del impacto de los cambios en la urbanización del periodo 1993-2020, considerando el fenómeno de la isla de calor urbano y las inundaciones como principales indicadores. También se realiza una propuesta de solución, a nivel de la cuenca de Atemajac, inscrita dentro del AMG, basada en la recuperación de servicios ecosistémicos, considerando la situación de urbanización actual y las posibilidades espaciales y normativas para que su aplicación llegue a ser posible. Los resultados de la modelación del periodo analizado confirman la relación entre la degradación de las capacidades del territorio y el aumento del riesgo, con el modelado de la propuesta para la recuperación de servicios ecosistémicos se observan resultados favorables para la reducción del riesgo climático urbano.

Resumen de la Ponencia:

As demandas energéticas crescentes em todos os países do mundo, assim como o preço elevado das energias fósseis, o seu impacto na mudança climática e a necessidade de diversificar a matriz produtiva de energia colocam importantes desafios às energias renováveis e aos territórios na qual são instaladas. Como mostra o último relatório da Cepal (2022) a sua expansão tem sido crescente na América Latina, destacando-se o Brasil pela sua dimensão e aptidão ambiental. Na discussão climática global, surgida após a assinatura do Protocolo de Quioto, em 1997, a temática das políticas energéticas ganha destaque, avançando primeiramente na Europa e em seguida as empresas do setor buscaram novos mercados. O Brasil após o grande apagão de 2001 vê-se obrigado a repensar a sua política energética de modo a diversificar a matriz, até aí dependente da energia hidrelétrica. Em 2001, a publicação do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro foi um importante marco para o desenvolvimento do setor eólico no país, ao identificar as áreas com maior potencial de ventos, se destacando o Nordeste e em particular o Rio Grande do Norte (RN). Na sequência surge o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica. Os dados da ABEeólica (2022) mostram que o RN se tem mantido como o estado com maior potência instalada. A aposta em energias renováveis surge igualmente em destaque nas políticas do governo estadual e da SUDENE, sobretudo com o argumento do contributo para o desenvolvimento, criação de emprego e renda. O tema é controverso na observação de conflitos derivados de impactos socioambientais e por ser pouco expressivo o contributo para o desenvolvimento dos municípios na fase de operação dos parques. A proposta tem como objetivo discutir e analisar a temática do desenvolvimento e expansão da energia eólica no RN a partir da revisão da literatura, análise das políticas públicas e de dados estatísticos.

Introducción:

O aumento populacional à escala do planeta, bem como a melhoria das condições de vida e de dispositivos técnicos usados no cotidiano têm gerado uma demanda crescente por energia, neste particular de energia elétrica. Nesse sentido, tendo em conta que a matriz produtiva tem sido, hegemonicamente, baseada na produção hidrelétrica, a ampliação da produção passa pela diversificação da matriz energética recorrendo a outras fontes de energia. Assim, no contexto igualmente de enfrentamento da crise climática e de redução da dependência quanto a energias fósseis que emitem gases com efeito de estufa, a energia eólica, bem como a solar, tem se destacado no contexto internacional e nacional.

A expansão da energia renovável acontece a partir da assinatura do Protocolo de Quioto, em 1997. Primeiramente ganhando destaque nas políticas climáticas e energéticas europeias, e a partir daí expandindo-se a outros continentes, aliás, dada a facilidade de transferência da tecnologia e de participação do capital financeiro nos investimentos. No que se refere às ações de cooperação internacional, o setor ganhou espaço significativo apenas em 2015, ao tornar-se um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações, com vistas a serem alcançados até 2030. 

Apesar das críticas, considera-se a energia eólica como um dos elementos-chave na transição para uma sociedade de baixo carbono, ao apresentar um custo-benefício vantajoso e incentivos ambientais (Boyer, 2019). A implantação das usinas se dá com base na proposição de que se trata de uma energia limpa acompanhada de desenvolvimento aos territórios (Cepal, 2022). Contudo, a geração de energia de baixo carbono não deixa de gerar impactos em humanos, na fauna e na flora, pelo que a sua aceitação é ainda um problema (Scherhaufer et al. 2017). 

Dominic Boyer (2019) discute a questão a partir do conceito de energopolítica, proposta analítica que amplia a discussão de Michel Foucault sobre biopoder, junto ao debate sobre a função central da energia na organização e na dinâmica das forças políticas e sociais em diferentes escalas (Szeman, 2014). A discussão leva o argumento holístico da energia eólica para conservação do planeta e para a descarbonização da economia, usando-se da  narrativa da crise ambiental e climática para reafirmar sua importância. Para o processo de implantação de usinas hidrelétricas, além da justificativa do fomento do crescimento econômico do país e do aumento da segurança energética, existem também implantações de Planos Básicos Ambientais (PBA’s), na medida em que a construção de usinas de produção de energias renováveis pressupõem medidas compensatórias que financiam projetos sociais e culturais, reconfigurando poder e desenvolvimento com base em dispositivos de governança nas comunidades (Boyer, 2014, 2019).

Também no Brasil as políticas climáticas e energéticas demandam uma diversificação da matriz energética, tornando um imperativo nacional após o apagão registrado em 2001, que deixou o país às escuras por incapacidade de aumento de produção hidrelétrica. Assim, demonstrou-se a necessidade de diversificar a matriz e aproveitar a disponibilidade de ventos e exposição solar. Nessa sequência, elaborado o Atlas eólico, foi rápido o avanço da energia eólica, estando presente em doze estados brasileiros, com maior concentração no Nordeste por ter ventos mais favoráveis. A expansão da energia eólica se dá com base no argumento de que é uma energia limpa e pode gerar desenvolvimento nos estados e municípios abrangidos com a criação de emprego e renda. Mas o processo não tem ocorrido sem conflitos com as comunidades perante impactos sociais e ambientais que alteram o modo de vida local. O tema é controverso na observação de conflitos derivados de impactos socioambientais e por ser pouco expressivo o contributo para o desenvolvimento dos municípios na fase de operação dos parques (Oliveira e Ferreira, 2019).

No Nordeste brasileiro, o Rio Grande do Norte tem-se mantido como o estado com maior potência instalada no Brasil. A aposta em energias renováveis surge igualmente em destaque nas políticas do governo estadual, destacando-se, já em 2022, o Atlas Eólico e Solar do Rio Grande do Norte, que mapeia áreas de potencial instalação de energias renováveis. A aposta é também da SUDENE, o órgão regional promotor do desenvolvimento e integração competitiva da região, sobretudo com o argumento de desenvolvimento, criação de emprego e renda.

O artigo tem como objetivo discutir e analisar a temática do desenvolvimento e expansão da energia eólica no Rio Grande do Norte a partir da revisão da literatura, análise das políticas públicas e de dados estatísticos. Através da coleta e análise de indicadores municipais procuramos verificar se efetivamente houve um impulso no sentido do desenvolvimento dos municípios.

Para cumprir os nossos objetivos, realizamos uma ampla revisão da literatura, que analisa criticamente os impactos na energia eólica em diversas partes do globo, identificando controvérsias e discussões. Ao mesmo tempo que revisamos a literatura nacional e damos enfoque ao Nordeste, e em especial ao Rio Grande do Norte (RN), sobre a expansão da energia eólica, buscamos através da análise estatística entender a evolução da energia eólica na América Latina, no Brasil e no RN. Por outro lado, através da mídia, de informação de movimentos sociais e de documentos oficiais buscamos entender como se tem dado essa controvérsia no referente a novos movimentos que questionam a energia eólica.

Desarrollo:

Expansão da energia eólica global

O avanço rápido da energia eólica no Brasil deve-se a situações de ordem interna, com destaque para a demanda energética e a crise energética ocorrida em 2001, mas também aos compromissos do país na agenda internacional. A influência externa faz-se notar no compromisso assumido com a ratificação do Protocolo de Quioto, assinado pelos participantes em 1997, e nas mudanças no setor da energia e enfrentamento da crise climática. A Europa avançou com a Estratégia 2020, que definiu como objetivos para 2020 obter 20% da energia consumida a partir de fontes renováveis e aumentar em 20% a eficiência energética. Esse compromisso foi, entretanto, atualizado no quadro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Metas reforçadas no Pacto Ecológico Europeu, prevendo que, para 2030, a União Europeia alcance 32% de quota de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto e 32,5% de redução do consumo de energia, com 40% de redução das emissões de gases com efeito de estufa relativamente aos níveis de 1990 e 15% de interligações elétricas (Parlamento Europeu, 2021).

Apesar dos impactos e conflitos, a contribuição da energia eólica para a descarbonização da economia tem incrementado o desenvolvimento da atividade à escala global, de tal modo que entre 2005 e 2015 a produção passou de 104 TWh (TeraWat-hora) para 1 273 TWh (REN21, 2020), e a capacidade instalada de 18 GW (GigaWatt) em 2000 para 590 GW em 2019, ou seja, incremento de 1.169 TWh em 10 anos e de 404 GW de capacidade instalada em 19 anos. (Dorrell e Lee, 2020). Segundo o relatório GWEC Global Wind Report 2021, em 2020 registrou-se um aumento de 90 GW na produção global de energia eólica em relação ao ano anterior, que passou a somar 743 GW, um aumento de 14% relativamente a 2019. A região da Ásia-Pacífico lidera a capacidade instalada com 60%, a América do Norte com 18,4% da capacidade instalada substituiu a Europa na segunda posição (15,9%), a América Latina permanece na quarta posição (5.0%), seguindo-se África e Oriente Médio. Por países, a produção de cinco países representava 80,6% das instalações, um crescimento de 10% face a 2019. Os países são: China 56%, EUA 18%, Brasil 3%, Holanda 2%, Alemanha 2% e os restantes países 19% (GWEC, 2021).

Na América Latina a expansão das energias renováveis permitiu levar energia elétrica a mais pessoas, em um processo que não está ainda concluído. Segundo dados da Cepal (2022), 4,8% da população latino-americana ainda não tem acesso à eletricidade. Apresentam-se o Brasil, Paraguai, Uruguai e Costa Rica com menor privação no acesso à eletricidade, que varia entre 0.2% e 0.4%. A situação é mais grave na Guatemala (22,1%), Nicarágua (14,3%), El Salvador (11,1%) e Honduras (7,4%). Os dados mostram que, além do país, o acesso à eletricidade é também marcado pela geografia e origem étnica. São os residentes em áreas rurais e indígenas os mais excluídos. Segundo dados de 2018, neste ano 99,73% dos brasileiros possuíam acesso à energia elétrica (Lisperguer e Pavez 2021).

Do ponto de vista da progressão das energias renováveis a matriz é ainda essencialmente hidráulica. Na verdade, o conceito de energias renováveis inclui eólica, solar, geotérmica, hidrelétrica e térmica renovável. O Brasil e a Costa Rica estão entre os países com maior capacidade instalada de renováveis na oferta energética total. Os dados da matriz energética regional, com ano de referência de 2019, informam que na América Latina e Caribe a oferta de energia primária renovável por recurso energético foi nesse ano de 29,6% de energia renovável, sendo que 16,6% requer combustão e 13% não requer combustão. No primeiro grupo destaca-se a lenha (8,1%) e a cana de açúcar e derivados (8,4%). No grupo que não requer combustão encontramos a hidroenergia (8,2%), a geotermia (0,5%) e “outros” (4,2%). É neste grupo “outros” que encontramos as energias eólica e solar, registrando uma subida gradual a partir de 2010, o que não será alheio ao peso das energias renováveis no Brasil, levando a um aumento de capacidade instalada de energia renovável na América Latina e Caribe no período 2000-2019 (Lisperguer; Pavez 2021; Cepal Estatísticas, 2022). 

Energia eólica no Nordeste e o paradigma do desenvolvimento

No Brasil, após a crise energética  de 2001 foi necessário repensar a política energética do país de modo a diversificar a matriz produtiva, fortemente dependente da energia hidrelétrica. A publicação do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, também em 2001, foi um importante marco para o desenvolvimento do setor eólico, ao identificar as áreas com maior potencial de ventos, destacando-se a região Nordeste e em particular o Rio Grande do Norte. 

Em 2002, foi aprovado pelo governo federal o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), instituído pela Lei nº 10.438/2002, pelo que a produção eólica possui aproximadamente 20 anos, avançando desde então na diversificação da matriz energética do país, propondo-se atualmente o eólico avançar no aproveitamento da força do vento que sopra em alto-mar  (produção offshore). O PROINFA objetivou impulsionar os investimentos voltados à diversificação de fontes de energia renováveis, incluindo-se aí, a energia eólica. 

Segundo dados de setembro de 2022 (Abeeólica, 2022) o país possui 22,5 GW de capacidade instalada, distribuídos por 827 parques em operação, com mais de 9.406 aerogeradores distribuídos em  12 dos 26 estados da federação brasileira, garantindo o segundo lugar na matriz energética com 12,1% da energia produzida, ocupando a 6ª posição no ranking mundial. A ABEeólica destaca o fato de cada MegaWatt (MW) instalado permitir criar 15 postos de trabalho, sendo que, de 2011 a 2020, a construção dos parques eólicos criou quase 196 mil postos de trabalho ou 10,7 empregos por MW instalado. Por outro lado, só em 2021 a produção eólica permitiu evitar a emissão de 34,4 milhões de toneladas de CO2 (ABEEÓLICA, 2022). Os mesmos dados mostram que o Nordeste se destaca na produção eólica, com o Rio Grande do Norte a liderar com 6.764,94 MW de potência instalada, seguindo-se a Bahia (6.259,48 MW), o Piauí (2.788,05 MW) e o Ceará (2.496,94 MW). Em quinto lugar surge o Rio Grande do Sul (1.835,89 MW), logo em seguida surgem Pernambuco (989,77 MW), Paraíba (628,44 MW) e Maranhão (426,00 MW). Sergipe apresenta-se na 10ª posição no ranking do país com 34,50 MW. Entre os estados apontados, apenas o Rio Grande do Sul não faz parte do Nordeste brasileiro (Abeeólica, 2022).

A energia eólica, no estado do Rio Grande do Norte, está presente, principalmente, nos municípios localizados no centro e nordeste do estado, áreas onde estão presentes as mesorregiões da Costa Branca e Mato Grande (Figura 01). Ao todo, dos 167 municípios do RN, 34 são produtores da energia, abarcando 294 empreendimentos (em operação, construção e construção não iniciada), com 177 parques em operação e 2.197 aerogeradores sobre o território potiguar (FIERN, 2021).  Entre os municípios de grande destaque, observa-se quatro com maior número de empreendimentos: Serra do Mel com 36, seguido de João Câmara com 29, Lajes com 26 e Parazinho com 22. 

Figura 1. Número de parques eólicos  no Rio Grande do Norte.

Fonte: Elaboração dos autores (2022) a partir de dados do FIERN (2021).

O RN possui uma potencial riqueza produtiva energética, não só pelo número de parques eólicos que estão em processo de instalação ou já em operação, mas também pelas condições morfoclimáticas. Além disso, o setor tem forte impacto na arrecadação dos municípios, principalmente, por meio do Imposto Sobre Serviços a prestação de serviços (ISS) e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Apesar do ganho econômico, o setor de energia eólica não se distância de controvérsias e impactos negativos, elementos que serão vistos a seguir. 

Controvérsias e impactos

Várias pesquisas têm identificado a progressão da energia eólica no Nordeste brasileiro e em particular no estado do RN, identificando elementos positivos, mas também impactos negativos. Entre os impactos socioambientais positivos podemos destacar o fato da energia eólica não emitir CO2 na geração e ser uma boa opção para a redução de gases com efeito de estufa no enfrentamento climático. É igualmente importante o fato de ser uma energia renovável, cujo impacto ambiental é menor que outras fontes energéticas e, por outro lado, diversifica a matriz e autonomia energética do país. Na fase de construção gera emprego e renda para as comunidades, na medida em que pode empregar alguns trabalhadores diretos e setores como o aluguel de habitações e microempresarial são favorecidos. E na fase de financiamento gera renda para as famílias beneficiadas e atrai investidores.

Entre os impactos negativos são normalmente apontados impactos socioambientais que se refletem, no semiárido, ainda mais sobre o vulnerável bioma caatinga, ocasionados pelo desmatamento e perda de biodiversidade. Destaca-se ainda a poluição sonora originada pelo barulho dos aerogeradores e a poluição visual que modifica a paisagem local.

Outro aspecto negativo observado é o impacto na saúde, tanto dos trabalhadores envolvidos nas atividades eólicas, quanto dos moradores circunvizinhos aos aerogeradores, ocasionado por suspensão de poeiras na fase de construção e do ruído do funcionamento, além do impacto social com a inserção de novos personagens e de alterações populacionais nos locais de implantação. Um dos impactos que se destaca são os chamados filhos dos ventos, ou seja, a gravidez de mulheres da comunidade pelos trabalhadores que no fim da obra ficam sem os companheiros e com os filhos para criar. 

Por outro lado, o modo de vida tradicional dessas comunidades acaba sendo afetado, reduzindo a produção de agricultura familiar e outras práticas. Em diversos casos eram comunidades afastadas dos acessos principais, a abertura de estradas foi positiva, mas também trouxe insegurança. Ao contrário das promessas, praticamente somente na fase de operação é que a eólica gera emprego e renda, na fase de operação os beneficiários são apenas os proprietários de terras. A articulação de antigas oligarquias clientelares permite que se beneficiem com a renda das eólicas, deixando os impactos para as comunidades locais. Temos assim, que a produção eólica no Nordeste gera conflitos, reproduzindo antigas lutas pela posse da terra e renda (Ferraz, 2014; Zanferdini, 2016; Gorayeb et al., 2016, Mauricio, 2017; Porto et al., 2013; Oliveira e Ferreira, 2019). 

Na fase de construção a eólica gera um importante impulso econômico ligado a alojamento e alimentação, mas impacta igualmente do ponto de vista econômico para os residentes, na medida em que se registra um aumento dos aluguéis à comunidade local e a geração de emprego não segue como prometido, além de se limitar a essa fase, é pela geração de subemprego. Dá-se igualmente a degradação das estradas, diante da grande movimentação de maquinário, e nem sempre as medidas prometidas são efetivamente cumpridas. Do ponto de vista social, destaca-se o aumento de doenças sexualmente transmissíveis, a exploração sexual, os citados filhos dos ventos, bem como aumento da violência e tráfico de drogas. Sendo igualmente de salientar possíveis impactos na saúde. Do ponto de vista ambiental Bezerra (2021) refere impacto nos habitats naturais, poluição sonora e pó, desmatamento, impacto nos recursos hídricos e de forma geral no solo, o que no litoral significa que impacta sobre as dunas e sobre a paisagem.

No Nordeste brasileiro, a energia eólica tem se associado a uma forte narrativa que a associa ao baixo impacto socioambiental e à promoção do desenvolvimento, um argumento que necessita ser ponderado e avaliado face ao impacto sobre as comunidades, que excluídas de outros processos sejam escolhidas como áreas ou comunidades de sacrifício (Acselrad, 2002, 2004) para bem da produção energética nacional. Os movimentos de protesto emergentes assumem um caráter mais abrangente e integrador, mostrando a persistência de conflitos mesmo na fase de operação. Os conflitos não são apenas por ter e por não ter (Oliveira e Ferreira, 2019), são também pela perda de autonomia do agricultor familiar no acesso aos territórios produtivos, pelas consequências para a saúde e práticas tradicionais das comunidades. 

Em protesto, a 13ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia na Borborema encheu as ruas de Solânea/PB contra os impactos negativos da implantação dos parques eólicos em regiões de agricultura familiar. A recente Carta do Seridó (2022) aponta a preocupação com a dignidade das comunidades e com a função social, climática e ambiental dos ecossistemas, defendo a necessidade de preservação de algumas áreas. A Carta defende a necessidade de aposta no planejamento territorial para a conservação socioambiental frente à expansão do setor energético; a elaboração de um Programa de Áreas Protegidas da Caatinga do Rio Grande do Norte; a criação de unidades de conservação na área de Lajes e Cerro Corá e suspensão de licenças ambientais; a definição de protocolos metodológicos mínimos para EIA-RIMA e monitoramento de empreendimentos eólicos; e a aprovação de uma portaria com listas das espécies ameaçadas de extinção do Rio Grande do Norte (Cáritas Diocesana de Caicó et al., 2022).

Neste contexto, entre as políticas públicas já acionadas são primordiais as medidas compensatórias resultantes da construção dos parques, porém, apesar da sua importância, são insuficientes, o seu efeito é residual, carecendo a sua aplicação de monitoramento e avaliação rigorosa. Esse apoio resulta da obrigatoriedade de aporte de 0,5% dos projetos eólicos em compensações ambientais nos casos de licenciamento com Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. São escassas as pesquisas existentes sobre o tema. No Rio Grande do Norte, Bezerra (2021) mostra a importância do apoio da Brookfield Energia Renovável nos anos 2017 e 2018 na implementação de tecnologias sociais, sobretudo no apoio à agricultura familiar em áreas rurais. Outras pesquisas mostram o apoio das empresas eólicas na recuperação/construção de escolas, postos de saúde e outras infraestruturas e equipamentos para as comunidades. 

Em um exercício com indicadores socioambientais para se avaliar se a expansão eólica gerou melhoria nestes indicadores, verificamos que a melhoria em alguns indicadores não é específica da presença da energia eólica, o que torna difícil concluir se a sua presença é indutora de processos de desenvolvimento local, apesar dos municípios terem aumentado sua arrecadação, por meio do ISS e ICMS. Não podemos esquecer a importância da energia eólica num plano mais amplo para o país e para o estado, designadamente em termos de soberania energética, mas também de expansão de empresas de construção e materiais usados na construção dos parques, assim como na expansão nas universidades e institutos federais de cursos técnicos, de graduação, mestrado e doutorado vinculadas ao setor eólico, mas essa pesquisa de sistematização será realizada em trabalhos futuros. O mesmo acontece com as vantagens para os municípios em termos de cobrança de imposto.

O recente estudo sobre os “Impactos Socioeconômicos da produção de energia eólica nos municípios do Rio Grande do Norte” (SENAI, Mais RN Digital, FIERN, 2022) conclui que o PIB, o PIB per capita e o emprego avançaram nos dez municípios selecionados e que  representam mais da metade dos parques eólicos do estado. Os resultados são animadores, porém, carecem da inclusão de mais indicadores e de uma análise comparativa que inclua todos os municípios. É importante conferir se se tratou de uma tendência impulsionada pela energia eólica ou se se registra igualmente em outros municípios do estado. 

Levando à discussão a dimensão da sustentabilidade, utilizou-se os resultados, de 2022, do Índice de Desenvolvimento Sustentável nas Cidades (IDSC). O IDSC é desenvolvido pelo  pelo programa Cidades Sustentáveis em parceria com o Sustainable Development Solutions Network (SDSN), sendo uma plataforma que monitora o avanço dos municípios brasileiros em relação aos 17 ODS, por meio de indicadores de ordem social, econômica e ambiental. O índice final possui cinco classificações: 1. Muito alto - 80 a 100; 2. Alto -  60 a 79,99; 3. Médio – 50 a 59,99;  4. Baixo – 40 a 49,99; e Muito baixo – 0 a 39,99.

A Figura 2  mostra o IDSC nos municípios do RN. Ao relacionar o mapa a seguir com o anterior,  fica evidente que não há como indicar a formação de áreas de desenvolvimento sustentável superior, por parte dos municípios que possuem os empreendimentos eólicos, em comparação ao restante do RN.

Figura 2. Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades no Rio Grande do Norte.

Fonte: elaborado pelos autores (2022) a partir de  IDSC (2022).

Precisamos aprofundar a pesquisa, o que resultados permitem concluir é que o setor pouco influenciou na ampliação de políticas sociais e de desenvolvimento sustentável das cidades. É importante identificar o que os municípios possuem em comum e diferente que possam vir a influenciar na melhora das condições de vida. Seja quais respostas forem, é perceptível que os empreendimentos eólicos não estão produzindo um desenvolvimento que, frequentemente, é propagandeado pelos apoiadores da ampliação do setor.

Para além do que já se apontou, se compararmos as Figuras 1 e 2 podemos observar a ocorrência de municípios com eólicos em suas diferentes fases, classificados no IDSC com classificação baixa ou muito baixa. São os casos dos municípios de Areia Branca, Grossos, Assu, Caiçara do Norte e Rio do Fogo, definidos com IDSC muito baixa. 

Conclusiones:

Sabe-se da potencialidade existente no Estado do Rio Grande do Norte no tocante à geração de energia eólica, sendo o principal no território brasileiro, e o segundo colocado em número de parques efetivamente instalados em cerca de 38 municípios, sendo seus 218 parques correspondentes a 26% do total nacional e representando 30,5% de potência em geração  (SENAI, Mais RN Digital, FIERN, 2022). 

Há constatação de que o PIB dos principais geradores de energia eólica do Rio Grande do Norte apresenta-se em crescimento anual maior que o do Estado, e possui maior participação no PIB total. Percebe-se também incremento destacável nas geração de receitas públicas. Ainda, nota-se maior aumento nas taxas de emprego e de instalação de estabelecimentos comerciais nesses municípios em relação à média do estado, porém necessita-se de complementação de tais dados no que diz respeito ao tempo de permanência de novos empregos gerados e estabelecimentos abertos.

No entanto, é necessária a análise de mais dados para comprovar se a energia eólica vem trazendo ou não desenvolvimento aos municípios do Rio Grande do Norte. A generalidade dos pesquisadores da área é relutante quanto a este aspecto, ainda que reconheça a importância da eólica na produção de energia e em processos de desenvolvimento em escalas mais amplas e com outra temporalidade. Localmente, verifica-se que os impactos observados em relação à construção, instalação e operação dos parques eólicos podem ser observados no tocante à escala das comunidades (Bezzera, 2021). A anunciada geração de emprego e renda acontece apenas na instalação dos parques, não havendo continuidade de ocupações no seu funcionamento, pois em média, para cada 100 empregados contratados na construção e instalação de um parque eólico de grande porte, apenas 1 permanecerá trabalhando e tempo integral na sua operação. Também não há capacitação dos empregados, no sentido de promover qualificação ou gerar conhecimento para aplicação futura em outras atividades, sendo demandada mão de obra local apenas para serviços de baixa qualificação técnica. Pelo contrário, há impactos negativos gerados nos âmbitos sociais, econômicos e ambientais, no que carece na população local de informação e entendimento quanto aos impactos negativos gerados, devendo estes ser orientados quanto à efemeridade dos empregos gerados e renda circulante, a qual observa incremento tão somente no período de instalação dos parques.

Na prática os parques acabam beneficiando alguns proprietários, que parecem se organizar para serem os beneficiados na localização. Os impactos geram vulnerabilidades junto das comunidades e são motivo de conflitos. O prometido desenvolvimento tem dificuldade em ter expressão nas comunidades e municípios, acontece apenas através de medidas compensatórias pontuais, sem que tenham um acompanhamento da sua efetiva concretização.

Em síntese, é necessário repensar este modelo de desenvolvimento, que por sua vez acaba sendo do interesse de grandes empresas do setor eólico, mas também financeiro. O modelo expande-se agora para a produção offshore, podendo gerar impactos junto das comunidades tradicionais que vivem da pesca e do turismo.

Bibliografía:

Abeeólica (2022, 12 setembro). Energia Eólica. Os bons ventos do Brasil. INFOVENTO 27. Disponível em https://abeeolica.org.br/wp-content/uploads/2022/09/2022_09_InfoVento27.pdf

Abeeólica & Go Associados (2020). Impactos socioeconômicos e ambientais da geração de energia eólica no Brasil. São Paulo: Abeeólica/GO Associados. Disponível em https://epbr.com.br/wp-content/uploads/2021/02/ABEEolica_GO-Associados-V.-Final.pdf

Acselrad, H. (2002). Justiça ambiental e construção social do risco. Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 5, p.49-59. Disponível em https://revistas.ufpr.br/made/article/viewFile/22116/14480

Acselrad, H. (2004). A Meio Ambiente e Justiça: estratégias argumentativas e ação coletiva. Justiça ambiental e cidadania. Rio de Janeiro: Relume dumará, p. 23-40, 2004. Disponível em https://www1.icmbio.gov.br/educacaoambiental/images/stories/biblioteca/Publica%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%B5es_da_COEDU/Referencial_Te%C3%83%C2%B3rico/RT01b_ACSELRAD_Meio_Ambiente_e_Justica.pdf

EEA - European Environment Agency (2019).. Energy. Copenhagen: European Environment Agency. Disponível em: https://www.eea.europa.eu/pt/themes/energy/intro

Alexander, C. & Reno, J. O. (2014). From biopower to energopolitics in England's modern waste technology. Anthropological Quarterly, 87 (2), p. 335-358.

Alier, J. M. (1997). O ecologismo dos pobres. O Espaço Geográfico em Análise, v. 1, p.7-21.

Alier, J. M. & Milanez, F. (2016). Ecologismo dos pobres, colonialismo e metabolismo social. InSURgência: revista de direitos e movimentos sociais, v. 1, n. 2, p. 8-18.

Andersson, G. et al. (2005). Causes of the 2003 major grid blackouts in North America and Europe, and recommended means to improve system dynamic performance. IEEE transactions on Power Systems, v. 20, n. 4, p. 1922-1928.

Boyer, D. (2019). Energopolitics. Wind and Power in the Anthropocene. Durham and London: Duke University Press.

Boyer, D. (2014). Energopower: an introduction. Anthropological Quarterly, 87 (2), 309-333.

Brasil de Fato. Paraíba (2022, 29 abril). 13ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia acontece neste dia 2 de maio. Disponível em https://www.brasildefatopb.com.br/2022/04/29/13-marcha-pela-vida-das-mulheres-e-pela-agroecologia-acontece-neste-dia-2-de-maio

Cáritas Diocesana De Caicó, Diocese De Caicó, UERN, UFRN, Fetarn, Adese, Cáritas Brasileira Regional Ne2 (2022). Carta do Seridó: a vida pulsa no semiárido. Disponível em https://drive.google.com/file/d/1VEhY6KKRgV1mQZY6GtsmvCwCHDs7zLNF/view?pli=1

Cepal (2022). Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2021, CEPAL / Nações Unidas. Disponível em https://www.cepal.org/es/publicaciones/47827-anuario-estadistico-america-latina-caribe-2021-statistical-yearbook-latin 

Cepal (2022). La energía en América Latina y el Caribe: acceso, renovabilidad y eficiencia. Temas estadísticos de la CEPAL. No. 5, CEPAL/Nações Unidas, 2022. Disponível em https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47924

Cerqueira, L. & Nunes, A. Mulheres de 13 municípios da Borborema farão marcha contra o modelo industrial de geração de energia. Jornal da Paraíba, 28 de abril de 2022. Disponível em https://jornaldaparaiba.com.br/politica/conversa-politica/2022/04/28/energia-eolica-borborema-marcha-solanea

Cruz, R, M. F. (2020). El Istmo de Tehuantepec en disputa. El camino de la Asamblea de Pueblos del Istmo (APPIIDDTT) frente al expansionismo de las energías renovables. Revista Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, 4 (2), 97-120.

Dorrel, J.& Lee, K. (2020). The cost of wind: Negative economic effects of global wind energy development. Energies, 13 (14), 3667, p.1-24.

Dos Santos, C. F. (2018). Desenvolvimento e meio ambiente: a construção do município de Rio Grande (RS/Brasil) como uma zona de sacrifício. PerCursos, v. 19, n. 41, p. 50-78.

Fellet, J. (2022, 3 maio). Por que mulheres tentam barrar complexo de energia eólica na Paraíba. BBC. Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61302577

Fierro, J. A. M., Sanagustín-Fons, M. & Alvarez Alonso, C. (2020). Accountability through Environmental and Social Reporting by Wind Energy Sector Companies in Spain. Sustainability, 12(16), 6375, p. 1-17.

Federação das Indústrias do Rio Grande Do Norte (FIERN). Mapa das Energias Renováveis. 2021. Disponível em https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjk3MDRiMzgtMTA5NS00ZWZjLWExN2EtYzllOTk4OGMzYzViIiwidCI6IjhmMDYyNWI4LTkzM2YtNDM3Yi1iNDE4LTA5NTcxZTY5YmZlNCJ9&pageName=ReportSection8fd1f6f47c2ba0e50e8d

GWEC (2021). Global Wind Report 2021. Global Wind Energy Council. Disponível em https://gwec.net/wp-content/uploads/2021/03/GWEC-Global-Wind-Report-2021.pdf

Howe, C., Boyer, D. & Barrera, E. (2015). Los márgenes del Estado al viento: autonomía y desarrollo de energías renovables en el sur de México. The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, 20(2), p. 285-307.

Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades - Brasil. Mapa interativo do Rio Grande do Norte (RN). Disponível em: https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/map

IEA - International Energy Agency (2020). Statistics report. Key World Energy Statistics 2020. International Energy Agency. Disponível em https://webstore.iea.org/download/direct/4093?filename=key_world_energy_statistics_2020.pdf

Lisperguer, R. C. & Pavez, R. S. (2021). Informe regional sobre el ODS 7 de sostenibilidad energética en América Latina y el Caribe. CEPAL/Nações Unidas. Disponível em https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47674/S2100754_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Mitchell, T. (2011). Carbon Democracy political power in the age of oil. London and New York. Verso. 

Hofstaetter, M. & De Azevedo, F. F. (2022). Por uma economia popular e solidária no vetor produtivo de geração de energia eólica no Rio Grande do Norte. Sociedade e Território, v. 34, n. 1, p. 118-136.

Oliveira, H. E. L. & Ferreira, J. G. Energia eólica: Entre o dilema do desenvolvimento regional e o conflito socioambiental. Anais do XVIII ENANPUR - Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, Natal, 2019. Disponível em https://www.researchgate.net/publication/333433987_Energia_eolica_Entre_o_dilema_do_desenvolvimento_regional_e_o_conflito_socioambiental

Parlamento Europeu (2021). Fichas técnicas sobre a União Europeia. Disponível em https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_2.4.9.pdf

Pasqualetti, M. J. (2011). Opposing wind energy landscapes: a search for common cause. Annals of the Association of American Geographers, 101 (4), p. 907-917.

Pessoa, Z. S. et al. (2022). Relações entre descarbonização, vulnerabilidades socioambientais e impactos regionais da energia eólica no contexto do Nordeste do Brasil: o caso do Rio Grande do Norte. In Descarbonização na américa do sul: conexões entre o Brasil e a Argentina, Christian Brannstrom, Lucas Seghezzo e Adryane Gorayeb (Orgs). Mossoró, RN: Edições UERN, p.329-353.

Porto-Gonçalves, C. W. (2006). A Reinvenção dos Territórios: a experiência latino-americana e caribenha. In Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado, CECEÑA, A. E. CLACSO: Buenos Aires, p. 151-197, 2006.

REN21 (2020).  Renewables 2020 Global Status Report. Disponível em https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr_2020_full_report_en.pdf

Roger, D. (2014).  Energopolitical Russia: Corporation, state, and the rise of social and cultural projects. Anthropological Quarterly, 87 (2), p. 431-451.

SENAI, Mais RN Digital, FIERN (2022). Impactos Socioeconômicos da produção de energia eólica nos municípios do Rio Grande do Norte. Disponível em https://www.fiern.org.br/wp-content/uploads/2022/11/Estudo_Eolicas.pdf 

Scherhaufer, P. et al. (2017). Patterns of acceptance and non-acceptance within energy landscapes: A case study on wind energy expansion in Austria. Energy Policy, v. 109, p. 863-870, 2017.

Palabras clave:

Energia eólica, Nordeste Brasileiro, Rio Grande do Norte, Conflitos, Desenvolvimento.

Resumen de la Ponencia:

O crescimento das cidades e o aumento da taxa de urbanização trazem modificações na paisagem urbana, assim como na qualidade do meio físico, no bem estar social e individual (BUCCHIERI FILHO & NUCCI, 2006). As áreas verdes se mostram extremamente importantes na garantia da qualidade de vida urbana. Dentre as principais vantagens, há a absorção de ruídos pela vegetação, filtração das partículas em suspensão, ação purificadora do ar, atenuação da luminosidade e calor, aumento da infiltração e diminuição do escoamento superficial. A vegetação contribui também para diminuição dos ruídos de veículos, e consequentemente o stress advindo; a vegetação no meio urbano “atenua o sentimento de opressão do homem, com relação às grandes edificações” (LOBODA & DE ANGELIS, 2005, p. 134). As áreas verdes são espaços de lazer e bem-estar que assumem igualmente uma função estética, com integração dos espaços construídos e de circulação, contribuindo para o bem-estar à população, quebrando a monotonia e repetição das paisagens urbanas. No sentido de garantir o acesso do cidadão ao espaço urbano estas áreas devem ser dotadas de equipamentos apropriados, além disso, deve garantir-se o acesso da população a estes locais, tanto por meio da espacialização dos equipamentos como garantia de transporte público e vias de acesso (RAMOS et al, 2016). Em contraciclo, observa-se a diminuição na diversidade de fauna e flora implicando em parâmetros como ar fresco, água potável, espaços naturais e arborizados (SCHEUER & NEVES, 2016). O objetivo desta proposta é realizar uma ampla discussão teórica que possa subsidiar a realização de uma pesquisa sobre as áreas verdes da cidade de Natal, nordeste do Brasil, buscando compreender a percepção da população sobre a importância dos espaços verdes da cidade Para se cumprir o nosso objetivo faremos uma ampla revisão bibliográfica e discussão do tema. BUCCHERI FILHO, A. T.; NUCCI, J. C. Espaços livres, áreas verdes e cobertura vegetal no bairro alto da XV, Curitiba/PR. Revista do Departamento de Geografia, São Paulo, v. 18, p. 48 – 59, 2006.LOBODA, C. R.; DEANGELIS, B. L. D. Áreas verdes públicas urbanas: conceitos, usos e funções. Ambiência Guarapuava, Curitiba, v.1 n.1, p. 125 –139, jan. jun., 2005.NUCCI, J.C.; CAVALHEIRO, F. Cobertura vegetal em áreas urbanas – conceito e método. GEOUSP 6, São Paulo: Depto. de Geografia/USP, p. 29-36, 1999.RAMOS, H. F.; NUNES, F. G.; SANTOS, A. M. dos. Índice de áreas verdes como estratégia ao desenvolvimento urbano sustentável das Regiões Norte, Noroeste e Meia Ponte de Goiâniago, Brasil. Cuadernos de Geografía:Revista Colombiana de Geografía, v. 29, n. 1, p. 86-101, 2020.SCHEUER, J. M.; NEVES, S. M. A. Da S. Planejamento urbano, áreas verdes e qualidade de vida. Revista Meio Ambiente e Sustentabilidade, Curitiba, v. 11, n 5, p. 59-69, 2016.

Resumen de la Ponencia:

As convenções globais ambientais que tratam sobre gestão de resíduos têm experimentado desenvolvimentos normativos durantes as últimas quatro décadas, principalmente, em termos técnicos, tecnológicos e comerciais. Não obstante, a aceleração da produção de resíduos e lixo mediada pela subsunção ao capital tem superado os avanços do direito internacional público que conduzem a regulação legal dos mercados transfronteiriços de inúmeras substâncias resultantes do circuito metabólico da economia.  Os países da Norte América e da Europa Ocidental são os principais concorrentes no mercado de exportação de resíduos tóxicos e perigosos, materiais potencialmente recicláveis, e outros materiais complexos. Em contrapartida, a África, o Sudeste Asiático e, inclusive, América Latina e o Caribe aparecem como importadores estratégicos desse tipo de materiais residuais. Assim, existe uma balança comercial de resíduos caracterizada pelo intercambio ecológico desigual entre o Norte e o Sul Global, mas por uma operação mercantil que flutua entre a legalidade e a ilegalidade, e que produz críticos impactos ambientais, sociais e econômicos nos países receptores. Diante desse conflito ecológico pelos desperdícios e a poluição, esse trabalho questiona a reprodução desses mercados ilegais de nível planetário que infringem as políticas dos Estados e as convenções globais sobre o controle dos movimentos transfronteiriços, o tratamento e disposição final de resíduos. Portanto, se chama a atenção sobre a urgência estudar esses conflitos e de reforçar os compromissos internacionais na luta contra a crise dos desperdícios e da poluição.

Introducción:

As convenções globais ambientais que tratam sobre a gestão e gerenciamento de resíduos têm experimentado desenvolvimentos normativos durantes as últimas quatro décadas, principalmente, em termos técnicos, tecnológicos e comerciais. Não obstante, a aceleração da produção de resíduos e lixo mediada pela subsunção às dinâmicas do capital vem superando os avanços do direito internacional público que conduzem a regulação desse setor, mas especificamente a respeito dos mercados e movimentos transfronteiriços de inúmeras substâncias resultantes do circuito metabólico da economia global. 

Os países da Norte América e da Europa Ocidental são os principais concorrentes no mercado de exportação de resíduos tóxicos e perigosos, materiais potencialmente recicláveis, e outros materiais complexos. Em contrapartida, a África, o Sudeste Asiático e, inclusive, América Latina e o Caribe aparecem como importadores estratégicos desse tipo de materiais residuais. Assim, há um fluxo de substâncias complexas que navegam mares e oceanos desde o Norte global em direção a países do Sul global como Nigéria, Guiné Equatorial, Malásia, Vietnam, Indonésia e Filipinas. Assim, existe uma balança comercial de resíduos caracterizada pelo intercambio ecológico desigual, mas por uma operação mercantil que flutua entre a legalidade e a ilegalidade e que produz críticos impactos ambientais, sociais e econômicos nos países receptores de resíduos e lixo.

Esse mercado transfronteiriço não sempre respeita os marcos normativos. O estudo de conflitos ecológicos pelos desperdícios e a poluição no Sul global interpela a existência de um mercado ilegal de resíduos e lixo de dimensão planetária e que não somente infringe as políticas dos Estados Nacionais, mas os compromissos expressados nas convenções globais ambientais que visam controlar tanto os movimentos transfronteiriços, quanto as atividades de processamento, tratamento e disposição final dos resíduos. 

Diante desse conflito ecológico, com base em dados qualitativos e fontes secundarias, esse trabalho[1] questiona a reprodução desses mercados ilegais, repassa as principais convenções sobre resíduos, e chama a atenção sobre a urgência estudar esse tipo de conflito e seus impactos, e de reforçar os compromissos internacionais na luta contra a crise dos desperdícios e da poluição no mundo. 

 

[1] Esse trabalho forma parte da pesquisa de tese doutorado do Daniel Prieto Sánchez no programa de pós-graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ), sob a orientação do prof. Dr. Peter May e do prof. Dr. Cicero Pimenteira. A pesquisa conta com o apoio financeiro do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PDSE/CAPES).

Desarrollo:

A exportação de uma poluição tóxica

Na segunda metade de século XX se identificou a existência de um circuito de transporte e comercio transnacional de resíduos tóxicos e perigosos, através de grandes embarcações que transportavam estes materiais desde países industrializados até portos de disposição final. Esse mercado funcionava de forma legal, mas também de maneira clandestina e ilegal. Durante a década de 1980 se registraram casos emblemáticos que alcançaram repercussão na mídia internacional, pois revelaram um esquema de tráfico ilegal pouco conhecido que devia ser estudado e denunciado em ampla escala pelos impactos sociais, ambientais e econômicos que estava se reproduzindo, sobretudo, nos países receptores desses resíduos. 

Diante desse problema, a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano realizada em Estocolmo (1972) já tinha advertido que “deve-se pôr fim à descarga de substâncias toxicas e de outras materiais e à liberação de calor, em quantidade ou concentrações tais que não possam ser neutralizadas pelo meio ambiente, a fim de se evitar danos graves e irreparáveis aos ecossistemas” (UNEP, 1972). Desde a metade século XX a comunidade científica advertiu sobre os efeitos da utilização dessas substâncias e as consequências sobre diversas populações, tal o caso da pesquisa publicada pela bióloga Rachel Carson (1962). Nessa conjuntura, no Estocolmo se ressaltou a importância de apoiar a luta contra a poluição e convidou aos países membros a tomar medidas possíveis para “impedir a poluição dos mares por substâncias que possam pôr em perigo a saúde do homem, prejudicar os recursos vivos e da marinha, causar danos às possibilidades recreativas ou interferir em outros usos legítimos do mar” (UNEP, 1972). 

Apesar dessa declaratória, na década de 1980 uma equipe de jornalistas de ‘El País’ da Espanha, apresentou o caso particular dos ‘barcos da morte’ que transportavam resíduos tóxicos e nucleares desde países norte-americanos e europeus para a Annobón, umas das ilhas do território insular da República de Guiné Equatorial. A reportagem exibiu a cruel panorâmica sobre o tráfico marítimo e ilegal de resíduos tóxicos no Mar Mediterrâneo e Oceano Atlântico, no qual participavam diferentes governos nacionais, organizações multinacionais e indústrias privadas, mas atingido as condições ambientais e sanitárias das comunidades da Guiné.

Annobón é uma ilha de 22 quilômetros quadrados de superfície e na época era habitada por uma população de 2.000 habitantes que tinha sido colocada no centro de um contrato assinado entre o presidente ditador Teodoro Obiang Nguema e uma empresa norte-americana, com o objetivo de depositar quase sete milhões de toneladas de resíduos tóxicos na ilha (Camacho e Camiñas, 1988a). Por conseguinte, Annobón foi transformada em uma ‘zona de sacrifício’ para a instalação de um lixão internacional para ser utilizado por empresas de países industrializados com a capacidade de movimentar resíduos por rotas marítimas.

O conflito ecológico do Annobón ganhou destaque na imprensa internacional e na agenda da Organização para Unidade Africana (OUA), de organizações sociais e não governamentais de caráter ambiental como a Greenpeace, que acabaram denunciando que esse caso da Guiné Equatorial se registrava em mais dez países africanos. No Benin, Congo, Guiné Bissau, Gabão, Senegal, Nigéria, Zimbábue e África do Sul também formavam parte do circuito de importação de resíduos tóxicos e nucleares (Camacho e Camiñas, 1988a). Nesses países se instalaram lixões ilegais para a disposição final desse tipo de resíduos sem nenhum tipo de controle, regulação ou fiscalização ambiental. Por conseguinte, se começou a examinar a operação de uma estrutura transnacional de nível global que movimentava quantidades massivas de resíduos tóxicos. Assim, se descobriram empresas especializadas no tratamento desses resíduos, as fontes industriais de geração, comerciantes e, além disso, a participação direta e indireta dos governos dos países norte-americanos, europeus e africanos.

A pesquisa de Camacho e Camiñas (1988a; 1988b) não somente demostrou a operação dos ‘barcos da morte’, como o Karin B e o Deep Sea Carrier de origem alemão e o Zanoobia de bandeira síria, mas do funcionamento ilegal de uma balança comercial de exportação e importação de substâncias perigosas com alto potencial de expansão global.  Se determinou que o tráfico ilegal se sustentava em “contratos falsos que camuflam os resíduos como fretes convencionais, corrupção de funcionários e Governo, abandono e descarregamento de barris malditos em praias, águas e desertos sem vigilância” (Camacho e Camiñas, 1988b). Aliás, a operação era possível pela conivência institucional e a flexibilidade dos mecanismos de vigilância e controle nos países produtores dessas substâncias. Desta forma se revelou o lucrativo negócio das empresas privadas legalmente constituídas que se especializaram em comercializar, transportar e depositar resíduos em países do Sul global para reduzir os custos do processamento na fonte da origem. 

Esse tipo de conflito começou a ser examinado desde a perspectiva da ecologia política e a economia ecológica e pesquisadores como Martínez-Alier (2007) estudaram a reprodução de casos semelhantes também durante a década de 1990. Segundo esse economista, um caso representativo aconteceu na África do Sul, pois “foram detectadas concentrações maciças de mercúrio no rio Umgeweni, próximo da fábrica de Cato Ridge de propriedade da Thor Chemicals” (p. 249). Essa multinacional com sede em Londres transportava os resíduos de mercúrio da companhia Cyanamid que operava em New Jersey, Estados Unidos. Dessa vez, um coletivo de grupos ambientalistas estado-unidenses e sul-africanos, sindicatos e até agricultores afetados pelos resíduos tóxicos de pesticidas se mobilizaram contra os impactos causados pela operação de tais empresas. Segundo Martínez-Alier (2007), o coletivo protestou contra esse ‘imperialismo do lixo’ e o ‘colonialismo tóxico’ que mediavam a exportação legal e ilegal de resíduos tóxicos dos países ricos do Norte Global para países empobrecidos do Sul Global. Em outras palavras, esse conflito ecológico pode ser descrito como uma expressão da injustiça ambiental, o racismo ambiental (Martínez-Alier, 2007) e a injustiça sanitária (Porto et al., 2021)

Diante da organização social e o ativismo ambiental, Keck e Sikkink (1999) argumentam que as redes transnacionais estruturadas por agentes civis, movimentos e organizações não estatais e governamentais conseguem incidir na formulação de política internacional. Porém, através de redes de advocacia e ao mesmo tempo que contribuem com a articulação de normas sociais e culturais, o compartilhamento de informação estratégica, e a promoção de processos de integração regional e internacional. Contudo, o reconhecimento destas redes também examinar e questionar as convenções globais que tentam regular os movimentos transfronteiriços dos resíduos no mundo.

Legalidade e ilegalidade nos mercados de resíduos

Não todos os elementos constituintes do mercado global de resíduos violam as estipulações legais. Seguindo a argumentação de Beckert e Dewey (2017), certas ações deste mercado vulneram o marco legal e, como podemos ver no mercado de resíduos, estas ações formam parte de práticas operativas de organizações formais que participam dentro da estrutura da exportação e importação de resíduos, também, com outras empresas ou operadores especializados da indústria de reciclagem e tratamento de outros tipos de resíduos. 

Beckert e Dewey (2017, p. 4) distinguem entre cinco tipos de ilegalidade nos mercados. O primeiro se refere a mercados nos quais a troca certos tipos de bens ou serviços está proibida. O segundo tipo se refere aos produtos roubados. O terceiro tipo envolve os produtos falsificados. Um quarto tipo trata dos produtos legalizados, mas que sua comercialização é ilegal. Finalmente, no quinto tipo de ilegalidade, se observa que a produção, a troca e o consumo dos produtos são, em princípio, legais, mas os atores violam a normatividade durante esse processo.

A ilegalidade identificada nos mercados internacionais de resíduos se encaixa na quarta e quinta tipologia proposta por Beckert e Dewey (2017). A comercialização de resíduos em áreas nacionais e internacionais é legal, mas apesar disso, essa comercialização se torna ilegal quando viola os princípios do direito internacional sobre resíduos e quebra a própria legislação dos países exportadores e importadores.

À vista desses conflitos, o Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente (PNUMA) promoveu entre a comunidade internacional conformada por mais de 170 Estados membros, a negociação da ‘Convenção de Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito’. A Convenção de Basileia (CB) foi adotada em 1989 e entrou em vigência em 1992, com o objetivo geral de “proteger, mediante o um estrito controle, a saúde humana e o meio ambiente contra os efeitos nocivos que podem se derivar da geração e o manejo de resíduos perigosos e outros resíduos” (PNUMA, 1992, p. 9). 

A Convenção de Basileia foi um avanço nessa matéria que se sustentou no direito internacional público e adotou a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Humano (Estocolmo, 1972), as Diretrizes e Princípios do O Cairo para o manejo ambientalmente racional de resíduos perigosos (1987), as recomendações do Comitê de Especialistas no Transporte de Mercadorias Perigosas das ONU (1957 e atualizadas cada dois anos), entre outros instrumentos internacionais (PNUMA, 1992, p. 7).

Desde a perspectiva da CB, o Estado deve desempenhar um papel central nas tarefas de controle e vigilância dos movimentos transfronteiriços. Em outras palavras, o Estado adota a responsabilidade principal de na frente de regular tais movimentos mediante a aplicação do princípio de consentimento fundamentado prévio, sendo que é necessário que os Estados desenvolvam um marco legal para prevenir e punir o tráfico ilícito de resíduos. No segundo frente, a convenção recomenda a aplicação de controles estritos na gestão dos resíduos perigosos, desde sua geração na fonte até sua armazenagem, transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, recuperação e eliminação final (PNUMA, 2005). 

De tal modo, a CB é um instrumento de direito internacional público para regular e prevenir o tráfico ilícito, através de assistência técnica para a gestão ambientalmente adequada destes resíduos na fonte geradora e receptora, o incentivo à redução e minimização na fonte, e a promoção da cooperação internacional entre os Estados. Para tal fim, a convenção define que o tráfico ilícito consiste em não notificar a movimentação, desrespeitar o consentimento do Estado receptor, falsificar o consentimento, apresentar documentação inconsistente, e eliminar de forma deliberada tais resíduos perigosos “em contraposição com a Convenção e dos princípios gerais do direito internacional” (PNUMA, 1992, p. 24).

A CB também prevê que se um movimento transfronteiriço de resíduos chegasse a ser tipificado como um caso de tráfico ilegal, após comprovação de uma conduta criminosa da empresa exportadora e da fonte de geração, o Estado deverá se responsabilizar pela gestão ambientalmente adequada. O PNUMA (1992, p. 25) recomenda que o Estado exportador garanta a devolução dos resíduos transportados de maneira ilícita ou, se não fosse possível, a eliminação conforme às disposições da Convenção e sem oposição, obstáculos ou impedimentos por parte dos Estados comprometidos nestes movimentos ilícitos. Em 1994 se adicionaram outras normas que limitaram a exportação de resíduos tóxicos dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Ainda assim, o CB permite exceções respeito a recuperação de materiais ou para a reciclagem que criam brechas de exportação de resíduos aparentemente recicláveis, mas contém artigos que permitem acordos bilaterais ou multilaterais para a exportação de resíduos tóxicos, sob a permissão do “bom monitoramento ambiental” do artigo 11 da CB. Essa flexibilidade continua facilitando a circulação dos resíduos perigosos dos países ricos para os países empobrecidos e criando oportunidades para transportar essas substâncias nos oceanos e mares ainda ‘subcontaminados’ (Martínes-Alier, 2007, p. 250).

Com todo esse panorama, o exercício de poder da ONU mediante esse instrumento internacional é questionado pela capacidade de incidir sobre a dinâmica das relações comerciais legais e ilegais, mas também pela legitimidade que outorga a operação dos mercados transfronteiriços de resíduos. A CB reconhece explicitamente que a forma mais efetiva para proteger a saúde humana e o ambiente dos danos produzidos pelos resíduos consiste na redução na fonte de geração, tanto em quantidade e complexidade, como em toxicidade. Contudo, a crise planetária pelos desperdícios e a poluição representa um problema complexo que a convenção precisa abordar mediante atividades de valorização, tipificação e recategorização de resíduos nos marcos normativos atuais, tal o caso dos orgânicos, os plásticos, os elétricos e eletrônicos e inclusive, os nucleares.

Rio 92 e o manejo ecológico dos resíduos

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento do Rio-92 tratou os conflitos pelos resíduos. A ‘Agenda 21’ resultante dessas deliberações globais fixou vários fatores socioeconômicos e ambientais relacionados com esta preocupação como, por exemplo, a mudança dos padrões de consumo, a sustentabilidade dos assentamentos humanos e a conversação e gestão dos recursos. Deste modo, se desenvolveu uma chamada global para a ‘conservação e gestão dos recursos|’ o compromisso com o ‘manejo ecologicamente e ambientalmente saudável’ das substâncias químicas tóxicas, perigosas e radioativas (ONU, 1992). 

Assim, para esse compromisso específico foram definiram quatro áreas de ação: redução ao mínimo dos resíduos; a maximização do reaproveitamento e da reciclagem dos resíduos; a promoção do deposito e tratamento dos resíduos; e a ampliação da cobertura dos serviços de coleta de resíduos (ONU, 1992, pp. 280-290). Segundo a Agenda 21, estas áreas variam conforme as condições socioeconômicas e físicas dos países e seus munícipios, portanto, é desejável adequar essas ações aos contextos locais e considerar seus padrões de consumo, as políticas públicas de saneamento básico e gestão dos resíduos, os volumes de geração de resíduos e sua a composição e, não menos importante, o financiamento e os custos associados a sua implementação.

A Agenda 21 reconheceu – tácita e explicitamente – a maior responsabilidade dos países de alto poder aquisitivo nesse conflito, pois possuem maiores oportunidades de acesso a produtos e materiais com capacidade de impactar negativamente o ambiente. Sobre tal base se estruturaram outras convenções sobre resíduos, mas principalmente a Convenção de Roterdã (2004) e de Estocolmo, (2005) e inclusive, a formulação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (2000-2015) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (2015-2030), que definiram que um dos maiores problemas do processo de urbanização consiste na geração massiva de ‘lixo’ e o manejo inadequado de resíduos. 

Convenção de Roterdã e um manejo ecológico indefinido 

A Convenção de Roterdã (CR) trata sobre Procedimento de Consentimento Prévio Informado (PIC) Aplicado a Certos Agrotóxicos e Substâncias Químicas Perigosas Objeto de Comércio Internacional e entrou em vigor em fevereiro de 2004. Esta convenção expressa que visa o manejo ecológico seguro das substâncias químicas toxicas considerando o problema do tráfico internacional ilegal dos produtos tóxicos e perigosos (PNUMA, 2004). Além disto, esta convenção ressalta que o uso de produtos químicos é “essencial” para alcançar os objetivos sociais e econômicos da comunidade mundial e que a modernização das práticas indústrias “demonstram” que a utilização destes produtos tem uma relação custo-eficiência que adicionalmente se sustentam pelas modernas práticas de segurança industrial.

O PNUMA (2004) comenta que o problema crítico que pretende mitigar este instrumento radica no crescimento da produção e comercio de substâncias químicas que representam riscos potenciais, sobretudo, os químicos perigosos e para utilização no agro, que dizer, os agrotóxicos. Portanto, os países que carecem dos sistemas efetivos de monitoramento e controle de importações destas substâncias podem ser mais vulneráveis e ter maiores chances de sofrer impactos prejudiciais sobre a saúde humana e o ambiente. Em vista disso, cabe aos países produtores de tais substâncias maiores responsabilidades pela comercialização e exportação desse tipo de mercadorias. 

No horizonte da responsabilidade compartilhada, a Convenção de Roterdã ordena aos países importadores que fortaleçam suas capacidades nacionais para “a gestão de substâncias químicas, incluindo a transferência de tecnologia, assistência financeira e técnica e a promoção da cooperação entre as Partes” (PNUMA, 2004, p. 4). Nesse sentido, a responsabilidade dos produtores e exportadores de substâncias é um desafio, pois é fundamental criar condições de intercâmbio mais justas e ambientalmente sustentáveis entre os Estados.

A Convenção de Estocolmo e o futuro em risco

A Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) entrou em vigência em 2004 é sustenta como um instrumento de promoção da segurança química global. Esta convenção estabelece medidas obrigatórias e preventivas para a controle dos POPs durante todas as etapas do ciclo de vida útil: produção, importação, exportação, disposição e uso (PNUMA, 2004). Assim, reconhece que esses resíduos podem representar uma ameaça toxica de potencial perigo em condições inadequadas de gerenciamento e gestão, portanto, o instrumento procura reduzir os riscos à saúde humana e o ambiente.

Os POPs se caracterizam por ser “resistentes à biodegradacão, bioacumulam-se, são transportados pelo ar, pela água e pelas espécies migratórias através das fronteiras internacionais e depositados distantes do local de sua liberação, onde se acumulam em ecossistemas terrestres e aquáticos” (PNUMA, 2014, p. 3). A Convenção do Estocolmo (CE) contém uma lista de grandes poluentes que tem se ampliado anualmente para adicionar novas substâncias que devem ser eliminadas, que tem um uso restrito e aquelas produzidas de forma não intencional. Os agrotóxicos e os químicos de uso industrial são alvo principal da CE pelo seu potencial de bioacumulação (PNUMA, 2005, p. 29). Não obstante, os ecossistemas terrestres e aquáticos – como foco de proteção ambiental – apenas são mencionados no escopo da convenção. De modo semelhante, a CE não esclarece suficientemente os riscos que enfrentam os animais não humanos de inúmeras espécies do planeta que tiverem e terão contato com estas substâncias, particularmente, as espécies migratórias. 

A CE, em comparação com outros instrumentos, reconhece que estas substâncias são exclusivamente produto de atividades antropogênicas e que, pelo seu nível de toxicidade, se podem acumular em tecidos gordurosos dos organismos vivos. As exposições locais aos poluentes orgânicos têm efeitos devastadores sobre a saúde humana e, especialmente, sobre os ecossistemas e as comunidades indígenas do Ártico por causa do potencial de contaminação que pode sofrer o sistema alimentar tradicional das comunidades que habitam essa região PNUMA (2005). 

Nesse mesmo sentido, a CE aponta que as mulheres são um grupo populacional ‘especialmente’ atingido pelos POPs e que as gerações do presente e o futuro poderiam estar em risco. O papel da maternidade e a reprodução da vida humana aparecem implicitamente neste documento sob o argumento de buscar o melhoramento da saúde das mulheres. Essa discussão precisa um maior aprofundamento, mas destaca o temor pela vulneração das formas de vida por causa da degradação das condições sanitárias para cuidar a saúde pública e os entornos, maiormente, no Sul Global.

De fato, esse potencial de dano sustenta a importância de incorporar nas convenções globais, aqueles mecanismos orientados para proteção especial das mulheres e dos povos originários e comunidades ancestrais distribuídas no mundo todo. Do mesmo modo, cabe a convenção desenhar estratégias para atender os impactos no mundo dos trabalhadores e trabalhadoras rurais expostas aos danos que podem ser produzidos pelo uso dos agrotóxicos.

Outro aspecto desta convenção que chama a atenção é quando adverte que os “países em desenvolvimento” têm maiores riscos diante dos POPs. Aliás disso, convida aos fabricantes destas substâncias para assumir “a responsabilidade de reduzir os efeitos adversos causados por seus produtos e disponibilizem informações aos usuários, aos governos e ao público sobre as propriedades perigosas dessas substâncias químicas” (PNUMA, 2005, p. 4). Este posicionamento resulta inquietante, pois apenas recomenda a adopção de medidas de precaução e prevenção dos efeitos adversos destas substâncias sobre a saúde humana, mas não aponta à proibição de substâncias que de fato podem causar a morte. 

O descolamento forçado de uma crise internacional de resíduos 

Em 2018, a China resolveu proibir a importação de resíduos mediante a aprovação da política de ‘Espada Nacional’. Com essa nova política de resíduos o governo chinês buscou confrontar o histórico de importações – legais e ilegais – de toneladas de materiais e substâncias que começou na década dos oitenta. O conflito já estava sendo tratado desde o 2017, pois neste ano o governo apresentou o marco legal de proibição às importações de 24 categorias de resíduos sólidos que incluíram tipos específicos de plástico, papel e têxtil (PNUMA, 2018). 

Conforme as estadísticas da PNUMA analisadas no estudo de Brooks, Wang e Jambeck (2018), se estima que mais de 11,23 milhões de toneladas de resíduos navegam o mundo em barcos e containers, como se fossem qualquer mercadoria da balança comercial global. Esta quantidade de resíduos está sendo exportada, pelo menos, por 43 diferentes países que, além disso, se registraram mais de 7,3 milhões de toneladas anuais de plásticos que ingressaram à China, através da zona portuária de Hong Kong, ou seja, 72,4% da importação mundial (BROOKS, WANG, JAMBECK, 2018, p. 2). 

Nessa ordem, o argumento principal da nova política chinesa ressalta que o aumento da geração de resíduos importados vinha acompanhando a redução na qualidade dos resíduos potencialmente recicláveis. Por um lado, estes resíduos eram mais difíceis de processar para as empresas chinesas da indústria de reciclagem que já tinham visto comprometidos os seus rendimentos. Por outro, perceberam os impactos socioambientais provocados pelos resíduos que não podiam ser processados. Neste sentido, cabe dizer que este posicionamento não somente tem implicações nacionais internas, mas também nos sistemas de gestão de resíduos daqueles países exportadores e fundamentalmente no mercado. Este veto impactou nas operações dos mercados nacionais e internacionais de resíduos, especialmente, nas operações da reciclagem dos plásticos. Sob a política de proibição se ordenou, por exemplo, a importação de apenas os resíduos plásticos por cima de 99,5% de teste de pureza (PNUMA, 2018). 

O estudo elaborado por Brooks et al. (2018, pp. 2 - 4) também adverte o crescimento histórico da produção de plásticos passou de 2 milhões de toneladas em 1950 a 322 milhões em 2015. Paralelamente, a balança comercial de exportações e importações globais anuais de resíduos plásticos aumentou desde 1993 a 2016, em um ritmo de 723 a 817%, respectivamente. Desse modo, a balança comercial acumulada das últimas três décadas, deixa observar por um lado, os cinco países no topo das exportações de resíduos plásticos composto pela China e Hong Kong SAR (26,1%), Estados Unidos, Japão, Alemanha e México e, por outro, um grupo de importadores globais formado pela China (45,1%), China e Hong Kong SAR (27,3%), Estados Unidos, Holanda e Alemanha (BROOKS ET AL, 2018, p. 4). 

 Este recorte de países líderes do mercado de resíduos exibe o impacto da OCDE nesse tipo de mercado, mas com exceção da China e Hong Kong SAR. Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental e Austrália também estruturam uma balança comercial de resíduos plásticos que representa o 87% do total de exportações e movimenta quase $ 71 bilhões de dólares desde 1988, enquanto os países importadores do Sudeste Asiático completam o 96% do total de resíduos plásticos importados, isto significa, um valor de $ 106 bilhões de dólares (BROOKS ET AL, 2018, p. 2).

O estudo de Brooks et al. (2018) demostra a concentração dos fluxos comerciais dos resíduos plásticos e confirma que os países de alta renda, apesar de terem melhores condições econômicas para desenvolver tecnologias de gerenciamento de resíduos, preferem exporta-os a países de renda média e baixa. A razão é tanto simples, quanto crítica: o custo da gestão doméstica dos resíduos é alto em comparação com os baixos custos de exportação, transporte e processamento em países do Sudeste Asiático ou África.

As novas regulações formuladas na política chinesa estão levando aos países dependentes da exportação massiva dos resíduos a uma situação crítica com relação ao “verdadeiro custo da sua adição pelo plástico” (PNUMA, 2018). Ao mesmo tempo, essa política é percebida como uma oportunidade para investir no desenvolvimento de outras economias locais, na tecnologia doméstica de reciclagem e novos métodos de fabricação de plásticos reutilizáveis, mas também abre uma porta principal ao deslocamento desta crise pelos resíduos e a poluição para os outros países do Sudeste Asiático.

Segundo uma reportagem da Deutsche Welle (2019), as exportações daqueles países do Norte tiveram uma queda de 1,1 milhões de toneladas mensais desde 2016, para 500.000 toneladas no fim de 2018. Em contramão, a Malásia, Tailândia, Vietnam e Indonésia se transformaram em países comerciantes e grandes importadores de resíduos plásticos entre 2017 e 2018, pois se estima que esse grupo de países passou de receber 840.000 a 2,3 milhões de toneladas de resíduos plásticos (DEUTSCHE WELLE, 2019). 

A proibição da China está tendo efeitos críticos na geopolítica global dos resíduos, pois estimula a relocalização do mercado de importação de resíduos para outros territórios que ofereçam condições regulatórias mais flexíveis, mas ainda com alto potencial de armazenagem desses materiais. Desse modo, se reproduz um cenário complexo de riscos sociais, ambientais e econômicos tanto pelas movimentações transfronteiriças, quanto pelas transformações do mercado global de resíduos. Assim, diante da análise das convenções globais cabe pensar que os “mercados não somente consistem em tecnologias, competência ou atores racionais, também depende da estrutura de regras que são indispensáveis para o desenvolvimento do mercado e sua reprodução” (BECKERT E DEWEY, 2017, P. 17), e tais regras deveriam ser construídas em condições equitativas e democráticas. 

Conclusiones:

Os Estados deveriam estar reduzindo as incertezas na estrutura de regras estritas e fomentando a reprodução dos mercados legais de resíduos, mas sobretudo a redução da produção desses materiais nas economias internas dos Estados. Caso contrário, o deslocamento e crescimento do problema do tráfico ilegal para outros países, significa a existência de um conflito de interesses entre a tentativa de criar de mecanismos de controle de exportação e importação mais estritos e as medidas para promover a redução. As proibições e compromissos globais não vinculantes, não estão confrontam efetivamente as lógicas da ilegalidade que atingem os mercados de resíduos e sua movimentação transfronteiriça. 

As práticas ilegais neste mercado se configuram em um risco para a saúde humana e o meio ambiente, particularmente, nos países do Sul global que permanecem como receptores de toneladas de resíduos gerados em países industrializados. Os Estados são os alvos principais das convenções internacionais de resíduos, mas os grandes geradores industriais continuam dinamizando um mercado ilegal de resíduos perigosos que se alimenta da flexibilidade do o direito internacional e as irregularidades institucionais no sistema de fiscalização ambiental. 

Não é suficiente com realizar mudanças na política internacional, mas, como afirma Martínez-Alier (2007) é necessário que essas indústrias transnacionais prestem contas “a respeito dos passivos ambientais e das ‘externalidades’” (p. 248) que provocam sérios impactos. Desse modo, e seguindo a crítica ao ‘imperialismo do lixo’ e do ‘colonialismo tóxico’ do Norte Global, é preciso promover ajustes e as atualizações nos marcos normativos  internos e internacionais buscando a reparação das dívidas ecológicas com o Sul e robustecer os compromissos multilaterais e democráticos para controlar áreas especificas e críticas do comercio global de resíduos, mas considerando o objetivo primordial de fortalecer a luta contra a crise planetária pelos desperdícios e a poluição.

Bibliografía:

BROOKS, A.; WRANG, S.; JAMBECK, J. (2018). The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade. Science Advance. Disponível em: https://advances.sciencemag.org/content/advances/4/6/eaat0131.full.pdf 

BECKERT, J.; DEWEY, M. (2017). The arquitectura of illegal markets. Towards an Economic Sociology of Illegality in the Economy. Edited by Jens Beckert and Matías Dewey. United Kingdom: Oxford University Press.

CAMACHO, A.; CAMIÑAS, T. (1988a). La peste tóxica anda de barco. En: El País. 28, septiembre, 1988. Disponível em: https://elpais.com/diario/1988/09/23/internacional/590968808_850215.html 

CAMACHO, A.; CAMIÑAS, T. (1988b) Annobón, un paraíso para el vertido de tóxicos. 21, septiembre, 1988. Disponível em https://elpais.com/diario/1988/09/22/internacional/590882404_850215.html

DEUTSCHE WELLE. (2019). Exportación de basura plástica: si el consumo no se frena, el problema no se arregla. Alemania. Disponível em: https://www.dw.com/es/exportaci%C3%B3n-de-basura-pl%C3%A1stica-si-el-consumo-no-se-frena-el-problema-no-se-arregla/a-49382694 

KECK, E; SIKKINK, K. (1999). Transnational advocacy networks in international and regional politics. Oxford: Blackwell Publishers e UNESCO.

MARTÍNEZ-ALIER, J. (2007). O ecologismo dos pobres: conflitos ambientais e linguagens de valoração. Tradutor Maurício Waldman.  São Paulo: Editora Contexto. 

NATIONAL GEOGRAPHIC. (2018). El veto de China a la importación de basura desplaza la crisis de residuos al Sudeste Asiático. 2018. Disponível em: https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2018/11/el-veto-de-china-la-importacion-de-basura-desplaza-crisis-residuos-sudeste-asiatico 

ORGANIZAÇAO DAS NAÇOES UNIDAS (ONU). (1992). Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento do 1992, Agenda 21 (global). Brasil: Ministério do Meio Ambiente.

PORTO, M.; ROCHA, D.; FASANELLO, M. (2021). Saúde, Ecologias e Emancipação: conhecimentos alternativos em tempos de crise(s). São Paulo: Hucitec Editorial.

PROGRAMA PARA EL MEDIO AMBIENTE DE LAS NACIONES UNIDAS, PNUMA. (2018).  El veto de China a la importación de residuos: desafío u oportunidad. Nairobi: PNUMA. Disponível em: https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/el-veto-de-china-la-importacion-de-residuos-desafio-u-oportunidad 

PROGRAMA PARA EL MEDIO AMBIENTE DE LAS NACIONES UNIDAS, PNUMA. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015 – 2030. Nairobi: PNUMA.

PROGRAMA PARA EL MEDIO AMBIENTE DE LAS NACIONES UNIDAS, PNUMA. (2005). Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes. Estocolmo: PNUMA.

PROGRAMA PARA EL MEDIO AMBIENTE DE LAS NACIONES UNIDAS, PNUMA. (2004). Convenção de Roterdã sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado (PIC) Aplicado a Certos Agrotóxicos e Substâncias Químicas Perigosas Objeto de Comércio Internacional. Roterdã: PNUMA.

PROGRAMA PARA EL MEDIO AMBIENTE DE LAS NACIONES UNIDAS, PNUMA. (1992). Convenio de Basilea: sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Genebra: PNUMA. Disponível em: https://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/text/BaselConventionText-s.pdf 

PROGRAMA PARA EL MEDIO AMBIENTE DE LAS NACIONES UNIDAS, PNUMA. (1992). Convenio de Basilea: sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Reseña. Genebra: PNUMA. Disponível em: http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/convention/bc_glance-s.pdf 

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, UNEP. (1972). Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. Stockholm: UNEP.

Palabras clave:

convenções globais, mercado, resíduos

Resumen de la Ponencia:

En estos últimos años, y particularmente con la paulatina reapertura posterior al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), se ha acentuado en los espacios públicos recreativos urbanos (es decir, plazas y parques) la presencia de un caudal significativo de personas –de diferentes edades, género y procedencia social- realizando diversas prácticas físicas, deportivas y artísticas, entre otras running, caminata, fútbol, básquet, atletismo, patín, yoga, freestyle, ajedrez. Este fenómeno que, a simple vista, puede parecer aislado y coyuntural es representativo de cambios de época respecto del lugar que ocupan estas prácticas en las sociedades actuales y los espacios en los cuales se realizan. En este caso implican una apropiación de los espacios urbanos y una resignificación novedosa del hábitat a la vez que una valoración del medio ambiente para la vida humana. Estos fenómenos responden al hecho de que el avance de la frontera urbana va limitando los espacios libres y llevando a sus habitantes a volver a explorar las potencialidades de plazas y parques como restos del mundo natural.         Esta ponencia se inscribe en una investigación más amplia desarrollada en la Universidad Nacional de Moreno (Provincia de Buenos Aires, Argentina) que atiende a los cambios producidos en el territorio con el objetivo de orientar a los responsables de la gestión pública. En nuestro caso hemos focalizado cuatro plazas y dos parques ubicados en ámbitos socio-culturales diferenciados. Utilizamos como estrategia metodológica un diseño de investigación mixto/multimétodo en el cual se combina una perspectiva cuantitativa y un abordaje cualitativo. En este sentido, la utilización de técnicas como las encuestas y las observaciones -directas y participantes- complementadas con entrevistas -individuales y grupales- nos permitieron fortalecer la recolección y producción de datos para analizarlos posteriormente con el auxilio de herramientas informáticas -en particular el Atlas Ti- y los enfoques teóricos del Análisis del discurso y la Teoría Fundamentada.       En la exposición nos referiremos al contraste de los resultados obtenidos en esta instancia de la investigación. Tendremos en cuenta, por un lado, los actores (tanto individuales como colectivos), las prácticas privilegiadas y la funciones que el Estado municipal adopta en relación con estas prácticas. Por otro lado, interrogaremos las motivaciones y las representaciones con ellas asociadas, así como los imaginarios que se activaron en los intercambios. 

Resumen de la Ponencia:

En la actualidad la temática de la producción de alimentos para garantizar una adecuada seguridad alimentaria se torna una prioridad para los estudios científicos. Esta situación en la mayoría de los casos ocasiona otra problemática no menor y es el deterioro del medio ambiente de conjunto con el agotamiento de los recursos naturales e incluso muchas de las zonas afectadas son áreas consideradas por los expertos como sitios de sensibilidad ambiental o ecológicamente sensibles por los valores naturales que en ella se albergan, Asociado a estos fenómenos se manifiesta el hecho de que en buena parte de las experiencias y acciones que se desarrollan  no se promueve la inclusión en los procesos de tomas de decisiones a los individuos que habitan están regiones. En el caso específico de comunidades rurales se hace imprescindible el enfoque sobre la lógica de la producción agrícola en función de la explotación de los recursos naturales, lo cual conlleva a una urgente conservación del medio ambiente. La única manera posible de alcanzar este estado deseado es colocando al hombre, como ser social, en el centro de la actividad. En el caso específico de Cuba, el estudio se dirige a la sistematización de experiencias en proyectos de colaboración internacional dirigidos a la participación social en procesos productivos agropecuarios donde se incorpora la dimensión ambiental como parte de los indicadores, atendiendo a la dinámica sociodemográfica en  función del desarrollo productivo. 

Resumen de la Ponencia:

Ante el crecimiento continuo de consumo en la sociedad actual, que genera mayor necesidad de transformación de recursos y una creciente explotación de los renovables y no renovables, causando un mayor impacto ambiental y donde el consumidor procura alcanzar su satisfacción personal por encima de la naturaleza, sin importar que esta es limitada. De acuerdo a Zygmunt Bauman, quien habla de la narrativa de la condición humana, expresando mediante su conocido concepto de modernidad líquida, describe que todo es moldeable, fluctuante, cambiante, y desechable. Se infiere que los consumidores, ante las debilidades de los vínculos humanos, a través de la naturaleza se genera una falta de concientización al cuidado ambiental.  A partir de lo antes mencionado, se trabaja la presente investigación, como resultado de una convocatoria pública, durante el mes de octubre del 2021, a través de las direcciones del medio ambiente de las tres ciudades hermanas de Torreón, Coahuila, Ciudad Lerdo y Gómez Palacio, Durango. Cuyo objetivo, ha sido describir el compromiso ambiental mediante la edición de videos que reflejen el cuidado y la preservación del desierto Chihuahuense, evidenciando los valores ambientales, a través de la creatividad y el ingenio de estudiantes de diferentes niveles educativos, en la Comarca Lagunera. La elaboración de los cortometrajes tiene una duración mínima de 20 segundos y hasta 2 minutos como máximo, de acuerdo a la convocatoria, siendo utilizado un dispositivo electrónico, mostrando el comportamiento ambiental y conteniendo propuestas para conservación del desierto Chihuahuense. Se recabaron 198 videos, en tres categorías, en los niveles educativos medio, medio superior y superior respectivamente. Destacan dentro de los resultados obtenidos; valores ambientales, el respeto, la solidaridad, el amor y cuidado ambiental, convivencia ambiental, juntos somos más fuertes con conciencia masiva y respeto a la vida. Se concluye, que los estudiantes de los tres niveles, antes mencionados, buscan la forma de involucrarse en la regulación o minimización del daño causado por las actividades humanas, industriales y vehiculares. Así como de diversas índoles que ocasionan a los ecosistemas deterioro, donde la diversidad de valores mostrados en los videos busca el equilibrio para el bien común. Palabras claves: sociedad, desierto Chihuahuense, valores ambientales.

Resumen de la Ponencia:

En el marco del periodo del confinamiento decretado por la pandemia COVID-19 en 2020, se realizó un proyecto de investigación dentro de la “Convocatoria 2020-1 Apoyo para proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en salud ante la contingencia por COVID-19” . El estudio tuvo el objetivo de identificar, el alcance de prácticas e iniciativas agroalimentarias locales de las economías popular-social y solidarias en contextos urbanos y periurbanos, rurales e indígenas durante la emergencia sanitaria por COVID 19. Esta investigacion se realizó en distintos estados del Centro, Sur, Sureste y Occidente de México. En esta ponencia se expondran los resultados del estudio realizado en el Estado de Jalisco, en el cual participarón 45 iniciativas de diferentes regiones del Estado. Los resultados dan cuenta de la diversidad de estrategias implementadas para continuar en la producción y comercialización de sus productos, así como las diversas dificultades que enfrentaron y las estrategias implementadas.  

Resumen de la Ponencia:

Ameca, en el estado de Jalisco, es un poblado con fuerte presencia rural como otros de la zona central de este Estado. Dedicado a la producción de maíz, agave azul para tequila, caña de azúcar y ganado en potreros comunes. Al igual que todos los pueblos del país, se enfrentó a la pandemia del covid-19 en 2020, 2021 y 2022. Hoy se empieza vislumbrar la salida a esta pandemia, o al menos su estabilización. Sin embargo, este fenómeno dejó una serie de problemas en el campo mexicano como incremento en el costo de los insumos (fertilizantes, semillas, agroquímicos, etc.), ruptura en las cadenas de suministros y de comercialización, falta de fuerza de trabajo en el campo (jornaleros) y falta de políticas certeras de apoyo para el desarrollo del campo. Ante esta problemática, los campesinos jaliscienses al igual que el resto en el país, enfrentan una encrucijada para definir el rumbo del trabajo en sus parcelas y familias. Además, no podemos dejar de lado la problemática que llega desde Rusia-Ucrania, la cual esta ocasionando un mayor incremento a los precios de los agroquímicos y una problemática crecimiente en los mercados agrícolas, etc. Por ello, los agricultores tienen ante sí varios posibles escenarios: ¿cambiar de cultivos hacia una producción agroecológica que disminuya sus costos?, ¿diversificar sus cultivos, p.ej. de maíz a milpa, introducción de pitaya entre los agaves, mejorar el manejo de los agostaderos, etc.?, ¿pero acaso también disminuirán sus ganancias? ¿Cómo quedará su relación beneficio-costo?, ¿avanzar hacia una mejor organización para el abasto y acopio y comercialización?, ¿qué tipo de políticas públicas se implementarán ante estos escenarios? ¿O continuará más de lo mismo? El objetivo de este trabajo es analizar en conjunto con los campesinos de Ameca, Jal., estos escenarios, mediante una revisión de antecedentes en el campo, entrevistas y encuestas a una muestra de ellos, y análisis de las perspectivas que se plantean en el proyecto de presupuesto 2023, para proponer las mejores estrategias posibles, así como insistir en la definición de políticas de corte de la agricultura familiar diferenciadas. Lo que plantean varios campesinos de Ameca es diversificar parte de sus parcelas: de maíz a milpa, introducir pitaya entre los agaves tequileros, tener un mejor manejo de agostaderos, etc. Pero también hacia una economía solidaria mediante la organización para la compra de insumos, acopio y venta de productos, generar y registrar marcas de sus productos, cajas de ahorro y préstamo. Si bien aún son propuestas en discusión, en lo que todos están de acuerdo es que no pueden, o deben, seguir de forma individual y en una producción industrial dependiente de insumos externos.

Resumen de la Ponencia:

En el presente trabajo exponemos un caso de éxito en la demanda de “miel virgen” de abejas meliponas o “abejas sin aguijón” con productores de comunidades del municipio de Atzalan Veracruz. La miel de abejas meliponas ha sido ampliamente solicitada por poseer propiedades medicinales antimicrobianas, debido a esta característica, durante la pandemia Covid-19 la solicitud de este producto se incrementó considerablemente para tratar síntomas de esta enfermedad. Mientras la mayor parte de la sociedad padecía  por el desempleo, el aislamiento social, entre otras situaciones, por otro lado, está misma condición se apreciaba como una oportunidad en el ingreso económico en algunas familias, tal es el caso de meliponicultores (personas que se dedican al manejo y crianza de estos polinizadores). Sin embargo, en este mismo contexto quedó expuesto un vacío que se vive en esta práctica, el deterioro ambiental. En este trabajo analizamos desde las herramientas que nos ofrecen las ciencias sociales, la afectación en la disminución de los recursos naturales, contra la producción de miel. La observación, la percepción y las experiencias de vida de los mismos productores nos dan un amplio panorama de los retos que enfrentamos actualmente como sociedad.

Resumen de la Ponencia:

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar algunos aspectos centrales a la producción ganadera en los humedales del Delta del Río Paraná (Argentina). Mediante la descripción etnográfica de esta actividad buscaremos aproximarnos a la construcción de un ambiente particular vinculado a la producción ganadera en los humedales y su vinculación con discursos y narrativas asociadas a esta actividad. Se buscará recuperar las técnicas productivas locales y las relaciones que las hacen posible  para analizarlas comparativamente con los discursos asociados a la necesidad de conservación y desarrollo sostenible de los humedales del Delta, algunos de los cuales presentan a la gandería como una actividad destructiva del medioambiente característico del humedal. Finalmente veremos que posibilidades de articulación tienen estos discursos presentados en términos de conservación, con las narrativas locales acerca del hacer cotidiano vinculado a la ganadería en los humedales.

Resumen de la Ponencia:

Analizamos las implicaciones intracomunitarias que surgieron como resultado de la aplicación del programa de medición y certificación de las tierras en una comunidad indígena. Las tensiones se expresaron entre comuneros que comparten un ethos comunitario y otros más identificados con una ideología neoliberal. La primera sustentada en una membresía étnica y una participación colectiva en la vida comunal. La segunda que define la membresía comunal apegada a la normatividad agraria y un marco discursivo de propiedad privada, promovida por distintos actores. Este escenario se complejizó con el conflicto originado por la renta de las tierras a una empresa agroindustrial, que estableció relaciones asimétricas y prácticas de “captura comunitaria” y de “reciprocidad negativa”. La respuesta comunitaria fue la expulsión de la empresa de sus tierras y un emergente proceso de reconstitución comunal, con varios desafíos que enfrentar.

Resumen de la Ponencia:

A proposta parte da pesquisa "Agroecologia, tecnologias de produção orgânica em assentamentos rurais e educação popular: a contribuição do IFSP para a sustentabilidade ambiental e segurança alimentar na RMC" desenvolvida de 2018 a 2020 com fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e apresenta uma análise comparativa entre as estratégias de formação em Agroecologia utilizadas em territórios de reforma agrária - o Assentamento Milton Santos (AMS) na região metropolitana de Campinas - e territórios de agricultura urbana - a região Noroeste (NO) do Município. No caso do AMS, o território é marcado pela vulnerabilidade sociotécnica com a descontinuidade de políticas de assistência técnica e formação aos produtores, enquanto a região NO possui altos índices de Insegurança Alimentar e Nutricional (INSAN), além de grande vulnerabilidade socioeconômica. A pesquisa concluída demonstrou que as ações de formação realizadas no Assentamento pelo Núcleo de Estudos em Agroecologia, Educação e Sociedade (NEAES) do IFSP, no âmbito da extensão tecnológica, atuaram como tecnologias sociais promotoras de autonomia e geração de renda para os sujeitos de pesquisa. O objetivo desta proposta é apresentar esta segunda fase, que engendra uma comparação destes resultados com a formação em Agroecologia no território da região NO de Campinas, que figura como piloto do “Programa Campinas Solidária e Sustentável” na Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de 2020 para redução da INSAN e incentivo à produção agroecológica na agricultura urbana. O IFSP e o NEAES, através da Política Nacional de Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional, interseccionaram estas duas políticas públicas num longo processo de construção do Curso de Auxiliar em Agroecologia Integrado à Educação de Jovens e Adultos (EJA), iniciado em março de 2020 em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas. O problema de pesquisa investigado aborda o processo de institucionalização desta formação em Agroecologia no âmbito do ensino e em território urbano – configuração atual envolvendo atores sociais e políticos diferentes - em relação às ações de formação desenvolvidas no campo da extensão tecnológica e no território rural de 2018 a 2020. Os resultados obtidos até agora sustentam a suposição inicial de que a formação em Agroecologia articulada por políticas públicas nesta configuração não confere o mesmo protagonismo e autonomia aos interlocutores participantes – no caso, aos estudantes do Curso de Auxiliar em Agroecologia da Educação Básica – em comparação aos participantes do curso e ações de Formação Inicial e Continuada (FIC) realizadas no Assentamento Milton Santos, características que são fundamentais para a indissociabilidade dos pilares da Agroecologia como ciência, movimento e prática na transição agroecológica e ocupação emancipada de territórios.

Resumen de la Ponencia:

A discussão sobre “Desenvolvimento Sustentável” levantada nas últimas décadas abriu espaço na academia e nas organizações para uma corrida de propostas, sobretudo no campo da economia, que possibilitassem alternativas para o alcance dele (Desenvolvimento). Economia Criativa, Verde, Solidária, entre outras "Economias Alternativas", são exemplos desse levante de possibilidades em busca do “Desenvolvimento Sustentável”, entendendo este como um conceito polissêmico, todavia, considerando um consenso de que este deva abarcar vários aspectos da vida em sociedade: econômico, ambiental, cultural e social e valoriza a cultura, tradições e desenvolvimento locais. No entanto, apesar tanto da polissemia como do buscado consenso desse conceito, nos é permitido, e necessário, indagar sobre qual tipo de Desenvolvimento é o ideal para cada contexto social. Assim, o objetivo deste projeto de pesquisa que se propõe amplo e vinculado com as atividades de extensão e ensino, é pensar e construir, a partir  de “olhares etnográficos” (vindos de tese de doutorado defendida sobre os temas envolvidos neste projeto, bem como expandir tais "olhares"), e usá-los para verificar “se” e “qual” modelo de Desenvolvimento se deve almejar em diferentes contextos sociais no Tocantins. tratar-se-á neste projeto de propostas de alternativas para (e ao) Desenvolvimento (local) a partir de conceitos como Decrescimento Sereno, Simplicidade Voluntária e da própria noção de de Desenvolvimento Local. Através de um mapeamento e estudo de contextos, projetos, movimentos e ações que envolvam essas iniciativas, a saber: projetos e movimentos de hortas coletivas, associações e feiras voltadas para o consumo consciente, movimentos e comunidades formadas, construir a partir deste projeto de pesquisa uma Cartografia do Bom Viver no Tocantins a partir do Desenvolvimento Local. 

Resumen de la Ponencia:

La ponencia tiene por objetivo analizar los dilemas de acción colectiva entre actores locales de tipo tradicional y los vinculados con el mercado global en los sistemas agroalimentarios de lácteos, agave, granos y frutillas, los cuales generan dinámicas contradictorias en el acceso, usos y control del agua y la tierra, incidiendo en los procesos de transformación territorial. Los casos de estudio se ubican en la región Ciénega de Chapala, estado de Michoacán.El análisis es básicamente cualitativo y la metodología se basó en la aplicación de entrevistas a actores clave correspondiente a cada uno de los sistemas agroalimentarios, se llevaron a cabo ejercicios de cartografía participativa, además de analizar estadísticas de fuentes gubernamentales y sistematización de investigaciones publicadas sobre la región de estudio. Los resultados dan cuenta de un territorio en transformación divergente y en tensión por las diversas lógicas de acción, evidenciando un conjunto de dilemas de acción colectiva que, incluso, genera escenarios contradictorios para la generación de alimentos de consumo regional y depredación de los ecosistemas. Esta investigación es parte de otra de mayor alcance: “Estudio de los componentes económicos del capital territorial de la región centro occidente de México y su aporte a la competitividad territorial, en el marco de nuevos escenarios generados por COVID-19, en el periodo 2018-2023”, (PAPIIT IN308221), llevada a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México.