Resumen de la Ponencia:
En Chile el escenario de la Pandemia por COVID-19 ha sido muy complejo, con más de 63.437 fallecidos/as reconocidos/as (3.283 por 1.000.000 habitantes), encontrándose en el número 18 de países con mayor tasa de mortalidad. Situación que se puede explicar debido a una política reduccionista y centrada en el nivel hospitalario, así como por condiciones de pobreza, hacinamiento, precariedad laboral entre otras consecuencias del modelo de desarrollo (29% de pobreza de ingresos, 70% de los trabajadores/as con sueldos insuficientes y una alta informalidad, 30% de adultos/as mayores trabajando). Lo que se evidencia, en la desigualdad en la mortalidad ajustada por COVID-19, con una diferencia es de más de 5 veces entre las comunas de menores y mayores ingresos del Gran Santiago.
En un marco político caracterizado por falta de legitimidad del gobierno, posterior al “estallido social” (18/10/2019). Además de una notoria falta de transparencia y democracia en el acceso a la información y en la toma de decisiones. Teniendo como contexto, un sistema de salud dañado por políticas neoliberales (desde hace más 40 años), la apuesta fue sumar las camas hospitalarias (sector público y privado), sin embargo, se descuidó el abordaje centrado en la atención primaria (AP), dificultando la interrelación con la comunidad para un buen control de los contagios.
Consecuencia de la fallida reforma a la salud, en el país existe un importante déficit de recursos en el sistema público, lo que provoca una insuficiente respuesta a las necesidades de la población. Manteniéndose bajos niveles de control de enfermedades agudas y crónicas, así como de satisfacción usuaria.
Frente a la falta de liderazgo, las comunidades se organizaron a nivel territorial, con ollas comunes, intercambio de bienes de primera necesidad, cultivos comunitarios, entre otras maneras de subsistencia. A pesar de las sombrías circunstancias, la sociedad se encuentra retomando las movilizaciones por una nueva constitución, en la perspectiva de garantizar el derecho a la salud, así como los demás derechos sociales universales.
Como aprendizaje producto de la pandemia, se ha evidenciado que Chile no cuenta con un sistema robusto de salud. Por lo tanto, se requiere contar con el Derecho a la Salud consagrado en la Constitución, por medio de un Servicio Nacional de Salud (SNS), basado en atención primaria. El rol que debe jugar la AP, sobre las políticas sanitarias y sociales es fundamental, debiéndose avanzar en una política que fortalezca la incorporación y permanencia de los/as trabajadores de salud, estableciendo una perspectiva que asegure la longitudinalidad en la atención, así como una cogestión territorial.
Introducción:
Epidemiología de la pandemia
En Chile el escenario de la Pandemia por COVID-19 ha sido muy complejo, con 63.437 fallecidos/as reconocidos/as (3.283 por 1.000.000 habitantes), encontrándose en el número 18 de países con mayor tasa de mortalidad (MINSAL, 2023). Esta situación se puede explicar debido a una política reduccionista y centrada en el nivel hospitalario, así como por condiciones de pobreza, hacinamiento, precariedad laboral entre otras consecuencias del modelo de desarrollo. Dicha situación se evidencia, en la desigualdad en la mortalidad ajustada por COVID-19, con una diferencia es de más de 5 veces entre las comunas de menores y mayores ingresos del Gran Santiago (Canales, 2020).
A tres años del inicio de la pandemia, la situación sanitaria es más tranquila, con más de un 27% de la población que ha pasado la enfermedad (5.366.630 personas), buenos índices de vacunación contra COVID-19, disminuyen los niveles hospitalizaciones en el país. Sin embargo, la situación ocurrida refleja una muy limitada disponibilidad de camas hospitalarias a nivel nacional, que en algunos momentos alcanzó niveles críticos, con una proporción de ocupación de camas críticas sobre un 95% a nivel nacional. Si bien las autoridades sostienen que no ha habido falta de camas o ventiladores para pacientes COVID-19 graves, las diferencias de mortalidad en periodos de saturación de la red de salud apuntan en el sentido contrario (ICOVID Chile, 2021).
Una evidencia de la compleja situación enfrentada la encontramos en la mortalidad por COVID-19, con 63.437 defunciones acumuladas entre marzo 2020 y enero 2023 (correspondo a 22.220 defunciones para el año 2020 y 27.976 en el año 2021), ocupando el primer lugar como causa de muerte en el país. Además, en la comparación de las defunciones registradas en los últimos 6 años (2016-2021), agrupando el cuatrienio 2016-2019 en relación a los años 2020 y 2021, se observa un aumento en la mortalidad en todos los meses analizados (MINSAL. 2021).
Desarrollo:
Dinámicas sociopolíticas de la Sociedad frente al riesgo epidémico
Desde hace varias décadas a la fecha, debido a la desregulación estatal, el sistema financiero presenta ayuda gubernamental y una posterior bancarización de las deudas familiares por servicios y productos, para acceder al consumo o satisfacer necesidades fundamentales. El Estado dejó de proveer servicios, como vivienda, salud, educación, entre otros, mientras las entidades financieras comenzaron a ocupar este espacio, en este nuevo desarrollo del capitalismo de financiarización de la economía de las personas. Las grandes empresas generan ganancias retenidas y las utilizan para financiar sus propias inversiones (grandes cantidades de dinero para invertir en los mercados financieros). En consecuencia, estas grandes empresas, incorporan una actividad financiera a sus propias ganancias. En este contexto, los bancos se adaptaron a estos mercados abiertos y pasaron a desempeñan un papel de intermediarios, con ganancias esencialmente por el cobro de transacciones u operaciones. Todos estos son instrumentos financieros, que corresponden a los ahorros de empresas y personas, nos enfrentan a una expropiación completa en la que la población se ve enfrentada a la pandemia.
El espectacular crecimiento de los grupos económicos se ha visto favorecido por las bajas tasas del impuesto a la renta, impuesto cuyo diseño proviene de la reforma tributaria de 1984, que privilegió el fomento del ahorro y la inversión por sobre la recaudación fiscal o la redistribución de ingresos. De no haber existido el FUT (Fondo de Utilidad Tributaria), las utilidades habrían tributado a una tasa dos veces más alta y la acumulación de capital y de riqueza sería mucho menor. La concentración del ingreso y de la riqueza en los grupos económicos que controlan la propiedad de las empresas que generan parte significativa del PIB nacional, es un núcleo duro de la desigualdad, que explica entre otros hechos la inconsistencia que hay entre el elevado ingreso per cápita del país y el bajo nivel de vida de la mayoría de la población, que no accede a los empleos provistos por este sector de alta productividad (Desiguales, 2017).
Chile, como país “periférico”, se subordina las economías a las del centro. En los bancos nacionales, todos los productos bancarios cuentan con participación de capitales globales. Esto se ha traducido, en una integración de gran tamaño, con mercados financieros que mantienen flujos de capital gigantes en el centro del capitalismo. La referencia mundial a este estado de cosas se denomina liberalización, que describe una financiarización subordinada a las economías del centro.
Por tanto, la desigualdad del país pasó a ser parte de la fisonomía, aunque la tasa de pobreza se ha reducido, los ingresos de los hogares han aumentado, la matrícula escolar y universitaria se ha expandido, persisten enormes diferencias socioeconómicas que se reflejan en espacios urbanos segregados, tratos discrimatorios y capacidades muy distintas de influencia y poder. Aunque la tasa de pobreza monetaria o por ingresos oficial sería de un 10,8%, en la práctica existe una clara insuficiencia de ingresos del trabajo y las pensiones para permitir que las personas superen la pobreza monetaria. La vinculación entre bajos salarios, bajas pensiones y pobreza es robusta. Si se considera la canasta de referencia de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) en Pandemia 2020, la pobreza por ingresos totales subiría de 10,8% a 22,2 %, es decir al utilizar criterios de alimentación más exigentes, 2 de cada 9 personas que viven en Chile se encontraría en situación de pobreza. Además, la pobreza real pasa de un 10,8% a un 39,9% (de un 11% a un 42,2% en mujeres, mientras que de un 10,6% a un 37,3% en los hombres) y en el caso de la pobreza por ingresos del trabajo y pensiones contributivas, esta llegaría a 52,3%, lo que equivale a 10,2 millones de personas. (Durán & Kremerman, 2021).
La elevada desigualdad de ingresos se explica por los bajos salarios que afectan a un gran número de trabajadores/as (considerando como bajo salario, como el que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un hogar promedio en ausencia de otras fuentes de ingresos), la mitad de los/as asalariados/as con jornada de treinta y más horas semanales se encuentra en esta situación. De acuerdo a la Encuesta CASEN del año 2017, la situación es bastante crítica, ya que los/as trabajadores/as chilenos/as perciben $516.892 líquidos al mes por concepto de ingresos asociados a la ocupación principal (US$ 738). Sin embargo, el umbral máximo alcanzado por la mitad de estos/as sería de sólo $350.000 líquidos mensuales (US$ 500). Dicho de otro modo, en el país donde el ingreso promedio es de US$ 25.891, el 50% de los/as trabajadores/as gana tan sólo US$ 6.000 (casi US$ 20.000 menos que el promedio). Lo que evidencia la extrema injusticia en los salarios del país, en que por el otro lado, el 1% más rico (los representantes del gran empresariado) acumulan 33% de los ingresos nacionales (Durán & Kremerman, 2019).
A la desigualdad que se origina en los bajos salarios, se suma la que produce un sistema de pensiones que no provee los medios de vida requeridos para la vejez. Alrededor de la mitad de los/as jubilados/as percibe hoy una pensión inferior a un valor mínimo (definido en este trabajo como un 70% del salario mínimo). Este resultado considera la pensión contributiva más el monto que provee el Estado como aporte previsional solidario. En ausencia de este componente, un 72% de adultos mayores habría recibido una pensión inferior a la mínima. Por lo tanto, más que fortalecer los mercados financieros, resulta urgente sustituir el modelo de cuentas individuales administradas por las AFP, como pilar fundamental para financiar pensiones, considerando además que después de casi cuarenta años de funcionamiento el sistema de acumulación capitalista de capitalización individual no logró cumplir con el objetivo prometido de pensiones dignas (Gálvez & Kremerman, 2019).
Las consecuencias de esta extrema desigualdad se expresan en diferentes ámbitos de la vida, algunos ejemplos de esta realidad se presentan a continuación:
- El endeudamiento de los hogares chilenos alcanza máximo histórico, de acuerdo al informe del Banco Central (Cuentas nacionales por sector institucional), los hogares registran una deuda equivalente a 73,3% del ingreso disponible. Además de este significativo nivel de endeudamiento, hay una gran carga financiera a ingreso de los hogares endeudados en todos los estratos de ingreso. También, se encuentran incrementos en los problemas de pago de deudas, por lo que los hogares ven reducidos sus márgenes financieros, y por tanto, su capacidad para enfrentar shocks futuros de ingreso y/o tasas de interés (Banco Central, 2019).
- 7 de cada 10 chilenos/as declara tener o haber tenido algún problema o enfermedad asociada a la salud mental. Los problemas más frecuentes son ansiedad o angustia, depresión, trastornos del sueño y estrés. Un 35% declara tener o haber tenido depresión. Por su parte, el estrés laboral alcanza a más de la mitad de los/as de entre 36 y 51 años.
- Confianza que tienen los/as ciudadanos/as en que se tendrá atención de salud en caso de enfermedad catastrófica o grave, donde el 63% de las personas que dicen tener mucha o bastante confianza en este acceso son del nivel socioeconómico alto, sin embargo en el nivel socioeconómico bajo, solo 17,5% tiene confianza en poder ser atendido/a. En otras palabras, en Chile confiar en que las personas que se enferman gravemente serán atendidas es un lujo al que pocos pueden acceder (Desiguales, 2017).
En este duro contexto, la precariedad social demandaba medidas de apoyo urgente a las familias, sin embargo las medidas además de insuficientes, fueron tardías. Y frente a la falta de liderazgo, las comunidades se organizaron a nivel territorial, con ollas comunes, intercambio de bienes de primera necesidad, cultivos comunitarios, entre otras maneras de subsistencia. A pesar de las sombrías circunstancias de los últimos meses la sociedad se encuentra retomando las movilizaciones por una nueva constitución, en la perspectiva de garantizar el derecho a la salud, así como los demás derechos sociales universales.
Dinámica sociopolítica del Estado ante el COVID-19
Como consecuencia de las políticas impulsadas por la dictadura de Pinochet, se realizaron reformas neoliberales en el campo de salud y seguridad social, imponiendo un modelo de mercado y un incentivo negativo hacia los sistemas públicos. Esta situación es responsable que existan importantes desigualdades en acceso y estado de salud entre niveles de ingreso y grupos sociales.
Una vez terminada la dictadura cívico militar chilena, la clase política dominante incumple las promesas de justicia social y bienestar, trasladando el debate sobre derechos sociales universales a la tecnocracia en los poderes representativos del estado. Con una ciudadanía que hasta el año 2011, prácticamente no tuvo incidencia en la toma de decisiones en ninguno de los ámbitos de la vida, colonizados por el mercado. El debate, acerca de una necesaria reforma de salud para nuestro país, se dio con un pueblo espectador de los diálogos entre el gobierno y los empresarios, naturalizando una visión mercantilista de la Salud, que se centra en la asistencia y en la forma más racional, económicamente hablando, de darla.
En el contexto de pandemia, el gobierno chileno ha tomado una serie de decisiones respecto a su enfrentamiento que evidencian el neoliberalismo que domina en el sistema sociopolítico. Desde el primer momento se llama al confinamiento social el cual nunca se ha cumplido de la manera esperada. Se decretó el 22 de marzo de 2020 toque de queda en todo el territorio desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana, siendo mantenido hasta la fecha. Por otro lado, el carácter de los aportes provenientes desde el estado, se han caracterizado por la focalización extrema, incluso criticado desde la propia derecha . Ejemplo de las ayudas son: canastas individuales de alimentos entregadas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), caja de alimentos destinada a las familias vulnerables, Ingreso Familiar de Emergencia, Subsidio al Ingreso Mínimo Garantizado y Bono COVID 19.
Debido a lo limitado del apoyo gubernamental, al poco tiempo de decretado el estado de excepción, emergieron las protestas y el malestar social debido a las dificultades para poder cumplir con el confinamiento, particularmente en las zonas con la peor determinación social de Santiago. Las repercusiones sociales y económicas, que trae consigo la Pandemia, muestran con mayor fuerza los bordes de la desigualdad en el país, lo que ha obligado al Gobierno a tomar medidas que permitan subsanarlos, que sin duda no ha reparado la necesidad más cruda de las comunidades “vivir una cuarentena sin hambre”, puesto que dichas medidas se han generado de manera tardía o con escasa mirada de la realidad social.
Desde las primeras medidas económicas anunciadas, se privilegió evitar el endeudamiento público, debido a que éstas se caracterizaron por:
1. Reasignar fondos al sector salud (desde otros rubros del gasto público).2. Emplear fondos individuales del seguro de cesantía y la entrega de un bono de $50.000 CPL (US$ 66), más similar monto por cada carga familiar.3. Medidas tributarias para las empresas, como postergación de obligaciones financieras. En el caso de las cuentas individuales del seguro de desempleo de cada trabajador o trabajadora (para quienes no podían realizar teletrabajo), accedieron a parte o la totalidad de su seguro de cesantía, mediante acuerdo mutuo con empleador y mandato de la autoridad sanitaria. Por lo tanto, trabajadores dependientes vieron sus contratos suspendidos en el marco de la pandemia, otorgándoles a cambio un porcentaje máximo calculado a partir de sus últimos salarios, disminuyendo progresivamente desde el primer mes hasta un máximo de seis meses. Asociado a un fondo solidario para trabajadores y trabajadoras dependientes con montos insuficientes para alcanzar los topes porcentuales establecidos, a los cuales el gobierno subsidia con fondos públicos.
Con lo que se constataba que el paquete de medidas que el gobierno definía como inédito, en la práctica, no entregaba protección a trabajadores y sus familias. Por lo que frente a la insuficiencia de las medidas anteriores, a un mes del confinamiento, el gobierno entrega una segunda propuesta de ayuda económica, con lo que se crea un fondo adicional por US$ 2.000 millones orientado a los 2,6 millones de trabajadores informales sin contrato de trabajo, y que no contaban con seguro de desempleo. Además de otras medidas para facilitar el crédito con garantías estatales a las empresas. Con lo que se persiste en el intento de moderar los efectos recesivos de la crisis sin incurrir en un gasto público necesario para mantener a las familias en situación de confinamiento (Heiss, 2020).
Por tanto, evidenciamos que las políticas de protección social en el marco de la pandemia por COVID-19 se caracterizaron fundamentalmente por ser financiadas por ahorro individual y endeudamiento de las personas.
El Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, realiza un balance sobre las medidas económico-sociales del gobierno, a un año del inicio de la pandemia:
Las últimas medidas intentan avanzar en la corrección de una ausencia de políticas de apoyo a las familias, sin embargo lo hacen de un modo tardío, insuficiente, persistiendo en trámites burocráticos y falta de claridad.
El Gobierno ha faltado a su compromiso de transparencia, incumpliendo la responsabilidad de dar cuenta de cómo se financiaba y cómo se iba utilizando el fondo COVID de correspondiente a US$ 12.000 millones.
Esta situación se da, a pesar que el estado cuenta con fondos soberanos por US$ 20.000 millones y además dispone de capacidad de endeudamiento para enfrentar de mejor forma una pandemia. Dichos recursos no se han utilizado de manera suficiente y han forzado a la ciudadanía a utilizar US$ 35.000 millones de sus fondos previsionales y US$ 1.000 millones de sus fondos de cesantía.
Como se menciona en el punto anterior, y a pesar de la férrea resistencia del ejecutivo, la manera de poder obtener alivio frente al hambre y precariedades de segmentos mayoritarios de la ciudadanía, fue posible debido el retiro de sus fondos previsionales. Hasta el momento se ha aprobado en 3 ocasiones poder descontar de los montos destinados a la jubilación hasta un 10% (en cada oportunidad). Posterior al segundo de estos, hacia fines de marzo del 2021, casi 11 millones de personas habían solicitado retiros al sistema AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), instituciones privadas que cuentan con el poder de administrar los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales (CENDA, 2021).
El costo de la crisis ha recaído básicamente en las mayorías vulneradas del país, en un contexto de pérdida de más de un millón de empleos y un aumento en la pobreza absoluta cercana a un 4%. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2021), la tasa de desocupación el 2020 alcanzó un promedio de un 10,7% (incremento atenuado por la gran cantidad de personas que salieron de la fuerza de trabajo). Estas cifras implican un alza de 3,5 puntos porcentuales en la tasa y un aumento de 34,5% en la cantidad de desocupados en comparación con 2019 (Menz, 2019).
Conclusiones:
Respuesta del Sistemas de Salud
En el marco de la profundización del carácter subsidiario del Estado (heredado desde la dictadura), durante los gobiernos posteriores se ha mantenido una política y una visión del Estado, acordada entre los sectores políticos y económicos que deciden por el país y que pone el interés financiero por encima del sanitario, generando nichos de acumulación para el capital privado, asegurados por el Estado.
Como resultado del proceso de reforma de salud del año 2005, se implementa el programa de Garantías Explícitas en Salud (GES), un listado actual de 85 enfermedades con acceso a intervenciones sanitarias específicas. Sus efectos positivos han sido limitados y sus problemas importantes: exceso de burocracia, generación de discriminación y desvío significativo de recursos públicos hacia el sistema privado.
Por esta razón, los conflictos principales en el tema de salud son entre grupos empresariales, pues ellos son los que han influido en la dirección hacia donde el sector se desarrolla. Los conflictos políticos al interior de los grupos dominantes, se caracterizan por repercusiones de las disputas oligarcas, sin que los sectores llamados progresistas hayan logrado levantar algún proyecto alternativo, terminando en el caudillismo, las ventajas cortoplacistas y beneficios personales. El mercado y las decisiones en salud están sustentadas en los grandes holdings y otras empresas medianas y pequeñas, que aprovechan la oportunidad de hacer negocios. Para conseguir estos fines, ha sido llamativa la contratación de ex directivos públicos del sector, así como también el financiamiento a la clase política gobernante.
En la actualidad el sistema de salud se encuentra en crisis. Integrado principalmente por el sistema público (Fondo Nacional de Salud) y el sistema privado (Instituciones de salud previsional), que produce segmentación de la población en el acceso a salud, consagrando una salud para pobres y enfermos y otra para ricos y sanos. Con un sector público crónicamente desfinanciado, perdiendo capacidades y un aseguramiento privado con discriminación y arbitrariedades, sin solidaridad ni eficiencia. El sistema público de salud cubre aproximadamente al 75% de la población con el 45% de los fondos recaudados vía cotización individual obligatoria, que junto al aporte estatal es administrado por el Fondo Nacional de Salud (FONASA). Por otro lado, las ISAPRE perciben la cotización de la población de mayor ingreso (aproximadamente al 18% de la población, con el 55% de los fondos recaudados vía cotización individual) y los utiliza como primas individuales que no se distribuyen en la población general según necesidad, llevando a una distribución desigual de los recursos. El sistema se financia con un 8.4% del PIB, de ello aproximadamente un 50% del gasto total en salud es financiado con gasto público.
Esta situación inequitativa ocasiona que el gasto per cápita en salud de una persona de una ISAPRE sea un 50% mayor que el de una persona en FONASA. Lo que produce segmentación de la población en el acceso a salud, ya que las personas con mayores recursos económicos y mejor estado de salud se encuentran en el sistema privado, recibiendo una atención más rápida e incluso excesiva, a diferencia de las personas con menores recursos y de peor estado de salud que se atienden en el sector público. Se consagra una salud para ricos y sanos y otra para los pobres y enfermos. Por otro lado, el elevado gasto de bolsillo en nuestro país, representando una proporción muy elevada del gasto total en salud, correspondiendo a lo menos a un 32% (Benítez, Hernando, Velasco, 2018).
Para el periodo de la pandemia, en un marco político caracterizado por falta de legitimidad del gobierno, posterior al “estallido social” de octubre de 2019. Además de una notoria falta de transparencia y democracia en el acceso a la información y en la toma de decisiones. Teniendo como contexto, un sistema de salud dañado por políticas neoliberales (desde hace más 40 años), la apuesta fue sumar las camas hospitalarias (sector público y privado), sin embargo se descuidó el abordaje centrado en la atención primaria de salud (APS), dificultando la interrelación con la comunidad para un buen control de los contagios.
La situación ocurrida en Chile se podría definir como una tardía y deficiente incorporación de la estrategia de abordaje comunitario para su contención, a pesar de la evidencia demostrada en países que priorizaron el trabajo en el nivel primario de atención, a lo menos en los primeros 4 meses del desarrollo de la pandemia en Chile, menos de 5% de los recursos para su enfrentamiento fueron destinados a la AP. Por otro lado, a pesar de la necesidad de una estrategia de trazabilidad eficiente, hasta el día de hoy su implementación ha detentado importantes demoras, aumentando el riesgo de nuevos brotes.
Por lo tanto, si bien la situación de precariedad y discriminación en el acceso a la atención de salud ha sido una constante en las últimas décadas, la pandemia ha evidenciado con mayor crudeza que Chile no cuenta con un sistema robusto de salud, sino con uno público y otro privado, con lógicas divergentes, lo que produce una situación de franca discriminación entre un segmento pequeño de población con mayores recursos económicos y gran parte de la ciudadanía de menores recursos.
Asuntos pendientes
La pandemia por COVID-19 ha venido a demostrar con mayor crudeza las consecuencias de más de 45 años de políticas neoliberales, de desigualdad y exclusión. Se hace imprescindible avanzar hacia un proceso de rearticulación de las clases subalternas, promoviendo un cambio a los amarres constitucionales del Estado subsidiario, trabajando la capacidad de alianzas que el mundo del trabajo organizado pueda establecer con otros movimientos sociales con diferentes problemáticas, para que se lleven a cabo las transformaciones que requiere un nuevo Chile, con una nueva forma de vivir, que valore la vida por sobre el mercado. Este nuevo Chile requiere de una nueva constitución, que releve los derechos humanos, derechos sociales universales como una manera de relacionarnos socialmente, con un Sistema Universal de Salud, bajo los principios de universalidad, solidaridad, equidad, integralidad, gratuidad y ausencia de lucro. Con un diálogo respetuoso de saberes entre la atención de salud alopática y los conocimientos ancestrales y populares. Además, de potenciar la autonomía de los pueblos en la generación de procesos de atención acordes con las dinámicas de las propias localidades, disminuyendo así la dependencia hacia la medicina occidental.El derecho a la salud debe ser consagrado en la Constitución de manera pública, gratuita y de calidad para todo/as. Concebir la salud como un derecho implica que el Estado garantice a toda la población el mayor grado de bienestar en salud, y que este no se encuentre segregado por capacidad de pago y riesgo de enfermar. La Constitución debe garantizar el derecho universal a la salud, es decir el acceso, la calidad y la protección financiera al conjunto de los habitantes del país, provisto desde el Estado a través de un Servicio Nacional de Salud. Generar un cambio de esta magnitud, obliga al Estado a mejorar y ampliar el sistema público de salud. Sólo en un sistema donde desaparezca la segregación, y que funcione bajo un marco solidario de financiamiento lograremos satisfacer integralmente las necesidades de salud de la población.
Un Sistema Universal de Salud basado en atención primaria: caracterizado por un financiamiento por impuestos generales. El sistema es universal, constituyéndose un solo financiamiento nacional que distribuye los riesgos, sin discriminaciones por edad, sexo o enfermedades. Además, se debe avanzar en la construcción de una política integral de desarrollo de los/as trabajadores/as para mejorar la calidad de la atención que se brinda a la comunidad, fortaleciendo la permanencia de médicos/as y otros funcionarios/as de salud.
La atención primaria debe ser el pilar fundamental del sistema de salud, en este sentido es fundamental mejorar su financiamiento, es necesario que los/as funcionarios/as y la comunidad tengan injerencia en la toma de decisiones con respecto al presupuesto y de esta forma evitar que los recursos de salud se mal utilicen o se desvíen hacia otros gastos. Además, se deben reevaluar las actividades de la AP, reformulándola y adecuándola a lo que realmente debiera hacerse, es decir, incorporar acciones de prevención y promoción de salud, así como mejoras a la capacidad resolutiva. Debiéndose avanzar en una política que fortalezca la incorporación y permanencia de los/as trabajadores/as de salud, estableciendo una perspectiva que asegure la longitudinalidad en la atención.
Por otro lado, la complejidad de los contextos sociales, exacerbados en la situación actual, exige la interrelación de trabajadores y la ciudadanía, que deben contar con mecanismos efectivos de participación vinculante en la toma de decisiones, por medio de una gestión triestamental. Ya que a pesar de las sombrías circunstancias de los últimos meses, la sociedad se encuentra retomando la organización por una nueva constitución, en la perspectiva de garantizar el derecho a la salud, así como los demás derechos sociales universales.
Poniéndose énfasis en que enfrentar los problemas actuales y crónicos del sistema de salud, se requiere una profunda transformación, con una provisión de servicios de calidad en la red asistencial pública, que se oriente desde una perspectiva multisectorial, considerando la determinación social de salud, para resolver de forma integral los problemas de salud de la población (Bass, 2020).
Nos encontramos en un momento decisivo para que se lleven a cabo las transformaciones que requiere un nuevo modelo de sociedad, que contenga un Servicio Nacional de Salud, bajo los principios de universalidad, solidaridad, equidad, integralidad, gratuidad y ausencia de lucro.
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Palabras clave:
Palabras clave: COVID-19, neoliberalismo, derecho a la salud.Palavras-chave: COVID-19, neoliberalismo, direito à saúde.Keywords: COVID-19, neoliberalism, right to health.
