Resumen de la Ponencia:
Los hechos ocurridos en Iquique, Arica y Antofagasta durante enero y febrero de 2022 han inclinado la balanza en el imaginario colectivo chileno, mayoritariamente en las regiones del norte grande -y especialmente luego de la viralización de dos videos que muestran a migrantes golpeando a carabineros, al ser fiscalizados en la vía pública, y la muerte de un camionero-, hacia la angustia, rechazo y estereotipos negativos de los nacionales hacia los migrantes que han ingresado por pasos no habilitados. La percepción de la frontera nacional debilitada, con una entrada descontrolada de migrantes venezolanos ocupando espacios públicos, ha generado un estado de alarma, polarizando las reacciones y la xenofobia y aporofobia (Cortina, 2017). El supuesto que planteamos en esta ponencia, señala que el gobierno encabezado por el Presidente G. Boric, inició desde marzo de 2022, con condiciones sociales marcadas por la producción del miedo al otro, emoción que moviliza asociarse masivamente con el fin de lograr protección frente al clima de inseguridad, demandando mayor control y punitivismo hacia los infractores, así como instituciones defensivas, protectoras del orden y la paz social. Los acontecimientos de la zona norte llaman a debatir sobre la seguridad humana y convivencia en el país. La seguridad humana atañe a la protección de las personas y de las comunidades más que a la seguridad de los Estados, comprendiendo tanto los derechos humanos como el desarrollo humano (Sen, 2000; Rojas y Álvarez, 2012). Resulta evidente que el gobierno de S. Piñera no solucionó el problema, como manifestaron autoridades locales, regionales y asociaciones. Estos hechos han ocurrido en un contexto en que la sociedad chilena ha estado viviendo importantes cambios socio-políticos post 2019, y transformaciones institucionales emergentes en 2021-2022, así como el aumento en la diversidad étnica, con una población migrante mayor a 1.5 millones de personas (INE y DEM, 2021), que representan el 8% de la población total. Así, esta fricción y emergente hostilidad que se ha generado en la población, entre nacionales y migrantes irregulares, se ha convertido en una tarea prioritaria para el gobierno que asumió el poder en marzo, protagonizando la agenda. La confianza (lo opuesto al miedo) en el nuevo pacto social está presente, pero se instaló en la ciudadanía la incertidumbre por el orden social. De este modo, el objetivo de esta propuesta es analizar la migración irregular y la acción ciudadana provocada en Chile a partir de la crisis de seguridad pública que se generó en el verano de 2022, en el contexto de un nuevo ciclo político, dando cuenta también de los discursos recientes sobre la política migratoria y criminalización de las migraciones en Chile.