Resumen de la Ponencia:

COMPRENSIONES DE LA COMUNIDAD DEL BAJO CALIMA DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, SOBRE LAS AFECTACIONES SOCIO-ECOLÓGICAS CAUSADAS POR LA PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA DEL PROYECTO “PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE”ResumenEl presente trabajo de investigación, consiste en interpretar las comprensiones que hace la comunidad del Bajo Calima – Buenaventura, sobre las afectaciones socio-ecológicas que ha causado la pavimentación de la carretera que permite el acceso al puerto Aguadulce.La investigación tiene un enfoque cualitativo de corte hermenéutico.  Se aplicaron 29 entrevistas y se construyó una cartografía social en las comunidades del Bajo Calima. También, para esto, se tiene en cuenta tres categorías de análisis: afectaciones sociales, afectaciones ecológicas y representaciones sociales.Además, se hizo una revisión de la literatura relevante para los puntos de investigación, tales como, representación social, afectaciones, territorio, entre otros.Gracias a los análisis de los resultados, se pudo evidenciar cuáles son las comprensiones que tienen las comunidades sobre las afectaciones socio-ecológicas causadas por el proyecto Aguadulce.Palabras claves:  representaciones sociales, comprensiones, territorio, afectaciones, socio-ecológico.

Resumen de la Ponencia:

A mediados del siglo XIX, debido a las plagas del cólera, la tuberculosis y otras enfermedades, los funcionarios de salud pública de aquella época argumentaron que debían asignarse fondos para establecer grandes parques urbanos, ya que el aire limpio ayudaba a reducir la propagación de enfermedades (Cranz, 1982). En la actualidad, en el siglo XXI, diversos estudios señalan que la pandemia de COVID-19 ha instado a las ciudades y sus poblaciones a reconsiderar la importancia de los espacios verdes urbanos, sobre todo, en tiempo de crisis (Hockings et al., 2020). En la actualidad se han incrementado las visitas a los parques, lo cual se correlaciona con las restricciones impuestas a la movilidad social (Grima et al., 2020). Por lo que la pandemia está mostrando la importancia de estos espacios para mantener un entorno saludable. El parque urbano es una construcción social, es un tipo de espacio público que expresa en lo concreto una de las formas de relación sociedad-naturaleza, en donde, por un lado, rigen leyes de carácter natural y por otra parte tienen una función social (Anaya, 2001). Históricamente el parque urbano se ha ido transformado para adaptarse a las necesidades sociales de cada época. De acuerdo con Cranz y Boland (2004), existen cinco modelos de parques urbanos: los parques de placer (1850-1900), los parques de reforma (1900-1930), los parques de recreación familiar (1930-1965), el sistema de espacios abiertos (1975- actualidad), y los parques sustentables (2000- actualidad). Cada uno de éstos refleja una configuración distinta, la cual responde a los diferentes propósitos a los que han servido. Estudiar los parques es importante desde el punto de vista de entender a las sociedades, ya que estos espacios permiten observar distintos procesos sociales, económicos y ecológicos, elementos que en su conjunto determinan las opciones disponibles para la interacción humana. El objetivo de este trabajo es analizar si el parque sustentable es capaz de aportar mayores beneficios sociales frente a las crisis contemporáneas tales como la de la pandemia de COVID-19.  Se encontró que con la aparición de estos parques se generan nuevos tipos de expresión paisajística, que expresan lo que es único acerca de una región, y se generan nuevas actividades, como la producción de alimentos, que ayuda a construir nuevas relaciones sociales, como la economía solidaria. El aporte de este trabajo es invitar a reflexionar sobre la posibilidad de que no hay un parque sustentable, sino una variedad de ellos en función de cómo una cultura interpreta los criterios ecológicos, económicos y sociales. Por lo que se debe proteger no solo la biodiversidad del parque, sino también el sistema social, que abarca la cultura, creencias y los valores de los seres humanos que hacen posible la salvaguardia de esos espacios.

Resumen de la Ponencia:

A comunidade ribeirinha do Acampamento Coragem ocupa um território em Palmeiras do Tocantins (TO), que é de posse do Consórcio Estreito Energia (CESTE) empreendedor da usina, que disputa judicialmente a posse da terra desde outubro de 2015. Essa população tem enfrentado os conflitos ocasionados pela barragem de Estreito desde a sua instalação e continuam a sofrer os efeitos ocasionados pelo empreendimento. Diante disso, que busco analisar os conflitos socioambientais da Usina Hidrelétrica de Estreito (MA), assim como, compreender a territorialização do lugar ribeirinho traçando o entendimento de como uma comunidade ribeirinha situada no Norte do Tocantins tem exercido suas práticas culturais e profissionais após os conflitos causados pela barragem, e as alterações em seus modos de vida, e quais as alternativas utilizadas para ocupação do território em que atualmente disputam judicialmente. Com isso, busca-se identificar as percepções dos/as moradores/as dessa comunidade perante os conflitos socioambientais causados pela UHE de Estreito, da mesma forma que identificar nos processo de territorialização o lugar ribeirinho definido por eles/as, e os processos de luta e resistência no território que atualmente ocupam. Descrevendo como a vida se moldou perante os conflitos enfrentados contra os empreendedores da barragem, e as formas de luta e resistência a continuarem exercendo práticas em ambientes que são culturalmente identificados como lugar de subsistência.

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La sociedad mundial cada vez está más expuesta a los riesgos ambientales, en el contexto del atropoceno las amenazas a la seguridad humana por riesgos ambientales asociados al Cambio Climático Mundial (CCM) cada vez son mayores. En México, las lluvias torrenciales asociadas al CCM cada temporada amenazan la seguridad de una gran parte de la población, principalmente aquella que también se encuentra en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Las inundaciones vinculadas con lluvias torrenciales atípicas relacionadas con el CCM son recurrentes y se han intensificado en todo el país, particularmente en el centro-sur de México así como en las en las costas sobre todo en los lugares donde desembocan las cuencas exorreicas más importantes del País. A fin de estimar la importancia de la resiliencia comunitaria ante catástrofes ambientales se relacionaron las escalas de resilienica, percepción del riesgo y estrés con mapas de riesgo ante inundación a partir del peligro y vulnerabilidad elaborados con la metodología eficiente en la parte baja del Río Coyuca, en el estado de Guerrero en el Sureste de México. El objetivo fue relacionar las zonas potenciales de riesgo de inundación mediante el Análisis de Decisión Multicriterio, específicamente el Proceso de Análisis de Jerarquías con la percepción del riesgo, el estrés y la resiliencia ambiental. Se desarrollaron mapas temáticos de distancia, pendiente, altura, densidad poblacional y uso de suelo que se analizaron por la metodología de Saaty para determinar su valor de influencia. El conjunto de mapas se multiplico por sus respectivos valores de influencia y se sumaron mediante la calculadora ráster de ArcGis10.6.1. El mapa de Peligro de inundación revelo que predomina -Peligro Muy alto- con 56.51%. El mapa de Vulnerabilidad mostro dominancia de -Muy alta- con 42.30% y el mapa Riesgo de -Riesgo Medio- con 60.15%.  Los hallazgos se discuten desde la evidencia empírica y no empírica que permiten entender como las poblaciones en riesgo ante potenciales inundaciones no perciben de forma adecuada el riesgo a partir de componentes socioculturales así como sus condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Se concluye que la mayoría de las localidades ocupan áreas de muy alto riesgo ante inundaciones sin adecuadas estrategias de afrontamiento y gestión del riesgo ambiental. El -riesgo alto- se dio en aglomeraciones densas de casas, al contrario del riesgo medio, correspondiente a zonas habitacionales menos densas y/o áreas agrícolas forestales.

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Hace más de 20 años, peleas por tenencia de tierras generó el conflicto armado entre paramilitares (guerrilleros) y pescadores de los territorios de Trojas de Cataca y Rincón Guapo de Lovera, ubicados en el municipio de Puebloviejo Magdalena Colombia, dando lugar al reasentamiento de estas comunidades a otras áreas del territorio, específicamente alrededor de la Ciénaga Grande de Santa Marta. En este sentido, problemáticas sociales marcadas se trasladaron a otra zona del territorio señalado, sin embargo, no han dejado de descansar sus manos por la lucha a sus derechos y el aporte indirecto al desarrollo socioeconómico local.  Ante esto, el propósito de ésta investigación es analizar los conflictos socioambientales vivenciados por las comunidades asentadas alrededor de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Colombia.  Metodológicamente, el estudio se clasifica como descriptivo, de campo, no experimental, transeccional, bajo enfoque investigativo mixto; cualicuantitativo, atendiendo los postulados teóricos de Eguiguren María (2021) y Alburquerque (2007). La población objeto de estudio se concentró en comunidades asentadas alrededor de la Ciénaga Grande de Santa Marta con los oficios de pescadores y agricultores de la zona. Asimismo, una población documental soportada en las estadísticas del Departamento Nacional de Estadística (DANE) relacionadas con el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y reporte del último informe generado por el Instituto General de Salud, para el año 2018.  Como hallazgo de la investigación se tiene que existe una comunidad desplazada por la violencia, quienes atraviesan condiciones de vida complejas en los aspectos socioeconómicos y de bienestar común, por ejemplo:  las casas donde habitan están construidas a base de cartón, madera u otro material reciclable, sin acceso a saneamiento básico, aseo y alcantarillado, poco acceso a educación y salud; en el municipio el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas oscila en el 45,36% (DANE: 2018). Lo descrito impacta negativamente a las comunidades asentadas en esa zona y al medio ambiente, por ejemplo, en el año 2018 se presentaron 431 casos de enfermedad diarreica aguda, siendo el grupo más afectado los menores entre 5 a 10 años de edad. Por otra parte, el caudal del Caño los micos que oxigena la Ciénaga Grande se está secando a causa del desvío del mismo por parte de agricultores para riego de sus cultivos, por eso este recurso natural no se regenera.  Por lo tanto, se concluye que la Ciénaga Grande de Santa Marta, a pesar de ser un punto de explotación pesquera que dinamizaría el desarrollo económico del territorio, está constantemente afectado por las acciones de sus habitantes y la falta de gobernabilidad real para atender holísticamente este territorio por eso es predominante la contaminación ambiental y de salud pública.

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En Chile, el día 04 de julio del año 2021 comenzó el trabajo de la Convención Constitucional que tiene como principal mandato “redactar y aprobar la propuesta de una nueva constitución de la Republica” (Convención Constitucional, s.f). Dentro del trabajo establecido se constituyó una comisión de trabajo orientada a los temas de medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico.  Hasta la fecha, la Convención Constitucional, a través del trabajo de la comisión de medioambiente, ha aprobado una serie de artículos que forman parte del borrador de la nueva Constitución y que el presente trabajo analizará. Considerando que aun cuando son ámbitos distintos dentro de la cuestión ambiental chilena, se puede afirmar que existe una intencionalidad a generar un cambio de paradigma en la concepción y valoración del ambiente, la relación entre humanos y naturaleza, la relación entre ecología y política, la inclusión de las comunidades, territorios, a partir de los derechos a la participación, entre otros. Lo que se busca en este trabajo es presentar un análisis de contenido de los artículos ya aprobados, distinguiendo cuáles son las categorías centrales respecto a la observación y tematización del medioambiente que están a la base de las posibles transformaciones socioambientales, sin perder de vista que ello no está exento de tensiones, pues tal como señala Merlinsky (2021) nos encontramos frente a un estancamiento del cual es difícil salir “Porque las acciones que nos pondrían en mejores condiciones […] son extremadamente amenazantes para una elite minoritaria que mantiene el control sobre los recursos naturales, los flujos de capital y los grandes medios de comunicación” (pp. 10-11). Esto implica que los cambios y transformaciones que se plantean en la nueva Constitución, si bien son urgentes y necesarios para enfrentar la crisis socioambiental, el colapso ecológico y promover una verdadera democracia y justicia ambiental, constituyen para algunos actores un riesgo en el mantenimiento de actividades extractivas, la sobreexplotación de los recursos naturales, el dominio del hombre por sobre la naturaleza para satisfacer sus necesidades, entre otros motivos. Las posibles tensiones que se pueden identificar a partir de lo que se está promoviendo en la nueva Constitución emergen desde nuestra cultura, sistema político, relaciones sociales, económicas, en síntesis, se friccionan con nuestros modos de existencia que son abordados en este trabajo desde una lectura latouriana (Latour, 2013). Lo anterior, en el contexto chileno, adquiere un matiz particular, pues aún en nuestro país existe una privatización del agua, la emergencia de múltiples conflictos socioambientales, insuficiencias de la institucionalidad ambiental, tipos de gobernanza rígidos y excluyentes, que, a su vez, constituyen elementos abordados en el desarrollo de la propuesta constitucional. 

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Las políticas de desarrollo regional y ordenamiento territorial e hidrológicas en Jalisco han visibilizado los recursos hídricos únicamente para el crecimiento del área metropolitana de Guadalajara, incrementando con ello el despojo de los recursos hídricos de la región Chapala para el abastecimiento de agua a la metrópoli, viéndose este más como un recurso económico que como un bien común, construyendo con ello la construcción social del riesgo. Dichas políticas han propiciado la desvalorización del lago más grande de México como una fuente de vida ecosistémica, además de generar intereses económicos y sociales sobre su territorio para la construcción de: grandes fraccionamientos por inmobiliarias de origen o inversión extranjera. Así como, el cambio del patrón de cultivos de granos básicos: frijol, maíz, trigo y garbanzo y hortalizas: jitomote y cebolla, y frutos naturales de la región, por agave y frutos rojos de exportación cultivados de manera intensiva e extensiva por grandes invernaderos a lo largo y ancho de la ribera de Chapala. Asimismo, la construcción de parques lineales (malecones) a lo largo de las poblaciones urbanas ribereñas, reduciendo también con ello, el territorio al lago a partir del relleno del vaso lacustre. Se analizó a partir de los recorridos de campo por la ribera de este lago, una transformación socioterritorial por el cambio de los usos del suelo, derivados de los espacios territoriales generados por los bajos niveles del lago y/o por el relleno de sus orillas para la construcción de fraccionamientos, parques lineales y grandes invernaderos de cultivos de productos agrícolas de exportación e inversión extranjera. Generando con ello el interés de seguir indagando sobre la región de estudio a partir de considerarlo como un bien común y como esta sobrexplotación de los recursos hídricos generan la construcción del riesgo tanto para la región de estudio como para la ciudad que es la principal usuaria de este recurso hídrico. Por lo que se considera necesario la revisión de las políticas de desarrollo regional y ordenamiento territorial del presente sexenio de gobierno a nivel estatal y municipal para el caso de la Región Chapala y Región Guadalajara o Centro.De igual manera, se ha incrementado su contaminación y extracción de agua para el área metropolitana de Guadalajara, poniendo en riesgo la sustentabilidad del lago, el de las comunidades ribereñas y a la misma metrópoli para su abastecimiento, desarrollo económico e impactos a la salud de sus consumidores. Contribuyendo a la transfomación del territorio 

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A partir del estudio y discusión sobre el disenso o desacuerdo como categoría analítica y como práctica se explora su utilidad para analizar campos ambientales altamente disputados en los que no es posible lograr consensos ni la cooperación entre los distintos actores sociales involucrados. Nuestro interés es indagar, desde la perspectiva de los distintos actores sociales y políticos involucrados en un caso específico, los diversos significados (discursos y acciones) que dan forma al disenso o desacuerdo. La óptica del disenso que retomamos no se equipara a una diferencia de opinión o disputa sobre qué «medidas políticas» adoptar, sino que se refiere a desafiar la lógica que distingue a unos como seres de decisión y acción y relega a otros a la esfera pasiva de la reproducción (Rancière, 2019). Esta perpectiva permitirá explorar la práctica del disenso como un potencial catalizador de las diferentes partes y visiones sobre un mismo asunto y de esta forma, contribuir al reconocimiento de las relaciones interdependientes entre actores y no sólo como indicador de conflicto o confrontación entre las partes involucradas. Consideramos que éste puede ser un enfoque novedoso para ser contrastado con el de gobernanza ambiental que supone la coordinación, cooperación y consenso entre las partes involucradas. Nos parece que la categoría del disenso es pertinente para comprender fenómenos sociopolíticos en campos sicioambientales disputados en México y América Latina, toda vez que crecientemente se manifiestan agravios, disputas y conflictividades relacionadas con sistemas socioecológicos, lo que imposibilita el logro de un desarrollo socialmente justo y ambientalmente sostenible. 

Resumen de la Ponencia:

A Área de Proteção Ambiental (APA) do Maracanã vem sofrendo um acelerado processo de expansão urbana através de diversos empreendimentos imobiliários, incluindo o Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal que tem se apropriado de áreas já ocupadas por famílias tradicionais. Busca-se frisar aqui como o modo de vida dos moradores do Maracanã na zona rural de São Luís - Maranhão vem sendo afetado nos aspectos socioambientais, econômicos, culturais e de segurança devido à implantação governamental do Programa Minha Casa Minha Vida. Confere-se como objetivos da pesquisa refletir sobre a atuação da Comunidade do Maracanã na defesa das condições socioambientais e de seus modos de vida; descrever as diferentes formas de luta e mobilização empreendidas pelas lideranças e a comunidade diante dos problemas socioambientais; identificar se houve avanços na proteção das condições socioambientais na Comunidade. A metodologia articula o entendimento teórico/empírico da problemática em questão. Portanto a leitura da bibliografia referente a temática e visitas a campo para uma aproximação e conhecimento do que está ocorrendo na área é de fundamental importância. Assim sendo o acompanhamento dos processos em curso na cidade de São Luís sobre a problemática ambiental, sobre a política urbana e especificamente sobre o que ocorre na Comunidade do Maracanã.A vida dos antigos moradores foi brutalmente modificada. A renda da pesca antes vinda dos rios e nascentes, já não é possível pela escoação dos esgotos que foi comprometida devido a preparação do terreno para o PMCMV. A retirada da coberta vegetal, desmatamento e extração de madeira para construção civil, o banho e contaminação do solo agora inviáveis devido o despejo de resíduos sólidos às margens dos rios. O mesmo também devastou boa parte dos juçarais, deixando escasso o cultivo do mesmo. Fatores esses que não só garantiram por anos o sustento dessas famílias, mas também o social e cultural. A Área de Proteção Ambiental (APA) do Maracanã está exposta aos impactos da expansão das áreas urbanas. Que tendem ao avanço cada vez maior, comprometendo os recursos que restaram. Além da segurança está sendo ameaçada pelas facções que estão em frequente confronto.Fica evidente que uma revisão desde o interior dos conjuntos até a APA precisa de uma intervenção do Estado, para que exista uma harmônica entre a área e as habitações. Onde nenhuma das partes sejam prejudicadas ou dizimada. O Programa Minha Casa Minha Vida só foi planejado para dar teto a pessoas que não se “encaixariam” no centro da cidade, o programa não foi planejado como o impacto social/cultural/ambiental causaria. A sociedade do Maracanã hoje vive com medo, sobrevive do que restou da renda, tenta manter viva sua cultura e toma conta do que o esgoto e destruição das matas não atingiu. 

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O Aterro Sanitário ‘Doña Juana’ (ASDJ) localizado na região periurbana de Bogotá, Colômbia, está produzindo danos sobre os ecossistemas e os territórios habitados por comunidades urbanas e rurais que estão próximas da sua área de influência. Desde o início da sua operação, em 1988, esse modelo hegemônico e capitalista de gestão de resíduos e do lixo no aterro tem causado impactos ambientais, econômicos e sociais, agravados ainda mais, pela produção de catástrofes e emergências sanitárias registradas na cidade que adquirem a forma de crimes ambientais. Desde a perspectiva da ecologia política, esse trabalho busca compreender esse conflito ecológico do lixo e da poluição que se caracteriza pela reprodução qualitativa e quantitativa de uma crise resultante da aceleração do metabolismo social sob a mediação da dissociação da relação sociedade-natureza, ou seja, uma ruptura metabólica. O Estado, as instituições públicas e as empresas privadas responsáveis pela prestação dos serviços públicos de limpeza são agentes principais na reprodução deste conflito que afeta toda a cidade, mas principalmente, comunidades marginalizadas, empobrecidas e vulnerabilizadas. Contudo, após de três décadas de funcionamento, essas comunidades continuam se organizando, mobilizando e lutando pela reparação integral dos seus direitos constitucionais, o encerramento ou adequação do aterro sanitário, e a construção de soluções integrais para um desenvolvimento territorial mais sustentável, saudável e democrático. 

Introducción:

O Aterro Sanitário ‘Doña Juana’ (ASDJ) está localizado na região periurbana do sul de Bogotá, ou seja, entre as fronteiras do campo e da cidade. O ASDJ se instalou e iniciou suas operações no ano 1988, o que marcou um contínuo de mudanças institucionais, reformulações normativas e processos de empobrecimento, marginalização e vulnerabilização da saúde coletiva, a cultura e o ambiente nos territórios habitados por comunidades rurais e urbanas assentadas nas localidades ou áreas de planificação de Ciudad Bolívar e Usme, especificamente, do ‘Mochuelo Alto’ e ‘Mochuelo Bajo’ Da mesma forma, se alterou radicalmente o cotidiano e o conjunto de atividades econômicas baseadas, em boa parte, na produção agrícola e pecuária dessa região. 

Durante as últimas três décadas, essas comunidades atingidas nesses territórios têm vivenciado e testemunhado as transformações ecossistêmicas provocadas pelo prolongado e insustentável enterramento de quantidades massivas de lixo, da produção de líquidos lixiviados e bio-sólidos, e da emanação de gases de efeito estufa (GEE) causados pela acumulação e a decomposição de inúmeros tipos de lixo que são depositados no aterro. Esse território tem sofrido a reprodução de uma ‘paisagem toxica’ (Molano, 2019) com repercussões críticas e complexas que devem ser objeto de estudo, mas de preocupação científica.

A catástrofe sanitária e ambiental do ano 1997 e as sucessivas emergências registradas no período compreendido entre 2000 e 2020, têm mostrado a dimensão crítica e complexa das afetações para a vida, saúde coletiva e as atividades econômicas das comunidades que habitam na área de influência direta e indireta do aterro. Assim, a poluição de percursos hídricos como o Rio Tunjuelito e a degradação das condições atmosféricas e da composição dos solos de antiga vocação agrícola são consequências representativas da operação do ASDJ. 

Desde a perspectiva da ecologia política, esse trabalho[1] compreende que esse conflito ecológico causado pelos resíduos, o lixo e a poluição está caraterizado pela reprodução qualitativa e quantitativa de uma crise resultante da aceleração do metabolismo social nas cidades sob a mediação da dissociação da relação sociedade-natureza. Essa ruptura metabólica tem implicações nocivas e insustentáveis que aprofundam, ainda mais, a crise planetária do lixo e a contaminação, a perda da biodiversidade e a mudança climática – a triple crise planetária – no contexto do desenvolvimento das forças desenvolvimentistas do capitalismo e seu método hegemônico de gerenciar os resíduos e enterrar seu lixo nas periferias das cidades.

Culturalmente os termos de ‘resíduos’, ‘desperdício’ e ‘lixo’ são utilizados como sinónimos, porém, nesse trabalho devem ser entendidos como o resultado do quinto processo do metabolismo social conhecido como de excreção, que se segue ao fluxo metabólico da apropriação, transformação, distribuição e consumo (Toledo e González, 2007; Toledo, 2008; Toledo, 2013). No entanto, “dos resíduos excretados, apenas a matéria que não volta a entrar no circuito metabólico transita dos resíduos para o lixo ou resíduos” (Solíz, 2016, p. 33). De acordo com esta diferenciação, ‘desperdício’ será utilizado como sinónimos de ‘lixo’ e ‘resíduos’ se utiliza para destacar a transição desde sua geração imediata no circuito metabólico, a perda do seu potencial de utilização de energia para a sua reinserção no circuito metabólico e a sua transformação final em ‘lixo’ jogado no local de disposição final.

 

[1] Esse trabalho forma parte da pesquisa de tese doutorado do Daniel Prieto Sánchez no programa de pós-graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ), sob a orientação do prof. Dr. Peter May e do prof. Dr. Cicero Pimenteira. A pesquisa conta com o apoio financeiro do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PDSE/CAPES).

Desarrollo:

A panorâmica dos resíduos e do lixo

O crescimento da população que acompanha os processos de urbanização incide sobre a demanda dos serviços públicos como a gestão de resíduos, porque significa o aumento do número de usuários e dos volumes de geração de resíduos de diferente tipologia que estão sendo depositados em aterros sanitários, lixões controlados e até vazadouros a céu aberto, se adoptamos a classificação feita pela equipe interinstitucional de Tello et al. (2010). Essa ênfase é relevante, pois as consequências desta gestão em cenários críticos de operação inadequada, tal e como mostram os fatos e o histórico de emergências e catástrofes sanitárias e ambientais nas cidades, produzem afetações na saúde humana que se podem expressar em danos intestinais, dérmicos e respiratórios, como também, em danos ambientais de tipo atmosférico, geomorfológico, hídrico e biótico (Tello et al, 2010, p. 35). 

O estudo dos resíduos na América Latina e o Caribe (LAC) mostra que a região gera 231 milhões de toneladas, ou seja, 0,99 quilogramas diários por pessoa e o 52% destes resíduos são de tipo alimentar e outros orgânicos. Desta maneira, aproximadamente o 52% dos resíduos estão sendo depositados em aterros sanitários com controle ambiental, outro 15% em aterros sanitários sem especificação, um 26,8% recebem tratamento de digestão anaeróbica, um 1,5% são depositados em lixões a céu aberto, e apenas um 4,5% é reciclado e 1% passa por compostagem (Kaza et al., 2018, pp. 53-58). Outros dados globais levantados pela ONU (2018) e relativos à geração e o manejo dos resíduos sólidos urbanos (RSU), indicam que a geração de resíduos na ALC está em constante aumento e aporta quase 10% dos resíduos gerados a nível global. 

Esse relatório da ONU (2018, p. 6) explica que, considerando o 80% de urbanização da região, os dados mais representativos mostram que cada habitante da LAC gera uma média de 1 quilograma diária de resíduos; 541.000 toneladas diárias de resíduos urbanos se produzem na região; 40 milhões de pessoas não tem acesso a coleta de resíduos; 145.000 toneladas se depositam em lixões, incluindo 17.000 toneladas diárias de plásticos; 50% dos resíduos urbanos são orgânicos e um 90% não se aproveitam. Seguindo essa tendência, sob uma perspectiva de business as usual a projeção da geração de resíduos urbanos passaria de 541 mil toneladas em 2014 a 670 mil toneladas diárias em 2050 (ONU, 2018, p. 65). 

Na Colômbia, segundo dados levantados em 2018 pela Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) e o Departamento Nacional de Planeación (DNP), se produzem mais de 11,3 milhões de toneladas de resíduos anuais: 10,8 milhões são depositados em aterros sanitários autorizados (96,01%), 223 mil em lixões a céu aberto e ilegais (1,98%) e 215 mil entre células transitórias e contingentes autorizadas (1,91%) (SSPD e DNP, 2019). Diariamente, o conjunto de 1.102 municípios colombianos deposita uma média de 30 mil toneladas em 308 locais de disposição final distribuídos nacionalmente em 308 locais: 90,20% dos municípios depositam o 97,8% do total dos resíduos sólidos em sítios autorizados e um restante 10,53% jogam 2,2% das toneladas de resíduos em locais não autorizados (SSPD e DNP, 2019, p. 32). Assim, se observa a prevalência da disposição em aterros sanitários. Em contraparte, apenas o 0,1% se dispõem em plantas de tratamento, o equivalente a 11,5 mil toneladas de resíduos anuais (SSPD e DNP, 2019). 

Em Bogotá, no começo da operação do ASDJ – no ano 1988 –  se calculou a disposição final de cinco mil toneladas de resíduos mistos (DPC, 2012).  Considerando o gradativo processo de urbanização das últimas décadas, os dados do ministério público mostram que em Bogotá se produziram mais de 2,3 milhões toneladas anuais de resíduos no ano 2018 (SSPD e DNP, 2019), ou seja, uma média de 6.500 toneladas diárias (t/dia) geradas por uma população de mais de 7,7 milhões.  Esse mesmo ano, os operadores do serviço de aproveitamento cadastraram no sistema único de informações da SSPD e DNP (2019, p. 48) um total de 781.776 toneladas aproveitadas na capital. O ministério público explica que registraram 28 tipos de materiais aproveitados que se distribuem entre seis famílias: papel e papelão (56%), têxtis (29%), plásticos (8%), vidros (4%), madeiras (1%) e metais (1%) (SSPD e DNP, 2019, p. 51). 

Segundo essas informações, se encontra que o cálculo da produção per capita de resíduos sólidos urbanos está dividida em três componentes: resíduos sólidos depositados no ASDJ, materiais ou resíduos potencialmente comercializáveis e a população da cidade (UAESP, 2020, p. 131). Conforme os dados subministrados no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) elaborado pela Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) (2020), a cidade depositou no ASDJ um aproximado de 2,1 milhões de toneladas anuais de resíduos sólidos não aproveitáveis. Desta quantidade, uma média de 88% corresponde aos resíduos domiciliários, um 6% a grandes geradores, o 5% a varrição, 2% a corte de grama y 0,1% a poda de arvores (UAESP, 2020, p. 126). Com relação ao material potencialmente aproveitável (MPA), se produziram um pouco mais de 1 milhão de toneladas, isto é, 3.133 toneladas diárias, ou seja, 0,405 quilogramas diários por pessoa (UAESP, 2020, p. 132). A composição dos MPA se divide em resíduos orgânicos, (51,32%) plásticos (16,88%), celulosas (13,67%) têxtis (4,54%), vidros (3,67%) e um restante de madeiras, metais, complexos, inertes e perigosos domiciliários. 

Desse modo, o metabolismo de Bogotá gera mais de 3,1 milhões de resíduos anuais. A consolidação dos dados do 2020 mostram que se depositaram 6.500 t/dia produzidas pela população da cidade, quer dizer, umas 0,8 quilogramas diários por pessoa (UAESP, 2020, p. 131). Cabe ressaltar que esse aterro também recebe mais 2.000 t/dia produzidas em sete municípios vizinhos que utilizam esse local de disposição final (JICA, 2013). Portanto, se calcula uma produção diária total de 8.500 t/dia de resíduos (UAESP, 2020, p. 68) gerados por uma população que supera as 8 milhões de pessoas. 

Esse modelo de gestão de resíduos tem um componente de aproveitamento, através de um esquema de coleta seletiva realizada por organizações de trabalhadoras e trabalhadores da reciclagem e empresas autorizadas. A UAESP (2020) informa que na cidade há um conjunto de armazéns de MPA de caráter privado (719) e público (9). Aliás, existem Estações de Classificação e Aproveitamento (ECA) (580 em total) que por definição “são instalações tecnicamente desenhadas com critérios de engenharia e eficiência econômica, dedicadas à pesagem e classificação dos resíduos sólidos aproveitáveis, através de processos manuais, mecânicos ou mistos” (UAESP, 2020, p. 40) sob a fiscalização das autoridades públicas ambientais e sanitárias.

A catástrofe e a crise qualitativa e quantitativa do lixo

Conforme a engenheira Awazacko (2014, p. 46), a área rural para a instalação do ASDJ se escolheu pela sua grande extensão territorial e sua capacidade para a disposição final de resíduos, suas condições geomorfológicas do terreno, a factibilidade da área para receber diferentes tipos de resíduos, a baixa produtividade agrícola e de densidade da população local. Em termos ecossistêmicos, esta área forma parte dos limites da reserva natural conhecida como o Páramo de Sumapáz, um ecossistema fundamental. Conforme com o Instituto Humboldt (2007), os páramos se caracterizam por sua biodiversidade, a capacidade de fixar carbono atmosférico e, especialmente, pelos seus recursos hídricos, pois são áreas de produção de processos de armazenagem e regulação hídrica e aquífera. Em síntese, os paramos são uma fonte da vida. 

Mapa 1. Localização do Aterro Sanitário ‘Doña Juana’

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Molano (2019) destaca que a decisão pública de instalar o aterro nessa região se sustentou em um estudo técnico elaborado por engenheiros sanitários. Dessa forma, se prometeu a implementação de um modelo de modernização da gestão dos resíduos e de transformação da paisagem do sul de Bogotá que, após de vinte anos de vida útil, acabaria sendo uma zona verde para o uso e bem-estar da população local. Três décadas depois o ASDJ continua funcionando e, em 2019, a Prefeitura decretou a prorrogação da sua vida útil até o ano 2050, apesar dos antecedentes históricos e dos sucessivos erros da operação.

A análise histórica de Molano (2019) demonstra que essa decisão pública se orientou mais por motivações políticas classistas e excludentes, mas não técnicas. Apesar dos estudos técnicos que sugeriam a instalação de quatro aterros sanitários distribuídos espacialmente no Norte, Ocidente, Sul-oriente, Sul-ocidente da cidade, a Prefeitura e os órgãos responsáveis descartaram essas opções distributivas para a operação da disposição final. A Prefeitura argumentou que requeria um gasto público insustentável, mas a decisão obedeceu a que a população de altos ingressos que morava na zona norte representava uma poderosa oposição em termos políticos, eleitorais e econômicos. Como resultado, se escolheu a periferia sul com base em estudos técnicos predeterminados que sustentaram a tomada de decisão administrativa, mas sobre todo, porque no horizonte da correlação de forças políticas, as classes baixas da periferia representavam uma menor oposição contra a instalação do ASDJ.

O cálculo político e econômico prevaleceu por acima do componente técnico e socioambiental. A localização espacial dos bairros marginalizados e empobrecidos no sul de Bogotá significou uma menor resistência social e política à instalação do ASDJ. Como efeito colateral, isto impactou sobre o mercado de terras urbanas e rurais e criou-se um cenário de disputa entre os interesses dos grupos de poder locais que vieram no aterro sanitário uma oportunidade e uma ameaça para sua dinâmica clientelista. Na esfera política do Estado revelou-se a dimensão clientelista no interior da empresa pública de limpeza de Bogotá em consequentemente, na apertura do ASDJ em 1988 e a posterior liquidação e privatização da empresa em 1989. 

A transformação socioambiental não foi menor. A instalação do ASDJ significou a alteração dos solos e modificação das fontes hídricas próximas e os aquíferos subterrâneos em cloacas de águas de esgoto e resíduos misturados. Com esta ação antrópica se deslocou a fauna e flora endógenas e preexistente e se geraram a condições para a reprodução de vetores de risco para a saúde humana, como moscas e ratos. Paralelamente, a construção e operação do ASDJ provocou um processo de urbanização informal, irregular e ilegal na sua área próxima, pois as famílias camponesas que moravam e produziam nessa área se vieram obrigados a vender suas a terras a terratenentes urbanos por baixo do preço real de cada hectare. Assim, se instalaram bairros sem nenhum tipo de planejamento e controle do Estado, mas com todos os riscos sanitários derivados do funcionamento do aterro. 

Os bairros marginalizados cresceram sob a mesma dinâmica de crescimento urbano da cidade. Como efeito deste processo de urbanização em Bogotá e a ampliação dos limites urbanos e sua pressão sobre as fronteiras rurais, veio o aumento no volume de resíduos e, assim, os erros visíveis da operação de disposição final de resíduos no ASDJ: disposição inadequada, péssima compactação e cobertura do lixo (MOLANO, 2019, p. 140). Apesar das tentativas de manutenção tecnológica e adequação da operação, a catástrofe no aterro estava anunciada. 

A catástrofe sanitária e ambiental do ano 1997 impactou as comunidades que habitam a área da influência direta e indireta do ASDJ. Essa catástrofe sem antecedentes no país chegou a paralisar essa região periurbana e as atividades de prestação de serviço público de limpeza em Bogotá e os municípios que depositavam seus resíduos e o lixo no aterro. Conforme com a Defensoría del Pueblo de Colombia (DPC), a gestão dos resíduos e do lixo modelada, em parte, pela variação dos desenhos da operação e as progressivas mudanças topográficas no terreno de disposição final, acabaram provocando o vazamento de quase 1,2 milhões de toneladas de resíduos misturados (DPC, 2012) em apenas uns minutos. 

Essas toneladas de lixo refluíram rapidamente com ajuda dos líquidos lixiviados e, no caminho, derrubaram e arrastraram arvores, pedras e até máquinas pesadas utilizadas na operação do aterro. Como mencionado, na época ingressavam quase 5.000 t/dia de resíduos e lixo misturado no aterro, portanto, em poucos minutos se vazaram mais da metade das toneladas enterradas anualmente. O ASDJ pareceu um vulcão em erupção que expulsou quantidades massivas do lixo desde o fundo da terra, deste modo, provocando graves impactos sociais, sanitários e ambientais.  

De acordo com os relatórios do ministério público, essa catástrofe provocou a contaminação de fontes hídricas por causa dos lixiviados e a degradação dos solos atingidos, pois ficaram cobertos por toneladas de lixo misturado. Da mesma forma, a exposição dos resíduos a céu aberto gerou um ambiente toxico que causou afeções a sobre a saúde de quase 30.000 pessoas distribuídas em sete áreas rurais e novecentos bairros urbanos de Usme e Ciudad Bolívar, pois provocou problemas respiratórios, alergias, vômitos, erupções cutâneas nas pessoas vítimas, principalmente, nas crianças, como consequência da emanação de gás sulfúrico, metano, amoníaco e enxofre (Corte Constitucional de Colombia, 1998, 2008; DPC, 2012; Consejo de Estado, 2014). Os efeitos dessa situação catastrófica permaneceram ao longo de semanas, meses e anos. As toneladas de resíduos expostos não somente provocaram a aparição de vetores como ratos, baratas e mosquitos, mas danos materiais e patrimoniais.

Nesse momento, essas duas localidades estavam caraterizadas como territórios de produção de atividades tanto agrícolas quanto urbanas, além de ser tipificadas como parte da periferia empobrecida, marginalizada e excluída de Bogotá. O censo demográfico mais recente da cidade, mostra que na região vivem cerca de 343.000 habitantes em Usme e outras 748.000 pessoas em Ciudad Bolívar (Distrital, 2018). Segundo o órgão responsável pela limpeza da cidade, a Unidade de Administração Especial de Serviços Públicos (UAESP), as estimações sobre a disposição final do lixo calculam que o aterro recebe atualmente mais de oito mil toneladas diárias, geradas em Bogotá e mais sete municípios que dependem do ASDJ (UAESP, 2021). 

Nesse contexto de incomensuráveis estragos, as vítimas dessa catástrofe começaram um processo de organização política e comunitária que iniciou uma dinâmica de mobilização coletiva e prolongada em busca da reparação integral dos seus direitos vulnerabilizados, através de um processo jurídico de Ação de Grupo[1] em 1999, contra o Estado, a Prefeitura e o consorcio privado que gerenciava o ASDJ nesse momento, Um grupo de vítimas conformado por 1.472 pessoas (DPC, 2012) impulsionou essa Ação de Grupo que dinamizou a abertura de um processo no judiciário, sob o acompanhamento de organizações da sociedade civil, defensores advogados e vereadores municipais e representantes no Congresso dessa época. A agrupação estava integrada por habitantes das localidades de Ciudad Bolívar e Usme que tiveram suas vivendas atingidas, pois se situavam na área de primeiro nível de impacto da catástrofe, isto é, num diâmetro de influência de 0 a 1.500 metros (Consejo de Estado, 2014). O objetivo da sua Ação de Grupo exige o reconhecimento das vítimas e a indemnização dos prejuízos sofridos por causa da catástrofe ambiental e sanitária ocasionada pelo vazamento dos resíduos do ASDJ. 

Além da reparação individual e coletiva, essa luta jurídica e política questiona e exige a reforma e reformulação da política de desenvolvimento local e da gestão de resíduos. Nesta perspectiva, se está questionando a operação do aterro e sua existência mesma, ou seja, tanto a avaliação para o encerramento do ASDJ, quanto reestruturação do sistema do serviço de limpeza pública e, principalmente, do seu componente de disposição final dos resíduos. Isso significa uma demanda social e política pela transição direcionada para implementar um modelo integrado de gestão que adopte novas técnicas e tecnologias de aproveitamento de resíduos. 

Conforme a Ação de Grupo, as toneladas de lixo espalhado pela região foram coletadas e depositadas em uma área auxiliar situado no mesmo terreno do funcionamento do ASDJ. Porém, embora o contrato de concessão exigisse uma área para atender esta classe de emergências, as evidenciam indicam que o aterro sanitário não estava pronto para confrontar nenhuma emergência (DPC, 2012, p. 9) e muito menos, para atender uma crise dessas proporções. Esse elemento crítico reforça as evidências sobre a cadeia de anormalidades e irregularidades de tipo técnico, administrativo e ambiental que envolve aos órgãos responsáveis. Ainda mais grave, revelou a negligência no trabalho de fiscalização ambiental e sanitária da Prefeitura de Bogotá e sobretudo do órgão responsável pelo sistema de gestão dos resíduos. 

Organização, mobilização e luta prolongada 

A mobilização das comunidades de Usme e Ciudad Bolívar permanece nesses territórios e o processo jurídico para a reparação integral continua em andamento e confrontando as tentativas do Estado para normalizar e reduzir a dimensão da crise do lixo na cidade a um assunto a ser resolvido somente pela via técnica e tecnológica. Essa mobilização comunitária de mais de duas décadas também se tem materializado no aumentou do número de pessoas e famílias que se autodeclaram e reconhecem como vítimas da catástrofe de 1997. Atualmente, se contabilizam mais de 631 mil solicitudes de reparação individual de direitos, segundo os dados públicos do portal da DPC, e após de duas décadas, continuam se reproduzindo as condições que determinaram a catástrofe de 1997 e ainda se obstaculizando as medidas de reparação integral dos direitos das comunidades vítimas. 

Em outubro de 2015, se vazaram cerca de 750 mil toneladas de lixo misturado do ASDJ, o que obrigou à Prefeitura de Bogotá a decretar o estágio de emergência sanitária e ambiental (Revista Semana, 2015; El Espectador, 2015). Dessa vez, o vazamento somente atingiu a estrutura dos solos na área de operação do aterro, mas a exposição de resíduos ao céu aberto provocou a proliferação de odores nauseabundos e vetores de contaminação. Novamente, as comunidades rurais e urbanas vizinhas foram atingidas pelas falhas na operação. Diante da emergência, os moradores locais relembraram a tragédia de 1997 e saíram a se manifestar sua inconformidade e protestar com bloqueios nas ruas de acesso, mais uma vez, demandando a reparação e mitigação dos danos sanitários e ambientais causados pelo aterro.

Em reportagem com o jornal El Espectador (2017d), o senhor José Alonso Diaz, quem mora a 200 metros do ASDJ e trabalha como agricultor, denuncia que sua casa está invadida pelos mosquitos e comenta que quando o clima supera os 12 graus centigrados, ele sente que está morando no aterro sanitário mesmo. Isto acontece porque os ciclos de calor podem estimular o aumento da reprodução de vetores contaminantes e emanação de odores e gases, mas, no caso contrário, em dias frios ou com chuva baixa a intensidade dos odores e do número de mosquitos. Como ele, várias famílias agricultoras que vivem nesta área rural da cidade são atingidas pela operação do aterro, enquanto intentam trabalhar a terra para produzir alimentos em um território que tem comprometidas as condições sanitárias e ambientais do solo, as fontes hídricas e a atmosfera. E esses alimentos produzidos pelas famílias agricultoras e sob essas condições indesejáveis para elas, chegam a ser distribuídos e comercializados nos mercados alimentares da cidade de Bogotá e municípios vizinhos da região. Desse modo, é possível perceber, por um lado, que a crise do lixo atinge o modo de produção e consumo das comunidades locais e, por outro, que gera alterações na cadeia trófica, pois parte desses alimentos podem significar riscos para a saúde de comunidades na região e do resto dos consumidores. 

Em agosto de 2017 se registrou mais uma emergência, pela qual os habitantes das comunidades rurais do ‘Mochuelo Alto’ e ‘Mochuelo Bajo’ se manifestaram contra da operação do ASDJ e exigiram seu encerramento definitivo. A comunidade realizou bloqueios das vias de acesso e saída do aterro e exigiram a presencia dos funcionários dos órgãos responsáveis pela limpeza pública. Dessa vez, se denunciaram as degradantes condições sanitárias e ambientais que afetavam seu território e se posicionaram contra da iniciativa do Governo de Bogotá 2016-2019 de prorrogar a vida útil do aterro. Um dos principais objetivos do plano exigia a expansão territorial do local para ampliar a capacidade para disposição final de lixo. Apesar da demanda social, a prefeitura aprovou a prorrogação até o ano 2070 e, desta forma, a expansão da área de operação passou de 130 hectares para 200 hectares (El Espectador, 2017d).

O Governo de Bogotá 2016-2019 se comprometeu, mais uma vez, a mitigar os impactos da poluição, a reduzir os custos e fortalecer a fiscalização ambiental da operação do aterro, um ano depois, em julho de 2018, o órgão público responsável pelo saneamento básico autorizou o aumento da tarifa do serviço de limpeza pública (El Espectador, 2018) para suportar o aumento dos custos associados à gestão de resíduos no aterro. Este aumento da tarifa que tem de pagar os usuários do serviço invisibiliza as demandas das comunidades, pois seu objetivo não é propriamente mitigar a contaminação e os danos ocasionados, senão arrecadar mais recursos para que a concessão privada possa resolver seus problemas técnicos e tecnológicos da infraestrutura do aterro incorporando ‘mecanismos de desenvolvimento limpo’ para gerenciar o lixo. Ao mesmo tempo, o aumento no orçamento da empresa privada que presta este serviço também é um estímulo institucional para que o órgão consiga cumprir com os requisitos para o outorgamento do licenciamento ambiental necessário para prorrogar a vida útil do aterro.

Recentemente, o cenário de emergência voltou a se repetir em abril de 2020, isto é, no meio da pandemia da Covid-19. Os relatórios da UAESP (2020b) mostram a deficiente operação do ASDJ em mãos do consorcio privado e os impactos sobre a população mais próxima, pois houve uma remoção de 60.000 toneladas de lixo geradas por uma fratura superficial do solo e, dessa forma, a liberação de gases, odores nauseabundos e vetores tais como mosquitos e ratos.

O ASDJ faz parte do conjunto de equipamentos urbanos e rurais de Bogotá e desde a perspectiva da administração pública, sua função consiste em contribuir no desenvolvimento da cidade, em termos de garantir o saneamento básico da cidadania e especialmente, com o serviço de limpeza e gestão de resíduos. Em palavras do Molano (2019), de sua instalação o aterro tinha uma função política, econômica e simbólica que consistiu em servir de agente de modernização, já que seus “planos incorporaram modelos tecnológicos que deviam garantir eficiência, conforto e bem-estar” (MOLANO, 2019, p. 128). Não obstante, a construção da memória histórica socioambiental com relação à operação do aterro mostra que, aquilo que foi planejado para ser uma solução sanitária até o ano 2000 e um suposto eixo da transformação paisagística da zona sul da cidade, só provocou uma paisagem tóxica (MOLANO, 2019).

 

[1] Segundo a Corte Constitucional da Colômbia (1998; 2008), a Ação de Grupo é um mecanismo jurídico que faz referência aos direitos constitucionais fundamentais, os direitos coletivos e os direitos subjetivos de origem constitucional e legal. A Ação de Grupo constitui uma ação indenizatória que visa a reparação de danos ocasionados pela vulneração destes direitos e a simplificação e eficiência da administração de justiça quando um evento massivo atinge a um grupo de indivíduos, em circunstâncias iguais.

Conclusiones:

As comunidades rurais e urbanas do sul de Bogotá continuam se organizando, mobilizando e lutando pela reparação integral dos seus direitos constitucionais, o encerramento ou adequação do aterro sanitário e a construção de alternativas. Se trata de uma resistência prolongada de mais de duas décadas contra os determinantes institucionalizados, injustos e violentos que reproduzem e intensificam essa crise ambiental e sanitária decorrente do lixo e a poluição. Essa crise e suas injustiças continuarão se reproduzindo, logo da decisão pública, unilateral e impositiva de ampliar o terreno e estender a vida útil do aterro. Nesse sentido, a tomada de decisões políticas e institucionais sobre o serviço de limpeza e o sistema gestão de lixo e resíduos impactam à cidade toda e, no fundo, se estruturam sobre a negação dos direitos das comunidades atingidas e a reprodução das injustiças social, sanitária e ambiental. Aliás disso, do aprofundamento de uma ruptura metabólica que continua degradando cada vez mais o bem viver das comunidades e intensificando a produção da paisagem tóxica dos seus territórios e agravando os conflitos pela terra nessa região da cidade.

Atualmente, essas comunidades ainda aguardam a reparação real, enquanto continuam sendo vulnerabilizadas, subalternizadas e obrigadas a vivenciar as consequências sobre a saúde coletiva e o meio ambiente decorrentes da operação do ASDJ. A proliferação de vetores e odores nauseabundos, o ingresso diário de milhares de toneladas e o vazamento de lixiviados continuam propiciando as condições insalubres e de degradação ambiental. Entretanto, a política pública continua privilegiando a disposição final de resíduos e lixo nos aterros sanitários por cima de alternativas de gestão mais sustentáveis e saudáveis como o tratamento e aproveitamento de resíduos sólidos para sua reincorporação no circuito do metabolismo social e a diminuição das quantidades de lixo depositadas no aterro.  

Nesse processo de mobilização tem surgido iniciativas e projetos comunitários e populares como resposta a esses conflitos associados com o aterro sanitário, da expansão urbana pouco planejada e das atividades extrativistas de mineração legal e ilegal nesses territórios. O panorama mostra projetos de agroecologia e alternativas práticas de aproveitamento de resíduos orgânicos, ou seja, desperdícios maioritariamente alimentares para a elaboração de fertilizantes orgânicos, mediante técnicas de baixo custo – como a compostagem e a minhocultura – no nível domiciliar, multifamiliar e da pequena produção agrícola (Cantor, 2009; Awazacko, 2014; Hernández e Rojas, 2015; Franco, 2016; UAESP e SIPAF, 2016; Antonini et al., 2020). Assim, é fundamental se comprometer com o estudo e a construção de soluções integrais e alternativas comunitárias e populares para um desenvolvimento territorial mais sustentável, saudável e democrático. 

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Palabras clave:

aterro sanitário, conflito ecológico, lixo.

Resumen de la Ponencia:

A política de desenvolvimento do agronegócio no Brasil avançou para uma fronteira agrícola denominada MATOPIBA, que é o acrônimo dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Nos anos 1980 houve um fluxo migratório espontâneo para “desenvolver” a região, ainda antes de programas (estaduais e federais) de reconfiguração do Cerrado (bioma conhecido por ser berçário das águas no Brasil)(BRANNSTROM, 2009). O que estimulou a ocupação mais recente desse território se fundamenta em três eixos: 1)Suposto vazio demográfico/oferta de terras baratas fruto da grilagem; 2)Oferta de água e; 3)A partir dos anos 2000 a promessa de construção de grandes obras, o que foi abortado pelo crescimento da mecanização. O município de São Desidério, no extremo  Oeste da Bahia, locus desta pesquisa, compõe o MATOPIBA e é banhado pelas águas da Bacia Hidrográfica do Rio Grande, as quais são atribuídas múltiplos usos e sentidos. O rio é encarado como bem[1] pelo agronegócio que irriga suas plantações com pivôs centrais, 49,48% das áreas irrigadas por pivôs centrais na Bahia, localizam-se na Bacia do Rio Grande (GUIMARÃES, 2014, p.16), o que acentua, entre outras coisas, o processo de   contaminação das águas pelo envenenamento como apontam Pignati et al (2017) ao considerarem São Desidério a terceira cidade que mais consumiu agrotóxico em litros (10,2 milhões) em 2015. O estado da Bahia através do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), tem liberado outorgas de uso das águas de maneira indiscriminada e ocupado importante papel na mercantilização as águas na região, mais recentemente abre espaço para investimentos de energias “limpas”, como pequenas centrais hidrelétricas que se instalam na região.Valney Rigonato (2017) usa o termo Agro-Energia-Negócios, para designar a vinculação dos empreendimentos de energia ao agronegócio na composição deste território como fronteira neoliberal (BRANNSTROM, 2009). Ademais, o uso recreativo e a reprodução da vida das comunidades tradicionais da região (ribeirinhas, fundo e fecho de pasto, pesqueiras, quilombolas, indígenas, entre outras) compõem essa rede de interações conflitivas e racionalidades ambientais divergentes das apresentadas pelo agronegócio e Estado em torno do rio, reapropriando-o e ressignificando-o. Diante disto a pergunta que se coloca é: Quais são os sentidos do Rio Grande para quem dele usa, no Município de São Desidério-BA? A pesquisa qualitativa e empírica foi feita- e continua sendo- através da observação direta de conflitos socioambientais por terra e água no município, com atuação da Assessoria Jurídica Universitária Popular (AJUP) e em parceria com a agência 10envolvimento.

Resumen de la Ponencia:

La cuenca Lerma-Chapala-Santiago, nace como Río Lerma en las montañas del Estado de México; recorre los estados de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Michoacán, hasta desembocar en el Lago de Chapala en Jalisco, donde nace el río Santiago, para desembocar al Océano Pacífico, en Santiago Ixcuintla, Nayarit.En esta ponencia analizaremos las condiciones socio ambientales de las zonas metropolitanas de León, Guanajuato y Guadalajara, Jalisco. A través del río Turbio en el primer caso y la cuenca del Ahogado que desemboca en el río Santiago, en el segundo de los casos. Estas dos ciudades son parte importante de la economía del país, pero también generan contaminación del suelo, aire y agua dentro de la cuenca. La ciudad de León se distingue por la industria del calzado a nivel nacional e internacional, y es este sector, uno de los señalados de contaminar el afluente mencionado. En el caso de Guadalajara, el crecimiento urbano e industrial al sur de la metrópoli, ha llevado a considerarse como Polígono de Fragilidad Ambiental.  En ambos casos podemos observar el resultado de un modelo de desarrollo que extrae el agua para sostener este sistema económico,  donde prevalece lo urbano e industrial. Extractivo porque cada vez más, requiere de recursos hídricos lejanos y sus afectaciones a otras áreas periféricas y rurales.   

Resumen de la Ponencia:

TÍTULO: PROCESOS DE USO Y APROPIACIÓN DE LOS RÍOS Y ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, UN BIEN EN DISPUTA GRUPO DE TRABAJO: GT14, CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL, MIGRACIÓN Y JUSTICIA AMBIENTAL Se aborda la problemática que existe en el municipio de Puerto Vallarta por el uso y apropiación de bienes comunes como son los ríos y sus riberas y los conflictos que se han suscitado en torno a ello.  Para ello se analiza, desde la ecología política, el conflicto ecológico distributivo entre los diversos actores sociales, económicos e institucionales involucrados. Por lo que se hace una revisión y análisis del uso y apropiación que se ha hecho de estos bienes bajo tres contextos históricos del municipio: a) Extractivismo y economía de enclave, b) Frontera agraria, c) Impulso y consolidación de la actividad turística.El municipio de Puerto Vallarta se localiza en el estado de Jalisco, en el Pacífico Centro y se encuentra localizado dentro de la Región Hidrológica Administrativa VIII Lerma-Santiago-Pacífico; Región Hidrológica 14 Río Ameca en las Cuencas Hidrológicas Ameca-Ixtapa A, Ameca Ixtapa B y Mascota; y Región Hidrológica 13 Río Huicicila en las Cuencas Hidrológicas Pitillal, Cuale y Tecomala. Los ríos y arroyos que se abordan en el estudio son: Ameca, Mascota, Pitillal, La Vena de Santa María, Los Camarones, El Cuale, El Nogal, Palo María, Mismaloya y Horcones.Los ríos y arroyos no sólo han provisto del vital líquido a los pobladores para la realización de diversas actividades como la agricultura, ganadería, minería y uso doméstico, también han representado un espacio de esparcimiento para las familias. El impulso de las actividades turísticas en la ciudad de Puerto Vallarta aceleró el crecimiento demográfico y urbano, así como de la infraestructura turística, inmensos volúmenes de graba y arena fueron extraídos de los ríos como materiales de construcción, las residencias de la comunidad norteamericana en la ribera del río Cuale, la privatización de accesos al río Mismaloya, el proyecto de construcción de una mini hidroeléctrica en el río de Los Horcones y las obras de alteración del cauce del río Ameca y edificación de albercas e islas por parte del grupo Vidanta, las actividades extractivas de cribadoras, entre otros, dan cuenta de nuevas formas de apropiación de estos bienes comunes las cuales han generado múltiples conflictos socioambientales.Más allá de su relevancia social y económica estos ríos y arroyos son de vital importancia dentro del ciclo ecológico de la Bahía de Banderas, pues la proveen de agua dulce que equilibra su salinidad y con ello la preservación de la fauna marina, también los sedimentos proporcionan arena a las playas y los nutrientes que traen consigo estos afluentes alimentan en  las desembocaduras a muchas especies. Su estudio es de imperiosa necesidad.

Resumen de la Ponencia:

Las áreas del hinterland metropolitano de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con 5.9 millones de habitantes en su composición, han sido los pueblos  conurbados que han tenido la función de recibir e incluso albergar asentamientos industriales de larga data y excesivamente contaminantes así como la función de recibir residuos tóxicos tales como basureros, pueblos que reciben ríos  contaminados, pueblos deforestados en función de dejar crecer la ciudad. Así entonces para sostener el modelo postdesarrollista del Occidente de México se han utilizado en términos económicos y sociales aquellos pueblos marginales que han sido absorbidos por la mancha urbana pero también por las estrategias de producción y desarrollo segregacionista que  los ha convertido en pueblos de sacrificio. El término zonas de sacrificio acuñado en Chile para explicar el problema social de aquellas colonias y pueblos donde por su baja plusvalía y status de marginalidad socioeconómica es donde se han  instalado a un lado las plantas de energía nuclear. Es decir, dentro del sistema del capitaloceno hay zonas socio territoriales que son parte del mecanismo estratégico del desarrollo en donde no hay consideración por su degradación socioambiental. Esto significa entonces que hay zonas que se utilizan como zonas de sacrificio para el beneficio de otras zonas. En este sentido, la presente ponencia propone el análisis multidimensional ya no de las zonas sino de los pueblos conurbados en la zona metropolitana de Guadalajara que históricamente han servido como contenedores de aquellos oficios “inmundos” y contaminantes para ejercer el desarrollo capitalista y de la capital de Jalisco así como su lucimiento y conservación medioambiental y que no se han hecho responsables de las consecuencias colaterales y los pagos por servicios ambientales que ejercen dichos pueblos tales como Tonalá, Toluquilla, Tala, San Cristóbal de la Barranca, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán del Río, Poncitlán, Ixtican, Aguacaliente. Unos reciben la basura metropolitana, otros dotan del agua extraída, otros reciben los ríos y aguas contaminadas de las industrias y de la ciudad, entonces ¿Cuál ha sido la función socioambiental y de sacrificio por pago de servicios ambientales de los pueblos conurbados de la Zona Metropolitana de Guadalajara en México?

Resumen de la Ponencia:

La presente investigación a partir de los aportes de la ecología política y los estudios de la ciencia, plantea que la crisis ecológica mundial puede interpretarse como una crisis del pensamiento moderno. Bajo este supuesto, analizamos cómo las narrativas de la política racional universal colonizan y despojan a los territorios de sus recursos naturales, chocando y ensamblando con otros modos de existencia, los que, más allá de la dicotomía Cultura/Naturaleza, se encuentran en una lucha permanente por un mundo donde quepan otros mundos. La investigación analiza las narrativas sobre sustentabilidad que se despliegan en territorios conflictuados por proyectos extractivistas del agua, para identificar espacios en los que coexisten la ontología moderna acoplada al proyecto neoliberal globalizante, con ontologías relacionales que construyen de manera situada el territorio y la naturaleza que habitan. A través de una etnografía multilocal, se analizan las narrativas de sustentabilidad que despliegan los actores que intervienen el territorio de Curacautín en la región de La Araucanía, en el contexto de conflictos generados por el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, para dar cuenta que los diferentes actores no discuten un marco interpretativo centrado en el desarrollo sustentable o en la ecologización de la economía. Lo que se encuentra en disputa, como muestran nuestros resultados, son las maneras en que se materializa lo sustentable, la manera en cómo se construyen relaciones y valoraciones del territorio y la naturaleza, como una lucha por visibilizar un mundo donde caben muchos mundos, incluidos humanos y no humanos. La investigación quiere ser un aporte en la interpretación de lo sustentable, abriendo espacios para visibilizar aquellos mundos de la diferencia que pueden aportar nuevas respuestas para enfrentar la crisis ambiental global. 

Resumen de la Ponencia:

La industria del salmón cultivado en Chile destaca a nivel internacional como lo que "se debe hacer" en los países en desarrollo para superar el extractivismo pesquero a través de la alianza público-privada (FAO, 2020). Ha existido abundante inversión desde esta alianza para emprender la industria y posteriormente en resolver los problemas sanitarios que la afectan para mantener un crecimiento sostenido desde los 1990s en Chile (Rodrik, 2011). En este transcurso, la crisis sanitaria que afectó a la industria en 2008 más bien fue una ventana de impulso facilitada por una nueva reglamentación respecto a propiedad y manejo sanitario (Aviles, 2015). Sin embargo, esta industria sigue provocando resistencia como sucedió en 2016 en Chiloé e incluso en comunidades costeras donde se especula que podría llegar instalarse esta industria (Bustos-Gallardo, Delamaza, & Rivas, 2021). La consecuencia ha sido el despliegue de conflictos socioterritoriales que desafían la posibilidad de una gobernanza de esta actividad productiva para la sustentabilidad (Barton & Fløysand, 2010).Este trabajo busca describir los factores o acciones que despliega el Estado y la propia industria para revertir/fomentar un proceso de i/legitimación social en un contexto de globalización económica y de alta conflictividad territorial. Para esto se buscan elementos teóricos a partir de la Economía Política Internacional, de la Sociología Medioambiental y de la Nueva Sociología Institucional para conformar un marco analítico macro e intermedio. En lo que respecta a la metodología, los resultados obtenidos provienen de un análisis cuantitativo y cualitativo de datos provenientes de entrevistas, documentos corporativos, reportes de organizaciones transnacionales y prensa nacional e internacional. Luego de analizar algunos indicadores críticos de desempeño sanitario y medioambiental de la industria, se analiza el despliegue público-privado para mantener la industria en un estadio de expansión y bajo una supuesto giro hacia la sustentabilidad. Se aprecian mecanismos de legitimación catalogados en tres ámbitos: cognitivo, pragmático y moral (Suchman 1995). Sin embargo, existe un segundo clivaje necesario de agregar que tiene que ver con escalas como campos de acción estratégica (Fligstein and Doug 2012). En general, los mecanismos de legitimación hacia la escala global parecen ser más elaborados y con mayor “compromiso corporativo” que los implementados hacia lo nacional y local. Estos se basan en énfasis del desarrollo tecnológico y la innovación institucional en armonía con el Estado. Sin embargo, son en estas dos últimas escalas donde se presentan mayores desafíos actuales y en el futuro para la industria, ya que existe una baja confianza en la promesa tecnológica y más bien tiende una posición más radical de bajar la producción o prevenir la expansión de la industria hacia el Sur Austral de Chile.

Resumen de la Ponencia:

En los últimos veinte años ha sido notable la avanzada catastrófica y biocida del capitaloceno con la cual se han exacerbado y sobrepuesto lógicas de explotación y despojo a partir de su metabolismo urbano-agro-industrial en todo el planeta, afectando especialmente a los territorios ubicados en el sur global. La degradación generalizada de la vida que conlleva, principalmente, la imposición de proyectos de extracción del conjunto de fuerzas vitales de los territorios ha sido uno de los principales tentáculos de la maquinaria capitalista, convirtiéndose en uno de los tópicos recurrentes en territorios del Abya Yala.En este contexto destacan las propuestas teóricas de las luchas sociales e investigadores comprometidos quienes nos dotan de claves de comprensión acerca del actual modelo de explotación y la producción de territorios resultado del antagonismo existente entre la avanzada capitalista y el tejido de la vida en su conjunto. Destaca la idea de zonas de sacrificio, una noción que desde hace una veintena de años ha dotado a diferentes luchas sociales de herramientas para la denuncia y comprensión del fenómeno de concatenación de conflictividades ecológicas y vulneración de comunidades bióticas enteras en favor del desarrollo económico. En este texto se reconoce el potencial explicativo y político de dicha noción para comprender el preocupante aumento de conflictividades ecológicas que se han dado en los últimos años en México y que han implicado una degradación progresiva de las capacidades de los territorios para reproducir la vida. Se trata de territorios afectados directa o indirectamente por la proliferación de corredores industriales impulsados desde la década de 1990, los cuales, han sido afectados por la contaminación y sobreexplotación sistémica del suelo, agua y aire, el crecimiento de vertederos y basureros tóxicos, la contaminación y, con ello, la restricción cada vez mayor para poder sostener y reproducir la vida para las comunidades que habitan dichos territorios. En esa lid, proponemos una revisión histórica del término “zonas de sacrificio” y una relectura crítica a partir del concepto de territorio. Asimismo realizamos una lectura crítica del metabolismo urbano-agro-industrial de la región Puebla-Tlaxcala, un territorio que ha estado históricamente integrado al crecimiento de la megalópolis del centro de nuestro país, con una importante ubicación energética y geopolítica que ha resultado en el sacrificio de comunidades bióticas como son aquellas que habitan la cuenca del Alto Atoyac. No obstante, las comunidades organizadas y luchas sociales han demostrado que el sacrificio es un proceso que se puede frenar, construyendo desde saberes-haceres comunitarios novedosos, estrategias de regeneración de la vida dañada. Es por ello que en la última parte de esta presentación nos dedicamos a esbozar la manera en que las comunidades organizadas despliegan saberes-haceres que se niegan a seguir siendo sacrificados en favor del desarrollo económico.  

Resumen de la Ponencia:

El agua es un bien de la naturaleza, un derecho universal. La autonomía de los pueblos depende de la defensa de sus riquezas naturales como bienes fundamentales para la vida que son bienes comunes. Está relacionado con la vida misma, con la supervivencia de las poblaciones en el mundo y, por tanto, se establece como un derecho y se configura como fundamental para la libre determinación de los pueblosSin embargo, a água fue transformada en un “recurso hídrico”, en una mercancía y, dentro de un proceso de colonización, llevado a cabo principalmente por médio de las teorias desarolladas en los países del Norte. Estos bienes naturales y comuns fueron transformados en recursos hídricos para serem privatizados. Estão envolvidas nesse processo las grandes corporaciones transnacionales que dominan atualmente los servicios de agua y su comercialización del agua, un grupo de diez corporaciones, cinco de ellas predominantes en América Latina (Ribeiro, 2009).En la disputa por el agua se utilizan estrategias en el proceso de colonización, e que podem ser listadas, dentre outros, tendo por cuatro distinctos discursos. El primero, de la escasez y crisis del agua en el país, una narrativa que pretende alarmar a la población y justificar el proceso de privatización de las aguas brasileñas y eso esta en proceso. El segundo, se destina a justificar las precarias condiciones en que vive gran parte de la población, la falta de agua potable y entubada y saneamiento. El tercero, legitimar el proceso de privatización, ya que el discurso de la escasez beneficia a un “mercado del agua” (Swingedouw, 2004; Flores y Midoczky, 2015), al mismo tiempo que legitima la apropiación, convirtiéndola en un bien escaso y, por tanto, la escasez es producida, socialmente diseñada. El quarto, que el agua del grifo es de mala calidad, lo que difunde el hábito de beber agua embotellada, que es la industria más rentable y en crecimiento a nivel mundial.Este paper tiene como objetivo presentar algunos de los elementos presentes em la crisis del água en Brasil y las formas de resistência. Se enmarca en el contexto de la nueva división internacional del trabajo, la financiarización globalizada así como el proceso de “nueva invasión” de tierras latinoamericanas frente a la seguridad alimentaria. Se dice que es una “crisis hídrica anunciada” ya que se deriva de todo el largo proceso de colonización latinoamericana y de las formas de despojo del agua a los pueblos y comunidades desde el siglo XV y ahora una escasez como discurso producido para asustar a la población y dinamizar el mercado del agua.

Introducción:

 

El agua y el bien comun 

El agua es un bien de la naturaleza, un derecho universal. La autonomía de los pueblos depende de la defensa de sus riquezas naturales como bienes fundamentales para la vida que son bienes comunes. Está relacionado con la vida misma, con la supervivencia de las poblaciones en el mundo y, por tanto, se establece como un derecho y se configura como fundamental para la libre determinación de los pueblos.

Son muchos los significados que se le atribuyen al agua y a sus lugares de ocurrencia, como manantiales y ríos, así como montañas y árboles, que están presentes en inúmeras civilizaciones en las cuales se plasma como un elemento sagrado en tantas culturas, predominantemente antiguas, alrededor del mundo. Los ritos sagrados pasan por la alabanza del agua, en la intersección entre lo humano y lo divino, con representaciones históricas hidrocosmológicas, construidas colectivamente. Diferentes imaginarios territoriales se manifiestan en las fiestas de la lluvia en las culturas orientales. En la cosmología andina, el agua es el elemento más importante, la esencia de la vida de la que se originan los cuerpos del cosmos, el sol, la luna, las estrellas y la Madre Tierra, así como todos los ancestros.

Hay un movimiento en algunas partes del mundo por los derechos de la naturaleza. Destaca el caso simbólico de Equador y ahora también Chile, salvaguardando los derechos de los seres vivos, como animales, plantas, especies microbianas (Araoz, 2019, 2021). El parlamento de Nueva Zelanda reconoció en 2017 al río Whanganui como una entidad viva, con estatus de “personalidad jurídica”, y también en la India se reconocieron dos ríos: el Ganges y el Yamuna, donde los hindúes practican ritos de purificación, como “entidades vivas con el estado de entidad legal” por el tribunal superior del estado de Uttarakhand em el Himalaia (Acosta,2013, 2019; Gudynas, 2013, 2019).

Sin embargo, este elemento natura fue transformada en un “recurso hídrico”, en una mercancía y, dentro de un proceso de colonización, llevado a cabo principalmente por medio de las teorías desarolladas en los países del Norte. Estos bienes naturales y comuns fueron transformados en recursos hídricos com el objetivo de privatizarlos. El motor de este proceso, son las grandes corporaciones transnacionales que dominan actualmente los servicios de agua y su comercialización, un conjunto de diez grupos económicos, cinco de ellas predominantes en América Latina (Ribeiro, 2009).

En la disputa por este bien natural, se utilizan estrategias en el proceso de colonización que pueden ser listadas, entre otras, cuatro discursos diferentes. El primero: la escasez y crisis del agua en el país, una narrativa que pretende alarmar a la población y justificar el proceso de privatización de las aguas brasileñas y eso está en proceso. El segundo: se destina a justificar las precarias condiciones en que vive gran parte de la población, la falta de agua potable corriente y entubada, así como el saneamiento. El tercero: legitimar el proceso de privatización, ya que el discurso de la escasez beneficia a un “mercado del agua” (Swingedouw, 2004; Flores y Midoczky, 2015), al mismo tiempo que legitima la apropiación, convirtiéndola en un bien escaso y, por tanto, la escasez es producida, socialmente diseñada. El cuarto: que el agua del grifo es de mala calidad, lo que difunde el hábito de beber agua embotellada, que es la industria más rentable y en crecimiento a nivel mundial.

Desarrollo:

Brasil y la crisis del agua 

Aunque Brasil tiene la mayor reserva de agua correspondiente a un promedio del 13,8% del mundo, está desigualmente disponible. De esta reserva, el 68,5% se encuentra en la región  amazónica y el 15,7% en el Centro Oeste del país. El 77% de agua se utiliza en el sector agroindustrial, principalmente agricultura y ganadería, mientras que el consumo urbano gasta sólo el 9%. De esta producción del agronegócio, cerca del 60% se destina a exportación. Un 70% de las aguas de los ríos están contaminadas con residuos químicos (ANA, 2021; Castro, Heller, Martins, 2015).  Es un hecho que hay escasez de agua en el planeta, especialmente en los países del Medio Oriente y regiones desérticas. Sin embargo, las exportaciones brasileñas no están destinadas a los habitantes de estos países.

En el caso brasileño, el documento elaborado en 2021 por el servicio geológico de la Empresa de Investigación de Recursos Minerales CPRM del Ministerio de Minas y Energía, refuerza la idea que Brasil atraviesa una fuerte crisis hídrica con caudales por debajo de los promedios históricos, notablemente en el sur, sureste y centro oeste, siendo la cuenca del Plata la más afectada, que ocupa el 17% del territorio y alberga al 54% de la población. Las aguas subterráneas, ahora, están consideradas estratégicas para el abastecimiento público. La región afectada cuenta con el Sistema Acuífero Guaraní, considerado uno de los mayores del mundo con reservas de cerca de 45 mil km cúbicos (Diniz et al. 2021, CPRM). 

América Latina y el Caribe cuenta con un promedio de 28 m3 de agua al año, que es cuatro veces el promedio mundial. Sin embargo, el proceso de colonización del agua en este continente, sigue preceptos económicos de dividir los bienes comunes en bienes privados, dividir el ser humano y la naturaleza y, en el caso del agua, dividir el bien común y los derechos en los recursos hídricos. Continuó asó en el siglo XX, con la legalización de la privatización de la vida, primero por la corte norteamericana a principios de los 80’ y al final de esa década le siguió la Unión Europea.  Al tema del agua se insertó un concepto estrictamente económico, utilitario y mercantil, cuyo documento del Banco Mundial de 1993 “Gestion integrada de los recursos hidricos” lo convirtió en la base para todos los países ( W.B, 1992; Santimburgo, 2013).  El agua pasó a ser dominada por las grandes empresas transnacionales en el proceso de privatización. Entre los grupos industriales transnacionales se encuentran: Suez, Vivendi, Thames Water, Águas de Barcelona, Nestlé, Coca Cola, Danone, Pepsi Cola (Ribeiro, 2009). La colonización del pensamiento se ha destruido la perspectiva del agua como bien común y reconocido como derecho universal  al agua potable y al saneamiento. Este nuevo proceso de dominación de los recursos naturales  esta el agua como el uso de la tierra. 

El agua y la dinámica productivaLa crisis hídrica estay en tres puntos. Primero: la nueva dinámica productiva en gestación desde los años 80’, liderada por las tecnologías de información y comunicación (TIC) que depende de la extracción de minerales y del uso abundante de agua y energía para su expansión. Segundo: la crisis del agua es ahora, con la vuelta al extractivismo. Tercero: la violencia de los conflictos. Dentro de una nueva división internacional del trabajo DIT una nueva dinámica productiva es dominada por las tecnologías de la información y la comunicación, seguida por la expansión de demanda de minerales, agua y energía, necesarios para alimentar esta cadena productiva. La industria 4.0, basada en la apropriación del valor de los productos considerados tecnologicamente más avanzados de países considerados desarollados, Estados Unidos, la Unión Europea y Inglaterra. La producción final de estos nuevos bienes se dirige a los países del Sur, en los llamados países periféricos (Schuldt, 2005). Estas inversiones también son más agresivas en términos ambientales, utilizan el trabajo de formas no reguladas e incluso el uso de mano de obra esclava e infantil. Contribuyen decisivamente al aumento de los conflictos en el campo y en la ciudad y al crecimiento de la violencia. Los países del Sur son los que pasan a participar en esta cadena productiva, de manera marginal, ya sea como consumidores de estos productos. Ellos son quienes tienen los recursos naturales y minerales para esta producción y son llevados a producir lo que llaman commodities minerales y agroindustriales, es decir, están en la base de esta cadena productiva, ubicados en el otro extremo. Fueron transformados, por esas teorías, únicamente como proveedores de materias primas minerales y energía para la producción de estos nuevos bienes.

La búsqueda de rentabilidad con el agua se inició en la década de 1970 por medio de los lobbies, el proceso de privatización del agua con “acumulación por desposesión”, se expropian los bienes comunes locales. Y se creó el discurso de la escasez como una forma de legitimar este proceso de privatización de los bienes comunes. Este control y suministro de agua a los privados implica un cambio en las coreografías del poder y control político. El agua se convierte en dinero y capital, y los usuarios del agua en consumidores que pagan por el acceso al agua.  La ambigüedad del tema del agua comienza con la actuación del Consejo Mundial del Agua, que sería la institución encargada de monitorearla a nivel mundial, desde hace más de 30 años. La mayor expansión agrícola en América Latina ocurrió después del 2010. En el caso de Brasil, por ejemplo, hay un aumento de alrededor del 252% en el Cerrado y 236% en la región amazónica. Entre 2005 y 2010 se identifica deforestación y pastos y entre 2010 y 2014 producción agrícola, con Cerrado con 111.000 km, Alto Paraná 49.000 km y Mato Grosso 39.000 km2 (Graesser et al. 2018). Son terrenos de gran extensión, de más de 50 hectáreas, o 500.000 m2, con alta mecanización y tecnologías avanzadas. La adquisición de terrenos por parte de grupos chinos y empresas norteamericanas llevan más de tres décadas adquiriendo terrenos en todo el norte y medio oeste de Brasil. Las empresas extranjeras se unen a grupos nacionales para escapar de la legislación. Farmers Elevator do Brasil, por exemplo, pertenece a un grupo de agricultores norteamericanos, con más de 6.500 hectáreas de plantaciones de soja y otros productos básicos en el Cerrado de Bahía. Fondos de pensiones norteamericanos y ruralistas argentinos, en sociedad con el grupo Cyrella, y bancos como XP y BTG Pactual, poseen actualmente más de 300.000 hectáreas de tierras irregulares en el Cerrado a través de un consorcio con Brasilagro, empresa especializada en prácticas irregulares, investigadas desde 2016 por el Incra, lo Instituto Nacional de Colonización y reforma agraria, sospechoso de deforestar más de 21.000 hectáreas de bosque nativo en el país, con multas de hasta R$ 5 millones acumuladas en Ibama, lo Instituto Brasileiro de Medio Ambiente y de los recursos naturales. Los fondos de pensión con más de US$ 1 billión en activos bajo administración para el bienestar de educadores e investigadores estadounidenses y la Universidad de Harvard también adquirieron más de 400.000 hectáreas de tierra en Matopiba, en el norte de país incluyendo Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía. Parte del trato fue negociado por Radar, la empresa azucarera Cosan, que adquirió al menos 22.800 hectáreas de uno de los grandes usurpadores de tierras acusados ​​de robo de grandes áreas y asesinato (Siqueira, 2005; O Joio e o trigo, 2020). En lo proceso de invasión de tierras utilizam-se acaparadores de tierras y destrucción de los opositores a la invasión, desflorestación. Los datos de Imazon (2022) sobre la pérdida de cerca de 10.000 km2 de bosque nativo solo en 2021, ou 30% de la selva amazónica. En el Xingu, la Tierra Indígena Apyterewa, 8.000 hectáreas deforestadas en 2021, un 28% más que en 2020. Solo los municipios de São Felix de Xingú y Altamira, estado de Pará, en conjunto representaron el 59% de la deforestación, 58% del total de la cuenca del Xingú (Apib, 2021). Entre 2018 y 2021 se produjo la mayor deforestación de la historia. 

La violencia del saqueo de agua y de la tierraLos países latinoamericanos y africanos son los más codiciados por los grupos internacionales. En términos de grandes extensiones de tierra, importantes reservas de acuíferos, grandes ríos y fuentes naturales de minerales y petróleo, son los países más ricos del planeta, por eso son los más explotados. Y la violencia contra estos países está presente en varios niveles. Las narrativas producidas para mantener a estos países con la imagen de pobres y como afirma Schuldt (2005), somos ricos y, por tanto, somos pobres. La seguridad del agua, no ha impedido que los gobiernos locales liberen autorizaciones y renovaciones de H2O a las grandes corporaciones, como el gobierno del estado de Bahía, autorizó su uso para riego en gran escala en proyectos agrícolas, totalizando cerca de dos mil millones de litros de agua diarios, con renovaciones y concesiones. Una de esas empresas fue autorizada en enero de 2020, a utilizar más de 39 millones de litros de agua diarios para abastecimiento industrial y riego de 600 hectáreas en la hacienda Canto do Rio. En octubre de 2020 obtuvo la renovación del derecho de uso de más de 19 millones de litros en el mismo municipio. La propiedad es de Todd Kennedy Topp de Dakota del Norte, y desde 1991 ha alentado a otros agricultores del medio oeste de América del Norte a plantar soja y otros productos básicos en el Cerrado de Bahía. Otra gran empresa de agricultores norteamericanos, SLC Agrícola, fue autorizada a captar más de 37 millones de litros diarios en la cuenca del Río Grande, en el extremo oeste de Bahía.

La comercializacion de agua embotellada es otro negocio, por medio del grupo WRG, con la Ambev (bebidas), grupo Edson Queiroz, Coca-Cola, Nestlé, IFC, entre otros, desde 2017. Nestlé anunció en 2018 la venta de sus marcas de agua embotellada, más sigue 'disfrazada' en WRG. En enero de 2018, se discutió la exploración del acuífero Guaraní, una reserva subterránea que abarca cuatro países de América del Sur, para promover una asignación “más eficiente de los recursos hídricos”, y contó com representantes del gobierno para cambiar la ley. El actual gobieno intenta autorizar actividades económicas como la minería y exploración de hidrocarburos y obras de infraestructura en territorios indígenas como lo proyecto de ley 490, que legaliza actividades ilícitas como la minería, el acaparamiento de tierras, la invasión de tierras indígenas y la explotación de productos forestales como la madera, y se elimina a las poblaciones indígenas el uso exclusivo de los recursos minerales e hídricos en las reservas indígenas que puedan ser explotados por terceros. Estas propuestas producen pérdidas de unos 863.000 km2 de la Amazonía legal, en 332 tierras indígenas oficiales donde habitan 655.000 familias de 222 etnias (Siqueira Gay et al. 2020). 

La resistencia de los pueblos, comunidades y asociaciones también está en enfrentar los conflictos sin contar con el apoyo de los líderes de las instituciones gubernamentales. Asesinatos de líderes de estas comunidades son diariamente denonciados. Las narraciones de desinformación buscan enmascarar el hecho real, como de la calidad del agua con el hecho del comercio de agua embotellada, con la apropiación de fuentes y el comercio mundial de agua virtual. En esa apropiación hay la exportación de productos conteniendo alto valor agregado como la denominada “agua virtual”, comercio del agua, incrustada en productos, especialmente commodities agrícolas. Por ejemplo, un kilo de pollo consume 4.330 litros de agua y un kilo de carne vacuna consume en promedio 30.000. Para Bleninger y Kotsuka (2015), solo en la producción de soja y aceite de soja de origen brasileño, se transportan cerca de 80.000 millones de metros cúbicos de agua virtual al año, exportándose alrededor de 32 millones de toneladas de soja y 1,6 millones de toneladas de aceite de soja. Carmo et al (2007) mostraron el destaque de la soja, con más de 50.000 millones de m3 exportados en 2005.  Brasil se convirtió en un gran exportador de agua virtual con 112 billiones de litros de agua dulce, según dados de la Unesco/Hoestra, Hung (2003). En 2005, solamente China importó alrededor de 16.000 millones de m3 de agua a través de productos del sector agroexportador brasileño, como la soja que representa casi el 60% del volumen de exportación del país.

Las corporaciones intentan dominar el agua del mundo con una fuerte presencia del capital financiero, constituyendo un alto nivel de poder. Un caso ejemplar es la corporación suiza que controla el 10,5% del mercado mundial del agua y que está instalada desde 1994 en Sao Lourenço en Minas Gerais, utilizando las fuentes y el Parque de las Aguas de la ciudad. En la región del Cerrado de Bahía, marcada por el avance de las grandes plantaciones de soja, el uso descontrolado del agua amenaza afluentes, caminos y nacientes de ríos esenciales como el Corrente y São Francisco. El riego de soja a gran escala representa un gran peligro para las comunidades tradicionales de la región, que durante décadas han protegido los recursos hídricos del Cerrado a través del sistema de cierre de pastizales, ha sido objeto de preocupación para los pequeños productores locales. En 2017, productores rurales locales invadieron una finca de la zona, dando lugar a la llamada “Revuelta del Agua”, que movilizó a miles de personas a favor de la protección de los recursos hídricos del Cerrado. Desde 1997, la población de São Lourenço denuncia a la empresa suiza por explotar aguas minerales que, antes de ser privatizadas, eran ampliamente utilizadas para tratamientos medicinales.

En 2018, los movimientos sociales realizaron el Foro Alternativo del Agua FAMA para defender “El agua como un derecho y no como una mercancía”. En representación de los pueblos indígenas, quilombolas, pescadores, ribereños, campesinos, habitantes de las periferias urbanas, como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Movimiento de Afectados por Represas (MAB) Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (Contag), Coordinación Nacional de Articulación de Comunidades Negras Rurales, Quilombolas Conaq y Movimiento de Pescadores y Pescadoras Artesanales MPP además de movimientos obreros contra la privatización del agua en Brasil y movimientos sociales de otros 30 países ubicados en todos los continentes.

Las discusiones en el Congreso Nacional no han sido fluidas. Con un fuerte aparato policial, en 2020 vimos poblaciones de diferentes comunidades Wapichana, Guajajara, Xakriabá, Kopenawa, Yanomami, Krenak, entre otras, reunirse ante el Congreso Nacional en diciembre para luchar por sus vidas. En las paredes del edificio se exhibían imágenes de Sopro dos Xapiri, recordando su vida y sus discursos sobre las pérdidas. Además de los conflictos con los congresistas, también deben enfrentar a mineros que invaden las tierras para talar bosques y explotar recursos bajo el mando de empresas nacionales e internacionales. 

La resistencia de estas comunidades que protegen los bosques, ríos y selvas también está en frenar el ímpetu extractivo de las corporaciones mineras. Las empresas mineras son responsables del uso del agua, y  la contaminación de los ríos con metales pesados ​​provenientes de los relaves. En 2020 se extrajeron más de 1.000 millones de toneladas de minerales, lo que representa un aumento del 36% respecto al año anterior. En 2020 datos de Mapbiomas - Proyecto Anual de Mapeo de Uso y Cobertura del Suelo en Brasil - mostra que el área minada en Brasil creció seis veces desde 1985, alcanzando las 206 mil hectáreas.  Tres de cada cuatro hectáreas minadas en 2020 están en la Amazonía, lo que representa el 72,5% de toda el área con minas en el país. Los estados con las mayores áreas minadas son Pará (110.209 ha), Minas Gerais (33.432 ha) y Mato Grosso (25.495 ha). La deforestación ligada a la minería en la Amazonía ya aumentó un 62% en 2021, en comparación con 2018.

Las empresas mineras acumulan un enorme pasivo socioambiental, con desastres, contaminación de aguas, suelos y consecuente deterioro y destrucción de las formas de vida y sobrevivencia de diversos pueblos indígenas, ribereños y quilombolas y violación de los derechos humanos. Solo en 2020, estas empresas fueron responsables por la muerte de 17 defensores ambientales, con 722 casos de conflicto. Las mineras tienen vínculos financieros, como Vale, Anglo American, Belo Sun, Potássio de Brasil, Mineração Taboca/Mamoré Mineração y Metalurgia del Grupo Minsur, Glencore, AngloGold Ashanti y Rio Tinto. Recibieron alrededor de US$ 54 mil millones en financiamiento brasileño e internacional , siendo las corporaciones estadounidenses las principales, como Capital group, BlackRock, Vanguard, seguidas de bancos privados como Bank of America, Citigroup, German Commerzbank y French Credit Agricole. Entre las empresas brasileñas se encuentran fondos de pensiones como Previ del Banco do Brasil y Bradesco.

El Atlas Amazonia Bajo Presión 2020 destaca que la minería, realizada principalmente por grandes y medianas empresas mineras, está presente en todos los países de la zona amazónica, alcanzando el 17% de la región, cerca de 1,4 millones de kilómetros cuadrados. En la mayor parte de este área (56%) se desarrollan actividades de exploración y prospección. Cuatro países concentran el 96% de la minería: Brasil, Venezuela, Guyana y Perú, siendo Brasil el país que más presenta zonas de esta actividad en diferentes etapas, con el 75% del total. Más de un millón de kilómetros cuadrados de la superficie amazónica de Brasil se encuentran bajo el impacto de diferentes fases del proceso minero. De los datos de este Atlas se desprende que el 9% de la superficie total de los territorios indígenas de la Panamazonía, o 267.100 km2, están ocupados por actividades mineras. Y debe llegar aún más 182 mil km 2.

Conclusiones:

El proceso brasileño de colonización del agua se configura dentro de una compleja red que involucra a representantes de sectores de instituciones públicas, diferentes esferas de gobierno, legisladores y academia, además de empresas y el sector financiero. Esto puede entenderse como parte de una larga dominación de América Latina para la usurpación de los recursos naturales. Este proceso utiliza los medios de comunicación, así como las estructuras del Estado, como la dirección legislativa, como un intento permanente de pensar hechos que justifiquen una usurpación.

La crisis del agua se presenta así, como una narrativa dentro de la violencia extractiva con las políticas públicas favorables a esta estrategia, con legislaciones favorables, fortalecimiento del aparato policial, invasión de tierras, aumento del número de representantes de estas corporaciones en los órganos de gobierno, militarización del mando en las instituciones del gobierno y discursos que naturalizan la violencia. Este proceso se ha ido intensificando por el actual gobierno, provocando la destrucción ambiental y asesinatos de las poblaciones indígenas, quilombolas y ribereñas, en particular los que defienden el agua como bien común y la autonomía de los pueblos.

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Palabras clave:

la crise hídrica, extractivismo, conflitos socioambientales 

Resumen de la Ponencia:

Presentaremos elementos clave de un marco teórico relacional, integrador y dinámico de los llamados conflictos socio-ambientales en escenarios donde se involucran grandes corporaciones, gobiernos y movimientos comunales. Argumentaremos la importancia de centrar el análisis de dicha conflictividad en las relaciones de poder y dominación asimétricas a través de la apropiación de la naturaleza, entendiendo su dimensión eco-política. Todo esto como un aporte que permita mejorar la investigación empírica y nuestra comprensión de la dinámica del conflicto que llamamos eco-político.  Buscamos  fortalecer la teoría del conflicto socio-ambiental desde una perspectiva que articule la historicidad de patrones de poder, capital y naturaleza vinculados entre sí recíprocamente.

Resumen de la Ponencia:

     En el municipio de Ciénega de Flores, ubicado al norte de Nuevo León, durante el 2017, ocurrieron quemazones de basura provocadas, esta acción como consecuencia de cláusulas en los contratos, falta de pago, corrupción y malas decisiones por parte de sus gobernantes, fue ante el organismo SIMEPRODE  la problemática que suscitó, siendo un error catastrófico pues el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos es fundamental para la mejora de calidad en el ambiente y para la de los individuos que lo habitan.     Ante esto, vecinos de la comunidad denunciaron ante la PROFEPA la quema de basura excesiva afectando directamente a cientos de habitantes de la zona e incluso también se un CONALEP ubicado justo a un costado del lugar de los hechos, este daño que se le estaba haciendo al ambiente. Estos incendios provocan diversos problemas en la salud, y en el ambiente, los efectos inmediatos pueden ser la irritación de los ojos, problemas de respiración y ataques de asma, los efectos a largo plazo serían enfermedades respiratorias, daño a los pulmones o el sistema inmunológico, cáncer y muerte prematura. En el ambiente la quema de basura arroja partículas contaminantes y toxicas al aire esto contribuye directamente al efecto invernadero.     SIMEPRODE utiliza rellenos sanitarios, siendo estos una técnica común utilizada para el buen cuidado del medio ambiente, teniendo ventajas tanto como desventajas      Actualmente los vecinos de la localidad viven una mejor calidad de vida en comparación a la de hace ya 4 años antes.      La metodología utilizada para este trabajo fue enfoque Cualitativo basándonos en la teoría de Hernández Sampieri y utilizando el software “MAXQDA” para graficar los resultados obtenidos.      En este estudio de caso se evidenció todo lo sucedido en Ciénega de Flores, de manera descriptiva se explicaron los daños a los que estuvo expuesto el medio ambiente, y las afectaciones en cuestión salud para las personas del municipio, además de dar a conocer las malas decisiones por parte de los gobernantes al no pagar un servicio fundamental, sumando así la consecuencia de este acto, la cual fue, el basurero ilegal.     Esta investigación se elaboró también con el fin de crear conciencia en el lector, en los individuos de la sociedad cienéguense, en los gobernantes de municipios, e inclusive en los gobernantes estatales, comprender el rol de cada uno de nosotros en el medio ambiente, de que nuestras decisiones pueden dañar de manera directa al ecosistema al que pertenecemos. 

Resumen de la Ponencia:

Discute a relação entre queimadas da Amazônia e política de meio ambiente, a partir das falas oficiais públicas do Governo Brasileiro, no âmbito da presidência da República e do Ministério do Meio Ambiente, durante o triênio 2019-2021. A partir da noção de biopolítica, analisa as falas públicas sobre a linha de governança público-administrativa sobre o combate ao aumento de focos de queimada no território da Amazônia brasileira. Assim, parte da perspectiva foucaultiana, por meio de uma análise do discurso, para analisar a biopolítica como força reguladora empenhada a governar determinada população que lhe é sujeita lidando com desastres naturais e outros eventos de qualidade aleatória, como queimadas e destruição de ecossistemas, buscando aliar preservação dos recursos naturais com crescimento econômico do lugar onde exerce sua soberania, é possível verificar certa omissão e, até certo ponto, permissividade da conduta adotada. Com isso, aliado ao debate da ecologia política crítica, estende tal análise para agregar os dados sobre a relação entre gestão do meio ambiente e desmatamento da Amazônia, com o fim de distinguir uma linha de governo comprometida com determinados seguimentos da sociedade brasileira que tem pouco, ou nenhum, apreço à população que depende diretamente desse ecossistema, caracterizando o que Mbembe classifica como necropolítica. Debate, por fim, os potenciais efeitos desta necropolítica, em termos de mudanças climáticas, para grupos tradicionais, preservação de ecossistemas e espécimes ameaçadas, o que, a curto prazo, poderá levar a extinção desses grupos, além de afetar o frágil equilíbrio do ecossistêmico na região.

Introducción:

As consequências do progresso tecnológico e do acelerado crescimento econômico, que privilegiam a produção da riqueza como valor fundamental da sociedade capitalista nunca trataram a escassez de recursos naturais como um problema a ser resolvido, mas como um fator da lógica de consumo. Esta lógica não se preocupou com a finitude dos recursos explorados, uma realidade que não pode ser negada, ao contrário, estimulou a produção de uma política disciplinar de gestão de recursos e moderação da escassez em ciclos econômicos.

Como consequência dessa separação, Beck Giddens e Lash (1997) apontam a auto ameaça sistêmica que e a devastação da natureza, sob o sistema capitalista, que converte na força motora da história contemporânea. Assim, prima-se por um modelo de desenvolvimento compromissado apenas com os imperativos da produção e às leis do rendimento econômico, comprometendo inclusive a noção de ética praticada nesse contexto, conforme se observa o atual paradoxo entre o alto grau dos desenvolvimentos tecnológico e científico das últimas décadas alcançados graças ao sistema produtivo vigente e a crise ambiental que está pondo em perigo as bases de sustentação do próprio sistema produtivo em questão (Derani, 1997).

Dessa forma, ao dissociar o elemento ecológico em seu modo de vida, os valores e os imperativos construídos dentro dessa lógica de produção e acumulação de riqueza que norteiam a conduta humana desconsiderou totalmente a relação de integração e dependência do homem com a natureza, colocando ambos em risco. Além disso, esse afastamento acabou por comprometer a noção de ética e, consequentemente, de justiça praticada dentro da lógica do modelo vigente, sendo necessário uma correção para que se passe a levar em conta os limites biofísicos e os riscos ambientais (Sachs; Santarius, 2007), levando em consideração as complexas questões que questão ambiental traz, dando lugar a uma nova concepção de justiça.

Diante disto, a partir do debate da formação da biopolítica (Foucault; 2005) em termos ambientais (Freitas & Mozine, 2015) no contexto capitalista, para a gestão das mudanças climáticas, este ensaio busca entender a dinâmica dos processos de contenção/promoção do desmatamento, como fator agravante das mudanças climáticas no Bioma Amazônico durante os três primeiros anos do Governo Jair Bolsonaro. Aliado a isto, a partir de uma interpretação consoante a ecologia política crítica (Bryant, 2015), apresenta uma análise de dados que cruza os dados históricos de focos de incêndio (INPE, 2022a) e desmatamento (INPE, 2022b) no referido bioma, com os discursos oficiais da presidência da república no mesmo período (Brasil, 2022), evidenciando sua correlação e os regimes de verdade que se busca produzir para justificar a ação institucional sobre tal problema.

Com isso, aponta-se a iminência de aplicação do conceito de Necropolítica, segundo Achille Mbembe (2018), a partir da identificação de caracteres que apontam a conformação, a partir de 2019 de uma “política de morte”, a partir da instauração de um “estado de exceção” ambiental no bioma amazônico. Isto está representado, como se vê no progressivo aumento do desmatamento e na maior “eficiência” da ação, mascarada pelo discurso oficial que simultaneamente exalta a expansão do agronegócio e criminaliza as populações tradicionais frente a este processo.

Desarrollo:

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E PRESERVAÇÃO DA AMAZÔNIA 

Em 1972, quando ocorreu a Conferência de Estocolmo, na Suécia, como uma resposta internacional ao Relatório do Clube de Roma, reunindo representantes de 113 países, foram lançadas as bases da discussão para se estabelecer uma visão global e princípios comuns à preservação e melhoria do ambiente humano (Dias, 2003). Essa discussão foi a gênese necessário a ECO-92 no Rio de Janeiro, Brasil, ocasião em que as discussões sobre a natureza das mudanças climáticas sentidas em todo o globo deixaram de se restringir a um debate regional e isolado para assumir sua natureza global, conectando as comunidades afetadas de diversos pontos do planeta (Pessin & Sganzerla, 2016).

Essa mudança de paradigma se deu em função de duas constatações que, ao menos dentro do meio científico, estão consolidadas: a mudança no clima é real e trata-se de uma responsabilidade de todos, ainda que os diversos países do globo sejam afetados em graus diferentes. Num tempo em que o acesso e a divulgação dos mais diversos tipos de conteúdo entre indivíduos através da internet parece lançar parcela significativa da população mundial em estado de desinformação por meio da disseminação de fakenews, pode-se afirmar a veracidade da mudança climática através da confrontação dos registros de temperatura média do globo por meio das tecnologias de monitoramento mais avançadas disponíveis atualmente e a assertividade quanto a previsão de eventos extremos decorrentes desse aumento (Onça & Felicio, 2012). 

Nesse contexto, o Brasil é um dos centros de preocupação do mundo globalizado em função de abrigar a maior parte da Floresta Amazônica, a maior floresta tropical do mundo (Conti, 2011). A importância desse bioma é sem precedentes, primeiro porque, após meio século desde o início da sua exploração, ainda surpreende comunidades científicas de todo o mundo com fauna e flora não catalogados.

Segundo, por abrigar a maior bacia hidrográfica do mundo, um dos diversos fatores que propiciam e mantém conectados de forma saudável diversos outros ecossistemas. Terceiro, e não menos importante, é uma das maiores reservas de gás carbônico da terra armazenado através de seu extraordinário bioma, graças ao processo de fotossíntese e crescimento de sua vasta flora. Assim, como se vê, pela análise do gráfico 1 abaixo, buscou-se entre os anos de 2003 e 2014 reduzir o impacto do desmatamento nas mudanças climáticas no Brasil (Prost, 2023).

Justamente por isso, o desmatamento ilegal dessa floresta representa um gatilho para o desequilíbrio geral do clima em todo o globo, a começar pelo início do processo de desertificação com a exposição das nascentes e assoreamento dos rios, passando pela poluição causada no processo de industrialização da matéria prima retirada da floresta, e atingindo o seu ponto alto com a queima das áreas florestais visando o aproveitamento da área para cultivo de comodities, lançando diretamente na atmosfera, e de forma quase instantânea, os gases responsáveis pelo agravamento do efeito estufa que foram armazenados num lento processo de milhares de ano.

Há que se ressaltar que o efeito estufa é um fenômeno natural, essencial à vida uma vez que é responsável por manter estável a temperatura da terra, porém, com a intervenção humana as emissões desses gases aumentaram de forma exponencial, num quantitativo que o bioma global não consegue absorver adequadamente. Em função disso, temos um aumento desregulado e crescente da temperatura da terra e dos oceanos, com consequências sobre as correntes marítimas e fenômenos como “el niño” que por sua vez possui influência negativa sobre a floresta amazônica uma vez que é responsável pelo aumento de secas e incêndios (Fearnside, 2009; 2019).

Justamente por isso, esse processo de destruição da Floresta Amazônica Brasileira é considerado um dos principais catalisadores de desregulação desses fenômenos (Xavier, 2019). Aqui é importante reconhecer que esse processo nunca se estancou, mas já esteve mais controlado como se verifica na sua redução ao longo dos anos de 2008 e 2009. Porém, os números registrados pelo sistema DETER, do Instituto de Pesquisas Espaciais-INPE (2022b), divulgados em setembro de 2021, apontam que em agosto de 2021 cerca de 918 km² da Amazônia estavam com alertas de desmatamento, conforme Gráfico 1 acima.

Apesar da queda em comparação com 2020, 32% menor, os alertas estão 42.7% maiores do que em agosto de 2018. Já no Cerrado, o aumento no mês de agosto foi de 132% para o desmatamento e 48,1% de queimadas, passando de 15.000 focos desde 2014. De janeiro a agosto de 2021 os alertas de desmatamento somam 6026 km², praticamente igual ao mesmo período em 2020, onde os alertas somaram 6099 km². Este é o terceiro ano seguido em que o período, de janeiro a agosto, fica acima de 6.000 km2, algo que só ocorreu durante o “governo” Bolsonaro conforme se pode verificar na série histórica, também disponível pelo sistema DETER (INPE, 2022b).

Esses dados são resultados de, segundo a comunidade científica, um amplo processo de desregulamentação das políticas ambientais implementadas desde 2018 sob o pretexto de desburocratizar os processos de investimento e desenvolvimento do chamado agronegócio, cuja propaganda nos canais oficiais do governo brasileiro tem exaltado pelos recordes seguidos de safras que seriam responsáveis por alimentar o mundo e enriquecer o país (Jank, Nassar & Tachinardi, 2005), apesar da ironia dessa produção se dar dentro de um país assolado pela pobreza e fome crescente, e ser destinada quase que integralmente ao mercado externo (Silva et. al., 2020).

Apesar de veementemente denunciado pela comunidade científica do Brasil e do mundo, esse fenômeno parece contrariar as declarações feitas pelas atuais autoridades brasileiras que parecem se esforçar para apresentar ao mundo uma justificativa plausível aos números alarmantes denunciados. Com vistas a isso, muitas autoridades brasileiras parecem voltar seus olhos à Amazônia, enxergando nela uma jazida de riquezas sem fim a ser explorada sem que se pense nas consequências locais e globais, declarando todos àqueles dispostos a apresentar o erro dessa postura, ou um caminho alternativo, inimigos (Fearnside, 2019).

Ademais, há que se destacar o desaparecimento de comunidades indígenas inteiras que são totalmente dependentes dos recursos disponibilizados pela fauna e flora do complexo bioma amazônico. Assim, o avanço desenfreado e irresponsável da exploração da floresta Amazônica implica, direta ou indiretamente, na expulsão e morte de diversas comunidades e culturas pré-coloniais que ainda sobrevivem ali, algo que parece não sensibilizar as autoridades brasileiras (Silva, 2017).

DA BIOPOLÍTICA AMBIENTAL À NECROPOLÍTICA NO BRASIL

Entendendo então esse processo de mudança climática previamente explicitado, e devidamente clarificado, começamos a entender e explicitar a relação desse com tanto a Biopolítica quanto a Necropolítica em anos recentes no Brasil. Deste modo, podemos começar com a breve explicação do que são esses conceitos, respectivamente de Foucault (2005) e de Mbembe (2018), sendo que o primeiro autor explica que Biopolítica é a diretriz política de lidar com situações aleatórias que veem a ameaçar a expectativa de vida dos indivíduos de uma certa população, assim como lidar com processos e criar políticas que tendem a favorecer o aumento da expectativa de vida da população em geral (Negris, 2020; Teixera & Freitas, 2021). Neste mesmo contexto Foucault (2015) explica que veem a existir o poder biopolítico, o poder que ele explicita ser de um soberano para fazer viver e deixar morrer, e que tem uma base teórica vinda do racismo, mesmo que não explícita para o povo.

Todavia, ressaltam Wermuth, Marcht e Mello (2020) essa base de racismo é apenas a ideia de divisão de duas raças entre um grupo, e assim, com o poder deixar morrer, negligenciar esse povo para que a sua morte, venha a ocorrer naturalmente ou pela mão de outro, com a ideia de que a morte dessa raça vem a beneficiar a expectativa ou qualidade de vida do resto da população, ademais, esse conceito de morte não é privado a uma ideia de uma morte física, mas também uma morte política ou até social, onde a raça ruim se torna incapaz de tomar decisões políticas ou veem a perder a sua voz. Foucault (2005) vem a exemplificar que o auge da Biopolítica e esse poder de fazer viver e deixar morrer suportado pelo racismo veio a ser o regime nazista, onde o poder veio a ser entregue a própria população e o próprio racismo e antissemitismo eram abertamente parte da população, e um regime que vinha a se matar no conceito de sua “raça pura”.

Nesse contexto, é necessário explicar a teoria de Necropolitica de Mbembe (2018), uma teoria baseada na Biopolítica de Foucault, mas que aborda essa no sistema das antigas colônias, e adiciona conceitos como a escravidão em sua teoria, e lida com o problema que a Biopolítica tem, que é não ser adequada para o uso em países que foram colonizados e são muitas vezes subdesenvolvidos por causa disso. Portanto, a principal mudança de Mbembe para colocar essa em pratica é entender o processo histórico das colônias, e entender que essas foram utilizadas apenas para enriquecer as metrópoles, utilizando de uma técnica brutal que seria a escravidão, tal qual era nesse caso, justificada pelo racismo, uma vez que nesses casos eram raros se ter escravos brancos, e que a principal justificativa para permitir o uso da escravidão era de que os negros, indígenas e asiáticos seriam uma raça inferior, e que esses teriam sua força utilizada pela mão do desenvolvimento branco, sendo assim, a base vinda do Darwinismo social, que era extremamente popular durante os anos da colonização tanto das américas quanto da África e da Asia (Mbembe, 2001).

Adentrando mais então no que o conceito de escravidão vem a ser, Mbembe (2001; 2018) vem a descrever esse como mais uma morte do indivíduo, sendo que era também um modo de dar o poder de fazer viver e deixar morrer na mão daqueles que possuíam escravos, esses dois efeitos vindos do fato de o escravo ser tratado não mais como uma pessoa, mas sim como um objeto, e portanto, não tinha nenhuma capacidade de sequer mudar seu destino, ou de participar politicamente da sociedade, e devido a isso, estava sujeito ao que seu dono escolhesse fazer com ele. Mbembe vai além também, e mostra com sua teoria, que apesar de a escravidão ter sido abolida no papel, ainda existem diversas sociedades com diversos casos de trabalho escravo, e nos mostra os efeitos em geral que essas antigas práticas tiveram nas sociedades atuais, principalmente com uma grande diferença de classe social entre essas ditas raças que haviam sido estabelecidas, e como o racismo ainda é existente no sistema político devido a isso (Mbembe, 2018).

Com esses dois conceitos básicos esclarecidos, principalmente o conceito de Achille Mbembe (2018) de Necropolítica, se torna clara a relação dessa com a situação atual do Brasil, país de severo processo colonial extrativista e foi não apenas um dos maiores importadores de escravos, mas também um dos últimos a banir essa prática, e um país que não teve nenhuma política de reintrodução para os povos que foram libertados desse regime de posse, deixando assim à mercê da sorte o que ocorreria com os seus novos cidadãos.

Assim, é possível se compreender então a relação dessas ações com as ações e efeitos atuais, onde se percebe claro que a população mais pobre e mais negligenciada pelo governo brasileiro é a negra e a de minorias, com os indígenas sendo um alvo particularmente grande quando se fala do aspecto ambiental, uma vez que o governo muitas vezes aparenta ser cego perante a esses povos e seus pedidos de ajuda e demanda de ação contra os atos de desmatamento ilegal ou de exploração de território e ataque contra tanto aqueles que tentam os ajudar quanto aos próprios povos da região amazônica.

DADOS DO DESMATAMENTO E DISCURSO OFICIAL

Ao e buscar a relação com os aspectos analíticos expostos acima, apresenta-se, neste momento, a partir do discurso presidencial, a forma como o governo Bolsonaro relega ás populações tradicionais uma política de morte, ao negligenciar suas demandas e pedidos. Além disso, o discurso presidencial vem acompanhado de uma destruição do aparato de defesa dessas populações e do sucateamento do aparelho de proteção ao meio ambiente. Os discursos oficial, assim, é de que isso é necessário, mostrando uma real aplicação da necropolítica, e são discursos que vem até a mentir sobre a situação, dizendo que está ocorrendo uma diminuição nas atividades ilegais e prejudiciais para o meio ambiente, enquanto se tem diversas notícias mostrando o contrário, como por exemplo o uso de apenas 42% da verba pelo IBAMA para a fiscalização ambiental em anos recentes, uma queda imensa e que não ocorria em governos passados.

Assim, corroborada pelos dados apresentados abaixo, se estabelece a visualização do conceito de necropolitica na ação institucional do governo brasileiro entre 2019-2021. Com isso, entende-se que a “biopolítica ambiental”, como sendo esse conceito aplicado a gestão dos regulamentos e instituições que governam o meio ambiente, direcionada estabelecer uma política de morte às comunidades tradicionais mais vulnerabilizadas. Além disso, se vê também a ligação desse discurso a fins puramente econômicos enquanto ignora os efeitos que isso causa na população dependente desse e, os efeitos de longo termo para a população geral, enquanto prega que está fazendo o melhor que consegue e que há uma melhora que pode ser contestada pelos dados colhidos.

Nesse contexto, a partir da Tabela 1, pode-se perceber o perfil dos  focos de incêndio por mês na região de bioma amazônico com o objetivo de se mostrar claramente os dados a serem comparados com os discursos a serem analisados. Tendo esses dados em mente, vale a pena trazer à tona também os gráficos derivados desses sobre certas quantias, como o Gráfico 1, que mostra essas taxas da tabela quando comparadas lado a lado e com qual se percebe os principais meses de focos e perda de mata nativa como sendo dos meses de Agosto a Outubro, os meses de seca, nos quais se entende que deve haver um maior cuidado para prevenir o que já se sabe que vira a ocorrer se táticas de prevenção forem implementadas, isso sendo, uma imensa quantia de focos de incêndio nas florestas amazônicas.

Sendo assim, a análise dos discursos do governo se torna extremamente necessária principalmente após e sobre esses meses, uma vez que é um reflexo direto de como a situação foi lidada. Deste modo se continua para a própria análise dos discursos que foi proposta no começo do artigo, tendo sido esses compilados por meio da transcrição manual pelos sites da Rede Nacional de Radio na seção de áudios do presidente da República, em específico, para esse artigo dos anos de 2019 a 2021, que com a análise das lentes se percebe um discurso negacionista sobre a situação de queimadas em geral, como por exemplo com frases como “Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação, mantenho minha política de tolerância com o crime ambiental”, de setembro de 2020.

De forma recorrente, os discursos presidenciais clamam também que as queimas são advindas não de falta de combate, mas de ações tribos indígenas e pequenos produtores, enquanto clamam ainda que a floresta não queima por que “é úmida”, além de discursos que gozam dos níveis de preservação como “O Brasil é exemplo mundial ao conciliar preservação do meio ambiente e produção agropecuária.” De novembro de 2019, enquanto se vê números gritantes do aumento de perda de área de mata, como futuros gráficos vão mostrar. Tudo isso fomentando ainda a ideia de aumentar a enaltecer a indústria agropecuarista que já se mostra gigante com frases como “Temos aumentado e muito a nossa produtividade agrícola, sem aumentar a área cultivável” em outubro de 2019, mesma data que teve recordes históricos de focos de incêndios mensais.

Os dados levantados mostram que há um patente desalinhamento entre o discurso do governo brasileiro durante a gestão 2019-2021 e o que se verifica na prática em relação a preservação do ecossistema amazônico. Diante desse quadro, duas questões são essenciais para que se entenda esse desalinho: para quem os discursos dessa gestão estão direcionados e a quem interessa a – literal – queima da floresta amazônica.

Quanto a primeira questão, basta analisar o conteúdo desses discursos e os momentos em que eles foram proferidos para que se possa concluir que foram usados como resposta às cobranças e pressões internacionais quanto aos dados empíricos que atestavam a aceleração do processo de destruição desse ecossistema tão importante. Já em relação a segunda questão pode bem ser respondida quando indaga-se quem são os favorecidos com a destruição dessas áreas, no caso, aqueles necessitam de maiores espaços de terra para produção de riqueza, ou se preferir, acumulação de capital.

Essa falta de coerência entre o discurso e os dados levantados denotam não apenas o contexto de crise ambiental no Brasil agravado na gestão em análise, mas evidência uma crise quanto a ética desse discurso (Garcia, 2008) que insiste em negar o que está empiricamente comprovado. O resultado disso é um total descrédito do mesmo e um prognóstico catastrófico ao ecossistema atingido e, consequentemente, à preservação do clima visto que o discurso de negação implica na ausência de ação de combate.

Com esses discursos esclarecidos se mostra claro que os dados pesquisados devem vir mais a tona que nunca, sendo que o primeiro deles a ser notado é o de que feitas a colheita de dados de área desmatada nos governos atuais e nos quatro últimos governos se percebe que o governo atual tem um desmatamento de 0.12km² por foco, enquanto o segundo governo do Lula, o primeiro governo da Dilma e o governo Dilma/Temer tiveram um total de 0.8km² por foco, e com o primeiro governo do Lula, tendo 0.11km² por foco, mesmo tendo que lidar com um governo que previamente não fazia manutenção quase que nenhuma nessa fronteira. 

Conclusiones:

Esse contexto evidencia a necessidade de se discutir a ética nos discursos e debates dos problemas ambientais, começando pelo reconhecimento da problemática enfrentada e, atualmente, já sentida por todo o globo, passando pela definição de objetivos claros sobre enfrentamento e estabelecendo um objetivo que seja coerente com a linha adotada. Para tal, Giménez e García (2002) consideram fundamental uma redefinição de prioridades éticas, políticas, econômicas e jurídicas, que permitam uma linha contínua e decisória na ordem jurídico-ecológica e uma reelaboração profunda, incluso teórica, da justiça e dos seus esquemas orientadores e operativos. Contudo, enquanto a comunidade internacional corre contra o tempo para que essas discussões e correções aconteçam antes de um ponto de não retorno, a gestão analisada, dada a disparidade dos discursos e dos dados levantados, parece trafegar na contramão do mundo, distanciando cada vez mais a realidade da natureza e da sociedade que representa.

Dessa maneira, a partir da análise dos dados contidos na seção 4 deste ensaio, pode-se perceber que, nos anos de 2019 a 2021 o discurso dobre a política ambiental brasileira se converteu em um processo de mascaramento da retomada do desmatamento, tanto em aumento dos focos de incêndio como de área desmatada. Além disso, é evidente nos discursos presidenciais a forte defesa da exploração agrário-industrial frente a criminalização das populações tradicionais, reforçando estereótipos e buscando fazer valer um regime de verdade contrário a anseios ecológicos e de efetiva consolidação de uma biopolítica ambiental, o que pode caracterizar os aspectos de necropolítica apontados por Mbembe (2018)

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Palabras clave:

Necropolítica ; Brasil; Bolsonaro

Resumen de la Ponencia:

El artículo analiza la movilización de los afectados  por la inundación de la ciudad de Santa Fe del 2003 y de otros actores interesados en el asunto - expertos, funcionarios politicos-  y su incidencia en la creación de dispositivos estatales para atender a las demandas del colectivo de inundados.   Para esto da cuenta de la construcción social del evento que estos actores presentaron en el espacio público disputando la versión oficial del fenómeno lanzada por los gobernantes durante la situación crítica. También  describe la emergencia de controversias respecto de las causas y responsabilidades de lo acontecido  y analiza los dispositivos estatales creados para responder a los daños, distinguiendo entre el contexto de emergencia y el posdesastre.La estrategia metodológica implementada es cualitativa y las técnicas a las que se apeló para la producción de datos han sido las entrevistas en profundidad, la observación y el análisis de documentos.Los principales hallazgos  destacan que la construcción social del evento realizada por los afectados estuvo marcada por la responsabilización de los funcionarios por el desastre y por la creación se significados novedosos en torno a este tipo de eventos y sus posibilidades de gestión. De este modo se explica como y por qué en esta coyuntura especifica que se extiende en el periodo entre desastres (2003-2007) los riesgos lograron filtrarse en el tamiz de la agenda pública a partir de la emergencia de lo que se denomina como la arena posdesastre del fenómeno, un espacio público intermedio desde el cual se debatieron los significados del desastre, los riesgos, la afectación e incluso las posibilidades y límites de la gestión de riesgos en el espacio local.    

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia analiza la politización de conflictos socio-naturales y las narrativas de crisis que contribuyen a estas dinámicas. En particular, propone un marco interpretativo para investigar disputas de enmarcado sobre conflictos socio-ambientales, es decir, sus narrativas, códigos, posicionamiento, casting, dramatizaciones y lecciones morales. Argumenta que los conflictos socio-ambientales son eventos agonísticos, que afectan intereses y visiones de mundo muchas veces irreconciliables. En tanto lo que está en juego en estos conflictos son decisiones vitales, sus narrativas suelen estructurarse como polarizaciones. Si a esto se suma el carácter dramático de los desastres – imágenes de muerte, naturaleza desbordada, descontrol, impotencia – su potencial de dramatización y politización es enorme. Los conflictos socio-ambientales tienen el potencial de ser usados para avanzar disputas políticas – presentes, pre-existentes o futuras. Como examen de prueba de este marco interpretativo analizamos las narrativas de crisis y la politización de dos conflictos socio-naturales en la cobertura de los medios de comunicación: los mega-incendios de 2017 y la mega-sequía que afecta Chile desde 2010. 

Resumen de la Ponencia:

A proposta analisa os conflitos socioambientais decorrentes do acesso aos recursos naturais, por direitos sociais e por reconhecimento político em unidades de conservação no Estado do Pará, localizado na Amazônia brasileira. A partir de pesquisas sobre a implantação e gestão de políticas públicas (PP) - habitacional e de promoção de renda e conservação ambiental - nas reservas extrativistas marinhas no nordeste do estado do Pará, Brasil, são considerados os limites e avanços para a construção social desse território, face as demandas para a reprodução socioeconômica das populações tradicionais locais. Os conflitos colocam em disputa atores sociais diferentes e desiguais e seus projetos de conservação ambiental que deixam à mostra os déficits de participação, as disputas simbólicas e materiais. Os embates se dão entre as populações tradicionais – pescadores/ras artesanais, marisqueiros/ras, pequenos/nas produtores/ras e outros – e os representantes institucionais e do mercado. Os conflitos se cristalizam pela/s: escassez numérica e inadequação das casas às condições socioambientais; insuficiência de informação sobre os instrumentos de gestão; regras de manejo restritivas ao saber local. Contudo, destaca-se a agência das populações locais e sua ação sociopolítica, ressignificando as PP e incorporando a crítica ao crescimento econômico. E dessa forma, esses movimentos sociais desenham o socioambientalismo popular, próprio dos países do sul, articulando uma diversidade de atores e questões. Posto, contemplar as alternativas sociais e ambientais existentes, resistir à imposição do caminho unidirecional desenhada pelo desenvolvimentismo. Nos achados da pesquisa, observamos como as questões globais e locais se entrelaçam, no caso das unidades de conservação, tais como: na defesa de um modelo singular para as reservas marinhas, através da mobilização do maretório das populações costeiro-marinhas; na percepção das conquistas dos direitos sociais (habitação, bolsas) como fator de luta e de reconhecimento social; no empoderamento do movimento das mulheres da maré na reconstrução do território. No cerne desses conflitos está a luta por justiça ambiental das populações tradicionais que ao conquistarem na lei o seu território, ainda buscam, em desigualdade, apropriá-lo de fato. O olhar sociológico é um recorte fundamental para demonstrar a constituição das políticas, a interdependência dos atores e seus efeitos no lugar e no movimento em defesa das Reservas Extrativistas Marinhas na Amazônia brasileira.