Resumen de la Ponencia:

Sardinal es un distrito costero ubicado en el cantón de Carrillo de la provincia de Guanacaste, Costa Rica. Por su proximidad al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, el sector se ha organizado como punto de interés turístico. Su geografía lo ha convertido en un objeto casi exclusivo del capital extranjero y la construcción residencial-hotelera, incursionando en el desarrollo de un sector de servicios que requiere, para su actividad, el uso abundante del recurso hídrico. Lo que ha provocado un sistema excluyente de acceso al agua potable, siendo la escasez y el desabastecimiento los principales problemas en la zona. Esto ha significado un conflicto de carácter territorial, socioambiental y sociopolítico en torno al Acuífero Sardinal, en el que actores empresariales sostienen presiones sobre los actores estatales involucrados para reorganizar el espacio rural, a través de la intervención de los recursos vivos y la desestructuración de las comunidades existentes. En ese sentido, Sardinal ha resaltado en las luchas organizadas en contra de las empresas privadas y el manejo institucional del agua, cuya administración parcial satisface el asentamiento de complejos vacacionales y residenciales focalizados en la atención del turista extranjero.  Desde hace 15 años el caso de Sardinal ha cristalizado los discursos que atienden, por un lado, al rechazo de la expansión turística y por otro, a la criminalización de las acciones colectivas de protesta suscitadas a nivel local en contra del control, extracción y canalización del recurso hídrico. De allí que, el potencial histórico de recuperar la memoria de las vecinas y los vecinos de la comunidad se sitúe en relación con las percepciones de justicia/injusticia territorial, el sufrimiento ambiental y los procesos de exclusión por despojo. Todo esto en el contexto de un espacio caracterizado por la turistificación y la distribución desigual de riesgos y beneficios. La pandemia ha implicado rupturas en la integración comunitaria, sobre todo en las comunidades costeras del país, donde las medidas sanitarias y el cierre de fronteras implicaron una ausencia temporal de turistas y, por tanto, una fractura en la dinámica comercial y social de los lugares constituidos desde y para el tercer sector de la economía nacional. En esto, los márgenes de acción política de Sardinal se han visto afectados en dos vías: la intervención total del Acuífero y la expresión de estrategias de distanciamiento respecto a la lucha y organización mantenida. De tal manera, esta ponencia pretende aportar al debate latinoamericano que comprende el acceso al agua potable como recurso común, derecho humano fundamental y objetivo de disputa entre actores comunitarios y no comunitarios. Acercándose desde una metodología participativa que toma como centro la memoria histórica-social del conflicto y las transformaciones coexistentes en las luchas comunitarias por la distribución desigual del recurso hídrico. 

Introducción:

“Fue una lucha de muchos años, 

todavía seguimos en pie de lucha, seguimos activos, activas, 

porque realmente no se sabe qué es lo que va a pasar. 

Fue un acueducto desde que empezó el proyecto, 

empezó mal porque no hubo participación ciudadana, 

Fue algo increíble porque cuando ya nos dimos cuenta 

el proyecto estaba en un 80-90 porciento terminado.” 

Vecina de Sardinal

 

Esta ponencia explora las luchas comunitarias por la gestión del recurso hídrico en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, Costa Rica, a partir de la construcción del acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal y su finalización durante la administración de Carlos Alvarado Quesada, en el período 2018-2022. Para ello se recupera la memoria histórica-social de las vecinas y los vecinos de la comunidad, como una memoria colectiva de recuerdos que acoge las experiencias vividas y las voluntades de silencio, siguiendo una metodología cualitativa de entrevistas abiertas y semiestructuradas. En esta memoria se presentan tres de ellas, con el objetivo de conocer las acciones y experiencias en torno a los procesos de defensa, conservación y distribución desigual del agua. 

Sardinal es un distrito ubicado en el cantón de Carrillo en la provincia de Guanacaste. Por su proximidad al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, el sector es considerado como punto de interés turístico. Por su cercanía a Playas del Coco y Playa Ocotal, y en presencia de grupos de poder asociados a las fuerzas políticas del Estado, desde el año 2006 la zona se ha constituido como objeto casi exclusivo del capital extranjero y la construcción residencial-hotelera. Siguiendo la fórmula de un desarrollo que pretende la absorción de servicios y la turistificación de espacios costeros para constituir centros de producción económica a gran escala. 

Lo anterior ha implicado la periferización de Sardinal como centro de desarrollo, al margen de enclaves empresariales que tienden a desplazar las actividades comerciales a la costa y privatizar los servicios básicos, entre ellos, el agua para abastecer los megaproyectos residenciales. Desde esta perspectiva, el agua pierde el valor como recurso natural y se convierte en un recurso de explotación disponible para los grupos de poder económico que impulsan el “desarrollo” en playas del Coco y Ocotal. En este caso, aparecen en el mapa, el Grupo Mapache y André Garnier, quien fue ministro de Enlace con el Sector Privado de la administración Alvarado Quesada. En ese sentido, sugiero dos preguntas: ¿qué tipo de desarrollo es este? Y ¿a quién le pertenece?

Desarrollo:

Desde el año 2007 y hasta el 2017, el conflicto por el agua se organizó como un conflicto de carácter territorial, socioambiental y sociopolítico, en el que actores privados sostuvieron presiones sobre actores estatales para reorganizar el espacio rural-costero y ampliar el acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal; aunque esto significara la desestructuración de las comunidades existentes. Desde entonces, la comunidad de Sardinal ha resaltado en luchas organizadas en contra del consorcio Coco Water y el manejo institucional del agua (en manos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SETENA) y el Ministerio de la Presidencia), cuya administración satisface el asentamiento de complejos vacacionales y residenciales focalizados en la atención del turista blanco-extranjero. Tal y como narra la siguiente persona: 

“A ellos el AyA entregó más de 4000 cartas de viabilidad para construir 4000 casas, con el agua de Sardinal que no está, es decir, que la cosa empezó mal desde el punto de vista de las gestiones nuestras. Fueron 1500 condominios que se usaron y se construyeron sin tener el agua.” (Vecino de Sardinal, comunicación personal, 06/06/2022)

Guanacaste se caracteriza por ser un lugar de recolonización mediante el turismo, donde se perpetúa la dependencia entre el norte y el sur globales (Silva, 2017). Situación que pone en contraste tres dimensiones de disputa: el derecho al acceso al agua potable, la justicia ambiental/territorial y los procesos de acumulación por despojo. En Sardinal, la distribución desigual de los riesgos y beneficios derivados de los proyectos de agua para consumo humano han cristalizado los medios de vida de los sectores locales, a través de la intervención de mantos acuíferos y el redireccionamiento del agua potable. Generando tensiones para el sector agrícola y la subsistencia local, que resultan ser, en última instancia, un eco del sufrimiento ambiental que produce la masificación de turistas y la desertificación comunitaria.

En este sentido, las acciones colectivas llevadas a cabo por las vecinas y los vecinos de Sardinal son de interés porque, en primer lugar, permiten ilustrar las tensiones que soslayan el actual modelo de desarrollo excluyente que, para existir y funcionar, requiere de un paradigma de desigualdades múltiples. Así mismo, implican una ruptura discursiva que cuestiona los espacios tradicionales de representación local y estatal y, por último, delimitan la construcción de memorias en torno a cómo se vive y se siente el conflicto y cómo se piensan los bienes comunes. De esta forma, los significados que aquí se producen suponen no solo la participación de actores en desigualdad de condiciones, sino la interlocución de cosmovisiones frente al valor de los recursos.

En el caso de las regiones con características económicas, geográficas y socioespaciales similares a las que presenta el distrito de Sardinal -donde las necesidades de las comunidades compiten con el consumo de proyectos inmobiliarios-, la represión política constituye la vía de gestión y control del agua. De manera que, el establecimiento de hoteles y otros espacios orientados a atraer al “Turista” se justifica mediante promesas gubernamentales que abogan por la dinamización de las economías locales y la creación de fuentes de empleo que, cabe destacar, no se han cumplido. 

En Costa Rica, los conflictos por el agua se han distinguido por plantear tensiones entre lo físico-productivo y lo social-territorial, donde las reformas económicas del Estado han facilitado el fortalecimiento y debilitamiento de ciertos grupos y espacios excluidos de los procesos “oficiales” de participación. De allí que los conflictos por la recuperación y apropiación colectiva de los bienes comunes interpele distintas versiones que, como sentidos sociales, se construyen y deconstruyen constantemente. En este caso, las memorias de las vecinas y los vecinos tienen lugar desde las tres dicotomías: inclusión-exclusión, privación-asignación e invisibilización-sobreexposición.

Esto desencadena mecanismos de legitimación del sufrimiento que enfrentan imágenes, valores y normas que definen el territorio como territorio hidrosocial y, más cercanamente, los significados de las gentes que lo habitan. Los procesos de participación para la toma de decisiones políticas suponen una falsa inclusión que conlleva a la inserción desigual de las comunidades, donde el acceso al recurso hídrico es sinónimo de riesgo, peligro y violencia. En ese sentido, las negociaciones respecto a la gestión del agua han colocado a las vecinas y los vecinos en posiciones limitadas, pero con una amplia carga mediática que subraya las dinámicas de injusticia social:

“Impulsamos un sistema, una táctica que fue aprobada por la comunidad (…) de intentar un diálogo el problema es que no conseguimos un mediador válido que lograra equilibrar las diferencias de fuerzas políticas, económicas, numéricas, lo que sea, entre la comunidad, el gobierno y las empresas. Nosotros propusimos primero al Informe del Estado de la Nación como mediador, ellos nos dieron la aprobación, pero el Gobierno los rechazó, el Gobierno no lo aceptó.” (Vecino de Sardinal, comunicación personal, 07/06/2022)

Es clara la ausencia de representación legítima, en cuanto el espacio de participación política de las comunidades se reduce a consultas o negociaciones que no miran las necesidades de quienes sufren los costos, y en cambio superponen las carteras inmobiliarias para aportar una economía de arrinconamiento. Esto evidencia una polarización de intereses del Estado y la contradicción entre la legislación que busca proteger el derecho y hacer un uso sostenible del agua, frente a aquella que contradice la idea misma de sostenibilidad. A nombrar, en primer lugar, la Ley de Aguas N° 276 (1942) como fórmula desactualizada y disipadora de los problemas actuales, que afecta a las comunidades urbanas y costeras en temas de gestión integral del recurso hídrico y de regulación de proyectos con tendencia neoextractivista.

La integración comunitaria ha centralizado sus voces en el Comité pro-Defensa del Agua de Sardinal que, en apoyo con la organización ecologista popular Confraternidad Guanacasteca, mantuvo el cuestionamiento sobre los proyectos orquestados y las necesidades reales de abastecimiento. Ambas agrupaciones se encargaron desde el 2006 hasta el 2017 de dar seguimiento a las irregularidades que sostienen el problema del acceso al agua potable y su contaminación con químicos que ponen en riesgo a la población. En los procesos de construcción del Acueducto privado, el Comité se encargó de desmentir las razones institucionales que suponían la viabilidad del proyecto, sin embargo, las concesiones de los mantos acuíferos avanzaron hasta su intervención en el año 2018. 

“Nosotros pusimos cuales eran las bases para el manejo del agua y el desarrollo social en la zona [de Sardinal] y el primer punto era: el agua es primero para abastecer a las comunidades, y hay cinco barrios de Sardinal que no tienen agua. Entonces [dijimos]: -‘No se puede sacar una gota de agua de Sardinal antes de que le den agua a esas comunidades’”. (Confraternidad Guanacasteca, comunicación personal, 06/06/2022)

En este mismo año se creó la Comisión para el Manejo Integrado de los Acuíferos bajo decreto ejecutivo del presidente Carlos Alvarado, encargada de fiscalizar el uso y velar por el abastecimiento del agua en las comunidades. Sin embargo, para ese momento Sardinal dejó de recibir cobertura mediática por parte de medios nacionales lo que propició la reapertura de las obras en las que se intervino el Acuífero, dando por finalizada la construcción del acueducto en el mes de abril.  Aunado a esto, la ausencia de un plan regulador para el ordenamiento territorial y la contaminación de pozos dejó sin resolver los problemas de acceso y potabilidad en la zona. Un proceso que implicó el desplazamiento de las vecinas y los vecinos residentes cercanos al lugar del proyecto porque según las autoridades, “(…) no cumplían con todos los requisitos legales en sus casas y por tanto, no podían suministrarles agua (…)” (Cañada, 2019, p.337). 

Conclusiones:

Las luchas por el agua son luchas políticas que dependen sustancialmente de la distribución y el acceso a recursos políticos, económicos, mediáticos y de poder. La distribución del recurso hídrico plantea el conflicto de la participación ciudadana y la gobernanza del agua, así como, una gestión socialmente equitativa, económicamente viable y ambientalmente sustentable. En ese sentido, un análisis macro de la gestión institucionalizada del derecho de acceso al agua y al consumo de agua potable deja sin atender las prácticas y resignificaciones locales de quienes sufren el impacto de un modelo de desarrollo insostenible.

En Costa Rica, la pandemia ha implicado rupturas en la integración comunitaria, sobre todo en las comunidades costeras del país donde las medidas sanitarias y el cierre de fronteras suponen la ausencia temporal de turistas, lo que genera una fractura en la dinámica comercial y social de los lugares constituidos desde la periferia para el tercer sector de la economía nacional. En este caso, la gobernanza del agua funciona como un diluyente político de la acción popular y en Sardinal, la desorganización comunitaria y la resistencia a recordar los procesos de lucha surgen en el marco de reificaciones jurídicas, sociales y territoriales.

Las memorias de las personas vecinas de la comunidad se configuran, entonces, desde un lugar donde parece existir el derecho a no tener derechos, ni siquiera cuando de uno humano-fundamental se trata. La apropiación y el distanciamiento de quienes sufren la privación del derecho de acceso al agua devela que existe un afecto colectivo, que pasa por las posiciones de quienes evocan las imágenes y las condiciones de su participación. De allí que las narrativas sean cotidianas y se reproduzcan en marcos comunes de un mismo tejido, en este caso, la desigualdad entre grupos sociales.

Lo anterior define, también, lo que se rememora o lo que es posible rememorar de un pasado que se extiende hasta el presente con amenazas estatales, vacíos institucionales y una estigmatización que aprehende la capacidad de (re)elaborar recuerdos no gratos. Como menciona Navas (2015), la demanda de agua potable para abastecer a la industria excluyente ha llevado al sector turístico a buscar fuentes cada vez más alejadas, ocasionando tensión e incertidumbre sobre las comunidades locales para asegurar su derecho al agua potable y a vivir en un ambiente sano. En ese sentido, los silencios de las gentes se convierten en una fuente primaria de información, en una estrategia de injusticia autoimpuesta; sobre todo cuando una disputa política-territorial lleva a asegurar la escasez de unos y la riqueza de otros. 

Bibliografía:

Cañada, E. (2019). Conflictos por el agua en Guanacaste, Costa Rica: Respuestas al desarrollo turístico. Anuario de Estudios Centroamericanos, 45, 323-344. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/37666

Navas, G. (2015). El agua fluye hacia el turista. Letras Verdes, (18), 27-47. https://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/article/view/1678

Silva, A. (2017). Conflictividad hídrica en Guanacaste como consecuencia del desarrollo turístico: el caso de la comunidad de Sardinal en F. Alpízar (Ed.), Agua y Poder en Costa Rica (1980-2017) (pp.145-188). Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.

Palabras clave:

Memoria colectiva, Desigualdad social, Conflicto relacionado con el agua, Conflicto social, Agua potable.

Resumen de la Ponencia:

En los últimos años los temas ambientales son de suma importancia en el campo de la Sociología, ésta es una preocupación por cuanto muchos de los problemas de la humanidad hoy están relacionados a cuestiones como el calentamiento global y la contaminación ambiental. En el caso de la agricultura las prácticas agrícolas influyen de manera considerable en el cuidado o no del medio ambiente, lo cual trae enormes consecuencias sobre el consumidor, pero también sobre el terreno agrícola y la continuidad en el tiempo de la práctica agrícola. Sin embargo, también está relacionado con el mundo globalizado, la presencia del mercado y los destinos de los cultivos. Así, mientras más estén orientados los cultivos a un mercado internacional se supone que existe mayor uso de tecnología, insecticidas, fertilizantes, que garanticen su compra en estos espacios que exigen calidad en el producto, lo cual no ocurre cuando se destina al autoconsumo o al mercado local. A esto se agrega los aspectos culturales como las tradiciones y costumbres que se transmiten de generación en generación, las cuales también constituyen elementos influyentes en las prácticas agrícolas.En esta investigación nos centramos en la experiencia de los agricultores del centro poblado de Tabón, ubicado en el distrito de Comandante Noel, provincia de Casma, Áncash, Perú. Una población con particularidades muy especiales y con una experiencia agrícola ancestral. Para ello hacemos uso de una metodología cuantitativa, que nos permite medir las variables de estudio, en base a las cuales realizamos el análisis respectivo, el cual se contrasta con algunas otras experiencias y teorías sobre el tema.Del estudio se concluye que el desarrollo agrícola depende de múltiples factores asociados a las prácticas en relación al mercado, tipo de cultivos, prácticas culturales, extensión de la propiedad agrícola, entre otros, los cuales configuran un modelo particular donde lo ambiental juega un papel importante.

Introducción:

La presente investigación se realizó en el centro poblado de Tabón que se ubica en el distrito de Comandante Noel, provincia de Casma, departamento de Áncash - Perú. Es importante mencionar que Tabón se encuentra en la parte costera del departamento de Áncash y está constituido por una población cuyo origen obedece a diversas generaciones de migrantes y oriundos del lugar, encontrando descendientes de migrantes de la zona sierra del mismo departamento, y descendientes de pobladores del mismo lugar -en mayor porcentaje-. Esta población se dedica a la agricultura, principalmente, y de manera complementaria a otras actividades como la ganadería en pequeña escala, algún tipo de comercio y el transporte de vehículos menores. 

Nuestra investigación se centra en el estudio de las actividades relacionadas a la agricultura; desde la selección de las semillas hasta la comercialización de los productos. Este enfoque integral se denomina las buenas prácticas agrícolas y pone énfasis en la perspectiva ambiental desde el enfoque del desarrollo sostenible.

Partimos de la hipótesis de que las prácticas agrícolas realizadas por los pobladores de Tabón están determinadas por la extensión del terreno agrícola, el tipo de cultivo y el destino del producto; partiendo del supuesto que el mercado al exigir mayor calidad del producto, las prácticas agrícolas podían atentar muchas veces contra el medio ambiente; sin embargo, se encontró que no es así; por el contrario, factores socio culturales en los pobladores del centro poblado de Tabón conllevan al cuidado del medio ambiente en gran medida, aunque no necesariamente coincidan con los estándares establecidos en las buenas prácticas agrícolas.

La investigación es de carácter cuantitativo; además, es complementario a un estudio cualitativo presentado en el anterior Congreso de ALAS y ambas a la vez forman parte de una Tesis de mayor nivel. 

Fundamentación del problema

Los temas ambientales hace un tiempo que vienen siendo tratados desde diversas perspectivas y en estudios multidisciplinarios, lo cual contribuye a tener una visión global del problema, con ello se enriquece el estudio medioambiental pues se toman en cuenta aspectos sociales, culturales y a partir de ello diversas prácticas humanas adquieren una mejor explicación.

Lo rural y su actividad básica como es la agricultura, viene con ello también acompañado del uso correcto e incorrecto de la tierra, desde el punto de vista ambiental. En tal sentido, la investigación pretende explicar la relación entre las características de la actividad agrícola en un centro poblado denominado Tabón y cómo dichas prácticas se relacionan con el cuidado o no del medio ambiente.

La sostenibilidad ambiental se configura así con componentes sociales y culturales; y su articulación con lo económico, pues la presencia del mercado conlleva o exige ciertas prácticas en el desarrollo de la actividad agrícola.

Metodología

Se hace uso de la metodología cuantitativa para presentar estadísticamente los resultados de la investigación. Se empleó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario a una población de total de 322 agricultores del Centro Poblado de Tabón.

Desarrollo:

 

Conclusiones:

Las buenas prácticas agrícolas de la población del centro poblado de Tabón no están en relación directa con el destino del cultivo, como se planteó en nuestra hipótesis, por el contrario, es una práctica permanente en esta población, fundamentada en los aspectos socio culturales.

Las buenas prácticas agrícolas, entendidas como el proceso integral de la actividad agrícola, desde la selección de las semillas hasta el consumo final del cultivo, en donde se busca la armonía con el medio ambiente, bajo una perspectiva del desarrollo sostenible, no solo obedece a factores económicos (calidad del producto como exigencia del mercado), si no también, como lo demuestra la investigación a factores socio culturales. 

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Palabras clave:

- Buenas practicas agrícolas- Medio ambiente- Desarrollo sostenible- Desarrollo agrario

Resumen de la Ponencia:

El apoyo mutuo ha sido una estrategia organizativa de las especies y de los seres humanos que ha permitido su supervivencia basada en la cooperación a través del tiempo, reconociendo al otro y a sus necesidades en igualdad de prioridades a las nuestras. En el Centro Montaña de Guerrero, existen dos ejidos, Axaxacualco que se ubicada en la selva baja caducifolia y Coaxtlahuacan comunidad de mayor altura entre pinos y encinos que tienen maguey. El primero de origen náhuatl y el otro mestizo, ambos se han visto involucrados en los procesos de cambio que se han derivado de la creciente económica y de demanda del mezcal. La bebida se ha vuelto un producto de consumo más allá de lo local, ya que anteriormente el destilado no salía de sus lugares de origen, era consumido en las fiestas patronales, o festividades como los casamientos, bautizos o cumpleaños de quienes podían tener acceso a él. Los compadrazgos se sostenían basado en el intercambio de maguey por mezcal, o incluso la fe motivaba a visitar otros ejidos para resolver los males que aquejaban la vida. El mezcal era para recibir al compadre, para trabajar la milpa, para convivir con los ejidos vecinos, siendo incluso un valor de cambio para obtener alimentos u otros productos no disponibles localmente. Más que solo una bebida obtenida de un maguey es parte de una práctica biocultural profunda por parte de sus pobladores. Una expresión de esto es su conocimiento ecológico tradicional (CET), reflejado en una práctica de manejo que hasta principios del año 2000 logró mantener las poblaciones de maguey capaces de poder abastecer a los productores de mezcal en ambos ejidos.  Hoy en día la disponibilidad se ha reducido, ya que las acciones antes mencionadas basadas en el apoyo mutuo se han ido modificando en detrimento de la biodiversidad y recursos naturales con los que cuentan los pobladores, a la par que la demanda del mezcal, los actores sociales externos no consideran las implicaciones del sistema tradicional mezcalero. Por ello es importante reconocer a través de la memoria histórica organizativa en ambos ejidos, las estrategias de manejo del territorio basadas en las practicas sociales de apoyo mutuo de los actores, para comprender sus decisiones y como ellas puedan evitar o incrementar la pérdida del recurso maguey y de las leñas de las cuales dependen muchas familias en ambas comunidades, así como dejar de ser un 60% del ingreso económico, lo cual compromete sus mundos de vida y su buen vivir. 

Resumen de la Ponencia:

Si bien la preocupación por la conservación de la naturaleza emerge entre mediados y fines del siglo XIX con diversos intereses y preocupaciones, nos enfocamos en su abordaje por parte de la ciencia moderna, considerada por la corriente ambiental crítica como parte de las causales de la crisis, pero también como potencia transformadora según el signo y el contexto. Inicialmente desde el desarrollo de la ecología disciplinar, pero luego con el surgimiento de la Biología de la Conservación (BC) a partir de la década del 80, que se consolida como campo de estudios “especializado” en la conservación de la biodiversidad con cierta singularidad frente al abordaje de otras áreas y disciplinas de las ciencias. Su repercusión en nuestra época es crucial para la formulación de políticas de la conservación de la biodiversidad y el rol de los expertos adquiere una importancia similar. 

Por eso, desde el campo de la filosofía de la biología, y a partir de la revisión de trabajos que abordan el desarrollo de la BC de manera crítica y expresan continuidades y rupturas de la racionalidad moderna, sistematizamos los fundamentos éticos y epistemológicos de la BC, y así poder contrastarlos con los criterios que han regido en la conformación y manejo de las ANP en Mendoza, Argentina. A partir de este trabajo, establecemos las dificultades que existen en la construcción de conocimiento científico, en particular la distancia entre la teoría y la práctica de la conservación, y posteriormente los desafíos que surgen en el rol de los expertos, la emergencia de otros actores sociales cuyos criterios trascienden los que aún dominan el conocimiento experto de esta área.

Introducción:

Comprendemos la crisis ambiental como proceso, pero podemos delimitar su emergencia problemática en los años 60 y su institucionalización en la agenda internacional con la celebración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano convocada por la Organización de Naciones Unidas en 1972. Al respecto, algunas corrientes de pensamiento ambiental plantean esta crisis en términos de crisis de civilización: de la cultura occidental, de la racionalidad moderna y de la economía del mundo globalizado. En esa línea se cuestiona la noción occidental de la naturaleza y el rol de las ciencias naturales en las problemáticas ambientales. 

Si bien los orígenes del conservacionismo se remontan hacia fines del siglo XIX, el mainstream científico de este campo, originado en los años ochenta como subdisciplina de la biología, se consolida en la agenda política global a partir del Convenio sobre Diversidad Biológica, tratado surgido de la a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) frente a la preocupante pérdida de diversidad biológica. Esto se da en un contexto de creciente aceptación del desarrollo sustentable como concepción y modelo socioeconómico, que atendería la dimensión ambiental del desarrollo, en equilibrio con las aristas social y económica, y en oposición al modelo de límites del crecimiento. Otro elemento fundacional, es el aporte de la Biología de la Conservación (en adelante, BC), a partir de los trabajos pioneros de los años ochenta, que sentaron las bases éticas y epistemológicas del discurso científico-académico. Todo esto nutrió y cimentó la estrategia de conservación a través de áreas protegidas y patrimonialización de la naturaleza, prácticas que se convirtieron en las predilectas de muchos gobiernos, instituciones y redes de gobernanza internacional y ONG’s internacionales.

Con este trabajo nos proponemos revisar críticamente las bases éticas y epistemológicas de la BC con el soporte del pensamiento ambiental crítico, la ecología política latinoamericana y la antropología de la conservación, abonar el debate en relación a las continuidades o rupturas de la racionalidad moderna en el discurso y práctica de la conservación de la biodiversidad, específicamente en relación a las áreas protegidas. Para esto, a partir de trabajos de la filosofía de la biología, nos aproximamos a los orígenes y sistematizamos los fundamentos éticos y epistemológicos de la BC. Luego establecemos los debates actuales de la conservación de la biodiversidad para poder reconocer el rol de la ciencia y el Estado. Finalmente hacemos un breve recorrido histórico de la conservación de la biodiversidad en la provincia de Mendoza, Argentina, establecemos un “estado de situación” y contrastamos esta realidad local con los fundamentos discutidos.

Desarrollo:

Orígenes del conservacionismo y los ambientalismos críticos

La preocupación por la conservación de la naturaleza, se concibió como conservación del entorno “prístino” que rodea al “hombre”, civilizado y occidental, ligado a la concepción de “wilderness”, es decir, con una impronta moderna  dualista escinde la sociedad o cultura de la naturaleza, da sus primeros pasos hacia fines del siglo XIX a partir de la creación  de algunas zonas reservadas como cotos de caza en Europa, pero fundamentalmente con los primeros Parques Nacionales en EEUU que sentarán las bases de otras áreas protegidas (y otro tipo de categorías de protección similares) de distintos países, a partir del conocido modelo Yellowstone, por la fundación del Parque Nacional Yellowstone en 1872. Sin adentrarnos demasiado en este punto, este modelo fue exportado a todo el mundo y estuvo marcado por un contexto de conformación de muchos Estados-nación, y fue útil simbólicamente para consolidar la identidad nacional a partir de grandes paisajes como imágenes monumentales. Este esquema denominado “conservación estricta” (fortress conservation) persistió con fuerza hasta la década de 1980, y se dio a costa de la expulsión de pueblos originarios, justificado por el daño que realizaba el “humano a la naturaleza”, pretexto que sirvió para reservar áreas de naturaleza prístina del avance urbano-industrial en los países industrializados o en plena expansión, bajo un perfil elitista y autoritario (D’Amico y Arcos, 2022). A su vez, muchos de estos Parques Nacionales cumplieron roles estratégicos de consolidación de límites políticos-culturales, es decir, fueron áreas protegidas posicionadas en zonas de frontera (Fortunato, 2005).

Más allá de estos orígenes, sin duda atravesados por preocupaciones en relación al deterioro ambiental del crecimiento de las urbes de sociedades industriales que se expandían y la influencia del naturalismo de esa época, pero signados por otros valores ya mencionados, nos interesa concentrarnos en los discursos y prácticas de la conservación de la biodiversidad a partir de la emergencia de la crisis ambiental  -entendida como un proceso- y sus manifestaciones en los años 60 del siglo XX (Agoglia, 2010).  A partir de mediados del siglo XX el deterioro ambiental se manifiesta de forma drástica: en los últimos 50 años los cambios vinculados a las actividades humanas sobre los ecosistemas del planeta han sido los más drásticos, en cuanto a la extensión e intensidad, de toda la historia de la humanidad (Millenium Ecosystem Assessment 2005). Entre estos cambios o “síntomas” de la crisis ambiental, se incluye la “sexta extinción masiva” (Barnosky et al. 2011), la alteración de los ciclos bio-geo-químicos de los nutrientes, el cambio climático global, la deforestación y contaminación de agua, aire y tierra, entre otros (PNUMA 2010). Como reacción, a partir del reconocimiento de estas transformaciones del ambiente como problemática de escala global, emergieron los llamados movimientos ambientalistas o ecologistas, entre otros nuevos movimientos sociales (Riechmann y Férnandez Buey 1995), que gradualmente lograron poner esta problemática en agenda en ámbitos como la ciencia, la literatura, el arte y la política. 

Además de las ciencias, entre las respuestas académicas, las humanidades se integraron al debate ambiental. Algunas corrientes de pensamiento buscaron reflexionar sobre la relación entre sociedad y naturaleza, a partir de la crítica a la racionalidad moderna, en la que encuentran relaciones profundas de causalidad vinculadas a la problemática ambiental. En ese sentido, estos ambientalismos críticos sugieren que esta problemática no es de carácter técnico principalmente, por lo cual no puede ser resuelto con aproximaciones tecnocientíficas, sino que se trataría principalmente de un problema de valores, de cosmovisión y de racionalidad, por lo cual se trataría de construir racionalidades alternativas (Agoglia 2010; D’Amico y Agoglia 2019, Leff, 2004). De estas reflexiones críticas, son centrales dos ejes para repensar el rol de la ciencia, en particular la BC, con la problemática ambiental: la concepción de naturaleza y nuestras maneras de relacionarnos, lo cual implica repensar los modos modernos de conocer y describir el entorno, es decir, reflexionar sobre el conocimiento científico, como conocimiento hegemónico de la modernidad avanzada. En este sentido, reconocen en la idea contemporánea de naturaleza un concepto moderno occidental que se erigió por una separación fundante, que distingue cultura de sociedad. Desde esta separación es que emergieron las ciencias destinadas a comprender el mundo natural (Latour, 2007). La racionalidad moderna concibió como naturaleza todo lo ajeno al “hombre” y a todo aquello que las ciencias pueden comprender mediante la razón y la experimentación. Este dualismo y jerarquización ya venía siendo estudiado por la Escuela de Frankfurt desde los años 40, cuyos referentes señalaron que durante el Iluminismo del siglo XVIII la naturaleza tornó en un objeto mensurable y útil, pasible de ser sometido y puesto a disposición de la industria y las ciencias a través de esta racionalidad moderna o instrumental. Así, mientras que por una parte las ciencias son denunciadas por el ambientalismo crítico como parte del origen de la crisis ambiental, por otra parte, las luchas en contra de las injusticias ambientales muchas veces recurren a la ciencia, por lo cual pueden jugar un rol en su resolución. De hecho, la ciencia ha sido clave para documentar, sistematizar y establecer relaciones causales en los cambios ambientales, de modo tal de hacer un diagnóstico, descripción y detección de muchas problemáticas ambientales. 

En ese sentido, concentrándonos en el ámbito académico y científico, y en particular en la BC, resaltamos el trabajo de la Dra. Klier (2018) que a partir de la filosofía de la biología aborda esta relación entre modernidad-ciencia-crisis ambiental. Nos interesa retomar sus conclusiones para contrastar la realidad local de la conservación de la biodiversidad en Mendoza, pero antes resumiremos de su trabajo un breve recorrido histórico del surgimiento de la Biología de la Conservación y sintetizaremos los fundamentos epistemológicos y éticos de esta subdisciplina de la biología. 

La Biología de la Conservación: revisión crítica de sus fundamentos epistemológicos y éticos

Como anticipábamos, uno de los síntomas de la crisis ambiental refiere a la pérdida de diversidad biológica, que se aprecia en la pérdida de diversidad genética (o erosión genética), en extinciones de numerosas especies y en la alteración y disminución de ecosistemas nativos, entre otros. Esta “crisis de biodiversidad” es tan acuciante que algunos trabajos la denominan “sexta extinción masiva” (Barnosky et al. 2011) y entre los principales factores de amenaza se menciona al cambio de uso del suelo (por fragmentación, destrucción o degradación de hábitats), la sobreexplotación de especies; la introducción de especies exóticas y la cadena de extinciones de poblaciones (relacionado a las redes ecosistémicas) (Diamond, et al. 1989). Asimismo, cada vez toma más relevancia el cambio climático como factor de amenaza (Thomas, et al. 2004).

Frente a estos diagnósticos sobre el estado de la diversidad biológica, algunos autores comienzan a abordar estas preocupaciones desde la ecología disciplinar, una de las primeras áreas científicas que integró los problemas ambientales en su campo de saber. De estos antecedentes, en la década de 1980 la BC emerge como una disciplina organizada, con sus instituciones, revistas y prácticas propias con el objetivo explícito de evitar la pérdida de biodiversidad (Sarkar, 2005). Sarkar señala que en los años ochenta la BC se distanciaría de la ecología disciplinar asumiendo sus propias reglas, metodologías y objetivos. El autor señala dos propuestas iniciales principales, la línea estadounidense y la australiana.

La primera se caracterizaba por: a) una tradición de la conservación a través de la creación de parques nacionales; b) un fuerte interés de incorporar modelos teóricos para el desarrollo y manejo de reservas, como por ejemplo la aplicación de la teoría de biogeografía de islas (BGI) (Wilson y Willis 1975, en Klier 2018) y c) un desarrollo ético y normativo explícito (Sarkar 2005, en Klier 2018). En esta corriente estadounidense se destaca el artículo “What is Conservation Biology” (Soulé 1985), que ha sido retomado por la bibliografía posterior y sigue siendo fundamental para el área, ya que sentó las bases de la BC y sus características principales, resumidas por la Dra. Gabriela Klier (2018:31-32) en cuatro ítems:

La BC es una disciplina de crisis ya que es necesario actuar con urgencia para evitar que continúe disminuyendo la biodiversidad;Es una disciplina inexacta, que considera la estocasticidad característica de los sistemas vivos, así como la necesidad de actuar sin conocer la totalidad de los hechos, asumiendo ciertos niveles de incertidumbre en sus análisis;Es una disciplina basada en valores: esto refiere a sus fundamentos éticos, que recuperan los escritos de Aldo Leopold (ecocentrismo) y consideran como fundamento de la conservación al valor intrínseco de lo viviente per se;Es interdisciplinaria, ya que se plantea que la BC debe no sólo incorporar conocimientos de las ciencias naturales, sino que también considerar saberes sociales, económicos, políticos y otros.

Estas características son destacadas en el trabajo mencionado porque:

 (…) vemos que la BC no es una ciencia meramente descriptiva, sino que pretende actuar incluso sin tener absoluto conocimiento de la situación. La justificación para la acción es ética y refiere al valor de la biodiversidad. De este modo, la BC no es una disciplina descriptiva sino prescriptiva, señalando qué acciones tomar a partir de un posicionamiento sobre el valor de lo vivo. (Klier, 2018: 32)

En ese sentido, la BC pondría en diálogo la ciencia o mundo académico y la práctica del mundo real de los problemas ambientales, amalgamando saberes de manejo y la ciencia básica (Jacobson, 1990 en Klier, 2018), asumiendo la necesidad de abordar la complejidad de estos problemas desde una perspectiva integral, y de insertar la ciencia en un área en el que actuaban sólo gestores y técnicos (Groom, 2006 en Klier, 2018). Más allá de otras posturas de esta corriente que buscaban ceñir la BC a un campo científico destinado a la mera descripción y explicación de los patrones de diversidad (Primack 1993, en Klier 2018), esta dimensión práctica, que pretendía autonomizarse de la ecología disciplinar, se profundizará en la confluencia con la corriente australiana de la BC. 

Mientras la corriente norteamericana se enfocó en la aplicación de modelos ecológico-evolutivos con un marco teórico basado en teorías generales, en Australia se venía desarrollando una vía más orientada al manejo. En 1995 comenzó a consensuarse un marco en el que se integraba la visión pragmática australiana con la visión teórica estadounidense, y en el 2000 se publicó un artículo que plasmará esta situación. En el “Systematic conservation planning” (SCP) de Margules y Pressey se combina una visión que orienta sus acciones más a los resultados que a los marcos teóricos, con un marco académico para proponer un manejo adaptativo de ambientes naturales. El SCP implica una sucesión de pasos que suponen la elección y delimitación de la región de planificación, la identificación de los actores involucra-dos, la definición de indicadores de biodiversidad adecuados a los objetivos y metas de conservación considerados bajo múltiples criterios preestablecidos. Luego de la implementación de esta planificación, se debe monitorear sistemáticamente y revisar los pasos anteriores.  Así, desde fines de 1990 se integran nuevas perspectivas de manejo para la conservación, aunque en el plano académico la BC sigue inscripta como ciencia biológica bajo tres puntos de anclaje: la evolución, la ecología y la genética (Groom et al., 2006). 

Klier destaca del SCP tres dimensiones novedosas para la BC: la integración de actores sociales a la gestión y manejo de áreas protegidas (y la elección multicriterio sobre qué conservar), la idea de redes de reservas y la dimensión temporal-cíclica de continuidad y periodicidad en el monitoreo y revisión. Surgen entonces preguntas que siguen vigentes y vienen al caso de lo que discutiremos más adelante: quiénes son los actores clave para determinar el análisis, qué criterios son los relevantes, cuál es la biodiversidad que se debe conservar (Odenbaugh,2016 en Klier,2018). Aún más: cómo se integrarán los actores al manejo y gestión, tendrán poder de decisión, qué relaciones de poder existen en la trama de actores, entre otras posibles y necesarias reflexiones.

A partir del desarrollo de los orígenes y revisión de los fundamentos éticos y epistemológicos, Klier indaga en la realidad actual de la BC y en su análisis encuentra un desfasaje entre la propuesta teórica y su práctica:  por un lado, en el marco teórico la biodiversidad presenta una aproximación relacionista, por otro lado, en la bibliografía analizada (principales revistas especializadas) se muestra un carácter elementista[1] que reproduce esta separación de naturaleza respecto a la sociedad. Es decir, en la práctica la biodiversidad se comprende bajo una mirada científica como objeto de estudio, ajeno, cuantificable y analizable. A su vez, destaca ciertos sesgos respecto a las entidades que se estudian (especies carismáticas), sin explicitar que estas elecciones sitúan al investigador en un contexto social, político y ético.

Otro aspecto refiere a la jerarquización del saber científico (a priori), ya que si bien en los fundamentos epistemológicos (artículos fundadores y textos teóricos principales) se aborda el trabajo de la BC como interdisciplinaria, holista y bajo un paradigma de complejidad, integrando las dimensiones sociales, la mayor parte de la investigación de la BC resulta disciplinar y proviene de un marco ecológico disciplinar, quitándole la perspectiva de problemática ambiental y subordinando otros conocimientos científicos (como de las ciencias sociales) y saberes locales de los territorios en cuestión. En ese sentido, esta dificultad de tratar la problemática ambiental desde una mirada científica tradicional se plasma en la planificación y gestión de la conservación, jerarquizando a priori los conocimientos científicos (de las ciencias naturales, principalmente) simplificando la realidad de los territorios donde se conserva, poniendo en lugares secundarios a los actores locales, y señalando qué y por qué se conserva desde ópticas meramente científicas, pretendidamente neutrales.

El trabajo de Klier destaca la BC como una subdisciplina científica que parece romper con el dogma de las ciencias modernas que plantea la separación radical entre conocimiento científico y valores, ya que, como mencionamos anteriormente, se asume que la biodiversidad tiene valor intrínseco, según los artículos y textos considerados fundacionales. En contraste con esa mirada ecocentrista, conviven posturas antropocentristas que dan a la biodiversidad un valor instrumental. Sin embargo, la autora recalca que la BC se diferencia de otros campos dentro de las ciencias de la vida, ya que en los libros de texto de referencia (“textos canónicos”) se incluye una sección dedicada a “debatir la dimensión valorativa de lo viviente en la conservación” (2018:177). Esta particularidad, pareciera no encontrarse explicitada en otro tipo de fuentes tales como artículos de revistas científicas (Griffiths y Dos Santos, 2012 en Klier, 2018). 

Asimismo, dado el carácter polisémico de la biodiversidad (Faith, 2008 en Klier, 2018), la autora se pregunta específicamente cuáles son las entidades biológicas con valor intrínseco en la bibliografía de la BC. En este sentido, encuentra que este valor intrínseco de la biodiversidad se atribuye principalmente a las especies biológicas y a los ecosistemas, y por eso el nivel de amenaza de las especies o de sus correspondientes ecosistemas “nativos” resulta ser un criterio de conservación preponderante, por sobre otro tipo de entidades como organismos individuales, por ejemplo, en la metodología propuestas para el manejo de especies invasoras. Por otra parte, en su análisis de la bibliografía también halla la atribución de valor instrumental a lo vivo como fundamento para su conservación, en posturas utilitaristas que destacan los beneficios de la conservación de la biodiversidad para la humanidad, tales como las propuestas cercanas a la noción de “servicios ecosistémicos”.

Breve revisión histórica de los criterios de creación y manejo de las ANP en Mendoza (Argentina) y nuevos rumbos del conservacionismo 

A nivel local, las áreas naturales protegidas (en adelante, ANP) y la conservación han constituido campos de investigación reservados a las ciencias naturales, particularmente para la biología de la conservación desde la década de 1980, tendencia que igualmente se verifica a nivel internacional tal como desarrollamos anteriormente. En consecuencia, se ha privilegiado el estudio de los aspectos físico-biológicos de la conservación, lo que ha generado un gran acervo de conocimiento de los ecosistemas de la provincia (D’Amico y Arcos, 2022). Por su parte, el estudio de los procesos sociales y culturales que las ANP conllevan no ha recibido el mismo interés por parte de la comunidad científica local, aunque en los últimos años se han publicado un conjunto de trabajos que marcan un sendero contrario (D’Amico y Arcos, 2022).

En la provincia de Mendoza, las ANP han quedado históricamente circunscriptas a la órbita del Estado Provincial y en algunos casos, bajo gestión y administración privada o mixta. La superficie abarcada hasta el 2019 por el sistema provincial de ANP era del 13,68% del territorio provincial con 22 ANP declaradas en el marco de la Ley Nº 6045/1993 (Régimen de áreas naturales provinciales y sus ambientes silvestres) (Torres, Cannizo, Campos, Tonolli, Moreno, Agneni, 2020).

Las preocupaciones ecológicas que se consolidan en el imaginario ambiental mendocino, surgen como resultado de los primeros indicios de desertificación, producto de la sobreexplotación de los bosques nativos, en el período socio-histórico en el que se configura un nuevo modelo productivo basado en la vitivinicultura (fines del siglo XIX principios del XX), sustituyendo al modelo forrajero-ganadero. A partir del desarrollo del sistema ferroviario, se favorece la circulación y transporte de leña, madera y carbón, para su propia expansión, pero también para el uso y desarrollo de la vitivinicultura, estableciéndose un modelo de concentración de recursos y población en los oasis, en desmedro de los territorios no-irrigados. Este modelo de extracción, centrado en la “cultura del oasis”, se sustenta principalmente en la concentración del recurso hídrico, garantizado por el sistema jurídico provincial y los órganos de gestión que reglamentan sobre el uso y la distribución de aguas (la Ley de Aguas de 1884 y la Constitución Provincial de 1916), que favorece la concentración del manejo del recurso hídrico en los sectores que conforman las élites dominantes, durante el período de conformación de los Estados provinciales y nacionales ( Escolar, Martín, Rojas, Saldi y Wagner, 2012).

En ese contexto, identificamos diferentes etapas del conservacionismo con rasgos particulares (Arcos, 2021 y D’Amico y Arcos, 2022). La primera etapa, concentrada a mediados del Siglo XX, a partir de la creación de la Reserva Natural de Ñacuñán (1961), con el objetivo central de restaurar una zona y un recurso profundamente degradado (preservación de los bosques de algarrobos -Prosopis flexuosa-). La Reserva Natural de Ñacuñán, queda establecida bajo la órbita del Estado provincial, desmarcándose de la prevalencia de los grandes parques nacionales (Administración de Parques Nacionales), lo cual va a marcar el rumbo en materia de conservación y conformación del sistema provincial de ANP. En este contexto, el Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA) creado en la década de 1970, se erige como un actor ineludible en la política de ANP a nivel provincial, que se consolidará en el siguiente período (Rubio et al., 2014; D’Amico, 2017). La particularidad de este puntapié conservacionista es que, a contramano de la tendencia generalizada de preservar grandes porciones territoriales, pretendidamente “prístinas”, y de imponentes bellezas paisajísticas, el ecosistema de Ñacuñán no era prístino ni un paisaje imponente. El objetivo conservacionista estuvo dirigido a la recuperación de un recurso degradado y no un paisaje de belleza prístina, designa un inicio distinto, pero en sintonía con una tendencia mundial y nacional de auge de las ciencias ecológicas. A nivel nacional, durante los años sesenta, los parques naturales dejan de crearse para preservar grandes paisajes naturales y asegurar la soberanía del Estado nacional en zonas fronterizas, abriendo paso a la conservación de procesos y funciones ecológicas (Carusso, 2015). 

En la segunda etapa, momento de gran expansión del sistema provincial de ANP, se identifica un cambio de criterios en las dimensiones que justifican la creación de ANP, trasladando la preocupación de la situación alarmante de los recursos naturales hacia una postura enmarcada por una estrategia de conservación sustentada en valores ambientales sobresalientes, aunque siguen siendo auspiciados por al ámbito científico, específicamente de las ciencias naturales. Esta etapa de esplendor conservacionista se ubica entre la década del 80 y el 2000, en la cual se crean 11 de las 22 reservas provinciales. El IADIZA continúa interviniendo de manera central, siendo permanentemente consultado. A la par asume un rol protagónico la intervención estatal de la mano de la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la provincia. Este impulso a nivel provincial, sintoniza con el proceso de institucionalización ambiental de alcance global durante la década del 90, que a nivel provincial consolida el marco normativo ambiental. En ese contexto, se crea el Sistema Provincial de ANP (Ley 6045 del año 1999), adoptando las categorías de manejo establecidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Asimismo, en este periodo se amplía la protección sobre humedales, a partir de la incorporación de dos Sitios Ramsar (Rubio et al., 2014; D’Amico, 2017; entre otros). En términos sociales, por su parte, el fortalecimiento y la consolidación del sistema de áreas protegidas de Mendoza, no trajo consigo la flexibilización de las nociones tradicionales respecto de la presencia de seres humanos y de actividades distintas a la conservación, al interior de los parques y reservas naturales. Luego de veinte años de la creación de Ñacuñán, su posterior incorporación a la red mundial de Reserva de Biósfera, y en pleno auge de la sostenibilidad, continuó operando una definición de naturaleza prístina y virgen. Poca o casi nula atención recibieron las comunidades o poblaciones preexistentes en los territorios destinados a la conservación (Cannizo, Campos y Lichtenstein, 2020). Se mantuvieron, entonces, durante este período, criterios tecnocientíficos al momento de establecer la gran cantidad de áreas protegidas.

En un tercer momento, centrado a fines del Siglo XX e inicios del Siglo XXI, se registra un punto de inflexión que identifica el período actual. Los elementos distintivos comprenden, por un lado, una diversificación del mapa de actores sociales que se involucran en la promoción de proyectos de ANP: pequeñas comunidades, empresas privadas, y otros niveles de gobierno (municipales, intermunicipales, o incluso nacionales). Y, por el otro, una serie de cuestionamientos hacia el esquema de conservación más bien estricto que había predominado hasta ese momento (D’Amico y Arcos, 2022). Así se corrobora que, sin desconocer la importancia de los criterios científicos que predominan en el abordaje académico de la conservación de la naturaleza, estos espacios no quedan por fuera de procesos sociales, políticos y económicos (West, Igoe y Brockington, 2006; Cortés Vazquez y Beltrán, 2018). Por ejemplo, en esta etapa, las comunidades locales van ganando protagonismo al momento de impulsar proyectos conservacionistas ya que, ante el avance de proyectos extractivos, las ANP han funcionado, como una herramienta legal para la protección del ambiente (Cannizo, Campos y Lichtenstein, 2020). Ante esto, resulta interesante contrastar el fuerte peso que para algunos actores sociales continúa teniendo la visión tecnocientífica. En este sentido, resulta importante atender las dimensiones no exclusivamente biológicas, en tanto alrededor de la cuestión ambiental pueden darse procesos de apropiación privada de territorios y recursos naturales, cuyos fundamentos se legitiman en la protección del ambiente (Fairhead, Leach y Scoones, 2012; Apostolopoulou y Adams, 2018). Asimismo, tanto el Estado provincial en distintas escalas, como diferentes actores locales, han movilizado y activado proyectos de ANP, estructurados sobre criterios de control territorial o de intereses económicos privados, diferenciándose de los criterios “propiamente” conservacionistas (D’Amico y Arcos, 2022).

 

[1]La autora entiende como mirada elementista aquella que comprende a entidad como una mera suma de partes, desde una perspectiva analítica en contraste con una mirada relacional, que considera otros aspectos de las entidades de estudio que no sean reducibles a la mirada analítica.

Conclusiones:

A lo largo de este trabajo hemos visto cómo el conservacionismo surge desde preocupaciones ambientales atravesadas por diferentes intereses y valores, que luego irán convergiendo en una mirada predominantemente científica y particularmente influenciada por las ciencias naturales. En ese sentido la Biología de la Conservación ha constituido el principal campo de abordaje científico desde la década de 1980 frente a la pérdida de biodiversidad que se aborda actualmente más como problemática científica que ambiental. 

Sin embargo, partir de una revisión crítica de sus bases éticas y epistemológicas vimos cómo en realidad ese campo surgió con distinciones respecto a la ciencia moderna, considerándose una disciplina inexacta, con una posición valorativa frente a una situación de crisis y con un abordaje interdisciplinario. Pese a estas bases que se reproducen en los textos canónicos, vimos cómo desde una mirada crítica, en la investigación científica todavía se aprecia una mirada elementista, pretendidamente “neutral”, que jerarquiza el saber científico frente a otros, reduciendo otras dimensiones posibles de la problemática, y poniendo foco en el valor instrumental de la biodiversidad por sobre otras valoraciones. 

A partir de la comprensión del estado del conocimiento científico, y a partir de una revisión histórica de los criterios que han guiado la conformación de las ANP en Mendoza, Argentina, verificamos que ese proceso local ha seguido la tendencia global de la conservación, pero que actualmente nos encontramos en un momento de transición donde se disputan los sentidos de la misma, por lo cual el conocimiento científico dedicado a esta problemática, es decir el conocimiento experto, requiere una apertura hacia las ciencias sociales y otros saberes para poder diseñar nuevas políticas de la conservación acorde a los desafíos actuales. 

 

 

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Palabras clave:

conservación de la biodiversidad; biología de la conservación; políticas de la conservación 

Resumen de la Ponencia:

El objetivo de este trabajo es comprender el sentido con el que se organizan y gestionan las organizaciones sociales, con la finalidad de aproximarnos al campo teórico y empírico de las economías solidarias. Entender la naturaleza de las organizaciones sociales, sus contextos de aplicación y funcionamiento, las racionalidades con las que toman decisiones y dirigen sus actividades es central para apreciar las potencialidades y limitaciones en la construcción de una alternativa a la economía capitalista. Las organizaciones sociales no son homogéneas, pues existen diversos tipos jurídicos, no obstante, existen lazos que las vinculan, tal como las prácticas organizativas y las estrategias de operación que contienen un carácter solidario y colaborativo. Las organizaciones sociales son fundamentales para hacer frente a escenarios cada vez más inciertos en la globalización, ya que retoman la acción de los actores y contextos locales para mejorar la calidad de vida de los pobladores. En tiempos difíciles las organizaciones sociales tienen que adaptarse a nuevas condiciones que imponen los cambios, tales como las crisis económicas, la pandemia por Covid 19 entre otros. Las organizaciones sociales son espacios potenciales para construir una economía alternativa al capitalismo, al mismo tiempo que se coadyuva a una mejor calidad de vida. En este trabajo se analizan organizaciones sociales mexicanas diversas, tales como las sociedades cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones, sociedades de producción rural, Instituciones de Asistencia Privada. Se han estudiado las prácticas organizativas, el proceso de constitución, organización y medios de gestión de organizaciones sociales para mejorar construir un modelo alternativo económico y mejorar el bienestar de la sociedad. 

Resumen de la Ponencia:

A lo largo de las décadas han surgido procesos que marcan el desarrollo de los territorios, generando dinámicas que se ven reflejadas en el crecimiento de cada lugar. Sabemos que uno de los mayores fenómenos que se ha dado es el de globalización que ha generado beneficios y ha ocasionado, impactos negativos que afectan a diversos sectores de la población, por ejemplo, a pequeños productores, quienes no pueden competir contra los grandes sistemas convencionales de mercado que rigen el mundo. Para dar respuesta a los impactos formados por los fenómenos que se generan y afectan la producción local, surgen los mercados alternativos, que se caracterizan por ser espacios de intercambio. Existen diferentes tipos de mercados, en este caso nos enfocamos a los circuitos cortos de comercialización, que son una forma de comercio basada en la venta directa de productos frescos o de temporada entre productores y consumidores, además buscan generar confianza y fortalecer las relaciones sociales.Cabe mencionar que los circuitos cortos de comercialización inciden en las prácticas que se generan dentro de la economía social y solidaria la cual tiene una lógica distinta a la de las economías de mercado. Estos circuitos de proximidad permiten generar ingresos para muchas localidades que se dedican a la producción y comercialización directa de diferentes productos que elaboran con materia prima que ellos generan y a través de un proceso artesanal.Para comprender estos aportes teóricos, se presenta el caso de un grupo de mujeres productoras de dos comunidades rurales de Coacoatzintla, Veracruz., caracterizadas por realizar actividades agropecuarias campesinas, es decir, que son para el consumo familiar y no para distribuir en los grandes mercados capitalistas; sin embargo, algunas necesidades básicas de estas mujeres y sus familias requieren mayores aportes monetarios, por lo que deben transformar una parte de sus productos de autoconsumo para poder venderlos.Esto es, la elaboración artesanal y colectiva de alimentos como atoles de grano, quesos, tamales, dulces, la recolección de huevos, flores ornamentales y plantas medicinales, que transportan desde sus localidades en la sierra, hasta la cabecera municipal. Es un largo proceso por el que pasan, desde las elaboraciones artesanales, hasta el traslado y venta de productos que llevan a cabo los días jueves y sábado de cada semana, contando con un pequeño e improvisado espacio en el parque municipal o tienen que tocar de puerta en puerta para vender sus productos.Si bien este proceso les permite vender sus productos en un circuito sin intermediarios que reduzca los valores agregados y les genere ingresos monetarios, también les hace reflexionar sobre el aprovechamiento responsable del medio en el que viven y todos los recursos que les aporta, pues del cuidado que les den, también dependerá toda esta producción.

Resumen de la Ponencia:

La organización de los sistemas alimentarios ha sido fundamental en el desarrollo y reproducción social de los pueblos. El rol social de la mujer en la alimentación es una característica particular de antaño y continúa expresándose en estos tiempos, no se restringe a sólo comprar y preparar alimentos y comidas sino también existe un despliegue importante de actividades en la producción y obtención de estos, característica particular de entornos rurales en México. Nos acercamos a zonas productoras de agave -también conocido como maguey- en los estados de Guerrero y Oaxaca donde evidenciamos el papel central de la mujer en esta dinámica: principalmente su labor invisibilizada en el cuidado de la planta, producción y comercialización de la bebida espirituosa. Se documenta los retos y dificultades que enfrentan en la producción del agave-mezcal, así como el aporte a los sistemas alimentarios incorporando esquemas agroecológicos relevantes. Mediante una aproximación socio-antropológica se identificó cómo las mujeres productoras de agave-mezcal disrumpen el rol de género convencional, develan los recursos implementados para hacer frente a estas tareas, incorporando aspectos de sustentabilidad, consiguen proveer económicamente a sus familias y son un elemento crucial respecto a la cultura alimentaria en la producción de agave-mezcal.

Resumen de la Ponencia:

La zona geográfica de Chimborazo es una zona rural en la que existe 478 asociaciones activas que no pertenecen al sector financiero según el repositorio de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Ecuador (2022), de las cuales mediante convenio de vinculación con la sociedad el Instituto Superior Tecnológico Eugenio Espejo por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería se trabajó en 10 asociaciones de agricultores y producción láctea quienes tienen un nivel de escolaridad básica y media por lo que los profesionales que realizan el trabajo administrativo de las áreas de estas organizaciones únicamente realizan trabajos específicos que los entes rectores exigen, como la declaración de impuestos.La persona encargada de la administración en muchos de los casos es solo un requisito de creación de las asociaciones y que se refleja en sus estatutos de creación, al ser el administrador un requisito y de los diagnósticos realizados en las 10 asociaciones, este no está empoderado con los fines de la organización, no se encontraron procesos administrativos que permitan planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos y capacidades de la organización para el cumplimiento de los objetivos.Es imperante que en las asociaciones se integren profesionales en las áreas administrativas las cuales han sido llevadas de manera empírica para dar cumplimiento a requisitos de los entes regulatorios y del mercado.De los diagnósticos realizados se recaba que las asociaciones presentan problemas en:Levantamiento del proceso contable acorde al producto Planificación del presupuestoElaboración de proyectos de factibilidadPlanes de negocioModelos de negocioLevantamiento de costos para determinar el precio del producto y punto de equilibrioOrganigramas sin funcionalidadPresentación del productoPublicidad del productoPosicionamiento de la marcaColocación del producto en mercados estratégicosEstudios de mercado En todas estas problemáticas se intervinieron por parte de los estudiantes y docentes del Instituto Superior Tecnológico Eugenio Espejo de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, aportando con levantamiento de procesos y gestionando resultados con escasos recursos debido a que esta institución no cuenta con presupuesto asignado, realidad que afecta positivamente en medir resultados de los conocimientos aplicados en el re vertimiento de las problemáticas enlistadas los cuales se ven reflejados en la colocación de productos en supermercados de la capital de la provincia, la determinación del punto de equilibrio y precio del producto, determinación de factibilidad de proyectos de inversión de pasteurización entre otros.La economía popular y solidaria nace como respuesta a las prácticas capitalistas mundiales en las que priorizan el capital, dejan de lado el medio ambiente y a los pequeños sectores. ¿Cómo da respuestas? Lo hace mediante la asociatividad de pequeños productores para resistir la competencia de grandes corporaciones a través del incremento de la producción.

Introducción:

La principal o segunda actividad de cada cantón de la provincia de Chimborazo según datos del Banco Central del Ecuador al año 2019 es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Este dato es relevante para comprender que la mayoría de asociaciones son de este sector.

La investigación se centra en el estudio de caso de 10 asociaciones del sector agropecuario de la provincia en las que interviene y aporta el Ministerio de Ganadería y Agricultura, estas organizaciones han mantenido el empirismo para manejar el aspecto económico y financiero, lo que ha ocasionado que estas no se consoliden en los diferentes mercados. 

El trabajo realizado inicia en el año 2019 con la firma de convenio de vinculación entre el Instituto Superior Tecnológico Eugenio Espejo y el Ministerio y Ganadería (MAG) de la provincia de Chimborazo, desde ese tiempo a la actualidad se han aplicado diferentes procesos en las asociaciones en las cuales se realizó un diagnóstico preliminar a través de una entrevista con el director de este ministerio.

El diagnóstico preliminar y general se trasladó al diagnóstico específico de cada organización, determinando que en el ámbito administrativo se aplicaba las prácticas que han dado resultados a través del tiempo y que no tienen una base técnica y científica.

Se han aplicado varios procesos que han permitido que las organizaciones sean visualizadas en el mercado o por lo menos que sus integrantes estén consientes de sus problemáticas internas existentes.

Desarrollo:

 

La investigación inicia con un Informe Técnico de Viabilidad para la firma del convenio de vinculación entre el Instituto Superior Tecnológico Eugenio Espejo y el Ministerio y Ganadería (MAG) de la provincia de Chimborazo, con el propósito de aportar desde el ámbito administrativo, financiero, contable y de comercialización de los productos.

La población de estudio son las organizaciones no financieras de la Economía Popular y Solidaria de Chimborazo que según el catastro de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2022), son 478.

Al ser una población amplia y al ser estas organizaciones de similares características se aplica la técnica investigativa de estudio de caso de 10 organizaciones no financieras a través del proceso de firma de convenio entre el Instituto Superior Tecnológico Riobamba y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Chimborazo que trabaja con 10 asociaciones las cuales son:

 

Tabla N°01. Ubicación y actividad de las organizaciones a intervenir.

 

Entrevistas y observación directa.

Una vez realizado el diagnóstico preliminar, se procedió a realizar el diagnóstico específico en cada una de las asociaciones donde se aplicaron dos preguntas abiertas a los presidentes de las asociaciones.

¿ Qué actividades administrativas, financieras, contables y de comercialización ustedes realizan?¿Tienen un registro de las actividades mencionadas en la pregunta anterior?

De manera general nos supieron manifestar que existe un administrador y un contador contratado en algunos casos en otros casos no existían estos puestos.

Las actividades que realizaban tanto los administradores como los contadores no eran socializadas a los asociados únicamente daban cuentas de su trabajo al transcurrir el tiempo sin ser estas periódicas.

Al ser personas externas el administrador y el contador no vivían el día a día en la asociación, su contratación se pudo inferir que eran por dos razones, la declaración de impuestos en el caso del contador y el cumplimiento a la ley en cuanto al administrador.

Las actividades administrativas, financieras y contables no eran del conocimiento del presidente de cada asociación y peor aún de los asociados.

Las actividades como la presentación del producto, y la comercialización se realizaba de acuerdo a iniciativas de los dirigentes y al apoyo en la participación de ferias, existía la presentación de los productos, pero no se conocía el fin de una buena presentación.

Los productos se comercializan en las ferias tradicionales y no están en tiendas o supermercados para su venta al por mayor.

El conocimiento acerca de la primera pregunta fue limitado a la explicación realizada.

En relación a la segunda pregunta cada presidente manifestaba que no existe documentación en archivos más que el estatuto de la asociación y cuadernos donde llevaban las cuentas monetarias de la asociación.

Con este resultado se constató que no existen procesos administrativos, financieros, contables y de comercialización aplicados con técnicas o metodologías.

En la observación directa se confirmó la no existencia de archivos de los procesos mencionados, la estructura organizacional que por ley manejan cada asociación y la no existencia de procesos y actividades necesarias para la consolidación y crecimiento organizacional.

 

El organigrama que representa la estructura organizacional de las asociaciones es el siguiente:

Gráfico N°01. Organigrama base de las 10 asociaciones

Fuente: Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Ecuador 

Elaborado por: Jaysson Gavidia

 

Se añade el área contable para el cumplimiento de la ley de régimen tributario del Ecuador.

Análisis Estructural de las asociaciones.

Los integrantes de las asociaciones son hombres y mujeres con nivel de escolaridad en proceso de alfabetización, primario y secundario en pocos casos.Las asociaciones dentro de su estatuto establece como máxima autoridad a la asamblea de asociadosEl presidente es electo por los asociados y es parte del grupo de personas que integran la asociaciónEl administrador es persona externa a la asociación que es contratado El contador es persona externa a las asociaciones que es contratado para realizar las declaraciones de impuestos

 

En cuanto a procesos y actividades necesarias para la consolidación y crecimiento organizacional se determinó que en conjunto las 10 asociaciones carecían de:

Proceso contable acorde al producto Planificación del presupuestoElaboración de proyectos de factibilidadPlanes de negocioModelos de negocioLevantamiento de costos para determinar el precio del producto y punto de equilibrioPlanificación EstratégicaElaboración del Plan Operativo AnualOrganigramasManual de Funciones Registro sanitario del productoPublicidad del productoPosicionamiento de la marcaColocación del producto en mercados estratégicosLevantamiento de perfiles de puestoEmbalaje y empaque del productoImplementación de procesos de transformación de materia prima de calidadEstudios de mercado

 

Intervención del Instituto Superior Tecnológico Riobamba

Una vez realizado el diagnóstico específico de cada asociación se detalla de manera general los siguientes aportes a través del trabajo conjunto a las asociaciones:

Implementación de Planes de Marketing.

Posicionamiento de la marcaPresentación del productoColocación del producto en mercados

Levantamiento de costos.

Determinación de costos de producción de cada producto

 

Proyectos de factibilidad

Determinación de factibilidad de proyectos de pasteurización y enfundado de leche

 

Caso específico 

Un aporte significativo y sistemático que se pudo concretar es en la Asociación de Mujeres Indígenas Mushuk Kawsay, esta asociación se dedica a la producción y comercialización de yogurt y té de mashua.

El aporte en esta asociación es el siguiente:

Posicionamiento de la marca Tandalla Warmis que significa mujeres emprendedoras unidas ( Tandalla: trabajo en grupo y Warmis: mujeres)

 

- Colocación del yogurt de mashua y té de mashua en el Supermercado CAMARI y participación en ferias 

- Levantamiento de costos de producción de los diferentes envases de yogurt

 

- Levantamiento de procesos contables 

Conclusiones:

- Las actividades realizadas en las asociaciones investigadas lo realizan de acuerdo a la experiencia lo que ha dado como resultado el estancamiento de las mismas.

 

- No se dan continuidad a los procesos realizados en conjunto con el IST Riobamba debido al nivel de formación de los integrantes de las asociaciones

 

- Los administradores y contadores de las asociaciones son personas externas que no tienen sentido de pertenencia para aplicar procesos y mejorarlos al pasar del tiempo para el posicionamiento y crecimiento en el mercado

 

- No existen políticas públicas para una estructuración administrativa, contable, financiera y de comercialización de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria no Financieras.

Bibliografía:

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ( 2022). Catastro de organizaciones no financieras . Recuperado de https://servicios.seps.gob.ec/gosnf-internet/paginas/consultarOrganizaciones.jsf

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2018). Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ecuador. Recuperado de https://www.seps.gob.ec

Palabras clave:

Economía

Procesos

Empírico

Marketing

Resumen de la Ponencia:

Desde las últimas décadas del Siglo XX el urbanismo ha cobrado fuerza en toda América Latina. Este proceso se entiende a la luz de las características que ha adquirido la producción urbana durante el proceso de consolidación y auge del modelo neoliberal a partir del cual la planificación, innovación y eficacia de las ciudades se orientan hacia los propósitos de inversionistas internacionales de carácter privado. Estos procesos globales remiten a la progresiva consolidación de las relaciones capitalistas de mediados del siglo XX —con mayor énfasis hacia los años ’80— de las cuales derivan, por un lado, las configuraciones urbanas manifestadas en la adecuación del suelo urbano para permitir la construcción y la reproducción social a través de edificaciones, así como la alteración del curso arquitectónico de las ciudades, por el otro (Pírez, 2016). En este marco, se torna fundamental analizar el desarrollo como principio rector desde el cual los grandes capitales se apropian y hacen uso de los recursos de la naturaleza en el contexto de un nuevo régimen de acumulación de capital. Particularmente, el objetivo de la ponencia es visibilizar el crecimiento de urbanizaciones cerradas en la provincia de Buenos Aires (Argentina) en relación con los conflictos territoriales que desata, considerando el período 2000-2022. Es menester aclarar que este fenómeno es de larga tradición en otros contextos como la ciudad norteamericana y, luego, en muchas de las grandes ciudades latinoamericanas. En la Argentina, se despliega con intensidad gradual desde los años ’90 en adelante, encausando nuevas formas de sub-urbanización de las élites vinculadas directamente a las transformaciones económicas, culturales y sociales que se desprenden de los procesos generales de la globalización y afectan de manera específica a las grandes áreas metropolitanas (Torres, 2004).Para dar cuenta de ello se realiza una georreferenciación en clave de una revisión bibliográfica exhaustiva que permite determinar las principales zonas en las que se emplazan este tipo de construcciones. Desde los resultados nos interesa problematizar no solo los impactos sobre los ecosistemas sino también las dinámicas del habitar de las comunidades locales, alcanzando una lectura multi-dimensional del territorio, considerando aspectos materiales y, en especial, los simbólicos y culturales. 

Resumen de la Ponencia:

Los conflictos centrados en el territorio atraviesan la historia de las sociedades latinoamericanas y signan buena parte de sus problemáticas contemporáneas. Argentina y la provincia de Córdoba no son una excepción. Esos conflictos devinieron muchas veces en resistencias que interpusieron los actores involucrados (pueblos originarios, chacareros, arrendatarios), confrontando con fuertes intereses privados, fuesen nacionales o extranjeros. Así, los modelos agrarios históricos y los actuales contuvieron ejes de conflicto donde los sujetos políticos más fuertemente comprometidos con la disputa plantearon estrategias diversas de lucha.En el año 2012 el anuncio de que Monsanto desembarcaría en dos localidades cordobesas generó una fuerte resistencia por parte de los vecinos que rápidamente se organizaron en asambleas y llevaron adelante diversas acciones colectivas. Luego de un arduo camino de resistencia, la negativa a la llegada de la multinacional se logró por diferentes vías ya sea por una decisión gubernamental o por una instancia judicial. En este trabajo nos vamos a centralizar en lo que sucedió con estos colectivos organizados una vez que el conflicto con Monsanto se vio resuelto. ¿Qué nuevos territorios construyeron estos movimientos? ¿qué incidencia tuvo la trayectoria en la conformación de nuevos territorios? ¿cuáles son los factores que inciden para que estos dos movimientos con características e inicios similares se reterritorialicen de modos diferentes post resolución de conflicto con Monsanto? Sobre estos interrogantes profundizaremos en la presentación.

Resumen de la Ponencia:

Este Trabalho, em formato de relato de experiência é fruto da vivência de estágio estratégico durante a Residência Multiprofissional em Saúde da Família com Ênfase na População do Campo (RMSFC), realizado entre Julho e Agosto/2021, no território indígena do povo Tuxá Campos, localizado no município de Itacuruba, sertão de Pernambuco. O território do povo Tuxá Campos vem sofrendo diversos processos de expropriação ocasionados primeiramente pelo deslocamento compulsório na década de 1980, com a instalação da Usina Hidrelétrica de Itaparica; e atualmente é palco de nova investida dos empreendimentos energéticos na região, através do projeto de instalação da Usina Nuclear, no município de Itacuruba, sertão de Pernambuco. Desta forma, baseado nas anotações do diário de campo do estágio, este trabalho reflete sobre a dinâmica do povo Tuxá Campos, a partir dos megaprojetos; e visa apresentar os principais impactos provocados pela Usina Hidrelétrica de Itaparica, bem como analisar a conjuntura atual de ameaças com a instalação de uma usina nuclear. O processo investigativo aqui estabelecido busca evidenciar os processos de expropriação e resistência do Povo Tuxá Campos. A orientação teórico-metodológica dessa pesquisa contemplou o levantamento bibliográfico tanto de obras clássicas como contemporâneas, que tratam sobre capitalismo contemporâneo, expropriações, formação regional do Nordeste, comunidades e povos tradicionais, especificamente indígenas e quilombolas, lutas socioambientais e megaprojetos, assim como análise documental, dentre os documentos que foram base de nosso estudo estão documentos oficiais referentes aos megaprojetos em Itacuruba, matérias jornalísticas sobre o tema, o “Projeto Cartografia Social – Resistimos para existir: dizemos não à usina nuclear no São Francisco” (FIALHO, 2019) e materiais produzidos pela campanha “Usina Nuclear Não”.  Estudar este território implica compreender o movimento ao longo do seu percurso histórico, observando o processo de apropriação privada à custa da subjugação dos povos e comunidades tradicionais, trabalhadores e da natureza, sempre impulsionado pelo capital privado. A exploração e expropriação sofridas, historicamente, pela população pobre da periferia do sistema capitalista tem se complexificado na contemporaneidade. Portanto, pensar sobre Itacuruba é fazer questionamentos sobre a conjuntura socioeconômica e política, repleta de existências de negações de direitos dos seus povos e comunidades tradicionais.

Resumen de la Ponencia:

Os conflitos socioambientais emergem de processos econômicos e sociais e incidem, principalmente, sobre os mais vulneráveis, considerando a abordagem da ecologia política. O depósito da maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às populações marginalizadas e aos povos tradicionais, e, a falta de equidade nas decisões e práticas de energia, desconsideram a importante relação entre a terra e a vida. Em contrapartida, tais populações, mesmo sendo ameaçadas por interesses políticos e pelo grande capital, lutam pela preservação do território em que vivem e clamam por justiça ambiental, se organizando e denunciando casos de injustiça ambiental. Assim, a disputa entre grandes projetos de desenvolvimento, como os empreendimentos eólicos, e comunidades rurais, resultantes dos impactos socioambientais derivados daqueles, materializam-se nos conflitos. Logo, este trabalho busca analisar os conflitos envolvendo empreendimentos eólicos no mundo e seus desdobramentos no território. Para tanto, realizou-se estudo de quatorze países junto ao Atlas Global de Justiça Ambiental, envolvendo conflitos com empreendimentos eólicos, à luz da ecologia política. Os resultados apontaram que os tipos de conflitos estavam mais relacionados aos aerogeradores e à aquisição de terras. O que evidencia que a propriedade da terra é um dos principais fatores causadores de conflitos no mundo envolvendo comunidades rurais no entorno de parques eólicos. Já as respostas mais comuns aos conflitos foram: o envolvimento do tribunal, fortalecimento da participação, suspensão temporária de parques, repressão e criminalização. Palavras-chave: Energia eólica; Conflitos socioambientais; Justiça ambiental. 

Resumen de la Ponencia:

La experiencia es definida de manera general como el conocimiento de vida (Real Academia Española [RAE], 2022) de una persona o varias, que se adquiere por las circunstancias o situaciones que suceden en un determinado espacio y tiempo. La experiencia vivida, se da a partir de la interacción consciente con el entorno, llámesele en medio ambiente (natural y social) y con otros seres humanos.   A partir de la interacción que se convierte en experiencia, formamos conocimientos, habilidades y significado a las cosas y la manera que entendemos el mundo.        El sufrimiento ambiental, es una experiencia; una forma de entender el mundo desde una posición de afectación de quienes lo viven. El sufrimiento ambiental conjuga tanto la experiencia de vivir en un medio ambiente contaminado, como la experiencia de una multiplicidad de factores de la interacción social; como la cultura, economía, salud y territorialidad.          El análisis bajo este enfoque nos permite entender la experiencia que se vive en las localidades vecinas de Atotonilquillo, en el Municipio de Chapala y de San Pedro Itzicán, en el Municipio de Poncitlán, ambos en el Estado de Jalisco, México.        Estas localidades han sido centro de estudios sobre salud renal, ya que niños menores de 12 años se han presentado con sintomatología de deficiencia renal y se registra una alta tasa de prevalencia de Insuficiencia Renal Crónica [IRC] (Lozano, 2021). A pesar de que se apela por la multifactorialidad de la causa de la prevalencia en Insuficiencia Renal, los estudios epidemiológicos apuestan por atender el problema desde una visión antropogénica, es decir, desde el individuo y su comportamiento con el entorno.       No obstante, han sido ya los habitantes de las localidades protagonistas en protestas sociales ante las instituciones gubernamentales encargadas de la protección del medio ambiente, del agua y de la salud, por lo que esta visión exclusivamente clínica es revisada dentro de su contexto histórico, social, económico y territorial.       Sustentado en el método cualitativo de la investigación, se hicieron uso de herramientas como la investigación documental y la etnografía. Estas herramientas fueron útiles para contrastar lo que se dice desde las instituciones tanto gubernamentales, como académicas y de los medios de comunicación, frente a la experiencia cotidiana de habitantes que viven en los entornos contaminados y padecen o tienen familiares con IRC.             Desde la categorización de las diferentes áreas que se perciben problemáticas desde la documentación etnográfica; en las localidades se pueden entender los grados de sufrimiento a los que se enfrentan los habitantes. Los niveles de sufrimiento se distribuyen entre lo social, lo clínico-corporal, lo pisco-emocional y lo ecosistémico. 

Resumen de la Ponencia:

GT14 – Medio Ambiente, Economías Solidarias y Desarrollo Sostenible Con la reforma energética de 2013 en México, se inicia una etapa en donde la explotación de los recursos para generar energía eléctrica, ya sea por medio del aprovechamiento del viento (energía eólica), por el agua (energía hidráulica), por aprovechar el calor del interior de la tierra (energía geotérmica); se da apertura desde la economía dominante, con el discurso de hacer más competitivo el sector y estar al nivel de los grandes países en términos de la generación de energía; en especial en lo que respecta a la generación de energía eléctrica por medio del aprovechamiento geotérmico. En este sentido es que se crea la Ley de energía geotérmica y se dan todas las garantías para que se pueda explotar este recurso; además, algo que cambió el panorama es la accesibilidad para que dicho aprovechamiento lo pueda hacer una entidad privada (empresa privada); cabe señalar que antes de esto, el aprovechamiento era solamente por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE).Tal es el caso que, en el municipio de San Pedro Lagunillas ubicado en el sur del estado de Nayarit, se otorga la primera concesión a una empresa privada para la exploración y explotación de los recursos geotérmicos, iniciando operaciones el Parque Domo San Pedro en 2015, generando descontento en los habitantes de la región; esto debido a que este proyecto es solo uno de los cinco que se pretenden poner en esta región. Ante esta situación se genera movilización social en contra de estos proyectos; el presente trabajo pretende dar cuenta de cómo es que se articula el movimiento socioambiental “No al proyecto Ceboruco”; teniendo como eje metodológico la fenomenología, apoyándose de herramientas cualitativas y un muestreo no probabilístico.

Resumen de la Ponencia:

A partir de su institucionalización, las universidades se han constituido como espacios claves abocados a la generación de conocimiento, tanto de carácter científico, tecnológico, artístico y cultural, los cuales circulan no sólo en ámbitos académicos, sino que también son receptados y/o coproducidos con sectores empresariales, productivos y de la sociedad en general. En las últimas décadas, y de forma cada vez más creciente, entidades gubernamentales, establecimientos de la sociedad civil, sectores de la industria y organismos multinacionales (con injerencia en el diseño de políticas de educación superior o científico-tecnológicas) han renovado su interés en las instituciones universitarias dada la contribución de sus conocimientos en los procesos de desarrollo socioeconómico de los países. Ahora, dicha interacción universidad-sociedad requiere la movilización de ciertas capacidades específicas (financiamiento, infraestructura, personal capacitado, entre otras) de las instituciones u organismos intervinientes, a la vez que demanda la concreción de una serie de acciones diversas a fin de promover y fortalecer los lazos entre uno y otro extremo.Específicamente, esta ponencia focaliza en un análisis comparativo de las capacidades institucionales de extensión y transferencia de resultados de investigaciones hacia sectores sociales y productivos establecidas en el marco de dos instituciones universitarias que integran el conjunto de Universidades Nacionales argentinas: la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). En efecto, procura avanzar en la diversidad de modalidades y la multiplicidad de escalas intra e internacionales de circulación del conocimiento motorizadas desde organismos/oficinas de dichas casas de estudios, dedicados a la extensión universitaria, la transferencia tecnológica y la comunicación pública de la ciencia.En su plano conceptual, el trabajo se sostiene desde una transición tanto técnica como teórica desde la internacionalización hacia la circulación de saberes producidos en las universidades, a partir de sus diferentes interacciones con la sociedad a escalas local, nacional, transnacional e internacional. Asimismo, para su acceso metodológico fue instrumentado el Manual de indicadores de circulación del conocimiento del “Centro de Estudios de la Circulación del Conocimiento Científico” (CECIC), recuperando entre otras fuentes de información: bases patentométricas nacionales e internacionales, documentos y normativas institucionales, bases de datos ad-hoc sobre proyectos de extensión y medios de comunicación de las instituciones universitarias en estudio.

Resumen de la Ponencia:

A 20 años de la creación de la primera universidad intercultural (UI) en México, hoy hay 11 UI en el mismo número de estados, que atienden a casi 17 mil estudiantes. El nuevo subsistema representa la principal política de educación superior y de equidad para estudiantes indígenas en el país.  Sin embargo, poco se sabe del impacto del modelo intercultural sobre sus destinatarios, que incluyen afromexicanos y miembros de otras comunidades históricamente marginadas o excluidas de la educación superior. En esta ponencia, se presenta los resultados de un estudio sobre los egresados de las dos universidades interculturales de mayor trayectoria: la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) y la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), fundadas en 2001 y 2003, respectivamente. El proyecto indaga sobre las percepciones de los egresados y sus experiencias y trayectorias en el mercado laboral, en un intento por contestar la siguiente pregunta: ¿en qué medida logran las universidades interculturales su misión de empoderar a estudiantes indígenas y en qué medida reproducen la desigualdad, al no prepararlos adecuadamente para competir en el mercado laboral? El estudio combina una metodología cuantitativa (una encuesta aplicada a más de 500 egresados de la UAIM) con técnicas cualitativas (más de 50 entrevistas semi-estructuradas con egresados y coordinadores de las 6 carreras de la UIEM). Entre hallazgos, se encontró que los egresados de las carreras “convencionales” ofrecidas por la UAIM, como Derecho, Sistemas de calidad, y Contabilidad, tienen mayores tasas de empleo y mayores ingresos que sus contrapartes que estudiaron carreras “interculturales”, como Turismo alternativo, Etnopsicología o Sociología rural. A su vez,  egresados de la UIEM, en donde todas las carreras son “interculturales”, experimentan fuertes dificultades en encontrar trabajos alineados a sus carreras y en sus lugares de origen—uno de las misiones de la universidad intercultural—. Inclusive, egresados de la carrera de Salud intercultural reportaron ser tachados de “chamanes” y “brujos”, debido al desconocimiento generalizado acerca del modelo curricular, que combina contenidos sobre medicina occidental con medicina tradicional. Finalmente, se percibieron grandes retos institucionales y fricciones epistémicas dentro del modelo intercultural, debido a la escasez de recursos (económicos y humanos), la falta de autonomía, y la poca claridad que existe en torno al modelo intercultural, tanto en México como en otros países. Tal situación tiene importantes implicaciones para los esfuerzos por “decolonializar” la universidad a través de los “diálogos de saberes” y de la apertura a distintas poblaciones de estudiantes. (Quisiera anotar que la presentación se impartiría en español, no en inglés (como señala el sistema). A su vez, no vi la opción de seleccionar a la Ciudad de México como sede, así que puse Guadalajara al azar). 

Resumen de la Ponencia:

Analisamos os programas de pós-graduação (PPGs) no Brasil com foco principal sobre “América Latina” em seus projetos, missões, agendas e atividades. Trata-se de um conjunto de PPGs que integram um campo mais amplo de produção e difusão do conhecimento e informação sobre a América Latina no país, mapeado por pesquisa em fase avançada, desde o Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília (ELA/UnB), com apoio da FAP-DF. Destacamos a continuidade da proposta em relação à apresentação anterior no GT 16 - ALAS 2019, “Universidades públicas e latino-americanismo(s) no Brasil”. Dentre as diversas iniciativas institucionais mapeadas no “campo” (Bourdieu), priorizamos os PPGs para avançar nas discussões acerca das agendas de produção e difusão do conhecimento sobre a América Latina e dos desafios políticos, acadêmicos e institucionais em processos de integração regional. Além da hipótese inicial de que a formação, a organização e o funcionamento dos campos resultam na constituição, no plural, de “latino-americanismos”, são ainda exploradas outras hipóteses, referentes à organicidade e fragmentação destes campos e aos seus potenciais na conformação de dimensões sociopolíticas, culturais e científicas de processos de regionalização e integração, por meio de diversos enfoques teóricos sobre a “América Latina”. Portanto, baseadas nos dados da pesquisa, quantitativos e qualitativos, também exploramos os campos nas perspectivas das abordagens do “sistema mundial” e da “geopolítica do conhecimento” (Wallerstein e outros). Os PPGs são caracterizados por período de criação; distribuição geográfica no país; natureza pública ou privada da instituição de ensino superior de vinculação; área e subárea do conhecimento, e principais temáticas. Os PPGs são também problematizados à luz de indicadores e variáveis referentes a: i) linhas de pesquisa, ii) outras “iniciativas institucionais” vinculadas (núcleos, laboratórios, observatórios, grupos de pesquisa, etc.) e suas respectivas agendas; iii) público-alvo; iv) membresias e parcerias; v) apoios e recursos; vi) mapeamento geográfico institucional da formação de suas coordenações e lideranças no quadro docente; vii) inventário de teses e dissertações; viii) revistas vinculadas; ix) incidência dos temas “desenvolvimento”, “democracia” e “integração regional” (priorizados pela pesquisa de referência); x) bolsas de pesquisa concedidas pelo CNPq para projetos latino-americanistas (órgão de fomento do governo brasileiro), xi) classificação CAPES (órgão fomento do governo brasileiro) dos periódicos vinculados aos PPGs. Ressaltamos a relevância dos PPGs especializados na área de Ciências Sociais e afins, bem como daqueles PPGs cujos projetos são estabelecidos nas áreas multi, inter e transdisciplinar. Sendo 2022 um ano eleitoral, os desafios anunciados são considerados tanto em cenários políticos alternativos como em cenários de perpetuação de tendências atuais no país. Por fim, visamos também contribuir para reflexões acerca das necessárias transformações sociais em âmbitos nacional e regional-internacional que favoreçam o sentido emancipatório e integrador do latino-americanismo na e a partir da produção e difusão do conhecimento no Brasil. 

Resumen de la Ponencia:

As Instituições de Ensino Superior no Brasil, cuja historicidade é bem mais recente se comparada à diversas outras latino-americanas, vem enfrentando, ao longo das duas últimas décadas, importantes e necessários desafios no que se refere à ampliação e democratização do acesso. Historicamente marcadas por uma educação voltada para as elites brasileiras, as mudanças implementadas, impusionadas pelos movimentos sociais, através de ações afirmativas, resultaram em uma mudança do perfil estudantil no Ensino Superior Público brasileiro. Esta metamorfose abriu as portas das universidades públicas para pessoas negras, indígenas, deficientes físicas, refugiadas, entre outros grupos historicamente excluídos ou invisibilizados. Como consequência, as Instituições de Ensino Superior vêm sendo obrigadas a revisitarem suas práticas pedagógicas, epistemológicas e acadêmicas. A pluridiversidade que se apresenta, de forma crescente, provoca salutares mudanças nos paradigmas de nossa sociedade, construídas ao longo da história, sobre o racismo estrutural, o patriarcado e graves abismos de classe. Desta forma, cotidianamente, as universidades públicas brasileiras, ao mesmo tempo em que se destacam por suas relevantes contribuições relacionadas a ensino, pesquisa e extensão, são atacadas por uma elite conservadora que precebe-se como tendo perdido alguns de seus antigos espaços de poder e privilégios. Entretanto, consoante com a fundamental função social da universidade, é fundamental resistir e ampliar cada vez mais o acesso e as condições de permanência para estudantes das mais diversas origens sociais e nacionalidades. Este trabalho se inicia com importantes ações de acolhimento, apoio e orientação pedagógica, para além das condições estruturais. Neste trabalho, a proposta é apresentar as ações implementadas no âmbito do Programa Institucional de Apoio Pedagógico aos Estudantes (PIAPE), da Universidade Federal de Santa Catarina, localizada na região Sul do Brasil e que colaboram para esta democratização do ensino superior público brasileiro. 

Resumen de la Ponencia:

O contexto político efevervescente das lutas antirracistas no Brasil e no mundo, principalmente a partir da segunda década do seculo 21, trouxe novos desafios ao ensino de Ciências Sociais nas universidades. A implementação das políticas de ação afirmativa que se tornou obrigatória por lei nas universidades públicas federais a partir de 2012 no País, quadruplicou o número de estudantes negros, tornando-os agora 50% do total de docentes. A branquitude da grande maioria dos professores universitários nesse novo contexto não poderia mais ser “invisível”. A abordagem crítica da branquitude pelos estudantes negros/as estimulou rupturas radicais na dinâmica racial tradicional. Os/as professores estão sendo pressionados/as a repensar não apenas suas posições de poder, mas também os efeitos de seus próprios corpos brancos no ambiente acadêmico e a enfrentar as acusações de seus/as alunos/as negros/as, de que praticam “epistemicídio” e organizam seus programas com base exclusivamente em epistemologias eurocêntricas e norte-americanas. A introdução da categoria branquitude no debate racial dentro da Universidade é analisada neste trabalho como uma questão totalizante para os sujeitos envolvidos. Trazendo o foco para o corpo, o debate sobre branquitude provoca um questionamento radical do cerne da identidade de professores e alunos/as: agora são as práticas, a epistemologia e a cumplicidade de professores brancos com o racismo sistêmico que é o alvo. A pesquisa é baseada em entrevistas e observações participantes feitas pela autora entre 2019 a 2021, durante uma série de situações de conflito em torno das relações raciais no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, nordeste do Brasil. A autora realizou entrevistas semi-estruturadas com 12 estudantes de pós-graduação e graduação da UFC envolvidos nesses conflitos, e com três professores,  dois da UFC, e um da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, buscando compreender os seus entendimentos do que está em jogo nos atuais debates sobre a branquitude dos discentes, da própria universidade e seus efeitos epistemológicos. 

Resumen de la Ponencia:

Colombia inicia su estampa de postacuerdos después de mas de 60 años de conflicto armado interno, por lo cual es de gran pertinencia respaldar dicho proceso desde la academia desde la comprensión del fenómeno con la perspectiva que dan los elementos fúndanles del cambio social dentro de las instituciones de educación superior. Las políticas institucionales, las cátedras de paz, pero sobretodo las acciones de las organizaciones de base permiten el fomento del desarrollo sostenible y la construcción de culturas de paz desde la educación. Específicamente uno de los hitos importantes de los acuerdos de paz que permitan a las universidades y a la sociedad misma es la perspectiva de género y diversidades, que además de ser uno de los pilares de la cultura de paz, su trangresión en diversos ámbitos también permea a las universidades. La presente ponencia da cuenta de los diversos elementos que se tienen en cuenta dentro de una Institución de Educación Superior de Colombia para la construcción de culturas de paz desde la educación, analizando potencialidades de la institución para la consolidación de una cultura de género en la comunidad universitaria. El acercamiento a la comunidad universitaria la permite a sus miembros cuestionarse sobre su ciudadanía en los espacios educativos, por tanto las dificultades en las regulaciones e incapacidades de los mecanismos regulares para tomar decisiones, pueden afectar las dinámicas universitarias, por tanto el análisis se centra en la implementación de estrategias pedagógicas más sustantivas para combatir la violencia basada en género (VBG) tanto a mujeres como en la comunidad LGBT. Por tanto, se realiza un acercamiento al tratamiento de las VBG en ámbitos universitarios, poniéndo especial enfasis en el contacto de las diversidades para combatir la exclusión y la violencia en el marco de lo que el país entero entiende como paz, desde su espectro amplio, esto ultimo a partir de las reflexiones en contextos culturales particulares dentro de Nariño (Colombia), que presenta características diversas, sin embargo retomando el mismo objeto o lugar social de análisis: las universidades.Finalmente se realiza un recorrido por los recursos universitarios, algunas fortalezas observadas y las oportunidades de mejora. Este documento surge como parte de la investigación “Construcción de paz desde las bases en la Universidad Mariana”, consolidando un estado del arte sobre la perspectiva de género en la institución como línea de base dentro de los estudios de Paz, desde el paradigma cualitativo de investigación, el enfoque critico social y desde los propósitos metodológicos de la investigación acción para la emancipación institucional frente a las diversas formas de gestión de conflictos, respeto y garantías de los derechos humanos y la organización de grupos de base para el mejoramiento de la convivencia universitaria. 

Resumen de la Ponencia:

Desde un punto de vista teórico, este estudio contribuye al debate sobre las inequidades presentes en las instituciones académicas, como lo son, entre otras, las brechas, desigualdades y discriminaciones de género en la producción científica, la segregación vertical de la carrera académica, la distribución de poder y las diferencias en el acceso a recursos materiales y simbólicos entre hombres y mujeres en el contexto universitario.En este sentido, la literatura ha demostrado que las universidades no están exentas de relaciones de dominación y de modelos sociales hegemónicos (Buquet, Cooper y Rodríguez, 2010). De este modo, se sostiene que las universidades están masculinizadas, lo que significa que en ellas impera una lógica patriarcal que permea sus funciones, organizaciones y rutinas (Ríos, Mandiola y Varas, 2017; Buquet, Cooper, Mingo y Moreno, 2013). Las universidades, utilizando el concepto de Pearse y Connell (2009), poseen su propio “régimen de género”, pues en ellas se expresan diferencias entre hombres y mujeres en lo que respecta a remuneraciones, reconocimientos, productividad científica, toma de decisiones importantes o acceso a recursos, por nombrar algunas de ellas. Asimismo, también hay presentes formas de violencia hacia las mujeres, disidencias sexuales y minorías.Palomar (2011) sintetiza esto en la presentación del diagnóstico de género de la Universidad de Guadalajara, al señalar que el punto de partida para el sondeo preliminar fue la afirmación de que la discriminación de género se produce tanto de manera individual como colectiva, deliberada e inconsciente, en la medida en que está entramada con las costumbres y las tradiciones institucionales.De esta manera, la situación de la Universidad de La Frontera, al igual que el resto de las universidades chilenas, no está ajena a la tendencia internacional. En efecto, el Mapa de la Equidad de Género del Ministerio de Educación (2018) confirma un conjunto de desigualdades, entre las que destacan: el ingreso a carreras influido por la división sexual del trabajo; la subrepresentación de mujeres en instancias de toma de decisión universitaria y las dificultades que éstas tienen para el desarrollo de sus carreras académicas, entre otras.Por lo anterior, el presente estudio se justifica tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Se busca describir la situación de género en la Universidad de La Frontera y establecer las brechas, desigualdades y discriminaciones en las siguientes dimensiones iniciales para una Política de Equidad de Género: gestión institucional; prácticas culturales y organizacionales; acceso y permanencia; y formas de discriminación y violencia. Formulamos, entonces, la siguiente pregunta de investigación:¿Cómo se configuran, a nivel triestamental, la situación y relaciones de género presentes en la Universidad de La Frontera, así como las brechas, discriminaciones y desigualdades entre mujeres y hombres en los ámbitos laboral, académico y relacional?   

Resumen de la Ponencia:

Sob o enfoque crítico-dialético e interdisciplinar a pesquisa questionou: no ambiente educacional como pode se dar o enfrentamento e a prevenção das violências de gênero, considerando suas dimensões sociais, culturais, políticas e históricas, de modo que vítimas e agressores sejam vistos como parte da solução? Delimitou como objetivo, caracterizar ações de assistência estudantil para enfrentamento à violência de gênero nos espaços de universidades, brasileiras e latino-americanas, garantindo a permanência estudantil e inclusão social. Em busca de universidades que já avançaram para o processo de desenvolver ações de enfrentamento da violência nas universidades do Brasil e no restante da América Latina, dentre todas, foram encontrados 5 protocolos para enfrentamento das violências, os quais durante o atendimento consideram tanto a vítima de violência quanto ao agressor. Em termos gerais, são duas universidades colombianas, cujos protocolos são dos anos de 2017 e 2020; duas universidades mexicanas, cujos protocolos são de 2019 e 2021; e uma universidade chilena, cujo protocolo é do ano de 2019.Abordagem de gênero aparece como princípio no Protocolo da Universidade Sulcolombiana com o objetivo de ampliar a perspectiva das mulheres, diversidades sexuais e a real possibilidade de construção de masculinidades não hegemônicas que permitem o respeito de todas as pessoas. Reconhecer e realizar uma revisão crítica dos mecanismos de reprodução de desigualdades materiais e simbólicas baseadas na hierarquização dos gêneros, priorizando o masculino como categoria privilegiada sobre o feminino, bem como a identificação dos mecanismos de discriminação que resultam da imposição de uma heterossexualidade compulsória. (Resolução 248 de 14 de outubro 2020, p.19).A partir de uma análise comparativa sobre os princípios orientadores dos protocolos nas universidades estudadas é possível constatar que os mesmos se encontram relacionados diretamente aos valores das sociedades democráticas, como por exemplo: dignidade da pessoa humana, proteção e devido processo legal, confidencialidade, supremacia das Constituições, imparcialidade, igualdade de oportunidades, não discriminação e preconceito, acessibilidade. Entretanto, sobre o atendimento/atenção diretamente relacionados aos casos de violência destacamos os princípios de atenção integral, abordagem transformadora, abordagem diferenciada, interseccionalidade e coordenação. Diante deste contexto e problemática, defende-se que sair do processo de negação da existência da violência na comunidade acadêmica é condição primária para diagnosticar e elaborar estratégias que garantam o respeito ao princípio da dignidade humana e o combate às violências em suas diferenças formas de expressão: assédio moral e sexual, agressão física, verbal, incitação ao estupro ou mesmo o estupro, assassinato, intolerância, preconceito, discriminação, constrangimento, negação de direitos, entre outras.

Resumen de la Ponencia:

No Brasil, a Lei Federal nº 12.711 de 2012 - conhecida como Lei de Cotas - propiciou a ampliação no acesso ao ensino superior e a mudança no perfil socioeconômico e étnico-racial do corpo discente das universidades públicas. Em paralelo, a Portaria Normativa nº 13 de 2016 do Ministério da Educação incentivou a adoção de cotas na pós-graduação para os mesmos grupos étnico-raciais contemplados pela normativa da graduação (negros, indígenas e pessoas com deficiência), porém, sem estabelecer um modelo obrigatório. Isso favoreceu a inclusão de outras identidades como público alvo e o estabelecimento de cotas para estudantes transexuais e travestis. Todavia, conforme aponta Venturini (2019): na graduação, os cotistes atendem aos requisitos de hipossuficiência econômica e pertencem aos grupos identitários delimitados pela lei; enquanto na pós-graduação há uma predominância de alunes dentro do recorte étnico-racial e baixa proporção de estudantes trans. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar os entraves para o acesso e a permanência da população trans na universidade, além de discutir os limites das políticas de ações afirmativas para o tensionamento da cisheteronormatividade na composição do corpo acadêmico frente à transgeneridade. Assim, questionamos se as políticas de ações afirmativas vigentes fomentam o reconhecimento de corporalidades e saberes trans nas universidades públicas - espaço de inclusão, diversidade e pluralidade. Para tanto, apresentamos um quadro de múltiplas violências e opressões imposto às pessoas transexuais e travestis, cujo resultado materializa-se na invisibilidade nos espaços do saber. Por conseguinte, o trabalho apoia-se nas análises das políticas de ações afirmativas no Brasil e nas contribuições do pensamento decolonial na defesa pela democratização e descolonização da universidade pública na América Latina. O debate adentra os estudos sobre a teoria queer - a partir de Butler (2004; 2012) e Mizskolci (2007; 2009), em diálogo com as epistemes de acadêmicas trans, tais como Andrade (2012; 2019) e Jesus (2014; 2015) na luta pelo direito à educação e pela legitimação das corporalidades e saberes trans no meio acadêmico. Ademais, serão entrevistados os representantes da diretoria acadêmica e dos coletivos discentes que pautam a diversidade de gênero na Universidade de Brasília (UnB), com o objetivo de coletar as visões acerca dos entraves das políticas de ações afirmativas para transexuais e travestis na UnB. Apesar de ser uma pesquisa em andamento, conclusões preliminares apontam que as políticas de ações afirmativas para estudantes transexuais e travestis ainda são incipientes tanto na graduação quanto na pós-graduação. Denota-se ainda que a cultura institucional das universidades públicas brasileiras, ressalvados casos específicos e diferenças evidentes, ainda resiste à implementação de cotas para transexuais e travestis nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. O debate proposto é urgente e necessário neste ano de 2022, em que ocorre a revisão da política de cotas.

Resumen de la Ponencia:

 Título: Acciones afirmativas de las universidades latinoamericanas que conforman la GEN-RED en la lucha contra el acoso sexual.GRUPO: GT16 Tema: Cómo la educación superior responde al problema del acoso sexual: “Protocolos y Reglamentos contra el acoso sexual en las universidades de la Red latinoamericana de Investigación y Transferencia de Estudios y Prácticas Sociales de Género (GENRED) Propuesta metodológica y teórica: La Red latinoamericana de Investigación y Transferencia de Estudios y Prácticas Sociales de Género (GENRED), surge en el marco del proyecto: “La Universidad como sujeto  transformador de la realidad social en materia de igualdad de género”. Financiado por la Agencia Andaluz de Cooperación al Desarrollo y liderado por la Unidad de Igualdad de la Universidad de Cádiz y el Instituto de la Mujer de la Universidad San Carlos de Guatemala, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre las 12 universidades que hasta ahora se adhieren a dicha red.Como parte de ese proyecto en el año 2021 se realiza un estudio para conocer cómo las universidades luchan contra el acoso sexual, con el nombre “Protocolos y Reglamentos contra el acoso sexual en las universidades de la GEN-RED”. En esta investigación participan las universidades: UNAM de México, Universidad de El Salvador, UNAH de Honduras, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, UCR de Costa Rica, UDELAS de Panamá, Universidad Nacional Autónoma de Santo Domingo, Universidad de Cádiz (UCA( y Universidad Pablo Olavide de Sevilla. PROPUESTA METODOLOGÍCA:Objetivo del estudio Analizar de los Protocolos y/o Reglamentos para la prevención, detección atención, sanción y erradicación del acoso sexual y sexista en las universidades integrante de la Genred. Para la recolección de la información se diseñaron los instrumentos para conocer en qué consistía cada uno de los protocolos o reglamentos, identificar los  procedimientos que cada universidad realiza para atender las denuncias de acoso sexual, identificar las medidas de asistencia o tratamiento para las víctimas y de qué tipo son estas (jurídico, psicológico, Integral), y la forma en como la normativa contempla el acoso sexual, el rol del gobierno universitario,  las acciones preventivas, los principios que inspiran el desarrollo del procedimiento, las sanciones,  tipo de registros de los casos y las medidas adoptadas, o número de víctimas que han recibido tratamiento o asistencia, identificando las fortalezas, los desafíos y las lecciones aprendidas; también en los casos en los que no existen protocolos, se analizan cómo se procede ante el acoso sexual y qué acciones se han llevado a cabo. Dicho instrumento fue enviado por medio electrónico a las representantes de las diez universidades participantes en la GENRED, se brindó un tiempo pertinente para que lo respondieran y lo enviaran a la persona enlace de UDELAS. 

Resumen de la Ponencia:

As relações étnico-raciais brasileiras são de extrema complexidade e levantam uma série de questões que afetam de modo direto e indireto o cotidiano da população negra. O “Mito da Democracia Racial”, que consistia na ideia de que as três raças – branca, negra e indígena – viviam pacificamente e em condições igualitárias no Brasil, foi construído e consolidado através dos múltiplos setores da sociedade: escolas, universidades, administração pública e a própria comunidade. Como coloca Munanga (2020) a exclusão social é um elo que une a população negra independente de sua classe social, desta feita, não seria simplificar o problema dizer que a situação a situação do negro no Brasil vai muito além da questão econômica, ao separar a análise de raça, classe e gênero, comete-se um erro metodológico que dificulta análise e “os condena ao beco sem saída de uma explicação puramente economicista”A discriminação racial e de gênero agem na vida de mulheres negras diminuindo suas perspectivas de vida, e esperanças de futuro, desta feita, é comum na realidade brasileira ver mulheres negras sofrendo uma série de desvantagens socioeconômicas que irão fazer com que a expectativa de vida desse grupo seja menor do que a população branca, por exemplo. Os “Relatórios de desigualdades raciais no Brasil" reúne uma série de dados que mostram a desvantagem de pessoas negras frente a pessoas brancas em vários seguimentos sociais, mas para além disso, mostram o descompasso existente entre os dados de homens negros e mulheres negras.Os estudos quantitativos sobre as relações étnico-raciais ainda se apresentam de modo tímido na realidade brasileira, algumas pesquisadoras já conseguiram mapear o ingresso de professoras negras em universidades públicas a partir de concurso público como é o caso de: Queiroz (2006) e, Silva (2010). Outro dado trabalho importante a ser levantado aqui é o de Pinto (2007) que investigou a jornada acadêmica de mulheres negras na Universidade Federal do Fluminense entre 2004 e 2006 apontando fatores relativos a gênero e raça no acesso ao mestrado.Entende-se que por mulheres negras, ainda, serem minoria em espaços acadêmicos pesquisas realizadas sobre esse grupo, de forma quantitativa, continuam sendo poucas. Entendemos que estudar a Interseccionalidade de raça-gênero-classe é importante pois verificamos os impactos destas variantes na caracterização social dos processos de exclusão de mulheres negras. O que este trabalho se propõe a fazer é: pensar o acesso de mulheres negras - pretas e pardas -, em cursos considerados de prestígios na Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, nos anos de 2018 e 2019, a partir dos dados obtidos no INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio, Teixeira), a partir dos microdados do Censo da Educação Superior.  

Resumen de la Ponencia:

A apresentação trata da violenta realidade das universidades brasileiras às indígenas mulheres diante de três momentos de suas trajetórias: (i) a difícil saída da comunidade ao ensino superior e pós-graduado; (ii) a vivência no mundo acadêmico marcada por discriminações, racismo, machismo, assédio e desamparo institucional, também, e especialmente, pelo epistemicídio; e, (iii) a luta pela permanência na universidade até o fim de seus cursos. O tema é dimensionado a partir de questionário online semiaberto e de um conjunto de registros autobiográficos e problematizações teórico-conceituais escritos em livros e trabalhos acadêmicos pelas próprias indígenas, que levam à reflexão sobre o mecanismo da foraclusão que sofrem no ambiente universitário. Em resistência ao apagamento histórico a que foram submetidas, estão se mobilizando e se colocando como protagonistas na produção de conhecimento e na luta por direitos e políticas públicas. Apontam, portanto, para uma transformação profunda nas estruturas da ciência, bem como nas estruturas físicas, operacionais e da dinâmica ética das sociabilidades competitivas e individualistas aí existentes.

Resumen de la Ponencia:

El ejercicio de la ciudadanía en América Latina se ha ido construyendo en base a luchas y reivindicaciones; sin embargo, respecto a la ciudadanía social que tiene que ver con el bienestar en general y con la sexualidad en particular, es todavía un derecho por construir. Las familias, las instituciones educativas y la sociedad civil hacen poco para cultivarla. A nivel de la educación superior, la ciudadanía en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos es todavía un tema pendiente pues es tratado desde el enfoque de la salud y la prevención y no como la posibilidad de construir una ciudadanía sexual, (Rosales, A. p.70/2009). Desde un enfoque de género, tampoco se hace mucho en las instituciones universitarias, Padilla lo resume de la siguiente manera: “… aún se asume poco a los hombres como personas también con derecho a decidir sobre su procreación y sobre el ejercicio de su sexualidad y a recibir servicios que satisfagan sus necesidades en esos campos” (Padilla, M. p. 210/2006).Respecto a los Derechos Humanos, estos están reconocidos desde hace más de un siglo; los Derechos Sexuales y Reproductivos, que también son derechos humanos, por pertenecer al ámbito más privado, son todavía temas pendientes, aunque sean de interés público (Ramce, 2001); sobre todo los Derechos Sexuales que tienen un descompás con los Derechos Reproductivos, de acuerdo al estudio de Mattar, L. (2004). Desde América Latina, las instituciones educativas hacen muy poco para promoverlas y se enfocan más en la etapa de la adolescencia, dando énfasis a la salud reproductiva, para evitar embarazos no deseados y mirando de reojo a la salud sexual. En instituciones de educación superior el tema es poco tratado, en muchas carreras totalmente ignorado, excepto en las carreras de salud, dentro del contenido curricular y como otro objeto de estudio más en asignaturas de la especilidad. Sin embargo, muchas investigaciones demuestran que los universitarios, cuya vida sexual es activa, no son merecedores de recibir, como parte de una educación integral, una educación sexual como derecho humano y como medio para construir ciudadanía sexual. Visto así, esta investigación es importante porque el tema de la sexualidad todavía no es aceptado como un derecho fundamental e ignorado por muchso jóvenes, inclusive de su existencia.  Por ello se presenta una investigación que explora cuáles son las competencias ciudadanas en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes universitarios y se propone el uso de un material educativo que permite construir una ciudadanía sexual en los espacios de la vida universitaria, espacios en donde se vive la sexualidad con intesidad, pero que no se toca ni habla del tema, con facilidad.

Resumen de la Ponencia:

El objetivo de la presente ponencia es, a partir de los resultados de un diagnóstico realizado en abril del 2021 acerca del impacto de la pandemia en los/las estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), sumado a una larga experiencia docente en universidades públicas y privadas, reflexionaremos acerca de los desafíos para una educación pública integral con enfoque de género en democracia.  Lograr una educación integral con enfoque de género en democracia, implica la convergencia de múltiples perspectivas y correlación de fuerzas donde se conjuguen los procesos administrativos de acreditación, el modelo educativo hegemónico por “competencias”, desarrollo de una capacidad crítico-reflexiva y – en este caso particular que estamos examinando- la creciente demanda de los/las estudiantes por responder a las exigencias del mercado laboral que incluya, en términos generales, manejo de programas y herramientas de uso tecnológico para apoyar análisis, organización e interpretación de información estadística y construcción de teoría, a lo que se suma su preocupación por desarrollar “habilidades blandas” (dixit) que los haga más competentes frente a postulantes de otras universidades tanto públicas como privadas.  La salud mental y desarrollo emocional con enfoque de género tendría que operar en niveles de confianza básica (Giddens, 1991), revertir patrones culturales patriarcales y concentración de poder que refuerzan – consciente o inconscientemente- estigmas y hábitos que se reproducen en el salón de clase en la interacción social y hacen que los grupos que lideran las cursos sean usualmente varones, los que suelen intervenir con mayor frecuencia en la sesión de clase, desde una postura que expresa mayor libertad para la crítica y la broma.   La virtualidad parece que llegó para quedarse. Durante la pandemia no fue posible “secuestrar” y seguir manteniendo entre paréntesis esos aspectos de la vida que usualmente se suspenden del diario convivir  como lo es aceptar la fragilidad humana, muerte y enfermedad en su expresión más descarnada, aspectos de la vida que perturban y nos sumergen en la angustia y ansiedad. Aún no vemos con claridad  las consecuencias del encierro, la sobre carga de trabajo o la falta del mismo, los duelos inconclusos, las familias desintegradas por las múltiples pérdidas, culpa y mutuas desavenencias y acusaciones sobre qué se supone que deberíamos haber hecho para evitar la pérdida de seres queridos. Cómo continuar hacia delante esa es la gran pregunta garantizando una educación de calidad.     

Introducción:

El presente texto tiene como objetivo reflexionar acerca de los desafíos para una educación pública integral con enfoque de género en democracia, a partir de los resultados de una encuesta- diagnóstico realizada en abril del 2021 sobre el impacto de la pandemia,[1] en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de una universidad pública peruana. A esto se suman las jornadas curriculares del 2022 donde se dieron a conocer las expectativas de los alumnos referidas a la malla curricular y los procesos de enseñanza-aprendizaje.

 

El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronunció acerca del SARS-CoV-2 declarándolo como pandemia. El Perú fue el primer país de América Latina en decretar el distanciamiento social obligatorio el 15 de marzo mediante DS 044-2020-PCM. El sistema educativo mundial se puso en jaque. [2] De acuerdo al Ministerio de Educación (17 de mayo 2022) en el 2021, un total de 124,533 estudiantes en Perú interrumpieron sus estudios a nivel nacional lo que representó un 1.5% del total de alumnos tomando como base el año 2020. [3] La mayor parte de estudiantes que interrumpieron sus estudios proceden de la educación pública (62,5%) frente al 37.5% que corresponde al sector privado de la educación. 

 

Frente a este panorama, tanto escuelas como universidades implementaron la modalidad virtual de enseñanza a través de diversos formatos y plataformas con el fin de no exponer a los estudiantes frente al contagio y garantizar en la medida de los posible la continuidad en los estudios. [4] Profesores y estudiantes confrontamos una inesperada y compleja situación a la cual no estábamos preparados.[5] Las largas e incomprensibles ausencias y repentino abandono de los cursos por parte de los alumnos, sumado a una comunicación cruzada y malos entendidos a varios niveles daba cuenta de lo urgente que era conocer más de cerca las dificultades y condiciones en las que los estudiantes (y también docentes) habían estado llevando a cabo la virtualidad y enfrentando la crisis de la pandemia Covid-19 que mostró de manera descarnada el hecho de ser un país fracturado. Más que nunca resulta indispensable pensar en los retos que implican cimentar una educación superior pública integral con enfoque de género en democracia. 

 

América Latina es una de las regiones más inequitativas a nivel mundial como lo demuestran las desigualdades y asimetrías de poder, la pésima distribución del ingreso y sobre todo también la disparidad de género que muestran las cifras. Atrás han quedado los gobiernos autoritarios y estamos viviendo, al mismo tiempo, el periodo más prolongado de democracia cuya principal tarea es “redistribuir el poder para garantizar a los individuos el ejercicio de sus derechos” (PNUD, 2010, p. 29). 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 2021: 1) señala la necesidad de contar con políticas públicas que alivien los impactos a nivel económico y social ocasionados por la pandemia Covid-19 a nivel de la disparidad de género y la autonomía de las mujeres a consecuencia de la exacerbación de:

 

las desigualdades socioeconómicas y la pobreza (brechas digitales, acceso a servicios financieros etc.), la división sexual del trabajo (incremento de la demanda de cuidados en los hogares, por ejemplo), los patrones culturales patriarcales (que implican mayor exposición de las mujeres con los agresores durante las medidas de encierro) y la concentración de poder 

 

No basta una inyección de dinero para contribuir a la promoción de autonomía en las mujeres. La justicia de género tendría que contemplar normas y patrones culturales que reviertan los estigmas y estatus inferior asignado a mujeres en la interacción social (Benavente y Valdés, 2014, p. 17) lo que atañe a la educación superior a varios niveles: contar con un marco legal pertinente avalado por el sistema educativo y velar dentro de cada Facultad, escuelas y sesiones de clase que se implemente y cumpla. 

 

 

[1] El Coronavirus Resource Center de la Univeridad de Johns Hopkins señala que desde marzo 2020 hasta la fecha (14 de enero 2023, https://coronavirus.jhu.edu/map.html) se han producido a nivel mundial 6.724.046 muertes y en Perú 218.530.  El SARS-CoV-2, que causa la enfermedad respiratoria Covid-19, ha sido para el PNUD (2020) un síntoma del antropoceno, concepto sugerido por primera vez en el año 2000 por los científicos Crutzen y Stoermer, presentado luego en la revista Nature en 2002. Habríamos ingresado a una etapa en la cual la humanidad se equipara a una fuerza geológica, que con mucha audacia ha sido capaz de transformar el paisaje en todas sus dimensiones y movilizar recursos en una envergadura nunca antes vista comparable con la fuerza de caudalosos rios y erupción de los volcanes (Latour, 2017, p. 137). Como hipótesis del antropoceno, Latour (2017) propone la figura caótica, voluble y mítica de Gaia, siguiendo a Lovelock y Margulis. Bajo esta perspectiva, SARS-coV-2 posee agencia y un gran potencial de actuación que ha logrado postrar y manipular al mundo entero. Gaia es un “lindo revoltijo” en comparación con la idea de la naturaleza concebida como un todo ordenado y estable con un operador externo que sería Dios. Gaia sería resultado de “todas las consecuencias entremezcladas e imprevisibles de las posibilidades de actuar” de la cual formamos parte (Latour, 2017, pp. 119, 164). 

 

 

 

[2] A nivel mundial más de 1200 millones de todos los niveles de enseñanza habían dejado de tener clases presenciales de los cuales mas de 160 millones provenían de América Latina y el Caribe (CEPAL-UNESCO 2020).

[3] En la capital, Lima Metropolitana y el Callao fueron las zonas más afectadas junto con las regiones de Cajamarca, Junín, Ancash, Lambayeque, Loreto y Piura. 

[4] A nivel preescolar, primaria y secundaria se implementó una nueva estrategia de educación: Aprendo en Casa. Con el apoyo de empresas nacionales de radio y televisión y telecomunicaciones, esta medida combinó medios digitales, televisión y radio con el fin de tener mayor cobertura, incluyendo la difusión de diez lenguas originarias y lenguaje de señas para sordomudos. Dado que la brecha digital en países como los nuestros es abismal, teniendo en cuenta que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) solamente el 39% de los hogares peruanos cuentan con acceso a internet en áreas urbanas y un 5% en las áreas rurales, esta medida no fue suficiente (INEI citado en UNESCO 16.4.2020 https://es.unesco.org/news/sistema-educativo-peruano-buscando-calidad-y-equidad-durante-tiempos-covid-19 ),

[5] En mi caso había estado trabajando en una universidad-empresa y sabía lo que representaba las ventajas y desventajas de la virtualidad desde 2016.

Desarrollo:

2. La encuesta

2.1 Procedimiento metodológico

El proceso de indagación empezó con el registro de un diario reflexivo acerca del impacto y vivencia personales de la pandemia llevado a cabo durante el Taller de Investigación Sociológica II, modalidad virtual (Escuela de Sociología de Facultad de Ciencias Sociales la UNMSM), entre octubre 2020 y marzo del 2021. 

 

De un total de 24 estudiantes (18 de sexo femenino y 6 de sexo masculino), se interesaron seis de manera voluntaria para continuar con el propósito mencionado, quedando finalmente en octubre del 2020 un grupo conformado por cinco alumnas de las siguientes edades: 20, 22 (dos casos), 24 y 28 años. [1] El consentimiento informado fue oral y no se redujo a un momento específico. En todo momento buscamos proteger la elección autónoma y el derecho a decidir participar o no en este ejercicio, procurando que se convierta en un proceso de constante intercambio de información y pareceres entre la docente y estudiantes tal como lo prescribe Santi (2016, p. 144). La forma de comunicación a nivel individual y grupal se produjo vía correo electrónico, google-meet y WhatsApp. Los textos fueron sujetos a revisión conjunta, estimulando reflexiones y una constante retroalimentación.

 

Este cometido fue revelando una multiplicidad de situaciones que ameritaban seguir indagando en forma representativa por lo que propusimos al Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales de UNMSM, realizar un diagnóstico general de los estudiantes de la Facultad de CCSS con el objetivo de realizar un diagnóstico de su situación en pandemia, para lo cual elaboramos y aplicamos una encuesta (de ahora en adelante Diagnóstico 2021) vía el sistema de matrícula virtual entre el 22 y 30 de abril 2021. 

 

Los temas tratados se distribuyeron en 49 preguntas cerradas y 3 abiertas. Ensayamos una prueba piloto con tres estudiantes egresados de los últimos años. La duración del Diagnóstico 2021 fue aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Los temas a tratar fueron los siguientes:

 

Información socio-demográficaEconomía de los cuidados, trabajo y asistencia a clasesGestión y virtualidad de los cursosBienestar y salud

 

La encuesta fue respondida de manera voluntaria por 581 de 1475 estudiantes de las seis escuelas de la Facultad que se matricularon en el 2021-1, [2]de las distintas bases 2014 a 2018, siendo las bases [3] que aglutinaron el mayor número de respuestas fueron 2018 (140) y 2016 (123) (307 de sexo femenino, 269 de sexo masculino). La encuesta ayudó a precisar mejor el perfil de los estudiantes y ampliar el panorama de temáticas complementarias que habría que seguir desarrollando. [4]

 

 

2.2 Resultados más relevantes del Diagnóstico 2021

 

Datos socio-demográficos

La encuesta fue respondida por estudiantes de pregrado entre 20 y 22 años, la gran mayoría nacidos en la ciudad de Lima.

 

23% (134) declaran vivir solo con la madre y hermanos. Los resultados arrojan que para un porcentaje importante de estudiantes, el padre es una figura ausente en la rutina diaria de la familia. [5]

 

Las familias están compuestas de varios miembros tanto provenientes de la familia nuclear como extendida. A la pregunta de cuántos residen en tu domicilio, 9% (52) declara que dos personas, 15% (88) tres personas, 25% (146) cuatro, 17% (101) cinco, 10% (57) seis, 5% (30) siete, 5% (31) más de diez personas. 

 

Economía de los cuidados, trabajo y asistencia a clases

 

Un porcentaje importante de alumnos señala que apoya las labores domésticas como barrer, cocinar, ir al mercado y comprar viveres, indistintamente del sexo. Un tercio de los estudiantes señala haberse encargado del cuidado de algún familiar. Habría que seguir indagando en qué medida existe, sea por la socialización recibida en casa, sumada a quizá una historia familiar de migración y participación activa en las decisiones vecinales, cimentada además por un ethos crítico-reflexivo que por tradición siempre ha caracterizado a UNMSM, la división del trabajo doméstico aparece particulamente como más equitativa en los hogares. ¿Hasta qué punto en estos temas operó la deseabilidad social y la respuesta políticamente correcta? 

 

Para un 17% (99) la situación económica de los estudiantes se agravó de manera dramática en 2020, mientras que para un 32% (187) empeoró en forma “manejable”. 

 

Aproximadamente alrededor de un tercio de los estudiantes (34%, es decir 198 casos de la muestra) estaba trabajando de manera remunerada cuando fue aplicada la encuesta, de los cuales, la mayoría (140) se desempeñaba en labores relacionadas con la formación profesional. Esto significó dificultades en participar de las sesiones de clase en forma regular o de manera incómoda cuando se vieron obligados a conectarse desde sus centros de trabajo.

 

61% de los que trabajaban se vieron obligados a desplazarse fuera de sus hogares para cumplir jornadas presenciales durante la pandemia (61% que corresponde a 122 casos) lo cual representó un mayor riesgo de contagio. De otro lado, 48% (280 casos) señala haber estado buscando activamente trabajo en el momento de la encuesta (fines de abril 2021). 

 

Gestión y virtualidad de los cursos

 

16% (91) estudiantes abandonaron los cursos fundamentalmente por verse abrumados de obligaciones laborales así como tareas domésticas y de cuidados, haberse contagiado de Covid-19 y no poder compatibilizar con los horarios de la universidad. 

 

43% declaró no tener a disposición una mesa de trabajo y lugar de estudio donde poder cumplir con las obligaciones acdémicas. 

 

41% (238) afirman que el principal dispositivo para conectarse a los cursos en la modalidad virtual ha sido una lap top, mientras que un 32% (185) afirma ha sido a través de un teléfono celular. 19% (108) dispone de una PC. Los demás se conectan a través de una tablet. Conversaciones informales con los estudiantes durante las sesiones virtuales y asesorías individuales indican que además tienen que compartir su dispositivo con otros miembros de la familia como, por ejemplo, hermanos menores en edad escolares.

 

El tiempo promedio que han estado utilizando algún dispositivo para poder estudiar fue de cinco horas para el 15% (86) de los encuestados,  mientras que un 16% (95) invirtió seis horas y 42% (245) ocho horas al día en promedio lo cual indica un tiempo considerable de estar sentado frente a una pantalla.

 

Aproximadamente, 63% (365) de los estudiantes cuentan con un dormitorio propio frente a 37% (216) que tienen que compartir su espacio de descanso con algún otro familiar, lo que podría estar revelando falta de privacidad y tranquilidad para estudiar.

 

Estar encerrados, sin poder acceder a las facilidades que brinda la universidad (biblioteca, comedor y lugares de estudio), la virtualidad también ha significado agotamiento físico, dado que las condiciones de estudio no han sido las más adecuadas. 

 

Bienestar y salud

Casi la mitad de estudiantes se contagió de Covid-19, al igual que sus familiares. Un tercio afirma haber perdido algún familiar, mientras que cerca de 60% declara haber sufrido la muerte de amistades y conocidos. 

 

43% de estudiantes afirma dormir entre cinco (59) y seis horas (188) al día. Entre los extremos, tenemos que 55% duerme entre siete (171) y ocho horas al día (146) y 3% (18) apenas cuatro horas al día.

 

52% (300) estudiantes indican que cuentan con un solo baño en su vivienda. 35% (202) tienen a disposición dos baños, 13% (79) poseen en sus viviendas más de dos baños lo cual podría estar indicando la variedad de situaciones entre los estudiantes. Si este dato se cruza con el anterior de número de personas viviendo juntas y encerradas (en promedio de tres a cuatro), podría dar a entender un factor adicional de dificultad en la convivencia diaria.¿Se puede hablar de democracia sin la inclusión de las mujeres? 

 

En suma, al cansancio derivado de estar varias horas sentado frente a una pantalla (peor si esta es de tamaño mínimo como la del teléfono celular), se suman las dificultades de un deterioro económico, la ansiedad y duelos que no han terminado de procesarse. Aun no conocemos la envergadura del deterioro emocional y mental debido a haberse contagiado por el Covid-19, estar obligados a una jornada compleja y extensa combinando estudios, trabajo con labores domésticas, sin contar las múltiples pérdidas sufridas durante la pandemia.  En suma, la encuesta reveló situaciones de hacinamiento en encierro, riesgo permanente de contagio, no contar con las condiciones de estudio adecuadas. 

 

3. Desafíos para una educación superior pública integral con enfoque de género en democracia 

 

 

3.1.1 Nudos estructurales y desigualdad de género

 

La desigualdad de género es un rasgo estructural en América Latina y el Caribe, la región más inequitativa del planeta, que se manifiesta en cuatro nudos estructurales que se intensifican recíprocamente: desigualdad económica, división sexual del trabajo, persistencia de patrones culturales patriarcales y concentración del poder (CEPAL 2021, 2019). Eso significaría, entre otros aspectos que, por ejemplo, el porcentaje de mujeres desempleadas frente a los hombres habría aumentado, así como la sobrecarga del número de horas que las mujeres dedican a las labores domésticas no remuneradas y de cuidados del hogar, riesgo de una mayor exposición a la violencia doméstica en situación de confinamiento por la pandemia Covid-19 y una tendencia a la menor participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones. De otro lado, resulta crucial realizar un análisis interseccional que, de cuenta de la heterogeneidad de situaciones de las mujeres de acuerdo a la clase social, edad, origen étnico, entre otras variables a tomar en cuenta. 

 

Democracia e inclusión de las mujeres en la agenda pública

 

Entre el ser y el deber ser de la democracia como ideal, definición normativa y también modo de vivir y convivir, sea de la manera que la concibamos, la democracia es ante todo una forma de Estado y de gobierno (Sartori, 201, p. 19). Una teoría de la democracia completa incluye una dimensión prescriptiva y una descriptiva (Sartori, 2019, p. 23). La democracia es democracia política como condición necesaria de las demás democracias, la social y la económica (Sartori, 2019, p. 22). Si hablamos de la inclusión de las mujeres en democracia, más allá del tipo de democracia, la discusión estaría puesta en el “contexto del sistema político” en primer lugar antes que en un sentido económico y social que indudablemente extienden su comprensión (Sartori, 2019, p. 22), lo que significaría que el Estado brinde las condiciones para que los ciudadanos puedan intervenir de manera activa en la toma de decisiones a través de canales de representación política claramente definidos. La concentración de poder, al mismo tiempo, trae consigo un gran riesgo en la intensificación de las desigualdades económicas y sociales.

 

Una democracia mínimamente exige la satisfacción de ciertos criterios que tendrían que ser cumplidos por todos sus miembros por igual, de acuerdo a Dahl (1999, pp. 47-48), que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades para pronunciarse acerca de cómo ha de ser la política, tener la oportunidad de votar y que no haya diferenciaciones en el valor de los votos, contar con igualdad de oportunidades para obtener información sobre “las políticas alternativas relevantes y sus consecuencias posibles”. De igual manera, todos y todas las ciudadanas tienen que tener el mismo derecho de decidir qué problemáticas deberán de ser integrados a la agenda pública. Finalmente, lo ideal sería poder gozar de los mismos derechos de ciudadanía, entendiéndola dentro de una definición mínima donde ser debería poner énfasis no solamente en igualdad de derechos sino también el fomento de una ciudadanía activa en el cumplimiento de responsabilidades y la participación política, entre otros asuntos (López, 1997: 110). Junto con una ciudadanía activa, resulta central integrar a una diversidad social y cultural de ciudadanos, además de los grupos sociales excluidos como lo han sido y son las mujeres, sobre todo aquellas pertenecientes a los pueblos indígenas y afrodescendientes, por ejemplo. Hablar de ciudadanos es hablar de individuos autónomos en el sentido físico, económico y social que no dependen exclusivamente de las decisiones de otros como lo es en una sociedad de estamentos, siervos y esclavos (López, 1997: 118). Las políticas públicas tendrían que cimentar la capacidad de las mujeres de decidir y actuar libremente y participar activamente en cuestiones públicas, además de participar de una situación de bienestar y riqueza material. Ciudadanía también significa sentirse parte y miembro de una comunidad política donde también existen muestras de solidaridad. 

 

Lo contrario a una democracia sería la existencia de un régimen aristocrático donde prevalecen jerarquías sociales de distinto tipo y relaciones de dominación. En el Perú, además de lo señalado, el racismo ha establecido una diferenciación entre ciudadanos y ciudadanas de acuerdo a su estructura biológica que los ubica en situación de inferioridad entre unos y otros (Drinot, 2006, p. 24; Quijano, 2004, p. 229).  Se ha normalizado una situación donde las desigualdades socioeconómicas y políticas se perciben como algo natural como la feminización de las labores domésticas no remuneradas. 

 

Se necesitaría tejer alianzas entre el Estado, la sociedad civil, cooperación internacional y movimiento feminista para incorporar en la agenda pública medidas que ayuden acortar distancias entre las brechas de género, así como desafiar interpretaciones hegemónicas y sentidos comunes sobre el lugar de las mujeres en la toma de decisiones. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte la necesidad de contar con políticas públicas que alivien los impactos a nivel económico y social ocasionados por la pandemia Covid-19 que estarían repercutiendo en la desigualdad de género y la autonomía de las mujeres a consecuencia de la exacerbación de las desigualdades socioeconómicas y la pobreza (como las brechas digitales, acceso a servicios financieros etc), la división sexual del trabajo (incremento de la demanda de cuidados en los hogares, por ejemplo), los patrones culturales patriarcales (que implican mayor exposición de las mujeres con los agresores durante las medidas de encierro)  y la concentración de poder (CEPAL 2021: 1). 

 

 

[1] Las alumnas en mención provienen de los lugares más diversos de residencia: Cercado de Lima (y que cada tres meses se traslada a Chachapoyas en Amazonas) y los distritos de San Miguel, San Martín de Porres, San Borja y Santiago de Surco.

[2] La Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM está compuesta por las escuelas de sociología (321), trabajo social (352), historia (185), geografía (226), arqueología (163) y antropología (228). Entre paréntesis citamos el número de estudiantes por escuela.

[3] Por “base” entendemos el año de ingreso del estudiante.

[4] Contamos en todo momento con el magnifico apoyo de Erik Chachuricra, en ese entonces Jefe de Informática de la Facultad de Ciencias Sociales para su difusión y colocación de avisos que aparecieron en la página Facebook de la Facultad.  Los exalumnos Carla Toche realizó el análisis de frecuencias) y Junior Pérez el de las preguntas abiertas. En todo momento Dr. Cristóbal Aljovín, Decano de la Facultad, y la Dra. Carlota Casalino, Vicedecana Académica, cumplieron un rol fundamental en apoyarnos a llevar adelante este cometido.

[5] Este dato guarda relación con el hecho que a nivel nacional el caso de hogares a cargo de mujeres, se ha incrementado un 127% entre 2001 y 2018, sumado al hecho que un 38% de los hogares son monoparentales (Jaramillo y Ñopo, 2020, p. 8).

Conclusiones:

4. Conclusiones y reflexiones: desafíos y aprendizajes 

 

La modalidad virtual no puede convertirse en la única opción de enseñanza dentro de una política de Estado que la haría aparecer como la versión más correcta y adecuada de modernidad y progreso como lo es el caso de las universidades-empresa que han dejado de ser instituciones sin fines de lucro. Si esto se llegase a imponer, una gran parte de la población quedaría excluida como hemos visto anteriormente, sobre todo jóvenes del área rural y zonas urbano-marginales que quedarían a la sombra de la política (De la Cadena, 2011; Stengers, 2014). Corremos también el riesgo de caer en una especie de esclavitud corporal y mental al incidir en la formación de ciudadanos que solo saben engancharse como engranajes a la maquinaria del mercado de trabajo sin mayor alcance crítico-reflexivo frente a la sociedad y la vida. Tenemos por delante la controvertida decisión de seguir formando mentes critico-reflexivas y al mismo tiempo, velar por el desarrollo de capacidades que se ajusten a los requerimientos del mercado y las nuevas tecnologías. 

 

El encierro y aislamiento también habría significado un deterioro de las habilidades sociales magníficamente expresada en la película El Angel Exterminador de Luis Buñuel (1962) que trata de una cena en una mansión lujosa cuyos invitados progresivamente se van deteriorando física y desmoronando moralmente, ya que se ven impedidos de salir del lugar. Ahí es cuando, el buen trato que es reemplazado por un instinto brutal de supervivencia. [1]

 

A través de declaraciones de estudiantes afectadas y la propia experiencia docente, lo más desafiante de la diaria convivencia es enfrentar esa frontera porosa y gris que se levanta, que nos impide discernir con inmediata evidencia, matices entre una falta de respeto y perturbación de la privacidad y esas maneras camufladas, muchas veces naturalizadas, que se arremolinan detrás de relaciones jerárquicas tanto entre estudiantes, profesores y alumnos o entre docentes de mayor y menor rango y autoridad de distinto sexo y que se expresan en chistes de mal gusto, halagos a la inteligencia, decoración de la fachada personal, retomando la perspectiva de Goffman (1990 [1959]). Sobrevive en el mundo un tipo de masculinidad, a la que la academia no está exenta, que se expresa agresivamente, que no muestra ningún tipo de sensibilidad y al mismo tiempo desprende una hipersensibilidad arrogante, egocentrada y vengativa a todo lo que sea interpretado como falta de lealtad y solidaridad hacia sus propias personas. Todo eso se confunde y vende como firmeza de carácter, seguridad en si mismo y tener la razón.

 

Con el cambio de gestión de autoridades en noviembre del 2020, surge la iniciativa de establecer una Comisión de Género de Sociología, en Historia y últimamente la Secretaria de Género y Bienestar Integral de Ciencias Sociales de la UNMSM que está luchando por su autonomía y “busca ser una instancia gremial que confronta la violencia de género en un marco de sistemas de dominación con carácter interseccional enmarcado por diversas opresiones”. [2]

 

La estrategia que resultó particularmente más provechosa, capaz de fomentar una comunicación y retroalimentación mucho más fluidas, consistió en alternar sesiones en un mismo curso de tres tipos: 1. Las totales que integran a todos los participantes de una sesión de clase, 2. Grupales, equipos de alrededor 4-5 estudiantes que se congregan alrededor de un tema determinado. Finalmente, 3. Las asesorías individuales. 

 

Tenemos por delante la tarea de cimentar una cultura que fomente la deliberación en el salón de clase y los pasadizos de la universidad. ¿En qué medida estamos igualmente equipados para la deliberación. Inspirada en Fraser (1996) me pregunto ¿Quién interrumpe más y lo hace de manera más vigorosa? ¿Quién suele hablar más y se toman turnos más largos? ¿Qué intervenciones son tomadas en cuenta y cuáles las ignoradas?

 

Para que una preocupación que aparece en primera instancia como personal se convierta en problema público tiene que pasar por un proceso donde tiene que haber un reconocimiento mutuo de actores comprometidos con la formulación, defensa, negociación y acuerdo de una solución para dicho problema (Araujo, Guzmán y Mauro, 2000). Este proceso implica una nueva visión y marcos interpretativos compartidos acerca de las relaciones de género que desafían las interpretaciones hegemónicas. Al mismo tiempo se tiene que generar un tejido social con alianzas con otras entidades: empezando por el Estado, al interior de las universidades y entre las universidades a nivel nacional e internacional. Para que el trabajo sea sostenible tendría que crearse grupos de estudio, comisiones, movimientos. Idealmente sucede un ciclo de problematización, búsqueda de causas y soluciones y finalmente la incorporación en la agenda institucional de ciertas pautas y normas con carácter legal. Inclusión de la problemática como la violencia de género en el debate público puesto que la Universidad no es ajena al ámbito público. Alcanzar visibilidad. Cómo finalmente institucionalizar las aspiraciones en el Estado, crear mecanismos institucionales que coordinen dentro y fuera de la universidad politicas con perspectiva de género. Requerimos incluir las demandas de igualdad de género en las políticas públicas como un aspecto central para “avanzar en la construcción de sociedades más democráticas que permitan a sus ciudadanos y ciudadanas ejercer sus derechos en forma plena” (Benavente y Valdés, 2014: 15-16)

 

 

[1] Pensamos que no resulta casual que algunos estudiantes de las promociones ingresadas durante la pandemia, que no han hecho vida académica regular, muestran por una serie de razones que habría que examinar, actitudes particularmente más prepotentes, falta de confianza, poca paciencia y siempre listos para la confrontación.  

[2] Ver enlace en

https://www.facebook.com/Secretar%C3%ADa-de-G%C3%A9nero-y-Bienestar-Integral-Ciencias-Sociales-UNMSM-101625361765095

 

Bibliografía:

Acha, E. (2021) Cuando la experiencia secuestrada se subleva: sobrevivir la pandemia. Revista de Sociología 33 (2021), 161-184.

 

Araujo, K., Guzmán, V., Mauro, A. (2000) “El surgimiento de la violencia doméstica como problema público y objeto de políticas”. Revista de la CEPAL 70.

 

Benavente, M. y Valdés, A. (2014) Políticas públicas para la igualdad de género. Un aporte a la autonomía de las mujeres. CEPAL y Naciones Unidas.

 

CEPAL (10 de febrero 2021). La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. Informe Especial Covid-19 Nº9.

 

CEPAL-UNESCO (2020). La educación en tiempos de pandemia. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/S2000510_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

CEPAL (2019) Informe regional sobre el avance en la aplicación de la Estrategia de Montevideo para la implementación de la agenda regional de género en el marco del desarrollo sostenibles hacia 2030. XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Santiago, 27 al 31 de enero de 2020).

 

Dahl, R. (1999). La democracia. Una guía para los ciudadanos. Taurus. Pensamiento. Grupo Santillana de Ediciones, S.A.

 

De la Cadena, M. (2011) Política indígena: un análisis más allá de la política. Tábula RASA 33. https://www.revistatabularasa.org/numero33/cosmopolitica-indigena-en-los-andes-reflexiones-conceptuales-mas-alla-de-la-politica/

 

Drinot, P. (2006) Construcción de Nación, racismo y desigualdad: una perspectiva histórica del desarrollo institucional en el Perú. Crabtree (ed.) Construir instituciones: democracia, desarrollo y desigualdad en el Perú desde 1980. Universidad del pacífico. Pontificia y IEP

 

Fraser, N. (1996) Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Axisting Democracy. Calhoun, C.  (ed.). Habermas and the Public Sphere. The MIT Press.

 

Goffman, E. (1990 [1959]) The Presentation of Self in Everyday Life. Penguin Books.

 

Jaramillo y Ñopo (2020) Impactos de la epidemia del coronavirus en el trabajo de las mujeres en el Perú. Lima: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 

Latour, B. (2017) Cara a cara con el planeta. Una nueva mirada sobre el cambio climático alejada de las posiciones apocalípticas. Siglo Veintiuno Editores.

 

López, S. (1997). Ciudadanos reales e imaginarios. Lima: Instituto de Diálogos y Propuestas. 

 

Ministerio de Educación (17 de mayo 2022). Informe Covid-19 124, 533 estudiantes interrumpieron su educación en el 2021 debido a la pandemia. https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/607069-124-533-estudiantes-interrumpieron-su-educacion-en-el-2021-debido-a-la-pandemia

 

PNUD (2010). Nuestra Democracia. PNUD, OEA, EACID, Instituto Federal Electoral, Fondo de Cultura Económica, Canadian International Development Agency.

 

Quijano, A. (2004). “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. Pajuelo, R. y Sandoval, P. Globalización y diversidad cultural. Una mirada desde América Latina. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP)

 

Santi, M.F. (2016). Etica de la investigación en ciencias sociales. Un análisis de la vulnerabilidad en la investigación social. Globethics.net. Theses.https://repository.globethics.net/handle/20.500.12424/232851

 

Sartori. G. (2019) ¿Qué es democracia? Taurus

 

Stengers, I. (2014). La propuesta cosmopolítica. Revista Pléyade 14. https://www.revistapleyade.cl/index.php/OJS/article/view/159

Palabras clave:

Democracia, equidad de género, educación superior

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia expondrá un autodiagnóstico de problemas y potencias en la creación y uso de indicadores para monitorear procesos de transversalización de género en universidades. Se propone una crítica a la cooptación/alianza estratégica entre procesos de gestión empresarial y/o productivista en universidades públicas, con sus espacios institucionales de género (entendido como un campo en disputa y crisis inmanente).Las instituciones de educación superior han transitado a la creación y sistematización de indicadores de gestión y progreso, estableciendo metas y lineamientos para su gobierno y desarrollo. En paralelo, el género se integra a estas instituciones: en centros o programas de estudios, en la incorporación de estas temáticas en la formación y planes de estudio; y, en su institucionalización en estructuras universitarias (Buquet, 2011). En ese marco, se vuelve fundamental integrar la perspectiva de género en la generación de conocimiento en universidades, que no obstante siguen reproduciendo la construcción hegemónica de la ciencia occidental-androcéntrica. Puede integrarse desde dos ámbitos. Primero, desde el diagnóstico y medición de brechas de género en: salario; docencia y tutoría; postulación y adjudicación a fondos de investigación; jerarquías académicas; labores de gestión administrativa; publicaciones; uso del tiempo, entre otras. Desde tales diagnósticos, considerando diferencias disciplinares, pueden proponerse políticas y medidas que aborden tales brechas. Segundo, como investigación, desarrollo y creación: procesos de co-construccion que incorporen un eje analítico -metodológico, epistemológico y teórico-, que identifique y desafíe condicionantes culturales, económicas y sociopolíticas que desfavorecen a mujeres y disidencias. Necesariamente con una visión interseccional que integre marcas de clase, raza, edad, entre otras. Un punto en común entre estos dos ámbitos es la elaboración y medición de indicadores que permitan evaluar “el avance” de políticas de género, abordaje de brechas y creación con perspectiva de género. No obstante, observamos una tensión entre las formas que toman los incipientes apoyos institucionales para enfrentar desigualdades o investigar género, con la mirada crítica a binarismos y relaciones de dominación. Así también, con modelos de gestión institucional que se proponen estandarizar procesos de transversalización de género sin reflexionar en la aporía que esto significa. Si bien se visibilizan brechas y trazan caminos, reducir la “gestión del genero” en universidades al cumplimiento de indicadores, corre el riesgo de reproducir matrices de dominación. En la universidad, la superación del orden de género no se agota con la incorporación de más mujeres, hay que reflexionar las formas y dispositivos de reproducción de la dominación masculina. Es decir, cuestionar los criterios de competitividad, rendimiento y productividad, que ocultan códigos culturales de la masculinidad occidental: una supuesta neutralidad e impersonalidad. Cuestionar políticas institucionales guiadas por el imperativo del crecimiento y la instrumentalidad, sin considerar la sostenibilidad ni la crisis actual. 

Resumen de la Ponencia:

La agenda de igualdad de género en América Latina y el Caribe es un proceso que cobra fuerza a partir de fenómenos convergentes. Se destaca la agenda de desarrollo impulsada desde los movimientos sociales, en especial desde el movimiento feminista, desde las demandas de igualdad y no discriminación, que se expresa en los acuerdos internacionales que comprometen a los Estados. Las Políticas y Planes de igualdad de género han sido importantes para el fortalecimiento institucional de los mecanismos para el adelanto de las mujeres a nivel del Estado y de las Universidades, donde se evidencia la necesidad de promover procesos de transversalización de la perspectiva de género. El mecanismo de la institucionalidad de la mujer a través del Consejo de Ministras de la Mujer, -COMMCA- en el marco de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género -PRIEG- del SICA. Plan Nacional de Desarrollo K’atun: nuestra Guatemala 2032, coordinado por SEGEPLAN, en congruencia con el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El movimiento de mujeres y feminista, las universidades, centros de investigación, la cooperación y organismos internacionales, han evidenciado la necesidad de hacer efectivo el principio de equidad entre mujeres y hombres, el acceso a los recursos y servicios, como mecanismos para alcanzar la justicia social y la democracia global, debido a que existe una relación directa entre el desarrollo de las mujeres, el de las naciones y sus pueblos, a través de la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM- creada en el año 2000, en el marco de los objetivos estratégicos de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres -PNPDIM- y Plan Nacional de Oportunidades -PEO- 2008 – 2023. La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) como única Universidad estatal tiene la misión de dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del país. Para ellos debe promover, por todos los medios a su alcance, la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperar al estudio y solución de los problemas nacionales. Esta vinculación también debe reflejarse en la relación y unión entre las funciones básicas de la academia: investigación, docencia, extensión y administración universitaria dentro con los enfoques de género, multi e intercultural y ambiental según el Plan Estratégico USAC 2022. Con la creación del Instituto Universitario de la Mujer -IUMUSAC- en 2004, como ente rector de políticas y acciones universitarias a favor de las mujeres y la equidad de género en educación superior, es responsable de asesorar, dirigir, promover, coordinar, articular y ejecutar programas y proyectos de investigación, docencia y extensión, en el marco de la Política y Plan de Equidad de Género en Educación Superior -PPEGES- aprobada por el Consejo Superior Universitario de la USAC, en 2008.