Resumen de la Ponencia:

Las comunidades indígenas son fundamentales en la interculturalidad colombiana, de la misma manera  juegan un papel importante en prácticas de conservación de los recursos naturales, esto a fin de que la crisis climática y ambiental se agudiza cada vez más en el planeta, por lo cual es necesario que cada una de las personas contribuya al cuidado y preservación del agua. En el corregimiento de Genoy, ubicado en las faldas del volcán Galeras, en la ciudad de San Juan de Pasto del departamento de Nariño al suroccidente de Colombia, la comunidad del cabildo indigena del corregimiento de Genoy tiene la iniciativa de liderar y ejecutar acciones para la preservación de las fuentes hídricas naturales que abastecen a la comunidad del corregimiento y veredas aledañas, brindando la posibilidad de acceder permanentemente al agua como líquido fundamental del sustento y supervivencia de todo ser vivo.Dentro de las prácticas de conservación llevadas a cabo por la comunidad del cabildo indigena del corregimiento de Genoy se encuentran la reforestación en la parte alta del volcán, cerca del páramo galeras, así como también la compra de predios cerca a la zona mencionada, jornadas de trabajo comunitario (mingas) para realizar la limpieza y mantenimiento de los principales cauces de agua, recolección de basuras y sensibilización con todas las personas que desisten de participar de las actividades mencionadas, cabe resaltar que para el desarrollo de estas actividades el cabildo indígena funciona de manera autónoma sin intervención estatal, al igual que el acueducto comunitario de Genoy que por medio de mingas y aportes de la misma comunidad puede almacenar agua potable para su posterior distribución, esto, a pesar de que existen políticas nacionales como la Gestión Integral del Recurso Hídrico GIRH, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (2010 – 2022) las cuales orientan la ejecución de políticas que favorecen la preservación del agua. La presente ponencia presenta los resultados parciales de un proceso de investigación el cual se está llevando a cabo orientado con la pregunta problematizadora ¿Cómo la comunidad del cabildo indígena del corregimiento de Genoy del municipio de Pasto, ha actuado frente a la conservación de fuentes hídricas naturales entre 2015 - 2020?, teniendo en cuenta autores como Criado, D. & Herrera, S. (2014) y Rodrigues, J. Serna, J. y Sanchez, J. (2016), los cuales aportan aspectos fundamentales para la investigación.

Introducción:

La urbanización en Colombia es un caso particular en américa latina,ya que a diferencia de los otros países donde la urbanización se dio de forma más centralizada, en Colombia, son varias las ciudades a parte de la capital las que tienen crecimientos notables de población, esto debido a la geografía que tiene el país ya que es atravesado por el sistema montañoso andino, el cual se convierte en una barrera natural para el acceso al centro del país produciendo que las migraciones sean entre las regiones y dentro de estas, a pesar de esto, cabe resaltar que es Bogotá la ciudad que tiene mayor crecimiento de la población. 

Es a partir de la década de los años 50’ y aproximadamente hasta los años 70’ donde las principales ciudades del país ubicadas en diferentes regiones tienen un crecimiento poblacional muy notable, esto tuvo que ver con que el país al entrar a la segunda mitad del siglo XX estaba atravesando el periodo conocido como la Violencia, el cual también influyo en las migraciones presentadas, pero no solo eso, el manejo del país en años anteriores hizo que entre 1951 y 1970 gran parte de la población rural de Colombia decidiera migrar a las urbes más cercanas en busca de mejores servicios y oportunidades para el desarrollo personal, profesional y familiar. 

Podemos encontrar entonces que en el periodo mencionado, factores como la educación no tenía una total cobertura en las zonas rurales, ante esto, con el frente nacional a partir de 1958 se le hace una mayor inversión, eliminando la diferencia que existía entre la educación rural y la urbana y conjuntamente con esto implementando la primaria unificada de grado primero a quinto; en cuanto a la secundaria, tuvo mayor crecimiento en las ciudades, lo que llevo a que los jóvenes que querían seguir estudiando se desplacen a las urbes más cercanas para seguir su formación, lo anterior teniendo en cuenta que la educación le daba más oportunidades a las personas para salir de la zona rural por la preparación y las oportunidades a las cuales podían acceder. 

Por otro lado podemos encontrar la conectividad terrestre que en los años 50’ se implementa una política para mejorar y ampliar la malla vial del país, con el objetivo de mejorar la conectividad entre las regiones del país y al mismo tiempo de estas con el centro, esto permitió que se mejore el comercio de los productos obtenidos en las zonas rurales, provocando que la población migre a las ciudades por motivos comerciales y de la misma manera comience a formar colonias.

Durante el frente nacional y en la década de 1960 comienzan a surgir grupos armados al margen de la ley conocidos como guerrillas, estos con su violencia armada, las extorciones y la expropiación de terrenos hicieronque los habitantes de los municipios y veredas rurales se veanen la necesidad de salir a las ciudades en busca de nuevas oportunidades y el acceso a mejores servicios. 

El manejo de aranceles a la industria y la agricultura fue una de las iniciativas que tuvo  el gobierno nacional para intentar mejorar las oportunidades y las condiciones en las que se encontraban los campesinos y las industrias colombianas, esta iniciativa tuvo más efecto en la parte industrial que en la agropecuaria, ya que por falta de una política de desarrollo a largo plazo esto no brindó  las oportunidades necesarias, incluso con la reforma agraria que se realizó en la década de 1960 para la mejor distribución de la tierra y con esto hacer que aporten a la economía nacional con la comercialización de productos del campo.

Los temas relacionados anteriormente serán abordados en la presente ponencia comprendiendo el periodo de tiempo entre 1951 y 1970, los cuales, marcan una diferencia relevante en el desarrollo social, cultural y económico de Colombia en el siglo XX, de la misma manera, se tratara de dar respuesta a la pregunta: ¿Cuáles pudieron ser las políticas que ayudaron a incrementar la migración rural- urbana en Colombia entre1951 y 1970?, la cual fue planteada para el desarrollo de la presente investigación.

Desarrollo:

Educación rural

A lo largo de la primera mitad del siglo XX la cobertura de la educación quedó completamente a manos del gobierno, relegando a la iglesia católica de su encargo, el gobierno intentómejorar la cobertura de la educaciónrural y urbana de las cuales fue la educación citadina la que tuvo mayor desarrollo, la alfabetización se incrementó entre 1958 y 1970 con el frente nacional, sin embargo la educación rural en pocos casos se extendió hasta la educación secundaria, sumado a esto la educación primaria era deficiente en su preparación que, esta es una de las principales causas que provoco que las personas y sobre todo a los jóvenes quienes eran de descendencia campesina decidieran salir a las principales ciudades con expectativas a mejorar su educación formal y encontrar mejores oportunidades de empleo. 

Teniendo en cuenta que “la escolaridad contribuye a la migración del campo a la ciudad, en la medida en que prepara a las personas para responder a las oportunidades de empleo en la ciudad, y aumenta los niveles de información sobre las formas de vida en la ciudad” (Banguero. 2013. p 25), se puede deducir que las personas que adquirían un nivel de formación primaria en las zonas rurales lograban tener ciertasventajas para movilizarse a las urbes más cercanas o a las que pudiera encontrar mejores oportunidades para su desarrollo personal y en otros casos familiar también. Pero los migrantes muchas veces se encontraban con una dificultad y es que están en desventaja por su formación primaria ya que la educación de los citadinos en la mayoría de los casos iba hasta secundaria, lo cual influía a la hora de conseguir empleo y de la misma manera en los ingresos económicos a los que podían acceder.

A partir de la década de los 50’ Colombia comienza mejorar la educación a nivel nacional en las zonas rurales y urbanas; se crea la Oficina Sectorial Planeación Educativa dentro del Ministerio de Educación encargada de los planes de desarrollo del sector educativo, también en 1963 se suprime la discriminación legal entre educación urbana y rural y se regresa a la primaria unificada de los años 30’ implementándose “la unificación de la escuela primaria cinco años tanto en el área urbana como rural y en la división de la secundaria en dos ciclos uno orientado a carreras prácticas y técnicas y el otro ala universidad y escuelas normales” (Ramírez y Téllez. 2006. p 52) esto también se ve reflejado por el incremento al presupuesto de la educación que el gobierno realizo en los años 50, pasando de 8.6% en 1950 a 19.4% en 1976.

Por otra parte, el gobierno les exigió a los municipios y departamentos destinar un rubro de su presupuesto para la educación, lo que quiere decir que durante los dieciséis años comprendidos el incremento del presupuesto ayudo a que mejoraran las escuelas y colegios del país, esto conllevó a que los jóvenes que terminaban su primaria, posteriormente buscasen la forma de seguir su educación secundaria independientemente de la edad ya que podían acceder a mejores oportunidades laborales con los ciclos ofrecidos en la secundaria, a lo anterior se le suma la creación de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media Diversificada (INEM) con los cuales se “intenta promover la diversificación y modernización de la enseñanza media y favorecer a las clases menos favorecidas” (Ramírez y Téllez. 2006. Pp. 53 -54) haciendo que las personas que llegaban de las zonasrurales a continuar con su formación educativa en las ciudades puedan acceder a esta con menos dificultades. 

Con la deficiencia de la educación rural podían encontrarse en cierta desventaja y hacía que tengan que nivelarse en ciertos aspectos educativos, sobre todo en los contenidos manejados en las escuelas, con la unificación de la escuela primaria a nivel nacional los indicadores daban a conocer grandes mejoras de cobertura de la educación primaria, “durante este período los alumnos matriculados en primaria aumentaron de 808.494 en 1950 a 4.223.959 en 1976 y en secundaria aumentaron de 77.311 a 1.418.091 en el mismo período” (Ramírez y Téllez.2006. p 47) sin embargo departamentos que se encuentran geográfica y espacialmente más descentralizados o a la periferia del país como Atlántico, Bolívar, Cauca y Nariño mostraban una relación de estudiantes matriculados respecto su población por debajo de los indicadores nacionales.

Conectividad terrestre

La primera mitad del siglo XX en Colombia se caracterizó por una infraestructura vial deficiente, esto impedía que zonas rurales y más específicamente las zonas periféricas del país no tuvieran las facilidades de movilidad a las principales urbes de las regiones; una infraestructura vial bien estructurada les permitía “ampliar el mercado de productos, especialmente agrícolas, ofrecer mano de obra, acceder a servicios médicos básicos, así como también a servicios de educación de mejor calidad” (Pérez. 2005. p 2) así que la población rural debido a la deficiencia en las vías de comunicación terrestrestenía muy limitadoslos servicios anteriormente nombrados, y en cuestiones económicas esto implica “una reducción de costos en las actividades de integración de los mercados de insumos (tales como materias primas y mano de obra) con mercados de bienes intermedios y finales localizados en poblaciones distintas” (Pérez. 2005. p 2.). 

A partir de los años 50’ comienza un incremento en la infraestructura vial, con su adecuación, pavimentación y en muchas ocasiones con la realización de vías nuevas, a pesar de las dificultades geográficas que encontramos en el territorio colombiano para la conectividad del centro con las periferias se logró construir más de 4600 km de vías, pero sin embargo la centralización política que ha caracterizado a Colombia hizo que la mayor parte de esta infraestructura se desarrolle alrededor de las principales ciudades del país, dejando en segundo y tercer plano a departamentos conjuntamente con su correspondiente infraestructura vial los cuales se encuentran territorialmente en la periferia y que por ende la inversión estatal ha sido mínima, afectando también la comercialización a otras regiones del país. 

Teniendo en cuenta esta característica, es que las migraciones también se dieron entre regiones, teniendo a las cordilleras como una barrera natural para el desplazamiento de las personas, lo que hacía que el viaje fuera más difícil y costoso, y teniendo en cuenta que las personas que salían de sus zonas rurales a las zonas urbanas tenían pocos recursos económicos y salían principalmente a buscar alternativas para mejorar su vida, “para obtener recursos, se procedió en 1954 al cobro de peajes en las carreteras nacionales” (Bravo. 2014) con lo cual se logra obtener más presupuesto para la construcción y adecuación de las vías principalmente nacionales.

En la década siguiente aumentó la conectividad de las regiones al interior del país, ya que se miró que las vías eran el principal “instrumento de interconexión regional que permite la integración de los mercados localizados en diferentes zonas del país” (Peréz. 2005. p 7). Así, se presentaron nuevas oportunidades para las comunidades ruralesde poder salir ala ciudad, no soloa buscar trabajo, nuevas oportunidades y mejores servicios, sino que también podían ir a comercializar sus productos que en su mayoría obtenido de las cosechas y ganadería, a los mercados municipales y de esta manera poder llevar el sustento diario.

El crecimiento de la malla vial se prestó para que los grupos grandes de migrantes provenientes de las zonas más alejadas conformen las llamadas “colonias” en la ciudad, teniendouna participación más activa en la urbe, de esta manera accedían a mejores servicios como vivienda, salud y educación, esta condición les daba la oportunidad de viajar a sus lugares de origen cada fin de semana o fin de mes debido a sus condiciones económicas y laborales.

Con el incremento vial y la centralización manejada en los recursos para las obras como ya se ha señalado anteriormente, además de las barreras naturales que es el sistema montañoso andino que atraviesa al país, se puede evidenciar un crecimiento en las principales ciudades que están ubicadas en cada región, (Banguero 2013, p 24) nos dice que la participación de la ciudadanía en 4 ciudades principales del país (Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá) aumenta entre 1951 – 1973, siendo Bogotá la urbe que más crecimiento tiene con 43,7% en 1951 a 51,5% en 1973, a excepción de Barranquilla que mermó su participación ciudadana, las demás ciudades mantuvieron se mantuvieron en el intervalo de participación de 1951. 

Esto quiere decir que en el periodo de 1951 a 1970 el cual trabaja la presente ponencia fue un periodo de incremento notable en la población principalmente de Bogotá, ya que siendo una ciudad capital las personas de las regiones que son más cercanas a esta y se les facilita la migración, se pueden encontrar mejores opciones para laborar y acceder a servicios como salud, educación y un trabajo que remunere lo suficiente para mantener a una personaprincipalmente y en ciertos casos a las familias.

Conflictos armados

En las zonas rurales del país a parte del pulpito era necesario recurrir a las plazas principales de cada pueblo o municipio, donde era el “único escenario en el cual podían oír de asuntos que trascendieran los horizontes de su vereda y su localidad, era su único punto de contacto con la “gente ilustrada”, con los “doctores” de la ciudad.” (Sánchez. 1990) de esta manera Jorge Eliecer Gaitánen su campaña presidencial le sacó provechoa esta característica para mover y politizar al pueblo, de esta manera gran parte de la población rural le dio apoyo y siguieron a este caudillo liberal quien daba esperanzas de cambio a la hora de recitar sus discursos. 

Con su asesinato en 1948 se da una “rebelión” en donde la violencia bipartidista ejercida por liberales y conservadores se intensifica formando a las guerrillas liberales y a los comunistas, parecieraque el fin político de estos partidos ya no fuera tan político, pues “cuanto más se acentúa el contenido partidista de las oposiciones tanto más se despoja a éstas de su potencial político” (Sánchez. 1990), de la misma manera se incrementa las políticas de terror desarrolladas en todo país, estas se vieron reflejadas en:

La lógica de aniquilación de lo social y supresión de lo político, eliminandolas acciones que partidos políticos habían llevado a poblaciones alejadas, respondiendo a la dinámica de las solidaridades comunitarias y haciendo mejor presencia que el estado.Elconjunto de dispositivos ideológicos legales y de coercióncon el fin de desalentar y sofocar los movimientos obreros, sociales y campesinos.La generalización de la represión la cual reflejaba indicios de exterminio contra el Gaitanismo y la izquierda política, esto incentivo a la formación de las guerrillas como una forma de defensa.

Con esta persecución hacia los simpatizantes de izquierda y siendo la gran parte de zonas rurales, se conformaron las guerrillas liberales, en la necesidad de defender sus territorios, familias, principios políticos y en contrade la homogeneización del país que pretendían hacer los conservadores, con estas características políticas se comienza a acelerar el proceso migratorio hacia las ciudades principales del país, salían familias completas o personas independientes, sobretodo menores a 40 años, aunque el riesgo de enfrentarse con personas del partido contrario siempre estaba presente en zonas urbanas y rurales. 

Dentro de esta política del terror y la homogeneización del país se puede notar las siguientes características de las políticas conservadoras:

Una estrategia y programación del terror, con Laureano Gómez (conservador) quien desde su campaña repetíala frase “hay un millón ochocientas mil cédulas falsas” con la cual daba a entender que despojaría de la ciudadanía al partido mayoritario del país.Agentes del terror, generalmente militares o fuerzas combinadas que perseguían y asolaban pueblos, sembrando el miedo en las zonas rurales.Bandas del terror que ejecutaban la muerte por encargo de políticos, terratenientes y comerciantes, los famosos “pájaros”.Los “rituales del terror” que consistían en hacer sufrira los contrarios lo suficiente para que sea un dolor aleccionador antes de su muerte, junto con esto se caracterizan herramientas utilizadas paraque el dolor sea más fuerte.

Posteriormente en la década de los 60 se expide la ley 48 de 1968 “Por la cual se adopta como legislación permanente algunos decretos legislativos, se otorgan facultades al presidente de la República y a las Asambleas, se introducen reformas al Código Sustantivo del trabajo y se dictan otras disposiciones.” (Ley 48, 1968. p 1) en donde el decreto legislativo 3398 de 1965 “Por el cual se organiza la defensa nacional” (decreto 3398, 1965. p 1) fue convertido en legislación permanente.

Mediante este, desde el gobierno nacional se le dan ciertas libertades a la población civil para la defensa nacional y civil del país, como lo menciona el decreto 3398 de 1965 art. 1 p 1: “Defensa nacional es la organización y previsión del empleo de todos los habitantes y recursos del país, desde tiempo de paz, para garantizar la independencia nacional y la estabilidad de las instituciones” y en el art. 3: “Todos los colombianos están obligados a participar activamente en la defensa nacional, cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones patrias”. 

Tomando este decreto como vía libre ante una forma de favorecer y mejorar la defensa nacional de Colombia, los paramilitares de la época aprovecharon para fortalecerse, siguiendo con la protección a la propiedad privada y específicamente a los terratenientes de las zonas donde las guerrillas como las FARC, y el ELN comenzaban a tomar fuerza y a extorsionar a grandes hacendados para su financiación. 

Aunque los paramilitares de los 60 no estaban tan estructurados como los de los años 90 en adelante, si tuvieron sus repercusiones en las poblaciones donde hacían presencia, ya que dejada un poco el conflicto bipartidista de los 50 todas las personas se había quedado con ese ideal político, además que no existía una fuerza política alternativa, una de las razones por lo cual se armaron los grupos guerrilleros. 

Este decreto también permitía que el estado utilizara a la población civil para la defensa nacional, lo que le permitía utilizar varios grupos de personas civiles sin importar si pertenecían o no a las fuerzas militares estatales o sin importar si es hombre o mujer para combatir a grupos los grupos guerrilleros que alteraban el orden estatal; en las poblaciones donde guerrilla, ejercito y paramilitares hicieron presencia, se comenzó con unaafectación a la población civil, aunque gran parte de la población decidía formar parte de la guerrilla por sus ideales o porque miraban en estos una opción de vida, otra parte decidía ser parte de los paramilitares, ya por defenderse de los guerrilleros y no perder su propiedad. 

Todo este conflicto que comienza a surgir es de los primeros causales del desplazamiento forzado que se incrementa en años posteriores, ante la faltade presencia y ayuda estatal la población se vio en la necesidad de dejar sus territorios originarios, de esta manera es como comenzaron los primeros desplazamientos forzados en el país. 

Manejo de altos aranceles a la industria y la agricultura

Durante el periodo de 1951 - 1970, Colombia se ve envuelta en un proceso migratorio del campo a las ciudades de tal forma que, este proceso se lo mira como una especie de invasión por la velocidad en que la gente llegaba a las principales urbesde sus regiones. Por partedel gobierno nacional en la década de los 50 se optó por una política de proteccionismo a la industria y la agricultura la cual tuvo más favorecimiento a la industria, viéndose “obstaculizado el desarrollo de la agricultura al ser capturado parte de sus excedentes a través de tasas de cambio subvaluadas y preciosaltos de los insumosy los bienes de capitallocales para los agricultores” (Kalmanovitz y Lopez. s.f. p 11), lo anterior teniendo en cuenta que el país pasaba por un proceso de fortalecimiento de la industria, el cual se estaba adentrando en gran parte de las labores humanas. 

La agricultura por su lado también se le pedían procedimientos de industrialización en sus actividades, tales como el uso de nuevas máquinas para diferentes actividades, solo que este proceso no tuvo tanta fuerza para causar un gran impacto y transformación en las actividades agrícolas. Por otra parte, las empresas que se encontraban en las ciudades comenzaron a extenderse y con ello a necesitar mejor mano de obra, lo cual llamaba bastante a la gente, sobre todo si tenía estudios en primaria o bachillerato que en la época era un privilegio. 

El proteccionismo que se le da a la industriay la agricultura tienen manejos semejantes los cuales les permitieron avanzar a las dos partes, pero por falta de condiciones para el desarrollo a largo plazo dicho avance no duro mucho, sobre todo en la agricultura; también en la década siguiente correspondiente a los años 60 debido al conflicto armado que estabacomenzando el cual “desgastó la producción agrícola,cafetalera e industrial, redujo la oferta de alimentos y generó desempleo” (Franco y De Los Ríos. 2011. p 103), por parte del gobierno nacional mediante la ley 135 de1961 la cual en su artículo primero dice:

Reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos enderezados a eliminary prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústicao su fraccionamiento antieconómico; reconstruir adecuadas unidades de explotación en las zonas de minifundio y dotar de tierra a los que no las posean, con preferencia para quienes hayan de conducir directamente su explotación e incorporar a ésta su trabajo personal. (ley135, 1961. p 1)

Se proponía la organización institucional para manejar asuntos relacionados con reforma agraria, “se creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), organismo público encargado del asunto de tierras y de gestionar el Consejo Nacional Agrario (CNA), el Fondo Nacional Agrario (FNA) y la figura de procuradores agrarios” (Franco y De Los Ríos. 2011. p 103), con los cuales se pretendía dotar a los campesinos de tierra a quienes no la tenían, la adecuación de las tierras para la producción y de la misma manera la dotación de servicios sociales básicos. 

Para ello la política de extinción de dominio se hizo más rígida, ya que si la producción o explotación económica de un terreno no se la realizaba durante tres años continuos, si el terreno era utilizado para cultivos ilícitos, si los propietarios violaban las disposiciones ambientales, estos terrenos se expropiaban y se repartían equitativamente a las personas campesinos que la necesitaban, ya que “con esta ley se pretendió reformar, principalmente, la estructura social agraria, aplicando medidas técnicas de redistribución y eliminando la inequitativa concentración de la propiedad, así como su fraccionamiento antieconómico.” (Franco y De Los Ríos. 2011. p 104).

En 1968 con la ley 1 de 1968 la cual modificaba la ley 135 de 1961 y daba oportunidad para que la extinción de dominio sea mayor y se beneficie personas que sean aparceros los cuales la deben estar trabajando y la institucionalización de la interlocución campesina con el estado a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), este proceso de adjudicación de tierras a los campesinos que la estuviesen trabajando no se cumplió del todo, ya que los hacendados y los demás dueños de los predios los desalojaron para que no pudieran reclamar su adjudicación, o también comenzaban a cobrarles por las mejoras que ellos le habían hecho a los predios. 

De esta manera se puede evidenciar como el estado intento de alguna manera dar garantías a los campesinos y a las personas que habitaban en zonas rurales para que puedan continuar con sus trabajos y de la misma manera le aporten a la economía del país, desafortunadamente al mismo tiempo las condiciones políticas, económicas y sociales que estaba atravesando el país no permitieron que lo anterior se lleve a cabo, por el contrario, en cada región se desarrollaban contextosdiferentes los cualeshicieron que los habitantes de las zonasrurales migren a las urbes del país.

Conclusiones:

El siglo XX estuvo marcado por grandes transformaciones sociales, económicas y culturales, es principalmente que en la segunda mitad del siglo se marcan movimientos poblacionales en masa que ayudan a acelerar el desarrollo colombiano, junto con esto, las decisiones tomadas desde los gobiernos de turno impulsaron a cambiar relevantemente a Colombia, entre los principales aspectos políticos que se pueden resaltar encontramos: 

La educación en las zonas rurales tuvo mejoras a partir de la unificación de la primaria y el aumento de los recursos que el estado destinaba hacia esta, la cual permitió que la preparación lograda en los jóvenes de las zonas rurales respondiera a las oportunidades que las ciudades ofrecían a las personas, además la falta del bachillerato en zonas rurales hacía que los jóvenes migren a las ciudades para continuar con su formación académica y de esta forma lograr acceder a mejores servicios y oportunidades que la ciudad les podía brindar. Con el aumento delpresupuesto para la educación con el frente nacional se logró disminuir el número de analfabetas en el país, además la creación de instituciones como el INEM y el fortalecimiento de las escuelas normales para facilitar el acceso a la educación de las poblaciones más vulnerables hacíanque las oportunidades para los jóvenes en lasciudades mejoren y se vean motivados para migrar.

La infraestructura vial juega un papel importante en la conectividad de las regiones con el centro del país y entre ellas mismas, la inversión que se le hace a la malla vial en la década de 1950 permite que se mejore el acceso a servicios como salud y educación principalmente, además de mejorar el acceso a los mercados principales de las ciudades mejorado la economía local y regional, teniendo en cuenta que el sistema montañoso andino es una barrera natural que dificultaba el desplazamiento a la zona central el país; esto incentivo en las personas la migración hacia las urbes ya que accedían a una remuneración económica con el comercio y con esta el acceso a servicios mejorando las condiciones de vida personales y familiares de las personas que migraban; también permitió que en las ciudades se formaran colonias de las personas que un mismo sector rural.

La violencia bipartidista por la cual atravesaba Colombia en la primera mitad del siglo XX tuvo sus repercusiones en los años posteriores, por ejemplo el manejo de una política de exterminio desde el gobierno nacional conservador a las personas de izquierda o militantes del partido liberal, la cual hizo que estas se organizaran en las guerrillas liberales generando los inicios de un conflicto armado que seguiría en las décadas posteriores; con la creación del frente nacional se retoman acciones insurgentes como la creación y participación de las guerrillas tales como las FARC,ELN y EPL, para contrarrestar las acciones de estos grupos estaban las fuerzas militares y grupos paramilitares que protegían la propiedad privada, principalmente de los hacendados, estos grupos paramilitares se vieron favorecidos desde el gobierno nacional con la ley 48 de 1968 incrementando el conflicto interno del país, este conflicto conllevo a que las poblaciones rurales más afectadas se vean en la necesidad de salir en busca de nuevas oportunidades económicas, políticas y sociales en las ciudades que se les facilitaba el desplazamiento.

Con el notorio incremento de la población en las ciudades del país, desde el gobierno nacional se implementó la política del proteccionismo a la industria y la agricultura para generar un desarrollo equitativo entreestos dos sectores,pero fue la industriala que tuvo mejor desarrollo y por falta de una planeación de desarrollo a largo plazo la agricultura se vio en un retroceso, quedando con pocas garantías de producción. También con la reforma agraria de 1968 se pretendía repartir equitativamente las tierras a las que se les estaba dando un mal manejo o no eran explotadas económicamente, desafortunadamente los dueños de los predios comenzaron a desalojar a los campesinos y a cobrarles por la inversión realizada, lo cual llevo a que estos no reclamen sus beneficios y busquen alternativas laborales y de progreso en las ciudades.

Bibliografía:

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Palabras clave:

Agricultura, causas políticas, crecimiento urbano, economía, migración. 

Resumen de la Ponencia:

La relocalización y ecologización de los sistemas agroalimentarios se encuentra en el centro de las principales propuestas actuales para transitar hacia la sostenibilidad socio ecológica global (López-Garcia & Álvarez-Vispo, 2018). Por lo tanto, es necesario conocer los desafíos que enfrentan los agentes del sistema agroalimentario, de nuestro territorio, para a partir de esta información, generar propuestas que propicien la transición a sistemas alimentarios más localizados.   En esta investigación nos centramos en las dinámicas del sistema agroalimentario del cantón Balsas – Ecuador, caracterizado por la expansión de la producción avícola a mediana y gran escala durante los últimos años. Se planteó como objetivo explorar el potencial de (re)localización de la producción y comercialización de los productos agrícolas de la pequeña Agricultura Familiar Campesina (AFC) de la localidad.La investigación fue de tipo exploratoria, usando metodologías cualitativas y cuantitativas, mediante herramientas de recopilación de información de primera mano aplicadas a diferentes sujetos de estudio (productores, distribuidores, consumidores, instituciones relacionadas).Los resultados sugieren que por parte de los pobladores existe gran interés por adquirir productos locales, especialmente aquellos que provienen de la pequeña AFC, percibidos además como orgánicos. No obstante, en el eslabón de producción, no existe actualmente la capacidad de abastecer al mercado local, debido a varios causales: 1) La producción más diversa se realiza en  Unidades Productivas Agropecuarias (UPAs) muy pequeñas, que destinan su producción al consumo de la familia productora, en cambio las UPAs de mayor superficie (hasta 4 ha), se limitan a un par de productos que por el volumen se venden fuera del cantón; 2) Las UPAs del grupo de estudio se destinan total o parcialmente al cultivo de maíz certificado que se comercia a la industria avícola; 3) no existen redes de cooperación entre pequeños agricultores y; 4) los pequeños agricultores de la AFC tienen un limitado acceso a sistemas de riego.En conclusión, a pesar de que la producción local tendría una gran aceptación en los hogares del cantón, se encuentran limitantes para la relocalización, ligadas al papel que juegan las políticas públicas y las estrategias de fomento productivo en las dinámicas de producción, distribución y consumo, tanto a nivel cantonal como nacional. Lo que ocurre en el cantón Balsas se suma a la evidencia de cómo la producción agrodiversificada se ha visto reducida por la creciente expansión de los cultivos comerciales, tendencia que ha puesto en riesgo la soberanía alimentaria y que está llevando a procesos de desterritorialización, que han implicado el desplazamiento de la semilla criolla, perdida de la agrobiodiversidad, la desagrarización cultural y del medio rural, y la dependencia de agricultores y agricultoras al mercado (Lasso, 2019).

Resumen de la Ponencia:

Se pretende exponer un proceso de investigación gestión e intervención que se desarrolló a través de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, dicho procedimiento surgió ante la observación del cambio de rol de las mujeres de las localidades La Ventana y Metlapiles del municipio de Coacoatzintla, Veracruz, debido a la migración de los hombres jefes de familia, ya sean sus esposos, padres o hijos; que salen para emplearse temporalmente como jornaleros agrícolas en agroindustrias de otros estados del país. Estas mujeres asumen nuevos trabajos, como cuidar del bienestar familiar, de la parcela, el ganado y, además, buscan generar ingresos monetarios a través de la comercialización de algunos productos que elaboran, por ejemplo, atoles, tortillas, tamales, huevos, quesos o leche. Ante las realidades de estas mujeres, se generó un proceso de gestión para fortalecer las prácticas locales socioeconómicas, a través de capacitaciones que reforzaran sus capacidades locales, para la diversificación de sus productos, sumarles el valor agregado y propiciar el trabajo cooperativo a través del aprovechamiento responsable de los recursos naturales con los que cuentan en sus comunidades. Este proceso, se basó en la investigación participativa, caracterizada por tener una propuesta metodológica, cualitativa, con una estrategia de acción definida que involucra a todos los actores que participan en el proyecto de investigación; partiendo desde la formulación de la problemática, hasta la interpretación de los descubrimientos y la discusión de las soluciones. Consistió en cuatro fases, 1. Investigación y planificación de acciones preliminares; 2. Diagnóstico; 3. Organización y gestión; y, 4. Acción colectiva. A través de estas fases en las que se hizo investigación, gestión e intervención en el contexto, se determinaron las posturas teóricas que intenta explicar la complejidad de las comunidades rurales y sus realidades, basadas en las dimensiones social, ambiental y económica. En el aspecto social se abordan aportes teóricos referentes a las comunidades rurales como espacios diversos y complejos que van mucho más allá del agro, apuntes que surgen a partir de la nueva ruralidad con el análisis de las tenencias de la tierra, diversidad de actores, economías locales y cosmovisiones y aprovechamiento de los recursos, entre muchas otras cosas; en el aspecto económico, se evidenció que cada contexto tiene características particulares y por ello, se identificó que estas comunidades se caracterizan por un sistema económico solidario basado en el intercambio del humano con su entorno natural y social, como una dependencia para su subsistencia con sus semejantes, y en el aspecto ambiental, también basado en las características físicas del territorio, que es sierra, se propone el aprovechamiento responsable del ecosistema de montañas y laderas, para poder producir sin dañar el suelo, a través de prácticas agroecológicas y de agricultura de conservación.  

Resumen de la Ponencia:

El surgimiento del cooperativismo en América Latina data de finales del siglo XIX, en parte influenciado por el pensamiento europeo. Sin embargo, formas más comunitarias y solidarias ya se encontraban presentes en Incas y Aztecas, e incluso en las comunidades rurales como la mano prestada (Vitale, 1983), el convite, entre otras. De forma contemporánea, el cooperativismo, la economía social y solidaria y la economía popular constituye un debate actual en la academia que nos remite al menos a tres tendencias. Una primera tendencia que se refiere a la cooperativa como unidad de producción y por lo tanto como actor central del desarrollo e incluso como garante de equidad (Arango, 2005a; Magrovejo et al., 2012; OCA et al., 1994; Panzoni, 1958; Sili et al., 2014); una segunda tendencia, emergente a partir de la década de 1990 con la caída del Bloque Socialista y donde tomó fuerza el concepto de economía social y solidaria(Coraggio, 2021; Díaz, 2015); una tercera tendencia que aborda desde el concepto de economía social y popular y que por lo tanto engloba un conjunto de prácticas que van mucho más allá de lo económico e involucra elementos comunitarios (LESA ENES Morelia & Arellanes C, 2021). En este sentido, esta ponencia profundiza en la configuración del debate latinoamericano al destacar la producción académica en tres contextos nacionales México, Colombia y Brasil. En este sentido, aplica la revisión documental como metodología de investigación y como criterios de selección la producción de los últimos 15 años. A modo de resultados, estas tres tendencias de pensamiento tienen su mayor expresión en las prácticas de los actores, en ocasiones como medios de resistencia a la profundización de las desigualdades ambientales, económicas y políticas. Para concluir, este debate además de vigente propone una diversidad de desafíos, al sector público, en la comprensión del sector cooperativo, solidario y popular y las implicaciones que estas conceptualizaciones tienen en las políticas públicas; al sector académico,el diálogo permanente con los actores sociales y los resultados del mismo.

Resumen de la Ponencia:

El objetivo principal de esta investigación es comprender cómo ocurre el acceso y la gobernanza del água en las comunidades de Jurema y Juá, ubicadas en los municipios de Itatuba y Mogeiro, en Agreste de Paraíba. Se espera identificar cómo estas comunidades periféricas tienen acceso al agua y asimilar cómo los actores sociales participan en el proceso de gobernanza del agua. La investigación considerará los principales actores involucrados en el proceso de gobernanza del agua: las comunidades locales y los organismos vinculados a las Políticas de Recursos Hídricos. La investigación se orienta desde dos perspectivas: la primera, social, que comprende el proceso de apropiación del agua por parte de las comunidades, y, desde una perspectiva política, a través del relevamiento de las formas de participación de los actores locales en el proceso de Gobernanza del Agua. Para lograr una comprensión multidimensional e integrada de las dinámicas sociales, políticas y gubernamentales de las comunidades investigadas, se optó por la modalidad de investigación social con enfoque metodológico cualitativo-cuantitativo. Entre los resultados iniciales de la investigación, se destacan: (1) la situación de los hogares de las ciudades en estudio, con un porcentaje significativo de la población en hogares rurales, Itatuba (42%) y Mogeiro (55%); (2) falta de red de abastecimiento de agua en las zonas rurales de los municipios; (3) falta de monitoreo de la calidad del agua; (4) el uso inexpresivo de aguas subterráneas en la región, con un solo pozo en uso registrado por la CPRM, en las comunidades estudiadas; (5) la expresiva cobertura del P1MC-ASA en la Comunidad de Juá; (6) la inexistente participación política de los juauanos en materia de gobernabilidad del agua en la región. A partir del desarrollo de este estudio, se considera que sus resultados pueden servir como base comparativa para otras regiones; señalar posibles debilidades del modelo de gestión del agua adoptado; y, apoyar una posible formulación de nuevas políticas de gobernanza del agua a partir del diagnóstico realizado.

Introducción:

O objetivo principal deste estudo foi compreender as formas de acesso e a governança da água em comunidades rurais do semiárido brasileiro. A investigação ocorreu sob as perspectivas social e política, visando identificar como essas comunidades periféricas têm acesso à água, e averiguar como se dá a participação social dos moradores dessas localidades na governança hídrica. Na intenção de alcançar uma compreensão integrada e multidimensional da conjuntura social e política do lócus observado, adotou-se uma pesquisa social de abordagem qualitativa-quantitativa como diretriz metodológica. Os dados analisados são provenientes da realização de entrevistas pré-estruturadas com os moradores de duas comunidades rurais do agreste da Paraíba. Dentre os resultados identificados, destacam-se: a ausência de rede de abastecimento de água na região; a significativa cobertura do P1MC-ASA; a falta de monitoramento de qualidade da água consumida; e, a inexistente participação político-social dos moradores das Comunidades quanto à governança hídrica. A análise realizada sinaliza prováveis vulnerabilidades no modelo de gestão vigente, e apresenta dados que podem ser utilizados como base comparativa para outras localidades, assim como, contribuir para uma possível formulação de novas políticas de governança da água.

Desarrollo:

O Semiárido brasileiro é uma região historicamente atingida por episódios de seca e crise hídrica. A definição desse território foi realizada com base nas características comuns das localidades que sofrem com o processo recorrente de estiagem. A delimitação mais recente da área compreende um total de 1.427 municípios, e foi oficializada pela Resolução 150, de 13/12/2021 do Conselho Deliberativo da Sudene (SUDENE, 2021).

           Associado a discrepâncias sociais, o problema da falta d’água na região produziu um contexto de dependência e carência desse recurso, impelindo assim a população aos processos de migrações sazonais para outras regiões do país, à procura de melhores meios de sobrevivência, e aos moradores que permaneceram no Semiárido, restou a submissão às classes dominantes e medidas adotadas pelo Estado (OLIVEIRA, 1977). Essa configuração revela que as vulnerabilidades desse território não são resultantes apenas de determinantes naturais, mas principalmente, da sua conjuntura política e social.

           Até o início do século XX, as ações do governo brasileiro para o Semiárido era iniciativas temporárias e emergenciais, praticadas em situações de calamidade para atenuar os efeitos sociais dos períodos de seca (BURITI E BARBOSA, 2018). Nesse sentido, as principais medidas adotadas eram a doação de alimentos, distribuição de carros-pipa de água e perfuração de poços (ALVES, 2013).

           Os investimentos direcionados à infraestrutura hídrica representaram a principal política pública estabelecida pelo Estado brasileiro até a década de 1990, sobretudo para construção de açudes. Essas estruturas financiadas pelo governo eram comumente instaladas em grandes latifúndios (BURITI; BARBOSA, 2018), condição que acentuou os processos de concentração de poder e de subordinação da população aos donos da terra onde o açude estava situado.

 

A construção de grandes obras de infraestrutura hídrica - geralmente concentradas e alocadas nas proximidades das grandes fazendas (...) não apenas não aumentaram a disponibilidade de água para as famílias, como ampliaram processos de concentração de poder e dependência econômica e política, favorecendo a criação de um “novo coronelismo” modernizado. (BAPTISTA; CAMPOS, 2013, p.62)

 

Ainda nessa perspectiva, Cordeiro (2013, p.187) pontua: “O Estado, dessa forma, financiou a concentração fundiária no Semiárido que esteve associada à vulnerabilidade hídrica dos camponeses.” Observa-se, portanto, que as limitações do Estado contribuíram para a manutenção das estruturas e desigualdades sociais, originárias da sua constituição e resultantes de uma contraditória combinação de interesses e concepções tradicionais e modernas (MARTINS, 1999). A partir do histórico das ações governamentais se torna possível compreender melhor a problemática política e social da água no Semiárido brasileiro, e notar que as medidas até então aplicadas, não foram eficazes para a região. 

A Conferência da ONU – Rio 92, proporcionou a ampliação do debate sobre a democratização no acesso à água e abriu espaço para uma maior reflexão quanto à abordagem governamental sobre a questão da água no Semiárido brasileiro. A partir dessas discussões, se concebeu uma nova política para o Semiárido: a convivência com a seca (CAMPOS, 2014). Nesse direcionamento, as políticas de convivência com a seca buscam promover soluções conectadas aos interesses e potencialidades locais, e agregando a participação da sociedade civil nas decisões (ASA, 2002). 

Uma política eficiente das águas deve, portanto, considerar que o Semiárido é um território diverso e heterogêneo, fator que demanda soluções específicas para os seus espaços socionaturais (BURITI; BARBOSA, 2018). Dentre os inúmeros desafios para o desenvolvimento de políticas da água eficazes nessa região, destaca-se a conjuntura dos pequenos municípios, particularmente nas suas porções rurais. A dispersão das moradias e a menor escala da população na zona rural constitui um obstáculo a mais para a criação e políticas eficientes que propiciem o acesso à água tratada e de qualidade (MARIA, 2019). O Censo expõe uma diferença acentuada entre o Brasil urbano e rural, quanto aos índices de abastecimento de água, saneamento e concentração da população em extrema pobreza (IBGE, 2010).

Nesse panorama, a Paraíba corresponde a um dos Estados brasileiros mais atingidos com problemas de acesso à água. De acordo com as definições de Áreas Territoriais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 90,91% do território paraibano está inserido no Semiárido (IBGE, 2021). Além disso, cerca de 33% da população está concentrada na área rural, um índice superior à média nacional, que é de 15,28% da população. O Estado possui um dos piores índices de desenvolvimento humano, ocupando a 23ª posição no país (IBGE, 2021). Nesse território, o acesso à água é em muitas localidades caracterizado por precariedade e desigualdades, particularmente nas suas zonas rurais. 

Método e lócus do estudo

 

 

As técnicas utilizadas para o desenvolvimento dessa investigação visaram uma maior aproximação com as questões hídricas no contexto rural. O estágio inicial desse estudo partiu de uma pesquisa bibliográfica relacionada à problemáticas políticas e sociológicas da água, seguida de um levantamento documental que intencionou elencar dados para delinear os aspectos físicos e humanos, e com maior ênfase, informações vinculadas às águas que permeiam o espaço investigado. 

Os principais dados para análise foram obtidos a partir da realização da pesquisa de campo e da observação local teve seu início nas sedes administrativas dos municípios Itatuba e Mogeiro, adentrando progressivamente às configurações dos territórios rurais dessa região. Nos trajetos percorridos buscou-se compreender a conjuntura física e humana do território, com ênfase nas formas de acesso à água. A observação local viabilizou catalogar várias imagens dos recursos utilizados pelas comunidades para acessar, armazenar e utilizar às águas disponíveis. 

As comunidades rurais Juá e Jurema (Figura 1) compõem o lócus desse estudo. Essas localidades estão inseridas na porção rural dos municípios de Mogeiro e Itatuba, no Estado da Paraíba. A região está inserida no Semiárido e possui alguns importantes referenciais hídricos em sua proximidade, como o Rio Paraíba, a Barragem Argemiro de Figueiredo e o eixo leste da transposição do Rio São Franciso.  As particularidades de acesso à água no âmbito rural semiárido associadas aos processos de apropriação social das águas, fazem dessa localidade um espaço significativo para observações de caráter social e político.

O Juá é uma pequena comunidade da zona rural de Mogeiro, distante a aproximadamente 35 quilômetros da sede administrativa (Prefeitura) do Município. A localidade possui rede de iluminação pública com posteamento e distribuição para as casas. Não há presença de estabelecimentos comerciais, de ensino ou postos de saúde. O povoado tem cerca de 25 moradias, com características similares e um espaçamento variando de 50 a 100 metros entre as casas. 

Na zona rural de Itatuba, a aproximadamente 25 quilômetros da sede do município, está o Sítio Jurema. O povoado possui uma via central pavimentada com calçamento de pedra e rede de iluminação pública com distribuição de energia para as residências. O povoado tem cerca de 100 residências, com uma distância de 10 a 30 metros entre as casas. Há alguns pequenos estabelecimentos comerciais, como mercearia, para venda de mantimentos e bar. Ali também se encontra um grupo escolar de 1º grau em funcionamento regular, Posto de Saúde e um Cemitério Público

Figura 1 – Mapa representativo da localização das comunidades estudadas

 

A população alvo desse estudo são moradores da zona rural do agreste paraibano, de forma específica, 10 moradias visitadas na Comunidade Jurema e 10 na Comunidade Juá. Esses grupos pesquisados não possuem rede de abastecimento de água, e geograficamente estão deslocados do perímetro urbano, apresentando assim acessos alternativos e particulares de acessar a água que consomem. 

As informações-base para a análise desse estudo foram, portanto, constituídas a partir da observação local; de conversas informais e entrevistas semiestruturadas com os atores sociais envolvidos do processo de governança da água da região investigada. O contato com os moradores foi realizado em duas etapas, a primeira corresponde a um primeiro contato, de apresentação da pesquisadora e de seus objetivos, além do convite para participação na pesquisa, de forma anônima. As primeiras impressões locais já são captadas nesse contato inicial a partir de conversa informal e na segunda visita é realizada a entrevista pré-estruturada, juntamente com o levantamento fotográfico necessário à caracterização da pesquisa. 

Os dados alcançados com a pesquisa tiveram tratamento estatístico para as questões da entrevista que possuem uma média ou variável pré-determinada, possibilitando a construção de gráficos e tabelas para melhor visualização dos resultados. A análise desse material se baseou nas teorias e indicadores sociais de acesso e governança da água considerados nesse estudo. Já as informações obtidas com as questões abertas e de caráter subjetivo nas conversações, foram destacados os recortes de maior associação com a temática em estudo, para que fosse elaborada uma análise do discurso associado à percepção de apropriação social da água e o processo de participação política nas localidades. 

Acesso à água nas comunidades

 

 

De forma análoga à maioria das áreas rurais, as comunidades investigadas não possuem rede de abastecimento de água, e os moradores dessas localidades se utilizam de meios diversos para ter acesso às várias águas para os distintos usos. Nas residências pesquisadas na comunidade Juá, a água para beber e cozinhar, tem origem no armazenamento da água de chuva em cisternas em 80% das casas pesquisadas. Já na Jurema, a maior parte (50%) dos moradores fazem uso da água de um sistema de dessalinização, instalado recentemente (2020) na comunidade pelo Projeto Água Doce (PAD). 

Os moradores das duas comunidades também recorrem à compra de água e as cisternas são o principal meio de armazenamento e comportam uma média de 16 mil litros, são abastecidas no curto período de chuvas característicos do Semiárido, e a água “de beber” é garantida por 6 ou 7 meses do ano. Na comunidade Jurema a limitação se dá pela dificuldade de transporte da água da dessalinizadora, distante para parte das moradias, bem como a restrição da disponibilidade por moradia, que corresponde a apenas 120 litros de água por semana. 

Mediante essas limitações de armazenamento, transporte e quantidade restrita da água disponível, as famílias recorrem à compra de água sob o sistema de venda porta-a-porta por veículos de particulares que circulam pela região, sobretudo no período de estiagem. Não há nenhuma comprovação da origem ou formalização no processo de compra e venda, a água é depositada do carro-pipa para baldes de 20 litros dos próprios moradores, e é cobrado o valor médio de R$ 2,50 por balde. 

Para beber e cozinhar, além da água de chuva, da Dessalinizadora do Projeto Água Doce (na Jurema) ou comprada em veículos de particulares, um outro fornecimento de água encontrado foi uma cisterna comunitária abastecida através da ação do Governo Federal, a Operação Carro-Pipa, instalada no Juá. Esse programa, executado pelo exército, tem caráter emergencial de distribuição de água potável no Semiárido brasileiro. A frequência de abastecimento da cisterna pelo exército é semanal. A população local aponta dificuldades para o deslocamento e transporte da água dessa cisterna para as moradias, além de terem sinalizado uma percepção negativa sobre a qualidade (quanto ao sabor, salobra) da água para ingestão. 

As águas destinadas à higiene pessoal e para a realização de atividades de subsistência e econômicas são advindas do Rio Paraíba, que circunda entre 100 e 300 metros das moradias. O uso é voltado somente para essas finalidades, uma vez que os próprios moradores consideram essa água fluvial imprópria para beber e cozinhar, pois além de ser salobra, eles têm a percepção de que o Rio recebe detritos em seu curso de várias fontes, como dejetos humanos e animais, agrotóxicos utilizados em plantações ribeirinhas, escoamento residual da carcinicultura, produtos de limpeza para lavagem de roupas etc., fatores que inviabilizam o consumo humano.  

De forma geral, os moradores acessam somente às águas de caráter superficial, como a pluvial e fluvial. Não foram encontrados pontos de captação subterrânea de uso particular nas comunidades, de nenhum tipo, seja na forma de poço caipira ou tubular. O único poço verificado foi a estrutura vinculada ao PAD na Jurema, para uso comunitário. As águas superficiais utilizadas pelos moradores são captadas através de dois mecanismos. O primeiro, voltado para captação da “água de beber” foi o sistema para captação de água da chuva através de calhas, conectadas ao telhado das casas e fazendo a condução da água até as cisternas. Já a água do Rio Paraíba é captada por meio de bombeamento. 

No Juá, a maioria das casas possui sistema bombeamento particular ou compartilhado entre vizinhos, para captação da água canalizada do Rio Paraíba. Enquanto isso, na Jurema, é inexpressivo o número de casa com bombeamento próprio, nesse caso, a maioria das residências paga uma mensalidade de R$ 50,00 pelo bombeamento, realizado por uma equipe itinerante que possui bombas e canalização e comercializam este serviço. O bombeamento é feito duas vezes por semana, e para cada moradia abastece uma caixa d’água com capacidade de 1000 litros, que irá servir para higiene, bem como para atividades de subsistência. 

Além das cisternas e caixas d’água, o armazenamento doméstico em todas as moradias é também realizado com utensílios como baldes, tambor, tonel, bacias e potes de barro. A maioria das famílias não fazem nenhum tipo de tratamento da água, ou contam apenas com a decantação doméstica para evitar ingestão de sedimentos, processo popularmente conhecido na localidade como “deixar a água sentar”. O hipoclorito de sódio é muito pouco utilizado, e não há distribuição regular por agentes de saúde. 

Não há nenhum monitoramento de qualidade das águas utilizadas na região. Tanto os moradores do Juá, quanto da Jurema, informaram que não há inspeção da qualidade da água consumida por parte de nenhum órgão. O único tipo de monitoramento apontado pela Comunidade é referente ao controle de captação de água do Rio Paraíba, quanto ao registro de outorgas, que é efetivado pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba. 

O consumo médio diário de água para cada morador das comunidades pesquisadas considerou os usos para beber, cozinhar e para higiene pessoal.  Os moradores auxiliaram nessa estimativa com base no uso de baldes de 20 litros, um utensílio presente em todas as residências visitadas e também utilizado como parâmetro quanto há compra de água e também para recebimento da água via Projeto Água Doce (Dessalinizadora). A partir das informações indicadas pelos moradores entrevistados, a estimativa é que em 90% das residências, a média de consumo de água por morador não ultrapassa 60 litros/dia, realidade correspondente tanto ao Juá como na Jurema.

No que se refere à destinação das águas após o uso, quase a totalidade dos entrevistados afirmou que não adota nenhuma modalidade de reuso, e transpareceram não ter consciência da importância dessa prática ou de possuir orientações de como implementar tal modalidade nas rotinas diárias. O desinteresse em reutilizar a água captada do Rio Paraíba fica evidente mediante a impressão de má qualidade dessa água pelos moradores, percebida como salobra e detentora de poluição de várias origens. Em seu curso, essas águas recebem dejetos humanos e animais, uma vez que não há saneamento básico na região, e, além disso, há escoamentos de agrotóxicos e resíduos de carcinicultura, situação informada pelos próprios moradores que consomem essa água bruta, sem nenhum estágio de tratamento. 

O descarte das águas utilizadas no Juá e na Jurema é feito por canalizações a poucos metros da residência, e o esgoto é direcionado para uma fossa rudimentar em 90% das casas, e nos outros 10%, o esgoto é lançado em vala. Todas as moradias visitadas possuem vaso sanitário, em sua maioria instalados no interior das casas. Considerando esse contexto, é importante destacar que, o descarte inadequado de água e esgotos promove a contaminação do meio ambiente e consequentemente ao adoecimento da população.

Conclusiones:

A partir do estudo desenvolvido nas comunidades rurais Jurema e Juá, os dados obtidos retratam uma precariedade quanto às formas de acesso à água. Foram identificadas fragilidades quanto à disponibilidade e também sobre a qualidade da água que essa população consome. As cisternas, como principal forma de armazenamento da água da chuva, utilizada para beber e cozinhar, não supre a demanda do ano inteiro nas moradias; quando ocorre o esgotamento dessa fonte, a alternativa de compra não garante nenhuma regulamentação da origem ou tratamento da água vendida porta a porta. Mesmo a presença dos programas de universalização, como o PAD e Operação Carro Pipa, não garante a abrangência da maioria da população local, uma vez que a obtenção daquela água exige determinada logística para o transporte, nem sempre viável ao morador, mediante as distâncias entre a sua casa e o ponto de distribuição.

A vulnerabilidade dessas localidades também é observada a partir da constatação de que a média de consumo de água por morador, para beber, cozinhar e higiene pessoal, não ultrapassa 60 litros por dia, um índice que representa pouco mais da metade da quantidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que é de 110 litros/dia. Esses resultados sobre as condições de acesso deficitários nas comunidades observadas apresentam o distanciamento entre a realidade do Semiárido rural brasileiro e as metas do objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, o ODS 6, que preconiza a universalização da água potável e do saneamento.

A inexpressiva ou mesmo inexistente participação política dos moradores da Jurema e do Juá quanto à governança das águas reflete o desafio vinculados aos processos de cidadania e democratização da água no Semiárido rural. A ausência de vozes locais na conjuntura da governança da água pode ser justificada pelo desconhecimento dos moradores quanto ao sistema de gestão e seu papel político, como principalmente pela falta de interação dos órgãos representativos dessa esfera, nas comunidades. Esse cenário expõe a distância entre os balizares legais da governança das águas, que preconizam a democratização, a integração e participação social, ante a realidade das localidades rurais do semiárido, o que reforça a centralização de poder do Estado e a manutenção das vulnerabilidades nesta região em particular.

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Palabras clave:

agua

aceso 

 

Resumen de la Ponencia:

Aproximar a ciência das políticas torna-se cada vez mais necessário, pois decisões baseadas em resultados científicos serão sempre mais efetivas. Esse processo participativo de construção de políticas públicas, onde os parlamentares levam em consideração conceitos e recomendações técnicas para a elaboração das leis é bastante recente no Brasil e tem obtido resultados positivos. Uma gestão mais justa e sustentável dos recursos solo e água no Brasil exigirá não apenas pequenas mudanças, mas sistêmicas e sócio-ecológicas transformações (Pereira et al., 2019). Maior equidade política e inclusão de diversas partes interessadas na construção conjunta de novos conhecimentos e a abertura de diálogos para a mudança são fundamentais para encontrar caminhos promissores (Scoones et al., 2018). Para tal, é necessário ainda que as pesquisas no tema possam subsidiar a elaboração das leis e a tomada de decisões para que as mudanças ocorram de forma mais eficiente (Fazey et al., 2018). Este estudo faz parte da primeira etapa do Projeto SoloAguaBr, liderado pela Embrapa Solos, no Brasil. O objetivo é iniciar o levantamento, análises e identificação das contribuições das políticas federais de apoio à construção participativa do Plano SoloAguaBr. Para tanto, as contribuições das políticas federais foram selecionadas, identificadas e analisadas ​​em termos de seis eixos estratégicos: Legislação, Integração, Planejamento, Conservação, Recuperação e Monitoramento.  Os resultados dessas análises trazem subsídios para indicar estratégias na formulação do PlanoSoloAguaBr, que por sua vez pretende contribuir no atendimento de demandas do Programa Nacional de Solos do Brasil (PronaSolos) e demais políticas relacionadas, buscando ampla participação da sociedade no processo de formulação, implementação, monitoramento, e adequações em função das especificidades das diferentes regiões brasileiras. Pretende-se assim, fomentar a gestão ambiental sustentável mais integrada e articulada envolvendo a governança dos recursos solo e água sob uma perspectiva integral e complementar às políticas, planos e programas já existentes, tendo em conta o envolvimento e empoderamento de seus atores dentro de suas especificidades. Almeja-se, desta forma, que seja possível contribuir para que os recursos solo e água possam  estar envolvidos em: estratégias eficientes de prevenção as suas possíveis ameaças; instrumentos potentes para sua conservação; mecanismos eficazes de monitoramento para o constante propulsionar de sua gestão por meio da retroalimentação permanente; iniciativas articuladas para garantir a recuperação destes recursos de forma mais integral; alternativas robustas de integração entre todos os atores, instituições e iniciativas já envolvidos na temática para a otimização de esforços, alcance qualitativo e quantitativo de escala no campo e nas cidades, por meio da aderência das pessoas à essência desta oportunidade; e, finalmente, propostas inovadoras imersas em uma legislação inclusiva e participativa, para que tod@s possamos ser voz ativa dentro das peculiaridades e especificidades dos diversos contextos, esferas e dimensões em um país continental como o Brasil.