Resumen de la Ponencia:

La popularidad y el reconocimiento internacional del sistema de formación dual alemán ha venido aumentado entre los países latinoamericanos, especialmente después de las ultimas grandes crisis: 1978-1980 con la crisis internacional del petróleo y con la crisis financiera del 2008. Lo interesante en estos casos es que, después de las crisis económicas del capitalismo, el discurso político económico se ha construido a partir de las ideas de austeridad fiscal, reestructuración productiva y reducción del estado (los programas de ajuste estructural en los 80) y la importancia de las alianzas público-privadas para superar la crisis (después del 2008). En ambos casos, la educación dual ha sido central como medida de reactivación del mercado laboral respondiendo a estos discursos. En la mayoría de los casos, la transferencia de formación dual se ha abordado desde una perspectiva legal o didáctica-pedagógica, pocas veces desde una mirada desde la sociología del trabajo. ¿cómo se puede abordar el fenómeno de las políticas de formación técnica en relación con las nuevas orientaciones de flexibilidad laboral, o de potenciación de las transiciones del mundo educativo al mundo laboral? ¿cómo entender las dinámicas de transferencia de políticas educativas-laborales en el marco del contexto sociopolítico-local desde una perspectiva crítica? A nivel teórico, se analiza a profundidad el proceso de transferencia del modelo alemán desde las perspectivas de los actores sindicales, estatales y empresariales costarricenses, tomando como ejes de análisis la producción de mitos institucionales, las dinámicas de poder entre actores, el dialogo social tripartito presentes en los discursos y prácticas de los actores sociales. A nivel metodológico, el tema es abordado desde el análisis crítico de discurso, utilizando técnicas cualitativas para el análisis de documentos políticos, entrevistas semiestructuradas sujetos y observación participante.A manera de resultados se puede decir que el proceso de transferencia del modelo dual ha sido atravesado por mitos-ideologías institucionales a nivel local, que existe un conflicto histórico detrás de las condiciones de trabajo que se manifiestan en las discusiones centrales y estratégicas para implementar un modelo de formación dual, como los salarios, el derecho a la sindicalización y las garantías laborales de los apéndices y por último, que las transferencias no toman en cuenta las transformaciones históricas sucedidas en los países locales, lo que influye en la concepción ideológica, discursiva y práctica de los actores sociales sobre una política educativa que recae sobre el mundo laboral.Láscarez-Smith, Daniel., y Schmees, Johannes K. (2021). The Costa Rican business sector’s concepts of the transfer of German dual training. Revista Actualidades Investigativas en Educación, 21(2), 1-30. Doi.10.15517/aie.v21i2.46792    Li, J., & Pilz, M. (2021). International transfer of vocational education and training: a literature review. Journal of Vocational Education & Training 73, 1–34. https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1847566 

Resumen de la Ponencia:

Los trabajos del cuidado del hogar han despertado un interés creciente en el ámbito académico y político ya que permiten evidenciar las brechas entre mujeres y hombres en cuanto a la división sexual del trabajo. En el contexto colombiano, se han implementado planes regionales con el fin de integrar los trabajos del cuidado dentro del Sistema de Cuentas Nacionales y el Circuito Distrital del Cuidado; sin embargo, el panorama nacional ha dejado de lado las experiencias territoriales donde subsiste esta problemática que se agudizó debido a las medidas sanitarias orientadas a mitigar la propagación del COVID-19. De este modo, la presente ponencia analizó las opiniones de 224 personas en edad adulta de la UPZ Gran Yomasa en la localidad de Usme (Bogotá, Colombia) frente a los trabajos del cuidado y el uso del tiempo en el contexto de la contingencia sanitaria COVID-19. Para ello, se elaboró un estudio mixto convergente que combinó tres entrevistas, un grupo focal y 224 encuestas, las cuales permitieron evidenciar que, si bien las personas coinciden en que las labores del hogar deben ser distribuidas de manera equitativa entre hombres y mujeres; en la práctica, las mujeres dedican más tiempo que los hombres a la realización de los trabajos del cuidado.

Resumen de la Ponencia:

En el contexto actual, las investigaciones acerca del trabajo del hogar remunerado han mostrado características de precariedad en las relaciones y condiciones de trabajo que se establecen en la prestación de este tipo de servicios. Estas circunstancias de tipo coyuntural han tenido un impacto en la contratación, en las diversas modalidades de esta, en la modificación de las actividades a realizar, en la intensificación de la jornada de trabajo (laborar menos días y realizar la misma o mayor cantidad de trabajo) bajo las condiciones de reducciones salariales y hasta despidos injustificados.Bajo este panorama, resulta relevante analizar cómo la precarización afecta las condiciones de trabajo de este grupo de personas asalariadas, debatir sobre los riesgos físicos y psicosociales a los que son sometidas las personas trabajadoras del hogar -verse obligadas a desplazarse por transporte público y mantener las medidas de seguridad e higiene solicitadas por el gobierno mexicano y las familias de las personas empleadoras-.Las interacciones también influyen en el proceso de trabajo, puesto que durante el periodo de confinamiento las familias empleadoras laboraban en casa -homeoffice- y los hijos de ellos tomaban clases en línea, esto influye en la intensificación del trabajo y las interacciones que se realizan al interior del hogar durante el proceso de trabajo.Por último, a partir de la pandemia se consideró como un riesgo de contagio a una persona trabajadora del hogar, fundamentado principalmente en prejuicios, estigmas y estereotipos: basados en juicios de valor (negativos), creencias aprendidas y suposiciones asignadas a miembros de un grupo basados en información incompleta que generaliza las características de los miembros de un grupo social (por considerar que son pobres, ignorantes, irresponsables y sucios).De acuerdo con lo anterior,  esto se tradujo en conductas discriminatorias que atentan contra los derechos de las personas trabajadoras del hogar y que se objetivan en despidos injustificados, en procesos de segregación, un trato diferenciado y a las reducciones del salario y modificación de las actividades a realizar, por tanto, dichas acciones tienen un impacto en la precarización de este trabajo de servicios y reproduce los procesos de desigualdad de las personas trabajadoras del hogar.

Resumen de la Ponencia:

Introducción: La formación técnico profesional ha sido promovida en diversos países como un medio para proveer las competencias y calificaciones que demanda el mercado laboral (Ozer y Perc, 2020). Este tipo de formación contribuiría, supuestamente, a superar la inequidad de los sistemas educativos y a promover una mayor movilidad social (Zancajo y Valiente, 2018). Las políticas educativas promueven un modelo dual, en donde la formación en la empresa se plantea como una exigencia para satisfacer las demandas del mercado laboral y la inserción laboral de los jóvenes (OCDE, 2017; Luna, Astorga, Téllez y Novoa, 2018). Este tipo de formación dual, sin embargo, es difícil de implementar dado el escaso compromiso de las empresas con la formación (Carrillo y Jurado, 2017). En efecto, tanto en Latino América como en España se advierte la dificultad de estrechar vínculos con el sector productivo empresarial (Sevilla, 2017; Sepúlveda y Valdebenito, 2019); asimismo, se plantea la dificultad de responder a políticas educativas que no consideran la realidad local y diversidad regional (Šćepanović, V., & Martín Artiles, 2020).Método: Utilizando una metodología mixta secuencial de estudio de casos múltiples, el objetivo de esta investigación fue comprender cómo los centros de educación secundaria de formación profesional (FP) se vinculan con el sector productivo. Para la selección de los casos se revisaron indicadores sobre, desempeño, tasa de titulación, dependencia, modalidad técnico profesional, género del director o directora, tamaño, ubicación geográfica (rural/urbana), número de docentes. Se seleccionaron once casos de diferentes regiones del país. Para formalizar la participación se pidió autorización y firma de consentimiento informado a cada participante. Para la producción de datos, se realizaron dos entrevistas con el director, con el coordinador del currículo, con el coordinador de especialidades, dos grupos focales con docentes y jefes de especialidad. Para el análisis de datos se construyó una descripción exhaustiva de cada caso. Seguidamente, se realizó un análisis cruzado que integró los resultados obtenidos en cada caso. Además, se analizaron, desde una perspectiva crítica del discurso (Fairclough, 2010),  documentos de políticas educativas que mandatan el trabajo. Resultados: Las categorías que emergen dan cuenta de estructuras organizacionales donde la toma de decisiones es colectiva. Aparece también una categoría que destaca la conformación de comunidades de aprendizaje profesional. Finalmente, aparece una categoría sociopolítica relacionada con las dificultades para implementar un modelo dual donde se puedan certificar las competencias profesionales. Discusión y conclusiones: El fortalecimiento de una cultura de colaboración es complejo en un contexto neoliberal en donde prima la competencia y el individualismo por sobre el trabajo colaborativo. La descentralización, la autonomía y cambios en la estructura de poder y de relación con el sector productivo aparecen como desafíos en este tipo de formación profesional.

Resumen de la Ponencia:

A nivel mundial, la ocupación laboral de la población joven se ha convertido en un asunto significativo y urgente para el análisis social, y también en un gran desafío para las políticas públicas. En América Latina en general, y en México en particular, los egresados de estudios superiores que se encuentran listos para emplearse de modo asalariado, o para ocuparse por cuenta propia, manifiestan gran incertidumbre sobre sus posibilidades reales de inserción laboral, y sobre la calidad de los trabajos que les esperan. Ello, debido a las restricciones estructurales de la planta productiva y a las remuneraciones y estabilidad de las plazas existentes. Es un entorno de precariedad visible, que impide a la juventud vislumbrar proyectos de vida sólidos, cuando lo que enfrentan son en general bajos salarios, ocupaciones informales y ausencia de esquemas de seguridad social. Además, aumenta la competencia por los puestos de trabajo estables y regulados que son cada vez más escasos, dando como resultado que los jóvenes sean hoy uno de los segmentos poblacionales de mayor vulnerabilidad. A partir de lo anterior, la presente exposición se propone es sistematizar las tendencias en la disponibilidad de empleo juvenil en la región, con énfasis en el caso de México, y delinear las condiciones laborales a las que se enfrentan actualmente los jóvenes con estudios superiores, ya que, con el paso de los años, y pese a que cuentan tendencialmente con mayor capacitación y calificaciones, han sido severamente afectado por la fragilidad ocupacional. Se propone que, en buena medida, ello se sustenta en reformas de política pública e institucionales, es el caso de la legalización del outsourcing (subcontratación) que elimina la accesibilidad, derechos y formas de pensión y retiro, potenciando la precariedad laboral y salarial lo que origina el crecimiento de la economía subterránea en cuestiones de empleo. Además, se han multiplicado los trabajos de tiempo parcial, trayendo consigo que este sector se encuentre deambulando de trabajo en trabajo, y el tipo de contratación incrementa el porcentaje de jóvenes que no cuenta con sindicatos que los respalde.

Resumen de la Ponencia:

El estudio que se presenta, propone la construcción de un Índice de Calidad del Empleo (ICE) tomando como base la metodología empleada por Farné-OIT (2003), para la comparación entre unidades territoriales en Uruguay. Se parte de considerar que la medición de la calidad del empleo, requiere del diseño de un recurso metodológico que recoja un conjunto de variables explicativas construido mediante la ponderación de variables simples, considerando indicadores enfocados en el tipo de trabajo más que en el acceso (tener o no tener empleo) (Farné, 2003). De esta manera, se cuestiona la idea de que los problemas de empleo son directamente atribuibles al desempleo (Sehnbruch, 2004 en Porras y Rodríguez, 2014).

Autores sostienen que la calidad del empleo está determinada por el contexto económico productivo (productividad, nivel de desarrollo económico, apertura externa) y por la institucionalidad laboral (legislación y negociación colectiva), no obstante, a nivel latinoamericano, ninguna de éstas condiciones es homogénea al interior de los países (Weller y Roethlisberger 2011 citados en RIMISP, 2013). En Uruguay, pese a la homogeneidad con la que históricamente se lo ha asociado, existen significativas desigualdades entre los espacios sub-nacionales. De este modo, se instala la necesidad de centrar el debate en las desigualdades territoriales, consideradas el principal obstáculo para el desarrollo de la región (RIMISP, 2013).

Considerando que, en materia de empleo, cuando se comparan territorios, se lo hace a partir de indicadores de los cuales informa el sistema oficial de estadísticas tales como tasa de empleo, tasa de actividad, tasa de desempleo y a través de los indicadores de restricciones al empleo (subempleo e informalidad), el uso de un indicador compuesto, constituye un aporte a su estudio como fenómeno complejo y multidimensional.

De acuerdo a estas consideraciones, la propuesta considera cuatro indicadores: ingreso, seguridad social, estabilidad en el empleo y tiempo de trabajo. Se plantea un diseño transversal, siendo la población objetivo los/as ocupados/as en ocupación principal. La estrategia metodológica, de carácter cuantitativo, se centra en el tratamiento de la Encuesta Continua de Hogares (2019) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Introducción:

El estudio desarrolla una propuesta de medición de la calidad del empleo mediante la construcción de un índice sumatorio ponderado (ICE), aplicándose dicho instrumento para evidenciar la desigual distribución territorial de la calidad del empleo en Uruguay. 

A partir de explorar los orígenes y desarrollo del concepto de calidad del empleo, se aborda el proceso de operacionalización del concepto mediante la elección de dimensiones y selección de los indicadores, en base a un modelo de cuatro componentes: ingresos, seguridad social, estabilidad y horario de trabajo. Las mismas se formalizan en un índice ponderado que, a partir de criterios teóricos y de la técnica de Análisis de Componentes Principales (PCA), asigna pesos diferenciales en función de la contribución de cada variable a la variabilidad del conjunto. Asimismo, se discute el proceso de ponderación de los indicadores y determinación de umbrales de calidad. 

Posteriormente, se presentan los resultados del estudio, constituyendo el ICE adaptado un primer producto. A su vez, la aplicación del instrumento para Uruguay (2019) permite observar que, en el total del país, un 64,1% de las personas ocupadas (en ocupación principal) alcanza el umbral de un empleo de buena calidad, definido en 57 puntos. Sin embargo, ese dato esconde significativas diferencias entre ámbitos sub-nacionales, como por ejemplo los 19 puntos porcentuales que separan a los departamentos de Colonia y Rivera (67,2% y 48,1% respectivamente). 

Por otro lado, el comportamiento territorial de la calidad del empleo permitió construir agrupamientos de departamentos, mediante la técnica de conglomerados jerárquicos, obteniéndose cuatro agrupamientos, además de Montevideo, que se analizan por criterio de porcentaje de personas ocupadas que alcanzan el umbral de calidad del empleo, así como por niveles de calidad. 

Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo. Entre las mismas se destacan los desafíos que supuso el proceso de adaptación del índice, dada la falta de criterios universales para seleccionar y ponderar las variables o indicadores componentes, la necesidad de establecer umbrales de calidad y las limitaciones relativas a las fuentes de datos disponibles. Asimismo, se retoman los principales resultados del estudio y se dejan planteadas posibles líneas de trabajo a seguir profundizando, con foco en la explicación de la desigual distribución de la calidad del empleo en Uruguay, a partir de la herramienta construida.

Desarrollo:

En la actualidad, la dinámica de los mercados globales se caracteriza por la búsqueda de menores costos de producción, crecientes niveles de competitividad y cambio tecnológico. Las nuevas exigencias de flexibilización propias del patrón de acumulación vigente (flexible) han provocado cambios en relación a los salarios, estabilidad, cobertura social entre otras variables laborales, lo que se traduce en un conjunto de formas de empleo que se distancian del modelo típico fordista (Harvey, 1998). En tal contexto, el debate en torno al empleo atípico, contingente y los malos empleos ha contribuido a despertar el interés en el tema de la calidad del empleo[1] (Reinecke y Valenzuela, 2000 citados por Farné, 2003); asimismo, la aprobación en varios países del mundo de reformas laborales en procura de adecuar la legislación a estas transformaciones  y el fenómeno de la expansión del empleo en el sector servicios (caracterizado por un crecimiento de la productividad menor que en el sector industrial), reforzaron dicho interés (Van Bastelaer y Hussmann, 2000; Carty, 1999 citados por Farné, 2003).

La presencia del tema en la producción teórica, de manera explícita, data de la década de los setenta, en el marco de estudios sobre calidad de vida desarrollados en Estados Unidos y Holanda (Reinecke y Valenzuela, 2000). Su presencia en las agendas de organismos internacionales adquiere especial relevancia a partir de los postulados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999 sobre “Trabajo Decente” (Jiménez y Páez, 2014). Asimismo, la Unión Europea ha destinado esfuerzos desde el año 2000 para el desarrollo de indicadores de calidad, siendo un ejemplo los Job quality Indicator lanzados en el Consejo Europeo de Laeken en 2001 (Huneeus, Landerretche, Puentes y Selamn, 2013). Por su parte, en el año 2008, se modifican los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), escenario en el que comienzan a incluirse indicadores específicos vinculados al empleo. 

En tal contexto, se observa un crecimiento de estudios sobre calidad del empleo en los países de América Latina. En los mismos, se ofrecen discusiones conceptuales y esfuerzos de medición que parten de los avances del debate europeo -introducido al trabajo regional de la OIT por Rodgers-, e incorporan modificaciones de acuerdo al contexto y particularidades regionales (Weller y Roethlisberger, 2011). 

Ante la ausencia de una teoría única sobre Calidad del empleo, existen diversas valoraciones sobre lo que constituye un empleo de calidad y las dimensiones que lo componen, que resultan en instrumentos de medición también diversos (Jiménez y Páez, 2014). En este estudio se retoma y adapta la propuesta desarrollada por la oficina de la OIT en Santiago de Chile y aplicada por primera vez en Colombia por Farné (2003) para el cálculo de un índice sintético que se fundamenta en cuatro dimensiones: ingreso, estabilidad, tiempo de trabajo y seguridad social. El mismo se propone por su sencillez conceptual, metodológica y de cálculo (Farné, Rodríguez Guerrero y Carvajal, 2013). Se logra de esta manera captar en un conjunto reducido de indicadores, las principales dimensiones de la calidad del empleo señaladas por la literatura.

Entendiéndose que la calidad del empleo está “determinada por un conjunto de factores vinculados al trabajo, que son expresión de características objetivas, dictadas por la institucionalidad laboral y por normas de aceptación universal que influyen en el bienestar económico, social, psíquico y de salud de los trabajadores” (Reinecke y Valenzuela, 2000, Farné 2003, Farné, Vergara y Baquero, 2012), se construye el instrumento con el objetivo de medir la calidad del empleo de forma multidimensional, así como evidenciar su desigual distribución territorial en Uruguay.

Centrar el análisis en las desigualdades territoriales implica para Uruguay cuestionar el mito del país territorialmente integrado, dada la heterogeneidad que presenta en sus diferentes escalas; se trata de un imaginario construido en torno a una clase media integrada y a una fuerte matriz Estado-céntrica, a partir de diversos formatos institucionales creados bajo el concepto de Nación y organizados territorialmente en torno a la figura de Montevideo. Asimismo, la reducida extensión geográfica del país, el escaso tamaño poblacional, entre otros aspectos, han contribuido a reforzar este imaginario de aparente homogeneidad (Sañudo, Leal, Quiñones y Andrioli, 2020).

La evidencia empírica muestra que la distribución territorial de la calidad del empleo en Uruguay es desigual. La anterior afirmación se fundamenta a partir de indicadores que el INE incluye para medir calidad del empleo: subempleo e informalidad y de los aportes de la literatura disponible para países de América Latina. En tal sentido RIMISP (2013) constata la existencia de profundas brechas territoriales en indicadores relacionados a calidad del empleo para ocho países latinoamericanos, señalando que, si bien los resultados promedio indican mejoras en las variables consideradas tales como formalidad laboral, ingreso, protección social, entre otras, esto no se traduce en una reducción de las brechas territoriales, mostrando como la medición de la calidad del empleo a través de promedios nacionales tiende a invisibilizar las desigualdades territoriales.  Asimismo, un análisis del indicador de empleo no registrado en Uruguay en el período 2006-2016 permite observar que, si bien en el promedio nacional la informalidad bajó, cuando se comparan los datos entre departamentos se observa un aumento de la dispersión (Leal, 2018)[2].

Considerando que, cuando se comparan territorios, se lo hace a partir de indicadores de los cuales informa el sistema oficial de estadísticas tales como tasa de empleo, tasa de actividad, tasa de desempleo y a través de los indicadores de restricciones al empleo (subempleo e informalidad), el uso de un indicador compuesto para medir la desigual distribución territorial de la calidad del empleo a partir de múltiples variables, constituye un aporte a su estudio como fenómeno complejo y multidimensional.  De acuerdo con lo expresado, la investigación buscó generar un aporte metodológico mediante la adaptación de un Índice de Calidad del Empleo para Uruguay y, a su vez, mediante su aplicación específica, incorporar al análisis la mirada territorial de las desigualdades en relación a la calidad del empleo. 

 

Diseño general y decisiones metodológicas

El estudio adoptó un diseño cuantitativo centrado en el tratamiento de una fuente de datos secundarios, la Encuesta Continua de Hogares (2019)[3] del Instituto Nacional de Estadística (INE), Uruguay. La estrategia implementada consistió en la adaptación del Índice de Calidad del Empleo (ICE) tomando como modelo la metodología empleada por Farné (2003) basado en la OIT. 

De acuerdo a los datos disponibles en la base de referencia, se define como unidades territoriales, a efectos de su comparación, los 19 departamentos del país. Se plantea para éste trabajo un diseño transversal, siendo la población objetivo las personas ocupadas[4] en ocupación principal (es decir, aquella que provee los mayores ingresos), en las categorías de ocupación: asalariados/as e independientes.

        Especificación de dimensiones y selección de indicadores.

El ICE combina cuatro dimensiones que comprenden los siguientes indicadores: Salario; Antigüedad en el empleo; Horas de trabajo semanales trabajadas, Subempleo y Afiliación a la seguridad social; optándose por la construcción de un índice sumatorio ponderado. A continuación, se describe brevemente el proceso de especificación del concepto mediante la elección de dimensiones, selección de los indicadores y criterios para su ponderación.

        Dimensiones

-Ingreso: Para ésta dimensión se mantienen los valores que propone el ICE de referencia (Farné,2003): Menos de 1.5 SML=0; Entre 1.5 SML y 3 SML=50; Más de 3 SML = 100. De acuerdo a la base de datos empleada, se considera la siguiente variable: Ingresos de la ocupación principal.  

-Seguridad social: El estudio se centrará en analizar el registro de los trabajadores a la Seguridad Social, tomando en consideración las variables: Aporta a alguna caja de jubilaciones; Aporta por la totalidad del salario, dando lugar a los siguientes criterios y valores: Con registro a la SS=100; Con registro parcial a la SS (el trabajador no aporta por la totalidad del salario) =50; Sin registro a la SS=0 

-Estabilidad: El ICE de referencia considera para esta dimensión la variable tipo de contrato, la misma implica la existencia de un contrato laboral escrito a término indefinido, a término fijo o la ausencia de contrato escrito. Dado que la variable “Tipo de contrato” no es relevada en la ECH, se empela en éste caso la variable antigüedad en el empleo, como indicador de estabilidad.

De acuerdo a lo señalado la variable a considerar es la cantidad de años que trabaja en la empresa de manera continua, estableciéndose las siguientes categorías: Mayor o igual a cinco años de antigüedad=100; Entre un año y cuatro años de antigüedad=50; Menos de un año de antigüedad =0 

-Tiempo de trabajo: Considerando la legislación de Uruguay, para la medición del tiempo de trabajo existe una doble limitación: no se puede trabajar más de 8 horas diarias y de 44 o 48 horas semanales, según se trabaje en el Comercio o en la Industria respectivamente (MTSS, 2008). 

El estudio considera que el trabajador alcanza el óptimo para esta dimensión cuando su jornada laboral no excede las 48 horas semanales ni se encuentra en situación de subempleo. En tal sentido, la ECH (2019) provee las variables: cantidad de horas habitualmente trabajadas por semana y Trabajador subempleado.

Se establecen las siguientes categorías: Hasta 48 horas semanales y no subempleado=100; Más de 48 horas semanales y hasta 60 horas semanales = 50; Más de 60 horas semanales o subempleado=0

        Ponderación

Cada una de las variables recibe una valoración horizontal y una vertical. El criterio de valoración horizontal asigna a cada variable un puntaje de 0 a 100 puntos, el valor 0 representa la privación de la característica en tanto que el 100 implica la cobertura total de la característica de referencia. La valoración vertical corresponde a la ponderación asignada a cada una de las variables que componen el índice, de acuerdo a su importancia relativa. El empleo de criterios de valoración horizontal y vertical permite asignar a cada individuo un puntaje que será creciente al crecer la calidad de su empleo (Quiñones, 2011). 

Respecto al proceso de ponderación y su valoración vertical, Farné (2003) advierte de las complejidades que supone dada la multidimensionaldad del concepto, lo cual implica asignar pesos a cada una de las variables o dimensiones contenidas en el Índice, proceso al decir de Rodgers (1997) con pocas posibilidades de ser universalmente válido. En el estudio, se opta por mantener la distinción propuesta por Farné (2003) entre trabajadores/as asalariados/as e independientes y contemplar los criterios teóricos aportados por el autor en base a la revisión de la literatura realizada, pero se modifica el peso que cada variable asume en el Índice, dada la necesidad de considerar las especificidades del caso estudiado, Uruguay, distintas a las de Colombia, estudiado por Farné.

De esta forma, se trabaja a partir de Análisis de Componentes Principales (PCA), técnica estadística que permite explicar la mayor variabilidad total de un conjunto de variables con el menor número de componentes posible, permitiendo realizar dos acciones fundamentales: cuantificar las variables originales y reducir la dimensionalidad de los datos (Navarro, Casas y Rodríguez, 2010). 

Los valores resultantes se resumen a continuación:

        Umbrales

El estudio fija como umbral 57 puntos, situación que implica que se obtenga como mínimo, un puntaje de 50 puntos en tres de las dimensiones consideradas y 100 puntos en la restante dimensión. Este valor representa la situación donde la persona percibe un ingreso entre 1,5 y 3 SML, se encuentra afiliada a la seguridad social (con aporte parcial), posee entre 1 año y 4 años de antigüedad en el empleo y su jornada laboral no excede las 48 horas semanales ni se encuentra en situación de subempleo.

A su vez, se establecen cuatro niveles o conjuntos definidos en base a los puntajes recibidos, los que se describen a continuación.

Nivel 1: puntaje obtenido mayor a 79 y hasta 100 puntos.

Nivel 2: puntaje obtenido mayor a 57 y hasta 78 puntos. 

Nivel 3: puntaje obtenido mayor a 29 y hasta 56 puntos. 

Nivel 4: puntaje obtenido entre 0 y 28 puntos. 

        Decisiones relativas a la aplicación del instrumento

Luego de asignarse a cada indicador los puntajes detallados en los puntos anteriores, se crean las variables correspondientes a SML, Seguridad Social, Antigüedad y Horas de trabajo; sus valores agregados (multiplicados por su correspondiente ponderación) resultan en un puntaje del ICE por persona ocupada (en ocupación principal). Posteriormente, los valores obtenidos se recodifican bajo la siguiente variable y categorías:

ICE_Umbral: Empleo de buena calidad; Empleo de mala calidad.

Una vez construido el ICE, se procede a probar su utilidad para medir la desigual distribución territorial de la calidad del empleo, evidenciada en estudios previos mediante medidas unidimensionales. Para ello, mediante análisis de distribución de frecuencias se compara el porcentaje de personas ocupadas que alcanzan el umbral de calidad del empleo definido (57 puntos) y el porcentaje que alcanza el umbral por “sub umbrales” o niveles de calidad/privación. 

El análisis se realiza para el total del país, por departamentos y agrupamientos departamentales, éstos últimos concebidos como producto de la aplicación del ICE a nivel departamental y construidos mediante la técnica de Clúster jerárquico, técnica multivariada que tiene por objetivo agrupar elementos por la similitud o similaridad entre ellos, creando grupos homogéneos. Se trata de un método de clasificación automática o no supervisada que permite estudiar tres tipos de problemas: partición de los datos, construcción de jerarquías y clasificación de variables (Peña, 2002). A efectos del análisis propuesto, el estudio considera como casos los dieciocho departamentos del país (exceptuando Montevideo[5]) y como variable “Empleo de mala calidad” obtenida a partir del porcentaje de personas ocupadas que no alcanzan el umbral de calidad del empleo por departamento. Como resultado se obtienen n conglomerados, que agrupan los departamentos en “regiones” de acuerdo a su calidad del empleo. 

 

Resultados y discusión

Descritos los componentes del índice y su forma de medición, se define el ICE del individuo i en el periodo t como la sumatoria de los indicadores componentes: Ingreso (I); Seguridad Social (S); Antigüedad (A); Tiempo de trabajo (H) por su correspondiente ponderador (w), resultando en un valor por persona ocupada (en ocupación principal) que varía de 0 a 100. 

Posteriormente, los datos agregados se interpretan como el porcentaje de personas ocupadas que alcanzan/no alcanzan el umbral de calidad del empleo, definido en 57 puntos, así como por “sub umbrales” o niveles de calidad.

 

El estudio se propone, una vez construido el índice, aplicarlo a la medición de la desigual distribución de la calidad del empleo en Uruguay. En función del mismo, a continuación, se exploran primero los resultados del ICE a nivel país, en función del resultado global y por umbrales, para luego analizar y comparar el indicador por departamentos y agrupamientos departamentales.

Mediante el análisis de distribución de frecuencias se observa que, en Uruguay, un 64,1% de las personas ocupadas alcanzan o superan el umbral de calidad del empleo, fijado en 57 puntos, en tanto un 35,9% no lo hace, tratándose éstos últimos de empleos de mala o muy calidad. La situación analizada, en base al criterio de corte definido, muestra una primera diferenciación, entre empleos de buena y de mala calidad. Asimismo, considerando el porcentaje de personas ocupadas según los 4 niveles establecidos se observa que casi 1/3 (33%) se ubica en el nivel 1, el mismo da cuenta de un empleo que alcanza el óptimo (100 puntos) en todas o la mayoría de las dimensiones consideradas en el ICE. Por su parte, un porcentaje similar de personas ocupadas (31%) se ubican en el nivel 2, en este caso, al igual que en el anterior, ninguna dimensión considerada en el ICE presenta carencia (0 puntos) pero, a diferencia del nivel 1, la mayoría de las variables asumen valores parciales (50 puntos).

Los niveles 3 y 4 representan privaciones en términos de calidad del empleo. El nivel 3 integra un 19,3% de personas ocupadas con empleos de mala calidad; por su proximidad al umbral, muestra mejores situaciones en términos de cobertura de las dimensiones consideradas en relación al nivel 4. En este último caso, un 16,6% de las personas ocupadas presenta empleos de muy mala calidad.

Por su parte, una primera aproximación al análisis departamental permite confirmar la existencia de una desigual distribución de la calidad del empleo entre los territorios considerados. De esta forma, es posible observar que existen territorios en situaciones notoriamente distintas, siendo un claro ejemplo los departamentos de Colonia y Rivera: mientras en Colonia las personas ocupadas que alcanzan el umbral de calidad del empleo se sitúa en un 67,2%, en Rivera este porcentaje desciende a 48,1%. En situaciones similares se encuentran los departamentos de Maldonado (64,3%) y Artigas (48,6%) o Canelones (61,8%) y Cerro Largo (50,5%), como se observa en la tabla N°3.

 

Los datos analizados permiten confirmar significativas diferencias entre ámbitos sub nacionales, como, por ejemplo, los 19 puntos porcentuales que separan a Colonia de Rivera o los 16 puntos porcentuales observados entre Maldonado y Artigas. 

Por otra parte, el análisis de los datos desagregados por niveles de calidad del empleo, muestra que los departamentos con mayor porcentaje de personas ocupadas en situaciones óptimas (nivel 1 o empleo de muy buena calidad) son Montevideo (40,7%), seguido por Maldonado (33%), Colonia (32,5%) y Canelones (31,8%). Los desempeños más bajos en este nivel están dados por los departamentos de Rivera (21,8%), Cerro Largo (23,4%) y Soriano (24%). Si se observan los valores correspondientes a situaciones críticas (nivel 4 o empleo de muy mala calidad), los departamentos con mayor porcentaje son Artigas (28,2%), Rivera (27,4%), Cerro Largo (26,4%), Salto (24%) y Soriano (24%), en tanto los menores porcentajes para el nivel están dados por los departamentos de Montevideo (10,8%), Colonia (14,2%), Flores (16,8%) y Florida (16,9%).

Finalmente, el comportamiento territorial de la calidad del empleo permitió construir agrupamientos de departamentos, pudiendo establecerse cuatro conglomerados, además de Montevideo, que confirman la distribución heterogénea de la calidad del empleo en Uruguay:

Agrupamiento 1: Cerro Largo, Soriano, Artigas, Rivera

Agrupamiento 2: Durazno, Salto, Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha, Tacuarembó, Río Negro.

Agrupamiento 3: Canelones, Flores, Florida, Paysandú, San José

Agrupamiento 4: Maldonado, Colonia

Al analizar los datos agrupados, nuevamente se constatan significativas diferencias: el agrupamiento 1 (Cerro Largo, Soriano, Artigas y Rivera) presenta un 49,2% de personas ocupadas que alcanzan el umbral de calidad del empleo, frente a un 50,8% que no lo alcanzan, en tanto para el agrupamiento 4 (Maldonado y Colonia) estos valores son de 72,1% y 27,9% respectivamente, diferencias que se mantienen si los datos se desagregan por niveles de calidad. En tal sentido, se observa que el porcentaje de personas ocupadas en peor situación (nivel 4 - muy mala calidad) es 22,9 puntos superior en el agrupamiento 1 con respecto al agrupamiento 4, dato que no puede evidenciarse cuando se analiza únicamente por criterios dicotómicos, reforzando las posibilidades del instrumento construido para medir con mayor precisión el fenómeno de interés frente a instrumentos existentes.

 

 

[1] Si bien el crecimiento del empleo atípico ha estimulado el debate sobre calidad del empleo, este fenómeno no puede asimilarse en su totalidad al crecimiento de malos empleos, dado que, si bien se trata de empleos diferentes al estándar, no necesariamente son peores (por ejemplo, encuestas realizadas a trabajadores/as ingleses/as con empleos temporales evidencia que un 30% de los/as mismos/as no desea un empleo permanente). Asimismo, ocupaciones con características típicas pueden haber sufrido un proceso de deterioro cualitativo (volverse rutinarias con el paso del tiempo, pérdida de autonomía y representación colectiva, menores oportunidad de formación y ascenso) (Farné, 2003).

[2] Ver Leal (2018).

[3] Se optó por trabajar con la ECH 2019 dado que representa el último año de “normalidad”, previo a la pandemia mundial por COVID 19 transitada en Uruguay desde marzo de 2020. La emergencia sanitaria supuso que la metodología del Encuesta se modifique, pasando a partir de abril de 2020 a aplicarse mediante la modalidad de panel rotativo y de forma telefónica, empleando a su vez un formulario reducido que permitió estimar los principales indicadores de mercado de trabajo e ingresos de los hogares y las personas (ECH, 2020). Si bien el módulo sobre trabajo no sufrió alteraciones en su relevamiento, a nivel de las condiciones de trabajo en el país se han registrado importantes trasformaciones, siendo el mercado laboral uno de los más afectados, motivo por el cual se decide trabajar con datos disponibles para 2019.

[4] Persona que trabajó por lo menos 1 hora durante la semana anterior a la realización de la entrevista, o que no lo hizo por estar de vacaciones, por enfermedad, accidente, conflicto de trabajo o interrupción de este a causa del mal tiempo, averías producidas en las maquinarias o falta de materias primas, pero tiene empleo al que volverá con seguridad. Se incluyen en esta categoría a los/as trabajadores/as familiares no remunerados (INE, 2021). 

[5]Retomando los aportes de Veiga (2015), para el Análisis de Clúster se introduce la decisión metodológica de eliminar a Montevideo del procedimiento (únicamente para esta fase) dado que, dentro de los 19 departamentos del país, este presenta valores desviados respecto al resto.

Conclusiones:

La revisión de la literatura ha dado cuenta de diversas dificultades para la medición del concepto calidad del empleo, razón por la cual, diferentes estudios tienden a presentar y analizar un conjunto de indicadores de manera individual; no obstante, se registran antecedentes de la elaboración de índices sintéticos, tanto a nivel internacional como nacional (Porras y Rodríguez, 2014). 

En el presente estudio se retomó la propuesta de medición desarrollada por la oficina de la OIT en Santiago de Chile y aplicada por primera vez en Colombia por Farné (2003), fundamentado en cuatro dimensiones: ingreso, seguridad social, estabilidad y tiempo de trabajo. La decisión por la adaptación y no la réplica del ICE elaborado por Farné (2003) surge de considerar las características del Uruguay, distintas a las del caso estudiado por el autor de referencia, Colombia, el contexto histórico en el que se aplica, así como la disponibilidad de datos con las que cuenta cada país. 

En este marco, algunas discusiones y dificultades en el proceso de construcción a destacar son aquellas vinculadas a la disponibilidad de datos, ya que las decisiones de los sistemas estadísticos oficiales acotan las posibilidades de incluir variables, obligando a recurrir a proxys, tal es el caso del tipo de contrato, considerada en el índice de referencia para la dimensión estabilidad, que no es relevada en la ECH, lo que implicó la utilización de la variable antigüedad en el empleo. Asimismo, para la dimensión tiempo de trabajo, se destaca la inclusión de una nueva variable, el subempleo.

Otras de las dificultades que debieron sortearse en el proceso de adaptación son las relativas al proceso de ponderación. Si bien los estudios de calidad del empleo han avanzado en la identificación de sus múltiples dimensiones, la ponderación de las mismas representa un importante obstáculo, dada la imposibilidad de contar con un criterio universal para asignar pesos diferenciales a las variables (Pineda y Acosta, 2010). Ello supuso una exhaustiva revisión de la literatura que se complementó con análisis empírico, mediante la técnica de Análisis Componentes Principales. 

Finalmente, se resaltan desafíos en torno al establecimiento de umbrales de calidad, lo que supone definir cuántas privaciones y en qué dimensiones se consideran tolerables. En este estudio, se consideró que, para hablarse de buena calidad del empleo, todas las dimensiones deben tener cobertura, además, al menos una variable debe alcanzar la situación óptima, pudiendo presentar las restantes dimensiones valores parciales.

Por otra parte, el estudio buscó evidenciar la desigual distribución territorial de la calidad del empleo en Uruguay. En esta línea, el análisis del ICE (2019) permite identificar territorios en situaciones notoriamente distintas, siendo un claro ejemplo los departamentos de Colonia y Rivera: mientras en Colonia el porcentaje de personas ocupadas que alcanzan el umbral de calidad del empleo se sitúa en un 67,2%, en Rivera este porcentaje desciende a 48,1%. 

Asimismo, la medición por niveles o sub umbrales de calidad del empleo que posibilita el ICE adaptado permite desagregar la información con mayor precisión frente otras medidas existentes, trascendiendo la lectura dicotómica: buena/mala calidad; informal/formal; dado que contempla en su construcción un rango mayor de situaciones posibles: muy mala, mala, buena y muy buena calidad, lo cual contribuye a hacer más sensible el instrumento.

Por su parte, el comportamiento territorial de la calidad del empleo permitió construir agrupamientos de departamentos, mediante la técnica de conglomerados jerárquicos. Al analizar los datos agrupados, nuevamente se constatan significativas diferencias: el agrupamiento 1 (Cerro Largo, Soriano, Artigas y Rivera) presenta un 49,2% de personas ocupadas que alcanzan el umbral de calidad del empleo definido, en tanto para el agrupamiento 4 (Maldonado y Colonia) este valor asciende a 72,1%, diferencias que se mantienen si los datos se desagregan por estratos o niveles de calidad. 

Al respecto de la propuesta y su evaluación en relación a los antecedentes revisados, se confirma que las posibilidades de acceso a un empleo de calidad varían inter regionalmente y entre departamentos. La literatura señala que esto se debe entre otros, a factores de tipo socioeconómico, ya se trate de zonas dinámicas, agroindustriales, de servicios, ciudades de tamaño medio o fronterizo. El análisis de las disparidades territoriales desarrollado en base a la aplicación del ICE (2019), permite describir esta expresión de la desigualdad territorial; si se desea trascender este nivel hacia la explicación, resultará necesario complementar el análisis con la introducción de otras variables, incorporando dimensiones históricas, sociopolíticas y culturales, muchas de las cuales no son cuantificables (Veiga, 2015). De acuerdo a estas consideraciones, la respuesta al porqué de estas desigualdades excede este trabajo, no obstante, se deja planteada como interrogante y línea a continuar profundizando en futuros estudios.

Bibliografía:

Farné, S. (2003) Estudio sobre la calidad del empleo en Colombia. Lima: OIT.

Farné, S., Vergara, C. y Baquero N. (2012) La calidad del empleo y la flexibilización laboral en Colombia. En: Farné, S. (Comp.) La calidad del empleo en los países de América Latina a principios del siglo XXI. Colombia: Universidad Externado de Colombia.

Harvey, D. (2017) La condición de la Posmodernidad: investigación sobre los orígenes del cambio cultural. Buenos Aires: Amorrortu editores.

Huneeus, F; Landerretche, O; Puentes, E y Selamn, J. (2013) Calidad multidimensional del trabajo: El Caso de Brasil 2002-2011 Working papers (S/D),7.

Instituto Nacional de Estadística (2021) Actividad, empleo y desempleo. Boletín técnico. Recuperado de: https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30865/Actividad%2C+Empleo+y+Desempleo+Agosto+2021/a8b871f1-a40f-4004-b99f-b46fb4d81d97

Instituto Nacional de Estadística. (2019) Encuesta Continua de Hogares. Recuperado de: https://www.ine.gub.uy/web/guest/encuesta-continua-de-hogares1

Jiménez y Páez (2014) Una metodología alternativa para medir la calidad del empleo en Colombia (2008 -2012). Sociedad y economía (27), 129-154.

Leal, J. (2018) Desigualdad territorial en la calidad del empleo en Uruguay, entre las políticas posneoliberales y la estrategia neodesarrollista. En: Sañudo, M. y Leal, J. (Eds.) Aproximaciones críticas a la relación Estado y territorio en contextos de globalización neoliberal. Bogotá: CLACSO.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (2016) Estudios sobre trabajo y Seguridad Social. Recuperado de https://www.mtss.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=cf6ff492-ffee-49c3-89be-fd3fb96ec895&groupId=11515 

Naciones Unidas (2018), La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago.

Navarro, J.; Casas, G; González, E. (2010). Análisis de Componentes Principales y Análisis de Regresión para Datos Categóricos. Aplicación en la Hipertensión Arterial Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones, 17 (2), 199-230. 

Oficina Internacional del Trabajo. (1999) Memorias del Director General: Trabajo Decente. Recuperado de: https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm

Peña, D. (2002) Análisis de datos multivariantes. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Daniel-Pena/publication/40944325_Analisis_de_Datos_Multivariantes/links/549154880cf214269f27ffae/Analisis-de-Datos-Multivariantes.pdf

Pineda, J. y Acosta, C. (2010). Calidad del trabajo: aproximaciones teóricas y estimación de un índice compuesto. Ensayos sobre política económica (29) 65, 62-98.

Porras, S. y Rodríguez, S. (2014) La calidad del empleo en Uruguay en tiempos de crecimiento. Recuperado de http://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Jornadas%20de%20Economa/Rodriguez_Sandra.pdf

Quiñones Domínguez, M (2011) El índice de calidad del empleo, una propuesta alternativa aplicada a Colombia. Documento de trabajo N°136. 

Reinecke G. y Valenzuela, M. (2000) ¿Más y mejores empleos para las mujeres? La experiencia de los países del Mercosur y Chile. Chile: OIT.

RIMISP (2013) Empleo de calidad y Territorio. Informe latinoamericano 2013. Chile. Recuperado de http://rimisp.org/wp-content/files_mf/14303291422013INFORMELATINOAMERICANOCOMPLETO.pdf

Rodgers, G (2007) Decent Work, Social inclusión, and Development. Indian Journal of Human Development, 1 (1), 21-32.

Sañudo, M.; Leal, J; Quiñones, A. y Andrioli, A. (2020) Uruguay y Colombia: Políticas de desarrollo y dinámicas de territorialización.  Buenos Aires: CLACSO.

Sehnbruch, K. (2012) La calidad del empleo en Chile: teoría y medición. En: Farné, S. (coomp.) La calidad del empleo en los países de América Latina a principios del siglo XXI. Colombia: Universidad Externado de Colombia.

Veiga, D. (2015) Desigualdades sociales y territoriales en Uruguay. Montevideo: FCS – UdelaR.

Weller, J. y Roethlisberger C. (2011) La calidad del empleo en América Latina. Recuperado de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5341/1/S2011956_es.pdf

 

Palabras clave:

Palabras clave: Calidad del empleo, desigualdad territorial, índice compuesto