Resumen de la Ponencia:

Ese trabajo es fruto de dos años de una investigación de doctorado iniciada en 2020. Los argumentos teóricos están basados en la lectura de bibliografía, como también en el de trabajo de campo virtual en los años de 2020 y 2021 por la atípica situación de pandemia que vivimos y posteriormente in locus, realizado en Tapachula, Chiapas, frontera sur de México, en el según semestre de 2021. Dicha investigación es en líneas generales sobre las migraciones internacionales en Brasil y México, en especial las tensiones y posibilidades entre las personas migrantes y sus migraciones y los Estados nacionales y sus políticas migratorias.Se hace un análisis de la Ley de Migración de México aprobada en 2011 y regularizada en 2012, cuyo eje central es la preservación de los derechos humanos y descriminalización de la migración dicha “irregular”. Analizar la ley en sus detalles, vocabulario y ambigüedades es importante para entender como el país piensa la migración y cuales mecanismos se propuso a crear para su gestión. Ese ejercicio juega luz al trabajo de campo y datos construidos posibilitando así pensar las prácticas políticas e institucionales, sean las políticas migratorias derivadas, la organización de la burocracia estatal o las prácticas cotidianas de los actores que encarnan la ley. Existe en México, principalmente en sus zonas de frontera, una serie de violaciones sistemáticas de derechos humanos como ya muy bien documentado por investigaciones, que ponen en cuestión no apenas el discurso del país sobre la migración, como también la propia idea de “derechos humanos”, una vez que las vulnerabilidades que se atribuyen a las migraciones no son intrínseca a la migración per se, sino que suceden por una serie de razones y decisiones que pasan por racismo, colonialismo interno, intereses y relaciones de poder.  Por otro lado, desde el propio acto de migrar y vivir, y desde los diversos activismos que existen alrededor de la migración, es posible pensar otro fundamento para los derechos humanos. La dimensión propuesta es la del “cuerpo humano”, en el principio mismo de su variedad orgánica y biológica, presupone la diferencia y diversidad sin necesidad de homogeneizar o categorizar como nacional de determinado país a una persona, permitiendo así ampliar la posibilidad de garantía de no violación de los derechos humanos de las personas. De esa forma intentase contribuir con las discusiones sobre derechos humanos y su materialización en la vida, aquí y ahora. 

Resumen de la Ponencia:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como máximo tribunal en México y cabeza del Poder Judicial cuenta con la importante función de ser el árbitro en materia constitucional que la centra en un papel importante en el mecanismo de frenos y contrapesos y protección de Derechos Humanos. La configuración actual del Poder Judicial de la Federación deriva de la reforma promulgada en diciembre de 1994 por el presidente Ernesto Zedillo dada en el contexto de liberalización política y transición hacia la democracia. En este trabajo se estudian los aspectos y características que comparten las personas que han ocupado u ocupan el cargo de Ministra o Ministro de la SCJN, en el periodo de 2005 al 2020, y cómo éstas influyen en la forma de votar del juzgador constitucional frente a casos relativos a los Derechos Humanos. Para ello, se utilizan dos bases de datos: la primera, que describe la trayectoria académica y profesional de quienes han ocupado el cargo en el periodo señalado; y, la segunda, donde se recogen los votos de cada jueza o juez en los asuntos que la misma Corte considera como Sentencias relevantes en materia de Derechos Humanos; de tal forma que se busca una relación entre formaciones y trayectorias distintas y la forma en que entienden el derecho, ya sea de manera formalista/positivista o pro Derechos Humanos.

Resumen de la Ponencia:

En esta ponencia se aborda el sentido, composición y esencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, con el objetivo de establecer su especial atención a las víctimas del conflicto, orientada al esclarecimiento de la verdad y la garantía de la no repetición. Desde allí, se realiza un exploración de las providencias que ha emitido la JEP en el caso de la Unión Patriótica (UP), el cual es uno de los asuntos relacionados con el conflicto que permiten evidenciar el alcance en su apuesta por la protección de los derechos de las víctimas. Esto se lleva a cabo con base en el garantismo constitucional de Ferrajoli, que se proyecta como un modelo de derecho y de Estado de Derecho que permite la protección de los derechos fundamentales desde la primacía de la constitución. Esta propuesta teórica se configura como un paradigma que permite analizar el alcance de la JEP en el reconocimiento de derechos de las víctimas de la UP.

Resumen de la Ponencia:

 O presente artigo busca analisar a construção da rede de relações no âmbito da Câmara dos Deputados em torno da votação da PEC n° 171/1993, conhecida como PEC da redução da maioridade penal. Tanto a metodologia utilizada na pesquisa como o pressuposto epistemológico têm ênfase nas abordagens relacionistas sobre a teoria social. Recorremos ao uso de análise de rede de relações a partir do aplicativo GEPHI, para criar sociogramas e reestruturar imageticamente o fenômeno observado. O procedimento da pesquisa documental múltipla também se fez presente na captura de dados em jornais, revistas e no Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados. Concluiu-se que recursos de capital social, a partir de “motores” da centralidade de intermediação, foram usados em potência, confirmando a premissa de que laços frágeis podem ser decisivos em determinado tecido social.A atuação de um novo estamento da política consistiu em um dos principais vetores para a consolidação de pautas relevantes debatidas no Congresso Nacional durante o biênio 2015-2016, compreendendo inclusive o processo de impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. Um dos temas mais explorados no curso da 55ª Legislatura foi o da redução da maioridade penal[1], discutida no âmbito da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 171/1993, que tramitava há vinte três anos apenas na Câmara dos Deputados. Nos anos de 2015 e 2016, referida Proposta se tornou um dos temas mais tratados na Câmara e no debate público.  A presente pesquisa tem por hipótese a concepção de que os temas de segurança pública e regulação moral forjaram um debate público amplo durante os anos 2010. Esse movimento de publicização das pautas do Congresso é um importante marcador na vida política do país, principalmente no que se refere à ampliação de campos ideológicos —vide os grupos conservadores de direita que, por algumas décadas, foram tachados de  “direita envergonhada”, segundo Madeira e Tarouco (2010).Parte desse movimento de crescimento quantitativo e ampliação do debate de pautas da direita é, em grande medida, abordado como onda conservadora. Entretanto, há pesquisadores, como Marcio Moretto (2019), a sustentar que esse fenômeno não tem o caráter de uma onda, mas, tão somente, de uma reação frente ao crescimento das demandas de movimentos sociais protagonizados no início dos anos 2000. Compreender tais fenômenos citados e as suas respectivas interpretações implicou reconstruir a teia de relações que modificou o tecido da política brasileira, ao menos sob o ponto de vista das bandeiras e discursos. [1] Cabe acrescentar que a proposta foi reprovada na primeira votação e mesmo assim voltou a votação em menos de um mês. Esta questão será explorada no curso do texto. 

Resumen de la Ponencia:

La sociología recientemente ha puesto atención a instituciones y estructuras que, tradicionalmente eran objetos de estudio de la ciencia política o el derecho. El estudio del derecho constitucional en la sociología ha significado, sin embargo, que la atribución de control judicial (judicial review) y las instituciones que detentan dicho poder, las cortes constitucionales, no han sido teorizadas de forma adecuada. Esta atribución otorga la posibilidad de declarar inconstitucional una norma creada por el poder legislativo, o bien suspender su aplicación en casos concretos. La literatura atribuye a esta atribución un carácter contramayoritario, donde poderes no elegidos (jueces) pueden derogar un acto creado por poderes electos. Tradicionalmente, se ha entendido que el control judicial es un acto puramente fundado en motivos jurídicos, donde la corte no se pronuncia mas que en términos formales sobre la coherencia respecto a la constitución de un acto legislativo.Proponemos entender el control judicial yendo más allá de la contraposición entre poderes representativos y contramayoritarios. Sostenemos que, desde un punto de vista sociológico, esta atribución debe ser entendida como un acto de político-judicial que sustrae de la deliberación política ciertas decisiones políticas. Las decisiones de las cortes deben ser estudiadas como actos de traducción de intereses políticos y económicos al lenguaje jurídico. Esta atribución judicial crea un espacio de relaciones donde se vinculan élites políticas, legales y económicas, a fin de hacer circular los intereses de los afectados. Este argumento se desarrolla mediante una estrategia comparativa, abordando dos cortes constitucionales que poseen una trayectoria política disímil pero que conducen a resultados sociológicos similares. La Corte Constitucional francesa, a partir de su fundación (1958) adquiere influencia en asuntos políticos, con énfasis desde 1982 cuando falla en materias de nacionalización de empresas. Su participación en materias económicas se incrementa cuando se le otorga la facultad de control a posteriori (2008), es decir, suspender la aplicación de una ley en un caso concreto, jugando un rol central en las trasformaciones del estado francés. El Tribunal constitucional chileno, diseñado por la dictadura como un dispositivo de control democrático, fue reformado en democracia el año 2005. Los nuevos mecanismos de selección de integrantes representan bloques políticos y permiten la inclusión de jueces con trayectorias laborales que los vincula al ejercicio privado. Con ello, la corte queda abierta a vínculos con intereses políticos y económicos. Esta reforma incluye la facultad de control a posteriori, que ha permitido una nueva vía de protección de intereses económicos ante el tribunal.Estas transformaciones pueden entenderse como la creación de un campo social, donde convergen intereses económicos y políticos concretos, conectados por medio del control constitucional a posteriori, y movilizados por la litigación de grandes firmas jurídicas. 

Resumen de la Ponencia:

      O escopo é a discussão da perspectiva de gênero como aspecto imprescindível à hermenêutica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) elencados na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.         Subsume-se às propostas do GT10, posto que visa à abordagem sociojurídica da questão socioambiental e suas intersecções com o direito.        O objetivo geral é analisar, com base no substrato teórico-metodológico da Sociologia Ambiental do Direito, se os ODS e suas metas promovem a proteção socioambiental de gênero. Os objetivos específicos são (i) apresentar conceitos envolvidos; (ii) analisar os ODS e suas metas; (iii) analisar os dados produzidos pela ONU concernentes ao recorte de gênero.           Os procedimentos metodológicos consistirão na revisão bibliográfica e documental e análise dos dados secundários disponíveis sobre a Agenda 2030.          Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável compõem a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da  Organização Mundial das Nações Unidas (ONU), publicada no ano de 2015, em  continuidade da Agenda de Desenvolvimento do Milênio. A Agenda 2030 foi adotada por 193 países, incluindo o Brasil na qualidade de signatário.          São dezessete (17) os ODS, a saber: erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida na água; vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; e parcerias e meios de implementação. Desdobram-se em cento e sessenta e nove (169) metas que visam a ações concretas de abrangência econômica, social e ambiental, sob perspectivas integrais e intersseccionais.           A análise ora proposta concerne aos direitos socioambientais, que exigem hermenêutica transversal, transdisciplinar e transcientífica, e cujo enfoque são as vulnerabilidades sociombientais. A consideração da dimensão de gênero no âmbito dos ODS e de suas metas, descortinam direcionamentos eficazes para proteção jurídica e respondem às reivindicações contundentes das populações envolvidas, e sustentam as respectivas garantias do ordenamento jurídico.         A relevância patente da proteção de gênero importa na explicitação de referenciais de ações afirmativas e políticas socioambientais consistentes. Oferecem alternativas às formas de direito cristalizadas, legisladas ou em processos de construção, e possibilitam redução de desigualdades e participação concretas dos indivíduos e coletividades afetados pela destruição da natureza e outras formas associadas de violações de direitos. Pela educação socioambiental e jurídica, abrem-se espaços de emancipação cidadã e fruição de direitos.

Introducción:

O programa Agenda 2023 foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para atualizar e viabilizar a continuidade da Agenda de Desenvolvimento do Milênio. Com intuito de identificar as principais questões que envolvem a sociedade global, traçando metas que almejam a preservação dos direitos humanos em suas múltiplas aplicações (vida, saúde, trabalho, moradia, meio ambiente).

A Agenda 2030, publicada no ano de 2015, foi adotada por cento e noventa e três países, incluindo o Brasil na qualidade de signatário. O plano de ação é composto por dezessete Objetivos de Desenvolvimento Social - ODS, a saber: erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida na água; vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; e parcerias e meios de implementação. Desdobram-se em cento e sessenta e nove metas que visam a ações concretas de abrangência econômica, social e ambiental, sob perspectivas integrais e interseccionais.

Apresenta-se como escopo do trabalho a discussão da perspectiva de gênero como aspecto imprescindível à hermenêutica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) elencados na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, apresentando-se o marco teórico da Sociologia Ambiental do Direito e para a análise do documento que institui a Agenda 2030 da ONU, além da bibliografia pertinente ao tema.

De início, conceitua-se o parâmetro pelo qual será desenvolvido o trabalho, caracterizando o verdadeiro instrumental advindo da Sociologia Ambiental do Direito, que pressupõe uma análise multifacetada dos fenômenos socioambientais.

Para complementar o propósito do estudo, é apresentado o conceito de interseccionalidade, a partir da análise do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, que trata da igualdade de gênero.

Estabelecido o paradigma da proteção socioambiental de gênero são apresentados os ODS e metas selecionados para exemplificar a interseccionalidade, necessidade e urgência de uma compreensão integralizada de proteção, capaz de superar as vulnerabilidades, sobrepostas e cumulativas, que atingem cidadãos e natureza.

 

Desarrollo:

ENQUADRE METODOLÓGICO

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar, com base no substrato teórico-metodológico da Sociologia Ambiental do Direito, se os objetivos de desenvolvimento sustentável (Agenda 2023 da ONU) e suas metas promovem a proteção socioambiental de gênero. Para tanto, elenca como objetivos específicos: (i) apresentar conceito de proteção socioambiental sob a perspectiva sociologia ambiental do direito; (ii) apresentar o conceito de interseccionalidade e o ODS 5 sobre igualdade de gênero; e (iii) identificar nos ODS e suas metas a proteção socioambiental de gênero.

            Os procedimentos metodológicos consistirão em realizar uma revisão bibliográfica, analisando o marco teórico da Sociologia Ambiental do Direito, o documento que institui a Agenda 2030 e a produção acadêmica selecionada que aborda a temática. 

            A análise ora proposta concerne aos direitos socioambientais, que exigem hermenêutica transversal, transdisciplinar e transcientífica, e cujo enfoque são as vulnerabilidades sociombientais. A consideração da dimensão de gênero no âmbito dos ODS e de suas metas, descortinam direcionamentos eficazes para proteção jurídica e respondem às reivindicações contundentes das populações envolvidas e sustentam as respectivas garantias do ordenamento jurídico.

A relevância patente da proteção de gênero importa na explicitação de referenciais de ações afirmativas e políticas socioambientais consistentes. Oferecem alternativas às formas de direito cristalizadas, legisladas ou em processos de construção e possibilitam a redução de desigualdades e participação concretas dos indivíduos e coletividades afetados pela destruição da natureza e outras formas associadas de violações de direitos. Pela educação socioambiental e jurídica, abrem-se espaços de emancipação cidadã e fruição de direitos.

 

 

A PROTEÇÃO SOCIOAMBIENTAL

 

            Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável direcionam ações de fomento, proteção e concretização de direitos humanos. Ainda que se possa realizar uma crítica sob a perspectiva culturalista do que seriam os elencados direitos humanos , a Agenda 2030 engloba objetivos e metas que se relacionam diretamente com os chamados direitos da natureza a exemplo do ODS 13 que trata do combate às alterações climáticas, o ODS 14 que almeja a preservação da vida debaixo d’água e o ODS 15 da vida sobre a terra.

            A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, em seu Capítulo VI, especialmente no art. 225, reconhece como direito de todos o meio ambiente ecologicamente equilibrado, colocando como garantia das presentes e futuras gerações.

Ressaltado o lapso temporal entre a Agenda 2030 e a Constituição Cidadã, percebe-se que está alinhada a necessidade de proteção jurídica ao meio ambiente, em um sentido mais restrito, para a preservação da qualidade de vida humana e também, podendo-se colocar dessa maneira, em um sentido mais amplo, a preservação (e muitas vezes, necessidade de recuperação) da natureza, reconhecendo-a como sujeito de direitos, assim como os animais.

Ante a complexa e multifacetada relação entre meio ambiente e direitos humanos, o aporte da Sociologia Ambiental do Direito mostra-se imprescindível para analisar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A perspectiva da Sociologia Ambiental do Direito, que propõe reflexões transversais, transdisciplinares e transcientíficas que fomentam a efetiva interação entre os campos do saber, tem como enfoque os direitos socioambientais e as vulnerabilidades sociais, com destaque para os conflitos ambientais, tendo como dimensões essenciais para promoção da abordagem o aspecto (i) antropossocial, (ii) ambiental e ecológico e (iii) relacional e intersubjetiva (PONZILACQUA, 2015).

 

 

A INTERSECCIONALIDADE DO OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 5: IGUALDADE DE GÊNERO

           

O quinto objetivo de desenvolvimento sustentável trata da igualdade de gênero. A promoção da equidade é pauta em diversos documentos da ONU (a exemplo da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres) e está prevista expressamente no texto constitucional brasileiro (artigo 5º, inciso I). 

            O ODS 5 enuncia como objetivo: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, sendo desdobrado nas seguintes metas: 5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte; 5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos; 5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças e mutilações genitais femininas; 5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais; 5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública; 5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão; 5.a Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e recursos naturais, de acordo com as leis nacionais; 5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres; 5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicáveis para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis.

            As metas traçadas no ODS busca a igualdade, assim, inevitavelmente, trabalhará o enfrentamento à violência doméstica e familiar nas suas diversas formas: física, psicológica, sexual, patrimonial, entre outras; a discriminação no mercado de trabalho (incluindo acesso e permanência nos estudos); direitos sexuais e reprodutivos e divisão sexual do trabalho (com ênfase no trabalho doméstico). Pontos cruciais para promoção do empoderamento de mulheres.

            Para entender o impacto do ODS 5 deve-se ter por base o conceito de interseccionalidade. Atribuído à autora Kimberle Crenshaw (2002) em seus estudos sobre gênero e raça, que visa incluir questões raciais nos debates sobre gênero e direitos humanos e incluir questões de gênero nos debates sobre raça e direitos humanos, proporcionando um entendimento de sobreposição de grupos discriminados ao invés de tratar como situações segmentadas. 

            Nesse sentido, propõe-se uma abordagem de gênero sobre a sociologia ambiental do direito, nesta análise dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com intuito de relacionar a necessidade de proteção socioambiental e a proteção de gênero, tão bem destacadas ao longo da Agenda 2030. 

            A autora brasileira Lélia Gonzalez (2019) ao longo de sua trajetória política e acadêmica, apresenta em seus estudos uma abordagem interseccional de gênero e raça, trazendo importantes considerações sobre as vulnerabilidades socioambientais das mulheres negras no Brasil. Lélia maneja o depois nomeado conceito de sobreposição, denunciando a vulnerabilidade advinda do racismo, do sexismo e que acarreta também em vulnerabilidade urbana e ambiental. 

 

 

A PROTEÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE GÊNERO NOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

            

A abordagem de gênero no instrumental de análise da Sociologia Ambiental do Direito possibilita uma apreensão da proteção socioambiental de gênero, focada nas vulnerabilidades socioambientais, que aspira a sobreposição dessas vulnerabilidades para que se busque um enfrentamento que se pretenda integral, consciente da complexidade socioambiental.

            Com esse intuito, realiza-se a revisão da Agenda 2030, apontando os principais mecanismos (objetivos e metas) que traduzem a proteção socioambiental de gênero. 

            No ODS 1 “ acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares” a meta 1.5 que dispõe “até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais”,

O ODS 2, sobre “acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável”, apresenta duas metas que destacam a proteção de gênero e ambiental: (i) 2.2 “até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir, até 2025, as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas” e (ii) 2.3 “até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola”.

            De maneira mais abrangente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável elencados a seguir serão analisados apenas em seus enunciados, tendo em vista tratarem de aspectos gerais de direitos humanos difusos e/ou direitos da natureza. São eles, ODS 3: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades; ODS 4: assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos; ODS 7: assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos e ODS 10: reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, ODS 13: tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos; ODS 14: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável; ODS 15: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade; ODS 16: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

            No tocante ao ODS 6: “assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos”, destacam-se as metas 6.2: “até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade” e a meta 6.6: “até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos”.

            O acesso à água e saneamento básico são situações muito didáticas para demonstrar a interseccionalidade entre gênero e proteção socioambiental. A exemplo do relatório da UNICEF e UNICEF (2021) sobre pobreza menstrual no Brasil, que aponta a necessidade de infraestrutura adequada que garanta a dignidade das pessoas que menstruam concomitantemente com a urgência de se repensar os resíduos sólidos gerados, por exemplo, por uso de absorventes descartáveis. 

O ODS 8, que propõe “promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos”, possui duas metas que coadunam com a proteção ambiental e a proteção de gênero, a meta 8.4  sobre “melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a liderança” e a meta 8.8 sobre “proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários”.

O ODS 9, que trata de “construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação”, possui as metas 9.4 “até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos; com todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades” pode e deve ser interpretada a partir do fomento da harmonia entre natureza e ser humano, resgatando aqui outro documento promovido pela Organização das Nações Unidas, Harmony With Nature, sobre a necessidade de construção de um novo paradigma, não antropocêntrico, portanto, considerando de fato o impacto ambiental de todas as ações humanas.  

Sob a perspectiva da vulnerabilidade urbana, tratada no conceito de racismo ambiental, o ODS 11 sobre “tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”, traz as metas 11.2 “até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos”; 11.6 “até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros” e 11.7 “até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência”.

            Com intuito de promover e coagir globalmente as nações, o ODS 12 visa “assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis”, com meta estipulando que 12.4 “até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente”.

            Encerrando a lista da Agenda 2030, o ODS 17 sobre “fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável” tem como destaque a meta 17.7 que visa “promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, em condições favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme mutuamente acordado”. Ressalta-se os esforços para compartilhamento de programas e ações que forem bem-sucedidos, instituindo verdadeiro dever de solidariedade entre as nações.

            

Conclusiones:

A Agenda 2030 tem se apresentado como agenda política pelos países signatários, os objetivos e metas de desenvolvimento sustentável pretendem estabelecer ações consonantes a nível local e global. 

            Esta pesquisa pomenorizou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas metas que versavam especificamente sobre proteção socioambiental de gênero, selecionando e analisando os tópicos que tratavam de meio ambiente e gênero, almejando explicitar a relação interseccional entre os temas. 

Para analisar as diretrizes trazidas na Agenda 2023 foi utilizado o instrumental da Sociologia Ambiental do Direito, com sua perspectiva transdisciplinar e voltada para as vulnerabilidades socioambientais. Pode-se refletir sobre a importância de analisar as questões ambientais não apenas como recursos disponíveis e imprescindíveis para a vida humana, mas revelando a natureza (fauna e flora) como sujeitos de direitos.

A partir da análise dos ODS e suas metas, reflete-se sobre uma relação simbiótica entre proteção socioambiental e proteção de gênero, forjada da compreensão integral da Agenda 2030. Os objetivos são segmentados para fins de exposição, mas relacionam-se de maneira inequívoca.

A sobreposição das vulnerabilidades (ambiental, social e de gênero) pressupõe uma abordagem também interseccional, aqui proporcionada pela Sociologia Ambiental do Direito, que reverbera em ações multifacetadas a serem implementadas pelos países signatários.

Bibliografía:

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CRENSAW, Kimberle. A intersecionalidade da discriminação de raça e gênero. 2002. Disponível em: <http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wpcontent/uploads/2012/09/Kimberle-Crenshaw.pdf>

GONZALEZ, Lélia. . 2020. Por um Feminismo Afro-Latino-Americano: Ensaios, Intervenções e Diálogos . Rio Janeiro: Zahar. 375 pp.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Plataforma Agenda 2030. Disponível em: <http://www.agenda2030.org.br/>.

 PONZILACQUA, Marcio Henrique Pereira. Sociologia Ambiental do Direito: Análise sociojurídica, complexidade ambiental e intersubjetividade. Petrópolis: Vozes, 2015.

PONZILACQUA, M. H. P., & SACILOTTO, L. M. (2021). Sociologia ambiental do direito: horizontes, aplicações e perspectivas. Revista Latinoamericana de Sociología Jurídica, ( 3), 246-269. Disponível em: https://usi.edu.ar/publicacion-archivos/numero-3-completo-2/ 

UNICEF, UNFPA, 2021. Pobreza menstrual do Brasil, desigualdades e Violações de direitos. Site do UNICEF. Disponível em https://www.unicef.org/brazil/media/14456/file/ dignidade-menstrual_relatorio-unicef-unfpa_maio2021.pdf

UNITED NATION. SA/RES/67/214. Harmony with Nature. New York: UN,2012b. Disponível em: <http://undocs.org/A/RES/67/214>.

 

Palabras clave:

Proteção Socioambiental; ODS; Gênero.

Resumen de la Ponencia:

En América Latina en las últimas décadas las mujeres han comenzado a ocupar puestos relevantes en las instituciones políticas sobre todo en el Poder Legislativo  lo que ha generado un debate sobre la democracia descriptiva y sustantiva. La literatura ha demostrado que las cuotas de género incrementan la presencia de mujeres en las instituciones y que, en el caso del Poder Legislativo, las legisladoras se ven más involucradas en discusiones sobre los derechos de las mujeres y a presentar más iniciativas relacionadas con temas de género .  Con todo, la subrepresentación de las mujeres en las instituciones políticas continúa siendo muy evidente en los poderes judiciales. La  literatura sobre conducta judicial sostiene que el género de los jueces y sus colaboradores importa en determinados comportamientos y decisiones. El mecanismo causal que se ha comprobado es que los jueces delegan en mujeres temas de discriminación y derechos reproductivos porque reconocen que las mujeres tienen más credibilidad y empatía en ciertos temas. A partir de una sistematización de 50 sentencias sobre discriminación por motivos de género de la Suprema Corte de Justicia en México este trabajo muestra que pese a la poca presencia de mujeres en el órgano jurisdiccional los ministros y las ministras están delegando en las secretarias la elaboración de estas decisiones.