Resumen de la Ponencia:

Las policías en México realizan la mayor parte de su trabajo de “combate al delito” a partir de detenciones en condiciones de flagrancia. Acerca de estas detenciones distintas fuentes de información señalan problemas sistemáticos de arbitrariedad, uso excesivo de la fuerza, tortura o incomunicación. En este contexto, las audiencias iniciales del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en la Ciudad de México (CDMX) podrían ser una instancia de rendición de cuentas que inhiba en alguna medida los aspectos más negativos de estas prácticas de detención policial. Sin embargo, los pocos estudios sobre estas instancias en México y otros países de la región las presentan, en general, como una validación más o menos automática del trabajo policial. Para conocer cómo y en qué casos se determina la legalidad o ilegalidad de la detención policial en las audiencias iniciales del sistema penal de la Ciudad de México, analizo la información recabada por la observación de 776 audiencias de control de la CDMX, y de 45 entrevistas a jueces, defensores y fiscales. Tomo la teoría de las preocupaciones focales para analizar la interacción de los operadores jurídicos en las audiencias a partir de tres factores: el interés de todos los actores por mantener el flujo regular de audiencias, la orientación de los jueces en sus decisiones considerando la “protección de la comunidad” y la “peligrosidad” del detenido. El primer factor subraya las limitaciones de tiempo y organización, por lo que el centro de información sobre la que se debate la legalidad de la detención son solamente las narrativas de los fiscales a partir de los reportes policiales. En consecuencia, las narrativas serán cuestionadas en las audiencias por los defensores privilegiadamente en dos circunstancias: a) cuando la narrativa comete “errores” en su apego al guion de las normas sobre la flagrancia, b) cuando por características propias del tipo delictivo el relato “típico” se vuelve muy poco verosímil. Sin embargo, estas críticas serán mucho más efectivas en la decisión final de los jueces cuando se trata de delitos de menor importancia de acuerdo a la política criminal del gobierno de la ciudad (factor de protección a la comunidad), y si corresponden con “categorías de personas” que como señala el tercer factor, no son vistas como “peligrosas”. Se analizan la información y las hipótesis con una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. 

Resumen de la Ponencia:

A mediados de la segunda mitad del siglo XX, la interpelación del pasado con respecto a las violaciones de los derechos humanos cometidas sobre la responsabilidad del Estado fue una preocupación de varios países. Con eso, se estructuran algunos caminos para el tratamiento de la cuestión, anclados en el Derecho Internacional globalizado. Las situaciones afrontadas en cada país y conducidas por los instrumentos de los Derechos Humanos forjaron nuevos instrumentos para afrontar esta cuestión, en un creciente proceso de comprensión de los derechos, involucrados y modelados por una jurisprudencia acerca de la violación de los derechos humanos. Al menos desde la década de 1980, antes de haber sido cuñado el nombre Justicia Transicional, Brasil, así como los demás países de Latinoamérica que pasaron por dictaduras cívico-militares, tuvo que lidiar con los llamados “escombros” o “legados” de la última dictadura cívico-militar (1964-1985), cuyo marco en Brasil fue la Ley nº. 6.683/1979, a saber, la Ley de la Amnistía. A pesar de las limitaciones de la ley, algunas iniciativas fueron tomadas por la sociedad civil con relación a la memoria de la represión a los casos de asesinatos y desapariciones no investigados. La movilización de los grupos de familiares de ex-prisioneros o desaparecidos políticos ocurrió aún durante la dictadura. Los Familiares y ex-perseguidos se organizaron en diversas entidades y asociaciones por el país, como, por ejemplo, el Grupo Tortura Nunca Más (GTNM) (cf. COIMBRA et al, 2002). Otras entidades como la Asociación Brasileña de Amnistiados Políticos (ABAP), en 1995, Asociación de los Torturados em la Guerrilla del Araguaia (ATGA), en 2005, también nacieron en este proceso. Pero fue solamente en 2012 que el Estado brasileño cambió su posición sobre el tema, con la creación de la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo declarado fue el de “examinar y aclarar las graves violaciones de los derechos humanos [...] a fin de efectivar el derecho a la memoria y a la verdad histórica y promover la reconciliación nacional (BRASIL, 2014). Al ser constituida oficialmente, la Comisión Nacional de la Verdad contestó tardíamente una exigencia fundamental del proceso de  redemocratización que continuaba inacabado en Brasil. Con eso, empieza un nuevo momento de disputa acerca de la Memoria, Verdad y Justicia en el país. Mi objetivo en este trabajo es analizar tales conflictos y los modos por los cuales ellos revelan las limitaciones y las contradicciones internas de lo que podríamos llamar de Justicia Transicional en Brasil. Enseñaré que tales reflexiones pueden contribuir para la comprensión del momento actual por lo cual pasa el país cuyo contexto de ascenso de ideas fascistas, definidoras de los resultados de las elecciones de 2018, llevó al comando del Executivo un candidato de extrema derecha.

Resumen de la Ponencia:

Hacia fines del siglo pasado, diversos países de la región, así como estados provinciales en aquellos con regímenes de organización política federal, avanzaron hacia la incorporación de modelos de enjuiciamiento acusatorio. En términos normativos, este viraje implicaba dotar de centralidad a las partes y posicionar al juez como un tercero imparcial. En términos organizacionales, los procesos reformistas avanzaron más lentamente, a la vez que incorporaban disciplinas ajenas al derecho y más vinculadas con la gestión. Sin embargo, los vínculos entre la ciudadanía y la justicia penal evidencian niveles de desconfianza inéditos. De tal manera, el problema de investigación de esta ponencia intenta indagar en la confianza que la ciudadanía posee sobre los tribunales penales en una jurisdicción particular de la Argentina que evidenció una reforma procesal penal de gran magnitud en el año 1998.  Nuestro objetivo, por tanto, consiste en analizar la confianza en los tribunales penales de la Provincia de Buenos Aires por parte de la ciudadanía, determinadas por una serie de elementos demográficos y rasgos actitudinales vinculados con el problema de la inseguridad.Para abordar nuestro problema de investigación, utilizaremos los micro-datos de la Encuesta Nacional de Victimización de 2017, por lo que nuestras unidades de análisis son aquellas personas mayores de dieciocho años que habitaban en la Provincia de Buenos Aires al momento del relevamiento. A partir de la elaboración de un modelo de regresión logística binomial, concluiremos que la probabilidad de confiar en la justicia penal entre la población de la Provincia de Buenos Aires aumenta cuando consideran que la inseguridad no es un problema grave de sus ciudades, a la vez que la falta de confianza de esas personas con la justicia penal incide según sus posicionamientos actitudinales en relación al problema de la inseguridad y aspectos individuales, tales como la edad, el género y nivel educativo.

Resumen de la Ponencia:

Ante la crisis generalizada de personas desaparecidas que se vive en el país resulta fundamental conocer los alcances y limitaciones en los procesos para la búsqueda e investigación penal. Cuando alguien desaparece, los familiares emprenden múltiples esfuerzos para encontrarlos en condiciones de vida o de presunto fallecimiento. En tanto, la legislación en materia de desaparición establece la obligación a las autoridades correspondientes a realizar las diligencias necesarias y emitir criterios para la búsqueda, localización y desarrollo de las investigaciones. Esta contribución explora los vínculos y repertorios de interacción entre el Estado y la sociedad en la búsqueda de personas desaparecidas. En el texto se analizan al menos tres repertorios de interacción ocurridos en los últimos 10 años. En el primero destacan las protestas y la presión directa de los familiares sobre las instancias de gobierno para hacer más directos los procesos de búsqueda y mantener vigente la memoria colectiva de miles de personas ausentes. El segundo modelo sobresale a partir de la política de proximidad (cabildeo o lobby), en tanto que el tercero abarca la participación institucionalizada. Estos dos últimos repertorios han operado a manera de colaboración concreta entre  actores sociales y estatales, como en el caso de la elaboración de la Ley General en Materia de Desaparición.Este trabajo se fundamenta en el modelo teórico-metodológico de la relación Estado-sociedad. En la perspectiva relacional se apuesta por la realización de análisis centrados en la sociedad y el Estado como actores mutuamente constitutivos, que transforman la realidad social (Garza y Durán, 2019). Es decir, la relación recíproca entre instituciones estatales y actores sociales ocurre mediante procesos que influyen y son influidos por diversas instancias políticas a lo largo del tiempo (Gurza Lavalle et al., 2019). Con estos estudios se busca una mayor compresión de las formas de interrelación que se construyen en las instituciones políticas y en la esfera de los actores sociales organizados, ya que su interés analítico es más operativo y situado en el contexto que normativo y homogeneizador. En los enfoques relaciones no existen unidades estables, sino relaciones dinámicas entre actores que se desenvuelven en contextos específicos (Dagnino, 2006; Hevia, 2009).Bajo el enfoque relacional se estudian los repertorios de interacción entre actores sociales organizados y actores estatales con el propósito de comprender tanto las prácticas contenciosas que envuelven este tipo de acción colectiva como las dinámicas de colaboración  que se establecen entre el Estado y la sociedad ante la grave problemática de la desaparición de personas y la exigencia de su búsqueda.

Resumen de la Ponencia:

Esta investigación se enmarca en un proyecto que tenía como objetivo analizar el clima de opinión resultante de la red social digital Twitter sobre un caso de delito de cuello blanco acontecido en Chile denominado Caso Penta.El Caso Penta o Pentagate es el nombre que recibe una serie de irregularidades y delitos cometidos por el grupo empresarial Penta, que incluyeron vínculos corruptos con una serie de políticos de la derecha chilena. Para este análisis, se recolectaron más de 300.000 tweets en un periodo de 5 años y se analizaron bajo una modalidad mixta que incluyó modelamiento de tópicos semi-supervisado y análisis de contenido. Entre los resultados, destaca un marcado cuestionamiento a la esfera judicial de Chile, que es caracterizada por poseer un carácter corrupto. Todos los actores e instituciones internas involucradas en su funcionamiento (fiscalía, abogados, jueces) participan de este sistema dependiente de los vínculos estrechos que existirían con políticos y empresarios, de modo tal que se constituirían dos tipos de justicia: una al servicio de los poderosos que solamente reciben sanciones administrativas tales como disculpas públicas, clases de éticas y/o multas ("la justicia para los ricos") y otra que castiga a sus ciudadanos con castigos ejemplificadores, que se resumen principalmente en excesivas penas de cárcel ("la justicia para los pobres"). 

Resumen de la Ponencia:

En Argentina, con la Reforma Constitucional de 1994 los derechos económicos sociales y culturales (DESC) fueron reconocidos como derechos constitucionales. Sin embargo, la dificultad para garantizar su cumplimiento, además de madurar la discusión en el campo del Derecho respecto de su exigibilidad y judicialización, ha abierto los límites para pensar el problema desde una perspectiva interdisciplinar.Así es que, el Acceso a la Justicia, considerado como el primer derecho para hacer efectivo un reclamo, es susceptible de caracterizar como un problema híbrido y sobre el cual, la sociología jurídica tiene algo para decir.En este escrito, se presenta la dificultad en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia como un problema de igualdad que condiciona la accesibilidad al sistema administrativo de justicia. Para ello, se considera el modo en que la composición del capital global (Bourdieu,1998) y la posición en la estructura social (Bourdieu,1998) intervienen como barreras invisibles que afectan la exigibilidad y la eventual judicialización de un derecho social vulneradoCon el objeto de reflejar el problema, se recurre al análisis de correspondencia múltiple ACM) a partir de un estudio de caso de ciudadanos que han presentado un reclamo  DESC ante la Oficina de la Defensa Pública, en un Municipio de la provincia del Chubut, en Argentina, durante el período 2016-2017.     

Resumen de la Ponencia:

el camino del reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales: mejores prácticas jurídicas internacionales para la inscripción en el Registro del Estado Civil de menores sujetos a doble maternidad o doble paternidadAutoras: M.Sc. Daile Simón RomeroDra.C. Mercedes de Armas AlonsoResumenLas presentes reflexiones se derivan del acercamiento de un equipo de investigación del Centro de Investigaciones Jurídicas (CIJ) del Ministerio de Justicia a las mejores prácticas existentes a nivel internacional en relación con la inscripción en el Registro del Estado Civil de menores sujetos a doble maternidad o doble paternidad. Se tomó como premisa la idea de que la identificación de estas prácticas podría servir de referente para las transformaciones que están acaeciendo en la legislación cubana sobre el particular.Se tratan asuntos teóricos relativos a la temática y se esbozan los principales presupuestos metodológicos tenidos en consideración en el proceso investigativo. 

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia es resultado de un estudio científico  realizado por las investigadoras para identificar criterios de los jóvenes cubanos acerca de la trata de personas en Cuba en los momentos actuales,  partiendo de considerar este fenómeno como una problemática relativamente joven  en el país,  además de que la percepción del riesgo es muy baja entre la población juvenil en general. Se tomó como premisa la idea de que este conocimiento podría servir para concienciar a la sociedad y avanzar en su abordaje al tratarse de una flagrante vulneración de los derechos humanos y de ahí la necesidad de comprender sus causas originadas muchas veces  en situaciones de desventaja social y fragilidad de las víctimas.