Resumen de la Ponencia:
Frente a la degradación inevitable de la naturaleza, bien sea en términos de cambio climático (IPCC, 2022), de disminución de la biodiversidad (Bar-On, 2018) o de los límites planetarios (Steffen, 2015), las políticas en términos de lo común se presentan como una opción eficaz para mantener la sostenibilidad del medio ambiente. Ahora bien, “lo común” remite, principalmente, a formas institucionales de gestión de los recursos, instituciones que pueden estar relacionadas con las propiedades intrínsecas de los bienes (Ostrom, 2010) o con procesos de “commoning” (Dardot et Laval, 2014). Sin embargo, el carácter inapropiable de la naturaleza continúa siendo un punto ciego (Tsing, 2012).Nuestra presentación busca interrogarse sobre la capacidad de una política de lo común de proponer soluciones ecológicamente sostenibles a partir del análisis de una política municipal, que articula la gestión comunitaria y la gestión pública en lo que concierne el ámbito del agua. Este trabajo es el resultado de una investigación-acción de doctorado (Duarte Cáceres, 2022). Villavicencio (500.000 habitantes), ciudad localizada en un ecosistema de transición (“piedemonte llanero”) se caracteriza por poseer una multiplicidad de prestadores de agua, los cuales surgieron como consecuencia de la fragmentación urbana. Paralelamente a la empresa pública, caracterizada por un índice de pérdidas elevado y una gran insatisfacción por parte de los usuarios, existe una miríada de pequeños operadores. En este contexto, los acueductos comunitarios, organizaciones comunitarias que gestionan colectivamente sistemas de agua autoconstruidos, desempeñan un papel importante. Tras años de tensiones y luchas entre poder público y actores comunitarios, la elección de una nueva administración municipal en el 2020 transformó el panorama, dando lugar a la co-construcción de una acción pública de gestión del servicio del agua. El equipo municipal promovió el reconocimiento y la formación de los operadores comunitarios, incluyéndolos la definición de acciones estratégicas. Ahora bien, aunque esta política favorece el reconocimiento de prácticas históricamente desvalorizadas y busca poner fin al mito de la eficacia del gran sistema público de agua, ¿produce ésta efectos positivos en términos ambientales? Se constata que ciertas fuentes de abastecimiento comienzan a secarse, especialmente como consecuencia de la extracción de arena por parte de empresas de minería. A pesar de que la Alcaldía ha intentado implementar políticas de protección a través, por ejemplo, de pagos por servicios ambientales o de la reflexión sobre la posibilidad de expropiar los terrenos de las empresas de minería, estas estrategias se encuentran limitadas por las luchas políticas e institucionales que permean las relaciones con las autoridades ambientales a nivel regional. Estas políticas de puesta en práctica de lo común ilustran, así, el dilema contemporáneo de las acciones públicas ecológicas: eficaces y resilientes a nivel local, éstas crean un oasis de sostenibilidad en un mundo que no lo es.