Resumen de la Ponencia:
A autora tem como objetivo provocar reflexões, de maneira interdisciplinar, e apresentar dados de impactos multidimensionais que ferem os direitos culturais de povos indígenas e tradicionais de territórios atingidos por megaprojetos de desenvolvimento da fase neoextrativista da América Latina. Serão apresentados, principalmente, o caso do povo Maya Kaqchikel, impactado pelo projeto de mineração de El Tambor, na região de La Puya, na Guatemala, e do povo Araras, impactado pela hidrelétrica de Belo Monte, na região do Xingu, no estado do Pará, Brasil. Tanto em Belo Monte como em La Puya, diversas foram as manifestações e resistências para a preservação do direito à terra ancestral, ao controle coletivo do território, à livre expressão de crenças tradicionais e às manifestações culturais, além das lutas contra os impactos diretos e indiretos causados na terra, nas águas e nas florestas com a construção de megaprojetos, seja por poluentes, resíduos de construção, desmatamento, uso abusivo dos recursos naturais que afetam a vida e a saúde das comunidades que vivem no território. A partir do entendimento que os megaprojetos impactam diretamente na cultura dos povos que vivem nos territórios em que são instalados, a pergunta científica que a apresentação pretende promover reflexão é: Qual a dívida cultural causada pelos megaprojetos de desenvolvimento com comunidades atingidas? Essa questão é importante para o processo de resistência dos povos indígenas e/ou tradicionais que são afetados por megaprojetos e para a luta por reparações. Além de contribuir para a compreensão de como esses impactos se conectam com os processos de homogeneização cultural, usando como fio condutor os ataques sistemáticos à cultura dos povos indígenas e tradicionais desde o período colonizador até o neoextrativista. A pesquisa que embasa essa apresentação é o projeto de mestrado da autora no Programa Interunidades de Integração da América Latina (PROLAM) da Universidade de São Paulo (USP) e baseia-se no pensamento de Aníbal Quijano a fim de resgatar epistemologias que foram suprimidas desde o processo de colonização da América Latina e utiliza o método de sistematização de experiências proposto por Oscar Jara.Resumen de la Ponencia:
En el marco del proyecto de investigación “Conflictividad social, Estado y Praxis en la Neoliberalización de la sociedad. Un análisis desde el Alto Valle de Río Negro”, en el cual entre otros objetivos nos propusimos interpretar, desde una perspectiva interdisciplinar, la materialización del conflicto social así como las prácticas de resistencia y disputa con el orden establecido.En esta oportunidad nos planteamos analizar la conflictividad en torno a la preexistencia-existencia y organización indígena en la región. En los últimos días se ha desatado una polémica, de las tantas, que estigmatizan y expresan la relación de los estado-naciones para con el pueblo mapuche. Me refiero a la discusión desatada debido al empleo por parte del Gobierno de Chile del término Wallmapu para referirse a lo que oficialmente se conoce como la región de la Araucanía junto con partes de otras regiones del mencionado país y conjuntamente al rebote que tuvo esa declaración en diputados, gobernadores y hasta ex ministros de distintas provincias de Argentina- Chubut, Mendoza, Río Negro, entre otras- y de distintos colores políticos. Discusión que en esta provincia está atravesada por el denominado Plan estrátégico de hidrógeno verde Río Negro.En esta ponencia proponemos una lectura de dicha polémica desde la noción de territorialidad(es). Esto nos permite, por un lado, superar la discusión partidaria planteada en los medios de comunicación que reflejan la cuestión y, por el otro, reflexionar sobre la consolidación de la soberanía territorial, la definición de las fronteras nacionales así como el control de las actividades productivas. Es decir, repensar el rol que tuvieron los estados-naciones en la puesta en valor de los territorios ancestrales ahora devenidos en tierras-mercancías, tierras como objeto de compra-venta y, en garantizar a su vez, la expansión de las relaciones sociales capitalistas que traspasan, incluso, las fronteras entre los dos Estados. Para nosotros investigar implica un compromiso con la realidad de la que como investigadores formamos parte, buscando una articulación entre los niveles local, nacional y regional. En este sentido, enmarcamos esta investigación en un paradigma interpretativo (Vasilachis de Gialdino, 1999), es decir, aquel que entiende a la sociedad como un producto humano social, simbólicamente estructurada, donde se busca la comprensión de los motivos de la praxis y se reinterpretan situaciones que, de por sí, ya son significadas en primer orden por los participantes.
Introducción:
En marzo de 2022 la ministra del interior de Chile Izkir Siches empleó el término Walmapu para referirse a lo que oficialmente se conoce como la región de la Araucanía junto con partes de otras regiones del mencionado país.
Además en un tweet del Gobierno de Chile afirma
“Más seguridad, más colegios y más salud. Trabajando por el buen vivir, seis ministerios han estado en terreno para escuchar todas las voces del Wallmapu. Es difícil, pero el camino es y será el diálogo. Como gobierno enfrentaremos los problemas con las personas y en el territorio.” (16 de marzo)
Estas declaraciones no pasaron desapercibidas de este lado de la cordillera. En Argentina diputados, gobernadores y hasta ex- ministros de distintas provincias, Chubut, Mendoza, Río Negro y de distintos colores políticos realizaron comentarios al respecto. Pudimos registrar frases como “preocupantes palabras”, “inmiscuyendo en la soberanía” y hasta relacionarlo con grupos violentos
“La ministra del Interior de #Chile adoptó la denominación Wallmapu para la #Araucanía. Genera un precedente para los grupos violentos que actúan en ambos países y lo reivindican como un Estado independiente. Comprende territorio soberano argentino. El Gobierno debe protestar”
(Tweet de Gustavo Menna, ex diputado nacional por la provincia de Chubut del 19-03-22)
Por su parte la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras calificó las declaraciones de Siches como “desafotunadas” y agregó que “la Patagonia es parte de la Argentina y nosotros estamos siempre reivindicando nuestro país y nuestra identidad nacional, y sobre todo la integridad de nuestro territorio” 2-04-22 [1]
A raíz de esta polémica nos preguntamos ¿qué es el Wallmapu que su sola mención tanta reacción provoca sobre todo de este lado de la cordillera de Los Andes? ¿Por qué tanta repercusión tuvieron esas declaraciones?, ¿Que subyace a esta “desmesurada” reacción?
La misma puede leerse como chicana política partidaria, la oposición presiona y critica al gobierno nacional por no cuestionar públicamente la posición del gobierno chileno. Pero aquí proponemos una lectura de esa respuesta desde la noción de territorialidad.
[1]En: https://www.adnrionegro.com.ar/2022/04/carreras-cruzo-a-funcionaria-chilena-por-el-wallmapu/
Desarrollo:
Comenzamos por establecer algunas coordenadas conceptuales desde las cuales asumimos el problema. La tierra es inescindible de una relación de posesión y necesariamente, la unimos a la noción sociológica de territorio. Territorio como una construcción social y, como dice Darío Fajardo Montaña (2009), la interpretamos desde un enfoque complementario entre tierra y territorio. Esto lo hacemos teniendo en cuenta, además, que para el pueblo mapuche mapu tiene un sentido fundacional, cada individuo le pertenece a la tierra, vive en comunidad con ella. Mapu expresa tierra, naturaleza, país, pero también la filiación identitaria tanto individual como colectiva, por ello se la puede interpretar como territorio.
Territorio es una categoría muy amplia[1] y diversamente presentada, cuasi interdisciplinaria, y aquí la construimos a partir de los aportes de Porto Goncalves (2003), Mançano Fernández (2005) y Segato (2007)[2]. Según el primero “(…) el territorio es constituido por la sociedad en el mismo proceso en que teje el conjunto de sus relaciones sociales y de poder” (Porto Goncalves, 2003, p. 143). Asimismo los tres afirman que el territorio es representación, y la apropiación política del territorio lo delimita, clasifica, administra y establece sus usos, así como acciones para su defensa (Segato, 2007). Ligan territorio al poder y la conflictividad, un enfoque que nos conduce a analizar las condiciones materiales de existencia, las relaciones sociales y subjetividades construidas y socialmente mediadas por relaciones de poder, y no meras descripciones sobre lo social objetivado.
En este sentido, sostenemos que las sociedades humanas construyen incesantemente territorios[3] con los que establecen intercambios y que a su vez son escenarios de reconocimiento donde se milita la identificación (Segato, 2007). Como afirma Mançano Fernandez el territorio “es espacio de libertad y dominación, de expropiación y resistencia” (2005, p. 277) esto es, contraponiendo fuerzas, en juegos de intereses casi siempre antagónicos y como agrega Segato “Es ámbito bajo el control de un sujeto individual o colectivo, marcado por la identidad de su presencia, y por lo tanto indisociable de las categorías de dominio y de poder” (2007, p. 72). Como puede apreciarse, cuando las sociedades construyen territorio, en el mismo acto constituyen identidad y reconocimiento, es decir que identidad, dominio y poder hacen a las disputas que estamos analizando, y, de esta manera, entendemos al territorio como el locus en el que se construyen y destruyen relaciones sociales, donde hay disputa por el conjunto de seres y objetos que lo conforman. En estas disputas, hay asimetría de poderes y relaciones de apropiación y expropiación[4], que exteriorizan dos momentos de algo inescindible, el proceso de producción de plusvalía y de producción de poder (Marín, 1996) y puede ser leído como una síntesis del proceso de lucha de clases[5].
Este proceso de expropiación del poder asimismo está conectado con la noción de territorialidad (Marín, 1996)[6], es decir, tierra y territorio se conjugan con territorialidad en tanto una estrategia de la sociedades humanas, la de defenderse y defender su territorio. Territorialidad, entonces, expresa una relación social que ocurre en un territorio, una relación de lucha, de enfrentamiento con la intención de defender el territorio, de delimitarlo, defender el lugar en que se habita y de expresar quienes somos. No es ni universal ni abstracta sino más bien son prácticas puntuales que va a estableciendo fronteras, relaciones de inclusión - exclusión, reconocimiento - negación, y son propias de sociedades estratificadas, es decir, de aquellas con desigual distribución del poder y del excedente, con contradicciones de clase, etnia y género, entre otras. La territorialidad va diferenciando un “nosotros” de los “otros”. En otras palabras, nos estamos refiriendo a territorialidad en tanto la defensa del territorio, en este sentido, como Marín, ligamos la territorialidad a la autoproducción y a la defensa del territorio y afirmamos que la misma hace referencia a las relaciones y acciones que se llevan a cabo para reivindicar poder sobre el territorio siendo constituyente de las disputas socio- territoriales. Entonces por territorialidad entendemos el intento por parte de un individuo o grupo social de afectar, influir o controlar a las personas, fenómenos y relaciones, delimitando y reafirmando el control sobre un territorio. Esto es relevante porque un territorio apropiado y constituido puede contener territorialidades distintas (Porto Goncalves, 2001).
La territorialidad como un elemento de las relaciones de poder, es una construcción entre fuerzas sociales y estriba en quiénes, a quiénes y para qué se controla ese territorio. Y, en línea con nuestra concepción teórico- epistemológica, analizarla es clave en la comprensión de cómo la sociedad, el territorio y el poder están conectados entre sí.
Desde estas coordenadas nos permitimos observar el proceso social detrás de las reacciones que implicaron las declaraciones sobre el walmapu. Entendemos que las mismas se deben articular con el denominado “Plan estratégico de hidrógeno verde Río Negro” ya que un mes después, el 20 de abril, en una sesión de la Legislatura provincial se debatió y se votó por unanimidad la entrega por concesión de 650.000 hectáreas a una empresa australiana para instalar molinos eólicos para producir hidrógeno verde, por un período de cincuenta años con opción a veinticinco años más. Y expresan la conflictividad en torno a la preexistencia-existencia y organización indígena en la región. Esto en tanto sostenemos que el cruce de declaraciones responde a la intención de afianzar el modelo de desarrollo y de gestión vigentes y asimismo justificar el uso dominante de las tierras-territorios en la provincia.
A fines del año 2020 llegó de la mano del ministerio de desarrollo productivo del gobierno nacional una propuesta, presentada como “la oportunidad del país (y de la provincia) de ser productora y proveedora de Hidrógeno Verde a nivel mundial”. La misma es entendida como un motor, una llave del desarrollo nacional, enmarcada en un principio de triple sustentabilidad: macroeconómica, social y ambiental.
Desde ese momento comienzan una serie de acciones por parte del gobierno provincial para la concreción de esa propuesta. Solo por mencionar algunas:
- Reuniones entre ambos niveles de gobierno, reuniones con los representantes de la empresa. La empresa en cuestión es la australiana (Fortescue Future Industries[7]) que anunció una inversión, considerada la más importante para el país en lo que va del siglo. La cifra prometida alcanza los 8.400 millones de dólares para la producción de hidrógeno verde a partir de energía eólica.
- La realización de 20 encuentros virtuales entre el 10 de junio y el 9 de diciembre de 2021 para posicionar al hidrógeno como un reemplazo sustentable de los combustibles fósiles. Se los denominó como “Los jueves de hidrógeno” y participaron allí, políticos y científicos desarrollando la temática desde diferentes ejes. (https://hidrogenoverde.rionegro.gov.ar/jueves-de-hidrogeno)
- La sanción del Decreto 1423/21 por el cual se cedió, por un año, una porción de territorio, unas 400000 hectáreas a la empresa para realizar los estudios de prefactibilidad, es decir, para instalar los instrumentos de medición para definir si instalaba la planta en la provincia o le convenía otro lugar.
- Asimismo durante el discurso de apertura del 51° Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura del año 2022, la gobernadora confirmó el envío del proyecto de ley que, luego del debate parlamentario, reguló el llamado a licitación para la concesión del territorio provincial. (Ley 253/22)
- La organización del Congreso Internacional del Hidrógeno Verde, que se realizará recién en el año 2023 en la ciudad de Bariloche.
En este contexto, el 20 de abril se debatió y aprobó en la Legislatura provincial el proyecto enviado por el ejecutivo provincial para declarar de interés la iniciativa privada y darle consenso político y social a esa inversión.
A modo de antesala, el pasado 2 de marzo se conformó la comisión legislativa que, en esa misma semana, mantuvo dos encuentros en los que escuchó a representantes de la empresa.
Cabe mencionar que hasta ese momento no se realizó la consulta previa e informada a los habitantes del pueblo mapuche afectados por la medida aunque ya desde el 6 de diciembre de 2021 se había acordado, entre nación y la provincia, la creación de una zona franca en Sierra Grande, para habilitar la instalación de la empresa. Por su parte los representantes del pueblo mapuche en la provincia declararon el estado de alerta y han realizado presentaciones en la Legislatura rionegrina para que, antes de continuar avanzando con el proyecto, se realice la mencionada consulta.
Entendemos que son las diferentes territorialidades las que sustentan este cruce de declaraciones y el propio accionar estatal.
Durante el debate en la legislatura, uno de los miembros hizo hincapié en el destino productivo, social y de respeto a sus ocupantes y mencionó una nota presentada por el CODECI (Consejo de Desarrollo de las Comunidades indígenas) sobre incluir la consulta previa e informada. Resguardar a los pobladores que allí habitan, productores, comunidades originarias. Plantearon la incorporación de todas las leyes correspondientes (n° 3266-ambiente-, 2287-indígena-, 279-de tierras), a la letra de la ley que se está sancionando.
Sin embargo en otra intervención, una legisladora de la propia línea sur niega la existencia de pobladores en la meseta “Ahí arriba no vive gente, las comunidades están abajo en los pueblos y con ellas tenemos buena relación y que están contentos con que se genere trabajo” y afirma que cree que “Nadie podría oponerse a un proyecto que genere trabajo genuino, crecimiento y desarrollo sustentable” Volviendo a invisibilizar a las comunidades.
Asimismo independientemente de los argumentos esgrimidos y de las posturas político-partidarias, el proyecto fue aprobado por unanimidad avalando la entrega de tierras-territorios a la empresa australiana y reforzando el uso dominante sobre las mismas.
[1] Esa amplitud y diversidad las señala Mançano Fernández, cuando afirma que “Los territorios son países, estados, regiones, municipios, departamentos, barrios, fábricas, pueblos, poblados, propiedades, salas, cuerpo, mente, pensamiento, conocimiento. Los territorios son, por lo tanto, concretos e inmateriales”. (2005, p. 277)
[2] Dejamos por fuera de este entramado conceptual la distinción entre espacio geográfico y espacio social así como la relación espacio territorio (Milton Santos, 1996). Además para no abundar, a los ya mencionados, señalamos como otros aportes latinoamericanos a la conceptualización del territorio, las elaboraciones de geógrafos como Milton Santos (1985, 1996a) y Rogerio Haesbaert (2004)
[3] Hoy el proceso de producción territorial está en manos de una Formación Social (capitalista) y sus contradicciones (Marín, 1996, p. 99).
[4] “quién dice expropiación y dice apropiación no sólo está hablando de enfrentamiento sino de construcción de territorios”. (Marín, 1996, pp. 104-5).
[5] Las clases sociales se producen por la lucha de clases (Marín, 1996, Izaguirre, 2003).
[6] Complementamos los planteos de Marín sobre territorialidad con los de Robert Sack (1986) en tanto su conceptualización es retomada por autores latinoamericanos como Haesbaert (2013), M. Lopes de Souza (1995), entre otros. Nos diferenciamos de la noción propia de la etiología que centra su definición en la animalidad y la explica como una conducta innata de la especie. Entendemos que como territorio implica relaciones sociales, la territorialidad, para Sack, es una estrategia espacial “para afectar, influir, el control de los recursos y las personas, mediante el control de la zona” (Sack, 1986: 26)y supone control sobre un área. Esa estrategia debe ser concebida y comunicada, y, como el mismo señala, son acciones poco probables en los animales (Sack, 1986) y que, por lo tanto, conllevan los modos de concebir, significar y habitar el territorio.
[7] Es una compañía transnacional de energía verde que opera en más de 25 países. Fue creada en el año 2020 y es subsidiaria de la minera australiana Fortescue Metals Group Limited, el cuarto productor de hierro del planeta.
Conclusiones:
Como señalamos más arriba, hablamos de territorialidades en plural y como expresión más conocida de ella, su forma es la división política del territorio en fronteras nacionales y la propiedad privada de la tierra, la territorialidad se produce en distintos grados, en numerosos contextos, se percibe en las relaciones cotidianas y en las organizaciones complejas (Sack, 1986). Esta última es una territorialidad propia de los Estados nacionales cuyo poder y soberanía están territorialmente sustentados (Alonso, 1994) pero, está en oposición y en disputa con otras “territorialidades que r–existen como “territorios de vida” (Escobar, 2008)” (en Betancourt, Hurtado y Porto-Gonçalves, 2015), que suelen estar soterradas y latentes (Wahren, 2011). Es decir, sostenemos esta coexistencia de territorialidades diferentes y en disputa, el ejercicio del poder sobre el territorio más puntualmente, el ejercicio de una dualidad de poder (Zavaleta, 1987). Dualidad y no dicotomía, tomado en el sentido de existencia de otro u otros, otros poderes y como sustento de lo múltiple y lo diverso. En este sentido, reparamos en distintas dimensiones que hacen a la territorialidad, como son las diferencias de temporalidades frente al tiempo nacional, las diferencias en la concepción de propiedad, de tierra y de territorio, así como también la tensión entre identidad y diferencia. Además, si hablamos otras territorialidades, para este caso podemos nombrarla como territorialidad mapuche o indígena, que se sustenta en una concepción de tierra- territorio holística y encarna un poder comunitario y descolonizador.
En este sentido, fuimos a rastrear la forma tradicional en que el pueblo mapuche entiende el territorio o Wallmapu. Según un documento de Tayiñ Kiñegetuam, lo define como el área geográfica o un espacio de la naturaleza que se encuentra bajo influencia cultural y control político de un pueblo, es el espacio en donde se ha realizado la historia de cada familia y de cada Lof o comunidad. (Coordinación de Organizaciones Mapuche, COM, 1992) y en el mismo documento, comentan que Lof es el espacio físico y comunitario que además es el punto de origen e identidad de cada persona donde las familias convivimos.
Así interpretamos que si bien puede presentarse como un problema de geopolítica, ya que en la etapa estatal propiamente dicha, el Wallmapu “territorio mapuche” fue fragmentado en:
-el Puelmapu (al este de la cordillera, en las actuales provincias argentinas de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Buenos Aires) bajo jurisdicción del estado-nación argentino y,
-el Gulumapu (al oeste de la cordillera, en las actuales regiones chilenas del Maule (VII), la del Bío Bío (VIII), de La Araucanía (IX) y de Los Lagos (X), bajo soberanía chilena.
Geopolítica en tanto, en este proceso de constitución del orden estatal, resultó que un pueblo quedó sometido a dos Estados. Pero es más que eso, es la imposición, junto con una forma estatal, de su poder territorializador. Desde su accionar indigenista va componiendo una jerarquización sociocultural y un modo de administrar la desigualdad social, así, en este proceso histórico - social, una vez decidido el despojo territorial se asume, junto con la fuerza y no sólo con ella, la decisión política de homogeneizar a la población y realizar el sometimiento de las poblaciones ya existentes.
Sostenemos esto porque desde el Estado nación argentino se concibe al territorio en cuestión como Patagonia y lo presenta así:
“La Patagonia se ubica en el extremo sur del continente americano. Abarca las provincias más australes: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con características propias que la diferencias de las demás regiones.
Comprende también una muy pequeña porción del sur de La Pampa, Mendoza y Buenos Aires (partido de Patagones)” [1]
Además y no menor, según la misma fuente oficial en la mencionada región entre otras riquezas se genera un 84% de la producción petrolera, una cuarta parte de la potencia eléctrica, casi un 80% del total del gas nacional y posee diversos paisajes explotados como actividades turísticas.
Ambas formas de pensar y defender el territorio, ambas territorialidades, están en tensión. En esta lucha se ataca al pueblo mapuche, se lo niega y criminaliza para lograr su fragmentación. Se busca imponer una sola territorialidad de la mano estatal. Como viene haciendo el Estado nacional argentino, en sus diferentes niveles desde hace siglos. Combate a otras territorialidades, que consideramos holísticas, y que se saben contrarias a la mercantilización de las tierras y la vida y cuestionadoras de la idea dominante de desarrollo. Entendiendo y defendiendo que las tierras son para vivir, luchando por dividirla en menores extensiones, y por la realización en ellas actividades no extractivistas y no contaminantes.
[1] https://www.mininterior.gov.ar/municipios/gestion/regiones_archivos/Patagonia.pdf
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Palabras clave:
Tierras Territorio Territorialidades Estado capitalista Disputas socioterritoriales
Resumen de la Ponencia:
Este trabalho discute como o arcabouço legal das políticas públicas ambientais vêm concorrendo para processos de desterritorialização das comunidades caiçaras na Baía de Castelhanos, localizada em Ilhabela-SP. O processo de desterritorialização ocorre quando se impossibilita povos e populações de exercer efetivo controle sobre seus espaços de vida e trabalho (Godoi, 2014), contribuindo para a descaracterização de seus modos de viver no território. As comunidades caiçaras da Baía de Castelhanos são parte dos Povos e Comunidades Tradicionais. Segundo Almeida e Cunha (2001): "o que todos esses grupos possuem em comum é o fato de que tiveram pelo menos em parte uma história de baixo impacto ambiental [...] estão dispostos a uma negociação: em troca de controle sobre o território, comprometem-se a prestar serviços ambientais" (p. grifo nosso).A despeito disso, e da evidência empírica de que tais grupos ocupam secularmente áreas ainda hoje ambientalmente resguardadas, as relações das políticas de conservação ambiental com essa população são ambíguas, como demonstra o caso a seguir. Em 2020, mediante ampla mobilização dos movimentos sociais, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo criou a Resolução no 28/2020, que facilita a autorização de supressão vegetal para plantio de roça tradicional durante a pandemia de Covid-19. As áreas destinadas à roças na Baía de Castelhanos foram então demarcadas e comunicadas à SIMA. Ainda assim, em 2021 uma das áreas regularizadas foi inadequadamente autuada pela polícia ambiental. O caiçara responsável pela área precisou comparecer à polícia prestar depoimento, e até o presente momento este processo criminal permanece aberto, a despeito da existência de documentos que comprovam a regularidade de seu plantio, e inexistência de crime ambiental.Este caso retoma a relação das comunidades tradicionais com o ambientalismo conservador, que orienta parte das ações do Estado para com as comunidades tradicionais, violando direitos e impedindo que as comunidades pratiquem atividades características do seu modo de vida, mesmo quando regulamentadas. Retoma ainda o debate sobre racismo ambiental e institucional, ressaltando como as comunidades tradicionais são percebidas e rotinizadas como sujeitos sem direitos, cuja própria existência é, preliminarmente, criminosa e ambientalmente transgressora.Por fim, ressaltamos as insuficiências das políticas de reconhecimento que vêm sendo operacionalizadas pelo Estado e suas instituições. Se por um lado, são reconhecidos os direitos territoriais dos PCT e seu modo culturalmente diferenciado de se relacionar com a natureza, por outro, sofrem represálias por parte do Estado. ReferênciasALMEIDA, M.; CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. “Populações indígenas, povos tradicionais e preservação na Amazônia”. In: Biodiversidade na Amazônia brasileira. São Paulo: Instituto Socioambiental e Estação Liberdade, p. 184-193, 2001.GODOI, E.. Territorialidade: Trajetórias e usos do conceito. Raízes: Revista De Ciências Sociais E Econômicas, 34 (2), 2014, p. 8-16.Resumen de la Ponencia:
El objetivo de esta ponencia es dar cuenta de los procesos que han incidido en la transformación territorial de las comunidades indígenas Nukak y Jiw a lo largo del siglo XX y XXI en la Orinoquia y Amazonia colombiana. Dentro de estos procesos se encuentran las bonanzas económicas (caucho, pieles y coca), la colonización campesina, el conflicto armado, la construcción de paz y el papel del Estado. Esta ponencia hace parte de una investigación más amplia, realizada desde la Maestría en Dinámicas Rurales y Globalización y desde el Área de Investigación de Conflicto y Dinámica Social de la Universidad Externado de Colombia, que pretende comprender los procesos de reconfiguración territorial a partir de los cambios en el modelo de desarrollo, en el conflicto armado y en la construcción de paz en la región de la Orinoquía y la amazonia colombiana. Como parte de la investigación, se ha realizado una revisión de fuentes secundarias y cinco salidas de campo al departamento del Guaviare, que se encuentra en la frontera entre la Orinoquía y la Amazonia colombiana. Lo que se presentará en la ponencia serán los resultados parciales del trabajo, enfatizando en el lugar que tienen las territorialidades indígenas en la configuración territorial de esta frontera y las transformaciones que han vivido a partir de procesos históricos que han generado conflictos, migraciones y desplazamientos, cambios ecosistémicos y afectaciones en sus usos y costumbres. Las orientaciones conceptuales, teóricas y metodológicas se ubican en los debates sobre el territorio y la multiterritorialidad, sobre la frontera y sobre los encuentros y tensiones multiculturales. Asimismo, La perspectiva socioambiental ocupa un lugar fundamental en tanto se reconoce dentro del proceso investigativo la relación profunda entre las diversas y muchas veces contradictorias concepciones sobre lo ambiental de los diferentes sujetos que se encuentran en este espacio fronterizo, y la emergencia de conflictos territoriales que dan cuenta del ejercicio de poder y de la subordinación de los pueblos originarios. Es así como esta ponencia buscar aportar a la discusión sobre los procesos de colonización y recolonización, tanto históricos como coyunturales, que ponen en riesgo la pervivencia de los pueblos. La mirada localizada pero articulada a procesos globales permite dar cuenta de los procesos coloniales violentos que, si bien han tenido respuesta por parte de los Estados nacionales a partir del reconocimiento de derechos étnicos, están lejos de ser transformados verdaderamente para generar un diálogo real de saberes. La discriminación sigue siendo un eje estructurante de la violencia contra los pueblos en estos territorios.Resumen de la Ponencia:
El pueblo garífuna enfrenta en Honduras múltiples amenazas y se ha visto gravemente afectado por los desplazamientos forzados internos y las migraciones de distinta índole al verse despojado de su territorio. Son dos actividades principalmente las que son creciente amenaza para mujeres y hombres garífunas: el avance de las plantaciones de palma africana y el desarrollo turístico con un modelo excluyente y privatizador. Estas actividades han sido solapadas por un Estado racista, al servicio del megaturismo y la agroindustria. Según datos de la Organización Fraternal Negra Hondureña, 75% de los territorios del pueblo garífuna están prácticamente rodeados por monocultivos de palma africana. Asimismo, desarrolladores turísticos han utilizado todo tipo de estrategias, desde instrumentos legales disfrazados de mecanismos de consulta, pasando por actividades claramente tendientes a la destrucción del tejido social y la vida comunitaria garífuna, hasta llegar a actos criminales como la amenaza, secuestro y desaparición de líderes territoriales. En esta ponencia se presenta un análisis sobre el modelo extractivista en Honduras, particularmente el que se desarrolla en territorio garífuna, para discutir las nuevas modalidades de despojo y explotación capitalista. También se incluyen las respuestas del pueblo garífuna: reorganización comunitaria, alianza con organizaciones regionales e internacionales, denuncias ante árbitros internacionales como la CIDH y movilizaciones. El eje de esta ponencia es el territorio como elemento articulador de la cultura, la organización y la resistencia garífuna y al mismo tiempo como principal recurso codiciado por los proyectos extractivistas.Resumen de la Ponencia:
Las cuencas hidrográficas aún siguen siendo los canales primigenios de integración interétnica y mestiza de las mujeres y hombres de la Amazonía. En la actualidad, en nombre del desarrollo, la construcción de carreteras por parte del Estado y la inyección de capitales públicos y privados están irrumpiendo en las zonas más recónditas de los bosques tropicales y de las riberas fluviales de la gran franja verde, lo que viene desencadenando una serie de olas migratorias de población nativa a los centros urbanos y de la neocolonización mestiza hacia territorios indígenas.
El distrito de Balsapuerto, jurisdicción perteneciente a la región Loreto-Perú, es el territorio que alberga al mayor porcentaje de población de la etnia shawi que, actualmente, con la intervención de la inversión público-privada, las nuevas dinámicas económicas, migratorias e industrias extractivas, que ha facultado la habilitación de carreteras dentro de sus territorios en los últimos seis años, se encuentra en la encrucijada de preservar sus «formas originarias» o asimilarse a la «modernidad» y al «modelo de desarrollo imperante» para bien o para mal.
Introducción:
Loreto es el departamento más extenso del Perú y de la Amazonía peruana, con una superficie de 36 885 195 km2, que abarca el 28.7 % del territorio nacional y el 51 % del territorio de la franja oriental del Perú. Cuenta con una gran diversidad cultural y biológica. Se divide políticamente en 8 provincias y 53 distritos. La población está conformada por colonos, mestizos y un amplio grupo de etnias nativas, pueblos ribereños y población urbana. Esta gran diversidad de naciones es un patrimonio de culturas y saberes que magnifican el crisol como país pluricultural, rasgo que a su vez nos aleja de una cohesión político social por la forma en cómo se ha ido abordando estas diferencias culturales en el ámbito de las políticas de Estado, en el tejido social, en los factores económicos, culturales, sociales y medioambientales en el panorama actual.
El Estado, en las últimas tres décadas, a partir de sus políticas de desarrollo y la ampliación de las vías de transporte, ha acelerado los procesos de globalización e «integración» al mercado. Esto ha condicionado a pueblos originarios de la Amazonía a integrarse o asimilarse a las nuevas dinámicas económicas del nuevo orden que se rige bajo el influjo del «desarrollo humano».
El Plan de Desarrollo Concertado de Loreto al 2021 (PDRC) contenía entre sus objetivos el incrementar y mejorar los Índices de Desarrollo Humano (IDH) en la población del departamento, con mención sobresaliente hacia los pueblos originarios de la región, donde se estipula, que las distancias geográficas deben ser reducidas mediante la implementación de infraestructuras de carretera para facilitar el acceso a los distritos y comunidades antes no integradas a una red vial. Por consiguiente, la construcción de carreteras y el impacto de sus ejecuciones conllevan a la agilización de accesos a zonas antes distantes de los centros de operación del flujo económico y de las instancias del Gobierno que cumplen la función de brindar asistencia en factores primarios como salud, educación y vivienda; agentes que van permeando en las estructuras culturales y de organización social de las comunidades habitadas por grupos humanos originarios. En este ensayo con base etnográfica (tiempos etnográficos 2016 – 2022) nos centraremos en Balsapuerto como espacio de estudio. Se trata de uno de los seis distritos que conforman la provincia del Alto Amazonas en el departamento de Loreto, que hasta el 2016 albergaba a más de ciento treinta comunidades nativas de la etnia shawi (chayahuitas), según fuente de Mifler del Aguila, el entonces gobernador. El acceso a la carretera afirmada y puente vial que une al distrito con la capital de la provincia (Yurimaguas) marca un antes y un después en la cotidianidad de los habitantes shawis. En efecto, estos acontecimientos han desencadenado una interacción ambigua, hechos que hacen visibles las asimetrías tanto en aspectos cualitativos como cuantitativos y las desventajas en el desarrollo de facultades de un porcentaje importante de citada población, escenarios de resistencias, asimilación o integración de patrones culturales, económicos y de subsistencia de los habitantes nativos frente a la llegada de nuevos actores sociales que arriban a las tierras de la Amazonía, que es promovida por un interés ajeno al de los pueblos originarios.
Ante esta situación surge una interrogante: ¿la ejecución de proyectos de infraestructura y las nuevas dinámicas económicas implantadas por las Políticas Públicas y Planes de Desarrollo promovidas por el Estado y otros agentes externos consideran las diferenciaciones socioculturales, necesidades diferenciadas y los posibles impactos en las comunidades shawi que habitan en el distrito de Balsapuerto? Consideramos que esta interacción producto de los desplazamientos migratorios ha visibilizado las fuertes brechas que existen entre los habitantes originarios de la etnia shawi y los nuevos actores sociales que arriban al territorio con expectativas de comercio, inversión y actividades extractivas. Gran parte de la población shawi se encuentra hoy en día en la encrucijada del desarrollismo voraz que se está expandiendo en la Amazonía: si no articulan mecanismos que desarrollen sus capacidades y fortalezas frente a amenazas de actores y factores externos, estarán expuestos y confinados a ser solo beneficiarios del asistencialismo estatal y escuetos testigos de la explotación de sus recursos; y si siguen en ese mismo caudal de dinámicas, pasarán a engrosar la lista de los desplazados por el desarrollo.
Los objetivos de este trabajo son, por un lado, diagnosticar y analizar las diferenciaciones socioculturales y perspectivas demandantes, desde la población, para ser contrastadas con los datos y resultados de factores específicos de los proyectos y programas de desarrollo activados en la zona de estudio. Por otro lado, identificar los impactos y posibles impactos sociales, culturales, económicos y ambientales dentro de la jurisdicción del distrito como resultado de la ejecución de proyectos de desarrollo e infraestructura y migración agrícola.
La presente investigación es de carácter cualitativo; la observación, interpretación de los testimonios de fuentes provenientes de los actores principales y actores secundarios contrastaron y reforzaron el trabajo de campo etnográfico, métodos que han sido fundamentales para la obtención de datos e información para formular una teoría etnográfica e hipótesis con grado de veracidad y que pueda acercarnos a una comprensión del fenómeno que estamos abordando.
Las técnicas que se utilizaron para las entrevistas fueron de carácter abierto y semiestructurado y el diálogo libre como método de obtención de informaciones de diversas variables.
Los shawis
Los chayahuitas o shawis, como se autodenominan en la actualidad, pertenecen a una de las cincuenta y una etnias que habitan en la Amazonía peruana, y forman parte de la familia etnolingüística cahuapanas. Para referirse a sí mismos, los shawis emplean los términos Campo Piyapi, que significa «nuestra gente», o también Piyapi, que es «gente». La mayor concentración de población shawi vive en los territorios concernientes a la jurisdicción del distrito de Balsapuerto, provincia del Alto Amazonas en el departamento de Loreto.
Los chayahuitas o shawis forman parte, junto a los jeberos o shiwilu, a la familia lingüística cahuapana. Su idioma, llamado por ellos como kamponan, presenta una pequeña gama de diferencias, principalmente fonéticas, que se identifican como dialectos de cada una de las cuencas por los que los chayahuitas hablantes se distribuyen (García Tomás, 2021, p. 42).
El antropólogo Aldo Fuentes ha rastreado los antecedentes históricos de la etnia, cuya mención en los relatos de los cronistas de la colonia señalan que «los primeros datos históricos que tenemos de la familia cahuapanas, nos vienen de Alonso de Mercadillo y Diego Núñez, españoles que atravesaron el territorio de los chayahuita y otros grupos cahuapana en 1538-39» (Golob cit. por Fuentes, 1988, p. 14).
Desarrollo:
En la década de los noventa, con la irrupción del modelo neoliberal adoptado por el Gobierno de Alberto Fujimori, se propulsó la inversión privada y la economía de mercado en el país. Esto reconfiguró el panorama de las inversiones en el territorio y su repercusión en las sociedades centralizadas y urbanas. Para cumplir tal objetivo, el Estado debía subsanar la falta de infraestructura que facilitase el flujo de las inversiones por parte de las empresas privadas. Por otra parte, ante la ausencia del Estado en zonas antes aisladas, se optó por la construcción de carreteras y vías de acceso, aeropuertos y puertos fluviales; estas innovaciones fueron parte de un proceso para generar la actividad económica de inversión que involucra variables de migración, trabajo en obras, desplazamientos, movilidad social y sus impactos en la expansión de ciudades o de centros poblados que se convierten en ciudades de arribo. Sin embargo, en la actualidad, estos procesos penetran a mansalva en los bosques de los llanos amazónicos.
La inversión en construcción de infraestructuras tenía un propósito por parte del Estado: acercar el desarrollo y la inversión a las poblaciones periféricas, poblaciones nativas u originarias y comunidades campesinas a los centros urbanos y de concentración de las instituciones del poder central y económico. En consecuencia, la maquinaria del desarrollo tenía que entrar en marcha.
Aquí se concentran las dicotomías del progreso o desarrollo. Evidentemente, una de las formas de expansión de todo poder y sistema de gobierno es permear en las estructuras sociales de los grupos humanos, escenario donde las vías de comunicación son la clave para la conectividad y legitimación de un sistema político económico.
En un contexto neoliberal y en un espacio tan diverso y fragmentado, como el Perú, la labor de discernir entre lo positivo y negativo en cuanto al impacto que generan las dinámicas desarrollistas es ambiguo. Por lo general, se resumen en perspectivas y aproximaciones basadas en datos cuantitativos, que no se ajustan a las realidades difusas, aspectos que son cada vez más cinéticas en el escenario local y global dentro de la red de interacciones.
El debate de si los pueblos originarios deben mantenerse aislados del alienante mundo occidental, creyendo que de esa manera se conservará impoluto su legado cultural, siempre ha sido tema de discusión en la antropología. En el plano académico se entiende que ninguna cultura ha surgido sin la integración de elementos de culturas externas y que han ido integrando a sus propios sistemas socioculturales y las han hecho propias, lo que ha creado patrones que la caracterizan frente a otras sociedades dentro de las diversidades en interacción. No necesariamente nos referimos a los rasgos esencialistas como lengua, fenotipos y linaje sino de factores dentro de rangos más epidérmicos de expresiones externas que están, en mayor medida, sujetos a cambios producto de la interacción con otros grupos y espacios.
Actualmente, los pueblos originarios que habitan en sus territorios de origen o los que se han establecido en espacios urbanos han adoptado otros mecanismos para mantener en vigencia su cultura. Esto ha dejado de lado el estereotipo de que se niegan a formar parte del proceso de desenvolvimiento del mundo contemporáneo y son ellos los quienes deciden, sabiendo que siempre estuvieron presentes en el proceso de globalización desde hace más de quinientos años. No obstante, no es posible imponer un manual o implantar una fórmula a raja tabla en el que deben desenvolverse las culturas originarias; por lo tanto, son inevitables los cambios de paradigmas socioculturales que cada unidad cultural afronta, pero la manera veloz y volátil como se desenvuelve el mundo actual pone en juego las identidades, y más explícitamente a los pueblos originarios que se encuentran aún en su espacio territorial primigenio. Dentro del enfoque de etnicidad, Fredrick Barth argumentó que «la cultura no es sino una forma de describir la conducta humana» (1976, p. 9). Son conductas que contienen arquetipos que establecen parámetros de diferenciación con otros grupos humanos; esta dinámica se desarrolla en un espacio geográfico que por una construcción social es delimitada y se convierte en territorio, que contiene recursos con los cuales sus habitantes al transformarlos articulan su estructura social.
La expansión en favor de penetrar nuevos territorios ha sido una constante en la evolución humana. El esparcimiento del modelo neoliberal con sus herramientas y mecanismos de expansión han llegado de manera intempestiva en los últimos años a las comunidades shawis del distrito de Balsapuerto, lo que les ha condicionado a una vulnerabilidad aparentemente inocua ante la llegada de la carretera al centro poblado principal.
Al presente, el distrito y sus habitantes, con la apertura de las vías de comunicación, el desplazamiento social y agrícola, los programas del Estado y las nuevas dinámicas económicas, se encuentran en la encrucijada de preservar sus formas primigenias o adaptarse a la «modernidad».
El Estado, representado por el gobierno regional y edil, sigue los mismos preceptos del esquema central de desarrollo unilineal que promocionan el desarrollo incluyendo a la nación shawi, pero en la práctica se resume a que estos solo se ven beneficiados por los programas sociales que cubre el Estado en la zona, mas no de la explotación sostenible y producción de sus recursos existentes en sus territorios. De hecho, las diferencias culturales y necesidades específicas no son consideradas en la ejecución como estipulan, por lo regular, en los perfiles de los proyectos de desarrollo.
Mientras que un sector de la población shawi es indiferente a los acontecimientos que vienen ejecutándose en su entorno; otros se resisten y observan las medidas como amenaza de expropiación de sus tierras, en comparación con un grupo que se muestra optimista ante la llegada de la carretera y obras de infraestructura como el cableado de luz y construcción de letrinas en las casas de la comunidad. Les resulta claro que se trata de un avance en las mejoras de calidad de vida de la población; y observan con expectativa en el supuesto de que el simple hecho de la construcción de la carretera y la migración de población foránea a las comunidades les permitirá salir de la pobreza, contexto en el que cabe citar los postulados e interrogantes de Gilbert Rist que contienen las paradojas del desarrollo humano en un ámbito de asimetrías estructurales y de diferencias culturales no abordadas en su mayor dimensión:
En todos los sentidos el término: atraer, agradar, fascinar, hacer ilusión y también engañar, alejar de la verdad, embaucar. ¿Cómo no rendirse a la idea de que pudiera existir un método para eliminar la pobreza que aparece por todas partes? ¿Cómo atreverse a pensar, al mismo tiempo, que el remedio pudiera agravar el mal que se quiere combatir? (2002, p. 13).
El discurso del desarrollo suena alentador, pero las perspectivas de los actores sociales son dispares. Para un nativo, que subsiste con fondos que provienen de los programas sociales como Pensión 65 o Juntos, el que se abran trochas carrozables y pase cerca de su vivienda es un avance. Esto corrobora la versión de un comunero shawi de Nueva Luz: «la trocha carrozable me va a hacer fácil que las cosas que compro en el distrito poder traerlos hasta mi casa, que queda a media hora caminando, así ya no tendré que cargar porque las traeré en el motocarro». Por otra parte, la perspectiva de los migrantes asentados en la zona es de poner negocios y el expendio de mercaderías que transportan desde la ciudad. Las actividades de producción de los nativos que moran en zonas más adentradas continúan siendo la caza, la pesca y la recolección —labores que, a su vez, se ven amenazadas por la depredación de sus bosques—, y otras actividades, como la actividad agrícola de sustento. Esto significa que ellos todavía no están adaptados a una actividad económica de producción, en cambio las comunidades cercanas al centro poblado del distrito y que se encuentran en la ruta de la carretera han ido asimilando dinámicas de comercio, e incluso algunos han incursionado en el cultivo de café y cacao, aunque sus desventajas son mayores frente al capital con el que vienen los migrantes motivados en invertir en Balsapuerto, lo que deja en evidencia las brechas en cuanto al desarrollo de capacidades de los individuos en interacción.
Asimismo, existen organizaciones, como la Federación de Comunidades Nativas Chayauitas (FECONACHA) que no se opone a la construcción de la carretera, que en la actualidad tienen planeado articular el tramo desde Balsapuerto centro poblado a Moyobamba, como extensión del proyecto del Plan de Desarrollo Concertado de la Región Loreto al 2021. Los miembros de la federación mencionada exhortan como condición y demanda a que el estado titule las tierras colindantes a nombre de las comunidades nativas de la etnia shawi del distrito de Balsapuerto, con el fin de preservar la intangibilidad de los bosques de los que obtienen recursos para su subsistencia. Lejos de las tensiones, esta federación ha sufrido divisiones internas, debido a sectores que confían en la participación del Estado y el desarrollo prometido, influenciados por discursos y estrategias como el alquiler de tierras por parte de los colonos, lo que les inserta en la lógica capitalista.
Con respecto a otras organizaciones, como la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas-San Lorenzo (CORPI), estas también tienen un discurso que si bien atiende a la defensa del territorio shawi; al mismo tiempo, mantienen la visualización de la infraestructura vial como parte de los elementos necesarios para el desarrollo de la comunidad.
El profesor de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), Wilson Pizango (33), manifiesta los beneficios que se generan a partir de la construcción de las carreteras, como el acortamiento de distancias. Así, los desplazamientos que podían durar hasta tres días en canoa disminuyen a solo dos o tres horas en auto desde la ciudad de Yurimaguas, capital de la provincia del Alto Amazonas, que es el centro de operaciones comerciales e institucionales más cercano al distrito de Balsapuerto. En su testimonio, Pizango manifestó que la carretera ayuda a conectar a las comunidades shawi con la ciudad, pero a su vez ha generado mayores índices de delincuencia, robos por parte foráneos, el incremento de la tala ilegal y depredación de los bosques que es incluso permitido por los propios nativos que se ven seducidos por una poca cantidad de dinero que les ofertan los madereros. Sobre todo, recalca la pérdida de costumbres y manifestaciones que identifican a los shawis como etnia y pueblo originario, sumado al alza del costo de vida.
Otro punto por considerar es que el acercamiento de la ciudad y del país en general a estos espacios y comunidades ha propiciado la migración estacional por trabajo. Aunque no es un fenómeno reciente, se ha acentuado con la conexión vial, en donde empresas como las del rubro agroindustrial de Trujillo o Ica movilizan a captadores de mano de obra para ofrecer puestos de trabajo que terminan siendo precarios y que alientan la deserción escolar, dado que muchos adolescentes se ven atraídos por las ofertas de empleo. Esta situación de interconexión vial también ha promovido la aparición de colonos, que terminan alquilando las tierras y contratando a los mismos shawis para desarrollar trabajos agrícolas.
En contraparte, el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Loreto menciona en su proyecto implantar programas en los que se trabajen el desarrollo de las capacidades de la población nativa. No obstante, estos programas no se concretan debido a la falta de interés de las autoridades y a la falta de iniciativa y la poca importancia que se le asigna a la población shawi. Estos son aspectos que condicionan y facilitan la libre entrada de actores externos en el territorio para desarrollar actividades económicas como la extracción de madera y el alquiler de tierras para cultivo. De esta manera, se involucra la explotación de recursos y, por ende, la transformación del espacio geográfico de las tierras intangibles y comunales, lo que valida lo argumentado por Anthony Bebbington en referencia a lo que se está desencadenando en toda la región amazónica del continente.
[...] el rápido crecimiento del número de proyectos de infraestructura aprobados y propuestos, que incluyen represas, plantas hidroeléctricas, hidrovías, carreteras rutas de acceso y viviendas para los trabajadores de las obras de infraestructura, ha contribuido, y sin duda seguirá contribuyendo, con la transformación de la cuenca del Amazonas. Las actividades extractivas, específicamente la minería a escala industrial y los desarrollos relacionados con hidrocarburos, también requieren carreteras, ductos, vías férreas e instalaciones de puertos para transportar las commodities a mercados distantes. Las inversiones en infraestructura y en la industria extractiva en la Amazonía interactúan y se refuerzan mutuamente para producir impactos sociales y cambios significativos en el paisaje [...] (Bebbington y otros, 2019, p. 12).
Es correlativo a la realidad que vive actualmente la Amazonía, contextualizando, en este caso, en el distrito de Balsapuerto y las comunidades shawis, que han sido impactadas rápida y continuamente con la llegada de la carretera desde el año 2016. Esta rapidez es exigida por el mundo moderno para no quedarnos rezagados y así formar parte del éxito promovido por el «desarrollo» (un éxito medido en la capacidad de consumo, y un consumo ligado a productos de manufactura que vuelven nuestras vidas, aparentemente, más «fáciles y felices»). Por consiguiente, estas industrias de manufactura necesitan de materia prima y esta materia en sus diferentes estados y componentes se encuentran en la naturaleza y sobre todo abundan en la Amazonía.
Finiquitada la carretera tramo Yurimaguas-Balsapuerto (2016), el gobierno regional de Loreto, con su oficina descentralizada en Yurimaguas en coordinación con el gobierno regional de San Martín, viene planificando la construcción y continuación de la carretera Balsapuerto–Moyobamba, proyecto que ha movilizado a la formación de asociaciones indígenas en el distrito las cuales tienen posiciones divergentes respecto al proyecto. Mientras que un sector se opone a la construcción, pues alega que este proyecto afectará los bosques de los que ellos se benefician con la caza y la extracción de madera para sus construcciones; otro sector no se opone a la construcción de la carretera siempre y cuando el gobierno regional otorgue títulos de propiedad a las comunidades nativas shawis, como lo planteaba FECONACHA (titulación de los bosques por donde pasará el nuevo tramo para evitar que estas tierras sean lotizadas o dadas en concesión). El territorio en cuestión es el cerro La Escalera, ubicado en la frontera entre Balsapuerto, perteneciente a la región Loreto, y Moyobamba, perteneciente a la región San Martín. La construcción de esta vía de transporte por versión de transportistas de la zona permitiría el flujo de mercancía y, principalmente, de extracción de madera. La pugna entre las autoridades que quieren justificarse en la inserción al desarrollo de los shawis y las asociaciones nativas que reclaman la intangibilidad de sus bosques pone en entredicho la construcción de carreteras, como lo sustenta Bebbington en sus estudios sobre el impacto ambiental de las construcciones de infraestructuras en la Amazonía:
Los defensores de la construcción de nuevas carreteras y mejoras en los caminos en la Amazonía sostienen que el aumento de la conectividad (mediante corredores de transporte multimodal) permitirá a los productores reducir el tiempo y el costo del transporte, mejorar la competitividad y aumentar las exportaciones [...] (Bebbington y otros, 2019, p. 33).
Estos argumentos, sumados a las opiniones diversas y contrariadas de los habitantes, hacen cuestionar si es que las infraestructuras viales y las dinámicas, que son implantadas por actores externos en condiciones de ventaja, en verdad ayudan al desarrollo de las comunidades shawis.
Obviamente, si lo vemos desde una óptica occidentalizada, la respuesta es que sí. La «modernidad» está llegando a cumplir con sus objetivos de homogenizar y erradicar las culturas diferentes a las idealizadas por el espectro hegemónico del consumo. Ante este panorama, muchas unidades familiares shawi vienen desplazándose hacia la ciudad, e intentan mimetizarse en un espacio que muchas veces les es hostil. Asimismo, otras unidades que forman una comunidad se dispersan, ya no como una característica habitual de proliferarse y ocupar sus territorios, sino para fragmentarse y formar nuevas comunidades en territorios amenazados por la construcción de carreteras; la dispersión ahora es vista como un mecanismo de resistencia para evitar que les expropien sus tierras.
En un contexto similar, Urrutia y otros (2019) argumentan que las comunidades campesinas y nativas (en el caso amazónico) siempre han sido reducidas solo a unidades productivas y no han sido planteadas como unidades integradoras de modernidad, ya que, según los paradigmas occidentales y urbanos, la comunidad campesina o nativa siempre ha sido sinónimo de una vida precaria, excluida de comodidades y subdesarrollada. Por consiguiente, podemos argumentar que las expectativas de las convivencias que se reproducen en comunidades, es decir, el vivir en conjunto con otras unidades familiares ya es un indicador de cohesión que es antesala para la construcción de una vida en sociedad y articuladora de la individuación y ciudadanía del sujeto dentro de un Estado.
Entre tantos actores sociales, desplazamientos sociales y migraciones agrícolas, carreteras, industrias extractivas y demás variables del «desarrollo» en Balsapuerto, los cambios generados por los impactos están teniendo repercusiones de considerable magnitud en la educación, la salud, el género, el territorio y el medioambiente.
El discurso del desarrollo ha cristalizado en prácticas que contribuyen a regular el ir y venir cotidiano de la gente del Tercer Mundo. ¿Cómo se ejerce su poder en la vida diaria, social, y económica de países y comunidades? ¿Cómo logra su efecto sobre el pensamiento y la acción de la gente, sobre la forma en que se siente y se vive la vida? (Escobar, 1998, p. 203).
La cita de Arturo Escobar resulta pertinente no para responder la interrogante sobre la benevolencia o no del desarrollo, sino para sumar más incógnitas.
Conclusiones:
En conclusión, en los últimos años, las dinámicas económicas, culturales, ecológicas migratorias y territoriales dentro de los linderos del distrito de Balsapuerto, que involucran a las poblaciones nativas shawis y de población colona, vienen reconfigurando el espacio y las interacciones. Esto arriesga las identidades y el impacto en el medio ambiente y la preservación de la Amazonía, sus bosques y cuencas hidrográficas. Estos impactos deben generar conciencia y solidaridad, con el propósito no solo de encapsular a las instituciones competentes, tanto estatales, privadas o civiles, sino también para incluir a otros actores que prevén que el futuro de las culturas y del ser humano se centrará en los recursos que contiene la franja verde y en conjunto con las demás entidades bióticas que habitan la Amazonia. A los integrantes de la etnia shawi les corresponde articular mecanismos para fortalecerse como grupo humano originario para salvaguardar y rescatar sus conocimientos previos con el objetivo de equilibrar la inevitable proliferación e impactos del avance de los paradigmas del desarrollismo propios del mundo moderno que viene expandiéndose dentro de sus territorios para bien o para mal.
Bibliografía:
Barth, F. (1976). Los grupos étnicos y sus fronteras (Vol. 197, N.° 6). Fondo de Cultura Económica, México.
Bebbington, D., Verdum, R., Gamboa, C., & Bebbington, A. (2019). Evaluación y alcance de la industria extractiva y la infraestructura en relación con la deforestación. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales.
Escobar, A. (2007). La invención del tercer mundo. Construcción y Deconstrucción del Desarrollo. Fundación Editorial la Rana y el Perro, Caracas, Venezuela.
Fuentes, A. (1998). Porque las piedras no mueren: historia, sociedad y ritos de los chayahuitas del Alto Amazonas. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica.
García Tomás, M. D. (2021) Imaginario shawi a través de su música y su danza. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica.
Rist, G. (2002). El desarrollo: historia de una creencia occidental. Editorial Catarata.
Urrutia, J., Remy, M. Isabel, & Burneo, M. L. (2019). Comunidades campesinas y nativas en el contexto neoliberal peruano. Instituto de Estudios Peruanos.
Palabras clave:
PALABRAS CLAVE: Desarrollo, políticas de Estado, impactos, carreteras, inclusión.
