Resumen de la Ponencia:

La presente ponencia es producto de un proyecto de investigación desarrollado en Caldono, Cauca, Colombia cuyo objetivo fue promover un mayor reconocimiento, representación y participación de las mujeres de la Cooperativa Integral Indígena de Mujeres Agropecuarias, CIIMAPAZ, en un marco de igualdad de género y respeto de sus derechos en sus entornos familiares y comunitarios. Las reflexiones que aquí son socializadas surgen a partir del trabajo etnográfico que combina el desarrollo de espacios participativos y conversacionales con técnicas audiovisuales. Estas giran en torno a la inclusión del enfoque de género e intercultural en proyectos productivos indígenas a partir de la experiencia con la cooperativa CIIMAPAZ y el cómo desde la comunicación social se han implementado estrategias de transformación social en el marco del fortalecimiento de procesos de reincorporación económica y reconciliación en las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) gestadas con la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia. 

Resumen de la Ponencia:

La población maya mam se encuentra ubicada actualmente en un territorio que abarca municipios y localidades de México y Guatemala. Sus comunidades se han visto afectadas por procesos nacionales y locales diversos, que han influido en sus prácticas culturales, su organización política y su actividad económica. A partir de los años noventa del siglo XX, los pueblos indígenas latinoamericanos, incluyendo a los mam, han protagonizado movilizaciones exigiendo sus derechos y defendiendo sus territorios de vida y reproducción social. Este proceso ha sido estudiado como la emergencia indígena en América Latina, donde la demanda de autonomía ha sido central para ellos. En este trabajo, se analizan dos casos paradigmáticos de la emergencia indígena: los Acuerdos de San Andrés, firmados entre el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y el estado mexicano en 1996 en México, y el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas elaborado en 1995 e integrado y firmado en los Acuerdos de Paz Firme y Duradera de 1996 entre la Unión Revoluciona Nacional de Guatemala y el gobierno guatemalteco. Con base en el método comparado, se realiza un breve recorrido histórico de los acuerdos antes mencionados, su aplicación o incumplimiento hasta la actualidad, destacando los puntos referentes a la tierra y territorio. Por último, se realiza un acercamiento a la situación actual de los pueblos indígenas mayas mam en México y Guatemala.

Resumen de la Ponencia:

Desde fines de la década de los ’60 hasta el año 2001, el diseño de América Latina estuvo marcado por convenios de integración regional que suscitaron mucho interés y grandes esperanzas en la integración latinoamericana. El proceso se veía como muy relevante tanto desde el punto de vista político, como económico y cultural. En 1969, fue creada la CAN: Comunidad Andina de Naciones; en 1991 el MERCOSUR: Mercado Común del Sur; en 1994 el ALCA: Área de Libre Comercio de las Américas y en el 2001, el ALBA: Alternativa Bolivariana para las Américas.  A lo largo del tiempo, los tratados se firmaban, validaban, revisaban o anulaban a un ritmo imprevisible para los propios países fundadores. Actualmente, el MERCOSUR es el bloque regional de mayor peso económico y es considerado como la quinta potencia económica mundial. Inicialmente fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, luego se sumó Venezuela.  La CAN, que pasó a ser la Comunidad Andina en 1997, atravesó un proceso de reingeniería en los años 2011-12 con el fin de hacer más efectivo el proceso de integración de la región y enfrentar a una paulatina pérdida de importancia.  Sus miembros permanentes son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. ALBA, inspirada en las luchas de Simón Bolívar, nace como una alternativa fundamentalmente política por lo cual los giros políticos de América Latina afectaron su capacidad de influencia y predominio regional. Está integrada por Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. El ALCA, surgió en la Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Estados Unidos en diciembre de 1994. Propuesta por el entonces presidente Bill Clinton, para integrar la economía de todo el continente americano, con excepción de Cuba, fue rechazada por varios países del continente que vieron en la iniciativa un proyecto del imperialismo. Complejos y oscilantes, estos acuerdos regionales han dejado el paso a procesos de reconocimiento de la plurinacionalidad en Estados con fuerte presencia de poblaciones indígenas que habían sido marginalizadas por la construcción de los Estados liberales unitarios inspirados en la jurisprudencia europea. Actualmente, las constituciones de Bolivia y Ecuador reconocen al Estado plurinacional. Esto significa que el Estado reconoce el derecho a la libre determinación y concede autonomía territorial a los pueblos indígenas. La transformación del sistema de jurisprudencia se conoce como “neo-constitucionalismo latinoamericano”. Nuestra presentación se propone hacer un recorrido desde el paradigma de la integración a los distintos escenarios latinoamericanos de dicha plurinacionalidad, poniendo el énfasis en las principales innovaciones en materia de derechos y de garantías constitucionales.  Una atención particular será acordada a Ecuador cuya constitución profundiza dicho cambio de paradigma jurídico.

Resumen de la Ponencia:

El Archipiélago de San Andrés; Providencia y Santa Catalina se encuentra ubicado en el suroccidente del Mar Caribe, aproximadamente a 700 kilómetros a de la costa continental colombiana. San Andrés, la capital departamental, es la isla de mayor extensión, con 27 kilómetros cuadrados, y una población aproximada de 71.000 habitantes, según cifras proyectadas por el censo del DANE de 2005, lo que convierte a esta isla en una de las zonas más densamente pobladas del Caribe.Los nativos de la isla, denominados raizales, provienen originariamente de grupos afroantillanos descendientes de la población esclava que habitó estas islas durante la colonización inglesa en el Caribe. Sus tradiciones son el producto de la mezcla cultural de tradiciones africanas y anglosajonas, y su lengua “el creole”, tiene como base el idioma inglés como resultado vivo de esta hibridación (Dittman, 1992). Con el proceso de “colombianización” de la isla, implementado por el Estado, a partir de 1903, que buscaba lograr la integración nacional, comenzó el declive de la población nativa de la Isla (los raizales). Esta situación se agudiza desde mediados en 1953, cuando el gobierno deRojas Pinilla declara a San Andrés como puerto libre, favoreciendo grandes oleadas de migración de colombianos continentales (García, 2013; Parsons, 1985; Robinson, 2005). Esto ha conllevado a que en la actualidad la población raizal represente menos del 30% del total de los habitantes presentes en la isla (Reinoso, 2014).Con el Fallo en la Haya el 19 de noviembre de 2012, se establecieron los nuevos límites marítimos entre Colombia y Nicaragua. En ésta se ratifica la soberanía de Colombia en las islas que conforman el archipiélago; pero, concede el control de 75.000 km de mar a Nicaragua. Esto ha significado  para los habitantes del archipiélago, y especialmente para el pueblo raizal, la pérdida de un territorio que simbolizaba una fuente ancestral de prácticas, expresiones y manifestaciones propias.La ponencia se enfoca  en evidenciar las incidencias en la isla de San Andrés y en especial de la comunidad raizal frente a la pérdida del mar territorial por medio de la sentencia conferida por la Corte Internacional de Justicia en la Haya , en el escenario de la disputa territorial entre Colombia y Nicaragua que despojó a los raizales de su territorio ancestral. Asimismo, se pretende indagar sobre las repercusiones que se presentaron en los contextos sociales, económicos, culturales y ambientales en la isla, así como en el sentir colectivo del pueblo raizal.

Resumen de la Ponencia:

La fundamentación del Estado moderno comprende dos tradiciones diferenciadas; por un lado, la maquiaveliana, también denominada realista, en la que el Estado se fundamenta en y por sí mismo, por razón de Estado; por otro lado, la tradición lascasiana, o humanista, que enmarca el Estado en el derecho natural o, en términos contemporáneos, en los derechos humanos. Esta segunda visión de lo estatal supone una concepción construccionista del pacto social y, en consecuencia, la voluntariedad de la participación de los pueblos en la conformación de un Estado. Es decir, el derecho a la autodeterminación de los pueblos antecede y condiciona al Estado, y no al revés (como pretende, por ejemplo, la constitución mexicana, art. 2). Este estudio explora el pensamiento actual de pueblos indígenas en México en relación con la pugna entre estas corrientes maquiaveliana y lascasiana, atendiendo a su apreciación del construccionismo estatal. Normativamente, se propone que el tránsito del paradigma dominante, realista, al construccionismo debe facilitarse mediante el desarrollo y la internalización colectiva del protagonismo político de los pueblos, no de los Estados; pero no desde una comprensión biologicista de pueblo, sino desde la autoadscripción individual voluntaria.

Resumen de la Ponencia:

Las comunidades indígenas en Colombia son poblaciones que a lo largo de la historia se ha evidenciado la vulneración y violación de sus derechos humanos fundamentales. Esto se debe a procesos de violencia cultural y situaciones de conflicto armado. Las dinámicas utilizadas son el desplazamiento forzado, la violencia y la discriminación. Dichas prácticas ilegales se realizan para la obtención del control territorial estratégico, recurriendo a la explotación de recursos naturales como la minería y la deforestación con el fin de realizar actividades económicas ilícitas. Lo que generó en estos procesos el incremento de la violación a los derechos humanos, afectando su identidad colectiva, entre ellos pérdida de territorios ancestrales y simbólicos propios de las comunidades indígenas. Además de eso, su proceso de adaptación en la ciudad trae consigo ciertas formas de discriminación y carencia de servicios públicos, salud, educación y participación. Por lo tanto, la presente ponencia tiene como objetivo visibilizar la incidencia que tiene el conflicto armado en la vulneración de los derechos humanos a través de las experiencias de la comunidad indígena Wounaan asentada en la localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá.  A nivel metodológico se implementó un enfoque cualitativo, haciendo uso de técnicas tales como; 10 entrevistas semiestructuradas, dos grupos focales, 3  conversaciones informales y una cartografía social. Como resultados se logró evidenciar que el conflicto interno en Colombia ha sido el actor principal de la vulneración de los derechos humanos a dicha comunidad  a partir del desplazamiento forzado, la violencia  y la discriminación.

Resumen de la Ponencia:

O presente artigo aborda a questão da população tradicional fortemente marcada pela desigualdade e pelo preconceito, mas igualmente fortalecida pelas lutas e defesa de dois interesses coletivos. Ainda, propõe um debate sobre o processo de resistência e luta pela garantia de dois direitos originários. A Constituição Federal de 1988, é o marco legal mais imponente de duas leis indígenas e reflete a afirmação da legislação nacional sobre a importância de identificar dois sujeitos sociais, como a dignidade da pessoa humana, os valores éticos e o exercício da cidadania. . . A Carta Magna afirma a igualdade de direitos individuais e sociais, ou que viabiliza ou fortalece ações em prol de políticas públicas e estrutura social para acesso aos direitos instituídos. À luz da Política Nacional de Assistência Social - PNAS 2004, mencionamos o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. É uma ferramenta capaz de identificar a situação socioeconômica das famílias em situação de extrema pobreza e pobreza, além de outras características de trabalho, origem étnica e familiar. Assim, podendo apresentar dados sobre o público sujeito às políticas e programas sociais. Neste, os grupos indígenas são considerados grupos prioritários. O trabalho com povos originários, geralmente está envolvido em discussões de equidade e garantia de direitos de grupos tradicionais que, por razões estruturais de uma sociedade desigual e excludente, atuam com formas abrasivas de formação e conscientização da função da Política Pública de Assistência. Outro destaque é o Estatuto do Índio - Lei 6.001, que não garante a integração da população na sociedade, ou que implique uma relação que os povos originários mantêm com a terra. Note-se que se estabelece uma garantia, ou seja, ou seja, o respeito pela proteção da cultura da população originária, portanto, ou o contexto social, político e econômico revela ou esgota as relações entre o Estado e essa população, para não dizer respeito para garantir dois direitos, moradia, moradia, educação e dignidade da pessoa humana. De acordo com o censo da população indígena, realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no Brasil existem cerca de 896,8 mil índios. Segundo ou queijo cor/raça, são 817,9 mil indígenas. As regiões que concentram a maior parcela da população indígena brasileira são a região Norte, com um total de (342.836 pessoas) e a Nordeste, com um total de (232.739 pessoas). Os poucos indígenas do território brasileiro continuam sofrendo tentativas e ameaças de retrocessos não garantidos pelas leis constitucionais, subordinados a um contexto de intensa vulnerabilidade e risco social. Desta forma, é importante considerar que esta diretriz é importante para nosso trabalho e qualificação ou compreensão da atuação conjunta com a defesa de políticas públicas como forma de luta e garantia de direitos.