Resumen de la Ponencia:

O desastre ocasionado pelo rompimento de uma barragem das mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton em Minas Gerais, que afetou toda a bacia do Rio Doce, expandiu a presença da mineração para territórios que não se percebiam inseridos na área de influência destes empreendimentos. Neste contexto, atores muito diversos se viram, inesperadamente, na condição de atingidos e participam da construção de enquadramentos e narrativas para dar respostas sobre 'o que é isso que está acontecendo aqui', parafraseando a definição sintetizada por Goffman (1986) para o ato de enquadrar e para a definição da situação. As primeiras notícias sobre o caso, e as reações delas advindas, se inserem nas muitas disputas discursivas e argumentativas que vieram a seguir: não foi acidente, foi crime; o rio está morto; quanto vale o rio, quanto vale a vida, quanto vale a Vale? Novas e velhas palavras de ordem passaram a compor repertórios e performances, por meio de interações diretas e indiretas entre movimentos sociais que já tinham como foco os problemas da mineração e estes novos atores, agora afetados em seus modos de vida. A partir da perspectiva do interacionismo simbólico (BLUMER, 1984) proponho apresentar os enquadramentos construídos sobre o desastre e sobre a mineração, em relação às questões socioambientais envolvidas neste processo. Serão analisadas narrativas e imagens em vídeo coletadas pela autora desta pesquisa na comunidade de Regência, na foz do Rio Doce, na semana em que os rejeitos deste desastre chegaram ao mar, e também vídeos produzidos pelos movimentos sociais de enfrentamento e resistência à mineração. Em Regência, a comunidade, em passeata em direção ao rio, mistura palavras de ordem que já animam as performances de protesto com histórias locais, em seguida rezam pela morte do rio e das andorinhas. No final do dia, a Banda de Congo, forte componente da cultura local, entoa um novo verso criado para a ocasião: "Tô vendo o que eu não queria ver, com essa água amarela, não temos peixe pra comer"; e terminam gritando: "Queremos a vida no rio!". Os movimentos sociais, que interagem com estes e outros atores que se manifestam ao longo do rio, trazem um histórico de enfrentamento e problematização da atividade mineradora. De um modo geral, estas organizações sociais não têm as questões ambientais como pauta central, mas o tema em si os coloca diante diante dos danos ambientais e esta temática faz parte da agenda dos movimentos. Ao olhar a configuração destes problemas e a reação social aos desastre da mineração, é possível perceber fortes características do 'ecologismo dos pobres', conceituado por Martinez Alier (2005;2011) e do giro ecoterritorial, teorizado por Svampa (2012; 2016). A partir destes referenciais, proponho explorar características, conexões de sentido e intertextualidades presentes no material analisado.

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia analiza el caso del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra a partir del marco teórico de la acción colectiva y la estructura de oportunidades políticas para comprender sus distintas etapas en la defensa del territorio ante el despojo por el megaproyecto aeroportuario, pero también por la expansión de la mancha urbana y la emergencia de nuevos actores locales a lo largo de su historia, desde su aparición pública en 2001 hasta la declaratoria de Área Natural Protegida en 2022. El trabajo enfatiza el papel de la identidad como elemento de cohesión organizativa, pero también se analizan las fracturas y la ruptura del tejido social con posterioridad a la represión que tuvo lugar entre 2006 y 2010.  ¿De qué manera se articulan la estructura de oportunidades políticas y los elementos organizativos para la consecución de objetivos comunes?, ¿cuáles han sido los costos sociales de un proceso de resistencia que ha llevado más de veinte años? Son algunas preguntas que habrán de atenderse en este trabajo. 

Resumen de la Ponencia:

El objetivo de este trabajo es mostrar la diversidad de acciones colectivas que pobladores de la región Cholulteca en Puebla, México, emprendieron por la defensa de su territorio a partir del impulso de proyectos gubernamentales que vulneraban espacios de decisión y formas de vida estrechamente ligadas al agua y la tierra. La intención es mostrar la transición de los tipos de conflicto y las demandas de los actores, que pasaron del tema agrario, al socioambiental y en los últimos años, al territorial, así como las diversas estrategias de organización, movilización y comunicación emprendidas. Para lograr lo anterior, desde el concepto de movimientos sociales se analizó sincrónicamente la construcción del territorio, los actores sociales, iniciativas, conflictos y acciones en sus diversas expresiones, prácticas, narrativas, memoria y movilización política. Se recurrió al análisis de documentos, netnografía, entrevistas, observación participante y cartografía social comunitaria. Se revela por parte de los actores locales un proceso de organización que apela a la historia, a los ancestros y recurre a la organización y comunicación entre pueblos más allá de la circunscripción política administrativa, a la formación de alianzas con académicos y otros movimientos, pero también a un intenso trabajo interno de organización y capacitación en temas productivos, de comunicación, género y defensa jurídica de los derechos humanos y el territorio. El caso es importante porque muestra la transición en la conflictividad y detonantes de acciones colectivas en el medio rural y periurbano poblano. 

Resumen de la Ponencia:

La persistencia del movimiento piquetero en la Argentina señala, entre otras cuestiones, los limites de las politicas de inclusion laboral y la continuidad de formas organizativas que emergieron frente al ajuste neoliberal de los años noventa. A fines del siglo XX la conformacion de estas organizaciones sociales significo un proceso de resistencia frente a una vulnerabilidad extrema, pero tambien la rearticulacion de un discurso politico que reivindicaba experiencia de luchas en terminos de clase.  El proceso politico iniciado en el año 2003 en la Argentina, a partir de la asuncion de nuevo gobierno nacional, modifico en parte las relaciones entre el estado y las organizaciones piqueteras en terminos de orientar la politica estatal hacia la inclusion y la institucinalizacion de estas organizaciones. A casi dos decadas de iniciado aquel proceso, luego de diferentes coyunturas, las condiciones de reproduccion del capital continuan ligadas a la existencia de una enorme poblacion excedentaria, sobre todo en determinadas espacialidades urbanas. De alli que la lucha del movimiento piquetero en la Argentina persiste. Persistencia que no solo implica reivindicaciones como el derecho al trabajo, la alimenatacion, la vivienda, la salud o la educacion sino que opera una profunda transformacion de la territorialidad social que suponen las formaciones sociales perifericas. La misma logica de gobierno de esta poblacion excedentaria construida desde organismos internacionales se pone en entredicho por fuerza social que despliega el movimiento piquetero. Sobre la perspectiva y los limtes de este movimiento tambien se cifran los intereses de estos organismos internacionales y nacionales. En este sentido, en un nuevo contexto de ajuste economico sobre las condiciones de vida de las clases trabajadoras, la incidencia de ciertos dispositivos discursivos de gobernabilidad encuentran un limite frente al recrudecimiento de las protestas en el presente. Asistimos entonces a un momento de incremento de la tension donde es importante dimensionar que transformacion opera en los territorios perificos las luchas del denominado movimiento piquetero

Resumen de la Ponencia:

Máxima Acuña y Virginia Pinares,  son mujeres y comuneras campesinas, que pertenecen al universo de sujetos que han  elaborado sus estrategias de lucha  para la defensa de los bienes comunes en contextos extractivos. Máxima Acuña, es natural de Cajamarca,   tras la amenaza de despojo de sus bienes comunes, emprendió un proceso de lucha que movilizo a otros sujetos pertenecientes a su comunidad. Asimismo recibió el  apoyo de organizaciones privadas y otros actores. Virginia Pinares, es natural de Apurímac, dirigente campesina con una  agenda de lucha sostenida  en torno a  la defensa de los bienes comunes en contextos  de la minería en Las Bambas, Cotabambas, Apurímac, Perú. La lucha de ambas mujeres, es específicamente por la defensa del territorio.  Se desarrolla en un contexto local y regional  politizado y que cuestiona a la matriz institucional económica y política  del Estado peruano. Las  preguntas centrales  son: ¿Cómo elaboran sus estrategias de lucha? ¿Cuáles son sus estrategias de lucha?  El estudio  tiene por objetivo, caracterizar e identificar  las estrategias de luchas para la defensa de los bienes comunes. El apoyo teórico parte desde Elinor Ostrom, seguidamente Raquel Aguilar, Gladys Tzul y hasta Raul Zibechi. La  estructura del estudio, será: a) breve historia de vida de Máxima y Virginia; b) contextualización; c) caracterización e identificación de  las estrategias de lucha y bienes comunes de Máxima y Virginia y c) realizar comparaciones. Se realizan entrevistas en las modalidades semi-estructuradas y a profundidad a los informantes claves.  Palabras claves: estrategias de lucha, Virginia Pinares, Máxima Acuña, bienes comunes y contextos extractivos. 

Resumen de la Ponencia:

El subcampo de indagación sobre el activismo de alto riesgo al interior de la sociología de la acción colectiva y los movimientos sociales tiene su origen en la década de los años sesenta cuando un conjunto de investigadores comenzaron a discutir sobre las formas de participación política y movilización social suscitadas en contextos autoritarios de, para utilizar la jerga de las teorías anglosajonas, nula estructura de oportunidades políticas.  Indagaciones situadas en diversas latitudes del globo, particularmente en Europa, Asia, África y Norteamérica, promovieron un desplazamiento relativo de los tópicos y marcos analíticos previos -movilización de recursos y nuevos movimientos sociales- para destacar la relevancia de estudiar de qué forma se interrelacionan los procesos biográficos y la constitución coyuntural de agravios, así como de las condiciones organizacionales que permiten reducir riesgos y limitaciones de recursos -tanto materiales como humanos- en contextos adversos. Posteriormente se incluyeron reflexiones sobre los procesos de liberación cognitiva y ebullición emocional ocurridos en los colectivos, movimientos u organizaciones, en tanto resultado de las dinámicas interiores de interacción. La especificidad en la constitución de situaciones de alto riesgo a nivel local de la historia latinoamericana del tiempo presente ha permitido repensar los marcos clásicos del subcampo del activismo de alto riesgo hacia ejercicios que adoptan el reto comprensivo de analizar las experiencias de organización colectiva que surgen ante la proliferación de escenarios signados por la violencia política, la violencia criminal y la impunidad estatal. Ejemplo de ello son los estudios que desde Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Guatemala o México voltean a ver las experiencias de los movimientos de víctimas de violencia, sea ésta perpetrada por organismos estatales, agentes paramilitares o grupos ligados a economías ilícitas. La presente ponencia tiene por objetivo presentar los avances de la revisión de la bibliografía especializada respecto al tema que aquí nos ocupa bajo cuatro énfasis distintos: 1) la constitución regional de riesgos y costos de la acción, 2) los procesos de reclutamiento y estructuras organizativas en contexto de alto riesgo, 3) el papel de las emociones, los afectos y las pasiones, y 4) los impactos, efectos y resultados biográficos del activismo. Se busca destacar las aproximaciones teóricas, la constitución de marcos analíticos, las innovaciones metodológicas, la construcción de los casos de estudio y las técnicas de investigación utilizadas en el acercamiento a diversos referentes empíricos.  

Resumen de la Ponencia:

A fome é uma deficiência nutricional individual causada, principalmente, pela condição de desigualdade social extrema. A fome é, em grande parte, consequência de um processo histórico de colonização que insiste em se conservar (Castro, 1984). No Brasil, essa condição atinge atualmente cerca de 33,1 milhões de pessoas (Rede Penssan, 2022).Em 2014, depois de deixar de integrar o Mapa da Fome (FAO) pela primeira vez na história (MDS, 2010), escolhas políticas e econômicas do Governo Bolsonaro levaram o país a retornar ao estado de insegurança alimentar, condição que já atinge 55,2% dos brasileiros. Só no estado de Alagoas, 60,8% da população está em situação de carestia. Nesse contexto, o Movimento Sem Terra (MST) reassume o protagonismo da luta popular em favor da alimentação digna. O projeto “Marmitas Solidárias” é uma iniciativa do MST que objetiva o preparo de refeições e a distribuição à população em situação de vulnerabilidade. Esse ensaio tem como objetivo descrever a prática do Coletivo Marmitas Solidárias/MST em Alagoas, caracterizada pela defesa da melhoria das condições materiais de vida, abrangendo vertente da chamada “luta [de classes] socioambiental”, desde a perspectiva do “ecologismo popular” (Alier, 1992). Essa abordagem também pressupõe os estudos de Prado Júnior (2000) e Fernandes (2008) sobre a condição de profunda desigualdade na estrutura fundiária brasileira e sua relação com a acumulação originária do capital. Para tanto, utilizou-se a metodologia dos “sentidos da colonização” (Prado Júnior, 2000) junto à prática da “ação coletiva”, a partir do método quantitativo: no acompanhamento da realização das atividades na sede do Coletivo, e do método qualitativo: nos diálogos formais e informais, colhidos por entrevistas semiestruturadas com integrantes e colaboradores do Movimento.

Introducción:

A alimentação do brasileiro se mostra deficitária em todo território nacional, “apresentando-se em regra insuficiente, incompleta ou desarmônica, arrastando o país a um regime habitual de fome” (Castro, 1984). No Brasil, a fome é uma doença social resultante do recrudescimento da desigualdade, atingindo cerca de 19 milhões de indivíduos acometidos pela desnutrição grave, assim como mais da metade da população em diferentes níveis de insegurança alimentar. Em 2014, depois de ser excluído do Mapa da Fome (FAO) pela primeira vez na história (MDS, 2010), escolhas políticas e econômicas do Governo Bolsonaro levaram o país a retornar ao estado de insegurança alimentar. Esse cenário da fome é decorrente do intenso desmonte de políticas direcionadas à alimentação e agravado pelo contexto pandêmico. Em consequência disso, dados de 2022 indicavam que 32% dos brasileiros(as) se encontram em situação de insuficiência nutricional grave na região Nordeste do país, a qual é a mais afetada pela fome no Brasil. Enquanto isso, um quadro ainda mais crítico é percebido no estado de Alagoas, marcado pela concentração de renda e de terras cujas raízes remontam à colonização da região (Prado Júnior, 2007). Por essa condição alimentar, 60,8% da população é atingida, constituindo um vasto contingente dos “condenados do sistema”, excluídos da “civilização” e do “progresso” (Fernandes, 2008, p. 184). Nesse contexto, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra encabeça a luta popular por alimentação digna no campo, observando os ideais da agroecologia, indispensável em sua atuação pelo plantio, distribuição e comercialização de alimentos, cuja prática abrange a vertente da “luta [de classes] socioambiental”, desde a perspectiva do ecologismo popular (Alier, 1992; Alimonda, 2011). Desde a sua fundação, em 1984, são objetivos do MST o acesso democrático à terra e aos bens da natureza, sendo assim uma articulação social e política que se contrapõe às questões estruturais da realidade brasileira assentadas nas dominações de classe, raça e gênero. Em meio à pandemia, a violência institucionalizada, a concentração produtiva, o aumento dos preços dos alimentos e da gasolina afetaram diretamente a comercialização dos pequenos agricultores, sem subsídios e infraestrutura para escoar a produção aos centros urbanos. Frente à dificuldade de articulação nas ruas, a prioridade do MST foi destinar o excedente dessa produção à comercialização e às ações de solidariedade, desenvolvidas junto aos trabalhadores urbanos em situação de vulnerabilidade, protagonizando assim o cuidado com o povo e a segurança alimentar. Assim, desde de 2020, o MST doou 6 mil toneladas de alimentos em ações solidárias e iniciou o Coletivo Marmitas Solidárias em Alagoas, em cooperação com o “Congresso do Povo”, brigada urbana do MST, organizando as atividades de preparo e distribuição das 100 refeições semanalmente no centro da cidade de Maceió.

Desarrollo:

O BRASIL NO MAPA DA FOME: RAÍZES NA ESTRUTURA FUNDIÁRIA DESIGUAL E O DESAFIO DA SOBERANIA ALIMENTAR. 

A fome é uma sensação fisiológica de vazio proveniente de deficiência nutricional que provoca repercussões não apenas no âmbito físico do indivíduo afetado, mas nos aspectos sociais, econômicos e políticos que o circundam. É um “fenômeno geograficamente universal” do qual os mais prósperos continentes penam em se desvencilhar (Castro,1984). A fome é, então, uma doença social resultante de um estado de intensa desigualdade e que, no Brasil, atinge cerca de 33,1 milhões de pessoas[1], ao mesmo tempo que acomete mais da metade da população[2] com insegurança alimentar e desnutrição. 

Desde 1939, o governo brasileiro promove políticas em prol da segurança alimentar[3]. Todavia, apenas em 2003 as políticas de combate à fome passaram a ocorrer de forma definitiva, à exemplo do Programa Fome Zero. Esse conjunto de políticas foram desenvolvidas em um cenário no qual cerca de 44 milhões[4] de brasileiros(as) viviam em situação de insegurança alimentar. Na análise da FAO, entre 1990 e 2013 o decréscimo no número de pessoas atingidas pela fome foi de 84,7% - dessa porcentagem, 82,1%  se deu entre os anos de 2002 e 2013, o que configurou a terceira maior redução em escala global[5] à época.  Desse modo, no ano de 2014 o Brasil, pela primeira vez, passou a não mais compor a lista de países no Mapa da Fome. Esse resultado foi obtido através das ações do Programa Fome Zero em conjunto com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), Garantia Safra, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), entre outros, que compunham um plano articulado em prol da Segurança Alimentar e Nutricional, legalmente definida como:

[...] a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.[6]

 

A avaliação das políticas de segurança alimentar e nutricional ocorria desde métodos e índices distintos, mas que se comunicavam em seus resultados, ou seja, tratava-se da coordenação entre diferentes avaliações e monitoramentos tanto da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), quanto da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), da Avaliação do Consumo Dietético Individual, da Antropometria, assim como da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA)[7]. 

Apesar das avaliações internacionais e nacionais positivas ao longo de mais de uma década, os primeiros dados sobre a volta da insuficiência alimentar apareceram no relatório da FAO, de 2018. Essa situação é decorrente do intenso desmonte das políticas públicas direcionadas à segurança alimentar, que teve seu auge em 2022, quando dados da Rede Penssan, apontaram para o retorno de 55,2% dos brasileiros (as) ao “estado de insegurança alimentar”, dos (das) quais cerca de metade está em condição grave e moderada. Segundo esses índices, a insegurança alimentar atinge de forma mais veemente a região Nordeste, na qual 32% de seus habitantes se encontram em situação de insuficiência nutricional, sendo a região mais afetada pela fome no Brasil. 

Enquanto isso, um quadro ainda mais crítico é verificado no estado de Alagoas, onde 60,8% da população apresenta dificuldades para alimentar-se adequadamente[8] e o desemprego expressa índice acima do observado na região Nordeste[9], fator determinante para a queda no nível de renda e aumento da condição de vulnerabilidade. 

A intensidade no aumento da fome no Nordeste brasileiro não é casual, ao contrário, remete às origens históricas coloniais, que associam a insegurança alimentar à pobreza extrema e aos ganhos exorbitantes do setor econômico açucareiro: 

A fome, no Brasil, é consequência, antes de tudo, do seu passado histórico, com os seus grupos humanos sempre em luta e quase nunca em harmonia com os quadros naturais. Luta, em certos casos, provocada e por culpa portanto da agressividade do meio, que iniciou abertamente as hostilidades, mas quase sempre por inabilidade do elemento colonizador,  indiferente a tudo que não significasse vantagem direta e imediata para os seus planos de aventura mercantil (Castro, 1984). 

                                                                                                 

A fome é instrumento colonial de dominação social e econômica, sob o qual continuam a perecer as camadas vulnerabilizadas da população,  permanecendo subjugadas a um sistema que agora direciona seus produtos para a cotação em mercados de commodites, mas que antes eram dirigidos à satisfação das metrópoles coloniais (Castro, 1984). Assim, como denuncia Quijano (2007), a exploração dos indivíduos subjugados ocorre, também, através do “império da fome”.

Segundo Prado Júnior (2000), a colonização brasileira foi, sobretudo, um misto de “[...] incoerência e instabilidade no povoamento, pobreza e miséria na economia, dissolução nos costumes, inércia e corrupção nos dirigentes leigos e eclesiásticos” (p. 356), tendo como eixo central a concentração de terras. 

A economia agrária colonial instalou-se sobre uma estrutura fundiária desigual que permanece ativa na formação social contemporânea, na medida em que segue orientada para exploração predatória da terra e do trabalho[10]. Nessa direção, o “sentido de colonização” é a categoria que escancara a perenidade das heranças coloniais, as quais mantêm e, avançam, sobre o grau de desigualdade: de um lado, os grandes proprietários de terras, que concentram o acesso às áreas mais produtivas, recursos naturais e hídricos e localização favorável à comercialização, de outro lado, as massas de despossuídos, que dispõem exclusivamente de sua força de trabalho para a venda. Segue, assim, o encontro do passado com o presente, em que o monopólio de terras se combina à mão de obra disponível a preço vil, favorecendo a implementação de empreendimentos agrícolas (Agro) capitalistas destinados à exportação em larga escala. 

Assim é que, a questão agrária brasileira e a estratégia de acumulação originária de capital acabaram por servir de base para a organização da sociedade urbana, na medida em que a riqueza do meio rural migrou para a cidade e o trabalhador rural transformou-se em proletário,  reproduzindo e ampliando as desigualdades econômicas, agora, no meio urbano (Fernandes, 2008, p. 182).

Dessa forma, atuar contra a insegurança alimentar e a desnutrição é, também, confrontar a perpetuação das práticas exploratórias advindas dos tempos coloniais, que se atualizam no dia-a-dia das cidades brasileiras. 

A “soberania alimentar” é considerada “o direito dos povos definirem suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam o direito à alimentação para toda a população” (Fórum Mundial sobre Soberania Alimentar, 2001) que, junto à  “sustentabilidade da produção”, compõem os meios e os métodos de resistência ao modus operandi do capitalismo. 

Nesse sentido, o “ecologismo dos pobres” de Alier (1992) vem se tornando, não apenas uma importante fonte de crítica ao chamado “benefício do mercado” e, por vezes, ao próprio Estado, como vem se transformando em uma potente ferramenta à autodeterminação dos movimentos sociais e populares: 

A ecologia da sobrevivência torna os pobres conscientes da necessidade  de conservar os recursos. Esta consciência é muitas vezes difícil de descobrir porque não utiliza a linguagem da ecologia científica (aqui há uma diferença com o ecologismo nor-atlântico), mas que utiliza linguagens políticas locais, às vezes religiosas. Tem havido e há muitas lutas sociais dirigidas a manter o acesso popular aos recursos naturais contra a privatização (ou contra a estatização). O mercado (e também por outras razões o Estado) não valoriza os custos ecológicos, que sempre são de fundo, de tipo macro. Portanto, as lutas sociais dos pobres para manter o uso dos recursos naturais fora da economia mercantil (ou fora da administração estatal) são, ao mesmo tempo, lutas pela conservação da natureza (Alier, 1992, p.10).

Assim, a luta do povo vulnerabilizado é, essencialmente, ecologista, pois trata-se da luta pela sobrevivência através da preservação. Ao longo da instauração da modernidade capitalista, a natureza foi subjugada a um processo de “colonialidade” (Quijano, 2007), que incluiu tanto uma epistemologia própria de compreensão de mundo, quanto uma ressignificação dos espaços sociais: “un espacio subalterno que puede ser explotado, arrasado, reconfigurado, según las necessidades de los regímenes de acumulación vigentes” (Alimonda, 2011, p.3).

A QUESTÃO AGRÁRIA, O MOVIMENTO SEM TERRA E O PROTAGONISMO SOCIAL E ALIMENTAR EM ALAGOAS 

Do ponto de vista jurídico, a solução para a “questão agrária” no Brasil depende da previsão e garantia de direitos constitucionais, pressupondo a efetivação do princípio da “função social da propriedade rural” (art. 5, inc. XXIII). Segundo a Constituição Federal de 1988, a política agrária e a reforma agrária distribuem-se em um conjunto de artigos abarcados pelo Título VII “Da ordem econômica e financeira”, desde o Capítulo dos Princípios Gerais da Atividade Econômica (art. 170, inc. III) até o Capítulo III “Da política agrícola e fundiária e da reforma agrária”[11]. Tais dispositivos insistem em inserir exclusivamente no campo econômico, políticas sociais e ambientais que não deveriam se manter separadas em seus objetivos, afinal, tratar de “benefícios e subsídios ao agricultor”, depende da modificação das relações de trabalho e da propriedade rural. Do mesmo modo, a reforma agrária implica necessariamente na mudança da estrutura fundiária, com ações direcionadas a uma nova organização produtiva desconcentrada, fortalecendo os assentamentos, a agricultura familiar e as comunidades rurais tradicionais, tendo por base a sustentabilidade ambiental e a promoção da diversidade sociocultural. 

Na perspectiva política, a “questão agrária” do Brasil sofreu uma profunda inflexão em favor dos direitos sociais a partir de 2003, com o II Plano Nacional de Reforma Agrária (PNR). O II PNR passou a articular, de forma coordenada e integrada à realidade geográfica, social e econômica locais, os programas de garantia do crédito, seguro agrícola, assistência técnica e extensão rural, além de políticas de comercialização, agroindustrialização, recuperação e preservação ambiental e infraestrutura social[12]. 

No entanto, desde 2016, essas  instituições e instrumentos vêm sofrendo com o desmantelamento rotineiro[13]. Dentre as políticas mais atingidas estão: fomento à agricultura familiar, incluindo a política de aquisição de alimentos para abastecimento (CONAB), o programa de aquisição de alimentos (PAA) e a política de colonização e reforma agrária (INCRA). 

Na esteira da resistência contra a desarticulação coletiva, o avanço da insegurança alimentar, o desemprego e a violência no campo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, ou Movimento Sem Terra (MST), mantém-se como sendo uma das principais forças políticas no combate contra os assaltes do Governo Bolsonaro (2018-2022)[14]. 

Nesse período, o MST vem protagonizando inúmeros levantes e mobilizações sociais, bem como liderando ações de solidariedade, baseadas na produção agroecológica e sustentável e comunitária e na distribuição e comercialização de alimentos. Herdeiro do sindicalismo combativo, ao longo de toda a sua existência[15], o MST vem contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e democrática, no campo e na cidade [16]. 

Assim é que, o MST encabeça a luta popular por alimentação digna desde o campo, contestando as bases produtivas da monocultura, na medida em que introduz novas relações ser humano-natureza com a implementação de tecnologias sustentáveis tanto do ponto de vista social, quanto agroecológico. 

Mais de 50 mil famílias Sem Terra implementam, atualmente, práticas agroecológicas, tendo como objetivo principal a produção de alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos e organismos geneticamente modificados (transgênicos) para toda a população, promovendo assim a segurança alimentar e nutricional[17]. 

O Movimento Sem Terra está organizado em 24 estados nas cinco regiões do país, totalizando cerca de 450 mil famílias que conquistaram a terra por meio da luta e organização dos trabalhadores rurais, considerado o maior movimento social da América Latina (Porto-Gonçalves, 2005). 

Para isso, o MST conta com 160 cooperativas e 190 associações, as quais possuem 120 agroindústrias de pequeno e médio portes, cujas cadeias produtivas mais consolidadas nos assentamentos são de leite, carne, café, cacau, sementes, mandioca, cana-de-açúcar e grãos, sendo o maior produtor de arroz orgânico do mundo. Ademais, uma diversidade de alimentos produzidos em cada região do país pelo MST abastecem mercados e feiras, locais e regionais, programas de alimentação escolar e de outros entes públicos. 

O MST se estrutura em “Frentes” de mobilização, entre elas a “Frente de Massa”, “Formação”, “Educação”, “Direitos Humanos”, entre outras. Dessa forma, coordenam a luta por soberania, patrimônio coletivo, educação, sanidade ambiental, etc. tendo por fundamento uma ampla reforma agrária popular, com o fim de garantir a posse e uso da terra para todos os povos e comunidades [18].

Em Alagoas, o movimento está organizado em 19 acampamentos em processo de ocupação, e em 79 assentamentos em processo de regularização fundiária. Segundo as líderes estaduais Débora Nunes e Margarida da Silva, “a democratização da terra e a garantia de condições para a permanência no campo devem ser alcançadas pelas políticas públicas, tendo como pressuposto o fato de que a terra é (e será sempre) alvo de uma disputa histórica, social, política e econômica no Brasil”[19]. 

No contexto pandêmico, os pequenos agricultores sofreram com o veto da concessão de crédito para fomento à agricultura, ainda que em meio ao cenário de avanço da insegurança alimentar[20]. Assim foi que, o aumento dos preços dos alimentos e da gasolina afetou diretamente a comercialização dos pequenos agricultores, sem subsídios governamentais e infraestrutura para escoar a produção aos centros urbanos. Os efeitos da pandemia orientaram novas prioridades ao MST, quais foram: a reorganização política, considerando as variáveis do distanciamento para a mobilização, e a produção de alimentos saudáveis, cujo excedente fosse destinado à superação das necessidades urbanas e às ações de solidariedade, desenvolvidas junto aos (às) trabalhadores (as) em situação de vulnerabilidade.

Nesse contexto, desde de 2020, o MST doou 6 mil toneladas de alimentos em ações solidárias em todo o Brasil[21], fomentando o Coletivo Marmitas Solidárias em vários estados, que, em Alagoas, quando em funcionamento, coordena a distribuição de cerca 100 marmitas por semana no centro da Capital[22]. 

O PROJETO “MARMITAS SOLIDÁRIAS DA TERRA”

O projeto “Marmitas Solidárias” é uma iniciativa conduzida pelo Movimento Sem Terra (MST) Nacional, desde 2020, e visa a produção de refeições direcionada à população em “situação de rua”, condição que atinge ao redor de 221.869 brasileiros (as)[23]. 

O projeto, já consolidado em capitais como Porto Alegre e São Paulo, ocorre também em Maceió desde 2021, recebendo o nome de “Marmitas Solidárias da Terra”, em referência à origem da maior parte dos alimentos, que compõem as refeições doadas.

 O Coletivo Marmitas Solidárias da Terra é coordenado por Marciângela Gonçalves, militante do MST há mais de dez anos, e Weldja Marques da Silva, militante do Congresso do Povo, amiga[24] do MST e pesquisadora. O preparo das refeições ocorre na sede do MST em Alagoas, localizada no bairro do Centro em Maceió e é orientado pelo assentado do MST, Sr. Flásio. O preparo das refeições (chamadas“marmitas”) inicia com a limpeza das carnes e sua o corte dos legumes e verduras[25], na maior parte, advindos dos assentamentos e acampamentos do movimento no estado. A essa atividade segue-se o preparo e o cozimento. Em seguida, os colaboradores organizam-se em uma “linha de montagem” para a composição dos pratos de refeição que contém: feijão, arroz, macarrão, farinha, alface, beterraba, abóbora e frango. Após a disposição dos alimentos nos pratos térmicos, eles são lacrados e encaminhados à entrega, atualmente realizada por voluntários externos ao Movimento, com destaque à participação  do Congresso do Povo: “brigada urbana do MST” em Maceió. 

 O projeto, que teve origem semanal, hoje se dá de modo quinzenal pelos militantes e voluntários que percorrem as praças no torno do centro da cidade, entregando cerca de 100 refeições. A entrega das “marmitas” é também momento de diálogo e interação com os desassistidos. Assim, se bem que se trate de uma ação solidária, mantém como objetivo a emancipação social e política dos vulnerabilizados(as): 

“Uma das questões que nós temos na intencionalidade da ação de solidariedade é, sem  sombra de dúvida, o atendimento à necessidade mais imediata, porque quem está com fome quer comer.” [...] “A família que está lá, que mora lá na Levada, que recebe uma cesta de alimento, está com fome e quer comer” [...]. “Mas eu penso que uma das intencionalidades [ que não é fácil, que não acontece instantaneamente, não é uma coisa que o outro responda de imediato ] mas é a perspectiva da solidariedade, não como caridade, até porque como caridade tem outras instituições e organizações que fazem[né?].Tem vários políticos que, numa perspectiva clientelista, fazem caridade: distribuir cesta básica, distribuir sopa.” [...] “Mas, a nossa solidariedade é na perspectiva de também ir dando, ou ao menos estimulando, um processo de organicidade. É dizer assim: “o Sem Terra está chegando aqui para trazer comida”, mas também convocar esse segmento, essas pessoas a se organizarem, a compreenderem o que é que nós estamos vivendo e que elas não podem ser responsabilizadas pela condição que vivem” (Nunes, 2022).

Segundo a liderança de Weldja da Silva Marques, a mobilização em torno do preparo das refeições, nas manhãs de sábado, como resultado da colheita de produtos provenientes dos cerca de 98 assentamentos e acampamentos do MST em Alagoas, além de reforçar o engajamento dos militantes na proposta da agroecologia, evoca o transbordar para os debates, de questões sociais, culturais e econômicas e “legitima a luta do movimento em outros espaços institucionais” (Lima, 2022). 

O Coletivo Marmitas Solidárias distribui refeições nas Praças Sinimbú, Marcílio Dias, Praça Dois Leões, Dom Pedro II localizadas no centro da cidade e no Parque Gonçalves Ledo, situado no bairro do Farol. Todavia, é no Centro onde ocorre a maior parte da ação junto aos moradores e moradoras em situação de rua. A ação teve seu destaque o dia 22 de dezembro de 2021, quando a Cozinha da Solidariedade organizou a “Ceia Solidária” que distribuiu cerca de 1000 marmitas em uma iniciativa que integrou a Campanha Nacional “Natal Sem Fome”. O MST-Alagoas também efetuou a campanha no interior de Alagoas, nos municípios de Atalaia, Piranhas, Mata Grande, Girau do Ponciano e São Sebastião. 

 

[1]  Disponível em: <https://olheparaafome.com.br/>. Acesso em: 03 de abril de 2022.

[2]Idem.

[3] Em 1939, o Ministério do Trabalho criou o Serviço Central de Alimentação no  Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários (IAPI).

[4]Disponível em:http://www.mds.gov.br/webarquivos/acesso_informacao/institucional/gabinete-da-ministra/apresentacoes/201409_Brasil%20fora%20do%20mapa%20da%20fome%20%20-%20ingles.pdf>. Acesso em: 02 de abril de 2022

[5]Disponível em:   <http://www.mds.gov.br/webarquivos/acesso_informacao/institucional/gabinete-da-ministra/apresentacoes/201409_Brasil%20fora%20do%20mapa%20da%20fome%20%20-%20ingles.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2022.

[6] Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006.

[7] A análise anualmente construída pela FAO, como ferramenta de análise dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), observa o Prevalence of Undernourishment (PoU), percebido como insuficiente para medir o nível de insegurança alimentar, já que se refere apenas à quantidade de calorias disponíveis por habitante. No Brasil utiliz-se a EBIA (Escala Brasileira de Insegurança Alimentar) tomando-se os “parâmetros de renda necessária ao consumo alimentar e não alimentar básicos da população, derivando destes as linhas de pobreza e de indigência”.

[8] Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares Contínua (POF), efetuada pelo IBGE, 38,5% vive em estado de insegurança alimentar em grau leve, 13,7% em grau moderado e 8,5% em situação grave. Fonte:  IBGE. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018: análise do consumo alimentar pessoal no Brasil. Análise do consumo alimentar pessoal no Brasil. 2020. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101742.pdf.> 

[9] O índice observado em Alagoas é da casa dos 12%, acima da região Nordeste que possui 7,7% de índice de desemprego.

[10]  A concentração de terras e de renda, assim como a participação do setor primário na economia, continuam paradigmáticas do contexto nacional: a exportação de commodities como soja, milho, cana-de-açúcar, café e outros arrecada 26,6% do Produto Interno Bruto em 2020, assim como campo brasileiro é dominado por 2,4 mil latifúndios com mais de 10 mil hectares, os quais correspondem a apenas 0,04% das propriedades rurais do país e ocupam 14,8% da área produtiva rural em 2017. 

 

[11]  Art.184. “Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, (...)” Art. 186 “A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I – aproveitamento racional e adequado; II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores”.

[12] II PNRA - PLANO NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA, 2003. Disponível em: <https://catalogo.ipea.gov.br/uploads/9_1.pdf>. Acesso em: abril 2022.

[13] Os resultados do “desgoverno” (Temer-2016-18, Bolsonaro-2018-2022) nos últimos anos levaram ao acirramento da violência do Estado contra as populações agrárias, tais violações de direitos e garantias variaram entre as ameaças de despejo no campo e o cenário de impunidade diante de homicídios violentos de lideranças campesinas. 

[14] Disponível em: <https://mst.org.br/2022/10/20/bolsonaro-o-mst-acabou-ou-nao/>. Acesso em 01 abr. 2022.

[15] Em 1984, os trabalhadores rurais – posseiros, atingidos por barragens, migrantes, meeiros, parceiros e pequenos agricultores que protagonizaram as lutas pela democracia e pela terra –, em meio à ditadura empresarial-civil-militar, reuniram-se no 1° Encontro Nacional, em Cascavel, Paraná, organizando-se num movimento camponês nacional, o Movimento Sem Terra ou Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). O MST constitui-se desde três objetivos centrais: lutar pela terra, pela reforma agrária e por mudanças sociais no país.

[16] Palavras de ordem: “Sem Reforma Agrária não há democracia”,"Terra para quem nela trabalha" e "Ocupação é a Única Solução" . Disponível em: <https://mst.org.br/nossa-historia/84-86/>. Acesso em: 01 abr. 2022.

[17] Art. 3º da Lei 11.346 de 2006: “A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis”. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11346.htm#:~:text=Art.%203%C2%BA%20A%20seguran%C3%A7a%20alimentar%20e%20nutricional%20consiste,que%20sejam%20ambiental%2C%20cultural%2C%20econ%C3%B4mica%20e%20socialmente%20sustent%C3%A1veis.>Acesso em: 01. abr. 2022.

[18]  Disponível em: <https://mst.org.br/quem-somos/>. Acesso em: 01. abr. 2022.

[19] Dessa maneira, não basta a regularização fundiária das ocupações, pois “fazer reforma agrária” é também incluir outras reivindicações, como a construção de infraestrutura e moradia, fornecer energia elétrica e tecnologia agrícola, viabilizar acesso a posto de saúde e escola, além de viabilizar a construção de estradas necessárias ao escoamento da produção e cisternas para o fornecimento de água para consumo e irrigação.

[20]Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/bolsonaro-veta-auxilio-de-ate-r-3500-para-agricultores-familiares.shtml?msclkid=1b8dc33eb5c911ecbbb002b1d1922324>. Acesso em 01 de abril de 2022.

[21]Disponível em: <https://mst.org.br/2022/01/14/mst-ultrapassa-6-mil-toneladas-de-alimentos-doados-durante-a-pandemia/>. Acesso em 01 de abril de 2022.

[22]Disponível em: https://mst.org.br/2021/07/31/mst-inicia-distribuicao-de-marmitas-para-populacao-em-situacao-de-rua-em-maceio/. Acesso em: 10 abr. 2022./. Acesso em: 10 abr. 2022.

[23]Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10074/1/NT_73_Disoc_Estimativa%20da%20populacao%20em%20situacao%20de%20rua%20no%20Brasil.pdf. Acesso em: 04 abr. 2022.

[24] Termo utilizado para militantes não inseridos na condição de assentado ou acampado.

[25] Os legumes, frutas e verduras utilizados são: cebola, alho, beterraba, alface, tomate e abóbora.

 

Conclusiones:

Diante disso, não há duvidas de que a fome é um fenômeno social com origem na desigualdade socioeconômica patrocinada, em maior ou menor grau, pela gestão estatal, tanto que, por escolha governamental, ações ou omissões encaminharam o país à superação, ou ao retorno, do “Mapa da Fome” (2022). Desse modo, a fome pode ser percebida como intrumento de dominação, que escancara a perenidade das heranças coloniais brasileiras, as quais conservam o grau de desigualdade social e econômica existente, avançando, na neocolonialidade, sobre povos e populações e seus recursos naturais. No “sentido de colonização” a estrutura social e econômica mantém-se estratificada, hierarquizada entre os grandes proprietários de terras, que concentram o acesso às áreas mais produtivas, recursos naturais, e de outro lado, as massas de despossuídos, que dispõem exclusivamente de sua força de trabalho para a venda. Nesse contexto, Alagoas é um simulacro da “colonialidade do poder”, tanto do ponto de vista do trato da “questão agrária”, quanto da instrumentalização da fome como ferramenta de subjugação dos povos. Em Alagoas, a concentração agrária e canavieira permanecem recrudescendo,  perpetuando os maiores indices do Brasil (0,871), em 2006. Nesse mesmo Estado, 60,8% da população apresenta dificuldades para se alimentar adequadamente, enquanto o desemprego apresenta índices acima dos observados na região Nordeste  do Brasil. Nessas condições, a defesa da “soberania e segurança alimentares” resgatam a  resistência social e popular, na direção da promoção do equilibro entre as atividades econômicas de produção, distribuicao e consumo e as finalidades sociais e ambientais, em especial, com o objetivo da alimentação segura e sustentável, desde um cultivo agroecológico. O “ecologismo dos pobres”, aquele que prevê o usufruto dos recursos naturais associado à sua preservação, está, portanto, na prática do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, movimento social e político mais longevo das Américas.Através do projeto Marmitas Solidárias da Terra, o MST atualiza a resistência e a luta pela soberania popular e alimentar, na medida em que dispõe toneladas de alimentos produzida de forma sustentável à alimentação das populações vulnerabilizadas pelo Brasil. Em Maceió, maior centro urbano do Estado, são 100 marmitas distribuídas quinzenalmente à população em “condição de rua” no centro da cidade.

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Palabras clave:

Insegurança alimentar. Movimento dos Sem Terra (MST). Marmitas Solidárias da Terra. 

Resumen de la Ponencia:

El presente proyecto surge desde una iniciativa que se crea en el espacio académicoGestión de Proyectos I, II y III el cual se construye junto con 3 estudiantes enacompañamiento con el profesor del mismo espacio de la Facultad de Sociología dela Universidad Santo Tomás, quienes son los actores principales en la planeación,formulación, desarrollo y evaluación del presente proyecto de desarrollo comunitario.A partir de la necesidad de visibilizar las problemáticas de la primera infancia sediseña un diplomado que tiene como objetivo principal fortalecer habilidades ycapacidades en las madres comunitarias de Soacha - Cundinamarca para mejorar susprácticas pedagógicas y psicosociales.El diplomado fue construido participativamente con la comunidad cuyos contenidosemergen de un proceso de reconocimiento y reflexión colectiva que permitióidentificar las necesidades del gremio a través de la socialización de experiencias y larecuperación crítica de la historia de la comunidad. Se muestra como el proceso deformación contó con un alto grado de verificabilidad social y como a través de laproducción y difusión de nuevo conocimiento las madres comunitarias hacen parteactiva de la evaluación del proceso.El equipo de trabajo del presente proyecto se conforma por 60 madres comunitariasdel municipio de Soacha, estudiantes de la Facultad de Sociología, la Fundación Apoyar, la Unidad de Proyección Social de la Universidad Santo Tomás y talleristasvoluntarios que aportaron sus conocimientos a los módulos construidos. Correspondiendo con la lógica de la metodología Investigación Acción Participativa que, “parte de la idea de que las comunidades marginadas pueden ser fortalecidas en sus conocimientos como una vía para emprender acciones exitosas en la superación de su exclusión social” (Sáenz, 2007) se incluye a las madres comunitarias de Soacha, quienes han sido la población beneficiaria del proyecto, a la formulación delos contenidos del diplomado partiendo de las necesidades y conocimientos afortalecer que como colectivo identificaron a través de un proceso de diagnóstico quese llevo a cabo durante un periodo de cuatro meses con el equipo de intervenciónsocial en el que se reconocieron los valores, la historia de la comunidad y algunoselementos culturales, legales y sociales dentro de la práctica de las madrescomunitarias.Como resultado del diagnóstico se construyeron 4 módulos. 1. Prácticaspedagógicas, que a su vez tiene 3 sub-módulos que son Herramientas tecnológicas,Lengua de señas e Inglés. 2. Relaciones Interpersonales, 3. Gestión de Riesgos y 4.Mecanismos y escenarios de participación.Además, las madres comunitarias fueron involucradas en la toma de decisionesimportantes en torno a la organización del diplomado, así mismo de loscompromisos generando así una participación activa en el proceso y fortaleciendo eltrabajo en equipo y la cohesión entre los miembros del colectivo.  

Resumen de la Ponencia:

En las últimas décadas se evidencia en América Latina la emergencia de nuevas formas de trabajo autogestionado que son parte de la historia larga de búsqueda de modos alternativos de producción desde principios del siglo XIX. En el contexto de la intensificación de la explotación del trabajo y de la exclusión del mercado laboral, la organización y gestión autónoma del trabajo están retomando su importancia, muchas veces ligadas a movimientos sociales. En Chile, en el marco de la creciente movilización social -que tiene su punto de inflexión en la revuelta de octubre de 2019-, se ha generado un crecimiento malestar con la precarización y banalización del trabajo asalariado y la emergencia de diversos formatos de trabajo no apatronado que se sitúan desde lógicas de resistencia a la racionalidad capitalista, y que requieren ser estudiadas y analizadas desde las ciencias sociales. Las redes de oficios, colectivos/as de trabajo, ferias autogestionadas, cooperativas de trabajo, entre otras, ensayan nuevas formas de organización socio-política y del trabajo, que se posicionan como parte de la economía popular y de la organización territorial en Chile.  En esta ponencia se presentan los resultados preliminares de una investigación militante desarrollada en las ciudades de Santiago y Concepción, que se propone analizar las culturas del trabajo en las iniciativas laborales autogestionarias desde el año 2011 hasta la actualidad, como parte de la movilización social en el país. Se realizó una cartografía de estas iniciativas y entrevistas en profundidad que prefiguran formas de organización y división del trabajo diferentes a las del trabajo asalariado; representaciones sociales del trabajo ligadas a la autonomía, apoyo mutuo y al deseo de relaciones laborales no jerarquizadas; el cuestionamiento a las relaciones de subordinación de género que se evidencia en la atención a la división sexual del trabajo; y la estrecha vinculación entre el mundo laboral y la participación social-política asentada en los territorios. 

Resumen de la Ponencia:

A possibilidade de greve geral de transportadores rodoviários de cargas (caminhoneiros) no Brasil, como a ocorrida no ano de 2018, é observada como uma catástrofe econômica e social. Apesar de ser um movimento antigo, foi a partir de 2018 que a categoria ganhou notoriedade como uma das mais essenciais do país. Este artigo tem como objetivo apresentar debate sobre os conceitos de movimento social, ação pública e analisar as ações coletivas realizadas pelos caminhoneiros do Brasil, com vistas a auxiliar os trabalhadores e a sociedade em geral no entendimento às especificidades de agenda da classe. Utilizou-se como metodologia análises qualitativas a partir de pesquisa bibliográfica, documental e revisão de literatura. Toda a análise dos conteúdos foi no intuito de confrontar a literatura com os estudos dos movimentos sociais e da ação pública, para compreender o movimento dos caminhoneiros do Brasil e ajudar no direcionamento das ações.

La posibilidad de una huelga general de los transportistas de carga por carretera (camioneros) en Brasil, como la que ocurrió en 2018, es vista como una catástrofe económica y social. Apesar de ser un movimiento antiguo, fue a partir de 2018 que la categoría ganó notoriedad como una de las más esenciales del país. Este artículo tiene como objetivo presentar un debate sobre los conceptos de movimiento social, acción pública y analizar las acciones colectivas realizadas por camioneros en Brasil, con el objetivo de ayudar a los trabajadores y a la sociedad en general a comprender las especificidades de la agenda de clase. Se utilizó como metodología los análisis cualitativos basados ​​en la investigación bibliográfica, documental y revisión de la literatura. Todo el análisis de contenido tuvo como objetivo confrontar la literatura con estudios de movimientos sociales y acción pública, con el fin de comprender el movimiento de camioneros en Brasil y ayudar en la dirección de acciones.

The possibility of a general strike by road freight transporters (truckers) in Brazil, such as the one that occurred in 2018, is seen as an economic and social catastrophe. Despite being an old movement, it was from 2018 that the category gained notoriety as one of the most essential in the country. This article aims to present a debate on the concepts of social movement, public action and analyze the collective actions carried out by truck drivers in Brazil, with a view to helping workers and society in general to understand the specificities of the class agenda. Qualitative analyzes were used as a methodology based on bibliographical and documental research and literature review. All content analysis was aimed at confronting the literature with studies of social movements and public action, in order to understand the movement of truckers in Brazil and help in directing actions.

Introducción:

A classe profissional dos transportadores rodoviários de cargas (caminhoneiros) foi regulamentada no Brasil por meio da Lei nº 12.619/2012 e alterada pela Lei nº 13.103/2015 (BRASIL, 2015), onde foram estabelecidas regras ligadas às condições de saúde e bem-estar para o exercício da profissão de motorista de caminhão, tais como: o estabelecimento de limite de jornada de trabalho e intervalo, descanso obrigatório de 11 horas diárias, indenização por tempo de espera e repouso semanal remunerado. 

É importante destacar que, apesar de ser conhecida como a Lei dos Caminhoneiros, de acordo com o Parágrafo 1º do seu Art. 1º a Lei nº 12.619/2012 trata de transportadores rodoviários de cargas e passageiros:

 

Art. 1º. É livre o exercício da profissão de motorista profissional, atendidas as condições e qualificações profissionais estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. Integram a categoria profissional de que trata esta Lei os motoristas de veículos automotores cuja condução exija formação profissional e que exerçam a profissão nas seguintes atividades ou categorias econômicas:

I - de transporte rodoviário de passageiros;

II - de transporte rodoviário de cargas. (BRASIL, 2015).

 

De imediato, é perceptível a necessidade de um melhor detalhamento sobre a classe na instrumentação da ação pública brasileira, a fim de caracterizar as especificidades dos diversos tipos de transportadores rodoviários de cargas, quanto ao tipo de veículo/caminhão, às distâncias percorridas, aos tipos de cargas e/ou serviços realizados, aos vínculos empregatícios (ou não), se rurais ou urbanos, entre outras classificações práticas da categoria.

Vale destacar que o transporte rodoviário de cargas é responsável por cerca de 60% das entregas em território nacional e de quase 90% das entregas de itens básicos de higiene e alimentação. De acordo com a Confederação Nacional dos Transportes, CNT, a classe dos caminhoneiros conta com mais de 2 milhões de profissionais, que trafegam de Norte a Sul do país, muitas vezes, em condições precárias, sendo estes frequentemente diagnosticados com problemas de saúde, tanto no aspecto físico, quanto mental (CNT, 2019).

O levantamento da CNT apresenta dados alarmantes sobre a saúde e a qualidade de vida desses profissionais, cujas demandas podem e devem ser tratadas de forma interdisciplinar e interseccional a fim de evitar perda considerável na qualidade de vida, aposentadoria precoce, invalidez temporária ou permanente e até mesmo a morte desses profissionais (CNT, 2019). É importante considerar ainda que estes prejuízos vão além da questão da saúde, interferindo na economia e no desenvolvimento nacional.

No ano de 2018, o Brasil parou por conta de uma greve dos caminhoneiros, que durou apenas 11 dias, mas deixou prejuízos em todos os setores da economia. Entre outras questões, os profissionais reivindicavam a redução no preço dos combustíveis, dos valores dos pedágios e melhores condições de trabalho. Nesse período, o caos foi instalado e os insumos essenciais chegaram a faltar em boa parte do país (EXAME, 2018, on-line).

Foi durante a greve que a sociedade passou a conhecer um pouco mais os problemas enfrentados pelos caminhoneiros e sensibilizar-se com as suas dificuldades, valorizando o trabalho essencial que é realizado por essa classe trabalhadora. O movimento acabou após a realização de um acordo com o governo, que cedeu a parte das reivindicações, mas, para a sociedade e o poder público, restou o fantasma de uma nova greve. A partir de então, as frequentes ameaças de paralisação passaram a influenciar as ações governamentais e apontaram a evidente necessidade de melhoria nas condições de trabalho dessa classe trabalhadora essencial para o país.

A questão central do estudo recai sobre a resposta para a seguinte pergunta: Quais as contribuições de se analisar o movimento dos caminhoneiros brasileiros à luz das teorias dos movimentos sociais? 

Considera-se que a resposta para tal pergunta possa ajudar no direcionamento de ações coletivas mais transversais e participativas, voltadas para a melhoria das condições de trabalho dessa classe trabalhadora, no necessário entender do espírito do movimento e dos principais ganhos e perdas acumuladas para os caminhoneiros e para a sociedade. 

Tendo-se o método como estratégia geral de produção de conhecimento científico, associado à geração e validação de teorias, que se aproxima da epistemologia, e as técnicas como estratégias específicas de formas padronizadas de coleta e análise de dados (CANO, 2012), para o estudo, selecionou-se o método qualitativo e as técnicas de análise documental, dados secundários e revisão de literatura.

Assim, a construção do estudo foi realizada em quatro etapas: 1º) pesquisa bibliográfica sobre os conceitos e as aplicabilidades de movimentos sociais e ação pública; 2º) Revisão Sistemática de Literatura (RSL) sobre o movimento que existe no Brasil voltado para a classe trabalhadora dos caminhoneiros, no intuito de identificar características que possam contribuir para a compreensão dessa ação coletiva como um movimento social; 3º) pesquisas documentais sobre os temas explorados; e, 4°) apresentação dos resultados alcançados, considerando os fatores que determinaram o posicionamento dos autores. 

Com o objetivo de subsidiar as técnicas de produção, o problema de pesquisa foi objeto de levantamento de ambientes de pesquisa, com a montagem de sintaxe de pesquisa de palavras-chaves, com identificação de saliência do assunto, de grupos de interesse, de autoridades, de imprensa e de acadêmicos. Nesse contexto, a análise documental, os dados secundários e a revisão de literatura foram utilizados para contextualizar a complexidade do objeto de pesquisa multi e interdisciplinar do movimento social e das ações coletivas realizadas pelos transportadores rodoviários de cargas (caminhoneiros) do Brasil. 

Para a primeira fase da pesquisa, foi levantada literatura sobre movimentos sociais e ação pública, a fim de analisar as origens dos termos, os principais conceitos e características. Tentou-se ainda, estabelecer nexos temporais e referenciais sobre a importância dessas ações e da necessidade de análises interdisciplinares e interseccionais sobre os temas.   

 Na segunda parte da pesquisa, que tem como objetivo uma busca de correlações entre as ações coletivas voltadas para a classe dos caminhoneiros com os conceitos de movimentos sociais, foi utilizado o método de Revisão Sistemática de Literatura. A revisão de literatura, elemento vital do processo de investigação, caracterizado pela análise bibliográfica pormenorizada de estudos relevantes publicados sobre o tema (BENTO, 2012), permite obter uma ideia sobre o estado atual dos conhecimentos estudados, suas lacunas e potenciais contribuições.

O levantamento foi realizado na base de dados do Google Acadêmico, utilizando as palavras-chave “movimentos sociais” e “movimento social”, ligadas pelo operador booleano “OR”, “caminhoneiro” e “Brasil”, antecedidas pelo operador booleano AND.  Foi marcado o campo “em qualquer lugar do artigo” e desmarcados os “incluir patentes” e “incluir citações”; totalizando 1.190 trabalhos.

Foram excluídas as publicações anteriores ao ano de 2019, resultando em 271 trabalhos, e, após a leitura dos títulos, selecionaram-se apenas os trabalhos inseridos no contexto da pesquisa, restando 27 trabalhos.  Em seguida, foram lidos os resumos, para identificar os trabalhos que expressavam as faces das ações coletivas realizadas pelos caminhoneiros sob a perspectiva dos movimentos sociais. Também foram excluídos os trabalhos diferentes de artigos científicos, resultando em 8 artigos. 

As pesquisas documentais foram realizadas com vistas a colher legislações atinentes à legalização da classe trabalhadora dos caminhoneiros e relatórios técnicos sobre a saúde e qualidade de vida desses profissionais. Os resultados foram apresentados por meio de quadro qualitativo das pesquisas resultantes do processo de escolhas da RSL, metassíntese do conteúdo selecionado e sínteses descritivas referentes às correlações realizadas no trabalho. Nesse setido, Loureiro et al. (2016, p. 98) destacam que na metassíntese há uma compilação dos resultados de forma qualitativa a fim de se obter conclusões macro sobre o conjunto de estudos. 

Desarrollo:

Os Movimentos Sociais

Não existe definição unívoca de movimentos sociais, mas múltiplas possibilidades de conceituação, que variam historicamente e em função do paradigma teórico assumido (NUNES, 2014). Assim, uma abordagem possível, relacionada ao institucionalismo, é aquela apresentada pela teoria do confronto político (McADAM; TARROW; TILLY, 2009), que coloca o enfoque na existência de reivindicações realizadas por um grupo que afetariam os interesses de outros atores. No âmbito dessa perspectiva mais abrangente, inclui-se a chamada teoria da mobilização de recursos (TMR), segundo a qual os atores lançam mão de estratégias racionais, com base em análise de custo-benefício (NUNES, 2014).

Em contrapartida, Melucci (1989, p.57), com base em uma perspectiva de filiação culturalista, propõe que os movimentos sociais sejam definidos como uma “forma de ação coletiva a) baseada na solidariedade, b) desenvolvendo um conflito, c) rompendo os limites do sistema em que ocorre a ação”. Ainda de acordo com o autor, a solidariedade seria entendida como o compartilhamento de uma identidade coletiva, o conflito, uma oposição entre atores em disputa pelos mesmos recursos, e os limites do sistema, o espectro de variações admitidas dentro dele.

Vinculada à corrente de pensamento similar, estaria a noção de movimento social como “um conflito social que opõe formas sociais contrárias de utilização dos recursos e dos valores culturais, sejam estes da ordem do conhecimento, da economia ou da ética” (TOURAINE, 1989, p.182 apud SCHERER-WARREN, 2011, p.116). Trata-se, nesse caso, de ações coletivas movidas pela intenção de orientar as transformações societárias em sentido abrangente, mudanças que ultrapassam a esfera de interesses de um público particular. Com base nessas ideias, pode-se falar em movimentos sociais como redes constituídas a partir de articulações entre organizações populares e outros movimentos políticos (SCHERER-WARREN, 2011).

A fim de identificar corretamente o objeto de estudo, importa distinguir movimento social organizado de manifestação de rua, na medida em que o primeiro implicaria certa continuidade temporal e envolveria a construção de significados políticos e culturais comuns com, vistas à transformação social, enquanto a segunda se caracterizaria como reação conjuntural coletiva e pública (SCHERER-WARREN, 2014). A permanência do primeiro como ator político dependeria, essencialmente, de quatro aspectos constitutivos: a) engajamento organizacional e construção de significados comuns; b) articulações discursivas que viabilizam o estabelecimento de projetos de mudança social; c) ações de advocacia por direitos para incidência nas políticas públicas; e, d) manifestação como forma de conferir visibilidade, sem prejuízo da continuidade para além desse momento.

O último elemento assemelha-se à diferenciação entre os chamados períodos de latência, quando são criados novos códigos culturais, e de visibilidade dos movimentos sociais, no qual se dá o embate mais aparente entre os grupos e as autoridades com relação a decisões específicas (MELUCCI, 1989).

Identificados alguns aspectos que podem orientar a análise sobre a conceituação dos movimentos sociais, cabe tecer considerações a respeito de suas formas de atuação. A esse respeito, parte-se da noção de repertório (TILLY, 1992 apud ABERS; SERAFIM; TATAGIBA, 2014), que se relaciona à construção e sucessiva reconstrução dos modos de fazer a luta com base no aprendizado de experiências pregressas e das influências exercidas pela cultura. Nesse sentido, são mobilizados diferentes repertórios de ação coletiva, incluindo desde negociação com o ator que, via de regra, aparece como polo oposto ao do movimento, o Estado, até formas de enfrentamento, a exemplo de protestos e greves.

 

A Ação Pública

A concepção clássica do conceito de políticas públicas, que tem em Thomas Dye um de seus principais expoentes, está associada às opções de atuação do Estado sobre o que ele faz ou deixa de fazer. O objetivo da análise de políticas públicas, nesse contexto, deve ser o de explicar e descrever as consequências da ação pública. Ainda segundo o autor: “Governments do many things (...) public policies may regulate behavior, organize bureaucracies, distribute benefits, or extract taxes--or all of these things at once”. (DYE, 2013, p.9).

Como argumenta Daroit (2020), a linearidade das reflexões tradicionais tem cedido lugar para pensamentos em rede com múltiplas influências, com multiplicidade de atores, que lançam luz às especificidades do objeto de estudos. Assim, uma abordagem mais contemporânea, de origem francesa, busca qualificar o entendimento acerca da ação pública a partir de uma mudança de perspectiva, considerando especificidades do lado social e do lado regulatório das ações, em que a sociologização do Estado o faz atuar em redes a partir de uma perspectiva mais horizontal e interacional (CRUZ, 2020). 

Também caracterizada como um fenômeno complexo e transversal, é possível realizar a análise das políticas públicas a partir das interações existentes entre os atores, a abordagem francófona, que tem em Lascoumes e Le Galès um de seus principais expoentes, defendendo, a partir da sociologia da ação pública, que a ação pública deva ser compreendida como espaços sociopolíticos resultantes das múltiplas interações entre os diversos atores. De acordo com os autores, “a ação pública é um espaço sociopolítico construído tanto por técnicas e instrumentos quanto por finalidades, conteúdos e projetos de ator”. (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012, p.1).

Nesse contexto, uma ação pública transversal, por exemplo, tem o potencial de responder a problemas públicos complexos e de difícil solução, que ultrapassam as capacidades da administração e das políticas públicas, os chamados wicked problems, a partir de uma transformação profunda na cultura e na mentalidade da organização (BRUGUÉ; CANAL; PAYA; 2015). 

No âmbito das estruturas hierarquizadas e setorializadas do Estado, Cruz (2020) instiga reflexão acerca da existência de um leque de possibilidades envolvendo a transversalidade da ação pública de fóruns participativos para o fomento de modelos de desenvolvimento de caráter democrático que atendam às expectativas e às necessidades da sociedade. 

A ação pública transversal e participativa (APTP), compreendida por Cruz (2020), assim, é caracterizada por ser um processo complexo de ação pública, viabilizada por instrumentos de ação pública e ocorrendo em fóruns híbridos, a partir de questões multidimensionais formadas por uma ação coletiva de interações entre atores da sociedade civil e da sociedade política: 

 

“Trata-se da ação inscrita em processos complexos, que tomam em conta questões multidimensionais, que não se restringe a dinâmicas setoriais específicas e que se dá em fóruns formalmente estabelecidos para realizar interações entre atores da sociedade civil e da sociedade política. Nesses fóruns, são produzidas deliberações ou orientações na forma de normas sociotécnicas ou de elos e ideais mais difusos”. (CRUZ, 2020, p.116).

 

O entendimento acerca do conceito de ação pública, assim, se torna mais abrangente do que o de política pública no contexto defendido por Dye (2013), uma vez que a participação social, sustentada pelos instrumentos de ação pública, se torna efetiva no processo de construção de soluções públicas. 

Os instrumentos da APTP ao organizar e engajar atores, por exemplo, buscam qualificar e democratizar as ações públicas (CRUZ, 2020). Para Lascoumes e Le Galès (2012) os instrumentos e a instrumentação da ação pública consistem em importantes indicadores das especificidades das mudanças nas políticas públicas, pois desvelam não apenas as múltiplas interações entre os diversos atores inseridos nos difusos espaços sociopolíticos constituídos, mas também a consistência da efetividade e da legitimidade da própria ação pública, seja na resolução de conflitos, em fenômenos de inércia ou na própria recomposição da ação pública, estabilizando representações comuns sobre questões sociais. 

“(...) a criação de instrumentos de ação pública pode servir de indicador de transformações profundas, por vezes invisíveis, da ação pública, do seu significado, do seu enquadramento cognitivo e normativo e dos seus resultados”. (HALPERN; LASCOUMES; LE GALÈS, 2021, p.37).

 

Dos Resultados da Pesquisa

A Revisão Sistemática de Literatura (RSL) teve como objetivo trazer um caráter de atualidade para o estudo, incluindo contribuições de publicações recentes, dos últimos 4 anos, no pós-greve dos caminhoneiros de 2018, e que estivessem de acordo com os objetivos deste estudo.

Silva, Alves e Lage (2019) buscaram analisar, a partir da paralisação dos caminhoneiros ocorrida em maio de 2018 no Brasil, as novas configurações no mundo do trabalho, as formulações dos novos movimentos sociais e o posicionamento do Estado frente às demandas imediatas da sociedade civil, tendo por reflexão teórica o método materialista histórico-dialético.

Souza Júnior (2020) estudou como os caminhoneiros se mobilizaram e se estruturaram durante o período que antecedeu a greve geral de 2018 e durante esta, bem como analisou a atuação desses profissionais durante todo o conflito gerado pela paralisação.

Silva (2019, p.1) abordou a desmobilização, entendida pelo autor como “uma dinâmica comunicativa orientada para a criação de entraves capazes de frear e enfraquecer a criação ou ação durante a greve dos caminhoneiros de 2018”, reconhecendo o potencial do conceito para a comunicação organizacional e pública. Constatou que as condições de desmobilização oferecem novas lentes para encarar a problemática, destacando apelos sobre a falta de concretude e caráter público na causa dos caminhoneiros, sobre a impossibilidade de soluções para o problema da greve e sobre seu desalinhamento moral com os horizontes éticos da sociedade brasileira.

Soares et al. (2019) analisaram a trajetória do movimento dos caminhoneiros de 2018 no intuito de compreender o papel desempenhado pelo sistema de mensagens instantâneas WhatsApp, usando a Teoria Ator-Rede como base teórica e metodológica, constatando que tal ferramenta foi de fundamental importância para a organização do movimento, onde inclusive se viu aumentada a participação política da sociedade como um todo.

Patta (2019) se propôs a identificar pistas de processos de abertura e de fechamento da democracia, da ordem e da crise, considerando as ações realizadas durante as ocupações de escolas por estudantes secundaristas em 2015, 2016 e a greve dos caminhoneiros de 2018.

Barbeiro Filho e Canzi (2019) analisaram o que chamaram de aspectos teóricos e factuais que impulsionaram o movimento dos caminhoneiros de 2018, apresentando uma série de conclusões, entre elas a de que “os governos ainda carecem de ferramentas e estratégias mais contemporâneas para identificar essas novas configurações dos movimentos sociais e suas dimensionalidades de pautas que vinculam as ações de governo e da gestão pública” (BARREIRO FILHO; CANZI, 2019, p. 166).

Moura et al. (2019) realizaram uma revisão de literatura a fim de descobrir os impactos econômicos da greve dos caminhoneiros de 2018, comprovando as perdas bilionárias, a alta da inflação além do esperado para aquele ano e a redução do crescimento Produto Interno Bruto (PIB), também se comparado às projeções para 2018.

Luguinho Cândido, Da Silva Santos e Rolim Tavares (2019) levantaram os principais pontos econômicos desencadeados pelo fenômeno das manifestações dos caminhoneiros nas rodovias federais e estaduais do Brasil durante a greve geral de 2018.

O presente estudo buscou analisar as características do movimento dos caminhoneiros à luz das teorias sobre movimentos sociais, não com o intuito de enquadrá-lo necessariamente nesse conceito, mas com vistas a elucidar novos ângulos para compreensão dessa ação social específica. Esse objetivo baseou-se na concepção de que o olhar focado na dimensão conceitual e normativa, embora relevante, é insuficiente para captar plenamente aspectos como as potências e limitações (GURZA-LAVALLE, 2003) da ação coletiva em estudo.

Para iniciar a caracterização do movimento dos caminhoneiros, à luz das teorias de movimentos sociais, observa-se continuidade no movimento, uma vez que ele não se iniciou nem se encerrou com a paralisação de maio de 2018.  Conforme aponta Souza Júnior (2020), o movimento remonta a outra grande crise na história recente, em 2015, tendo registros de manifestações nacionais e regionais e anúncios de novas paralisações em anos seguintes ao ano de 2018.

Ademais, embora o movimento aparente, à primeira vista, suscitar reivindicações de cunho privado ou restrito ao grupo dos caminhoneiros, nota-se que as demandas, construídas a partir de elementos complexos e transversais, não dizem respeito apenas a direitos desses trabalhadores, mas também visam transformações nas políticas públicas, com repercussões para além dos atores diretamente envolvidos. Nesse sentido, as duas principais pautas de reivindicações encontradas por Pereira (2021), consistiam na redução do preço do combustível e mais segurança nas rodovias.

O atendimento dessas demandas proporcionaria um efeito indireto para a população de modo geral, ao diminuir os custos de frete e, consequentemente, os preços finais dos produtos para os consumidores. A maior segurança também produziria o mesmo efeito, na medida em que reduziria o índice de sinistros e, portanto, baratearia o preço do transporte de cargas. Como efeitos diretos decorrentes do acatamento das reivindicações, podem-se citar, entre outros, a redução de preço também para os demais usuários do óleo combustível e o aprimoramento da segurança para todos os que transitam pelas rodovias nacionais.

A formação do movimento e seu desenvolvimento revelam construção de engajamento organizacional e de significados comuns, além de um sentimento de solidariedade entre os atores, tendo presente que “a construção de uma cultura de classe” constitui fator chave para “a união de diferentes profissionais ligados ao setor do transporte em torno de uma mesma pauta bem como para o sucesso do movimento” (SOUZA JÚNIOR, 2020, p. 1-2).

Passando para a análise das formas de atuação do movimento, a greve de maio de 2018 poderia ser considerada um exemplo de período de visibilidade, no qual os caminhoneiros utilizaram-se de distintos repertórios de ação no âmbito dos espaços sociopolíticos constituídos. Inicialmente, antes mesmo de instalar-se a greve, foram realizadas tentativas de negociações com atores estatais, como meio de se evitar a paralisação, porém seu insucesso, contextualizado em estruturas hierarquizadas e setorizadas do Estado e na ausência de APTP para interações em fóruns híbridos entre caminhoneiros e a sociedade política, levou à convocação da greve. Em momento posterior, já com a manifestação em estágio mais avançado, verificou-se “a abertura do diálogo com o Governo Federal, que até então se mostrava impassível, bem como o atendimento a seus principais pleitos” (SOUZA JÚNIOR, 2020, p. 1). Ademais, a estratégia da paralisação foi utilizada com base no aprendizado do movimento de que o repertório fora efetivo quando da greve de 2015 (SOUZA JÚNIOR, 2020).

Em que pesem algumas consequências da paralisação que poderiam ser consideradas negativas, o que permitiria inclusive reflexão crítica acerca da agenda com a questão do conceito de ação pública transversal e de wicked problems, com destaque para desabastecimento de produtos essenciais, como alimentos e medicamentos, o movimento dos caminhoneiros obteve significativo apoio da população brasileira (PINHEIRO-MACHADO, 2019 apud PEREIRA, 2021). Esse endosso foi possível graças a um esforço de publicização do problema de forma a evidenciar suas implicações mais gerais, “uma vez que a sociedade também se viu representada pela manifestação, na medida em que a política de reajuste da Petrobras atingia a todos” (SOUZA JÚNIOR, 2020, p. 3).

Evidencia-se, assim, a construção do problema público como um movimento social, em consequência da dimensão de indagação e experimentação (CEFAÏ, 2017) colocada em prática quanto aos direitos e condições de trabalho e vida desses profissionais. Ao alçar essas demandas ao centro do debate público, o movimento impulsionou não apenas a participação política dos próprios trabalhadores, como também a reflexão da sociedade civil a respeito da centralidade dessa categoria para a vida societária e de suas necessidades mais prementes (SILVA; ALVES; LAGE, 2019).

Embora se possa problematizar o alcance explicativo da lógica da racionalidade proposta pela TMR, sobretudo, no contexto da ação social, pode ser válida e útil como ferramenta analítica a ideia de que os movimentos, de forma coletiva, angariam recursos buscando a materialização de suas demandas. Nesse sentido, a conclusão alcançada por Pereira (2021), de que as reivindicações da greve de 2018 foram atendidas em decorrência, primordialmente, dos “prejuízos” provocados ao “mercado” e à economia nacional como consequência da paralisação, poderiam ser um indicativo desse modo de atuação.

Conclusiones:

Os estudos dos movimentos dos caminhoneiros no Brasil, a partir de um olhar à luz das teorias dos movimentos sociais e da ação pública, contribuiu para a reflexão crítica acerca das especificidades do movimento social, suas questões multidimensionais formadas pelas múltiplas interações entre os diversos atores, bem como para sua importância nos ambientes sociopolíticos constituídos. Nesse contexto, destacam-se elementos essenciais desse movimento social dos caminhoneiros, como a sua continuidade, uma vez que não esteve restrito a um único episódio, e a existência de elementos complexos e transversais da agenda, pois visam transformações profundas nas políticas públicas. É possível, assim, vislumbrar um leque de possibilidades envolvendo o movimento social dos caminhoneiros e a transversalidade da ação pública de fóruns participativos. 

Vale destacar que a problemática exposta, nesse contexto, vai muito além da questão da categorização do movimento dos caminhoneiros, uma vez que compreende questões públicas com repercussões amplas na sociedade. 

A Revisão de Literatura demonstrou que, após a greve dos caminhoneiros de 2018, houve um aumento no número de artigos sobre a temática apenas em 2019, passando a impressão de que tal tema, mesmo sendo de fundamental importância para o país, voltou a passar despercebido pela academia após o ano de 2020.

Como limitações do estudo, podem ser consideradas a baixa quantidade de pesquisas existentes sobre os caminhoneiros brasileiros e a falta de informações detalhadas sobre a evolução da categoria, tais como: alterações no quantitativo de profissionais, mudanças de hábitos, informações sobre o perfil desses profissionais e dos grupos que exercem algum tipo de influência sobre a classe. Nesse sentido, classificações como caminhoneiros autônomos, empregados com carteira assinada, freelancers, desempregados, de longa distância, urbanos, rurais, por regiões, por religiões, entre outras, podem nortear novas pesquisas. 

Como continuação dos estudos, sugere-se analisar o caráter público dos serviços prestados por esses profissionais à sociedade; quantificar a classe e melhor dimensionar quanto às suas especificidades; e, traçar o perfil epidemiológico e social desses transportadores, propondo uma série de políticas públicas direcionadas por APTP voltadas para a categoria.

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Palabras clave:

Ação Pública; Movimentos Sociais; Caminhoneiro do Brasil.

Acción Pública; Movimientos sociales; Camionistas de Brasil.

Public Action; Social Movements; Truckers from Brazil.

Resumen de la Ponencia:

El objetivo de la ponencia es describir cómo algunos festivales musicales en 2022 dentro de territorio mexicano permitieron a las y los asistentes tener un espacio de encuentro no solo para disfrutar de un line up, sino para introducirse en una celebración conciliadora y estado extático después de dos años de condiciones adversas provocadas por el virus SARS-CoV-2. A partir de la observación participante y entrevistas semi-estructuradas en eventos como Electric Daisy Carnival (EDC), Vive Latino y Ceremonia; se exponen los resultados cualitativos que están apoyados por los conceptos de fiesta y juego en H.G. Gadamer, que permiten entender el retorno a esos espectáculos como una disrupción temporal en la que afectos, corporalidades se demoran y juegan, aquí se tocará también la relación entre la música y una catarsis emotiva provocada por la fascinación ante lo experimentado, las aportaciones de Josep María Fericgla serán muy útiles. A su vez, se especificará el papel que tiene el sistema límbico y las neuronas espejo al crear empatía y  brindar una suerte de reconciliación con la realidad -tanto a nivel personal como colectivo- que trajo la pandemia. Los hallazgos obtenidos permiten darles otra percepción a estos eventos, más allá del aspecto comercial y mainstream, son también una suerte de diálogo con las emociones, el arte y la comunicación interpersonal.

Resumen de la Ponencia:

En octubre de 2019, estudiantes de distintas universidades públicas costarricenses protagonizaron un movimiento contra las intenciones del gobierno de recortar y “redireccionar” el presupuesto universitario estatal. Meses antes, el gobierno había promulgado una reforma fiscal regresiva que, entre otras medidas, pretendía someter a las universidades públicas a la denominada “regla fiscal”, la cual era contraria al mandato Constitucional relativo al financiamiento y a la autonomía de la educación superior. El movimiento, que se prolongó varias semanas e incluyó múltiples acciones, realizó la ocupación ("toma") de distintas instalaciones universitarias y llevó adelante una intervención gráfica masiva en algunos edificios, plasmando espontáneamente una serie de imágenes y textos que demandaban el respeto al presupuesto y la autonomía, pero también incorporaban una amplia variedad de temáticas que trascendían esa problemática y preocupaban a los y las estudiantes universitarios movilizados.  La ponencia que se propone tiene como fin presentar una aproximación a las particularidades de esta movilización universitaria mediante el análisis de contenido la gráfica de protesta estampada por los y las estudiantes en los muros, pilares, ventanas y otros espacios de los edificios universitarios.  Para ello, se utilizará la información contenida en una base de datos con más de cinco mil registros, producida por el proyecto Gráfica de protesta. Memoria visual del movimiento estudiantil universitario costarricense (2019), coordinado por el autor de esta ponencia y realizado en la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica.

Resumen de la Ponencia:

A pandemia do novo coronavírus acelerou uma tendência de formas de participação social e política que já vinham em evidência na sociedade contemporânea, o ativismo digital ou o ciberativismo, em seus diferentes tipos e graus. Com as medidas de prevenção e controle à Covid-19, que visavam reduzir a circulação de pessoas nos centros urbanos, como as quarentenas, ativistas e movimentos sociais com forte presença off-line precisaram reinventar estratégias e formas de atuação on-line para se manterem ativos. Aqueles já totalmente consolidados nesse ambiente tiveram a chance de crescer e se por em evidência. É o caso do ativismo proposto pelos abaixo-assinados on-line, também chamados petições on-line. As redes sociais digitais têm sido bastante utilizadas por diversos grupos como meio de mobilizar e dar visibilidade a causas defendidas por ativistas no mundo todo. Com a pandemia, elas passaram a ser, praticamente, os únicos espaços para fazer protestos e manifestações e também têm sido o caminho utilizado para divulgação e busca de adesões das petições online. Em 2020 e 2021, protestos que aconteceriam exclusivamente nas ruas foram transferidos para a internet. As marchas virtuais se avolumaram, como a Marcha Mundial de Mulheres, a Marcha pela Ciência, promovida pela SBPC, ou as Paradas do Orgulho LGBT, entre tantos exemplos. É possível que, no pós-pandemia, muitos desses grupos continuem a utilizar essa forma de atuação, ainda que de maneira híbrida. Nesse ínterim, segundo a mídia, a pandemia representou um aumento de 160% na criação de abaixo-assinados em uma das plataformas que oferecem este serviço, a Change.Org, uma das maiores empresas desse ramo no mundo e presente no Brasil desde 2012. Essas petições são criadas por pessoas, coletivos e empresas, sobre as mais diversas causas, mas o tema político se sobressai no Brasil. Em 2021, esta plataforma somava um total de 66 petições pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (17 petições em 2019, 31 em 2020 e 18 só nos dois primeiros meses do ano de 2021). Este artigo analisa uma pesquisa quantitativa on-line, que realizamos com 125 participantes em março e abril de 2020, onde demonstraremos alguns aspectos importantes que representam a opinião e o perfil dos usuários desses abaixo-assinados on-line e que podem nos ajudar a entender como esta forma institucionalizada e não violenta de participação social e política vem se consolidando e crescendo num país com uma democracia jovem e frágil, para não dizer precária, como o Brasil, com processos de impeachment, golpes de Estado e instituições questionadas e desrespeitadas pelo próprio poder executivo. Os dados da pesquisa serão apresentados sob a forma de gráficos e tabelas e analisados à luz das teorias dos novos movimentos sociais e das influências das novas tecnologias de comunicação e informação. 

Resumen de la Ponencia:

Desde principios del año 2020 la pandemia del coronavirus propició que el Estado de la República Dominicana impusiera una dinámica social de cuarentena que obligaba a las personas a tener un aislamiento corporal que no se acostumbraba en la cultura dominicana. El movimiento social masivo que lucha contra la corrupción y contra la impunidad, Marcha Verde, estaba pasando por una etapa de vigilar casos de corrupción y la llegada de esta pandemia reforzó que esta etapa se mantuviera por mayor tiempo, prácticamente sin salir a luchar para las calles, pero apoyando a otros movimientos afines en sus respectivas luchas. De ahí que tanto la estructura organizacional de Marcha Verde se vio forzada a cambiar completamente a un ámbito ciberespacial y también el activismo se empezó a manifestar más por Internet. Mientras esto sucedía, algunas personas externas a Marcha Verde difundieron ideas falsas de la misma, por Internet. Algunos miembros de Marcha Verde confrontaron estas ideas en forma de debates a través de algunas herramientas de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, dando lugar a una resistencia psicológica y sociológica, es decir, psicosocial. En este trabajo se realizan algunos apuntes iniciales para una revisión comparativa de estos debates desde la postura interna de un activista de Marcha Verde y autoetnografía del propio autor de este trabajo.

Resumen de la Ponencia:

Se muestran los resultados preliminares de una investigación en curso cuyo objetivo es el analizar experiencias de cohesión social a partir del significado de las acciones políticas y colaborativas desplegadas durante el contexto de conflictividad y crisis sanitaria en dos barrios de la zona norte de Santiago de Chile. El estudio se sitúa sobre el diagnóstico que señala que a partir del estallido social del 2019 y la crisis sanitaria del 2020 en Chile, se ha dado un giro importante en la tendencia histórica de cohesión a nivel general que ha influenciado la aparición de diversas acciones colectivas y solidarias en distintos barrios del país bajo una narrativa común de solidaridad asociada a un malestar generalizado que tomo fuerza a partir de la colectivización de valores sociales como la “dignidad” y que ha generado importantes prácticas sociales; lo cual visibiliza un giro en la sensibilidad de las personas respecto a las desigualdades en el país. En dicho escenario, se han observado crecientes procesos de re-solidarización y recomposición de vínculos sociales, cambios en las valoraciones sociales y nuevas prácticas de organización social que han contribuido al despliegue de experiencias cohesivas expresadas en prácticas colaborativas, que a su vez han reactivado manifestaciones de asociatividad a nivel vecinal en distintos territorios, especialmente en los sectores menos favorecidos.  Entre los resultados preliminares del estudio, se observa que las acciones colaborativas en barrios precarizados no solo se presentan como una expresión de solidaridad, sino que también aparece producto de una sensibilidad específica sobre su experiencia vital. Su significado refiere a un estado en el que los individuos se encuentran unidos mediante actitudes, comportamientos, emociones, valores y representaciones que se expresan en prácticas orientadas a un horizonte de bienestar dentro de un territorio especifico; por tanto se ve la cohesión barrial como un fenómeno situado que responde a propósitos normativos específicos y dinámicos. Así también, se observa que la acción colaborativa es entendida doblemente como ayuda social y como actividad socio-política. En ellas hay una idea de recomposición social circulante que está en tensión con la percepción de una relativa retracción hacia los hogares. Las experiencias de cohesión social observadas en barrios populares, responde a un modo singular de combinar diferentes principios de organización social, como la reciprocidad, la solidaridad, la responsabilidad social, la empatía, confiar, ayudar y cooperar, entre otros; que definen los criterios socialmente obligatorios para la organización colectiva de la vida social y que cristalizan en una configuración normativa de la acción colectiva. En el estudio también se visualizan ciertos conflictos asociados a la convivencia entre vecinos y entre estos y migrantes. La cohesión en los barrios también reproduce ciertas distancias o barreras internas que marcan cierta conflictualidad.

Resumen de la Ponencia:

En esta ponencia se exponen los resultados del proyecto de investigación “Violencia, feminicidio y estrategias desde la resistencia en México ante el COVID-19 (PAIIT 2021 – 2022)”.  Durante el 2021 se realizaron entrevistas y grupos focales para documentar las estrategias de los colectivos que acompañan la defensa legal de casos de violencia contra las mujeres. Se estudiaron las experiencias de defensoras en diez estados del país. Se consideró: 1) la intersección de la violencia de género con otras violencias directas y estructurales presentes en los diferentes contextos; 2) los limitantes en sus organizaciones; 3) las problemáticas derivadas del confinamiento por la propagación del virus SAR-CoV-2.Se hace evidente que las instituciones federales y locales se han visto limitadas para garantizar la seguridad y la procuración de justicia. Frente a este escenario, colectivos y grupos locales en México generan dinámicas de activismo para exigir acciones efectivas, coadyuvar o demandar a las instituciones públicas, acompañar y atender a las víctimas de feminicidios en su búsqueda por la verdad y la justicia, implementar el tipo penal de feminicidio en los estados, capacitar a los ministerios públicos y oficinas locales de seguridad que atienden a las víctimas, eliminar la impunidad en la que se encuentran los casos de agresiones en contra de las mujeres, entre otras.

Resumen de la Ponencia:

La pandemia del Covid-19 modificó la dinámica social y la forma en como concebíamos dichas dinámicas. Desde finales del año 2019, no solo nos sumergimos en una crisis política, económica y de salud a nivel mundial, sino que dichas crisis han obligado a intelectuales y académicos a reflexionar sobre los tiempos pandémicos o cómo es el mundo social en pandemia. Como diría Boaventura de Sousa Santos (2020), este cruel virus nos obligó a formular nuevas pedagogías, nuevas formas de aprender, y en este caso nuevas formas de investigar, nuevos modos de acompañar. En pocas palabras, nos obligó a construir nuevas metodologías. Pese a las diversas lecturas pesimistas sobre la situación, la irrupción de diversos movimientos sociales durante el año 2020 y 2021 da evidencia de sujetos sociales indignados que pese a las reglamentaciones sanitarias han salido a manifestarse, han sido el virus que ha roto la cuarentena. Es muy probable que el más reconocido de estos movimientos sea Black Lives Matter, protestas que surgieron en diversas ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía. En México, más específicamente en la ciudad de Guadalajara, fuimos testigos del movimiento para pedir justicia para Giovanni Lopez (Lopez, 2021), y en otros contextos, pero sin dejar de lado la indignación popular, podemos recuperar algunas movilizaciones que se suscitaron tras el asesinato de Javier Ordoñez en Bogotá, Colombia (Pardo, 12 de septiembre del 2021), las que estaban en contra del golpe de Estado en Birmania (Oo, Ford & Pickeney, 2021) o nuevas formas de organización y performatividad como las que se dieron en algunos países de Europa como España o Italia (della Porta, 2020). Ante esa crisis, surge otra que es interna y que avanza en términos analíticos y metodológicos a la par: ¿desde donde podemos estudiar a estos sujetos sociales que han surgido en tiempos pandémicos? ¿Cómo podemos acompañarlos? ¿Cómo podemos analizar su práctica política? ¿Cómo es que esta se ha modificado a partir de las reglamentaciones sanitarias? 

Resumen de la Ponencia:

Las redes sociodigitales se han convertido en instrumentos políticos de organización no convencional y en espacios de convergencia emotiva y reinvención de lo comunitario, especialmente entre los jóvenes. Las nuevas movilizaciones, un poco a ras de calle y otro en el ciberespacio, comparten la centralidad del individuo, su subjetividad, su visión ética del mundo, de la economía y de la política. Se trata de prácticas que han dejado en lo general el espacio de las reivindicaciones obreras para asumir demandas de inclusión de otros colectivos fuera de las nomenclaturas de las clases sociales, y que reconocemos como anónimos y reticulares. El presente trabajo retoma casos de movilizaciones juveniles en diversas partes del mundo, incluido el espacio latinoamericano. En ellos observa los siguientes rasgos, producidos de manera consecutiva:•   La utilización de sistemas de comunicación en red, posibilitados por el internet 2.0, para producir y circular información;•   la construcción de un imaginario de autolegitimiación y de demarcación entre ellos / nosotros;•   la percepción de una distancia por recorrer para conseguir la inclusión o el reconocimiento;•   la necesidad no necesariamente consciente de efectuar inversiones simbólicas y materiales para integrar el colectivo, y•   el desarrollo de una cultura para la necesaria apropiación, dotada de su propios Leitmotiven, lenguaje, humor, estética y cartografías.La exposición concluye que la horizontalización del discurso ha propiciado una era de activismo que el sistema establecido no ha sabido entender. Éste ha logrado la contención de aquellos casos en los que el uso de la fuerza física está respaldado por dispositivos de control. Mientras tanto, la contraparte social aún lucha por debajo de cierto umbral, desde la supervivencia y la dignidad, alimentando en las pantallas una cultura de la acción y la resistencia para gestionar lo posible hasta que el impacto a la estructura no pueda esperar más.