Resumen de la Ponencia:

Las medidas sanitarias de aislamiento social, tomadas por la irrupción de la pandemia Covid-19, causaron profundas transformaciones en nuestras sociedades latinoamericanas. A nivel musical, el contexto de aislamiento alteró las formas en que se realiza la actividad e interrumpió las presentaciones presenciales en vivo a nivel global, haciendo que las formas digitales dominen la escena. En el caso argentino, este panorama permitió ver las desigualdades en la inclusión digital y la falta de acceso y apropiación de herramientas digitales de muchos/as músicos/as autogestionados/as para reacomodarse ante los nuevos desafíos. Lo dicho implicó nuevas formas de precariedad para quienes no pudieron acceder a modalidades virtuales y reprodujo y amplificó las desigualdades preexistentes; además de intensificar el malestar y el descontento social de muchos/as de estos/as artistas. 

En este nuevo y complejo escenario, algunos/as artistas se organizaron y lucharon en pos de transformar la realidad, es el caso de los/as músicos/as de rock de Avellaneda (una ciudad del suburbio de la provincia de Buenos Aires, Argentina) que, a causa de las medidas gubernamentales de restricción social, vieron restringidas sus posibilidades de tocar en vivo –bajo el formato convencional-. Estos/as artistas pusieron en común sus intereses y se organizaron en colectivos que demandaron al municipio políticas culturales acordes con la nueva realidad. En este trabajo considero a la actividad musical como una práctica social cooperativa, colaborativa y colectiva, y me sirvo de las propuestas que plantean el protagonismo que los colectivos artísticos asumen en el diseño, la implementación y la gestión de las políticas culturales -y en la lucha por la ampliación de derechos-.

Focalizando en el surgimiento de nuevos colectivos de artistas y músicos/as autogestionados/as de rock, durante la pandemia de la Covid-19, esta ponencia se propone analizar la organización, la acción colectiva y la lucha que emprendieron los/as músicos/as avellanedenses para obtener políticas culturales que los/as beneficien, como así también vislumbrar los procesos de negociación, articulación, demanda y disputa que encararon con el estado municipal. Para cumplir dicho objetivo, me serviré de entrevistas –a autoridades, funcionarios y músicos/as locales- y observación participante, a fin de recuperar las voces –múltiples, variadas y cambiantes- de agentes que intervienen en la producción musical y analizar sus particulares prácticas y experiencias.

En definitiva, me interesa remarcar que ciertos grupos de músicos –varones– han participado colectivamente en los procesos de demanda, negociación y elaboración de las políticas culturales; aunque también han promovido conflictos y disputas que provienen de las desigualdades en el acceso a las políticas culturales y que se vinculan con desigualdades de género, desigualdades en el uso y apropiación de las tecnologías digitales y con la falta de consideración de los/as músicos/as como trabajadores de la cultura.

Introducción:

Considero a la actividad musical como una práctica social cooperativa, colaborativa y colectiva, en los términos planteados por Becker (2008), que emerge gracias a una red de trabajo que incluye a diferentes actores, actrices y agentes. En esta trama, el Estado interviene mediante sus políticas culturales dirigidas a la actividad musical; aunque, como ha sido señalado (García Canclini, 1987; Crespo et al., 2015; Infantino, 2019b, 2019c, 2020), no es el único actor de las políticas culturales, pues grupos comunitarios y colectivos artísticos, entre otros, también inciden, disputan y generan políticas culturales. Según Infantino (2019c), desde mediados de los 2000, diferentes colectivos culturales y artísticos –que en otras épocas constituían su independencia separándose del Estado y el mercado- resinificaron su relación con el Estado, en términos de demanda política –y ya no solo de resistencia–. 

En este clima de época, caracterizado por demandas de políticas democrático-participativas a nivel regional y por el proceso de discusión que derivó en 2012 en la sanción de la Ley Nacional de la Música (Cingolani, 2019, 2020; Infantino, 2019a, 2019c, 2019d, 2020), los músicos comenzaron a pensar al Estado como agente garante de derechos, al cual se le puede demandar (recursos, reconocimiento y participación en la formulación de políticas culturales) y con el cual se puede articular y negociar para defender sus derechos. En la ciudad de Avellaneda sobresale el caso la Unión de Músicos de Avellaneda (UMA), un colectivo de músicos/as autogestionados/as de rock -en su mayoría adultos mayores y exclusivamente varones- que nació en 2012, durante el concurso de municipal Arde Rock. Este colectivo tiene contacto directo con el área de cultura municipal, participa en la elaboración y el desarrollo de sus políticas públicas y asume una militancia política alineada con la gestión municipal; además, algunos/as de sus integrantes ocupan puestos laborales en el municipio –en el área de sonido-.

Siguiendo las propuestas que plantean el protagonismo que los colectivos artísticos asumen en el diseño, implementación y gestión de las políticas culturales -y en la lucha por la ampliación de derechos-, propongo analizar el caso de los colectivos de músicos/as autogestionados/as de Avellaneda y las disputas que sostienen en relación a la demanda hacia el Estado por políticas culturales democrático-participativas, inclusivas y redistributivas, en el contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), decretado a causa de la pandemia de Covid-19[1]. Si bien los grupos de artistas estudiados accionan de forma conjunta, cooperativa y colaborativa, en el campo hay desacuerdos (Rancière, 1996) y tensiones ligadas con la organización interna de cada colectivo. En el caso de la UMA, muchos/as músicos/as cuestionan su forma de cubrir eventos municipales, que prioriza a los músicos y bandas que integran su Comisión Directiva. En este sentido, y tal como ha argumentado Infantino (2020), la potencia de lo colectivo y del actuar juntos para lograr objetivos comunes implica generar consenso dentro de los mismos colectivos de artistas que deben trascender las disputas internas.

El ASPO alteró la actividad musical e interrumpió las presentaciones presenciales a nivel global durante gran parte del año 2020 y 2021. En el caso local, los formatos en que pasó a realizarse la actividad permitió ver las desigualdades en la inclusión digital, la falta de acceso, uso y apropiación de las nuevas tecnologías digitales y la falta de herramientas de muchos/as músicos/as para reacomodarse ante los nuevos desafíos. Lo dicho implicó la emergencia de nuevos conflictos y desafíos para la producción musical autogestionada y para las políticas culturales locales –que se suponen inclusivas-, nuevas formas de precariedad para quienes, por diferentes motivos, no pudieron acceder a modalidades virtuales y la conformación de nuevos colectivos de artistas y profesionales que hacen al mundo del rock local -y que pasaron a articular con el área de cultura municipal-. El contexto de emergencia sanitaria, según señaló Quiña (2020), puso de manifiesto que son los/as trabajadores/as de la cultura quienes más han padecido el estancamiento económico debido a la precariedad de sus condiciones laborales.

En este contexto local, atravesado por brechas digitales y la reconfiguración de las formas de hacer música, me pregunto ¿Cómo reconfiguran sus prácticas musicales los/as músicos/as que por diferentes motivos no se han apropiado de las tecnologías virtuales? ¿Cómo se adecuan las políticas culturales a estas nuevas dinámicas de exclusión/inclusión que suponen los nuevos formatos en que se realiza la actividad musical? Para responder estas cuestiones realicé entrevistas y observación participante, a fin de recuperar las voces –múltiples, variadas y cambiantes- de quienes intervienen en la producción musical local y analizar sus prácticas y experiencias. Considero que hay un grupo de músicos/as que permanece alejado –por motivos múltiples– de las tecnologías digitales, para quienes tocar en vivo es su principal recurso, motivación y posibilidad –y así lo expresan–; pues, fruto de mi trabajo de campo con músicos/as autogestionados/as de rock de Avellaneda, advertí la preferencia entre los/as artistas por tocar en vivo “de forma tradicional”.

 

[1] Partes de los desarrollos presentados en este trabajo forman parte de mí tesis doctoral (Saponara Spinetta, 2021). Versiones preliminares fueron presentadas en jornadas, congresos y coloquios (Saponara Spinetta, 2020, 2021).

Desarrollo:

Nuevos desafíos para la actividad musical autogestionada y para las políticas culturales locales durante la pandemia

A diferente de lo que sucede en otras ciudades, como La Plata, donde el uso de las nuevas tecnologías permite realizar actividades extra sonoras, abaratar costos de producción y aportar a la profesionalización de los/as músicos/as (Gallo y Semán, 2015); el estudio de Quiña et al. (2019) señala la falta de acceso, uso y apropiación de las nuevas tecnologías digitales por parte de los/as músicos/as que autogestionan su actividad en Avellaneda -además de las condiciones laborales informales, precarias e inestables-. Me interesa reproducir un fragmento donde un músico expresó: “No lo usamos [N. del A.: a lo digital] como herramienta porque no sabemos cómo ni tenemos las condiciones” (ídem: 138). Aunque refiere a otro momento y contexto, dicho trabajo aporta datos para pensar el contexto de ASPO.

Según la perspectiva de Becker (2008), la actividad cooperativa y colectiva, que permite realizar la obra artística, se realiza gracias a la existencia de convenciones artísticas.Y esto es lo que se reconfiguró en el contexto de ASPO: las convenciones, esas formas de hacer y de producir música en coordinación con otras personas y agentes. Entiendo que el trabajo en red de las personas que colaboran para realizar recitales se vio afectado por la interrupción de la actividad. En este marco, las plataformas digitales, los shows vía streaming o los vivos de artistas en redes sociales cobraron un protagonismo mayor y fueron ocupando el lugar vacío que dejó el recital en vivo. Lo cual, si bien para ciertos/as músicos/as significó nuevas formas de percibir ingresos (mediante un pago prefijado o la modalidad a la gorra virtual), para otros/as implicó nuevas formas de precariedad. Es el caso de muchos/as músicos/as que producen sus obras de forma autogestionada -y de manera colectiva– en contextos locales como el expuesto; y que, por diversas y múltiples razones, se encuentran alejados de las tecnologías digitales. 

Me interesa introducir el caso de un músico local: “El Viejo”, a quien conocí en 2016 cuando comencé a tocar en su banda. Él se angustiaba cuando las cosas en la música no le salían como quería y su mayor angustia llegó con la pandemia. Solíamos charlar por Whatsapp y él me contaba que estaba cansado de estar encerrado, que necesitaba tocar y que no veía la hora de hacerlo: “ya vamos a poder tocar de nuevo”, decía con optimismo. Ante esta situación, le pregunté: ¿por qué no hacer un vivo por redes sociales? En ese momento no recibí una respuesta, con el tiempo advertí que para este músico la virtualidad ni siquiera era una alternativa que pudiera considerar. Él quería hacer música de forma “tradicional”, ensayar con su banda, tocar en vivo, estar con sus amistades. El caso de este artista me permitió advertir la falta de apropiación de recursos virtuales aplicados a la producción musical autogestionada en el caso local y la falta de reconocimiento de estas limitaciones por parte de las políticas públicas.

Ahora bien, las políticas culturales que el municipio venía dirigiendo a la actividad musical no eran aptas para funcionar en el contexto de ASPO, ni tampoco tenían en cuenta los soportes virtuales que –aunque ya venían creciendo– pasaron a tener mayor uso. El encargado de gestionar los eventos culturales del municipio señaló programas que –antes de la pandemia- contemplaban la actuación en vivo bajo el tradicional formato. Sobresale el Cine Teatro Wilde -con programación musical de artistas locales-, “los eventos de los orgullos de las localidades” -donde artistas locales telonearon a las bandas grandes-, los programas en las plazas o en la vía pública[1] y el Estudio Municipal de Grabación –que se ofrece gratuitamente a los/as músicos/as locales-.

Según el director del área de cultura, estas políticas vienen a resolver la mayor demanda que tienen los/as músicos/as: tocar. Sobre la cuestión, el músico que gestiona los eventos musicales en el municipio explicó que, si bien el Estado pone las herramientas necesarias para promover a la profesionalización de los/as músicos/as, son estos/as mismos/as quienes no se asumen como trabajadores/as de la cultura. En esta línea expuso: 

 

Teniendo 16 años podes pensar la posibilidad de vivir de la música, y si el Estado te propone a vos diferentes herramientas de formación académica, de formación profesional, espacios para tocar, no solo El Veredazo sino también que puedas hacer un teatro y tocar para un público desde 200 a 2000 personas, creemos que el Estado tiene que poder garantizar eso, ahora para que la comunidad pueda pensarse a sí misma como trabajador de la cultura tiene que haber un cambio generacional (entrevista, 2019).

 

Considero que en el mundo del rock autogestionado local los/as músicos/as tienden a no considerarse como trabajadores/as culturales pues, aunque muchas veces demandan al municipio que se les pague por tocar, a la hora de relacionarse con el sector privado reproducen la práctica de “pagar para tocar”. Ahora bien, pese a que las políticas culturales dirigidas al sector venían a dar posibilidades para tocar en vivo, durante el contexto de aislamiento los/as músicos/as pasaron a demandar exclusivamente espacios para tocar en la vía pública y ya no compensaciones económicas.

 

El surgimiento de nuevos colectivos de artistas y profesionales durante la pandemia

Al frenar la actividad en vivo, el nuevo contexto perjudicó a quienes colaboran para realizarla. En el caso local, advertí una puja entre dos posiciones. Una demandó al municipio espacios públicos para tocar y la otra avaló y acató la suspensión de eventos municipales como una política sanitaria repitiendo el lema: “quédate en casa”. La segunda postura fue encarada por la UMA, acorde con las medidas impulsadas desde el gobierno. Mientras que la primera fue impulsada por músicos que han criticado a la UMA por la posición de privilegio que sus integrantes tienen en la política municipal, y fue encarada por los músicos que participan en una reconocida zapada local -Jam Blues en Avellaneda- y que pasaron a demandar y presionar al municipio.

Sostengo que las disputas al interior del mundo del rock autogestionado avellanedense provienen de las desigualdades en el acceso a los recursos y oportunidades que provee el área de cultura municipal. Además, esa injerencia se articula con otras dinámicas, propias del mundo del rock local, vinculadas con las desigualdades de género, las desigualdades en el acceso (uso y apropiación) de las tecnologías digitales y la falta de consideración de los/as músicos/as como trabajadores/as de la cultura. Considero relevante el hecho de que los/as músicos/as tendieron a acusar a la UMA por acaparar oportunidades al mantener vínculos con la gestión municipal; y es a partir de esta trama que se puede entender el acercamiento de los/as músicos/as, mediante la organización en nuevos colectivos, que pujaron y demandaron al municipio para acceder e intervenir en el desarrollo y acceso a las políticas culturales dirigidas al sector. En efecto, en el caso local, son los mismos conflictos que emergen entre los/as músicos/as los que hacen que se generen agrupamientos y nuevos colectivos –con intereses propios– que pujan por acceder y participar en la elaboración y realización de las políticas culturales.

Desde febrero de 2021, los músicos de la Jam Blues en Avellaneda realizaron una campaña mediante redes sociales con el lema: “que el municipio nos deje tocar”. Lo dicho derivó en reuniones entre el área de cultura municipal y diferentes músicos/as y en la realización espectáculos gratuitos transmitidos por el canal de YouTube de la Municipalidad -Pantalla Avellaneda[2]-. Con el lema “contenidos audiovisuales producidos en nuestra ciudad para disfrutarlos desde tu casa” se encararon las Sesiones Centro Municipal de Arte (CMA) –haciendo uso de las instalaciones del estudio de grabación municipal- y los recitales en el Cine Teatro Wilde y en el Teatro Roma. En este sentido, considero vital entender la producción de las políticas culturales como campo de disputa, enfrentamiento, consenso y negociación en la que intervienen diferentes agentes –no solo estatales– (García Canclini, 1987) y desde desiguales condiciones de poder (Crespo et al., 2015; Infantino, 2019b). En julio de 2021 se retomó la actividad presencial, con aforo, en el Cine Teatro Wilde, allí se presentaron músicos/as y bandas locales, entre estos/as Blues en Avellaneda. 

Además de Blues en Avellaneda, sobresale el caso de la Unión de Salas de Ensayo y Estudios de Grabación de Avellaneda (USEEGA), un colectivo que se formó en marzo de 2020. Según uno de sus fundadores “empezamos a hablar un par de salas que nos conocíamos, por el tema de que estaba todo cerrado” (entrevista, 2021). Tal como expresó el entrevistado, más allá del contexto de la falta de trabajo por la pandemia, USEEGA se formó para pedir por una legislación, una habilitación, una reglamentación para las salas de ensayo de Avellaneda, y por eso se buscó gestionar con el área de cultura, para generar un proyecto que les permita salir de la situación marginal en que se encuentra el sector[3].

Para ilustrar las reconfiguraciones producidas durante el nuevo contexto, el vínculo con el estado municipal y la emergencia de nuevos colectivos, considero pertinente focalizar aquí en la trayectoria del líder de la banda Flema y representante de USEEGA. El músico ha articulado y se ha vinculado con la UMA y el área de cultura municipal; esa experiencia le brindó información sobre las convenciones y le permitió organizarse con otros actores del sector de salas de ensayo y grabación en pos de disputar espacios y sentidos a nivel local. De este modo, USEEGA se conformó como un nuevo colectivo que pasó a incidir, colaborar y participar en la elaboración e implementación de las políticas culturales municipales. En términos generales, considero que el caso de la UMA, como colectivo de artistas, sirvió de ejemplo para que otros actores vinculados con el mundo del rock local se organicen, se agrupen y conformen nuevos colectivos, los cuales pasaron a articular, negociar y pujar con el área de cultura para obtener recursos y políticas públicas del gobierno municipal.

 

Incorporación de nuevos colectivos, exclusiones y articulación con el municipio

Entre septiembre y octubre se realizó el Festival municipal Arde Rock 2021, donde bandas locales realizaron sus shows los días domingo en dos escenarios simultáneos. En sus versiones anteriores, la UMA era la única organización que colaboraba con el evento aportando artistas, pero en 2021 se integró a los colectivos emergentes que demandaron intervención estatal. De este modo, UMA, Blues en Avellaneda y USEEGA colaboraron con el área de cultura municipal para organizar el evento. Según el representante de USEEGA (entrevista, 2020): “la municipalidad nos convocó para ayudar y para alquilamos el backline[4]”, lo cual representó una ayuda al sector. Por su parte un miembro de Blues en Avellaneda -a cargo de uno de los escenarios- agradeció mediante redes sociales: “eso era lo único que pedimos, pudimos hacerlo y salió de diez, gracias a todas las personas que confiaron en nosotros siempre!” [Facebook, 31/10/2021].

Sobre la forma de contener la demanda de los/as artistas y de seleccionarlos/as para los eventos municipales, según expresó el encargado del área (entrevista, 2019): “no hay una convocatoria formal, se trabaja con el boca en boca”[5]. Desde el área de cultura municipal se señala una relación abierta y de cercanía entre el municipio y las organizaciones de artistas, pues son quienes transmiten las demandas de los/as músicos/as. En este marco, en el recorrido que derivó en la incorporación de nuevos colectivos que pasaron a articular con el área de cultura, advertí que la participación de Blues en Avellaneda y USEEGA tomó la forma de demanda al Estado por intervención, lo cual instaló, en términos de Infantino (2019c: 50), “las necesidades y derechos que cada sector cultural reivindica como demanda a ser garantizada por el Estado”. 

Por otro lado, si bien hay una contención a la demanda realizada por los colectivos de artistas y profesionales de la música, en este proceso quedaron afuera las demandas planteadas por las mujeres músicas quienes, en 2019, habían sido invitadas a unirse a la UMA, pues desde el colectivo se buscaba estar en sintonía con el por entonces proyecto de Ley de cupo femenino. Sin embargo, estas mujeres fueron excluidas de los espacios de toma de decisión, no se les brindó el lugar que se les prometió y, ante sus demandas, el vínculo con los varones de la organización pasó a ser conflictivo; por lo que decidieron apartarse del colectivo y, hasta la fecha, no se han organizado colectivamente para intervenir en el diseño de políticas culturales. De este modo, muchas de las demandas realizadas por los/as músicos/as quedaron invisibilizadas y no fueron objeto de política pública. Considero importante vincular lo dicho con la modalidad de trabajo que asume el área de cultura municipal, que busca contener las demandas que se les plantean, principalmente mediante los referentes –varones- de los colectivos artísticos. A la luz de lo dicho, sostengo que las políticas culturales dirigidas a la actividad musical local fallan pues no abren espacios de participación femenina y disidente.

La dimensión política del arte transformador implica luchar contra desigualdades sociales y promover la participación, es así que me resulta oportuna la propuesta de Infantino (2019b: 17) de estudiar los “sentidos emergentes en torno al rol social y político del arte, donde la idea de transformación de nuestras desiguales sociedades latinoamericanas se expande y demanda protagonismo en el diseño, implementación y gestión de las políticas culturales”. En este sentido, transformar es disputar, demandar para que los/as mismos/as artistas diseñen y gestionen las políticas culturales y aquí el Estado aparece como objeto de demanda por políticas culturales democrático-participativas y redistributivas. Este proceso muestra a la vez, cómo en el caso local los/as mismos/as músicos/as que cuestionan el vínculo político que asume la UMA con respecto a la gestión municipal –y la dependencia del Estado que genera– son quienes se asumen independientes pero, también, demandan la intervención del Estado municipal en términos de recursos y reconocimiento simbólico, material y político[6].

En sintonía con estudios que señalan las articulaciones entre políticas públicas y manifestaciones culturales (Crespo et al., 2015; García Canclini, 1987; Infantino, 2019c, 2020), sostengo que incorporar las prácticas y producciones de estos colectivos –en términos de agentes no estatales– al análisis de las políticas culturales resulta central. Pues, en las políticas culturales que se realizaron en 2021, articularon y colaboraron el área de cultura municipal, la UMA, Blues en Avellaneda y USEEGA. Los tres colectivos buscaron instalar sus necesidades y derechos –como demanda a ser garantizada por el Estado– en la agenda municipal. En línea con los planteos de Infantino (2019c, 2019d, 2020), estos colectivos demandaron al Estado la creación de programas públicos que les contengan en los nuevos formatos y contextos –en los cuales expresaron la urgencia y necesidad de tocar en vivo y de reactivar la actividad musical presencial local– para garantizar la producción y reproducción de la actividad musical; además de reconocimiento –simbólico y material–, redistribución de recursos y una participación en el diseño, la gestión y la implementación de las políticas culturales –democráticas y participativas– dirigidas al sector. Por su parte, el municipio contempló, mediante sus políticas públicas, las demandas y necesidades expresadas por ciertos músicos y no otros/as. 

 

[1] Sobresale El Veredazo, un programa que funciona desde 2017 y permite trabajar a la gorra en puntos de la ciudad con aval municipal y toma de corriente para los equipos. El entrevistado (2019) explicó la falta de interés en este programa pues: “el 80% de los músicos tienen otros trabajos, viven de otra cosa y no se reconocen a sí mismos como trabajadores de la cultura”. En este sentido, según expuso, quienes participaron de este programa “son músicos de entre 20 y 30 años, que viven de la música dando clases, que actúan en otros lugares y muchos tienen una estabilidad económica garantizada porque viven con sus padres, no son pibes que la están pasando mal”.

[2] Disponible en: https://www.youtube.com/c/PantallaAvellaneda [consultado: 08/11/2021].

[3] El entrevistado (2021) resaltó que si bien la municipalidad no persigue a la actividad de las salas de ensayo, el problema se da por las denuncias de vecinos que pueden llevar al cierre de las salas que no cuentan con habilitaciones pertinentes o por accidentes antes los cuales no se cuenta con algún seguro.

[4] Refiere al equipo electrónico de amplificación de audio colocado sobre un escenario, sala de ensayo o estudio de grabación.

[5] En esta dinámica, a las bandas que telonean a artistas grandes -se les paga un caché- se las selecciona según criterios de trayectoria, convocatoria y por su compromiso con la comunidad; en cambio, a las nuevas se las destina a eventos no tan masivos. En general, quienes conforman la Comisión Directiva de la UMA acaparaban los eventos más masivos y más buscados por los/as músicos/as locales, de ahí las críticas y los conflictos con este grupo de músicos, incluso al interior de la UMA misma.

[6] En esta búsqueda hay estrategias más individuales como buscar un beneficio propio o prestigio para el propio grupo.

Conclusiones:

Pese al trabajo colectivo, articulado y colaborativo entre el área de cultura municipal –que busca encarar políticas culturales democráticas participativas- y los colectivos de artistas y profesionales de la música, siguen existiendo desigualdades en términos de apropiación de las nuevas tecnologías y dificultades para ofrecer, desde el municipio, oportunidades laborales que permitan generar recursos económicos. En cuanto a la brecha digital, sostengo que Pantalla Avellaneda solo ofreció espacio y equipamiento para tocar, pero no saldó las desigualdades tecnologías pues no brindó capacitaciones para usar y apropiarse de las herramientas digitales. A su vez, si bien el Arde Rock contuvo la demanda por espacios para tocar, los programas municipales no asimilan a los/as músicos/as como trabajadores/as ni generan oportunidades laborales estables. 

Considero que la UMA sirvió de abono para la conformación de otros colectivos como Blues en Avellaneda y USEEGA, en un contexto particular donde los/as músicos/as vieron limitadas sus posibilidades para encarar la actividad musical en vivo (así como para encarar las nuevas modalidades virtuales de producción y circulación musical) y denunciaron públicamente y demandaron al Estado por lugares para tocar. A su vez, en este juego de articulación, negociación y puja entre los colectivos y el área de cultura municipal, los nuevos colectivos fueron contemplados y pasaron a intervenir en la elaboración y realización de las políticas culturales. Sin embargo, en este marco de inclusión de nuevos grupos, las mujeres músicas no fueron invitadas a participar ni fueron resueltas sus demandas. A su vez, tampoco se solucionaron las brechas en el uso y apropiación de las tecnologías digitales ni se saldó el mayor problema manifestado por los/as músicos/as y reconocido desde el área de cultura: el reconocimiento de los/as músicos/as como trabajadores/as de la cultura. En este sentido, busco trazar futuras líneas de análisis vinculadas con cuestiones de género que emergieron durante mi trabajo de campo y con las nuevas formas de encarar la actividad musical durante el contexto de ASPO.

Bibliografía:

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Cingolani, Josefina. 2020. Trayectorias, itinerarios y disputas en el rock. Construcción juvenil de la cultura y producción cultural de la ciudad. Buenos Aires: Grupo Editor Universitario.

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Palabras clave:

Políticas culturales, medidas sanitarias de aislamiento, músicos/as autogestionados/as de rock

Resumen de la Ponencia:

Dialogando com os estudos de trabalho e sindicalismo, este artigo busca apresentar as formas de resistência encontradas por motoristas e entregadores por aplicativos digitais no contexto de pandemia da Covid-19, fenômeno que, no caso brasileiro, se imbrica ao aprofundamento dos efeitos da crise econômica internacional e ao avanço do autoritarismo, representado pelo governo de Jair Bolsonaro (PL). Por meio de entrevistas com sindicalistas e trabalhadores, da análise bibliográfica, documental e de materiais audiovisuais, e com foco no território de São Paulo, que concentra o maior número dos chamados “trabalhadores uberizados” brasileiros e latinoamericanos, buscamos elucidar: os principais impactos da pandemia de Covid-19 nas condições de vida e trabalho dessas categorias e suas principais demandas, bem como suas principais características de ação e organização coletivas. Além dos patentes riscos e acidentes no trânsito, e das constantes inseguranças e imprevisibilidades durante a jornada de trabalho, com a pandemia da Covid-19 os motoristas e entregadores por aplicativos digitais tiveram aprofundadas as suas condições de precarização, sobretudo no que diz respeito ao aumento do tempo de trabalho em detrimento à redução dos rendimentos, resultado da concorrência pela oferta de trabalho — dado o alargamento dos índices de desemprego, que levou muitos trabalhadores a se ocuparem desta forma tipicamente precarizada e informal, sem acesso a direitos sociais e trabalhistas —, e das políticas de taxas e promoções das empresas detentoras dos aplicativos digitais, que reduzem o valor do serviço pago pelos clientes e o respectivo repasse aos trabalhadores. Ademais, destaca-se que maior tempo de trabalho, num contexto pandêmico, gera maior grau de exposição e risco de contágio.As principais demandas dos motoristas e dos entregadores por aplicativos digitais envolvem o aumento dos rendimentos após o serviço de transporte e entrega e a distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) por parte das empresas detentoras dos aplicativos. Desta forma, é transferido para elas os custos com os equipamentos de trabalho. e garantida a segurança sanitária aos trabalhadores. As ações coletivas de maior repercussão são aquelas realizadas por fora das organizações sindicais, com destaque às articulações por páginas, perfis e grupos em redes sociais e aplicativos de comunicação. Além da ausência de organizações tradicionais, novas e velhas performances são incorporadas no repertório da ação coletiva, combinando ações presenciais e virtuais, envolvendo os consumidores em boicotes, fazendo denúncias ao poder público e pressionando as empresas. As organizações que tentam representar essas categorias utilizam-se de ações de solidariedade como forma de aproximação, diálogo e projeção política. São sindicatos oficiais, de trabalhadores formais, que estendem seu raio de atuação aos trabalhadores informais, associações que se reivindicam politicamente como sindicatos dessas categorias, e mesmo coletivos autoorganizados. 

Introducción:

Sob os efeitos de um governo de orientação política neofascista e com um programa econômico neoliberal (Boito Jr., 2020), o Brasil esteve entre os países com maior número de pessoas infectadas e mortas pelo novo coronavírus. O desencorajamento público para que a população se vacinasse e tomasse as medidas adequadas de isolamento social, a demora na compra e na produção de vacinas, o sucateamento dos serviços públicos de saúde, ciência e tecnologia e a ausência de medidas que garantissem renda e proteção social, combinado aos impactos da crise econômica, da desindustrialização e das características estruturantes do mercado de trabalho do país, marcado pela informalidade, pela precarização e pela heterogeneidade, deterioraram ainda mais as condições de vida e trabalho da população. Tais efeitos foram ainda mais intensos para as frações mais expostas ao risco de contágio da Covid-19, isto é, os profissionais da saúde e da limpeza urbana, por um lado, e os trabalhadores informais, que não possuem acesso aos direitos sociais e trabalhistas, como os trabalhadores por aplicativos, por outro.

Este artigo busca discutir os impactos da pandemia na precarização do trabalho dos entregadores e motoristas por aplicativos, bem como as formas de ação e organização coletivas encontradas durante este contexto. Com base na análise bibliográfica, documental e de dados quantitativos, bem como na realização de entrevistas, iniciamos a próxima seção discutindo especificamente sobre o trabalho subordinado às plataformas digitais para, na sequência, expor os impactos da pandemia sobre esses trabalhadores. Antes das considerações finais, discutimos sobre as formas de ação e organização coletivas encontradas por esses trabalhadores durante o contexto da pandemia, demonstrando que, embora o contexto seja adverso aos trabalhadores e às suas condições de vida e trabalho, há formas de resistência que têm sido articuladas e materializadas contra a exploração e a precarização social. 

Desarrollo:

O trabalho por plataformas digitais é um fenômeno complexo e cada vez mais crescente. Sua origem está relacionada à modernização e popularização das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs), surgidas no final da década de 1990, representando, deste modo, a combinação da modernização tecnológica com transformações muito significativas nas condições de vida da classe trabalhadora (Kalil, 2020). Os trabalhadores por plataformas digitais são subordinados às empresas que detém essas tecnologias, pois embora a subordinação do trabalho seja mascarada pelo discurso da autonomia, os trabalhadores durante a execução do trabalho respondem diretamente aos algoritmos digitais, posses dessas empresas, que controlam cada movimento durante as etapas do trabalho: o estabelecimento de metas e regras; a possibilidade ou não da oferta de um trabalho; a precificação e a estimativa do tempo para realização do trabalho etc. (Fontes, 2017; Haider; Menéndez; Arias, 2020; Abílio; Amorim; Grohmann, 2021). 

Embora existam diversos tipos de trabalho subordinado às plataformas digitais, os mais comuns são aqueles realizados pelos aplicativos, que conectam os clientes demandantes de serviços aos trabalhadores. Dos trabalhos por aplicativos, os que mais se destacam são aqueles voltados ao transporte de passageiros e à entrega de alimentos e objetos (Artur; Cardoso, 2020; Kalil, 2020; Cardoso; Garcia, 2021). Como no caso brasileiro a compreensão prevalecente no campo jurídico é de que o trabalho por plataformas digitais não é realizado de maneira subordinada às empresas (Carelli; Carelli, 2020; Kalil, 2020; Rosenfield; Mossi, 2020; Almeida; Kalil, 2021; Almeida; Kalil; Fonseca, 2021), esse conjunto de trabalhadores têm negado o acesso aos direitos sociais e trabalhistas, uma vez que direitos como piso salarial, férias e licenças são concedidos apenas aos trabalhadores com reconhecimento do vínculo empregatício e contrato de trabalho formal.

O trabalho subordinado às plataformas digitais, em geral, e o trabalho por aplicativos, em específico, é caracterizado por suas condições notavelmente precárias. São diversos os riscos e imprevisibilidades que se impõem durante a espera e a realização dos serviços, além dos baixos rendimentos a despeito da extensa jornada de trabalho (Abílio, 2020a; 2020b). Combinados à ausência de direitos sociais e trabalhistas, esse trabalho promove incertezas e insegurança, alavancando, assim, o processo de precarização social do trabalho (Pereira, 2022), fenômeno que é compreendido como a intensificação das condições do trabalho precário (Druck, 2011). 

Para se ter uma dimensão do espaço que é ocupado pelas empresas detentoras das plataformas digitais no território brasileiro, em 2021 a Uber, empresa que é referência no setor, atuava em 500 municípios e contava com 22 milhões de clientes e cerca de 1 milhão de motoristas e entregadores cadastrados. A 99, principal empresa concorrente da Uber no que tange ao transporte por aplicativos, atuava em mil municípios, contando com 18 milhões de clientes e cerca de 600 mil motoristas. A Ifood, que realiza entrega de alimentos e bebidas por aplicativos, e que atualmente monopoliza o setor, atuava em 1,2 mil municípios, tendo 270 mil restaurantes cadastrados e 410 mil entregadores. Por fim, a Loggi, que também realiza entregas por aplicativos e é especializada na entrega de objetos, atuava em todo o país com 1,8 mil postos de redistribuição próprios e nove grandes centros de distribuição em todas as regiões brasileiras, com a estimativa de 40 mil entregadores cadastrados (Pereira, 2022).

Durante a pandemia, os entregadores e os motoristas por aplicativos ganharam destaque no debate público, sendo considerados categorias de trabalhadores “essenciais” justamente por desempenharem o importante papel de garantir o conforto e a segurança sanitária àquela parcela da sociedade que conseguiu desfrutar, em diferentes momentos, do direito de isolamento social.  Conforme as recentes produções científicas têm demonstrado (Abílio et al., 2020; Filgueiras e Lima, 2020; Lapa, 2021), esses trabalhadores foram ainda mais precarizados durante o contexto de pandemia, fenômeno que se materializou tanto nos riscos de contágio da doença, dada a exposição durante as jornadas de trabalho, como na queda dos rendimentos, no aumento do tempo de trabalho e no agravamento das condições de trabalho. 

Ainda com relação à pandemia, importante destacar que no intervalo compreendido entre 26 de fevereiro de 2020, quando foi notificado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, e 26 de fevereiro de 2022, se estimava que o total de brasileiros infectados pelo novo coronavírus era de 28,7 milhões, sendo o total de mortes decorrentes da infecção do vírus de 648,5 mil. O estado de São Paulo, durante o mesmo período, teve o maior número de casos de infecção e morte, registrando aproximadamente 5 milhões de casos de contágio e 164,1 mil óbitos. Além dos impactos na saúde pública, a pandemia do novo coronavírus também afetou a economia brasileira, com destaque não apenas no aprofundamento da desigualdade social, mas também na diminuição do crescimento econômico, mensurado pelo Produto Interno Bruto, no comportamento dos preços e no custo da alimentação, no reajuste salarial abaixo da inflação e nos baixos níveis de ocupação e empregabilidade (DIEESE, 2021a; 2021b), além do rebaixamento das condições de trabalho, expressado na redução da inserção ocupacional, no aumento da desocupação e nos baixos rendimentos dos trabalhadores (DIEESE, 2020; 2022).

Neste contexto, diversos movimentos sociais e organizações da sociedade civil agitaram palavras de ordem pressionando o Estado brasileiro a assumir um papel protetor quanto à valorização do trabalho, da renda e da vida, reivindicando, assim, a proteção ao emprego e renda, a valorização da saúde, a segurança e melhores condições de trabalho, a garantia da negociação coletiva e o fortalecimento do setor público para promover proteção à vida (Campos, 2020; Cesit, 2020). 

Com o prolongamento da crise sanitária, combinado aos efeitos da crise econômica e à ausência de investimentos em políticas públicas de assistência social e amparo econômico, houve crescimento do trabalho informal e maior exposição aos riscos de contágio, impactando, desta forma, no aumento da precarização social. Assim, o trabalho por aplicativos digitais passou a ser considerado uma alternativa de sobrevivência aos trabalhadores para o sustento de suas famílias.

Segundo as pesquisas realizadas por Abílio et al. (2020), Filgueiras e Lima (2020) e Lapa (2021), a categoria dos entregadores por aplicativos, considerando tanto bikers quanto motofretistas, teve um aumento considerável durante a pandemia. A combinação entre o modo flexível com que essas empresas operam e o ingresso rápido e fácil de novos trabalhadores nas plataformas digitais acabou por impactar de maneira significativa nos rendimentos do conjunto desses trabalhadores e nas próprias políticas de bonificação anteriormente praticados, reduzindo os valores e, inclusive, os períodos com tarifas dinâmicas e oferta de prêmios (Abílio et al., 2020; Pereira, 2022). 

Diante do aumento da concorrência entre os próprios trabalhadores e da redução dos rendimentos, os entregadores aumentaram o tempo de duração de suas jornadas de trabalho. Filgueiras e Lima (2020) apontam que a maior parte dos entregadores entrevistados trabalhava cerca de seis dias na semana, seguida por aqueles que trabalhavam todos os dias. A maior parcela dos trabalhadores entrevistados trabalhou mais de 10 e até 12 horas, seguida pelos que trabalharam mais de oito e até 10 horas. 

Além do aumento da jornada de trabalho e da diminuição dos rendimentos, os trabalhadores por aplicativos não contaram com a total distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) que pudessem impedir os acidentes de trabalho ou mesmo a exposição ao coronavírus. Neste sentido, ter uma jornada de trabalho mais extensa significou aos trabalhadores que estivessem mais tempo expostos aos acidentes de trabalho e ao risco de contágio do novo coronavírus, e que, além disso, mesmo que tivessem os baixos rendimentos, seriam eles próprios que deveriam comprar seus equipamentos de proteção, ao passo em que tentam suprir todas as necessidades básicas de suas famílias e demais custos com o trabalho, a exemplo da compra de combustível, da manutenção do veículo, do pagamento das multas de trânsito etc. 

Frente ao notável aprofundamento da precarização da vida e do trabalho, os entregadores e os motoristas por aplicativos realizaram manifestações reivindicando acesso a maiores rendimentos e melhores condições de trabalho, não apenas em nível nacional, mas também internacional (Moda; Gonsales, 2020; Miguez; Menendez, 2021). No caso brasileiro, a principal manifestação neste sentido foi o “Breque dos Apps”, feito em 1º de julho de 2020. A manifestação contou com motociatas e piquetes em estacionamentos e entradas de shoppings centers, restaurantes e bolsões de espera, conseguindo envolver não apenas os próprios entregadores, mas também os clientes das plataformas digitais de delivery. 

Em geral, as manifestações dos trabalhadores por aplicativos combinam velhos e novos elementos do repertório de ação coletiva (Pereira, 2022). A ação paredista envolve o desligamento temporário nos aplicativos, impactando o lucro das empresas, e o movimento dos veículos sobre as vias públicas, seja por meio de motociatas, como é o caso dos entregadores, ou de carreatas, como é o caso dos motoristas por aplicativos. Além disso, os piquetes, sejam eles feitos pelos próprios corpos dos trabalhadores ou os seus veículos, são essenciais para causar o tumulto que gera a atenção necessária do poder público. Tão importante quanto as manifestações presenciais feitas nas ruas, são as manifestações feitas no ambiente virtual: além do movimento ser articulado nos grupos em plataformas de comunicação, o desgaste público das empresas é promovido e amplamente repercutido nas redes sociais. É aqui que entram os clientes das empresas detentoras das plataformas digitais, que em solidariedade aos trabalhadores repercutem as pautas do movimento e não realizam pedidos de serviços por meio dos aplicativos de delivery ou transporte.

Dada a legitimidade das pautas e o impacto político e econômico da ação coletiva, o Breque repercutiu nas redes sociais e nas mídias tradicionais e alternativas (Abílio; Grohmann; Weiss, 2021). Embora a manifestação tivesse uniformidade quanto à luta por maiores rendimentos e melhorias nas condições de trabalho, perpassando a redução das jornadas e o fornecimento de EPIs por parte das empresas, o Breque se caracterizou como um movimento heterogêneo, abarcando diferentes perspectivas acerca da formalização ou não do trabalho subordinado às plataformas digitais, além da vinculação ou não de pautas mais amplas, como críticas aos governos federal e estaduais quanto à condução política frente à pandemia.

Logo após o primeiro Breque, outra manifestação foi realizada duas semanas depois, em 25 de julho, apresentando as mesmas reivindicações às empresas detentoras das plataformas digitais e ao poder público. Porém, o segundo Breque contou com menor público, o que é justificado, conforme Abílio, Grohmann e Weiss (2021), pelo fato de as empresas terem intensificado as suas táticas de lobby junto ao poder público e feito campanhas publicitárias visando produzir uma “contranarrativa” aos seus clientes, relativizando, desta forma, a precarização do trabalho da qual são responsáveis. Assim, percebe-se que além de aprofundar as condições de precarização do trabalho, a pandemia também representou, por um lado, um contexto de resistência e de pressão política para os trabalhadores, e, por outro, de maior ofensiva por parte das empresas detentoras das plataformas digitais, tanto no plano objetivo quanto no subjetivo. 

As organizações coletivas que se envolveram nas lutas dos trabalhadores por aplicativos no contexto da pandemia, e que se envolvem com esses trabalhadores cotidianamente, são coletivos, associações, sindicatos tradicionais e sindicatos extraoficiais (Moniz; Boavida, 2019; Gondim, 2020; Pereira, 2022). O que distingue uma organização da outra é principalmente a forma de ação, relacionada ao interesse de se prestar ou não ao papel de representação jurídica desses trabalhadores, além do próprio reconhecimento legítimo da categoria e do reconhecimento legal perante as instituições do Estado. 

As associações são organizações muito comuns entre os trabalhadores por aplicativos, e buscam exclusivamente prestar certos serviços, ofertar benefícios e, em alguns casos, organizar ações coletivas. Há casos de associações que se reivindicam politicamente como sindicatos, considerados sindicatos extraoficiais, que justamente por não representarem uma categoria formalizada não são reconhecidos pelo Estado brasileiro e nem incorporados na estrutura sindical vigente no país, não podendo, assim, firmar convenções coletivas. Por outro lado, também há sindicatos oficiais, que representam trabalhadores formais, que estendem o seu raio de atuação aos trabalhadores informais por meio da prestação de serviços, oferta de benefícios etc. Há também coletivos, que não contam com estruturas físicas, mas organizam ações coletivas e dão identidade aos trabalhadores. 

Com base em entrevistas realizadas com dirigentes de dois sindicatos que buscam organizar e representar os interesses dos entregadores e dos motoristas por aplicativos em São Paulo, destaca-se que as principais ações, além da representação jurídica em processos contra as empresas e a convocação de manifestações, são as ações de solidariedade, sobretudo com relação a entrega da cestas com mantimentos básicos para a sobrevivência familiar e o fornecimento de equipamentos de proteção individual. Essas ações dão respostas concretas às demandas dos trabalhadores, por um lado, e projetam politicamente essas organizações (Pereira, 2022). 

As manifestações que foram articuladas por essas duas organizações, e os processos jurídicos movidos por elas contra as empresas detentoras das plataformas digitais, notavelmente a Uber e a Ifood, se relacionam às reivindicações dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, expressas no desejo pelo aumento dos rendimentos e em mudanças nas políticas de oferta dos serviços, sejam elas relacionadas às políticas de banimento e exclusão das plataformas, ou mesmo às políticas promocionais feitas pelas empresas para atrair clientes, que impactam sobremaneira no rebaixamento dos rendimentos dos trabalhadores. 

Conclusiones:

O trabalho por plataformas digitais avança com o processo de precarização do mercado de trabalho. Sendo assim, é urgente o debate sobre as formas de regulamentação desse tipo de ocupação informal, não perdendo de vista a necessidade do reconhecimento do vínculo de emprego para que haja garantia dos direitos sociais e trabalhistas. 

A pandemia precarizou ainda mais o trabalho subordinado às plataformas digitais, sobretudo no que diz respeito aos riscos de exposição ao novo coronavírus e a desproteção ainda maior aos trabalhadores, materializada no aumento das jornadas de trabalho e na redução dos seus rendimentos. Neste sentido, buscando combater a notável rebaixamento de suas condições de vida e trabalho, os trabalhadores por aplicativos realizaram formas de ação coletiva que tiveram no centro do debate a precarização que sofrem cotidianamente. O maior desafio dessas manifestações é transformar essas pautas em um debate que envolva a regulação do trabalho, uma vez que esse debate não é consenso entre a categoria e não é apresentado como reivindicação em suas manifestações. Isso é um desafio que deve ser superado no próximo período e um debate que deve ser publicitado e empreendido por trabalhadores, sindicalistas, legisladores e órgãos públicos diversos. 

O tema do trabalho subordinado às plataformas digitais deve continuar instigando a academia, em âmbito nacional e internacional, por um bom período. Mais do que o necessário e urgente debate sobre a regulamentação do trabalho e as características desse tipo de trabalho, devemos olhar com maior curiosidade as formas de ação e organização coletiva que são encontradas por esses trabalhadores, analisando e compreendendo não apenas os impactos, mas qualificando e contribuindo com as formas de superação do neoliberalismo e da precarização social do trabalho.

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Palabras clave:

trabalho por plataformas digitais; uberização; Covid-19; precarização

Resumen de la Ponencia:

Con base en distintas investigaciones que hemos llevado a cabo en los años 2015, 2018, y 2021, podemos decir que el movimiento Dreamer en Arizona que tuvo su auge en el 2006, con la aprobación de la Proposición 300, ha tenido varios momentos de transición. Entre estos podemos mencionar tres Eras, la primera con Barack Obama caracterizada por un activismo constante, sin interrupciones, que hizo utilizó diferentes repertorios, como los llamaría Charles Tilly, como lo fueron huelgas de hambre, desobediencia civil, protestas, etc. En la era Trump el activismo dreamer aunque fue mas intermitente, sus actores consideran que fue más especializado, pues los repertorios que  se empleaban de manera indiscriminada durante el gobierno de Obama, en esta otra administración, estuvieron más enfocados y racionalizados. Ahora, durante la pandemia, esos “viejos” repertorios y el espacio en el que se llevaban a cabo se resignificaron. No es que haya habido un cambio sustancial en las formas de reivindicación y protestas, pero el contenido simbólico que imprime salir  a la calle en tiempos de pandemia y pese a la máxima consigna de <<quedarse en casa>>, implicó varios paralelismos de resignificación del activismo Dreamer en sí. Ante tales escenarios, se habla de una resignificación en el uso y apropiación de los espacios físicos y simbólicos capaces de favorecer o limitar la protesta como proceso de enunciación colectiva. De ahí que, resulte pertinente dilucidar los proceso de apropiación, sus agentes, actividades, tiempos y, por supuesto, la espacialidad en que los llamados “dreamers” reconfiguran y significan los espacios de expresión y demanda. El abordaje metodológico parte de un estudio hermenéutico, cuyo análisis e interpretación toma como corpus la evidencia empírica y abordaje teórico-conceptual existente acerca del desarrollo de la protesta como práctica social de los dreamers bajo un contexto pandémico, todavía en curso, en el estado de Arizona en Estados Unidos de América.  

Resumen de la Ponencia:

En esta ponencia proponemos una serie de reflexiones a partir de un proyecto de extensión universitaria de actividades en el medio, sostenido por el Área Académica Queer (AAQ) de la Udelar, la cual integramos, y la Organización de Trabajadoras Sexuales del Uruguay (OTRAS), sobre la acción colectiva como forma de sostenimiento y reproducción de la existencia ante la emergencia sanitaria del COVID-19. Es a partir de la participación en esta experiencia, como del análisis de las transformaciones socioeconómicas en Uruguay desde marzo de 2019, que se problematiza la situación de las trabajadoras sexuales y se plantean algunas reflexiones. En marzo se produce el quiebre de la era progresista con la asunción de un gobierno de derecha de corte neoliberal y, de forma casi simultánea, se decreta la emergencia sanitaria a nivel mundial. Los efectos de la pandemia sobre las condiciones sociales y laborales de la población fueron múltiples, siendo las mujeres las más afectadas; las trabajadoras sexuales no se vieron por fuera de esto. Se asumió desde el gobierno la consigna de “libertad responsable”, que excluyó a quienes se encontraban en situaciones de vulnerabilidad y no pudieron decidir desde la “libertad”.  La precarización general que las trabajadoras sexuales ya vivían antes de la pandemia y la puesta en jaque de la reproducción de su propia existencia fue un catalizador importante para el fortalecimiento de la organización y acción colectiva  como forma de resistencia. El trabajo sexual pensado desde la organización y la acción colectiva implica múltiples desafíos, por lo cual resulta interesante reflexionar sobre la construcción y sostenimiento de OTRAS como sindicato único de trabajadoras sexuales. Asimismo, y pese a que el Trabajo Sexual se encuentra regulado por ley desde el año 2022, fue en el año 2021 que esta organización se afilió al PIT-CNT, central sindical única de trabajadores y trabajadoras del Uruguay. Por otra parte, entendemos como pertinente la discusión dentro de los feminismos entre las posturas abolicionistas y regulacionistas del trabajo sexual; las cuales llevan a que sea cuestionado el lugar de OTRAS en particular y de las trabajadoras sexuales en general como sujetas del movimiento feminista. Para el caso uruguayo, OTRAS ha sido pionera en la utilización de un término intermedio denominado "reduccionismo". Planteamos profundizar, reflexionar e intercambiar sobre los elementos mencionados, enfatizando en algunas preguntas. ¿Cuáles son las posibilidades de organización para quienes cuentan con una multiplicidad de derechos vulnerados? ¿Qué implicancias tiene la integración de las trabajadoras sexuales organizadas en el movimiento sindical de Uruguay? ¿Cuáles son las potencialidades de la articulación de colectivos de trabajadoras sexuales en América Latina con movimientos sociales y sindicales? ¿Cómo se articulan las posibilidades de organización colectiva de las trabajadoras sexuales frente al debate entre abolicionismo y regulacionismo?  

Resumen de la Ponencia:

O presente estudo apresenta dados e reflexões construídas com base em pesquisa de caráter exploratório acerca de notícias sobre movimentos sociais, coletivos organizados, manifestações e protestos no estado de Santa Catarina (Brasil) no contexto da pandemia do Covid-19, no período de 13 de março de 2020 a 31 de julho de 2021. Com o objetivo geral de identificar as formas de resistência popular na conjuntura da Covid-19, este estudo também buscou investigar quem protagonizou as lutas e a quem representavam; o que reivindicavam e quais eram suas principais bandeiras de luta; quem publicou a notícia, em quais sites e com que frequência. A metodologia consistiu, primeiramente, em buscas no site de pesquisas Google, pelas palavras-chave “movimentos sociais”, “manifestações”e “protestos”, para localizar os sites de jornais e de movimentos sociais e outras organizações com atuação local que tratassem da temática. Em seguida, definiram-se dezoito sites como fontes privilegiadas para coleta de dados, considerando as palavras-chave mencionadas. Resultaram, assim, trezentas e noventa e cinco notícias, com predominância do site NDmais, vinculado ao Grupo Rede Record de TV, concentrando mais da metade das publicações. No que se refere aos sujeitos coletivos, o levantamento explicitou que as notícias enfatizaram sujeitos genéricos como “manifestantes”, “população” e “moradores”, sem aprofundamento na apresentação e/ou detalhamento de quem são ou quem constitui estes grupos. Ainda, estes sites revelaram a presença marcante de movimentos das chamadas “novas direitas” no Brasil, com suas pautas, refletidas e divulgadas especialmente pelo site NDmais, explicitamente vinculado às forças conservadoras em Santa Catarina. Dentre estas, ressalta-se que as notícias mais recorrentes apresentavam como principal reivindicação o retorno presencial de alguns setores - com ênfase no setor privado e do comércio -, a manutenção da forma presencial de uma determinada atividade apesar da piora dos quadros da pandemia ou, ainda, pela desvinculação da matriz de risco das decisões sobre a abertura ou fechamento dessas atividades ou setores. Do ponto de vista das classes subalternizadas e setores populares, a ênfase voltou-se à questão da terra, moradia e/ou contra o despejo, sobretudo no que diz respeito à demarcação das terras indígenas, sendo esta a segunda reivindicação mais recorrente no quadro geral. Em terceiro lugar, apareceram as notícias sobre manifestações pelo direito à vacinação. Dessa maneira, estes conteúdos explicitam os conflitos presentes no cenário catarinense em face da pandemia, sendo uma amostra do universo do movimento mais amplo do negacionismo dos efeitos da Covid-19 e suas consequências, bem como do movimento que cobra que o Estado e mais especificamente o poder executivo federal, assuma seu papel de gestor da política de saúde pública e implemente ações efetivas no combate à propagação do vírus, evitando o contágio progressivo e as mortes em decorrência do mesmo. 

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia expone cómo en el contexto de la pandemia en Colombia surgió el Sindicato Sinditecc en el año 2020. La ponencia comienza con antecedentes que se remiten desde el año 2017 a 2019 sobre el trabajo en los Call Center en Colombia, después, se analiza cómo la pandemia se convirtió en una oportunidad para la creación de la organización sindical.  A partir de estos dos momentos se analizan las condiciones laborales respecto al espacio de trabajo, incentivos, castigos, precarización, tercerización laboral y la organización sindical que emergió en este periodo. Las herramientas metodológicas que se utilizaron para evidenciar la importancia del sindicalismo en tiempos de crisis, fue una encuesta con una muestra representativa de 35 trabajadores de Call Center y 5 entrevistas a profundidad con actores claves de la organización. El enfoque teórico que se empleó fue el de los estudios marxistas latinoamericanos del trabajo, en especial el enfoque de Ricardo Antunes. 

Resumen de la Ponencia:

En el contexto de la pandemia por el COVID-19, las medidas de cuidado de salud colectiva (aislamiento y distanciamiento) implicaron una profundización de la crisis socioeconómica, y rupturas y continuidades en la vida cotidiana de la población. Se fueron reconociendo diferentes dificultades para cumplir con estas disposiciones y sostener cuestiones básicas para la reproducción de la vida. Estos problemas han emergido dando cuenta de las profundas raíces de las desigualdades sociales en Argentina (en el contexto latinoamericano) (Assusa y Kessler, 2021). En esta coyuntura, con rica historia de tejido social a nivel de los territorios, de solidaridades, formas organizativas y liderazgos en las barriadas y comunidades (Sanchis, 2020) las organizaciones y movimientos sociales han sostenido y acompañado la gestión de la crisis y acatamiento de la medida de aislamiento, a partir de entramados comunitarios (Gutiérrez y Salazar, 2019), con respuestas a las demandas y necesidades sociales de estas poblaciones (ollas populares, acciones de promoción de la salud, entre otros).  En esta ponencia, presentamos algunos resultados y reflexiones del proyecto “Cartografía de la solidaridad: demandas y compromisos ante el Covid 19” que tuvo como objetivo registrar información sobre los problemas, necesidades de la población de los sectores populares y las estrategias y trabajo que desarrollan las organizaciones sociales situadas en la provincia de Córdoba (Argentina) en el marco de la pandemia COVID 19. Este trabajo se realizó a partir de metodologías de investigación acción, generando dispositivos y espacios de diálogos de saberes (se desarrollaron entrevistas y encuentros grupales con personas de dichas organizaciones).  Esta labor colaborativa ha permitido actualizar una caracterización de estas organizaciones y los trabajos que han desarrollado en la coyuntura de pandemia, que en muchos casos, debieron re-crearse para dar respuesta a las demandas y necesidades de las poblaciones en los territorios. De esta manera, ha sido posible construir un registro de la capacidad organizativa de los sectores populares una vez más puesta en juego para transitar una crisis de una envergadura inédita; de las ausencias y presencias del Estado a través de las diferentes políticas. Consideramos que las cartografías son una forma de registrar trayectorias de luchas y trabajo, también vulneraciones. Condensan en un tiempo -espacio las formas del estar y el hacer, poniendo en valor el trabajo comunal, reconociendo los saberes sobre el cómo y el qué hacer frente a necesidades en los territorios y los desafíos para la construcción de sociedades más igualitarias en la postpandemia. 

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia examina los diferentes planos de actuación de los movimientos sociales latinoamericanos frente a la pandemia de Covid-19: las protestas en las calles, el trabajo comunitario-territorial y la disputa de sentidos. En primer lugar, se analizan las características principales de las protestas, tanto aquellas más reactivas y puntuales contra la gestión ineficiente de la crisis sanitaria como aquellas de ´impugnación total`, que se expresaron en varios países en el formato de estallidos.  En segundo lugar, se examina la proliferación de una serie de iniciativas ciudadanas y redes de cuidado, solidaridad y apoyo mutuo. En particular, se trata de comprender cómo desde los barrios y las comunidades se buscó, en carácter de emergencia, dar respuestas prácticas a necesidades diversas de la población, incluyendo el hambre y la salud. Por fin, los movimientos sociales también desplegaron una serie de marcos discursivos e interpretativos que trataron de disputar los sentidos sobre cómo generar alternativas y transiciones justas en el mundo postpandémico, desafiando las voces que abogaban por una vuelta a la normalidad o por un supuesto cambio de rumbo cosmético. Al discutir este plano de actuación de los movimientos sociales latinoamericanos, se trata de visualizar el plano de las alternativas no sólo de corto plazo, sino también de medio y largo plazo. Aunque la ponencia tiene una ambición fundamentalmente teórica, está anclada empíricamente principalmente en el trabajo de mapeo y sistematización realizado por el Observatorio de Movimientos Sociales de America Latina, realizado en el Núcleo de Estudios de Teoría Social y America Latina (NETSAL) del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (IESP-UERJ).