Resumen de la Ponencia:

La preocupación global actual sobre la resiliencia y el desarrollo de las ciudades, pone de presente, la superación de las condiciones de desigualdad, pobreza y exclusión que, afrontan las personas, hogares o comunidades en situaciones de precariedad. En la actualidad, la transformación de los asentamientos precarios constituyen una de las prioridades dentro de las políticas habitacionales. Es fundamental, la implicación de la población en la producción y transformación de su propio hábitat, sobre todo, cuando se parte de procesos planificados y asistidos, como es posible en el caso cubano. Sobre labase de dinámicas inclusivas esta investigación documenta una experiencia que contribuye al proceso de transformación del hábitat precario a escala local, bajo el eslogan “Barrio mejorado, mejor comunidad”. El trabajo combinado del gobierno local, decisores políticos, actores técnicos con el Comité local del proyecto Hábitat 2 de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, permite la vinculación con actores comunitarios en escenarios específicos y el despliegue de potencialidades endógenas. Con el objetivo de fortalecer la gestión–transformación del hábitat precario en la comunidad “El Tabaco” del municipio Abreus, se aplica como instrumento metodológico esencial una Guía para Programas de Transformación del hábitat precario que planea y direcciona todo el proceso. La propuesta inicia con Talleres de transformación de hábitat precario proponiendo escenarios favorables de co-aprendizaje, información, sensibilización, participación, que consolidan capacidades locales de autogestión y transformación. El estudio revela la concepción pasiva de losgrupos sociales para generar procesos de autogestión, pocas experiencias de consultas populares, talleres comunitarios u otras herramientas participativas que formen capacidades transformadoras donde se articulen las instituciones y la ciudadanía. Los procesos de transformación del hábitat se desarrollan al margen de las necesidades sentidas y manifiestas de sus ciudadanos. La necesidad de transformar el barrio especialmente aquel con mayores síntomas de deterioro social y físico, condujo a la experiencia piloto en el municipio y comprueba la necesidad de activar los recursos no explotados en el barrio y movilizar la capacidad creadora de la población en el crecimiento de acciones enfocadas en el bienestar comunitario. Palabras clave: Gestión, Transformación, Hábitat precario, Comunidad-barrio

Resumen de la Ponencia:

A partir de los años noventa del siglo pasado comenzaron a surgir nuevos conceptos en la salud publica en todo el mundo, como la búsqueda por la atención de las expectativas de los usuarios, la calidad en los servicios de salud y los problemas de rezago. En respuesta, México comenzó a adoptar criterios internacionales en salud e implementar instrumentos normativos para evolucionar en temas sanitarios. Derivado del problema de rezago y cobertura, en 2003 se crea el Seguro Popular brazo operativo del Sistema de Protección Social en Salud incorporado en la constitución mexicana. Para 2018 el Seguro Popular contaba con 53.5 millones de afiliados.En 2019 se interrumpe la actividad del Seguro Popular con la creación del INSABI. El INSABI es una institución centralizada prestadora de servicios de salud, y la cual sustituirá a los Servicios Estatales de Salud, los cuales son los responsables de la atención de los servicios de salud de la población sin seguridad social en las 32 entidades federativas del país.El objetivo general es: 1.         Analizar la implementación de la política sanitaria de México para la población indígena maya sin seguridad social de 2003 a la actualidad.Mientras que los objetivos específicos son:1.  Identificar los principales actores políticos del proceso de implementación del INSABI.2.  Clasificar la composición de fuerzas políticas de los principales actores políticos relevantes en el proceso de implementación del INSABI3.  Determinar ‐conceptualmente‐ el grado de participación del colectivo indígena maya en el proceso de formulación e implementación del Seguro Popular y del INSABI.La metodología cualitativa y el método para el desarrollo de esta investigación, es el estudio de caso. La información se obtiene mediante entrevistas elite con aquellos actores políticos clave en salud encargados de tomar las decisiones en las políticas sanitarias a nivel local. De las fuentes secundarias, se obtendrá de indicadores y encuestas de salud de igual, forma se hará una revisión de la normatividad que incluyen la reglamentación inherente al INSABI, la Ley General de Salud y la Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosAl ser de reciente creación el INSABI, aún no existen fuentes evaluativas suficientes al momento de la elaboración del presente documento, sin embargo, se espera conocer su implementación a través de las entrevistas elite a los actores políticos encargados de su desarrollo.

Resumen de la Ponencia:

Esta pesquisa objetiva discutir a promoção da igualdade social de migrantes e refugiados venezuelanos em Roraima (Brasil), a partir do acesso a água, saneamento e higiene, propiciado pelo Projeto Orinoco: Águas que Atravessam Fronteiras. Coordenado pela Cáritas Brasileira, organização não governamental com fins filantrópicos, o Projeto Orinoco abrange as cidades de Boa Vista e Pacaraima (Roraima, Brasil). Em sua primeira etapa de implantação, em 2019, o projeto construiu lavanderias, fraldários, chuveiros, sanitários e instalou bebedouros, além de realizar melhorias nas condições de saneamento e água em espaços de ocupações. Ainda em fase de execução, o Projeto Orinoco alude ao rio Orinoco, cujas águas banham as veredas da Venezuela e da Colômbia, com nascente nas proximidades do Brasil. Ao longo de seu curso, o rio perpassa por distintas regiões e serve de arena para transporte de sedimentos minerais, fonte de vida para plantas e animais, além de outros seres que se encontram e coexistem em sua bacia hidrográfica, a qual também produz variadas configurações sociais, culturais e econômicas. Além disso, até abril de 2021, segundo dados do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), 59.744 pessoas foram reconhecidas como refugiadas pelo governo brasileiro, entre as quais 46.923 são venezuelanas, o que equivale a 78,54% do total de refugiados. Além dessa população já admitida no Brasil, de acordo com a Polícia Federal (2020), até outubro de 2020, o país recebeu 187 mil requerimentos de refúgios, entre os quais 96.556 (51,63%) são de nacionais da Venezuela. De um lado, estar nas ruas dos municípios roraimenses na condição de outsider (ELIAS; SCOTSON, 2000) representa um estigma social a partir da existência diversas vulnerabilidades, a exemplo de barreira linguística (língua materna espanhola em solo com língua oficial portuguesa), perda de função social em relação ao país de origem e baixo (ou nenhum) poder econômico. Adicionalmente, por outro lado, a restrição de acesso às condições básicas de vida imposta a esses outsiders impede o desenvolvimento de suas liberdades, nos termos de Amartya Sen (2002). Para a composição desta pesquisa, com vistas à análise qualitativa de fenômenos, segundo Minayo (2009), foram levados em conta a construção social dos conceitos em investigação. Para a coleta de dados, foram utilizadas técnicas de pesquisa documental, com triagem de dados realizadas no segundo semestre de 2021, produzidos por instituições governamentais brasileiras, bem como de organizações intergovernamentais (ONU) e não governamentais (Cáritas Brasileira). De maneira complementar, a pesquisa bibliográfica pautou-se no levantamento da produção científica relacionada às categorias analíticas pobreza (com enfâse em água, saneamento e higiene), migrante e refugiados (com recortes metodológicos referentes à Venezuela e ao Brasil). Já para a fase de tratamento de dados, foram empregados os delineamentos de análise de conteúdo, em conformidade com os pressupostos apresentados por Vergara (1998).

Resumen de la Ponencia:

A comienzos de la década del 2000 y luego de la crisis económica que se registró en Argentina, se implementaron diversas políticas públicas para paliar sus efectos. En la provincia de San Luis, ubicada en el centro del país, el gobierno definió como eje prioritario de su gestión el de la política social. Específicamente, en el año 2003, se llevó adelante la puesta en marcha del Plan de Inclusión Social “Trabajo por San Luis”. Esta política de estado fue ideada como un instrumento para mejorar los índices relativos al mercado laboral ya que entonces la tasa de desocupación era la más alta de la historia de la provincia y tenía la premisa de dar trabajo a todos los desocupados. Este plan llegó a proveer de ingresos a la mitad de la Población Económicamente Activa de la provincia.Si bien desde el gobierno provincial se afirmaba que esta política sería temporal hasta tanto se lograra la inclusión social de los excluidos, luego de casi dos décadas se continúan implementando planes sociales con la misma finalidad y se destinan importantes recursos del estado a ese fin. Y se advierte que no sólo se ha incrementado la desocupación y la cantidad de empleo en la administración pública de la provincia, sino también se ha elevado considerablemente el porcentaje de población que se considera bajo la línea de pobreza, según datos oficiales. De acuerdo a los parámetros establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, esto implica que esa población no cuenta con ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas sino también otros consumos básicos no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera)En la actualidad se observa que, más allá de la situación extraordinaria de la pandemia de Covid-19 que afectó al mundo entero, en algunas regiones las definiciones de políticas públicas no pudieron o no supieron modificar la situación percibida como insatisfactoria o problemática por la población. Simplemente se incrementó la incorporación de personas en el sector público y se intensificó la implementación de planes socialesEn este trabajo se analizan políticas sociales a nivel provincial que se plantearon como una herramienta que permitiera a sus beneficiarios insertarse formalmente en el mercado laboral y, por ende, mejorar su situación social. Para su análisis se emplean datos secundarios provenientes de fuentes oficiales nacionales y provinciales e información primaria relevada en el marco de estudios propios del proyecto de investigación al que pertenece el equipo de trabajo.Palabras clave: políticas sociales – planes sociales – inclusión – pobreza - San Luis, Argentina

Introducción:

Breve introducción

La provincia de San Luis, Argentina, ubicada en el centro del país, tradicionalmente ha evidenciado un perfil productivo orientado a las explotaciones agropecuarias de la zona pampeana, pero cambió su esquema a partir de la puesta en marcha de los planes nacionales de promoción industrial en la década de los ochenta, reorientando su actividad económica hacia la industria manufacturera. 

La trayectoria productiva de San Luis quedó de esta forma fuertemente signada por la aplicación de políticas públicas de promoción. Ese proceso de cambio económico de la provincia tuvo impactos directos en el Producto Bruto Geográfico (PBG), que a partir de 1984 evidenció un significativo crecimiento generado por un extraordinario incremento de la participación del sector industrial, que se convirtió en el principal sector de generación de riqueza provincial. (Páez et al, 2000)

A principios de 2003, el mercado laboral provincial presentaba signos de deterioro, no sólo producto de la crisis que afectaba a todo el país sino también de la caída en los beneficios asociados a las leyes de promoción industrial en la provincia. Entre otros indicadores, la tasa de desocupación se multiplicó y alrededor de un 30% de la Población Económicamente Activa (PEA) encontraba problemas para insertarse en un empleo.

En ese marco, el gobierno de San Luis declaró el Estado de Emergencia Social en todo el ámbito de la provincia por el término de un año y para dar respuesta inmediata a esa situación crea el Plan de Inclusión Social “Trabajo por San Luis”. Este plan estaba orientado a “todos los ciudadanos desocupados de la provincia dispuestos a mejorar sus posibilidades de conseguir empleo mediante la inclusión en la Cultura del Trabajo” según lo dispuesto en la Ley I-0001-2004.

Fundamentación del problema

El estado de bienestar moderno surge como una manera de superar la Gran Depresión de la década de 1930, después de la Segunda Guerra Mundial, bajo una forma de intervencionismo estatal para abordar el desempleo, la pérdida de producción y el colapso del sistema financiero que aspira a corregir las injusticias del “capitalismo espontáneo”. Bajo esta perspectiva el Estado sería considerado como responsable del progreso social de la población: es la idea del “Estado providencia”, “Estado de bienestar” o “Estado benefactor” (Farge Collazos, 2007).

El Estado de bienestar aparece como un “conjunto de instituciones públicas destinadas a elevar la calidad de vida de la fuerza de trabajo o de la población en su conjunto y a reducir las diferencias sociales ocasionadas por el funcionamiento del mercado”, operando en el terreno de la distribución secundaria del ingreso mediante transferencias monetarias directas (pensiones, prestaciones por desempleo o asignaciones familiares) o indirectas (subsidio a productos de consumo básico), provisión de bienes (programas de complementación alimentaria) y prestación de servicios (educación o salud). El establecimiento de regulación protectora de las condiciones de trabajo (higiene en fábricas), del medio ambiente o de la calidad de bienes y servicios, es finalmente otro instrumento del Estado de bienestar.

Lo que caracteriza a la cuestión social contemporánea y las formas de institucionalidad que la definen es la tendencia al establecimiento de concepciones estáticas de los “problemas sociales”. (Lo Vuolo, 1998).

En este contexto de desocupación masiva y crecimiento de la exclusión, es concebido este modelo para tratar situaciones coyunturales o como lo proponen Lo Vuolo (op. cit.), para tratar necesidades puntuales de carácter transitorio: para indemnizar la exclusión del mercado de empleo de una gran parte de la población, incrementar cada vez más los gravámenes al trabajo, trayendo como consecuencia una reducción del volumen de lo recaudado.

A principios de los años ochenta, el crecimiento de la desocupación y la aparición de nuevas formas de pobreza da toda la sensación de un retroceso, pero no se trata de un simple retorno a los problemas del pasado. Desde las posturas neoconservadoras, se diagnostica una crisis del estado de bienestar señalando el excesivo tamaño adquirido por el sector público, la necesidad de reducir los costos del Estado y fomentando el desarrollo de un amplio sector privado de servicios.

Pierre Rosanvallon (1995) señala tres etapas en la quiebra del Estado de bienestar: las dos primeras, de orden financiero e ideológico, se refieren a que los gastos sociales crecieron a ritmos superiores respecto a los ingresos. La tercera es de orden filosófico: aparece la desintegración de los principios organizadores de la solidaridad y el fracaso de la concepción tradicional de los derechos sociales.

El Estado benefactor en la Argentina se caracterizó por la regulación del mercado, el compromiso social capital-trabajo, la intervención estatal en la reproducción social y la garantía de derechos sociales. Con interrupciones, debido a los continuos cambios de régimen, sus rasgos más notables fueron: el énfasis en el empleo público, el desarrollo industrial y la autonomía económica nacional.

Según Soldano y otro (2006), en la literatura argentina en el ’83 se delimitan por primera vez como políticas sociales a las formas secundarias de distribución del ingreso, en contraposición a las primarias -distributivas y estrictamente económicas.

En las actuales economías abiertas integradas globalmente, muchas de las premisas que sustentaron la construcción del Estado benefactor en la posguerra en los países industriales avanzados ya no parecen válidas. Los problemas que merecen mayor atención son los económicos y demográficos, sumado a una fuerte carga fiscal; la combinación de una baja fecundidad con un índice de envejecimiento de la población en rápido aumento; la familia convencional, basada en los ingresos de un jefe de familia de sexo masculino, está en decadencia (para que las familias lleguen a final de mes, para mantener los niveles de bienestar tal cómo se habían definido, necesitan cada vez más que las mujeres trabajen, constituyendo un cambio revolucionario hoy en día); y las modalidades de vida en general están cambiando y diversificándose. Lo típico es que los problemas económicos que enfrenta el Estado benefactor en Occidente se vinculen con el desempleo. (Farge Collazos, 2007).

Hay evidencias de que un alto costo marginal de la mano de obra y la existencia de derechos laborales muy estrictos conspiran contra el aumento del nivel de empleo; y un modo de enfrentar parcialmente este problema consiste en reducir los aportes sociales a través de la privatización de los programas de bienestar.

En los ’90 se encara un proceso de redimensionamiento del estado y del sector privado. El eje del proceso económico deja de ser el trabajador y su organización pasa a ser el mercado, el consumidor y el management. Este modelo impulsa, además, la flexibilización laboral y da lugar a la precarización de las relaciones laborales. Se asiste al pasaje de un modelo cultural vinculado a lo público-estatal, de solidaridades nacionales hacia otro vinculado al mercado, a la sociedad civil y la competencia. (Iriarte, 2003).

Para Merlinsky (2002) los cambios estructurales en la economía argentina en los años 90 trajeron importantes cambios en el funcionamiento del mercado de trabajo. El llamado "plan de convertibilidad", cuyo principal objetivo fue desarrollar una estrategia que permitiera cumplir con las obligaciones financieras internacionales, y al mismo tiempo producir la apertura de la economía argentina, fue el principal factor que aceleró las tensiones en el mercado de trabajo argentino, produciendo el cierre de establecimientos que no pudieron adecuarse a las exigencias de la competencia externa.

La ausencia de criterios para la incorporación de cambio tecnológico, sumado al descenso abrupto en los costos de los bienes de capital, produjeron una sustitución de trabajo por capital. 

En el caso de las economías regionales, como es el caso de San Luis, este proceso fue aún más grave dado que la producción local, organizada sobre la base del sector metalmecánico, y fuertemente orientada al mercado interno, resultó especialmente dañada por las importaciones sustitutivas. Como resultado de esta contracción en el sector dinámico del área, las dificultades económicas se propagaron al comercio y los servicios, que experimentaron fuertes retrocesos en su nivel de actividad y en su capacidad de ofrecer plazas laborales a quienes quedaron fuera del circuito productivo manufacturero.

Metodología

Para el estudio se emplean datos secundarios provenientes de fuentes oficiales nacionales y provinciales e información primaria sistematizada en el marco del proyecto de investigación al que pertenece el equipo de trabajo.

Para llevar adelante la investigación se realizó un relevamiento bibliográfico y de publicaciones on line, se sistematizó información secundaria proveniente de los Presupuestos anuales de la provincia de San Luis; de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que releva las características sociodemográficas y socioeconómicas de la población de manera periódica que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina (INDEC) y de Informes técnicos de Condiciones de Vida-Incidencia de la Pobreza e Indigencia.

Desarrollo:

Resultados y discusión

De acuerdo a los objetivos definidos en el Presupuesto de la provincia de San Luis para el año 2004, el Plan de Inclusión Social “Trabajo por San Luis” estaba destinado a “todos los ciudadanos de San Luis desocupados, dispuestos a mejorar sus posibilidades de conseguir empleo mediante la inclusión de la cultura del trabajo” (Ley I-0001-2004).

La primera consecuencia directa de la aplicación del plan fue la abrupta disminución de la tasa de desocupación: del 12,6% que registraba en 2002 -la más alta de la historia de la provincia- se redujo al 3,7% en el segundo semestre 2003 y a 1,2% en el año 2004. (Páez et al, 2019).

El impacto que para la provincia significó que más de cuarenta y cinco mil beneficiarios de esta política pública percibieran un ingreso monetario, y que al ser consultados por los organismos públicos que relevan información sobre situación laboral respondieran que para ellos el Plan “es un trabajo”, se puede observar en el gráfico que se presenta a continuación. Es decir, de acuerdo a su concepción, se había modificado su condición de desocupados. Y por consiguiente, la tasa de desocupación de la provincia se redujo sensiblemente. 

Gráfico N° 1 

Fuente: elaboración propia en base a datos de EPH-Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Si bien no es posible realizar un seguimiento de la serie completa hasta la actualidad por la advertencia sobre el uso de series estadísticas que realiza el INDEC: “se advierte que las series estadísticas publicadas con posterioridad a enero 2007 y hasta diciembre 2015 deben ser consideradas con reservas y su difusión lo consigne expresamente. El INDEC, en el marco de las atribuciones conferidas por los decretos 181/15 y 55/16, dispuso las investigaciones requeridas para establecer la regularidad de procedimientos de obtención de datos, su procesamiento, elaboración de indicadores y difusión”. Esto se debe a que hubo severos cuestionamientos y denuncias sobre los procedimientos metodológicos y el rigor científico con los que las autoridades del organismo se desempeñaron en ese período. 

En los últimos años se observa que la tasa de desocupación vuelve a mostrar una tendencia ascendente, aunque se reduce en los años impares: se podría relacionar con el hecho de que en esos años hay elecciones para renovación de autoridades legislativas y ejecutivas y en esas instancias se recurre a la implementación de políticas enfocadas a cubrir demandas sociales. 

De todas maneras, año a año s se enfatiza en los presupuestos de la provincia que el Programa de Inclusión Social es una de las principales políticas de Estado: 

“El Programa constituye una de las principales políticas de Estado, brindándole las herramientas fundamentales para la aplicabilidad de la Justicia Social y la distribución de la riqueza, considerando al trabajo como gran ordenador social que permite mejorar la calidad de vida de cada beneficiario en toda la Provincia. 

El Derecho de Inclusión Social ha sido consagrado como un Derecho Humano fundamental del cual gozan todos los habitantes de la Provincia, garantizando la integración social de todos los beneficiarios del Plan de Inclusión Social y de toda persona que se encuentre dentro de los grupos etarios excluidos socialmente, así como de aquellas personas en riesgo de exclusión social y en estado de emergencia social, mediante la capacitación, formación y realización de tareas que les permitan insertarse socialmente, desarrollar un oficio y desarrollar una actividad digna acorde a las capacidades y posibilidades de cada ciudadano” (Presupuesto 2022, Ministerio de Desarrollo Social)

Estos objetivos se persiguen desde el 2004, año de puesta en marcha. La importancia de este Programa se evidencia no sólo en la configuración de Ministerios específicamente creados para contenerlo sino en la asignación de recursos, particularmente en los últimos años, tal como se observa en el gráfico siguiente:

Gráfico N° 2

Fuente: elaboración propia en base a información de Presupuestos de la provincia de San Luis. Ministerio de Hacienda

Si bien a lo largo de todos estos años se continúan asignando fondos a esta política los resultados no serían los esperados: “Este Plan tendrá como objeto fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo en los sectores industrial, agropecuario, minero y turístico en el territorio de la Provincia de San Luis” (Presupuesto 2004, Ministerio de la Cultura del Trabajo).

Si se analiza la distribución de la población ocupada de la provincia en base a los grandes rubros de ramas de actividad se puede observar que a diferencia de lo que ocurre a nivel país, en San Luis el mayor porcentaje lo representa la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social (Gráfico N° 3). Es decir, el Estado provincial es el mayor empleador.

Gráfico N° 3 

Fuente: elaboración propia a partir de EPH- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

Gráfico N° 4

Fuente: elaboración propia a partir de EPH- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Y no sólo no se evidencia que la asignación de fondos públicos genere empleos en sectores productivos, sino que además en los últimos años se registra un fuerte incremento de los niveles de pobreza en la provincia.

Existen diversas perspectivas epistemológicas y posiciones metodológicas para definir la pobreza, ya que algunos autores la relacionan con la dificultad para satisfacer necesidades mientras que otros identifican la pobreza con la marginación social, es decir, comprende a aquellos que no logran insertarse en el sistema productivo. Otros investigadores caracterizan a la pobreza como la falta de ingresos que impiden el acceso a determinados bienes (Beccaria, 1994).

Si bien se reconoce el carácter multidimensional de la pobreza, su abordaje es generalmente de corte cuantitativo, ya que las dimensiones y los indicadores que se contemplan para su medición son relativos a condiciones materiales.

En la Argentina, los métodos utilizados para medir la pobreza son dos: el método directo o de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el método indirecto o de Línea de Pobreza (LP).

El procedimiento de NBI consiste en verificar si los hogares han satisfecho una serie de necesidades previamente establecidas y considera pobres a aquellos que no lo han logrado. En su versión más simple, el método NBI utiliza únicamente información ex–post, ya que no considera la capacidad del hogar para satisfacer las necesidades a futuro. El procedimiento de LP se caracteriza por utilizar líneas de pobreza, las cuales establecen el ingreso o gasto mínimo que permite mantener un nivel de vida adecuado, según ciertos estándares elegidos (Feres y Mancero, 2001). El método indirecto se utiliza para medir la magnitud de la pobreza. La línea de pobreza representa el monto monetario que permite a un hogar satisfacer las necesidades esenciales de sus integrantes y se estima a partir del costo de una canasta básica de alimentos que cubre las necesidades nutricionales, tomando en cuenta los hábitos de consumo del entorno social de referencia, la disponibilidad efectiva de alimentos y sus precios relativos (CEPAL, 2000).

A partir del año 2016 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha reanudado la elaboración y difusión de los indicadores de Pobreza e Indigencia. Estos indicadores procuran establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas, denominada Canasta Básica Alimentaria (CBA). De esta manera, los hogares que no superan ese umbral o línea son considerados indigentes. Los componentes de esa canasta se valorizan con los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para cada período de medición. Asimismo, la “Línea de Pobreza” (LP) extiende el umbral para incluir no sólo los consumos alimentarios mínimos sino también otros consumos básicos no alimentarios. La suma de ambos conforma la Canasta Básica Total (CBT), la cual es también contrastada con los ingresos de los hogares relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Para calcular la línea de pobreza, por lo tanto, es necesario contar con el valor de la CBA y ampliarlo con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera) con el fin de obtener el valor de la Canasta Básica Total (CBT). Mientras que la canasta alimentaria es una canasta normativa, la canasta básica total se construye en base a la evidencia empírica que refleja los hábitos de consumo alimentario y no alimentario de la población de referencia.

De acuerdo a las series publicadas por este organismo, el porcentaje de población de la provincia de San Luis que está por debajo de la línea de pobreza se ha incrementado en un 75% desde el inicio de la serie, tal como se observa en la tabla N° 1.

Tabla N° 1

Pobreza en personas, 2° semestre 2016 a 2° semestre 2021

Fuente: elaboración propia en base a Informes Técnicos de Condiciones de Vida-Incidencia de la Pobreza e Indigencia en 31 aglomerados urbanos de Argentina (INDEC)

 

Gráfico N° 5

Fuente: elaboración propia en base a Informes Técnicos de Condiciones de Vida-Incidencia de la Pobreza e Indigencia en 31 aglomerados urbanos de Argentina (INDEC)

El gráfico muestra que San Luis no sólo registra una tendencia creciente de la línea de pobreza, sino que en la última medición el porcentaje es mayor al del resto de las provincias de la región Cuyo a la cual pertenece. Y no sólo eso, sino que supera en comparación con el resto de los aglomerados del país, tal como se muestra en el gráfico siguiente.

Gráfico N° 6

Fuente: elaboración propia en base a Informes Técnicos de Condiciones de Vida-Incidencia de la Pobreza e Indigencia en 31 aglomerados urbanos de Argentina (INDEC)

 

 

 

Conclusiones:

Algunas reflexiones finales

Desde hace décadas en Argentina se implementan políticas públicas para hacer frente a las crisis económicas que impactan directamente en la vida de sus habitantes. La provincia de San Luis no es un caso aislado. Si bien tradicionalmente su estructura económica estaba basada en actividades relacionadas con las explotaciones agropecuarias de la zona pampeana, cambió su esquema a partir de la puesta en marcha de los planes nacionales de promoción industrial en la década de los ochenta, reorientando su actividad económica hacia la industria manufacturera. 

A principios de 2003, el mercado laboral provincial presentaba signos de deterioro, no sólo producto de la crisis que afectaba a todo el país sino también de la caída en los beneficios asociados a las leyes de promoción industrial en la provincia. Entre otros indicadores, la tasa de desocupación se multiplicó y alrededor de un 30% de la Población Económicamente Activa (PEA) encontraba problemas para insertarse en un empleo. Se implementa entonces una política pública dirigida a “todos los ciudadanos desocupados de la provincia de San Luis dispuestos a mejorar sus posibilidades de conseguir empleo mediante la inclusión en la Cultura del Trabajo”, tal como se define en sus objetivos. 

Luego de casi dos décadas se observa que el Programa de Inclusión sigue vigente. En el presupuesto de la provincia para el año 2022 se enfatiza que “El Programa constituye una de las principales políticas de Estado…garantizando la integración social de todos los beneficiarios del Plan de Inclusión Social y de toda persona que se encuentre dentro de los grupos etarios excluidos socialmente, así como de aquellas personas en riesgo de exclusión social y en estado de emergencia social, mediante la capacitación, formación y realización de tareas que les permitan insertarse socialmente, desarrollar un oficio y desarrollar una actividad digna acorde a las capacidades y posibilidades de cada ciudadano”

Las estadísticas oficiales muestran que en los últimos años la administración pública concentra el mayor porcentaje de población ocupada y que se registra un incremento en el porcentaje de población bajo la línea de pobreza, esto es, personas que no reúnen ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas y otros bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera). 

Bibliografía:

Beccaria, L. (1994). La medición de la pobreza: reformulación metodológica y resultados. Buenos Aires: Proyecto Ministerio de Trabajo/OIT.

CEPAL (2000) Panorama Social de América Latina. LC/G. 2068-P. CEPAL/ECLAC. Santiago de Chile (2002) Vulnerabilidad sociodemográfica: viejos y nuevos riesgos para comunidades, hogares y personas. Síntesis y conclusiones. CEPAL/ECLAC. Brasilia.

Farge Collazos, C. (2007). El Estado de bienestar. Enfoques (La Plata), (1-2), 45-54. Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/259/25913121005.pdf.

Feres, J. C. y Mancero, X. (2001) Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura. Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos Nº 4, CEPAL, Chile. Disponible en http://www.eclac.cl/publicaciones/Estadisticas/9/lcl1479/lcl1479e.pdf

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC), Bases usuarias y tabulados Encuesta Permanente de Hogares (EPH)

INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina) - Encuesta Permanente de Hogares 

INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina) - Informes Técnicos de Condiciones de Vida-Incidencia de la Pobreza e Indigencia en 31 aglomerados urbanos de Argentina

Iriarte, A. (2003). Modelos de Estado en Argentina. Universidad Nacional de Cuyo. Disponible en: http://ffyl1.uncu.edu.ar/IMG/pdf/Modelos_de_Estado_en_Argentina-2.pdf

Legislatura de San Luis. Ley N° I – 0001 – 2004. (5411 *R). Ley Plan de Inclusión Social. Publicada en el Boletín Oficial de la provincia de San Luis N° 12.569 el día 14 de noviembre de 2003.

Lo Vuolo, R. (1998). ¿Una nueva oscuridad? Estado de Bienestar, crisis de integración social y democracia. R. Lo Vuolo y A. Barbeito (1998) La nueva oscuridad de la política social. Del estado populista al neoconservador. Buenos Aires: Ciepp-Miño y Dávila Editores.

Merlinsky, M. (2002). Las consecuencias sociales de la desocupación en Argentina. El desempleo y sus múltiples modos de exclusión. Scripta Novarevista.Ministerio de Hacienda de San Luis - Presupuestos provinciales. Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn119-36.htm

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Rosanvallon, P. (1995). La nueva cuestión social: repensar el Estado providencia. Ediciones Manantial. 7-12.

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Palabras clave:

políticas sociales – planes sociales – inclusión – pobreza - San Luis, Argentina

Resumen de la Ponencia:

Los cambios en el contexto socio-político actual del Uruguay, principalmente los referidos al rol del Estado en la concepción y abordaje de lo social, han impactado fuertemente en la matriz de protección social existente hasta el año 2019. El giro conservador en la conducción política del país sumado al contexto de pandemia que atravesó el país durante los últimos dos años, han puesto al desnudo las miserias del modelo neoliberal del desarrollo capitalista que coloca en cada individuo, la responsabilidad del éxito o fracaso en su vida, y retira al Estado de la producción y distribución del bienestar. Teniendo en cuenta los principios orientadores de la política social durante el período progresista (2005 – 2019), el trabajo da cuenta del proceso de desmantelamiento de la matriz de protección social asociada a ellos. Para ello, se toman como referencia los programas sociales (más significativos por su cobertura y centralidad institucional), dirigidos a la atención de las situaciones de pobreza y vulnerabilidad social creados durante el período mencionado, así como las propuestas alternativas diseñadas por el nuevo gobierno para su abordaje. La reflexión que se presenta, es elaborada a partir de la lectura de datos secundarios sobre los programas seleccionados (Uruguay Crece Contigo, Cercanías, Uruguay Trabaja, Jóvenes en Red), y los nuevos lineamientos comunicados a través del sitio oficial del Ministerio de Desarrollo Social, y de entrevistas a informantes calificados de las Oficinas Territoriales de Salto, Paysandú y Bella Unión.El estado de incertidumbre generado por la imprecisión de los anuncios gubernamentales con respecto al recorte y reorientación de la casi totalidad de programas sociales bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, la ausencia de espacios de intercambio entre equipos técnicos y las nuevas direcciones para conocer las dinámicas y valoraciones del trabajo acumulado, el verticalismo en la toma de decisiones, el bloqueo de la acción colectiva y de espacios para plantear otras opiniones, malestares, propuestas, etc., y el silencio de las poblaciones afectadas por el retiro de las prestaciones sociales, son algunos de los elementos que se destacan en la nueva forma de gestionar la política social, sobre todo durante el primer año del gobierno. El desmantelamiento de la matriz de protección social, consolida una mirada individualista que responsabiliza al sujeto por su situación. En este marco, se construye un relato donde la asistencia se presenta como algo indigno y las políticas sociales como constructoras de pasividades. En un contexto fuertemente marcado por las medidas de encierro para evitar la propagación de la COVID 19, se restringen aún más los espacios y mecanismos para reivindicar las conquistas y denunciar las ausencias del Estado en la atención de las necesidades de la población en condiciones de mayor vulnerabilidad social.