Resumen de la Ponencia:

La ponencia presenta la estructura de capital político de los intendentes electos de la provincia de Santiago del Estero (2006-2018), para comprender los anclajes sociales de las elites locales, las jerarquías en juego y los entornos sociales que se relacionan con las formas de construcción de la autoridad política. La política provincial se estudió como relación social, conociendo qué estructuras de capital político resultan significativas entre los intendentes electos durante el período.El capital político fue estudiado como estructura. Éste no sólo se inserta en un proceso dinámico de acumulación, sino que tiene variaciones para destacar: el capital territorial; el capital familiar; el capital sexual o de género y el capital socio profesional. La especie capital territorial se presenta valorada en el campo político provincial. El intendente que posee y acumula “capital territorial” es reconocido como capaz de influenciar o movilizar la forma de votar de los ciudadanos de un determinado municipio, y es considerado representativo.En relación con el género de los intendentes electos, hay un dominio de los hombres en la política local. En los pocos casos de mujeres intendentas, se presentan formas de alternancia relativa de capital político delegado, en donde se ceden las posiciones electivas entre matrimonios y familiares. Esto es un elemento para seguir profundizando en siguientes indagaciones. La importancia de conocer los oficios, ocupaciones y profesiones de los intendentes es que ayudan a identificar los capitales sociales de origen que luego se reconvierten en capital político, es decir, en capital simbólico legítimo para disputar la autoridad política local, aportando a la comprensión de continuidades y rupturas en la construcción de liderazgos locales. Los medios de interrogación en el proceso de investigación fueron registros de observación, entrevistas a intendentes y trabajo de archivo en diarios provinciales sobre cuatro elecciones (2006, 2010, 2014 y 2018).

Resumen de la Ponencia:

La ponencia busca dar una respuesta a la pregunta ¿por qué en algunos procesos de selección de autoridades partidarias a nivel subnacional en México hay conflicto intrapartidario entre 2011 y 2021 (y no en otros)? La literatura sobre el conflicto intrapartidario reconoce que algunas de las fuentes de este son la heterogeneidad ideológica al interior de los partidos, así como la ausencia de democracia intrapartidaria. Sin embargo, estos análisis muchas veces solamente son para el nivel nacional de los partidos. Al respecto, hace falta generar explicaciones sobre el origen del conflicto en los niveles subnacionales de los partidos políticos. El caso mexicano parece un escenario pertinente para explorar la variación en las fuentes del conflicto durante estos procesos intrapartidarios al ser un país federal donde los partidos políticos tienen la capacidad de presentarse en comicios de diferentes niveles (nacional, estatal y municipal). A fin de estudiar lo anterior, en la ponencia se presentarán resultados del análisis cuantitativo de la base de datos sobre conflictos intrapartidarios en la selección de autoridades partidarias subnacionales en México. El trabajo busca contribuir al estudio de la organización de los partidos políticos mexicanos a nivel subnacional y cómo ésta aún resulta secreta en varios sitios del país.

Resumen de la Ponencia:

La ponencia forma parte de los estudios de organizaciones políticas regionales. En este caso sobre el proceso de institucionalización de movimiento regional a partido político nacional de Perú Libre, en base a tres ejes principales: campo político, liderazgos y estructuras organizacionales. Se argumenta que la institucionalización nacional actual de Perú Libre se debe a los liderazgos disímiles de Vladimir Cerrón (líder-fundador) y de Pedro Castillo (dirigente sindical, de reciente inscripción y elegido presidente de la república), apoyados en sus estructuras organizacionales iniciales, partidaria, por un lado y sindical por otra. En un campo político polarizado política, ideológica, programática, territorial y electoralmente, con políticas de alianzas con pocos avances y mayores retrocesos, cuyo desenlace parece ser nuevamente de fragmentación, y no de unidad, en la izquierda, tanto en el campo político-programático como en las acciones de gobierno. Así, la complejidad de la institucionalidad nacional de Perú Libre radica en tres elementos: primero, en la coexistencia de dos liderazgos, uno partidario (de antigua militancia) y otro en el gobierno (de reciente militancia); segundo, la fractura organizacional, en por lo menos, dos posturas (el ala dura de militantes y la proveniente del magisterio, en general, en calidad de invitados); y, tercero, la formación, tenencia y distribución inadecuada de los cuadros (técnicos y políticos) en la división del trabajo partidario, tanto en el campo organizacional-político (para acumular fuerzas), como en el gobierno (para mostrar eficacia directiva, así como en la gestión pública y las políticas públicas propiamente).

Resumen de la Ponencia:

El trabajo tiene como objetivo identificar la presencia de clivajes en el comportamiento electoral de los jóvenes (18 a 25 años) y adultos mayores (más de 65 años) a nivel municipal en el estado de Hidalgo. Para lograr lo anterior, se consideraron los resultados electorales para Diputados Federales de 2009 a 2018 y su relación con características sociodemográficas como el grado de analfabetismo, el acceso a servicios públicos de las viviendas – agua, luz y alcantarillado –, porcentaje de población indígena, migración y acceso a medios de comunicación. Se utilizaron los datos difundidos por el Instituto Nacional Electoral relacionados con la participación por cada grupo de edad y las características socioeconómicas de acuerdo con Coneval.  Se utiliza una metodología cuantitativa, aplicando la técnica de datos panel que permite un análisis en tiempo y espacio del fenómeno. Los resultados muestran la presencia de altos niveles de participación entre jóvenes y adultos mayores, en regiones donde se acentúan las condiciones socioeconómicas precarias, la presencia de personas indígena y con altos índices de migración, lo cual sugiere la presencia de clivajes estructurales en donde se presenta en mayor medida la participación electoral.  Palabras clave: Clivajes, Participación electoral, jóvenes, adultos mayores, elecciones para diputados federales.

Resumen de la Ponencia:

Los think tanks son instituciones fundamentales en el debate público, político e intelectual en Chile. Sus funciones de investigación, consultoría y diseño de políticas públicas, particularmente relevantes desde la transición a la democracia, resultan imprescindibles para comprender el desarrollo político chileno contemporáneo. Esta ponencia, además de ofrecer una panorámica histórica y de identificar a distintas generaciones de think tanks en este país, reconoce la existencia de un campo institucional y social que ha fungido como un espacio político dinámico, configurándose estas instituciones como actores clave en la rearticulación de poder entre el Estado, la sociedad civil y sus diversos grupos sociales.  De hecho, en los últimos años los think tanks han venido ejerciendo en Chile un importante rol de mediación social, política y también cultural ante un contexto caracterizado por la crisis de legitimidad de la política, por el desprestigio de los partidos políticos o por la discusión sobre el uso político del conocimiento. Un ciclo histórico iniciado con las movilizaciones estudiantiles del año 2011 y que se proyecta hasta la actualidad, donde la agenda político-cultural, además de económica, ha quedado claramente marcada y caracterizada por el debate constitucional. Entre medias, están los llamados “tiempos de la politización” (PNUD, 2015), que se traducen en una mayor demanda de participación de la ciudadanía y la sociedad civil en los procesos políticos. Bajo este ciclo, han nacido nuevos think tanks en Chile, varios de ellos ligados a las derechas, algunos con perfiles más intelectuales como puede ser el Instituto de Estudios de la Sociedad; otros más combativos y alineados con el movimiento libertario internacional, como la Fundación para el Progreso; y otros más técnicos y alineados con las corrientes liberales, como Horizontal, vinculado al partido político Evópoli. Además, desde las izquierdas también han emergido nuevos think tanks ligados a la renovación política que representa el Frente Amplio, como Fundación Nodo XXI, Rumbo Colectivo y Saberes Colectivos. Son centros de acción o activismo social, dedicados a tejer redes con organizaciones y movimientos sociales, y que han introducido en la agenda temas ligados a la reforma previsional, la educación, el derecho a una salud pública o temáticas de género. Igualmente, La Casa Común ha sido un lugar clave para la proyección política del debate constitucional en el país.  Por tal motivo, el objetivo principal de la ponencia es ofrecer una radiografía actual sobre este campo de think tanks en Chile, caracterizando a algunos de los centros más relevantes según sus lineamientos políticos e ideológicos y según sus intereses en el debate sobre la Nueva Constitución. Para ello, además de la pertinente discusión teórica, nos apoyaremos empíricamente en datos y en el análisis de varios estudios de caso levantados en el Proyecto Fondecyt N° 1200421. 

Resumen de la Ponencia:

Hasta no hace mucho tiempo el estudio de la conformación de las elites desde el punto de vista del género fue poco considerado en la literatura sociológica sobre elites. A pesar de que existe un creciente cuerpo de investigación que vincula género, trabajo y discriminación, los modos en que dicha discriminación ocurre en la vida cotidiana laboral permanecen poco explorados. Este estudio presta atención a los mecanismos y procesos que producen y reproducen discriminación de género que median entre el nivel estructural y el individual, sin por ello soslayar que los procesos de discriminación se encuentran profundamente enraizados en el sistema de género.La investigación de la que se da cuenta se planteó un diseño metodológico cualitativo para el estudio y análisis de las trayectorias de mujeres y varones en puestos de dirección y alta gerencia en las grandes empresas del país a partir del enfoque biográfico, mediante entrevistas biográficas (23 con mujeres y 20 con varones) para la reconstrucción de la vida de los sujetos en profundidad. A fin de comparar posiciones discursivas tanto en términos de género como de generaciones, se explora el tema entre varones y mujeres de dos generaciones (nacidos antes y después de 1975) que se desempeñan en empresas públicas y privadas en cargos gerenciales y/o de dirección.Se exploran las representaciones de las mujeres y varones en puestos de alta gerencia y dirección en grandes empresas sobre las diferencias de género en el reclutamiento y carreras profesionales, así como sus percepciones de discriminación y estereotipos de género. Se identifican barreras a diversos niveles: estructurales, culturales, organizacionales e individuales, en el ascenso a la cúspide del poder empresarial así como en torno a las percepciones sobre roles, estereotipos y jerarquías de género.Se distinguen dos niveles de análisis: i) vivencial, que hace referencia a vivencias de los y las participantes del estudio de discriminaciones o barreras en sus trayectorias vinculadas con el género; ii) nivel argumental, que refiere a las justificaciones discursivas de los y las entrevistadas respecto de esas desigualdades y barreras. Esto permitió identificar explicaciones en diversos planos -elecciones y preferencias individuales, méritos propios, opciones-, determinantes de corte estructural y cultural (división sexual del trabajo, cultura machista), pasando por explicaciones que colocan la mirada en la vida organizacional (sesgos de género en el reclutamiento, ausencia de políticas empresariales de equidad, ausencia de mecanismos organizacionales que faciliten la articulación entre el mundo doméstico y el laboral-profesional). 

Resumen de la Ponencia:

Esta propuesta de ponencia pretende analizar el papel desempeñado por los Think Tanks Fedesarrollo (Colombia) y Fundação Getúlio Vargas (Brasil) en la definición de la política económica de sus respectivos países durante lo corrido del siglo XXI, a través de un estudio comparado que observa la diferencia en las orientaciones ideológicas de los gobiernos de los mencionados países durante el periodo en mención (centroizquierda con el Partido de los Trabajadores en Brasil y neoliberal con el Uribismo y Santismo en Colombia). Ello, enfatizando en la función de proveedor de altos cuadros burocráticos de estos tanques de pensamiento y la relación que dicha función pueda tener con el uso del discurso científico-económico al presentarse como Think Tanks con características de la llamada “primera ola”: independientes, apartidarios y orientados a la investigación de largo alcance. Con lo anterior, se espera establecer si la capacidad de influir la toma de decisiones públicas en materia económica para tanques de pensamiento de las mencionadas características, logra trascender las diferencias ideológico-políticas de los gobiernos de los que hacen parte o asesoran y, por tanto, si ocupan un lugar preponderante en la estructura político-social contemporánea que permite la reconversión de sus visiones particulares del mundo en societales. Para lo anterior se utilizará un marco conceptual acerca de las élites intelectuales y la tecnocracia y la propuesta de teoría del Estado (y el campo burocrático) y de Poder de Pierre Bourdieu. Cabe mencionar que esta reflexión se enmarca en el desarrollo de la investigación de la tesis doctoral de la autora. 

Resumen de la Ponencia:

La sociología procesual eliasiana plantea que el Estado moderno se sostiene por el mecanismo del monopolio (fiscal y de la violencia física). La forma específica de dominación y su aparato de poder están inextricablemente unidos con una forma de organización económica. Reflexionaré en torno a la actualidad, los alcances y los límites de estos planteamientos.

Resumen de la Ponencia:

El ejercicio del periodismo de investigación en México ha desempeñó en los últimos sexenios, sobre todo, a partir de la alternancia político – partidista un papel cada vez más relevante como mecanismo de contrapeso social y político para la vida democrática del país y sus insituciones, particularmente, a través de la exigencia de transparencia y rendición de cuentas, resultado de décadas de profundas luchas sociales que terminaron por consolidarse en la creación del IFAI (INAI) y su ley de transparencia. Avances democráticos que acompañados con derechos esenciales como los consagrados en los artículos 6º y 7º de la Constitución, en materia de libertad de expresión y acceso a la información, le han permitido desvelar actos de corrupción y exponer violaciones a los derechos humanos. En este sentido, el periodismo de investigación en México, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue fundamental para el escrutinio permanente del quehacer político y el empoderamiento de algunos sectores de la sociedad sobre lo público, con los riesgos que esta actividad representa, tanto para las fuentes de información como para los periodistas en búsqueda de verdad, memoria y justicia. Por ello es relevante estudiar las características de este tipo particular de periodismo, no solo como un actor, sino como un agente de cambio social, que a través de su actividad produce transformaciones significativas en la toma de decisiones políticas y en la deliberación pública -algunas de ellas a veces imperceptibles-, en el orden institucional del sistema político mexicano, pero no por ello inexistentes. Así pues, el periodismo de investigación supone la reconfiguración de un modelo de producción informativa distinto a los modelos tradicionales de relación con el poder: subversivo, cívido y dirigido por el mercado, que ha buscado marcar una clara y sana distancia, sin dejar de exigirle a las instancias gubernamentales su constante evolución en pro del interés público y de la consolidación de libertades y derechos en una sociedad democrática. El marco teórico-metodológico, consiste en dos acercamientos distintos, pero complementarios macro y microsociológicos: el primero, en torno a la democracia liberal; y el segundo, a partir de los planteamientos del Interaccionismo simbólico y las Comunidades de Práctica. Lo anterior, para dar cuenta de los debates relativos al proceso de creación y consolidación de las instituciones políticas que fungen como mecanismos de pesos y contrapesos en el sistema democrático y, para conocer la construción de prácticas y significados en comunidad de los periodistas de investigación, para ello se propuso un enfoque cualitativo con dos unidades de análisis: individuales (periodistas de investigación) y colectivas (unidades de investigación) y se utilizó la entrevista semiestructurada como técnica de investigación.                

Resumen de la Ponencia:

En la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales en Chile, la participación fue de solo 47,19% del padrón electoral dando como ganador al candidato de derecha, cuestión que luego se revirtió en segunda vuelta. En este contexto las personas se preguntan qué sucedió con el estallido social, con la memoria histórica, por qué gana un candidato que apoya públicamente a la dictadura.La respuesta está en varios hechos no muy distantes de la estrategia de Hitler en la Alemania Nazi.Primero, En una sociedad de individuos y sin sentido de colectivo, el manejo comunicacional es tierra fértil para el mensaje centralizado y manipulador que se emite en RRSS y medios de comunicación. Segundo, la situación objetiva del país, con altos niveles de inestabilidad provocada tanto por el estallido social como por la pandemia, sumado a la inestabilidad económica y la delincuencia, genera un contexto del que el candidato de extrema derecha saca ventaja, apela a las emociones y se levanta como el padre protector en tiempos de crisis, su discurso llama al orden y la estabilidad.Kast apuntó su crítica a lo realizado por los gobiernos anteriores, proponiendo reducir el Estado y con ello todo lo avanzado en seguridad social, así como Hitler lo hizo a la República de Weimar y todo lo que ella representaba después del Tratado de Versalles. Lo que no dijo Kast (y tampoco lo advirtió Hitler), es que un grupo de la población quedaría a la más brutal deriva y que con ello el odio seguirá aumentando justificando los más atroces crímenes de lesa humanidad. Por otra parte la clausura de los conglomerados políticos y la incapacidad de hacer alianzas entre los grupos progresistas que tienen algunos matices. Y por último, este escenario, fue manipulado por medio de un fuerte manejo comunicacional similar al dirigido por Goebbels pero en la era digital y por ende con mayor alcance. Se utilizó el big data y las RRSS, prueba de ello es que un candidato que ni siquiera estuvo en Chile se ubicó en el tercer lugar de las preferencias de la población. Esta experiencia ya se había visto en el escándalo de Brexit, Cambridge Aanalítica dio inicio a una nueva era de propaganda política.La estrategia utilizada se sustenta en los principios de la propaganda nazi: Principio de simplificación; del enemigo único; el Método de Contagio; de Exageración y Desfiguración; de vulgarización; de renovación; de verosimilitud; de silenciación, de transfusión y el principio de la unanimidad.Este trabajo da cuenta de ese fenómeno y su vínculo con las élites que desean mantener el estatus quo institucional en Chile.

Resumen de la Ponencia:

Desde o fim da Guerra fria até o início do século XXI pode-se constatar o que Samuel Huntington denominou de terceira onda da democratização. No entanto, depois dos anos 2000 para frente o mundo tem enfrentado processos atípicos de retrocesso democrático. Vários países tiveram suas democracias testadas, alguns passaram ilesos, outros caíram em autoritarismo, mas há os que estejam em zonas políticas cinzentas. Este trabalho debruça-se sobre a abordagem das democracias iliberais e tem como objetivo saber se se trata efetivamente de uma democracia ou de um regime político derivado do regime híbrido. Para isso utiliza-se do método indutivo, recorrendo a uma abordagem metodológica mista, expondo-se o tema de forma argumentativa-expositiva, exaltando a utilização de referencial bibliográfico com foco em artigos técnico-científicos e análise de informação estatística. Para melhor desenhar o estudo, utiliza-se de casos concretos, especialmente de países americanos, com foco na América Latina, em particular o Brasil. Com o desenvolvimento deste trabalho, decorre-se a confirmação de que não se trata de uma democracia, mas sim de um tipo próprio de regime político híbrido. Assim, conclui-se que é utópico falar em democracia iliberal sem ao menos verificar a passagem do fenômeno do populismo pelo Estado que ela se instalou. Desta forma, a partir de uma análise inovadora, contribui-se para a ciência política latino-americana com a contextualização e alocação política dos países em democracias iliberais, sobretudo com uma avaliação das consequências, principalmente a longo prazo, tendo em vista que quem efetivamente sofre com a instabilidade política é a população local. 

Resumen de la Ponencia:

En la medida en que el campo de la política tributaria se ha internacionalizado y ha ganado relevancia en la agenda pública con hechos recientes como la reforma tributaria de Donald Trump, la crisis pandémica y las filtraciones de documentos tributarios, ha existido una creciente atención mediática hacia estos episodios y hacia el marco más amplio de la política pública en este ámbito. En un contexto en que, en conjunto con el auge de este campo, actores tradicionales y emergentes han buscado incidir en el debate público sobre la política tributaria, el campo mediático transnacional aparece como un espacio social y político fundamental para las posibilidades de visibilidad e influencia de estas organizaciones.  Este estudio indaga en la distribución de la prominencia de las organizaciones referenciadas como fuentes en la cobertura mediática de tres episodios de política tributaria por parte de los principales medios de prensa estadounidense en el periodo 2016 – 2021. Para ello se presentan antecedentes sobre los principales debates en la política tributaria internacional y luego se utiliza la metodología de análisis de redes multinivel propuesto por Knoke (2021) para identificar a los actores más prominentes en el campo mediático en tres episodios: la filtración de los Panama Papers, la reforma tributaria de la administración Trump y el acuerdo por un impuesto corporativo mínimo global en el marco de la OCDE y el G20. 

Resumen de la Ponencia:

Al observar ciertos elementos clásicos que caracterizaron el surgimiento de la mafia en general en cualquier nación, se reconoce el poder desafiante que esta causa en las entrañas de una sociedad. La corrupción de los poderes instituidos y de la administración de justicia, la porosidad continua que se padece desde la frontera entre legalidad e ilegalidad y las asociaciones privadas en busca de un poder exclusivo para su beneficio. Situado todo en un contexto de carencias sociales y precariedad de todo tipo, monopolio de las vías que constituyen al Estado, una vía intensa en armas y una vía intensa en capital. A estas viejas características debe sumársele hoy su variabilidad histórica al compás de los procesos de cambio en el contexto internacional como resultado de la globalización.Nuevas tendencias de los regímenes estatales y en general, del desarrollo del capitalismo en el marco de una economía de libre mercado. Que nunca abrió esos canales de distribución de bienes y servicios para los ciudadanos, sino para el crimen y las injusticias por ellos fabricadas.Si bien las referencias a los conceptos clásicos de mafia muy enmarcados en sus orígenes rurales son inevitable y necesarios (Blok, A:1988; Gambetta, D: 2007; Matanzaro, R.1992) la visión sobre las nuevas formas de actuación, reconfiguración organizativa y las nuevas modalidades de relacionamiento tanto con la institucionalidad como con la sociedad misma se tornan indispensables.  Por supuesto existen características digamos inamovibles del carácter de la mafia y en tal sentido la más importante es la que gira alrededor de la confianza y de allí que siga siendo -al decir de Gambetta - una empresa económica específica, una industria que produce, promueve y vende protección privada. Cuestión se ha  vuelto recurrente y normalizada en el contexto social de la sociedad Cordobesa en Colombia, donde recientemente a la extradición del capo del denominado Clan del Golfo que opera en la región del Urabá antioqueño, pero un radio de acción expandible a todo el país, pues con este hecho se dio un paro armado desde el día 5 de mayo hasta el día 9 de mayo afectando todo lo que este actuar podría generar, incluso la parálisis de los poderes oficiales, entre los cuales se cuenta el poder representado en la fuerza publica cuyo comandante en jefe viene a ser el mismo presidente de la Republica. 

Resumen de la Ponencia:

En el último decenio hemos asistido a una proliferación de estudios que analizan la comunicación política digital, observando aristas investigativas que surgen -por ejemplo- desde la búsqueda de explicaciones sobre la movilización social (Schwartz, 1996; González- Bustamante, 2014; Cansino et al, 2014; McCay-Peet e Quan-Haase, 2017), la incidencia electoral (Haunss, 2015; Jungherr, 2016), así como sobre las motivaciones que subyacen dicha participación (Johansson, 2016; Straus, et al, 2016; Giebler e Wüst, 2011; Lorenzo e Garmendia, 2016; Giebler e Wüst, 2011; Lilleker e Koc-Michalska, 2013; Sarcinelli, 2004; Pior, 2014; entre otros).Lo cierto es que, la arista relacionada al uso que le dan los jefes de Estado a este tipo de comunicación no pareciera haberse oportunamente explorado hasta ahora. Esto, con mayor particularidad en los contextos latinoamericanos, caracterizados institucionalmente por lo que se ha definido como hiperpresidencialismos (De Vergottini, 1999) y en los cuales se ha venido acelerando una digitalización social y uso de redes sociales (más rápida y profundamente por la emergencia Covid-19), que ha levantado importantes sospechas respecto de la emergencia de nuevas formas de populismos (Fernández-Santillán, 2018).Este trabajo aborda el estudio de la comunicación emitida en el territorio político digital por parte de los presidentes latinoamericanos, analizando usos, estrategias y apropiaciones de dicha comunicación. Para ello se basa en una “metodología de análisis para la comunicación digital de interés público” (Freire, 2020), estructurada en tres dimensiones analíticas y 6 niveles de observación. Se analizarán los mensajes emitidos en Twitter por cerca de 20 presidentes, entre el 1/1/2021 y el 31/12/2021; datos recogidos de la API oficial de Twitter, sistematizados y procesados por medio de un código en R.Recurriremos, por tanto, a la metodología cuantitativa y cualitativa, implementando estrategias metodológicas apropiadas al contexto y coadyuvadas por técnicas de big data. Podremos concluir en torno a: el tejido comunicacional que implementaron los presidentes latinoamericanos durante el periodo de pandemia; avanzar hipótesis explicativas y algunas relaciones causales respecto del uso comunicacional en virtud de posición política, sexo y edad; e incluso avanzar explicaciones tentativas respecto de implicancias en la comunicación política digital, que van más allá del caso estudiado.

Resumen de la Ponencia:

El presente trabajo recupera aquellos estudios que analizan a las elites y al periodismo desde una perspectiva sociológica para dar cuenta de la dinámica entre actores y grupos de poder del campo político y periodístico. Esta ponencia forma parte del proyecto de investigación colectivo “Un análisis sociohistórico del periodismo político en la Argentina reciente”, del Área de Teoría Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires. En este caso, se presentan los primeros hallazgos referidos a la caracterización de las elites periodísticas en América Latina, tras los procesos de concentración de los sistemas mediáticos que tuvieron lugar en la región desde las décadas de 1980 y 1990.  La literatura clásica coincide en definir a las elites como aquellos grupos que concentran el poder político, económico y simbólico en una sociedad determinada. En este sentido, este campo de estudio sociológico, inaugurado por Wright Mills (1957), analiza las relaciones que vinculan a los actores situados en las posiciones de mayor jerarquía social y prestigio. Por su parte, los aportes de la sociología política del periodismo, especialmente aquellos trabajos de inspiración bourdesiana, definen a las élites periodísticas como aquellos actores posicionados en la cima de la jerarquía profesional (Rieffel, 1984) producto de estrategias de acumulación de capital. Asimismo, señalan al periodismo político como una subespecialización jerarquizada que cumple una posición dominante dentro del campo periodístico (Kuhn y Neveu, 2013). En este sentido, los periodistas “notables” son aquellos miembros de la elite cuyo prestigio radica en su habilidad para obtener información de primera mano, a través de sus fuentes y contactos directos con actores políticos (Kaciaf, 2000). Si se consideran los procesos de concentración e internacionalización de los sistemas de medios a nivel global y regional que han tenido lugar desde la década de 1980 (Becerra y Mastrini, 2006 y 2009; Guerrero, 2010; Porto, 2012), es posible sostener que las elites periodísticas han sido objeto de importantes reconfiguraciones en las últimas décadas. Atendiendo a esta hipótesis de trabajo, la ponencia presenta los hallazgos del relevamiento y sistematización de las investigaciones sobre esta categoría de actores en la región. Esta actualización del estado de la cuestión sobre la temática, permitirá analizar las perspectivas teóricas y las estrategias metodológicas utilizadas, comparar los hallazgos de los distintos estudios y atender a las problemáticas que resta explorar. Como resultado, se conformará una cartografía de las élites periodísticas en latinoamérica que dé cuenta tanto de sus regularidades como de sus diferencias y particularidades nacionales o regionales. 

Resumen de la Ponencia:

Vinculado a pesquisa mais ampla sobre a relação entre empresários e Governo Bolsonaro, este capítulo analisa como as elites do empresariado brasileiro interpretaram a pandemia, definiram suas agendas de interesses diante das políticas do Governo Federal e reagiram ao comportamento do Presidente Bolsonaro frente à Covid-19. Na análise de conteúdo das cartas abertas e manifestos patrocinados por empresários desde o início da pandemia, em comparação com o que indica a literatura sobre empresariado e política no Brasil, constatamos tanto continuidades quanto diferenças nas demandas e nos padrões de ação política por parte destas elites.

Resumen de la Ponencia:

 Esta ponencia busca problematizar una serie de elementos fundamentales asociados no sólo a la existencia de un Banco Central Autónomo (BCA) en Chile, sino que también a la función social y política que este cumple en el país, y cómo esto se vincula a procesos más amplios asociados al reordenamiento del capitalismo alrededor del mundo en los último 50 años. Para avanzar en esta línea de análisis es necesario evitar definiciones reduccionistas de los fenómenos político-económicos y así desnaturalizar la posición que el BCA chileno ocupa en el arreglo institucional político-económico del país, sobre todo en torno a la idea de que es una entidad neutral y meramente “técnica”.En ese sentido se plantea que la creación de un BCA en Chile y el mundo, se enmarca en un proceso de reconfiguración del capitalismo a nivel mundial, que comenzó en la década de 1970 y que actualmente identificamos como capitalismo neoliberal. Uno de los elementos centrales de ese proyecto, se considera acá, habría sido separar la esfera económica de la esfera política a través de una serie de innovaciones institucionales e ideológicas. En ese contexto, los BCA serían uno (de varios) mecanismos institucionales creados para ejercer artificialmente esa separación. Por lo tanto, y al contrario de como discursivamente se presentan hoy los BCA, estos no solo cumplirían una función “técnica”, sino que también una función social y política, cuyo objetivo es aislar, a través de mecanismos institucionales e ideológicos, la administración de la economía y sus dinámicas de acumulación, no sólo de la política institucional, sino que del conflicto social en general. Se considera que una potencial forma de abordar esta problemática es identificar a quiénes afectan las decisiones que toma el Banco Central de Chile (BCCh), cómo estas constriñen y habilitan a estos actores, cuáles son los intereses detrás de estas, y qué rol juega la autonomía del BCCh, así como otros mecanismos institucionales e ideológicos, en sustentar tanto esas decisiones, como el proceso más amplio de “despolitización” de la economía antes mencionado. Esto es particularmente relevante en tiempos de crisis política, económica, y ahora sanitaria, pues en períodos así las sociedades parecen encontrarse más abiertas a discutir los elementos fundantes de su existencia, pero también porque en momentos donde el conflicto social es más álgido, los intereses de los distintos grupos sociohistóricos que constituyen una formación social específica se tornan más claros, así como también la defensa que estos hacen de ellos. Palabras Clave: Banco Central, Autonomía, Independencia, Despolitización, Capitalismo neoliberal, Financiarización 

Resumen de la Ponencia:

Encuentros Locales en la región de Valparaíso: reunidos entre ideas, sueños y ciudadanía. Las movilizaciones ocurridas en Chile durante octubre del 2019, evidenciaron que la democracia chilena sufre de déficit estructurales de representatividad, inclusión y legitimidad. Estas carencias estuvieron al centro de la revuelta social. Surgieron nuevas formas de hacer ciudadanía, dirigidas a retomar espacios de discusión y decisión local, con colectivos altamente heterogéneos de personas que perseguían el objetivo de debatir la contingencia nacional y visionar futuros posibles. La relevancia de estas formas de participación política se realza de forma sustantiva el 15 de noviembre de 2019, cuando el acuerdo parlamentario transversal confirmó el inicio del proceso constituyente. En la confusión que acompaño el momento, emergieron iniciativas de participación deliberativa. Que es la “discusión cara a cara mediante la cual los participantes plantean y responden concienzudamente a argumentos en competencia para llegar a juicios considerados sobre las soluciones a los problemas públicos” (Fishkin 2002, 223). Las cuales no han cesado, incluso durante pandemia, hasta la fecha.De este modo, se propuso localizar todos los encuentros ocurridos desde Octubre 2019 a Marzo 2022 en la región de Valparaíso, Chile para analizar en términos sociales la participación deliberativa. Con la finalidad de entregar herramientas prácticas que permitan comprender la profundidad e impacto de estas instancias. Pero no cualquier tipo de intercambio público fue entendido como deliberación. Ya que, esta busca “colocar el razonamiento público como centro de un ideal de justificación política” (Monsiváis 2006, 296). Es decir, la deliberación no es realizar una sistematización de opiniones individuales, sino generar nuevos argumentos y posiciones a través del intercambio de opiniones informadas. Sin llegar necesariamente a un consenso. Sin embargo, la disposición de sus participantes a evaluar concienzudamente argumentos heterogéneos lo vuelve fundamental para el progreso democrático. Existe una amplia literatura que es crítica de varios de los supuestos básicos y metodológicos sobre los procesos deliberativos (Chilvers and Kearnes 2016). Por esto último, la aproximación que utiliza este trabajo respecto del enfoque deliberativo no fue solo descriptiva, también es reflexiva y crítica, poniendo énfasis en señalar sus deficiencias y puntos por mejorar para aportar al entendimiento del proceso constituyente a nivel regional.

Resumen de la Ponencia:

Durante las primeras décadas del periodo postautoritario, las estrategias de adaptación programática de la derecha chilena se caracterizaron por la paulatina moderación y convergencia con la Concertación, conglomerado de centroizquierda que estuvo en el gobierno durante los veinte años posteriores a la dictadura de Pinochet (Madariaga & Rovira, 2020; Rovira, 2019, 2020). El primer gobierno de Piñera (2010-2014) interrumpió esta tendencia en el ejecutivo, bajo la promesa de una nueva centroderecha renovada, moderna y alejada del pasado autoritario (Morales & Navia, 2010). A nivel societario, múltiples transformaciones comenzaron a promoverse de la mano del movimiento estudiantil de 2011, poniendo en cuestión el lucro en la educación e introduciendo la repolitización de los segmentos juveniles, mediante la discusión pública sobre el rol del Estado en la garantía de derechos sociales. Por la derecha, estos debates relevaron que la hegemonía del pensamiento neoliberal -asentado desde la dictadura- comenzaba a agrietarse, llevando al sector a un retroceso político e intelectual. A raíz de eso, sobrevino una nueva ofensiva de la derecha a través de la creación del nuevo partido político de liberales culturales, Evópoli, además de nuevos think tanks de diferentes idearios que ampliaron el abanico de posiciones a nivel moral y en el eje Estado-mercado (Alenda, Gartenlaub, et al., 2020; Alenda, Le Foulon, & del Hoyo, 2020; Rumie et al., 2020). Desde entonces, la derecha chilena dejó de entenderse como un sector monolítico, identificándose la presencia de sensibilidades ultraliberales, subsidiarias y solidarias distribuidas equitativamente en los partidos del conglomerado (Alenda, Le Foulon, & Suárez-Cao, 2020). No obstante, en los últimos años la estampa «moderada» del sector se vio reemplazada por la progresiva tendencia hacia la radicalidad, especialmente, desde la revuelta popular de 2019 que abrió el actual proceso constituyente (Rovira, 2020). La emergencia y consolidación del Partido Republicano Chile ha representado una actualización del pensamiento de derecha desde un giro a posiciones atribuibles a una derecha radical populista: ultraliberal en lo económico, autoritaria en lo social y conservadora en lo moral (Campos, 2021). Si bien en su origen se percibió como un partido «de nicho», el aumento en su padrón de militantes y los resultados de las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias en 2021 (27,91% en la primera vuelta para el candidato del PR; 15 diputados y 1 senador electos), sugieren que este partido ha capitalizado exitosamente el rechazo hacia la moderación ideológica, convirtiéndose en una oferta atractiva para los descontentos con al avance del «progresismo» en su sector. En esta presentación se explorará hipótesis que explicarían el avance del partido y su vinculación con conflictos abiertos relativos a «la crisis» migratoria; la revuelta y el proceso constituyente; el conflicto Estado chileno-nación mapuche; y, especialmente, a las vulnerabilidades debido a la pandemia de COVID19. 

Resumen de la Ponencia:

Son escasos los estudios Políticos, Socio jurídicos e Instituciones que abordan directamente el rol de defensa de las rondas campesinas y las comunidades campesinas, específicamente en la protección medioambiental que permite sobrevivir y convivir de manera armónica a la ciudadanía de los diversos lugares del norte del Perú. De esa manera, una pregunta central de investigación tiene que ver con lo siguiente: ¿Es posible el rol de defensa del medioambiente como estrategia de desarrollo ciudadano en las rondas campesinas del norte del Perú? A esta concreta cuestión es posible sumarle un conjunto de cuestiones derivadas que pueden centrar el análisis en las diversas instituciones tradicionales como las rondas campesinas y las comunidades campesinas. Aquí interesa principalmente investigar el rol de defensa medioambiental que cumplen las rondas campesinas del norte del Perú y cómo estos se expresan como formas estratégicas para desarrollar la ciudadanía que sirve para fortalecer el liderazgo, la democracia, la institucionalidad, la legalidad y sobre todo para alcanzar el desarrollo social de la colectividad. El trabajo de investigación que se presenta como parte del estudio socio jurídico en institucional concerniente a un ente principal de ejercicio de función jurisdiccional como es la Ronda campesina, será abordado a través de una metodología cualitativa en la cual se recogerá un conjunto de testimonios de los propios actores campesinos y la función que cumplen para proteger su medio ambiente y para ejercer sus derechos ciudadanos en favor de cada uno de sus miembros, de sus familias, de sus tierras, de sus instituciones.

Resumen de la Ponencia:

La economía social solidaria es un movimiento socioeconómico que engloba un conjunto de figuras jurídicas y organizaciones de hecho, que actúan animadas por la búsqueda de soluciones a problemáticas que aquejan a la colectividad, y que lo hacen mediante una actividad productiva que, al privilegiar su objeto social por sobre el lucro, genera valiosas externalidades positivas para las personas que las integran y para su ámbito geográfico de acción. Durante los últimos quince años la economía social solidaria ha cobrado relevancia pública y visibilidad, mediante su reconocimiento e impulso por organismos multilaterales, gobiernos nacionales y locales, identificando en ella un potente instrumento empresarial para hacer frente a los retos del desarrollo. El objetivo de este trabajo es analizar, mediante el caso costarricense, cómo el Estado responde a las necesidades y demandas de la economía asociativa y qué rol han desempeñado los liderazgos del sector en las distintas etapas del ciclo de vida de la política pública. Para ello se estudiarán dos instrumentos de política pública promulgados por el Poder Ejecutivo de Costa Rica durante la Administración Alvarado Quesada (2018-2022): el Consejo Presidencial de Economía Social Solidaria y la Política Pública de Economía Social Solidaria. El propósito del análisis es identificar y caracterizar los actores de la economía social solidaria e institucionales que participaron en la formulación, aprobación e implementación de estos instrumentos de política pública, su rol en las distintas etapas del ciclo de vida de la política pública y las relaciones de poder entre ellos. Asimismo, interesa describir su contenido y alcances, las similitudes y diferencias con el enfoque de las políticas públicas para el sector en otros países y organismos, así como su vinculación con la Agenda Global de Desarrollo. Se ha empleado una metodología de carácter cualitativo, basada en el análisis documental de los instrumentos de política pública sujetos de análisis y la entrevista no estructurada a actores clave del proceso. Con base en este análisis se plantea que ambos instrumentos de política pública habilitaron espacios para la participación real y sustantiva de los representantes legítimos de la economía social solidaria, a lo largo de todo el ciclo de vida de la política pública.  Se destaca que los gestores políticos y técnicos de ambos instrumentos enfatizaron el valor de la participación democrática y la co-responsabilidad de la sociedad civil como factores críticos de éxito. Asimismo, se concluye que con la promulgación e implementación de estas políticas Costa Rica se situó en sintonía con los esfuerzos de política pública que se han venido impulsando durante la última década en distintas latitudes para fortalecer las manifestaciones de la economía asociativa y potenciar así sus impactos positivos en el desarrollo económico y social.                                      

Resumen de la Ponencia:

La investigacion analiza el desarrollo institucional del Ministerio de Hacienda y Comercio hasta su formación como Ministerio de Economía y Finanzas durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y su proyección en el siglo XXI. En ese tiempo el Ministerio de Hacienda y Comercio era una entidad muy especial encargada de poner en práctica la política económica del país desde su establecimiento con la fundación de la república peruana. Su estructura orgánico-administrativa se fue desarrollando en el aspecto funcional para generar en el aspecto científico nuevos conocimientos relacionados a la función ministerial, con investigaciones sobre política ministerial, y publicaciones de historia económica e historia del comercio. Este proceso continúo hasta la creación del Ministerio de Economía y Finanzas en la primera fase del gobierno militar, en donde dichas publicaciones continuaron las investigaciones anteriores, pero repentinamente se detuvieron.

Resumen de la Ponencia:

O estado de São Paulo concentra quase um terço dos cerca de 58 milhões que perfazem a frota total de automóveis particulares do Brasil. Nesse cenário, leilões tornam-se mercados rentáveis e disputados, na medida em que são essenciais para a venda, distribuição e consumo de veículos usados não só em São Paulo, mas também para outros estados e países. Entretanto, as ciências sociais vêm prestando pouca atenção às dimensões políticas, sociais e culturais dos leilões, e a maior parte dos trabalhos sobre o tema tem como foco a dimensão econômica. Esta apresentação toma os leilões como entrada empírica para explorar as interfaces entre as dinâmicas sociais e de poder inscritas na regulação de mercados legais e ilegais ligados a veículos. O objetivo geral é compreender as disputas na última década em torno dos marcos regulatórios da atividade leiloeira no Brasil por elites econômicas e políticas. Importa destacar que, no Brasil, as disputas políticas em torno da regulação deste mercado ganham em complexidade neste período, tendo em vista a entrada de companhias estrangeiras neste mercado que, até então, era predominantemente controlado por empresários brasileiros. Ao levar em conta a enorme pujança econômica de leilões de veículos, a pesquisa visa contribuir aos estudos empíricos sobre leilões e disputas políticas em torno da regulação de mercados. O trabalho de campo será desenvolvido em três etapas: I) coleta e análise de documentos (notícias de jornais; projetos de Lei; relatórios de audiências públicas etc.); II) pesquisa de campo com observação participante da rotina de leilões; e III) entrevistas em profundidade com leiloeiros e funcionários de leilões.

Resumen de la Ponencia:

La fecha del 11 de marzo de 2020 inauguró un nuevo paradigma en el escenario jurídico mundial y en las relaciones internacionales: la declaración de la pandemia del Sars-Cov-2 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Más de un año después, en noviembre de 2021, la Organización inició una nueva negociación encaminada a un acuerdo, convenio u otro mecanismo legal en materia de prevención del surgimiento de nuevas pandemias. Desde esta perspectiva, se establece una tónica: el mundo comienza a presenciar un movimiento transjurisdiccional que se formula, de hecho, como un nuevo tratado de derechos humanos, a fin de establecer como condición indispensable no solo la prevención de nuevos escenarios pandémicos, sino también de una respuesta colectiva cada vez más concreta a estos posibles acontecimientos. De esta forma, a partir del establecimiento de reglas de indisociabilidad de las medidas comunitarias de protección y de una nueva interrelación desarrollada entre las industrias farmacéuticas, se formulan contenidos normativos relacionados con un panorama de derechos humanos, específicamente con una perspectiva integradora de la salud global. A través de una revisión de la literatura legislativa, así como del análisis de materiales públicos producidos y puestos a disposición por la OMS, se observó que las sugerencias sobre cambios en el procedimiento de declaración de emergencia y mecanismos de transparencia, control y vigilancia en salud, hacen que sea un seguimiento cada vez más necesario de las obligaciones de los Estados en materia de salud pública. Como resultado, se concluye que la adopción de un sistema de vigilancia en salud más eficiente, humanitario e integrado no sólo es de suma e inmediata importancia frente al desenvolvimiento relacional hombre-naturaleza, sino que, sobre todo, debe ser consolidado como una forma de garantía de protección del derecho fundamental a la salud con panoramas continentales y globales.

Resumen de la Ponencia:

Este trabalho se constitui da minha tese doutoral apresentada no curso de doutorado em Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em convênio com a Faculdade Católica de Rondônia (FCR). A proposta da pesquisa foi analisar a medida socioeducativa de privação de liberdade em Porto Velho/RO, considerando a implantação do SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo) em 2012. Busquei como a pesquisa identificar de que maneira o SINASE efetivou-se em Porto Velho e responder às indagações: essa política tem cumprido com o objetivo de socioeducar o/a adolescente autor/a de ato infracional? De que forma o Sistema de Garantia de Direitos tem realmente garantido os direitos humanos de adolescentes infratores/as e a proteção desse grupo? Minha hipótese foi a de que havia uma correlação entre a não efetivação do SINASE em Porto Velho/RO e a reincidência, os óbitos e/ou inserção de jovens no sistema penal. O objetivo geral da pesquisa foi analisar a medida socioeducativa de internação em Porto Velho/RO, considerando a implantação do SINASE. Formulou-se como objetivos específicos: Conhecer os procedimentos psicossociais adotados nas Unidades de Internação Masculina Sentenciados do município de Porto Velho/RO; Identificar as condições estruturais das Unidades de Internação Masculina Sentenciados do município de Porto Velho/RO; Conhecer a atuação dos atores que fiscalizam a execução da medida socioeducativa de privação de liberdade em Porto Velho/RO; Apresentar os dados estatísticos sobre a reincidência de internação no sistema socioeducativo, de inserção no sistema penal e de óbitos. Os dados foram coletados por meio de análise de relatórios e de pesquisa de campo com a utilização da técnica de entrevista estruturada, com aplicação de um roteiro para conduzir o diálogo entre a pesquisadora e o entrevistado. A análise de dados foi realizada utilizando-se a técnica de análise de conteúdo, e as repostas das entrevistas foram organizadas em algumas categorias. Os resultados da pesquisa aqui expostos identificaram, no geral, que há uma discrepância entre o que preconiza o ECA e o SINASE e a realidade dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade em Porto Velho/RO, sobretudo, nas questões relacionadas à estrutura física da unidade de internação executora do programa e o quantitativo de pessoal da equipe técnica responsável pela execução da medida. O Sistema de Garantia de Direitos em Porto Velho também não está sendo efetivado em conformidade com o que preconizam as referidas Leis. 

Resumen de la Ponencia:

O trabalho busca abordar a relação entre o Conselho da Comunidade da Execução Penal e a cidadania da pessoa presa. Como lócus da pesquisa elegemos a Comarca de Pelotas, esta possui um Conselho da Comunidade atuante e dentro das competências deste, selecionamos a relação com o Presídio Regional de Pelotas (PRP). O objetivo é compreender como o Conselho da Comunidade da Execução Penal da Comarca de Pelotas observa e ao mesmo tempo atua como mediador da cidadania da pessoa presa do PRP. Logo, como problema de pesquisa temos: Como o Conselho da Comunidade da Execução Penal da Comarca de Pelotas, dentro das figurações que compõem a questão penitenciária, atua e exerce a mediação entre Estado e apenado no que consiste a cidadania do indivíduo privado de liberdade no PRP? Para responder a esta questão vamos nos utilizar de Elias, que nos fala sobre as figurações e o par estabelecidos-outsiders. Para observar a cidadania da pessoa presa, temos: Carvalho que faz uma construção histórica da cidadania brasileira; Santos com a ideia de cidadania regulada a partir do trabalho; Holston, para quem a cidadania pode ser dividida em formal (pertencimento ao Estado-nação) e substancial (usufruto de direitos); e Souza que fala na categoria de subcidadãos. Quanto ao Conselho da Comunidade, encontramos dois documentos elaborados pela Comissão para Implementação e Acompanhamento dos Conselhos da Comunidade, implementada pelo Ministério da Justiça: uma cartilha apresentando algumas informações sobre instalação, composição e atribuições e um relatório do período de trabalho. É uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório. Por ser conselheira do Conselho da Comunidade de Pelotas, a pesquisa será participante. As técnicas selecionadas são: análise documental, entrevistas semiestruturadas, grupo focal e observação direta (acompanhando inclusive a atuação junto ao PRP). Por fim, para análise dos resultados se fará uso da análise textual discursiva. Ainda em fase de elaboração, os resultados parciais são no sentido de que a cidadania do apenado é complexa e merece uma especial atenção. Compreender seu status, os direitos que (não)usufrui é importante para a localização deste indivíduo dentro da sociedade brasileira. No tocante ao Conselho da Comunidade da Execução Penal da Comarca de Pelotas, trata-se de uma equipe pequena, onde é possível identificar grupos de afinidade. Podemos elencar três: a) motivação religiosa; b) vinculação a academia; c) vinculação com órgão estatal. Por se tratar de um trabalho em construção, as conclusões ainda são incipientes. Podemos afirmar que é um trabalho urgente e relevante para o campo da sociologia, onde será possível auferir a construção da cidadania de uma população amplamente marginalizada e como a atuação de um órgão estatal (outsider dentro do campo da questão penitenciária), que possibilita a participação da sociedade civil nas questões relativas à execução penal, auxilia nesta construção.

Resumen de la Ponencia:

Una de las características generales del Derecho es el dinamismo, esto nos lleva a pensar que se trata de una ciencia viva. La esfera jurídica de las niñas, niños y adolescentes tiene como base la idea de que se trata de personas en situación de desarrollo, esto deriva en el principio de autonomía progresiva, de acuerdo con la cual la aplicación de las normas debe hacerse tomando en consideración las circunstancias especiales de esta población, sin embargo, se debe resaltara que no se trata de categorías homogéneas, pues existen niñeces y adolescentes tan diversas como contextos. En ese sentido y tomando en consideración a los cambios que se han originado desde el uso masivo de las Tecnologías de la comunicación, pues no se puede negar la migración de las interacciones sociales en las plataformas digitales, creando un lenguaje propio, estas interacciones que requieren un estudio y regulación adecuada, más aún cuando niñas, niños y adolescente son quienes más actividad tienen en la virtualidad. Lo anterior, representa un reto en las escuelas de derecho, ya que es necesario brindar al estudiantado herramienta que les permitan realizar análisis no solo normativos (para conocer el espíritu de las leyes o su sistematización) sino también, conocer los contextos en los que surgen y se aplican las normas e instituciones jurídicas, por lo que se requiere una transformación de las formas de enseñanza y practica del derecho.

Introducción:

El Derecho como ciencia social, es dinámico, ya que esta influido por el contexto, es decir por las cuestiones políticos, económicos y sociales presentes en el momento de su creación y aplicación. Sin embargo, la enseñanza del derecho no siempre puede estar a la par de los cambios que ocurren en el contexto en el que se aplica (Hernández Martínez, 2007, p. 192) 

Los cambios en el contexto no siempre se manifiestan en la enseñanza del Derecho en las facultades, debido al proceso legislativo en México es rígido, esto es a grandes rasgos, para que una ley sea reformada o derogada, es necesario primero que se justifique la necesidad de dicha reforma, luego debe presentarse el proyecto de reforma, ser votado por el poder legislativo, ya sea el Congreso de la Unión o Asamblea Legislativa, dependiendo de si se trata de una ley federal o local (Sandoval Ulloa).

Una vez que se haya reformado la ley, se procede a la reforma de los planes de estudio, lo cual requiere un proceso similar, se justifica la reforma, se presenta el proyecto y se vota, en este caso es el Comité Académico de la escuela o facultad respectiva. Una vez aprobado se actualiza a las y los docentes para dar inicio a la enseñanza del nuevo contenido. 

Todo este proceso puede demorar un par de años o más, lo que es cierto es que, en ocasiones, lo que se enseña en las facultades, no es la realidad de la vida profesional de las y los licenciados en derecho, sirva como ejemplo la reforma en materia penal de 2008, la generación 2004-2008 de la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudio un sistema penal que ya no aplicaría en su vida laboral (o por lo menos no de forma principal).

Es por ello, que resulta fundamental que desde las facultades de Derecho se proporcionen las herramientas para poder interpretar y buscar la aplicación no solo de forma dogmática, sino que trate de responder a las situaciones y necesidades actuales de las y los ciudadanos. Entre quienes se encuentran las niñas, niños y adolescentes.

Desarrollo:

El presente trabajo busca exponer la necesidad de que al igual que se ha introducido la perspectiva de género en la enseñanza del derecho en los diversos programas de estudio, es fundamental incluir la perspectiva de niñez y adolescencia. 

En la historia de los Derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA), se pueden encontrar tres tipos de respuesta por parte de los Estados (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2021, pp. 8-15):  

Indiferenciada. NNA no tienen capacidad jurídica, por lo que no pueden ser sujetos de derechos. Las personas que ejercen la patria potestad, tutela o representación legal son quienes toman las decisiones sobre sus vidas: religión, educación, salud, etcétera, sin la intervención o el arbitrio de ninguna autoridad. Tutelarista. Se reconoce que existen NNA que carecen de personas que ejerzan la patria potestad, tutela o representación legal o bien que no pueden hacerlo, por lo que el Estado actúa de forma supletoria, sin embargo, continúa negando a NNA la capacidad de ejercer sus derechos, aunque sí reconoció su capacidad de goce, es decir, reconoce que todas las NNA tienen derechos, aunque no pueden ejercerlos por sí mismos. Perspectiva de Derechos o Protección Integra. Parte del reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, es decir tienen todos los derechos y el estado debe implementar los mecanismos necesarios para que NNA accedan y ejerciten sus derechos de forma plena y directa. 

Estas respuestas obedecen a dos distintas formas de relacionarse con NNA: adultocentrismo y perspectiva de niñez/adolescencia. La primera responde a una visión que considera a NNA como personas en potencia, es decir, las etapas de niñez y adolescencia son sólo un paso de preparación para ser una persona adulta que aporte a la vida en sociedad. Esta es la visión que ha sido utilizada para construir la gran parte de los sistemas sociales, pues en ella no se consideran las necesidades u opiniones de NNA. Por ejemplo, en los procesos judiciales no se deseñan mecanismos a través de los cuales NNA puedan promover por sí mismos un proceso judicial, en muchos casos no se prevé su participación en los procesos; tampoco se les reconoce la participación la vida pública. 

Por su parte las perspectivas de niñez y adolescencia, reconocen la capacidad de NNA para ejercer sus derechos, establece la obligación del Estado para implementar los mecanismos necesarios para que NNA puedan ejercer sus derechos, no solo en los ámbitos judiciales (en proceso de guarda y custodia, o bien penales como víctima o responsable de una conducta tipificada como delito) sino que se refiere a todos: derecho a la vida, la salud, educación, vivienda, de participación, de información, etcétera. Partiendo de dos premisas:

Interés superior de NNA: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben actuar en el mejor interés de la NNA (artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 y Observación General del Comité de los Derechos del Niño numero 14 El principio de Interés Superior, 2013)Autonomía progresiva: la niñez y la adolescencia no son categorías estáticas, ya que día con día niñas, niños y adolescentes adquieren habilidades y herramientas que les permiten ejercer sus derechos de forma autónoma (artículo 12.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 y Observación General del Comité de los Derechos del Niño numero 12 Derecho del niño a ser escuchado, 2009). 

Así, se puede advertir que los dos primeros tipos de respuesta obedecen a una visión adultocéntrica, en tanto que la segunda implica la aplicación de las perspectivas de niñez y adolescencia. 

El sistema jurídico (y social) construido a partir de la visión adultocéntrica ha propiciado que las condiciones de niñez y adolescencia sean consideradas situaciones de vulnerabilidad, al no reconoce las necesidades y opiniones de NNA. Al respecto las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad o Reglas de Brasilia (Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008), reconoce que la edad puede constituir una condición de vulnerabilidad, es especial tratándose de niñes y adolescencia, pues señala:

“Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de la legislación nacional aplicable. 

Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo. (Reglas de Brasilia, 2008, regla 2)

Actualmente, se ha constituido un sistema de protección integral, que responde a un impulso internacional que ha dado como resultado un basto andamiaje jurídico, impulsado por acontecimientos que han puesto en relieve la necesidad de que el estado al crear y aplicar sus leyes, tenga en consideración las perspectivas de niñez y adolescencia. Este marco jurídico se constituye de forma enunciativa por los siguientes instrumentos: Declaración de Ginebra (1924); Declaración de los Derechos del Niño (1959), Convención sobre los Derechos del Niño (1989); los tres Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño: el relativo a la participación de niños  en los conflictos armados; el relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y; el relativo a un procedimiento de comunicaciones (2000); las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño; la Opinión Consultiva 17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (condición jurídica y derechos humanos del niño) y sus sentencias, en especial las dictadas en los casos “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay y Atala Riffo y Niñas Vs. Chile.

Ahora bien, es importante señalar que las categorías de niñez y adolescencia no son ni de cerca homogéneas, sino todo lo contrario, es por ello que la aplicación de las respectivas perspectivas requiere un acercamiento (actualizado) de las situaciones en las que se encuentran NNA, por ejemplo: 

Situación familiar: familia integrada/desintegrada, violencia familiar, consumo de drogas por parte de algún integrante de la familia, etcétera. Situación educativa y laboral de las personas la/el/las/los progenitores. Nivel Socioeconómico: pobreza, marginación, medio rural/urbano o violencia social.Genero: identidad de género, preferencia sexual, orientación sexual, roles sociales Etnicidad: pertenencia indígena, afrodescendencia, uso de un idioma diferente al español.Movilidad territorial: migración nacional e internacional, forzada o voluntaria, acompañada no acompañada. Incluso el padecimiento de alguna enfermedad crónica o degenerativa, así como de tener alguna necesidad física para el ejercicio de sus derechos sea de movilidad, visual, auditiva, etcétera.Acceso a las tecnologías de la información.

Es decir, la aplicación de estas perspectivas requiere una metodología caleidoscópica: conjunto diverso y cambiante (Real Academia de la Lengua Española, 2022) pues en cada caso se presenta una imagen particular, la cual debe ser considerada tanto en la creación y aplicación de las normas jurídicas, como en su enseñanza. Esta imagen se compone de una serie de elementos psicológicos, físicos, cognitivos y sociales presentes en la vida de cada NNA, que constituyen el conjunto diverso de elementos que cambia en cada caso particular, es decir, es lo que da como resultado las perspectivas de niñez y adolescencia (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2021, p. XXII). 

Conclusiones:

Todo este andamiaje jurídico se ha materializado en un largo proceso legislativo en México, que incluye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4°) que ha dado como resultado el Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes previsto en la Ley General de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes; sin embargo, la enseñanza del derecho aun sigue considerando a NNA como sujetos inimputables (civilmente) es decir, incapaces de ejercer sus derechos.

Mientras que la incorporación de las perspectivas de niñez y adolescencia continúan enfocándose solo al marco jurídico, que, si bien debe mantener la primacía en las facultades de derecho, no debe olvidarse de que niñas, niños y adolescentes (al igual que el resto de las personas) se encuentran en un contexto que debe ser considerado tanto al momento de legislar, enseñar y aplicar las leyes, esto incluye el ejercicio y defensa de sus derechos. 

Bibliografía:

Comité de los Derechos del Niño (2009) Observación General número 12. Derecho del niño a ser escuchado.

Comité de los Derechos del Niño (2013) Observación General número 14. El principio de Interés Superior.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (1999) Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_63_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2004) Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012) Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Recuperado de http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf

Convención sobre los Derechos del Niño (1989)

Comité de los Derechos del Niños (Hernández Martínez, María del Pilar (2007). La enseñanza del derecho en México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/5025154)

Real Academia de la Lengua Española (2022).

Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad (2008) 

Sandoval Ulloa, José G. Prontuario de términos, prácticas y procedimientos más usados en el trabajo parlamentario de la cámara de diputados del Congreso de la Unión. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/pront/8reform.pdf). 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (2021), Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. 

Palabras clave:

Niñez; Adolescencia; Derecho 

Resumen de la Ponencia:

Alrededor de la alternancia en la titularidad del poder ejecutivo federal que tuvo lugar en México el año 2000 se generaron, al igual que en otros puntos del subcontinente, expectativas democráticas que iban de la mano de una transformación institucional. Los diseños respectivos pasaban por la capacidad de construir acuerdos sobre qué era necesario crear o fortalecer. En la medida en la que la discriminación y violencias de género eran y serán siempre incompatibles con un entorno democrático y de que los Estados que aspiran a dicho calificativo están obligados a garantizar su erradicación, el nacimiento en nuestro país del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) difícilmente hubiese podido objetarse. Sin embargo, abrir espacios institucionales no basta, lo que los dota de sentido es su capacidad de reproducir interacciones capaces de garantizar el abanico de derechos humanos que, entendidos en un sentido amplio, forman parte de las agendas sociopolíticas del siglo XXI. Hasta dónde el INMUJERES ha avanzado, o no, en esa dirección es la interrogante central que guía esta ponencia.

Resumen de la Ponencia:

Lo queramos ver o no, el mundo ha cambiado. Ante la generalización y normalización del uso (y a veces abuso) de los mecanismos de Derecho de excepcionalidad a lo largo del planeta y las numerosas crisis sociales y económicas que la pandemia ha dejado tras de sí, se prevé que en los próximos años se desencadenen, en muchos de los países del Globo, crisis políticas que no sólo desestabilizarán sus diversos sistemas políticos, sino que incluso contribuirán a su transformación. De cumplirse estas previsiones, se correría el peligro de convertir estos instrumentos en peligrosos mecanismos de violación e incumplimiento de los derechos y libertades ciudadanas. Por ello, este trabajo busca analizar la problemática de la garantía de los derechos fundamentales en México a través de la aplicación del mecanismo de Derecho de excepcionalidad recogido en el art. 29 de su Constitución, ya que, por un lado, el establecimiento de ciertos derechos intangibles imposibilitan la adopción de medidas reales para atajar la emergencia y, por otro, la ausencia de un Reglamento que desarrolle este precepto dificulta la delimitación de las facultades del Gobernante ante este tipo de supuestos, permitiendo que se vulneren dichas garantías a través de medidas que los afectan tangencialmente. Así, el Ejecutivo mexicano no podrá cargar contra los manifestantes, ya que no se puede restringir ni suspender el derecho a la integridad personal, ni se podrá perseguir a un grupo ideológico que busque subvertir el poder a través de métodos no democráticos, por implicar discriminación, entre otras muchas medidas. Y ello provocará que el Gobernante deba elegir entre vulnerar la Constitución o permitir que el Estado se hunda en el caos. Pero también puede adoptar medidas que regulen otros derechos que afecten directamente a esos derechos intangibles. Puede regular el derecho a la seguridad ciudadana y establecer la posibilidad de llevar a cargo cierta violencia policial o clasificar a cualquier grupo organizado no democrático como terrorista, combatiendo la criminalidad común a través de la suspensión de garantías, lo cual es contrario a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, la pregunta que dicha investigación busca responder es si la suspensión de garantías mexicana protege realmente los derechos fundamentales de las y los ciudadanos durante este tipo de emergencias. Y el objetivo de todo ello es conocer los peligros que implica para el Estado de Derecho y la Democracia mexicana el privar al Gobierno de instrumentos para enfrentar los conflictos colectivos, obligándole o bien a la pasividad o al incumplimiento de la Constitución.  

Introducción:

La guerra de Ucrania, los conflictos sociales derivados de la inflación, las conspiraciones de golpe de estado en Alemania que lleva a cabo la ultraderecha, la declaración del estado de emergencia y el intento fallido de golpe de estado en Perú…son sólo un pequeño muestrario del enorme elenco de conflictos sociales que están teniendo lugar en el mundo. Y, como toda crisis de tamaña envergadura, dejará su impronta en los regímenes constitucionales de todos los países del planeta (VALADÉS, 2020:XXX), especialmente en el Derecho de excepcionalidad. 

Este concepto engloba toda aquella normativa constitucional que regula el otorgamiento de las facultades extraordinarias al Ejecutivo y que decreta temporalmente la restricción de derechos o la suspensión de garantías temporal, con el objeto de enfrentar peligrosas situaciones emergentes para la supervivencia del Estado o la de sus ciudadanos, las cuales no pueden paliarse a través de los cauces ordinarios del Derecho. Las facultades extraordinarias consisten en la transmisión parcial de la función legislativa que hace el Congreso en favor del Ejecutivo, lo que quebranta excepcionalmente el principio de división de poderes (MARTÍNEZ BÁEZ y TENA RAMÍREZ, 2006: 28). Usamos el término Derecho de excepcionalidad o estados de excepcionalidad en lugar de Derecho o estados de excepción, porque esta última definición hace referencia, en la nomenclatura española, a una de las diferentes formas que puede adoptar una situación de anormalidad constitucional, como es el estado de excepción, cuando en realidad abarca todas sus modalidades. Además, esta regulación no supone una excepción a la Constitución, lo que parece que se deriva de dicho concepto, sino que la misma se sigue aplicando, a pesar de que entran a funcionar mecanismos pensados para situaciones excepcionales, por lo que el Derecho que lo regula también debe ser excepcional. Así mismo, se propone usar esta denominación en lugar de utilizar “Derecho excepcional” porque esto último también podría aludir a una regulación muy extensa y precisa sobre una materia concreta, cuando en realidad nos estamos refiriendo a un Derecho creado para situaciones de anormalidad. Y aunque estos mecanismos acercan un modelo democrático a una dictadura, la diferencia entre ambos es la existencia instrumentos de control efectivos en el primero y su ausencia en el segundo.

De este modo, el objeto de estudio de esta investigación será el conflicto que se le presenta al Gobernante mexicano al tener que elegir entre el respeto de las limitaciones que encuentra su ordenamiento para poder enfrentar los conflictos sociales desde la ponderación del respeto a los Estados Democráticos de Derecho, y la eficacia de sus medidas. Por ello, el trabajo no sólo expondrá, de una forma descriptiva, los diferentes mecanismos jurídicos de los que dispone la Constitución mexicana para gestionar las diversas emergencias, sino que planteará gran parte de las crisis sociales a las que puede enfrentarse un país, sin entrar en escenarios disruptivos o contra fácticos. 

Por ello, la finalidad de este trabajo será investigar no sólo cual sería el instrumento adecuado para hacer frente a todas esas emergencias que se exponen en el trabajo, sino también las dificultades que podría encontrar el Gobernante para poner sus medidas en ejecución y los peligros que éstas pueden suponer para los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos que componen la República de los Estados Unidos Mexicanos. En definitiva, se trata de manifestar los defectos del Derecho de excepcionalidad mexicano con la intención de que se lleven a cabo las pertinentes reformas que eviten posibles desvíos autoritarios en un futuro, cuando las circunstancias obliguen a adoptar los diversos mecanismos de gestión de emergencias.

La metodología a emplear consiste en llevar a cabo un análisis doctrinal y jurisprudencial del objeto de estudio, extrapolando las conclusiones esgrimidas en otras investigaciones a las hipótesis de esta investigación, de tal manera que la solución de otros sucesos similares sirva para solventar las diversas problemáticas que se exponen en este trabajo. Se comienza haciendo una precisión conceptual que no se realiza en el ordenamiento mexicano y que es fundamental para abordar la problemática del Derecho de excepcionalidad, tras una exposición del mecanismo mexicano de suspensión de garantías. A continuación, se exponen las limitaciones que encuentra esta parte del ordenamiento para hacer frente a algunas emergencias constitucionales, como invasiones o alteraciones de orden público. Después se analiza lo que sucede con la protección de los derechos en los mecanismos de gestión de crisis sanitarias mexicanos. Y, finalmente, de todo ello se extraerán unas sucintas conclusiones. 

Desarrollo:

SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS VS RESTRICCIÓN DE DERECHOS

Los mecanismos que se utilizan para hacer frente a los conflictos sociales pueden llamarse de múltiples maneras: estado de excepción y estado de sitio, en España; estado de conmoción interior y estado de guerra, en Colombia; estado de emergencia, en Perú;…o suspensión de garantías, en el caso mexicano. De este modo, el art. 29 de la Constitución mexicana permite suspender garantías si el Gobierno así lo solicita y el Congreso de la República lo autoriza, mediante una Ley de suspensión de garantías, aprobada por mayoría simple, ya que el ordenamiento jurídico constitucional no establece una mayoría diferente. Sin embargo, en dicha Ley, el Parlamento mexicano debe especificar las concretas garantías que le habilita al Gobierno a suspender y sobre qué derechos. 

Pero si tenemos en cuenta el funcionamiento partidista de los actuales Estado, un Presidente puede recibir del Congreso todas las facultades que desee si el partido o coalición que lo apoya cuenta con la mayoría simple (es decir, con que haya más voto afirmativo que negativo por parte de los parlamentarios, sin tener en cuenta las abstenciones). Ello deriva de que, como líder del partido, podrá obligar a los congresistas de su bancada, a través de la disciplina del voto, a apoyar tales medidas, las cuales deben ser coherentes con la gestión de la crisis (FERRER MC-GREGOR, 2020: 11), tanto si restringen derechos como si suspenden garantías. Sin embargo, el precepto constitucional mencionado no habla en esos términos, sino que, de su literalidad, parece derivarse que tanto los derechos como las garantías pueden restringirse o suspenderse, lo cual no es correcto, porque no es lo mismo. Los derechos pueden limitarse o restringirse, pero solo las garantías pueden suspenderse (FERRER MC-GREGOR y HERRERA GARCÍA, 2017: 110-112). 

Así, en el caso de la limitación o restricción de derechos, éstos continúan conservando todas sus garantías, por lo que es posible someter las medidas al control de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al del Propio Poder Judicial. De esta forma, el ejercicio de los derechos se ve limitado de una forma mucho más gravosa que en circunstancias normales, al verse ponderados con un bien superior, que puede ser la seguridad del Estado, el régimen democrático o la propia vida de las ciudadanas y los ciudadanos de la Nación. Sin embargo, en la suspensión de garantías, el papel de los jueces y magistrados desaparece, salvo para controlar la interdicción de la arbitrariedad. Porque, como dijimos, e insistimos, lo que se suspenden no son derechos, sino garantías. Las medidas adoptadas en la suspensión de garantías pueden ser las mismas que las aprobadas durante una mera restricción de derechos; la diferencia radica en el papel del Poder Judicial para fiscalizar la acción del Gobierno. Además, mientras que la suspensión de garantías requiere que el Poder Ejecutivo lleve a cabo la correspondiente declaración expresa de tal mecanismo y la comunicación de su uso a organismos internacionales, como a los Estados Miembros del Pacto de San José, en el caso de México, la restricción no precisa ningún acto expreso ni comunicación, ya que se lleva a cabo a través de cualquier acto normativo. 

Además, el control que realiza la Justicia Constitucional mexicana se realiza de oficio sobre los decretos de ejecución de las medidas, pero no sobre la Ley de Suspensión de garantías, al igual que en Colombia, mientras que en España es necesario que lo soliciten las instancias legitimadas para interponer el recurso de inconstitucionalidad, por lo que, si no existiese una oposición política real en este país, un estado de excepcionalidad ilegítimo o desproporcional que se aprobase en dicho Estado  podría no encontrar obstáculos a su ejecución, ya que el control judicial del Derecho de excepcionalidad español depende de su control político. El Tribunal Constitucional español fue quien se atribuyó esta competencia sobre los propios decretos de declaración mediante el Auto del Tribunal Constitucional 7/2012, de 13 de enero y la Sentencia del Tribunal Constitucional 83/2016, de 27 de octubre, siempre que se interponga recurso de inconstitucionalidad. Esto lo diferencia de México y Colombia, pues será la justicia ordinaria, y no la constitucional, la que se encargue de atender las vulneraciones de derechos de los decretos de ejecución. No obstante, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no entienda inconstitucional o desproporcionada la Ley de Suspensión de garantías, ello no exime a que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos ante los respectivos organismos judiciales, cuando sientan que éstos han sido vulnerados (DE LA CUEVA, 2006: 20-21), al menos en la parte no sometida a suspensión. 

No obstante, uno de los problemas más notables del mecanismo mexicano establecido para enfrentar graves conflictos sociales es que se puede usar indistintamente para paliar una grave alteración de orden público como para frenar una sublevación armada, lo que podría ocasionar una desproporción en el uso de la fuerza para situaciones de menor gravedad. Sin embargo, en España, el estado de excepción sirve gestionar las primeras situaciones y el estado de sitio para hacer lo propio con las segundas. Así, cuando un tumulto implique un desorden caótico de una muchedumbre sin un fin concreto se aplicará el estado de excepción, mientras que, en una insurrección, en la cual existe una violencia organizada que sí persigue un fin concreto contra el Estado o sus valores, es necesario declarar el estado de sitio. Además, mientras que el estado de excepción sólo permite suspender las garantías de los derechos políticos, el estado de sitio sólo deja indemnes los derechos garantizados a los civiles por los tratados internacionales, ya que la Constitución española, en su art. 15, permite que la legislación militar establezca la pena de muerte. 

Así, según este precepto, “no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”. De este modo, mientras que Colombia prohíbe la suspensión de garantías, tanto España como México la permiten, recogiéndolos de manera positiva el primero y negativa el segundo. 

LA PROBLEMÁTICA DE LOS DERECHOS INTANGIBLES

Aunque la Constitución mexicana de 1857 sí establecía límites a la suspensión de derechos inherentes a la vida (MARTÍNEZ BÁEZ, 2006: 14-15), el Constituyente de 1917 entendió que ello haría inoperante al poder público para superar las crisis más graves (AGUILAR MAYA, 2006:49-50). Sin embargo, la tendencia proteccionista del Derecho internacional llevó a que se estableciesen más límites en cuanto a la suspensión de garantías. No obstante, entendemos, al igual que OLALDE VIEYRA (2015: 276), la dificultad que encontrará el Poder Ejecutivo para enfrentar un conflicto bélico o una insurrección interna sin la posibilidad de suspender las garantías ni restringir el derecho a la vida o a la integridad física de los sujetos que no se encuentren en el bando gubernamental. Se podría pensar que esta imposibilidad de suspender derechos se refiere sólo a los civiles, rigiéndose los militares por lo que establecen las leyes internacionales. Pero la Constitución mexicana no lleva a cabo tal diferenciación. Lo mismo sucede con la imposibilidad de suspender el debido proceso, el habeas corpus y el derecho al amparo, ya que las tácticas militares obligan a la celeridad de las acciones y el respeto de tales aspectos retrasarían sus avanzadillas, dando una ilógica y desmedida ventaja al bando no gubernamental. Ello favorecería a que dicho ejército contase con permitir que algunos de sus efectivos cayesen prisioneros al tener la certeza jurídica de que ello entorpecerá las Fuerzas Armadas del Gobierno sin poner en peligro la vida de sus soldados. Y es que considerar que, en tiempos de guerra, se respeta el derecho a la vida, la integridad física, el debido proceso, el habeas corpus… es una peligrosa ficción que sólo puede servir para que el Derecho de excepcionalidad se use para combatir la criminalidad común, como sucedió en El Salvador, aunque ello esté penado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

También sería bastante complicado paliar una grave alteración del orden público sin que se faculte al Gobierno restringir derechos políticos o individuales, como la libertad de pensamiento o de expresión, o suspender sus garantías. Por un lado, permitir que se enarbolen determinados símbolos o se ensalcen determinadas consignas puede agravar las distenciones sociales, por lo que, al menos, la restricción de estos derechos es necesaria. Obviamente no nos estamos refiriendo a perseguir a la oposición política ni a cualquier acto de opinión pública, sino a esas manifestaciones que buscan subvertir los modos democráticos de manera efectiva en tiempos de alteraciones sociales graves. Cuando surgen estas emergencias es menester perseguir las consignas sediciosas para evitar que sus pregones lleven a los individuos a realizar actos de hostigamiento contra el Estado, lo que obligará al Gobierno a suspender la libertad de aquellos individuos que las realicen. Y al castigar a quien proclama unas consignas y no otras se produce una clara discriminación, lo cual no está permitido en el precepto comentado. De hecho, durante la crisis sanitaria se adoptaron muchas medidas, como la vacunación, donde se llevó a cabo una discriminación por edades y profesiones. Además, en relación a los derechos políticos, no es aconsejable realizar elecciones durante el transcurso de estas emergencias, ya que la oposición puede usar un momento de crisis política aguda para desgastar al Gobierno, lo que aumentará los enfrentamientos y hará que las decisiones electorales no se tomen de forma reflexiva sino movidas por la coyuntura de crisis y crispación. 

Por ello, el no poder suspender las garantías necesarias para la gestión de cada una de las crisis, atendiendo a las concretas circunstancias de cada caso, lo entendemos, más que como una medida protectora de derechos, como un riesgo para ellos, porque o bien el Gobierno debe verse obligado a sucumbir por parálisis jurídica y política; o bien debe admitir que es necesario no aplicar la Constitución ni respetar sus derechos, lo que le restará una importante eficacia normativa; o bien debe crear una descarada ficción jurídica afirmando que esa medida no supone una gravosa limitación del Derecho, aunque realmente lo sea, ya que no querer llamar restricción de derechos ni suspensión de garantías a lo que realmente lo será en algún momento por necesidad, legitimará al Gobernante a aplicar las mismas medidas que usó en circunstancias extraordinarias para hacer frente a situaciones ordinarias. Porque transmitir a la ciudadanía que lo que es una verdadera suspensión fáctica de derechos, por muy justificado que esté, en realidad no lo es, sólo servirá para que los ciudadanos no sean capaces de identificar la misma restricción en tiempos de normalidad. 

Por otro lado, una vez que finaliza la vigencia de la Ley de suspensión de garantías mexicana, sus medidas dejan de ser eficaces y el Congreso vuelve a realizar sus funciones legislativas. Sin embargo, a pesar de que las sanciones impuestas durante la duración del derecho de excepcionalidad deberían continuar sus efectos una vez terminado el mismo, ello no sucede así, lo que permite a los sujetos sobre los que hubieran recaído dichas sanciones poder librarse de las mismas si consiguen dilatar el proceso en el tiempo a través de los recursos. 

LOS CONFLICTOS SOCIALES EN LAS CRISIS SANITARIAS

Sin embargo, por lo que respeta a las crisis sanitarias, éstas pueden atajarse a través de diferentes mecanismos. En principio, la Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad, establecida en el art. 73, fracción XVI de la Constitución mexicana está pensada para gestionar emergencias sanitarias. Es un mecanismo que declara el Gobierno sin necesidad de contar con la ratificación del Congreso, a través de la Secretaría de Salud, lo que diferencia este proceso de la suspensión de garantías del art. 29 constitucional, donde es necesario que el Congreso autorice su declaración. Posteriormente, el Consejo de Salubridad General mexicano establecerá las medidas adecuadas para hacer frente a la situación. 

Se trata de un organismo colegiado de excepción constitucional que se erige en una pieza clave para garantizar que la ciencia se funda con la política, permitiendo que la primera irradie una perspectiva técnica de la compleja problemática que envuelve a cualquier emergencia sanitaria (BARCELÓ ROJAS, 2020: 70). En realidad, puede dictar disposiciones concernientes a una crisis epidemiológica, aunque en dicha labor se encuentra sometido a la Secretaría de Salud, quien lo preside, por lo que se trata de un órgano que goza más de auctoritas que de fuerza normativa real. Además, sus resolutivos tienen la categoría de leyes federales y pueden vincular a cualquier autoridad (federal, estatal o municipal), sobre cualquier materia, siempre que guarden relación con el control de la enfermedad. Lo conforman 13 vocales titulares, que tienen voz y voto. El origen de este Consejo lo podemos encontrar en el Consejo Superior de Salubridad de 1941, creado durante la presidencia de Anastasio Bustamante, aunque como órgano consultivo. Sin embargo, en la actualidad, la Constitución le otorgó rango de constitucional y facultades normativas (SERNA DE LA GARZA, 2020:100).

La característica más destacable de este instrumento es que, a través de él, no es posible suspender ningún tipo de garantías, sino que sólo cabe restringir los derechos no mencionados en el art. 29 de la Constitución mexicana. Si la emergencia sanitaria alcanzase tal envergadura que requiriese la suspensión de garantías, será preciso poner en marcha el procedimiento del art. 29 constitucional, ya que, al establecer este procedimiento como tercer supuesto habilitante de declaración “cualquier otro [caso] que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, cabe dicha posibilidad, siempre que sea proporcional (HUERTA OCHOA, 2020). Lo mismo sucedería si nos enfrentamos a un ataque bacteriológico, ya que, aunque necesitaríamos adoptar medidas sanitarias, no sería correcto hablar de una mera crisis sanitaria, sino que el Estado se encontraría ante una guerra, por lo que también debe ponerse en marcha este mecanismo. 

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con este precepto, la Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad no goza del control de oficio que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el procedimiento del art. 29 constitucional (GARCÍA LÓPEZ, 2020: 247-248), sino que cada individuo que se sienta agraviado por las medidas del Gobierno relativas a la crisis sanitaria, deberá interponer el correspondiente recurso de amparo ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Este procedimiento se extrapoló directamente por el Constituyente mexicano de 1917 de su homónimo de 1941, ya que fue muy efectivo para luchar contra las crisis de peste negra de comienzos del siglo XX (CARRILLO, 2005), lo que explica, pero no justifica, la ausencia de la debida protección de derechos, ya que pudo haber sido reformado, al igual que el art. 29 constitucional, para adaptarlo a las exigencias de las cartas internaciones de derechos (BARCELÓ ROJAS, 2020). 

Por tanto, como dijimos, las medidas adoptadas a través de este instrumento carecen del control político y judicial que sí poseen las que se adoptan a través del procedimiento del art. 29 constitucional. Esto permite al Presidente aprobar restricciones de derechos tan fuertes que afecten injustificadamente a su propia esencia, sin la posibilidad de que la justicia constitucional se pronuncie sobre dichas medidas, lo que podría equipararse a una suspensión de garantías, salvo por la posibilidad de la que goza cada ciudadana o ciudadano para hacer valer sus derechos a través del recurso de amparo. Aunque ello depende, eso sí, de que el juez entienda que las medidas son proporcionales a la situación de excepcionalidad declarada, lo cual excede, creemos, siempre sometidos a otro criterio crítico, de las limitaciones técnicas de cualquier órgano jurisdiccional. 

Conclusiones:

Por tanto, como hemos tenido ocasión de comprobar, el ordenamiento constitucional mexicano debe llevar a cabo importantes reformas constitucionales en la parte atinente al Derecho de excepcionalidad, ya que sus carencias podrían facilitar las tendencias autoritarias de un hipotético Presidente de un perfil poco democrático. Se trata de una normativa que sirve para proteger la forma del Estado, la Libertad y la vida de los ciudadanos. Pero también puede utilizarse, si no cae en las manos adecuadas, para atentar contra todo lo anterior. Por ello, es preciso hacer profundas transformaciones en el Derecho de excepcionalidad mexicano que obstaculicen que éste pueda usarse para subvertir el orden democrático.

Así, en primer lugar, es preciso transformar el art. 29 constitucional en cinco aspectos. Primero debe marcarse la diferencia entre restringir derechos y suspender garantías, ya que podría entenderse que suspender un derecho implicaría la facultad para su inobservancia, cuando esto es incorrecto. El poder se encuentra sometido, en todo momento, al ordenamiento constitucional, debiendo garantizar los derechos fundamentales, incluso durante la aplicación del Derecho de excepcionalidad. Lo que sucede es que estos mecanismos impiden a los ciudadanos reclamar la vulneración de sus derechos. Pero esto no faculta al poder para incumplirlos injustificadamente. El segundo aspecto a revisar radica en crear un mecanismo exclusivo para gestionar tumultos o huelgas salvajes y otro que se encargue de las insurrecciones armadas, estableciendo cada uno de ellos medidas proporcionales a cada situación, en lugar de regular ambos supuestos en un mismo procedimiento. Ello podría llevarse a cabo en el Reglamento que el art. 29 constitucional obliga y que todavía no se ha elaborado. El tercer aspecto para reformar hace referencia a la eliminación de gran parte de lo que podríamos llamar los derechos intangibles. Como hemos tenido ocasión de comprobar, es imposible gestionar determinadas emergencias sin afectar la esencia de estos derechos. Por ello, en lugar de impedir su afectación, sería recomendable exigir mayorías agravadas del Congreso para su aprobación, ya que las leyes atinentes a derechos fundamentales suelen requerir mayorías absolutas, así como una mayor fiscalización parlamentaria. El cuarto punto que debe ser transformado se refiere a la eficacia de las sanciones, ya que éstas no deberían perder su eficacia normativa cuando terminase el estado de excepcionalidad, sino que las que se hubieran impuesto en su momento, deberán seguirse rigiendo por la normativa de excepcionalidad. 

Además, el quinto extremo que merece ser revisado es el relativo a los derechos políticos. Y es que la suspensión de las elecciones durante las declaraciones de crisis podría ayudar a que se centren todas las fuerzas y la unidad política del Estado en su superación, sin tener en cuenta el desgaste electoral que ello podría ocasionar. No obstante, el Congreso posee la capacidad constitucional para revocarle al Gobierno esas facultades extraordinarias cuando lo estime conveniente. Pero si esta facultad pudiera suponer un peligro para la pervivencia de la Democracia, dado el funcionamiento partidocratico de las instituciones representativas, sería preciso que se obligase al Poder Ejecutivo a celebrar un referéndum consultivo cuando transcurriese un periodo de tiempo relativamente amplio en el que se plantease a la población una sencilla pregunta acerca de si consideran que continúa vigente el peligro. En caso de negativa por mayoría simple (sin tener en cuenta las abstenciones), el Presidente debe restaurar la normalidad constitucional y convocar automáticamente nuevas elecciones. 

En segundo lugar, también debe reformarse el art. 73, fracción XVI constitucional para permitir que el control político que realiza el Congreso mexicano sobre las facultades extraordinarias que se le conceden al Gobierno cuando se declara el procedimiento del ar. 29 se extienda también sobre la Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad, con la finalidad de impedir una evicción del poder cuando se declare este mecanismo. De igual manera, el control jurídico de oficio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza cuando se suspenden garantías sobre las medidas de ejecución, también debe extenderse sobre las que se adopten cuando se utilice este instrumento, pues ello supone un eficaz freno a cualquier intento de subvertir el orden democrático, a través de la vulneración de los derechos de la ciudadanía. Y es que puede que los tiempos en los que nos ha tocado vivir traigan muchas crisis políticas provocadas por una considerable multitud de factores. Pero si se avecina una tempestad, debemos apuntalar bien los pilares de la Democracia mexicana para que no se la lleve el viento. 

Bibliografía:

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BARCELÓ ROJAS, D. A.: (2020), “La garantía política de la Constitución mexicana en estados de emergencia”, COVID-19 y Parlamentarismo. Los parlamentos en cuarentena, Coordinadores: Barceló Rojas, D. A., Diaz Ricci, S., García Roca, J., y Guimarães Teixeira Rocha, M. E., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Ciudad de México.

CARRILLO, A. M.: (2005), “¿Estado de peste o Estado de sitio? Sinaloa y Baja California”, Historia Mexicana, El colegio de México, V. 54, N. 4, abril-junio.

DE LA CUEVA, M.: (2006), “La suspensión de garantías y la vuelta a la normalidad”, La suspensión de garantías y la vuelta a la normalidad, Serie 41, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Ciudad de México.

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FERRER MC-GREGOR, E.: (2020), “Restricciones de derechos en los tiempos del coronavirus (Reflexiones a partir de la Jurisprudencia latinoamericana)”, COVID-19 y Parlamentarismo. Los parlamentos en cuarentena, Coordinadores: Barceló Rojas, D. A., Diaz Ricci, S., García Roca, J., y Guimarães Teixeira Rocha, M. E., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Ciudad de México.

HUERTA OCHOA, C.: (2020), Emergencia sanitaria y distribución de competencias en el Estado mexicano. En N. González Martín y J. María Serna de la Garza. Emergencia sanitaria por COVID-19: Federalismo, Serie 16, Instituto de Investigaciones Jurídicas México, UNAM.

MARTÍNEZ BÁEZ, A.: (2006), “Suspensión de garantías y legislación de emergencia. Concepto general del estado de sitio”, Suspensión de garantías y legislación de emergencia. Concepto general del estado de sitio. Las facultades extraordinarias en el Derecho mexicano, Estudios Jurídicos, Serie Núm. 36, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Ciudad de México.

OLALDE VIEYRA, J. A.: (2015), “Limitación, restricción y suspensión de derechos humanos y sus garantías en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y los Tratados Internacionales”, Revista de la Facultad de Derecho de México, Vol. 65, Nº 263, Ciudad de México.

PELAYO MOLER, C. M.: (2017), “La suspensión de garantías en la Constitución de 1917 ayer y hoy: Lecciones del pasado y del presente para el futuro inmediato”, Cien ensayos para el centenario. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tomo 2, Estudios Jurídicos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Ciudad de México.

VALADÉS, D.: (2020), “Introducción”, COVID-19 y Parlamentarismo. Los parlamentos en cuarentena, Coordinadores: Barceló Rojas, D. A., Diaz Ricci, S., García Roca, J., y Guimarães Teixeira Rocha, M. E., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Ciudad de México.

 

Palabras clave:

estados de excepcionalidad; suspensión de garantías; acción extraordinaria en materia de salubridad; conflictos sociales; derechos fundamentales. 

Resumen de la Ponencia:

El derecho como construcción cultural representa un conjunto de normas positivas que garantizan la seguridad jurídica y tienden a la realización del bien común de una sociedad, pero también  es producto de su época.  El derecho es un discurso con el que se hacen cosas, un discurso de poder que busca provocar conductas o comportamientos en las personas y grupos humanos a los cuales se dirige o es dirigido. Existe una relación dialéctica entre la norma y los sujetos de derechos – la ciudadanía- a quienes está se dirige. Los ordenamientos jurídicos pretenden comportamientos humanos para así garantizar derechos y con ellos lograr sociedades más justas, equitativas e igualitarias. La sociedad civil y sus grupos exponen sus demandas y propuestas de cambio social,  en tensión para con el Estado y el mercado. En estas relaciones dialécticas, situadas y localizadas en determinado tiempo y lugar, el derecho con toda su fuerza muta, se ve modificado en sus aspectos estáticos y recepta demandas y luchas de grupos antes invisibilizados. Pese a ello, el reconocimiento de derechos es solo una posta en el largo camino hacia sociedades que pregonen la equidad diferenciada. Es por ello, que a diez años de pionera Ley Argentina de Identidad de Género (Ley 26.743) sancionada y promulgada en 2012, nos preguntamos sobre la eficacia real alcanzada por esta norma. La propuesta es parte de los resultados de investigación obtenidos en el marco del Proyecto “EFICACIA DEL DERECHO, MUJERES Y COLECTIVOS. Un estudio comparado entre Córdoba Argentina y Montería Colombia”, subsidiado por SECyT –UNC. Así desde una perspectiva socio histórica que aborda la eficacia normativa, simbólica e instrumental del derecho se expondrán: los contextos de reconocimiento y los contextos de eficacia. Los primeros darán cuenta de los principales hitos normativos y marcos de posibilidad que sirvieron a la sanción, promulgación y puesta en vigencia de la Ley 26.743. Los segundos, dan cuenta los principales hitos políticos, sociales y acciones estatales que – hasta la actualidad- buscan la realización de los objetivos de la norma. Los datos de tipo documental serán analizados a luz de los testimonios brindados por representantes del colectivo LGTBQ+ de la ciudad de Córdoba (Argentina) que han transitado en propio cuerpo y experiencia la lucha por el reconocimiento; y diez años de lucha y activismo en torno a la identidad trans. 

Resumen de la Ponencia:

A partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) del año 2009, Bolivia paso a ser un Estado Plurinacional. Esta transformación estatal incorporo las demandas de la sociedad civil organizada -instituciones, organizaciones sociales, sindicatos, etc-, generando un reconocimiento jurídico y constitucional de dichos sectores. Esta resignificación no solamente empodero a nuevas organizaciones de la sociedad, sino que a su vez generó nuevas formas de relacionamiento y tensiones entre sectores de la sociedad civil y el propio Estado boliviano.En este contexto la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz (APDHLP), desde su fundación en 1976, es la institución más antigua e histórica que tiene como eje central el respeto a los Derechos Humanos (DDHH). Esta organización de la sociedad civil fungió como denúnciate de las vulneraciones a los DDHH pero también cumplió el rol mediador en los conflictos entre la estructura Estatal y los sectores de la sociedad.Desde el enfoque crítico de las ciencias sociales, se entiende a los DDHH como construcciones históricas, que fuera de los marcos de occidente, en Latinoamérica han tenido una articulación con las demandas de los sectores movilizados en diferentes países. En este sentido los DDHH son una forma de la articulación colectiva. Es de esta manera que el análisis de instituciones como la APDHLP es pertinente para identificar dos momentos; por un lado, analizar el rol de mediación de la APDHLP, para lo cual contamos con en tres casos específicos de vulneración de derechos durante el periodo plurinacional (2009-2018): Chaparina (2011), Apolo (2013) y Jhery Fernández (2014-2018), casos donde se puede identificar claramente como la APDHLP pierde el rol mediador. Por otro lado, nos permite ver la articulación de la acción colectiva, política e institucional por medio de los sectores de la sociedad civil que logran un acercamiento con la APDHLP en momentos de tensión con el Estado.Finalmente, a través de la historia de la APDHLP podemos identificar las transformaciones de la relación Estado-Sociedad civil y con ello el fortalecimiento o vulnerabilidad propia de los diferentes actores sociales en democracia.