Resumen de la Ponencia:
En 2019, una nueva ola de manifestaciones en América Latina (Ecuador, Chile, Colombia) evidenció el descontento social ocasionado por el retroceso económico que vive la región. Los gobiernos afrontaron la crisis recortando presupuestos estatales, eliminando subsidios e incrementando el costo de los servicios públicos. Los ajustes encendieron la mecha de la protesta y se produjeron verdaderos estallidos sociales. En el caso ecuatoriano, las movilizaciones lideradas por la CONAIE, se produjeron por un decreto que eliminaba el subsidio a la gasolina. El acontecimiento duró 11 días, cobró la vida de 12 manifestantes y alrededor de 1.500 resultaron heridos. La rebelión fraguó un nuevo tipo de liderazgo orgánico representado por Jaime Vargas, Leonidas Iza y otros. Las demandas étnicas ampliamente estudiadas por Guerrero (1996), Becker (1997), Breton (1997), Yashar (2008), entre otros, constituyen un fenómeno vital para comprender la articulación del sujeto indígena a la política nacional. El levantamiento de 1990 estuvo liderado por una intelectualidad despojada de ventriloquismo (Guerrero, 1996) y decidida a romper con la exclusión que durante siglos los invisibilizó de los relatos oficiales y la acción estatal. Sin embargo, la primera década del nuevo milenio encontró a la CONAIE en una crisis de representatividad multicausal (Herrera, 2019), generada de manera especial por: a) su vinculación con los gobiernos de Lucio Gutiérrez o Rafael Correa (Lalander y Ospina, 2012), b) la ruptura epistémica del multiculturalismo (Lehmann, 2016), y c) el debilitamiento de una primera generación de intelectuales étnicos quienes no lograron articular las nuevas demandas de sus organizaciones al concierto nacional (Santillana, 2013).En este período, emerge en la pradera ecuatoriana una segunda generación de intelectuales forjados en la resistencia a la política desarrollista y neoliberal. Los hijos del primer levantamiento provienen de organizaciones de base, formados en renovados procesos de educación popular, presiden organizaciones nacionales, provinciales o locales, y tienen títulos de tercer y cuarto nivel. Su acción política exige pensar la realidad económica de sus comunidades, la protección de los bienes públicos, y la defensa de los territorios frente a la política extractiva y la frontera agroindustrial; posición que rebasa las demandas étnicas alcanzadas en décadas anteriores, y permite articular una agenda a escala nacional, como ocurrió en el “Estallido de Octubre de 2019” (Iza, 2021).El camino no ha sido fácil. Al interior de sus organizaciones se disputan espacios, sentidos y representatividad en contraposición con las visiones conservadoras e indianistas que perviven en el movimiento. La investigación explorará, en la última década, la tensión que existe entre intelectualidad étnica (González, 2018) o “línea histórica” (Simbaña, 2007) y una suerte de intelectualidad orgánica de clase (Gramsci, 1967) que genera expectativas.