Resumen de la Ponencia:

En México no existen datos oficiales sobre la magnitud de la problemática del desplazamiento forzado, empero, algunas cifras señalan que solo en 2017 se registraron 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo, impactando a 20,390 personas (CMDPDH, 2018). Una de las zonas más afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado durante las últimas décadas -especialmente desde 2007 y el inicio de la “guerra contra las drogas”- es el norte del país. Estudios como los de Rodríguez Chavez (2020) e Iglesias y Gaussens (2021) muestran que algunos municipios fronterizos registran las mayores tasas de homicidios y que el desplazamiento forzado ocurre cuando los costos de la violencia sobrepasan los costos de la migración, especialmente en municipios rurales y fronterizos. Tal es el caso de la sierra Tarahumara, que se ubica en los estados de Chihuahua, Durango y Sonora, y la cual ha sido identificada por Sullivan (2013) como parte de la hiperfrontera por su nivel de complejidad y comercio tanto legal como ilegal. Además, la parte sur de la sierra forma parte del llamado Triángulo Dorado, en cuyos vértices se concentran los mayores cultivos de marihuana y amapola del país (Vaquerizo, 2017).Los municipios más afectados por la tala ilegal en Chihuahua se encuentran al sur y al oeste del estado: Maguarichi, Guerrero, Uruachi, Ocampo y Madera, al igual que Guadalupe y Calvo y Bocoyna. Este contexto ha derivado en presencia de grupos armados, extorsiones, amenazas, reclutamiento y desplazamiento forzado especialmente desde el año 2008 con el asesinato del jefe de la policía en Creel. En 2017 fueron asesinados los ambientalistas Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros Ramos. En la sierra Tarahumara la tala ilegal expone las disputas por el control territorial, económico y político en una ubicación geográfica importante por su cercanía con la frontera norte y los estados del Triángulo Dorado al sur. En este sentido, el desplazamiento forzado interno se inserta en procesos de transformación social que cruzan por la migración, el conflicto, la violencia y el desarrollo en el contexto de la globalización.Estrategia y preguntas metodológicas Pregunta de investigación: ¿por qué unas personas se mueven y otras no ante el mismo tipo de violencia generado por la tala ilegal en la Sierra Tarahumara?Objetivo: dar cuenta de los primeros hallazgos del trabajo de campo en el que se realizarán entrevistas a personas desplazadas y no desplazadas para conocer los factores que afectan el desplazamiento forzado en un contexto de tala ilegal.    

Resumen de la Ponencia:

El documento reflexiona sobre el uso de la categoría de Vulnerabilidad Social en la investigación del fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia. El análisis parte de la experiencia investigativa desarrollada en el periodo de 2013-2018 sobre procesos de retorno de población desterrada en contextos de conflicto en Colombia. El trabajo destaca 5 demandas analíticas y conceptuales que la propia investigación exigió al momento de utilizar el enfoque de Vulnerabilidad Social en el análisis del Conflicto Armado en Colombia. El ejercicio termina identificando los alcances que se obtuvieron en la investigación a raíz de las respuestas que se construyeron en relación a estas demandas.  Cabe aquí señalar que el desplazamiento forzado es uno de los fenómenos que más caracteriza el desarrollo del conflicto armado en Colombia, este país ha reportado el mayor índice de desplazamientos forzados en el mundo con un acumulado de 8,3 millones de personas según estadísticas oficiales (ACNUR, 2021). Los más recientes informes señalan que solo en el último año 2021, 73.300 personas fueron forzadas a desplazarse de sus lugares de origen, (OCHA, 2022).  Lo anterior ha significado un entramado de acciones significativas para superar las dificultades que soportan comunidades que además de ser víctimas de la violencia de diferentes actores armados ha sido también despojada de sus proyectos de vida y sus bienes materiales principalmente la tierra. La oferta para restituir los bienes, así como resarcir el daño, ha configurado una serie de activos y procesos que pueden reconocerse como una Geografía de la reparación (Salamanca, 2019).        En el marco de esta problemática en el año 2019 se formuló la investigación “Retorno y Paz en Contextos de Conflicto. Análisis desde El Enfoque de la Vulnerabilidad Social del Caso El Carpintero (Colombia)” (Salamanca, 2018) contrastándolo con insumos teoricos ya elaborados (Salamanca 2018 y 2019, Salamanca y Egea 2019, Egea et. al. 2012, Fabre et. al. 2009, 2011 y 2012) que dan vida a esta reflexión que ahora compartimos. El trabajo buscó aplicar la categoría de Vulnerabilidad Social al estudio del retorno y desplazamiento forzado de una comunidad campesina que ha soportado las consecuencias del destierro promovidas por las dinámicas del conflicto armado en Colombia. Este esfuerzo posibilitó una serie de reflexiones sobre el uso de esta categoría en la investigación del desplazamiento forzado en Colombia. En el documento extenso se destacan las demandas y alcances que este proceso significó, esperando dialogarlas en la mesa y enriquecer la propuesta.  

Resumen de la Ponencia:

El desplazamiento interno forzado es un fenómeno global que ha estado presente a lo largo de la historia pero que se recrudece en momentos donde el conflicto y la violencia están presentes. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), define a los desplazados internos como “personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales causados por el hombre” (ACNUR, 1998). De acuerdo con el Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados, para finales de 2018, 41,3 millones de personas se vieron desplazadas internamente debido a conflictos armados, violencia generalizada o violaciones de los derechos humanos (ACNUR, 2020).En América Latina, dos son los países que, de acuerdo con el Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados (IDMC), tienen al 31 de diciembre de 2019 un alto número de desplazados internos: Colombia, con un total de 5,576,000 personas desplazadas por conflicto y violencia; y México, con un total de 345,000 personas desplazadas por los mismos motivos.En México, el desplazamiento interno forzado no es un fenómeno reciente,  se encuentra presente desde la década de los setenta,  ocasionado principalmente  por la intolerancia religiosa, conflictos comunales y disputas tanto por tierras y recursos naturales en estados como Nayarit, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (CMDPDH, 2014). El recrudecimiento de la violencia, poco tiempo después de iniciada la llamada Guerra contra el Narcotráfico, durante el período presidencial de Felipe Calderón, reactivó el desplazamiento interno tanto en las comunidades indígenas como en los contextos urbanos. Si bien ambas poblaciones transitan por distintas etapas dentro del proceso de desplazamiento, se pondrá especial atención en los grupos indígenas que, tras haber enfrentado el desplazamiento por violencia, llegaron a la ciudad para asentarse en la misma.Al elegir la ciudad como nuevo lugar de asentamiento, los grupos indígenas  no sólo se enfrentan a condiciones materiales deplorables (falta de un lugar donde vivir, hacinamiento, desempleo discriminación), sino que enfrentan “[…] conflictos, choques, destrucciones y reconstrucciones, tanto en el plano de la identidad individual como colectiva”(Bello, 2001: 16). Al mismo tiempo, comienza una disputa por el espacio frente al “otro”. Por lo anterior, el principal interés de la investigación es analizar la forma en la que los grupos indígenas desplazados se apropian del espacio urbano, en donde además, enfrentan otro tipo de violencias. 

Resumen de la Ponencia:

O objetivo principal desse trabalho é o de compreender o deslocamento forçado e as ações de solidariedade realizadas por um grupo indígena Warao procedente da Venezuela que deixou sua comunidade, Mariusa, pertencente ao município de Tucupita, capital do estado Delta Amacuro. Esse trabalho etnográfico tem como fio condutor as narrativas produzidas por esse grupo étnico que vive hoje em dia num abrigo sob responsabilidade de uma instituição religiosa na cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil. Posto isso, o enfoque central é o deslocamento forçado, suas mobilidades por entre outros estados e as estratégias de ação entre outros grupos de parentes, formando uma rede de solidariedade étnica. Além disso, busco através das relações interétnicas construídas e observação participante compreender o porquê (e como) ocorrem essas mobilidades por outras cidades da região Norte e Nordeste, tendo como recorte para este estudo as rotas de mobilidades entre os estados de Roraima, Pará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Estes dois últimos no Nordeste. Esse grupo Warao chegou ao Brasil no ano de 2015. Saíram da Venezuela devido à crise político-econômica que foi se agravando neste país. Outros grupos étnicos indígenas também vieram para o Brasil, buscando refúgio, por exemplo, Eñepá, Kariña, Pemón, Wayúu entre outras. Os Warao são considerados a segunda maior população indígena deste país. Amparados pelas ações de vários estados brasileiros, instituições religiosas, além do exército brasileiro os indígenas acabam ficando sob a responsabilidade das instituições públicas (ou em convênio com instituições religiosas), representantes da esfera estadual, municipal ou federal, vivendo a partir de então em abrigos, sem, no entanto, deixar de criar articulações (redes sociais) com grupos de parentes em outros estados, além de manter suas dinâmicas territoriais por outras cidades.A maioria dos grupos Warao que estão aqui na Paraíba são procedentes da região de Winikina, situada no município de António Diaz e região de Mariusa, município de Tucupita, ambas cidades pertencentes ao estado do Delta Amacuro. 

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Desplazamiento forzado de comunidades serranas de Sinaloa hacia la periferia urbana de Culiacán y Mazatlán, estado de SinaloaRegistro 02962  RESUMENDurante la última década, el estado de Sinaloa, ubicado en el Noroeste mexicano ha registrado más de 25 mil personas desplazadas por la violencia en sus comunidades (principalmente de la zona serrana), así como problemas ocasionados por la sequía y por desalojos a causa de construcciones hidráulicas.Las víctimas del “desplazamiento interno forzado”, se han trasladado de manera temporal o definitivamente en zonas periféricas de las cabeceras municipales de la entidad, principalmente  en las ciudades de Culiacán y Mazatlán. La falta de redes de apoyo local, así como de la escasez de servicios para la sustentabilidad urbana, la mayoría de las familias busca garantías para su retorno. Si bien el problema es generalizado, son las mujeres jefas de familia quienes padecen el mayor impacto del cambio y formas de vida en los lugares de destino.De acuerdo con registros de la Comisión estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, recientemente se han implementado políticas de apoyo  a las familias desplazadas con la finalidad de revertir su situación precaria en las ciudades, así como garantizar un retorno seguro a sus comunidades. En su gran mayoría, los apoyos han sido despensas y en menor medida alojamiento. Bajo el actual gobierno estatal, se programa una política de vivienda a un número de 100 familias que han externado su decisión de permanecer en la zona urbana de las mencionadas ciudades.Uno de los principales objetivos de esta ponencia es presentar avances del trabajo de campo realizado para la investigación “Precariedad y resiliencia social de mueres jefas de familia desplazadas de sus comunidades y asentadas en la zona urbana de ciudades del Noroeste mexicano”, misma que tiene apoyo de Conacyt.