Resumen de la Ponencia:
En 1885, Japón, incapaz de emplear a su población remanente producto de la deflación, se vio forzado a recurrir a la migración a ultramar, específicamente hacia las Américas. Cien años después, a finales de la década de los noventa del siglo XX, su desesperada búsqueda de mano de obra confiable si bien no calificada, llevó al país asiático a abrir sus puertas a los descendientes de aquellos migrantes y, muy pronto, en una suerte de boomerang, se desencadenó un casi violento aumento en la peregrinación de nikkeijin[1] latinoamericanos a Japón.
A pesar de que, en los albores de esta explosión migratoria a Japón, a comienzos de la década de 1990 predominaba una narrativa que confería importancia a los vínculos de sangre con el país asiático, a partir de finales del siglo XX se hizo evidente la dificultad de apuntalar esta categoría. Las fronteras étnicas -de clase o nacionalidad- se hacen cada vez más difusas y la experiencia dekasegui requiere de historias alternativas. Al día de hoy, la ciudadanía japonesa continúa inmersa en un acalorado debate sobre la inserción de los extranjeros en la sociedad. En abril de 2009, y esta vez a causa de la inflación, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, en un intento por paliar el aumento del desempleo entre los trabajadores latinoamericanos, lanzó un programa de ayuda a la repatriación de nikkeijin,
Es sabido que, por lo general, los inmigrantes tienen una probabilidad siete veces mayor a la del resto de la población de sufrir trastornos depresivos, debido en buena medida a la sensación de derrota social, hecho que aumenta el riesgo de padecer trastornos mentales. En el caso de Japón, y de acuerdo con la Dra. Ukawa Kō,[2] profesora asociada de la Universidad Taishō y directora de la Asociación Japonesa de Psiquiatría Transcultural, los especialistas de esta última facilitan a los extranjeros el acceso a la atención médica mediante campañas de educación, denominadas apoyo psicológico.
Ante el aumento en la tasa de suicidios en Japón, en febrero del 2021 se hizo necesaria la fundación de un Ministerio de la Soledad, con el propósito de enfrentar la tristeza ocasionada por la pandemia, y que supuso, amén del gran desafío a la productividad de los japoneses a través de las exigencias del trabajo en línea, el agravado estado anímico de todos los individuos, migrantes incluidos.
[1] Descendientes de japoneses nacidos en otras tierras.
[2] Ukawa Kō se especializa en Antropología Cultural. Sus investigaciones se centran en los problemas relacionados con el embarazo, el alumbramiento y la crianza de los hijos de las refugiadas vietnamitas.
Introducción:
La llegada masiva de trabajadores extranjeros a Japón efectivamente tuvo lugar a partir de la reforma de la Ley de Migraciones de 1989 (oficialmente 1990), como consecuencia de una aguda escasez de mano de obra en el sector manufacturero desde finales de los ochenta. El trabajo en las fábricas resultaba para los jóvenes japoneses: Kitanai, Kiken y Kitsui, refrito del inglés en el que sus contrapartes estadounidenses expresaban no querer hacer más un trabajo: Dirty, Dangerous y Difficult, pero para el que los nacionales iraníes, amén de los chinos, filipinos, coreanos, pakistaníes y demás ciudadanos del mundo no resultaron ser una solución viable. Ya en octubre de 1990, esta carencia había provocado que cincuenta y una empresas japonesas se declararan en bancarrota,[1] lo que dio pie a que, a lo largo del segundo semestre del mismo año, entre treinta y cincuenta mil hombres y mujeres latinoamericanos de ascendencia japonesa, atraídos por los altos salarios que habían sido establecidos especialmente para ellos, llegaran a Japón para trabajar.
Hoy la población de más de sesenta cinco años más numerosa del mundo, ciudades densamente pobladas y, hoy todavía, un muy alto índice de consumo de tabaco, hacen a los japoneses especialmente vulnerables a la pandemia por Covid-19 y, sin embargo, las noticias publicadas no reflejan mayores consecuencias frente a esta situación…
“La migración seguirá siendo importante para el crecimiento económico y la innovación, así como para responder a los mercados laborales rápidamente cambiantes”, declaró el entonces Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, al presentar el informe con la comisaria europea para Asuntos Internos Ylva Johansson. “Tenemos que evitar el retroceso en el tema”.
La emergencia por la pandemia ha visibilizado vulnerabilidades estructurales preexistentes, creando -a la vez- vulnerabilidades específicas emergentes de la nueva situación, una situación disruptiva que genera altos niveles de estrés individual y colectivo. Para muchas personas ha implicado, asimismo, una situación trágica a causa de las pérdidas que han debido afrontar: pérdida de seres queridos, de la salud, de la vivienda, de bienes, o del empleo.
Algunas de las consecuencias han sido el surgimiento de manifestaciones emocionales como angustia, desconfianza, ansiedad, temor al contagio, enojo, irritabilidad, sensación de indefensión frente a la incertidumbre y la impotencia. Y han surgido también expresiones de discriminación y estigma frente a las personas diagnosticadas con COVID-19, enfermedad que como se sabe es transmisible, nueva y desconocida.
Los trabajadores migrantes han estado en la primera línea de la crisis. Representan un gran porcentaje de la fuerza laboral de salud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, uno/a de cada cuatro son doctores en Medicina y uno/a de cada seis, enfermeros/as. En muchos países de la OCDE los inmigrantes conforman más de un tercio de la fuerza laboral en otros sectores clave, como el transporte, la limpieza, la elaboración de alimentos y los servicios de TI (cualquier recurso digital o electrónico -de software o hardware- que la organización ponga a disposición de los usuarios para aprovechar sus grandes beneficios).
Cierto, los migrantes están muy expuestos a los impactos de la pandemia sobre la salud, por su trabajo en la primera línea durante la enfermedad, pero también a vulnerabilidades relacionadas con, por ejemplo, las condiciones de vivienda y pobreza.
La realidad es que los trabajadores migrantes no sólo perdieron sus empleos durante la pandemia, sino que fueron excluidos de las redes de seguridad social y se enfrentaron a la estigmatización y la discriminación tanto en el extranjero como de vuelta al terruño. Algunos gobiernos afirmaron que la ayuda a los trabajadores migrantes era responsabilidad de sus países de origen. Cuando en algunos casos las autoridades brindaron ayuda alimentaria, asomaron reacciones xenófobas en las redes sociales. Lo sabemos bien en México.
Gran parte de los avances de la década pasada en cuanto a tasas de empleo entre los inmigrantes han desaparecido por la pandemia. En todos los países con información disponible, el desempleo de los inmigrantes aumentó más que entre sus pares nativos.
[1] Cinco veces las de enero y octubre de 1988.
Desarrollo:
El Sistema de Salud japonés
De acuerdo con el Sistema de Salud japonés, el seguro de salud es obligatorio para sus residentes. Existen ocho sistemas de seguro de salud en Japón con unas 3.500 compañías aseguradoras, y el Sistema se divide en dos grandes estamentos: El Seguro Nacional de Salud para los trabajadores independientes y los estudiantes. El seguro social es habitualmente para los empleados corporativos.
Los hospitales son tanto públicos como privados y los pacientes pueden acceder al de su preferencia sin restricciones; el acceso es universal. Japón tiene costos en salud más bajos que el promedio de la OCDE. Existen tres veces más hospitales per cápita que en Estados Unidos. Por cada mil habitantes el número de camas hospitalarias es de 8,1. El paciente promedio visita al médico trece veces por año, lo que significa más del doble del promedio de los países de la OCDE.
Parece entonces que no hay mucho qué censurar a Japón en cuanto a calidad y resultados, habida cuenta de su:
Mejor sobrevida de cáncer gástrico entre los países industrializados Mejor sobrevida de enfermedad renal crónica entre la OCDE (11) Mejor sistema de terapia dialítica entre la OCDE (11) Esperanza de vida promedio de ochenta y tres años
En breve, que la participación de los gastos en salud dentro del producto interno bruto de Japón sigue por encima del 10.9 por ciento. Entonces, ¿por qué los inmigrantes -nikkeijin o no- forman parte de la marginación social? La emergencia por la pandemia ha visibilizado vulnerabilidades estructurales preexistentes, creando -a la vez- vulnerabilidades específicas emergentes de la nueva situación, una situación disruptiva que genera altos niveles de estrés individual y colectivo.
Acciones tomadas por el Gobierno de Japón, incluido el Ministerio del Exterior
En enero de 2020, el Gobierno de Japón creó la “Oficina de Asistencia contra los Contagios del Nuevo Coronavirus” para trabajar íntegramente contra la pandemia. A partir de entonces, el gobierno, en estrecha coordinación con los órganos gubernamentales involucrados en esta tarea, ha intensificado el control fronterizo, ha apoyado la repatriación de los ciudadanos residentes en el extranjero y de la tripulación y turistas de cruceros, etcétera. En marzo, el entonces primer ministro Abe Shinzō (recientemente asesinado de un tiro en la ciudad de Nara) y el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, alcanzaron el acuerdo para aplazar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, con los resultados que hoy todos conocemos.
Ante la propagación del coronavirus, el gobierno decretó el estado de emergencia en abril (que fue levantado al mes siguiente). Medida mediante la que el gobierno solicitaba a sus ciudadanos que permanecieran en casa, excepto en casos necesarios y urgentes, así como el cierre de las escuelas, la reducción del horario de apertura de locales comerciales, la suspensión del uso de instalaciones recreativas, etcétera. Sin embargo, para minimizar el impacto negativo en la sociedad y la economía, estas medidas basadas en el estado de emergencia eran una “solicitud”, por lo que no se contemplaba la prohibición de salir de casa ni sanciones a los infractores, lo cual era una situación diferente del confinamiento de ciudades que aplicado en la mayoría de los países de Europa y Estados Unidos.
Paralelamente, el Consejo de Ministros aprobó en el mismo mes un paquete de medidas económicas internas urgentes orientadas a combatir la pandemia, que buscaban el mantenimiento del empleo y de las actividades empresariales y la reactivación de las actividades económicas, así como de cooperación internacional, como el apoyo a los países en desarrollo y el fomento del desarrollo de la medicina y las vacunas contra el COVID-19 etcétera. Y ya en diciembre aprobó otras medidas económicas integrales que incluyen la cooperación internacional con vistas al fin de la pandemia.
El hecho es que el Gobierno de Japón ha introducido una amplia variedad de medidas contra la pandemia. Sin embargo, ante una nueva ola del COVID-19 que tuvo lugar desde noviembre de 2020, especialmente en Tokio, nuevamente fue decretado el estado de emergencia en enero de 2021 para Osaka, Kioto y otras ocho prefecturas además de Tokio (regiones todas en las que en marzo fue levantado). Cabe destacar que se modificó la legislación pertinente el mes de febrero para poder penalizar a los hosteleros que se negasen a ejecutar la orden oficial de reducir el horario comercial o cerrar sus locales, así como a quienes se opusieran a hospitalizarse pese a la recomendación al respecto.
Concretamente, su Libro Azul Diplomático 2021, cita las siguientes tareas:
Acción orientada a reforzar las medidas contra el COVID-19 a nivel mundialLiderazgo en la coordinación internacional con vistas al desarrollo y la compra de vacunas además de la atención médica.
Ayuda a los países en desarrolloAyuda a la lucha contra las enfermedades contagiosas y fortalecimiento del sistema de salud y atención médica de los países en desarrollo.
Apoyo al mantenimiento, la reactivación y la resiliencia de las actividades económicas de los países en desarrollo.Asimismo, Japón ha puesto en marcha mecanismos de cooperación financiera reembolsable con carácter urgente contra la crisis pandémica por un máximo de 500.000 millones de yenes concedidos durante dos años -desde abril de 2020 hasta marzo de 2022- a los países en desarrollo de la región Asia-Pacífico entre otros, con los que Japón guarda una estrecha relación económica, concretamente a Filipinas, Indonesia, India y además de otros países (50.000 millones de yenes a cada uno). Este préstamo tiene como objetivo financiarlos, de modo que puedan introducir medidas económicas de forma flexible para combatir la crisis. Los créditos en yenes tendrán condiciones favorables para los países beneficiarios, como bajos intereses (0.01 por ciento) o préstamo desvinculado, lo cual contribuye al mantenimiento y la reactivación de la económica de los países en desarrollo de la región que se vieran afectados gravemente por el COVID-19.
En cuanto a la Salud internacional, el gobierno japonés afirma que el sector sanitario es sumamente importante porque la salud “protege” a la persona y “hace florecer su capacidad”; se trata, dice, de una interpretación de la seguridad humana. Bajo la promesa de “no dejar a nadie atrás” y para promover la “cobertura universal de salud”, Japón ha trabajado en colaboración con otros países y organismos internacionales y cosechado grandes avances en materias como la lucha contra enfermedades infecciosas, la salud materno-infantil y la mejora de la nutrición. En plena propagación del COVID-19, Japón ofrece servicios de salud y asistencia médica contra el coronavirus a los países en desarrollo y apoya la construcción de un centro de salud contra enfermedades infecciosas de la ANSEA (Asociación de Naciones del Sureste Asiático), de modo que -a mediano y largo plazo- se establezca un mecanismo de atención médica y sanitaria fuerte, inclusivo y de calidad. Igualmente, impulsó esfuerzos a nivel global para mejorar la nutrición con vistas a la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento, que fuera celebrada en Tokio el mes de mayo de 2021.
Principales efectos económicos de la migración laboral
Haciendo a un lado el tema de la xenofobia japonesa, hay que tener presente que muchos países con economías avanzadas enfrentan problemas en el mantenimiento de sus respectivos sistemas de pensiones debido a que los cambios en la estructura de los mercados laborales y la globalización financiera les han dificultado la cimentación de una base consistente así como contribuciones suficientes para los sistemas de pensiones (Bonoli, 2003) Otro importante motivo de apremio sobre los programas de pensiones ha sido el envejecimiento de la población, que agrava la crisis de las pensiones al alterar el radio entre contribuyentes y recipientes en los distintos programas (Schludi, 2005). Como respuesta, muchos países han modificado sus sistemas de pensiones y/o disminuido los gastos que éstas ocasionan.
En lo que hace a la migración internacional y los sistemas públicos de pensiones, sucede que, en la gran mayoría de los países desarrollados, los migrantes suelen ser más jóvenes que la población nativa. Una de las razones de ello es que la edad avanzada desalienta la migración: la gente mayor es disuadida de migrar debido a que el periodo en el que puede aspirar a un ingreso mayor en el país receptor es breve. Por otra parte, es a causa de que la mayoría de los trabajadores migrantes son jóvenes que reciben menos beneficios, es decir, a pesar de pagar más de lo que reciben por el sistema de pensiones, quienes se benefician con este flujo migratorio son los pensionados.
Estudios subsecuentes simulan modelos matemáticos usando estadísticas, así como efectos de la migración cuantificada sobre sistemas de pensiones. No obstante que las estimaciones específicas varían con los estudios dependiendo de los métodos, los modelos y las consideraciones hechas, la mayoría de estos estudios arrojan efectos migratorios positivos sobre los sistemas de pensiones (Bongaarts, 2003; Dang, Antolin, & Oxley, 2001; Lee & Miller, 2000).
Es sabido que las poblaciones de los países industrializados son considerablemente viejas, hecho que representa una de las razones que aumentan la presión sobre las pensiones públicas que tratan de aumentar las tasas de fertilidad para mitigar el envejecimiento de su población y reformar sus sistemas de beneficencia. En adición a estas políticas, algunos países se dan cuenta de que estos sistemas son capaces de beneficiar desde el flujo de migrantes mientras que mantienen niveles apropiados para la inmigración.
Así, abreviando los temas que atañen a un pacto intergeneracional, la redistribución y la reforma de las pensiones, habría que señalar que las consecuencias de incrementar la presión fiscal de manera progresiva, destinando una mayor porción de la renta disponible a las pensiones, implican una redistribución desde las capas más jóvenes hacia las más ancianas de la sociedad, desequilibrando el pacto intergeneracional a favor de estos últimos (y por supuesto cuando los actuales jóvenes llegasen a su edad de jubilación exigirían igual pago).
En suma, el cambio demográfico previsto resulta tan brusco que el incremento en la presión fiscal necesario sería enorme; el precio para la economía saldría demasiado alto.
Se sabe también que otra posible cuantificación sería la edad de jubilación; pero como ésta no es el caso de Japón, que por lo visto hasta el día de hoy no parece desear que los trabajadores inmigrantes -nikkeijin o no- permanezcan en el país, no se toca aquí.
Lo cierto es que los ciudadanos del mundo hoy todavía asumen que, si pagan sus impuestos, en el futuro recibirán una pensión igual o más o menos parecida a su salario, aunque no hay nada que les garantice que así será. Sin embargo, si las expectativas comienzan a deteriorarse de manera clara debido a las malas perspectivas económicas y demográficas, esta confianza puede erosionarse. Es decir que, si los costos de cooperación no están claros, cooperar puede dejar de ser una idea tan fantástica.
La única forma totalmente segura de evitar que se rompa el pacto de cooperación entre generaciones es rompiéndolo ante los propios ciudadanos, lo que significa pasar de un sistema tipo PAYG a otro basado en fondos individuales, en los que cada individuo se dedica a ahorrar hasta llegada su jubilación y el Estado -o una entidad privada- se encarga de que estos ahorros no pierdan valor por la inflación, o incluso se revaloricen, a través de inversiones. Obviamente, los costos en términos de igualdad de esta reforma son enormes al reproducir totalmente la distribución de riqueza en la vida laboral. Además, rompe el mecanismo de compartir riesgo ante shocks que implica tener un sistema del tipo PAYG: cada uno estaría, de nuevo, más solo ante el peligro. No parece, por tanto, una reforma deseable.
Algunas precisiones convenientes.
Si bien todo parece indicar que la movilidad no volverá a sus niveles anteriores en el corto plazo, debido a los recortes en la demanda de mano de obra, a las constantes y severas restricciones para viajar y al uso generalizado del trabajo a distancia entre los trabajadores altamente calificados, amén del aprendizaje a distancia por parte de los estudiantes, la reanudación de la migración será un factor importante para impulsar la recuperación tras la pandemia, si la movilidad humana sigue siendo segura e integradora, y respeta los derechos humanos y las normas laborales internacionales.
No obstante, convertir la migración en un factor de desarrollo sostenible requiere que los gobiernos, los empresarios, los sindicatos y otras partes interesadas promuevan la integración socioeconómica de los migrantes como una prioridad. La integración empodera a los migrantes al fomentar su inclusión sostenible y su contribución a las economías locales. Para alcanzar una restauración vigorosa y efectivamente incluyente, será imprescindible la adecuada formulación de políticas de migración e integración.
Tal como han señalado Martha Newton, Directora General Adjunta de Políticas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y Asako Okai, Directora de la Oficina de Crisis del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo): “a medida que salimos de la pandemia de la COVID-19, trabajar por la inclusión de los migrantes, hacer que la migración sea más segura, más ordenada y más regular, promover la cohesión social y lograr la integración evitará que otras crisis tengan efectos adversos similares. La recuperación nos ofrece una opción: volver a lo de siempre o hacer que la migración funcione para todos”.[1]
Lo cierto es que la inmigración ha sido no sólo objeto de regulación y control, sino frecuentemente de restricción e incluso de persecución y estigmatización. En sentido contrario al reconocimiento del derecho a emigrar, como condición inherente al principio de libertad de tránsito, la internación de nacionales de otros países se enfrenta a la prevalencia del derecho del estado receptor por encima del derecho individual.Ya desde largo tiempo atrás, Alba señalaba: "la emigración se considera un derecho humano; la inmigración no" (Alba, 1992:7).[2]
La movilidad territorial de la población, en su sentido amplio, es un fenómeno que ha estado presente en todos los estadios de la historia de la humanidad. Sin embargo, sus expresiones (composición, magnitudes, direccionalidad, motivaciones y alcances) han diferido en los desiguales contextos en que se han desarrollado. En tanto procesos sociales, las migraciones están inmersas en la dinámica y el comportamiento de los distintos actores en una coyuntura dada; ello determina que su apreciación y tratamiento están permeados por la óptica que cada uno de ellos posee respecto del fenómeno.
Las poblaciones migrantes constituyen grupos altamente vulnerables en cuanto a la vigencia de sus derechos fundamentales. Algunas razones para sustentar tal afirmación tienen que ver con sus características y perfiles más generales. Si bien es cierto que la desigualdad social es uno de los factores determinantes de la movilidad actual, también existen evidencias de que las poblaciones migrantes casi nunca son las más pobres; si bien está demostrado que no son los más pobres los que constituyen los contingentes mayoritarios dentro de la migración, el auge de los niveles de pobreza sí refleja procesos de depauperación de amplias capas de la población que incorporan nuevos grupos sociales a los flujos migratorios. Dos razones para ello son: 1) que la migración tiene un costo económico que es preciso sufragar individual o familiarmente; y 2), que los mercados laborales demandantes, a su vez, tienen algún grado de selectividad. No obstante, su inserción social y laboral ocurre casi siempre en circunstancias desventajosas para ellos.
[1] Organización Internacional del Trabajo (OIT)
[2] Francisco Alba, “Dilemas globales de la migración internacional”, Centro de Estudios Demográficos, Vol. 8, Núm. 2, El Colegio de México, mayo-agosto de 1993.
Conclusiones:
El dilema de las políticas migratorias: ¿soberanía o derechos humanos?
Se reconoce que la mayoría de los movimientos poblacionales del mundo contemporáneo obedecen a motivaciones vinculadas con las condiciones materiales de vida. la agudización de las desigualdades sociales, por un lado, y la constitución de mercados laborales como consecuencia de la expansión capitalista, por el otro, dos factores esenciales en la generación de los movimientos migratorios que caracterizan nuestra era. Sin embargo, no son los únicos y de ahí que se admita -aunque con un insuficiente conocimiento riguroso y detallado- la existencia de una gran diversidad y complejidad en la movilidad actual de la Población (United Nations Secretariat, 1994:1 y ss.).
Desde la fundación misma del Estado moderno, un elemento constitutivo de su definición incluyó la noción de jurisdicción en un territorio dado. Así, las fronteras de los estados han delimitado los alcances de su legalidad y de su actividad. Una conceptualización formal y limitada de frontera puede restringirlas a los límites territoriales de los ámbitos de la soberanía en el ejercicio del poder por parte de los Estados (Fóucher, 1986:56-58), de “Migración y Derechos Humanos”: por extensión, son los confines de la vigencia de la identidad de los pueblos, Así como de su sentido de nacionalidad (Ibid., Bustamante, 1989 -nota crítica-; Lozano R., 1990), y del ejercicio de la ciudadanía (Barbalet, 1988).
A pesar de ello, la categorización de estos elementos de índole cultural es objeto de amplia polémica, tanto por su naturaleza subjetiva, como por el hecho de que su conformación es un proceso históricamente condicionado (Habermas, 1994). Por todo ello, las fronteras son punto de ruptura y discontinuidad entre realidades con entornos geográficos socialmente construidos, marcos de relaciones sociales y procesos históricos diferentes, producto y síntesis de dinámicas y relaciones propias de los países que dividen, pero a veces también de las regiones más amplias en las que se inscriben (Durkheim, 1986), es decir, son el punto crucial que demarca los límites entre las naciones. Son el punto de ruptura discontinuidad entre realidades con entornos geográficos socialmente construidos, marcos de relaciones sociales y procesos históricos diferentes, producto y síntesis de dinámicas y relaciones propias de los países que dividen, pero en ocasiones también de las regiones más amplias en las que se inscriben.
Habermas asienta que una persona se convierte en migrante, en el otro en oposición al nativo en cuanto cruza la línea fronteriza que divide un Estado del otro y que en muchos casos trae consigo un cambio cultural, pero hay algo que destacar y es que las fronteras: su conformación es un proceso históricamente condicionado (Habermas, 1992).
En el Derecho Internacional “es una máxima aceptada que toda nación soberana tiene el poder, inherente a su soberanía y esencial para su auto-preservación, para prohibir la entrada de extranjeros dentro de sus dominios o para admitirlos sólo en ciertos casos y bajo algunas condiciones que pueden ser prescriptibles” (Citado en Goodwin Gill, 1989: p. 526)109.
Por todo ello, no resulta estéril hablar de la importancia de las fronteras en el contexto de las migraciones y de los derechos de las poblaciones migrantes. A las fronteras se las relaciona con las nociones mismas de nación, de nacionalidad, de ciudadanía, pero también de extranjería, de ámbito dónde ocurren con mayor intensidad las migraciones y en donde las posiciones nativistas más recalcitrantes pueden demandar las máximas expresiones de la oposición nativo / extranjero. Es allí donde se exige una defensa vigorosa de los intereses de la nación y donde se puede ejercer frente a la supuesta amenaza implícita en el otro polo de la oposición: el extranjero, el inmigrante (Bustamante, 1994).
El Estado-Nación fue fundado con el objeto de proteger y salvaguardar los derechos de los connacionales frente a sí mismos, pero en los hechos también ha desarrollado una vigorosa oposición frente “al otro”.
Manifiestamente, la ambigua identidad cultural de los nikkeijin presume un meollo de roce en una sociedad tan maliciosa acerca del concepto de "el otro" -como es la japonesa- evidentemente derivado de la mentalidad sakoku,[1] y hoy comprometida a mansalva por los hijos ynietos de su diáspora a un cambio de arquetipo que -más a la corta que a la larga- hará de Japón una sociedad multiétnica.
Alcanzar el replanteamiento de los derechos humanos de las poblaciones migrantes representa un gran desafío. Se trata de enfrentar un fenómeno complejo cuyas raíces se remontan no sólo a las desigualdades estructurales de los países de origen, sino también a las cada vez más globalizadas, pero paradójicamente polarizadas, relaciones internacionales.
La migración laboral se ha incorporado de diferentes maneras como parte de este proceso. Por un lado, el capital global impulsa la migración y determina sus patrones, direcciones y formas. La migración constituye un importante factor en la realización de transformaciones sociales fundamentales de las áreas tanto de origen como de destino. De manera que la migración es una parte integral de los procesos de globalización y transformación social, así como una fuerza primordial en sí misma que rediseña a las comunidades y a las sociedades; es decir, las transformaciones sociales inherentes a la globalización no sólo afectan el bienestar económico.
[1] Política aislacionista seguida por el shogunato Tokugawa de 1641 (1603) a 1853-54.
Bibliografía:
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United Nations Secretariat, 1994.
Palabras clave:
migración, nikkeijin, pandemia, salud mental.
