Resumen de la Ponencia:

La presente ponencia es resultado de la investigación en curso titulada “mujeres venezolanas: población migrante pendular y/o flotante en Arauca-Colombia” de la Universidad Nacional de Colombia- Sede Orinoquía”. En este trabajo se realiza una disertación sobre la feminización migratoria en el siglo XXI en el Sur Global, ya que representa una impronta relevante en la historia latinoamericana, y, particularmente en la realidad contemporánea de países como Colombia y Venezuela. En la historia binacional nunca se presentó tal envergadura migratoria, protagonizada sobre todo por mujeres en espacios fronterizos. Se destaca así, la mujer como sujeto migrante activo y como categoría analítica importante en el campo de los estudios migratorios de las ciencias sociales. Colombia desde 2014 ha pasado de ser un país expulsor de ciudadanos (sobre todo por el conflicto armado), para convertirse en un lugar receptor y de tránsito de población con necesidad de protección internacional; situación que se ha intensificado desde 2017 (Correa-Betancourt, 2020). De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR] (2021)."Colombia alberga 1.7 millones de venezolanos, lo cual es el 37% de los 4.6 millones de venezolanos en la región" (p. 3)[1]. Para ese mismo año en Arauca, estaban en situación de regularidad e irregularidad, 21.963 personas venezolanas, de los cuales, el 51% estaba compuesto por mujeres (Migración Colombia, 2019). Por tanto, la presente ponencia presenta los resultados de investigación, centrándose en el tercer paso fronterizo más dinámico y complejo entre Venezuela y Colombia, con el objetivo de interpretar cómo se configuran y re-estructuran las trayectorias sociales de un grupo de mujeres venezolanas, quienes han ejercido en los últimos años, movimientos migratorios flotantes y pendulares en Arauca – Colombia. Metodológicamente, la investigación se realizó, a través de un enfoque cualitativo. Se realizó entrevistas individuales a 24 mujeres venezolanas, un grupo focal, observación de campo y cartografía social. Finalmente concluye la investigación que las trayectorias sociales de las mujeres venezolanas, se ven transversalmente modificadas con la migración que realizan, ya que se ven sometidas a distintos riesgos, de los cuales son conscientes debido a su condición de género y nacionalidad. Al unísono, y, paradójicamente, la diáspora migratoria representa para ellas, la única esperanza a la hora de obtener una mejor calidad de vida, incluso en un contexto violento y afectado por la pandemia del SARSCoV2.   

 

 

Introducción:

Venezuela afronta en la última década una de las mayores crisis políticas, económicas, sanitarias y de seguridad alimentaria. Esta crisis agenciada por la caída del precio de petróleo, el endeudamiento internacional, la elevada inflación de bienes y servicios, además de la simultánea devaluación de la moneda venezolana (el Bolívar) ha hecho que millones de ciudadanos venezolanos busquen refugio en otros países (Polo-Alvis, Serrano-López, & Triana Barragan, 2018). Esta situación ha derivado en un éxodo masivo que suma más de 5,6 millones de venezolanos fuera de su país, de los cuales cerca de un 31% (1.742.927 personas) se encuentran en Colombia, según datos registrados en la Plataforma de Coordinación para Migrantes y Refugiados de Venezuela (R4V, 2021).

Cabe recordar que Venezuela ha sido tradicionalmente un país receptor de inmigrantes (Palma-Gutiérrez, 2021). En el siglo XIX recibió cientos de migrantes, sobre todo europeos, para trabajar en diversos sectores económicos con necesidad de desarrollarse (agrícola, minero, fabril). En el siglo XX, luego de la segunda guerra mundial, Venezuela vuelve a recibir cientos de inmigrantes, provenientes sobre todo de Alemania, España, Italia y Portugal (Mejía-Ochoa, 2012). La bonanza petrolera que empieza en 1970 atrae a más población europea, pero también a ciudadanos de países vecinos como Panamá, Ecuador y Colombia. Específicamente, de Colombia, se calcula que para la época emigraron hacia Venezuela en promedio 600 mil personas (Aguilar-Alamao, 2015). En pleno siglo XXI esta historia de migración y de relaciones binacionales se ha transformado, principalmente, se expresan cambios a partir de la construcción de flujos migratorios inversos (Polo-Alvis, et al, 2018). Ahora son los ciudadanos venezolanos quienes emigran hacia Colombia, como primer destino, por su frontera terrestre y cercanía, o porque les permite ser un territorio de tránsito ideal para el Cono Sur, el Centro o el Norte del continente Americano. 

Dentro del grupo de emigrantes de Venezuela, se resalta de manera especial el papel protagónico de las mujeres en esta diáspora, ya que dentro de los estudios clásicos sobre migración en el campo de las ciencias sociales, la trayectoria del sujeto masculino adulto se ha estudiado como principal actor en las migraciones humanas. 

Con todo, en las últimas dos décadas las mujeres no sólo han migrado como acompañantes de sus parejas o esposos, sino que también lo han hecho en solitario o por cuenta propia (Woo-Morales, 1997). Este tipo de migración ha presentado un crecimiento continuo en los últimos años, e incluso, a partir de estudios previos, se ha encontrado que estas mujeres emigran con planes y recursos económicos propios, ya que ellas desempeñan un rol central dentro de la estructura familiar venezolana (Aguilar-Alamao, 2015). Sin embargo, en el camino que deciden emprender, varios son los factores que las señalan como población vulnerable en ese movimiento humano, pues los riesgos a los que se ven expuestas muestran que pueden ser objeto de trata de personas[1], robos, violaciones y xenofobia. 

Como fue mencionado, Colombia ha sido el principal receptor de inmigrantes venezolanos en estos últimos años, sin embargo, llama la atención que una porción importante de inmigrantes venezolanos en Colombia: 

obedecen a una tendencia migratoria flotante que tiende a movilizarse en la frontera, el 34 % desarrollan patrones de movimientos transfronterizos de corta duración de forma pendular, y el 66 % de tránsito con miras a desplazarse hacia otros países del Norte América o del Cono Sur (Migración Colombia, 2017)

 

Particularmente, la frontera entre la localidad del Estado de Apure de Venezuela y Arauca-Colombia, se constituye en uno de los pasos o tránsitos más usados por los migrantes venezolanos para establecerse o seguir sus recorridos hacia otras ciudades o países. Según datos suministrados por Migración Colombia, a diario, cerca de dos mil personas llegan por este corredor (Migración Colombia, 2019) y se calcula que para el año 2019, en la ciudad araucana, se encontraban cerca de 42.890 migrantes venezolanos (Migración Colombia, 2019). Todo esto, sin contar con aquella población que carece de registros oficiales y que utiliza varios tipos o modalidades de pasos ilegales. Por tanto, la  presente ponencia de resultados de investigación se centra en este espacio; el tercer paso fronterizo más dinámico entre Venezuela y Colombia, con el objetivo de interpretar cómo se configuran y re-estructuran las trayectorias laborales y relacionales de un grupo de mujeres venezolanas, quienes han ejercido en los últimos cinco años movimientos migratorios flotantes y pendulares en Arauca – Colombia. 

 

 

 

Desarrollo:

 

El trabajo de campo en la ciudad de Arauca  se realizó a través de una metodología cualitativa en donde se privilegió las  narrativas de las migrantes y se usó como técnicas de recolección de datos, los grupos focales,  las entrevistas y  la  observación, permitiendo ubicar varios lugares de tránsito, barrios y/o asentamientos humanos de población migrante venezolana en la ciudad . En efecto, 24 mujeres migrantes venezolanas, de distintas procedencias, algunas en tránsito, tres entrevistadas en el terminal de transportes de la ciudad y 21 moradoras de los barrios Las Cabañas y el asentamiento humano Villa Estrella, decidieron participar voluntariamente de este ejercicio investigativo y nos permitieron conocer sus historias y  trayectorias de vida. La edad promedio de las mujeres es de 27,7 años, todas ellas se encuentran dentro del rango de población económicamente activa. Sin embargo, el nivel de escolaridad de la mayoría de las entrevistadas se encuentra por debajo del bachillerato, pues si bien siete de ellas lograron este nivel, tan solo una de las 24 mujeres terminó una carrera profesional en su país de origen. La mayoría de las mujeres entrevistadas en el barrio Las Cabañas iniciaron su migración recientemente, según informan de tres a doce meses.  Algunas de ellas suelen tener un flujo migratorio pendular (caracterizada por las constantes entradas y salidas entre Venezuela y Colombia). Otras de las entrevistadas que habitaban el barrio la Cabañas ejercen flujos migratorios nominados como flotantes con períodos más extensos de residencia en el país o ciudad receptora, pero no están debidamente censadas/identificadas. 

Uno de los móviles que agenció la migración de estas mujeres, tiene que ver con la ideología compartida en relación a Colombia como un país con mayores oportunidades de vida. Gran parte de ellas menciona su interés por permanecer en el país, pues les permite mantener la cercanía necesaria para visitar a sus familiares de manera ocasional. En este sentido, las razones de migración para estas mujeres son en su mayoría económicas, laborales y familiares.   

Antes de iniciar su migración, este grupo de mujeres sostenía un estilo de vida marcado por las dinámicas políticas y sociales venezolanas del momento, es decir, situaciones de crisis humanitaria, emergencia y escasez. Realidades que se agudizaron en los últimos cinco años y que se reflejan tanto en el contexto político, como en el económico, pues el cerco económico internacional, junto con el desgaste de la industria petrolera, se muestran como factores que inciden en la actual diáspora venezolana. De esta manera, la motivación de permanecer en Colombia ha sido reforzada por la relación monetaria que establecen, ya que la devaluación de la moneda venezolana y las precariedades de atención estatal, hacen que ellas se vean obligados a migrar y conseguir trabajos de manera informal en Arauca. Así, este grupo de migrantes, con el dinero que perciben, logran suplir sus necesidades básicas, situación que se tornaba inverosímil en Venezuela. 

Por la actividad comercial y la presencia de entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, la capital del Departamento de Arauca es una ciudad que muestra características de área metropolitana. El Amparo y Guasdualito se podrían considerar ciudades satélites, donde los trabajadores van a dormir y a reposar después de la jornada laboral (Castro-Rodriguez, 2021); lo que se traduce en un flujo importante de tránsito y permanencia de migrantes venezolanos. Así, la frontera colombo-venezolana entre el Estado de Apure y Colombia, convierten a Arauca en un lugar con flujos migratorios masivos, flotantes, pendulares, mixtos, es decir, un lugar dinámico por excelencia (Mojica, Aliaga, & Espinel, 2020)

La población migrante venezolana pendular permanece en Colombia y retorna el mismo día o pocos días después a Venezuela, ya que ingresan a Arauca por la frontera seca o fluvial, por víveres o asuntos familiares. La población migrante venezolana flotante, aunque no está legalizada en la ciudad ni establecida formalmente, ejerce  trabajos informales por temporadas cortas, en cuanto articulan sus redes de apoyo y deciden qué destino emprender; otros inmigrantes flotantes están en la ciudad por tiempos un poco más prolongados debido a su relación laboral, sentimental o por tratamientos médicos. De esta manera, los habitantes en las fronteras establecen sus códigos y mecanismos para fortalecer y obtener beneficio de la condición fronteriza; donde prevalece la fluidez relacional (Valero-Martinez, 2009). 

Diversos estudios expresan que una importante parte de la población venezolana en Colombia obedece a una tendencia migratoria flotante que tiende a moverse en la frontera (Polo-Alvis, et al, 2018), otros autores hablan de desplazamientos pendulares como un tipo de “mercadeo fronterizo diario” (Valero-Martinez, 2009), en cuanto otros resaltan la permeabilidad cultural, sobre la lógica económica o de seguridad (Palma, 2015); lo que sí es claro, es que una porción de la población migrante venezolana en la frontera araucana, en cuanto busca una estabilidad en vivienda, salud, ingreso económico y educación, tiende a tener movimientos flotantes de tal manera que puedan tener un estatus migratorio “formal” y acceder a algunos de los derechos que garantiza la oferta institucional.  

Como fue anotado anteriormente, Colombia carece de experiencias significativas como país receptor de población migrante. En este contexto, los colombianos experimentan la transformación de ser un país de emigración a uno de inmigración, tránsito y retorno (Palma, 2015), por lo cual, debe asumir múltiples tareas, como también definir estrategias articuladas a las dinámicas formales e informales alrededor del fenómeno. Luego, propender por una efectiva incorporación al tejido social, en donde haya una atención psicosocial adecuada para esta población (Labarca-Reverol, 2019) e implementar políticas públicas e integrales que atiendan y mitiguen los inconvenientes generados por la migración, desde una perspectiva constitucional y a la luz de los tratados internacionales (Tapia-Bravo, 2020) y sobre todo con un marco normativo con enfoque diferencial  son algunos de los retos y desafíos que enfrenta Colombia como país receptor  (Palacios-Sanabria y Torres-Villareal, 2020).

Asimismo, Los estudios migratorios con una perspectiva de género permiten entender los impactos de manera diferenciada, pues estamos viviendo el auge de la feminización de la migración que refiere a la participación de la mujer en los movimientos migratorios con un rol activo tanto en el ámbito económico como social (Fries-Monleón, 2019).

En estos flujos migratorios sur-sur o no hegemónicos (Bermúdez-Rico, 2014), las mujeres se posicionan como las protagonistas debido a su vulnerabilidad (Fries-Monleón, 2019; Mesa, 2020; Flores-Sequera, 2020). Las mujeres migrantes, según Oquenda-Lorduy (2019) enfrentan mayores peligros y/o barreras a la hora de integrarse en el país receptor. A la condición de migrantes se le suman “factores de riesgos inherentes como ser pobre, tener una baja escolaridad, ser una mujer sola, y con hijos pequeños” (Otálora, 2020, p. 57), además cuando no existe la documentación legal adecuada, se intensifica la vulnerabilidad de la mujer migrante. Al parecer, la mayoría de mujeres migrantes del mundo ostentan un estatus migratorio irregular, ya que utilizan estrategias fuera de los marcos formales (Palma, 2015) arriesgando, de este modo, sus vidas durante diversos pasos ilegales (García-Arias y Restrepo-Pineda, 2019),  pero también y como ya se mencionó, se destaca  una importante literatura que no solo las pone en lugar de vulnerabilidad sino que resalta el rol de estas como proveedoras económicas y como agentes de flujos migratorios construidos por ellas mismas y para ellas mismas, gestándose así nuevas formas de subjetivación y de empoderamiento femenino en sus cursos de vida (Woo-Morales, 2007; Aguilar-Almao, 1995; Unda &Alvarado, 2012, Micolta-Leon 2007). 

 

Hoy se debe velar por una visión intercultural que desarrolle la interacción entre personas, conocimientos y prácticas, y se debe propender por una pedagogía que concientice a las personas sobre las implicaciones del fenómeno migratorio, para así evitar implicaciones xenofóbicas . Con base en los estudios consultados, es posible establecer  que la migración genera reconfiguración territorial en las fronteras con consecuencias demográficas, económicas y socio- culturales negativas y positivas, por tanto, interpretarla como oportunidad dependerá de su procedencia y del aporte que pueda realizar (Aguilar-Almao, 2015).

 

 

 

 

Conclusiones:

El fenómeno migratorio venezolano es un proceso que se ha caracterizado por ser mixto, ya que combina múltiples causalidades y actores (Phelán & Osorio, 2020). En especial, la frontera colombo-venezolana entre las jurisdicciones de Apure y Arauca, es una zona importante en cuanto a la integración regional, con servicios de atención humana prioritaria. No obstante, varias son las situaciones que hacen que exista una asistencia prioritaria y de emergencia para esta población. Uno de los casos más mencionados, es la elevada tasa de inseguridad alimentaria en hogares de mujeres migrantes  cabezas de familia que llevan poco tiempo en Colombia y que sobre todo le correspondió afrontar las consecuencias económicas de la pandemia global por cuenta del  SARS CoV2 (ONU, 2020b). Sumado a lo anterior, muchas de las mujeres venezolanas, se enfrentan o insertan en Arauca a un contexto violento, en donde las dispuesta de actores armados ilegales por el control territorial, conlleva a afectar de manera directa o no a los más vulnerables, en este caso, mujeres extranjeras indocumentadas. 

La feminización migratoria en el siglo XXI en el sur global representa una impronta relevante en la historia latinoamericana y particularmente en la realidad contemporánea de países como Colombia y Venezuela. En la historia binacional nunca se presentó tal envergadura migratoria, protagonizada sobre todo por mujeres en espacios fronterizos como los estudiados en la presente investigación. Se destaca así, la mujer como sujeto migrante activo y como categoría analítica importante en el campo de los estudios migratorios (Ciurlo, 2014). Para el año (2020) habitaban en Arauca-municipio 22.208 personas venezolanas, según el Grupo Interagencial Sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM, 2020), de los cuales el 51% correspondían a mujeres en todos los rangos etarios.

De las 24 mujeres migrantes de nacionalidad venezolana entrevistadas, 11 tenían para el momento de la indagación un estatus migratorio pendular, ya que frecuentemente viajaban entre Venezuela y Colombia. Este grupo de mujeres se caracterizó como migrantes pendulares porque no tenían una vocación de residencia permanente en Arauca-Colombia. Las mujeres viajaban constantemente entre los dos países en búsqueda de  servicios médicos o por visitar y/o acopiar algo de dinero de co-nacionales que estaban ya establecidos en el mencionado municipio colombiano. Estas mujeres con este tipo de flujo migratorio son muy comunes en los espacios fronterizos, en donde se comparte no solo amigos y familiares, sino prácticas culturales similares debido al idioma, el folclor y la historia política relacional (Gregorio-Gil, 2014). Otras de las 10 mujeres entrevistadas, ostentaban un estatus migratorio flotante, es decir, un poco más estable en Arauca, aunque irregulares/ilegales (entre tres y diez meses- con vocación de permanencia). Las últimas pretendían encontrar un empleo en Arauca o emprender de manera comercial. Tres de las mujeres entrevistadas restantes estaban en tránsito a lugares de Colombia desconocidos, ya que ellas mismas no tenían certeza de su destino final.  Las actividades económicas realizadas por ella eran en mayor proporción informales y flexibles como aseo en casas de familia, cuidado de niños y meseras o trabajadoras por horas en restaurantes y pequeños comercios. Los trabajos flexibles, por horas, por contrato a términos fijo, por servicios –OPS- (tercerizados), el trabajo por cuenta propia se caracteriza por las pocas o nulas garantías laborales, por ende, pueden catalogarse como precarios (De la Garza y Neffa, 2010 ). En este escenario los migrantes indocumentados y las mujeres migrantes con hijos pequeños sufren en mayor proporción.

Las trayectorias laborales y relacionales de las mujeres entrevistadas se vieron transversalmente modificadas con la migración que realizaron. La falta de oportunidades laborales, la violencia a la que se ven expuestas, las rupturas familiares y la falta de una red de apoyo resultan ser elementos que en su conjunto constituyen una mayor vulnerabilidad para ellas, debido no solo a su condición de migrantes irregulares, sino por su género, nacionalidad y  capacidad económica reducida.

Ahora bien, se debe señalar que el grupo de mujeres percibieron el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, promulgado por el Gobierno Colombiano, a través del Decreto 216 del 1 de marzo de (2021), como algo esperanzador, ya que veían en éste la oportunidad de no ser explotadas laboralmente y de que sus hijos pudiese acceder de manera más regular a servicios de salud y educación. Según investigadores(as) e instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020b) y (Krüger-Sarmiento, Rodriguez, Robayo, & Mendoza, 2020) resulta más beneficioso para el país receptor de migrantes masivos regularizarlos que no hacerlo. Se trata de no solo integrarlos a la legalidad (censar, pagar impuestos), sino a la posibilidad de salvaguardar sus derechos humanos y utilizar sus potencialidades en pos del desarrollo nacional. Se espera que con el  transcurso de este estatuto, la población venezolana adquiera una mejor calidad de vida, por tanto, se recomienda para una efectiva implementación de este decreto en Colombia, realizar diagnósticos constantes de la población y establecer una veeduría para que lo promulgado en el decreto, en la praxis,  coexista con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con los derechos humanos internacionales,  con los estatutos de regularización de los migrantes en contextos de emergencia adoptados por países expertos en el tema. Finalmente, se recomienda que estos mismos se sincronicen a nivel nacional, departamental y municipal con los planes de desarrollo de cada municipio y departamento, para realizar su evaluación y pertinente ajuste. 

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Palabras clave:

Palabras clave: mujeres, migración,Venezuela, frontera

key word: women, migration, Venezuela, border

Resumen de la Ponencia:

La ponencia es resultado del artículo con el mismo nombre[1]. Se documenta el estado de la Trata de Personas en el Perú, específicamente la explotación laboral y sexual, se destacan regiones que por su ubicación geoespacial y/o dinamismo económico concentran un significativo flujo migratorio. Se analiza con base en tres dimensiones: a) una discusión teórico-epistemológica, en el marco de la reciente Recomendación General de la CEDAW número 38; b) una revisión del Marco Jurídico nacional y sistemas de protección y empoderamiento de las y los ciudadanos para vivir espacios libres de trata de personas, además de examinar el presupuesto nacional y regional asignado; y c) el análisis de cuatro regiones seleccionadas por su dinámica económica y flujo migratorio: Lima Metropolitana, Tacna, Tumbes y Madres de Dios. Para concluir que en el país, en el marco de las economías extractivas emergentes, del mercado laboral informal y de confinamiento global por la COVID-19, la trata de personas se proyecta como un fenómeno de mayor conflictividad dado su entronque con el incremento de la pobreza y la intensificación de las desigualdades sociales, situación que pone en riesgo el cumplimiento de los derechos humanos de peruanas y peruanos a vivir libres de violencia y de explotación.

 

[1]VARGAS VALENCIA, Fabiola Teresa. La trata de personas en el Perú. Una mirada enfocada en regiones con apertura a la migración global. Huellas de la Migración, [S.l.], v. 6, n. 12, p. 129-176, jun. 2022. ISSN 2594-2832. Disponible en: <https://huellasdelamigracion.uaemex.mx/article/view/16355> 

Introducción:

El primer eje que guía la propuesta centrada en el pensamiento global, el que se ocupa de los estudios de sociedades dominadas por la yuxtaposición de los efectos de la mundialización económica y de la crisis de estados nacionales en América Latina, en donde las mujeres y demás grupos en condición de vulnerabilidad son privados de su acceso a derechos en condiciones de igualdad, hecho que impide el desarrollo regional sostenible, contempla el nivel de los saberes, que  en los  últimos  años lleva  a  construir Planes Nacionales y Regionales, directrices para la actuación de los gobiernos y la sociedad civil, con el fin de responder de manera razonada a una de las violencias de género más extremas. Un segundo eje contextual, es la compleja trama mundial por la pandemia que coloca en el escaparate internacional el fenómeno de las violencias en mujeres, niñas y adolescentes. 

La episteme  que nos acoge como civilización, sobre el tema de la trata de personas, exige no abstraerla de su dimensión política que la configura como el tercer negocio criminal más lucrativo en la actualidad, la tercera gran economía, después del narcotráfico y el armamentismo en el mundo.     

La trata de personas es un fenómeno que se reconoce como problema social a fines del siglo XIX e inicios del XX. En América Latina los países impulsados por los Organismos Internacionales inician acciones gubernamentales para combatirla. En este proceso la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales y nacionales, han transcurrido por fases de reconocimiento gradual y progresivo ante el problema. De estudios exploratorios se ha pasado a una búsqueda de comprensión mucho más amplia, a nivel macro y global. 

En el 2018, emergen las investigaciones que ponen en entredicho la economía mundial neoliberal como proceso generador de encarecimiento y por lo tanto de explotación. Un antecedente destacable, es el caso peruano en Elementos comparados del impacto de la trata de personas en la salud de víctimas adolescentes, en el contexto de la minería ilegal de oro en Madre de Dios (2014). El estudio es un esfuerzo por vincular el fenómeno a la economía de un espacio geopolítico específico, donde predomina el silencio, la negación, el encubrimiento y los subregistros entorno de la explotación sexual y laboral de mujeres jóvenes, niñas y niños, en la zona. Este estudio de carácter antropológico destaca la interrelación entre la realidad compleja que presenta la dinámica económica enfocada en la extracción de oro en la Región de Madre de Dios en el Perú, y sus consecuencias en la salud de mujeres y hombres entre los 16 y 17 años de edad, víctimas de explotación sexual y laboral. 

Evalúa el contexto en el cual se circunscribe la trata de personas, valora y discute la movilidad humana y la precariedad laboral de una economía extractiva no formal, mayoritariamente ilícita, que no parece obedecer a mecanismos institucionales regulados por estructuras verticales. Sostiene el autor que esta actividad ha implicado un importante fenómeno migratorio interno más que internacional, y advierte la ausencia del Estado y la precarización de las instituciones púbicas de servicios, de seguridad y del sistema bancario, particularmente y con extremo abandono en los campos de extracción del metal; sin embargo, observamos que al explicar la dinámica socioeconómica la adjudica al deseo de enriquecimiento, la “fiebre del oro”. Así, la explotación laboral y sexual reproducida en el sistema de las economías extractivas, queda aislada de su comprensión integral, no como parte de los grandes procesos actuales de la economía mundial, sí como sistemas micro desarticulados, de economías familiares.

“ […] ¿Qué elementos permiten pensar en la figura de una “fiebre del oro”? Pues al menos tres elementos configuran este escenario: una “gran ola” migratoria, la ausencia de mecanismos de control estatal o regulación institucional, y la presencia de una explotación informal de pequeñas economías en competencia (White, 1998; Reeves, Frost & Fahey, 2010)” (Mujica, 2014: 27).

En contraste, La Trata de personas en el Perú. Criminología de actores y perfiles penitenciarios (2017), evidencia el vínculo entre la trata de personas, la expansión de las industrias extractivas y la informalidad en ciudades intermedias y ámbitos periurbanos. Este estudio ofrece una exploración sobre las características de las personas privadas de libertad por el delito de trata de personas, para ello indaga en la subjetividad de los y las imputadas, y sobre los contextos de riesgo que podrían estar asociados a conductas delictivas o de victimización. Discute aspectos de la trata de personas en contextos de baja presencia estatal, en actividades extractivas, de bienes, servicios y negocios de diversión nocturna (Cavagnoud & Mujica, 2012; CHS Alternativo, 2016; Mujica, 2014a, 2014b); que funcionan en complemento a sistemas delictivos más extensos; y que se distancia de los modelos verticales del crimen organizado asociados a mafias y carteles (Campana, 2016a; Campana & Varese, 2013; Hughes, 2001) (Citados por MINJUSDH, y CHS Alernativo, 2017) , llegando a la siguiente afirmación:

“Este estudio pone de relieve la inequívoca relación entre la trata de personas y sistemas económicos de trabajo informal. Las evidencias son claras respecto a que éste no es un delito aislado: opera en relación a una oferta y a una demanda cuyas fuentes son sistemas económicos extractivos y de servicios informales. Conviene prestar atención a los siguientes datos sobre la población penal: 26.36% de mujeres recluidas tuvo como antecedente laboral directo trabajos como dama de compañía y 22.73% trabajó en bares, discotecas o restaurantes. Es decir, 5 de cada 10 mujeres recluidas tuvo como antecedentes trabajos expuestos a las redes de trata de personas. En el caso de varones hay proporciones semejantes: 33.3% trabajó en bares, discotecas o restaurantes y un interesante 22.2% trabajó como transportista. Para resumirlo en una cifra ilustrativa: 8 de cada 10 internos por trata de personas tuvo empleos informales como antecedente laboral directo” (MINJUDH y CHS Alternativo, 2017, p. 7).

Frente a lo anterior, en La trata de personas, dilema de la frontera norte de México: un análisis de política pública en Baja California, desde una perspectiva de género y los derechos humanos (2018), señalamos que la trata de personas es la llamada esclavitud del siglo XXI, contenida al modelo capitalista neoliberal postindustrial. Es el rapto o secuestro y traslado para la prostitución obligada, la indigencia forzada, la  explotación laboral y sexual, matrimonios obligados, el traslado y venta obligada de estupefacientes, la extracción de órganos, entre otros. En aquella oportunidad señalamos el manejo de este ilícito en espacios geopolíticos específicos, en las ciudades: 

“Tal afirmación descansa en el planteamiento de Alain Touraine (2017), para quien la historia de los países de América Latina transcurre ahora en dos niveles diferentes: un  nivel nacional en el que prevalece la debilidad de acción de los estados y un nivel mundial en el cual el papel principal lo tienen los nuevos imperios que dominan la economía y las crisis políticas y culturales que destruyen los Estados nacionales o que se desarrollan sobre sus ruinas. Tal debilidad de los Estado Nación en América Latina estaría en su incapacidad de combinar las demandas sociales de la población con las exigencias de la competitividad económica, y en su extremo a sacrificarlas en nombre del crecimiento económico, sistema en el que se gesta y reproduce la llamada esclavitud moderna” (Vargas, 2018).

El contexto mundial de pandemia por la COVID-19 y el confinamiento al que entramos en la segunda quincena de marzo del 2020, expone y confronta nuestra realidad social frente al modelo neoliberal, en los territorios y/o regiones, sobre los procesos de precarización económica y política se acrecientan las crisis de salud y humanitaria, por la disminución en los ingresos familiares, la pobreza y la desigualdad social que van en aumento. Amenazan escenarios comunes a lo sucedido en la crisis financiera de 2008, Estados asediados por la deuda pública para asistir el sistema financiero, regular la libre empresa, y subvenir al gran número de desempleados.

Ante lo planteado, abordamos el análisis de la trata de personas en su dimensión global, desde las desigualdades sociales agravadas por el modelo neoliberal del capitalismo contemporáneo, que “organiza a las sociedades y con ellas a las y los sujetos sociales como piezas para la asignación de roles de género y generacionales, basados en comportamientos sexoculturales potencialmente asimétricos”  (Vargas, 2009: 115). 

El objetivo de este artículo es documentar y reflexionar desde el pensamiento global, la trata de personas como fenómeno social en el Perú, en cuatro regiones seleccionadas por su particular dinámica económica y flujo migratorio: Lima Metropolitana, Tacna, Tumbes y la región Madres de Dios. El propósito es, con base en la Perspectiva de Género y los Derechos Humanos articular el problema social a los efectos de la economía mundial actual. 

Desarrollo:

 

II.        La trata de personas en el Perú, una revisión desde el pensamiento global

Partimos de la discusión epistemológica entre trata de personas y prostitución. En América Latina y en el mundo, la trata de personas es un tipo de violencia de género extrema y ha sido interpretada como prostitución por amplios sectores de la sociedad, quienes reducen el problema a su connotación moral, situación que encubre el sentido político existente, es decir: la acción de depositar el significado del problema sobre un grupo en “particular” de las mujeres y sus proxenetas, hecho que libera al resto de la población, de este grave problema. Por el contrario, consideramos que este fenómeno social es amplio y subrepticio, por lo que sugerimos entenderlo en su comprensión integral y global.

Proponemos dos dimensiones para el análisis: una socioespacial y otra sociocutural. 

1.         La dimensión socioespacial 

Refiere un conjunto de elementos geo-territoriales como son las fronteras, los ingresos a la región o al país de flujos migratorios internos y externos: caminos, entradas marítimas, fluviales y aeroespaciales; comprende además las dinámicas económicas de producción y comercialización, los microsistemas económicos de la zona que se enlazan en operación con los grupos delictivos y determinan su tipología, los modos de explotación, que a la vez influyen en las características de los tratantes y sus víctimas. 

La Recomendación General de la CEDAW número 38 sobre “tráfico y trata de mujeres y niñas en el contexto de migración global” (2020) define al fenómeno como transnacional, considera las fronteras internacionales y exhorta a los gestores de las fronteras internacionales a trabajar con enfoque de Derechos Humanos, perspectiva de género, delincuencia organizada, migración nacional e internacional y seguridad ciudadana. Integra a los operadores de justicia, policías, fiscalías, poder judicial, autoridades de los gobiernos regionales y locales, alcanzando hasta el Congreso de la República.

Recuperando la propuesta de Saskia Sassen (2007), en Una Sociología de la Globalización,  la condición actual de las migraciones difiere de fases anteriores en el mundo capitalista. La autora describe el mundo globalizado ya no como una pirámide de naciones y de estados, sino como un conjunto de ciudades mundiales, de las cuales algunas constituyen hasta centros de comunicaciones mundiales tan importantes como los estados [nacionales] grandes (Sassen, 2007). La autonomía económica de estas megalópolis ha debilitado aún más a los Estados Nacionales, creando los instrumentos de la corrupción, que permiten a unos políticos de importancia secundaria imponer sus intereses en regiones que son marginales con relación a los centros principales de la actividad económica mundial. La corrupción es la manifestación más visible del declive de los Estados Nacionales con relación a las megalópolis globalizadas. 

2.         La dimensión sociocultural

Comprende la cultura sexogenérica asimétrica, la sexualidad occidentalizada que vigoriza las desigualdades sociales entre los géneros y todo aquel sector de la población excluido del poder que detenta la masculinidad: las infancias, las juventudes, los grupos étnicos, la tercera edad, las diversidades sexuales, entre otras. Desde la perspectiva de género, se aborda la trata de personas con un enfoque interseccional, la interseccionalidad es el sistema interconectado de subordinaciones y opresiones entre actores sociales en vínculo con la configuración del territorio, espacio social-simbólico; concepto que compromete el principio de diversidad de género y sexual, en tanto que no existe la mujer como única, homogénea, estática y etiquetada, es decir un “modelo ideal”. 

Las mujeres son sujetas sociales y políticas, cuyo carácter diverso lo dota el género en su particular entronque con otras categorías como son la generación, la etnicidad, la clase social, la diversidad sexual, entre otras. En este contexto, se plantea la obligación de los Estados de tener disposiciones específicas para todos los grupos de mujeres, incluyendo las mujeres indígenas y trans (INDEHPUCP, 2020). 

III.      Metodología para un enfoque global de la Trata de Personas en el Perú

Criterios para el análisis: 1) la selección de las regiones con base en su ubicación geopolítica nacional acorde a los cuatro puntos cardinales: de norte a sur, Tumbes y Tacna; y de este a oeste, Madre de Dios y Lima Metropolitana. 2) la tasa de incidencia de denuncias durante el periodo 2014-2017 con el mayor porcentaje de denuncias a nivel nacional. 3) la región contiene factores estructurales que determinan el fenómeno, entre ellos las fronteras nacionales e internacionales, los flujos migratorios, las dinámicas económicas principales marcadas por el desarrollo productivo, elementos que sellan las particularidades en los mecanismos para la trata de personas, las características de las personas operadoras, las tipologías y las rutas de la trata.

IV. La Trata de Personas en el Perú, cuatro casos representativos: las regiones de Lima Metropolitana, Tacna, Tumbes y Madres de Dios

Se analiza el fenómeno en cuatro regiones peruanas, representativas por su calidad de territorios trascendentales por los flujos migratorios nacionales e internacionales y su desarrollo productivo con notoria presencia de las actividades extractivas frente al resto, durante el año 2018. Se describen factores estructurales tales como las fronteras nacionales e internacionales, los flujos migratorios, una vista a la dinámica económica con base a los datos de desarrollo productivo, las tasas de incidencias en las denuncias, las tipologías y las rutas de la trata de personas en cada región. 

 

La Región Lima Metropolitana

 

Lima es la capital y la ciudad principal de la República del Perú, situada en la costa central a orillas del océano Pacífico, junto con la provincia Constitucional del Callao conforman una extensa y poblada área urbana conocida como Lima Metropolitana de 70 km de norte a sur, y 44 km de este a oeste. Es el área metropolitana más grande, extensa y poblada del Perú, con 10,7 millones de habitantes en el año 2020, representando el 32 por ciento de la población peruana (INEI, 2021).

En 2017, en números absolutos la región fue la entidad con mayor población inmigrante, 2 millones 986 mil personas. En cuanto migración internacional, según la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR (2020), más de un millón de personas venezolanas llegaron al Perú y más de 496.000 solicitaron la condición de refugiado, el Perú es el primer país de acogida de personas venezolanas con necesidad de protección internacional y el segundo destino de refugiados y migrantes venezolanos a nivel mundial. El 86.6 por ciento de los migrantes venezolanos se concentran en Lima y Callao.

Lima Metropolitana se ubica en el segundo lugar de pobreza después de las zonas rurales del país (INEI, 2020). Para el 2018 los niveles de pobreza fluctuaron entre 11.3 por ciento y 13.8 por ciento, mientras que los niveles de pobreza extrema alcanzaron entre 0.3 por ciento y 0.7 por ciento. El mismo año, Lima registró un PBI de 3.6 por ciento, año en que la actividad económica en el Perú creció 4.0 por ciento. 

En el 2019 se registró a nivel nacional 509 casos de trata de personas, en Lima 238 casos, lo que representó el 46.8 por ciento del total. Respecto al tema de denuncias por tipo de trata de personas: explotación sexual fueron 187 casos, explotación laboral 29, mendicidad 10; y la modalidad de captación fue la oferta de trabajo (CHS Alternativo, 2019).

En Lima Metropolitana, cuenta con el Plan Contra la Explotación Sexual y Trata de Mujeres de Lima Metropolitana 2014-2025, con tres Centros de Acogida Residencial Especializados para Víctimas de Trata de Personas y cuatro Unidades de Protección Especial (CHS, 2020).

2. La Región Tumbes

Está situada en la región norte y occidental del Perú, constituye su frontera límite con la República del Ecuador, se ubica por el norte con el Océano Pacífico, por el este con Ecuador, por el sur con Ecuador y el departamento de Piura, y por el oeste con el Océano Pacífico. Su capital es la ciudad de Tumbes. Su población estimada al 2020 es de 251 521 habitantes.

Siendo una región fronteriza Tumbes es históricamente receptor de inmigrantes, datos del censo del 2017, refieren que el 78.2 por ciento de la población reside en el lugar donde nació (175 mil 299 personas); mientras que el 21.3 por ciento nació en una región diferente a la de su residencia actual (47 mil 908 personas) y el 0.5 por ciento nació en otro país (1 mil 41 personas). Acerca de la migración de extranjeros, el 90.2 por ciento de venezolanos ingresaron por el puesto de control Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) Tumbes, y 92 por ciento emplearon medios de transporte terrestre (15 Julio, 2020). 

Sobre la dinámica económica en Tumbes, en el 2018 el PBI registró un crecimiento de 0.5 por ciento, entre las actividades productivas destaca la de petróleo, gas y minerales.

La región Tumbes es susceptible a la trata transnacional debido a su condición de frontera entre Perú y Ecuador, zona que presenta un elevado flujo migratorio sin control, a decir de los agentes de las instituciones públicas. El problema de trata de personas incluye su frontera con Piura (región peruana colindante), dado el incremento de la minería informal en esta región. En el periodo de análisis, se observó que el fenómeno Tumbes-Piura continuaba en aumento.

El 2019, Tumbes registró 11 casos de trata de personas, representando el 2.1 por ciento de total (a nivel nacional se registró 509). La tipología es la laboral y la captación es por oferta de trabajo a mujeres. 

El Plan Regional contra la Trata de Personas y Trabajo Forzoso, Tumbes 2018-2022, fue elaborado por la Red Descentralizada Multisectorial contra la Trata de Personas en Tumbes, en el marco del nuevo Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017 – 2021.

En la región Tumbes, desde el 2011 se considera como obstáculos  la falta de presupuestos y el incipiente conocimiento de los operadores de justicia, y de la población, quienes debieran participar de forma activa contra este delito. 

3. La Región Tacna

Tacna se halla situada al sur del territorio peruano: por el norte con las regiones de Moquegua y Puno; por el este con la República de Bolivia; por el sur con la República de Chile y por el oeste con el Océano Pacífico. La población estimada al 2020 es de 370 974 habitantes.

Tacna es históricamente receptor de inmigrantes. 63.4 por ciento de la población reside en el lugar donde nació, 207 mil 632 personas; mientras que el 36.0 por ciento nació en una región diferente al de su residencia actual (117 mil 584 personas) y el 0.6 por ciento nació en otro país (2 mil 74 personas). 

La frontera Perú-Chile es un espacio de intenso flujo de personas hacia ambos lados y los motivos, como las movilidades a que dan lugar son diferentes, tanto si se trata de residentes de Tacna (peruanos) o residentes de Arica (chilenos). Migrantes, trabajadores transfronterizos, comerciantes, turistas, estos últimos se dividen en turismo médico, turismo de ocio y turismo de compra, y pasadores de frontera o in between. 

La intensidad de los flujos demuestra la existencia de un mercado laboral fronterizo para la fuerza de trabajo peruana que aprovecha las oportunidades laborales y comerciales que ofrece Arica. Por otra parte, la oferta turística y especialmente sanitaria de Tacna es valorada por los chilenos al encontrar en este cruce mayor accesibilidad y rapidez en la atención médica. Asimismo, la gastronomía, el entretenimiento y otros productos y servicios a bajo precio favorecen el cruce. Tacna como entidad de destino destaca desde  2007 al 2017 entre las regiones de mayor número de población migrante a nivel nacional con 36.2 por ciento (INEI, 2020).

En cuanto la dinámica económica, según el INEI, durante el año 2018 el PBI de la región Tacna alcanzó la cifra de 1.2 por ciento. Predomina la actividad productiva de extracción de petróleo, gas y minerales. Tacna destaca en el sector minero por albergar importantes unidades mineras como Toquepala (Southern Copper) y Pucamarca (Minsur). Asimismo, esta región es susceptible de ser asediada por campamentos de la minería ilegal.

En el 2019 Tacna registró 12 casos de trata de personas, lo que representa el 2.4 por ciento, mientras que  a nivel nacional se registró 509 casos. Hasta el año 2021 contó con el Plan regional contra la trata de personas 2018 - 2021. Mientras que en el 2020, el gobierno regional no contó en su presupuesto con el rubro de “Capacitación y Sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de personas y otros grupos vulnerables”, abandonando la prevención del fenómeno en la región.

4. La Región Madres de Dios

Ubicada en la parte sur oriental del Perú, su capital es Puerto Maldonado y limita al norte con Ucayali y la República de Brasil, al sur con Puno y Cusco, al este con la República de Bolivia, y al oeste con Cusco y Ucayali. Para el 2020 cuenta con una población estimada de 173 811. En el 2007 Madre de Dios contó con 38.0 por ciento de población migrante, y en el 2017 mantuvo la tendencia con 40.6 por ciento. 

En cuanto la tasa de crecimiento promedio anual en las ciudades capitales, Puerto Maldonado contó con 4.1 por ciento. Madre de Dios es una región que tiene las menores tasas de pobreza, que va entre 2.1 por ciento y 4.8 por ciento; sin embargo la anemia en la región afecta al 57 por ciento de los niños menores de tres años de edad, es decir uno de cada dos niños sufre de anemia (INEI, 2017). Se ubica entre las que conforman el grupo con baja calidad de vida, con 54.05 (CENTRUM Católica - Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017).

 Según cifras del INEI, en el 2017 el PBI de la región Madre de Dios cayó 9.2 por ciento, la caída más pronunciada en el ámbito regional; y para el año 2018 el PBI alcanzó la cifra de 0.5 por ciento. La economía de Madre de Dios depende mucho de la minería nacional, produce el 11 por ciento del oro peruano, cerca de la tercera parte de su producción aurífera anual proviene de la minería ilegal.

Al estar ubicada en la Selva Amazónica peruana, sus características geográficas transcriben el aislamiento de sus ciudades y poblados, motivo que los hace susceptible a la minería informal e ilegal y la tala ilegal de madera. En este contexto, la débil presencia del Estado la convierte en una región en donde se configura un importante centro, parte del mercado laboral para la explotación, traslado o captación de víctimas, de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En el 2019, se registraron 509 casos a nivel nacional, de los cuales Madre de Dios registró 17 casos, lo que representa el 3.3 por ciento. La literatura al respecto considera que en Madre de Dios existe un subregistro de casos que no refleja el número real de denuncias investigadas a nivel policial o fiscal, y procesadas a nivel judicial. Asimismo, el presupuesto del gobierno regional para capacitación contra la trata de personas fue de 46, 213 soles (representa al cambio: 12,042.53 dólar estadounidense).

Conclusiones:

Durante el 2014 al 2017, las cuatro regiones presentaron la mayor tasa de incidencia de denuncias a nivel nacional. La Región Madre de Dios de 40.27 por ciento de tasa de incidencia en 2014 se incrementó a 101.61 por ciento para el 2017; Tacna con 0.89 por ciento pasó a 22.56 por ciento; Tumbes de 7.25 por ciento a 17.67 por ciento; y por último, Lima de 1.59 por ciento a 3.18 por ciento y el Callao, de 1.00 por ciento en 2014 a 6.35 por ciento en 2017. 

La condición de fronteras internacionales habla de regiones con importantes flujos migratorios, destaca la situación de debilidad del Estado. En la región Tumbes hay ausencia y falta de cumplimiento de las normas por parte de las autoridades de migración. Los datos hablan sobre la potencial susceptibilidad e importante nexo para la trata de personas en la zona Perú - Ecuador a través de su capacidad de acceso para los flujos migratorios desde Venezuela.

A Madre de Dios llegan personas a la región menos poblada del país, desde nueve regiones del Perú, y en migración internacional desde seis países de América Latina: Ecuador, Venezuela, Bolivia, Brasil (estos dos último son parte de su frontera), Cuba y Chile. En tanto que Lima metropolitana, considerada una Megalópolis de América Latina, cuenta con la presencia de migrantes que llegan desde trece regiones del Perú, y desde tres países latinoamericanos, Ecuador, Colombia y desde el 2018 se incrementa la presencia de migración venezolana. Constatamos que Tumbes al norte del país, se configura como zona de paso en la ruta de la trata de personas de población venezolana -en su mayoría- hacia Lima. 

Lima Metropolitana destaca como zona para la captación de la trata de personas hacia Japón y hacia los seis circuitos internos o destinos locales que contiene (CHS Alternativo, 2020); mientras que Madre de Dios resalta como zona de destino para la explotación sexual y laboral de mujeres, niñas, niños y adolescentes en campos auríferos y de tala de  árboles, estos dos casos  develan la complejidad del problema social e el Perú. La segunda es región selva, formada por unas pocas y pequeñas ciudades intermedias, de menor población frente al resto de regiones en el país, en donde pululan a su alrededor los campos de extracción del metal oro y la tala ilegal de árboles; mientras que la gran ciudad, Lima Metropolitana centraliza todos los poderes del Estado.

Tacna es una de las regiones que contiene el menor porcentaje de población originaria (63.4 por ciento), y población nacida en otras regiones del Perú (36.0 por ciento), con porcentaje de extranjeros (0.6 por ciento). La frontera nacional entre Tacna-Moquegua (regiones colindantes) se configura como ruta para la trata de personas debido al incremento de la minería informal e ilegal en la zona. 

Hemos observado a través del índice de desarrollo productivo que durante el 2018, en las cuatro regiones las actividades extractivas fueron las mayormente fértiles y fructíferas. Sobre el caso Madre de Dios, existe mayor documentación acerca de la tendencia de una estrecha articulación entre la explotación laboral y sexual y los microsistemas económicos creados en su mayoría por la minería ilegal, y vinculados al comercio de bebidas alcohólicas. Así, identificamos el tejido de una cadena de mercantilización entre minerías ilegales, comercio de bebidas alcohólicas y la trata de personas.

La explotación sexual y laboral, son dos tipologías de la trata de personas que priman en las cuatro regiones estudiadas, sin embargo en la región Lima Metropolitana encontramos además la mendicidad y en el caso de Madre de Dios, la extracción de órganos -éste último con datos del 2009- , ambos fenómenos escasamente documentados. 

Sobre el Plan Nacional 2017-2021, éste expiró el año 2021, es necesario impulsar la construcción de los Planes Regionales que a la fecha solo el 5.0 por ciento de las regiones del país lo han elaborado. Una recomendación es que éstos se construyan en vínculo con los Planes de Desarrollo y de Seguridad Ciudadana por Región. 

Acerca del presupuesto para la erradicación del delito éste es discrecional y va decreciendo, se exhorta a los tomadores de decisiones, que dichos recursos se incrementen y sean distribuidos en sus diferentes dimensiones/y fines que persigue el Plan: la prevención, la persecución y la protección. 

En general, en el actual contexto de crisis mundial, económica y sanitaria, el panorama es desalentador, la clandestinidad que presuponen las cadenas de grupos, familias y personas organizadas para la trata de personas, favorece el encubrimiento en los registros de datos sobre el problema social, y por tanto dificulta la persecución y erradicación del delito. Con un mayor incremento de la pobreza, y del ensanchamiento de las brechas de desigualdad social, los negocios para la trata de personas se configuran como una alternativa eficaz para la economía de los tratantes (delincuentes), y como esferas para la búsqueda de sobrevivencia de millones de víctimas, que se arriesgarán persiguiendo la solución inmediata a sus necesidades.   

Bibliografía:

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Palabras clave:

Trata de personas, migración global, perspectiva de género y pensamiento global.

Resumen de la Ponencia:

Primer productor forestal del estado de Oaxaca y tercero a nivel nacional, la comunidad zapoteca de San Pedro el Alto, Zimatlán de Álvarez, ha logrado constituir un modelo de desarrollo comunitario con base en el aprovechamiento sustentable de sus bosques. El grado relativo de desarrollo de la comunidad de estudio, ha logrado incidir en un menor índice de migración a los Estados Unidos de América, en comparación a los que se presentan en la región donde se sitúa, así como mayores condiciones para que sus habitantes lleven a cabo un retorno y reinserción a la vida comunitaria. En la presente ponencia se desarrolla un análisis de las particularidades de dicho proceso migratorio, destacando la pertinencia y actualidad del derecho a no migrar que, si bien en principio es responsabilidad del Estado, en el caso de San Pedro el Alto, desde su autonomía, ha logrado generar diversas condiciones para que sus miembros tengan mayores posibilidades para su retorno, así como de ejercer dicho derecho a no migrar.

Introducción:

El objetivo del presente trabajo es presentar las particularidades del proceso migratorio de San Pedro el Alto, Zimatlán de Álvarez, Oaxaca a los Estados Unidos de América, destacando el retorno, así como la pertinencia y actualidad del derecho a no migrar y su relación con el estudio de caso.

San Pedro el Alto es una comunidad de ascendencia zapoteca, se encuentra a 105 kilómetros al suroeste de la ciudad de Oaxaca, en una parte elevada del municipio de Zimatlán de Álvarez, Valles Centrales, caracterizada por la presencia de bosques de pino y pino-encino de alto valor comercial donde más del 80% de las 30,000 hectáreas que componen su territorio son de cobertura forestal. La orografía y las relaciones históricas y culturales de la comunidad de estudio con sus pueblos vecinos permiten ubicarla como perteneciente a la región de la Sierra Sur de Oaxaca (García Osorio, 2016, pp. 138-139). Esto último se destaca toda vez que han sido menos los estudios sobre migración que se han llevado a cabo en dicha región, predominando los desarrollados, en el señalado estado, en las regiones de los Valles Centrales, la Mixteca y la Sierra Norte (García Osorio, 2021, p. 14).

A principios de la década de los ochenta del siglo XX, San Pedro el Alto tuvo una amplia participación en el movimiento que llevó a terminar con el esquema de concesiones forestales, a privados y paraestatales, en México. A partir de ello, comenzaron a constituir su experiencia de Manejo Forestal Comunitario (MFC), la cual los ha llevado a recibir reconocimientos y certificaciones de buenas prácticas forestales a nivel nacional e internacional, así como a establecerse como el tercer productor forestal maderable de dicho país (García Osorio, 2021, p. 14).

Los ingresos, fuentes de trabajo y obra comunitaria provistos a partir de los aprovechamientos y transformación de sus bienes forestales, han permitido a San Pedro el Alto generar condiciones de vida para aminorar sus tasas de emigración, para que sus miembros tengan mayores posibilidades de retorno y de reinserción en la vida comunitaria, así como para poder ejercer su derecho a no migrar.

En cuanto a este último, el derecho a no migrar, se destaca la importancia de la comunidad de estudio en los avances que ha logrado para que sus habitantes tengan mayores posibilidades de ejercerlo, a partir de su autonomía, siendo que en principio el Estado es quien debiese de promoverlo, así como la pertinencia de reflexionar en torno a su vigencia y exigencia como parte de una praxis política que trasciende al ámbito académico, desde el cual ha sido poco abordado.

Finalmente, se precisa que la información presentada en este trabajo se desprende de la investigación desarrollada para la tesis de grado en la Maestría en Estudios México-Estados Unidos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que defendió el autor en 2021.

Desarrollo:

El primer acercamiento que tuvo el autor con respecto al derecho a no migrar fue durante su asistencia a la Mesa de Trabajo A: “Migración, Desarrollo y el Derecho a no Migrar”, dentro de la VII Asamblea General Binacional del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), celebrada en la ciudad de Oaxaca de Juárez, México, entre los días 14 y 16 de octubre de 2011.

A partir de dicha experiencia se buscó ahondar sobre el mismo. En el ámbito académico, la primera referencia que quien este trabajo presenta ha encontrado, es el artículo de Armando Bartra: Dislocados: Los derechos del que migra y el derecho de no migrar, publicado en 2002, donde sostiene lo siguiente:

Es necesario tratar de amortiguar el dolor social que causa la diáspora, apoyando a los migrantes organizados que reivindican su dignidad y defienden sus derechos. Pero es necesario también defender el derecho (…) a permanecer en su tierra, si así lo desean (…) el Estado mexicano no asume su derecho soberano -y su obligación constitucional- de imprimirle a la economía el curso que demanda el bienestar de los ciudadanos (Bartra, 2002, párr. 56 y 58).

Desde la militancia, como migrante mixteco y oaxaqueño e integrante del FIOB, y también como académico, en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Gaspar Rivera Salgado, manifiesta:

Necesitamos un desarrollo que haga de la migración una opción más que una necesidad (…) Encontraremos la respuesta a la migración en nuestras comunidades de origen. Para concretar el derecho a no migrar debemos organizar las fuerzas en nuestras comunidades y combinarlas con los recursos y experiencias que hemos acumulado a lo largo de 16 años de organización transnacional (traducción del autor) (Bacon, 2008, párr. 14).

La perspectiva que se puede encontrar en lo expresado por Rivera Salgado trasciende la reflexión académica y da cuenta de un posicionamiento y actuar social y político desde las bases, desde la organización y lucha por los derechos de las personas migrantes y sus comunidades de origen, que se destacan en cuanto al derecho a no migrar, pero también en sus comunidades de arribo.

El derecho a no migrar exige que toda persona debe de contar con las condiciones en su lugar de origen para poder alcanzar su pleno desarrollo humano, obligación del Estado y mandato constitucional para quienes ejercen cargos públicos, y que no sea la falta de dichas condiciones lo que les obligue a emigrar sino que sea, de presentarse, dicho acto, uno de carácter voluntario puesto que migrar es también un derecho.

En el caso de San Pedro el Alto, como se aborda más adelante, la conformación de las posibilidades para que sus miembros puedan ejercer dicho derecho tiene su fundamento en su capacidad de organización y autonomía comunitarias, donde tiene relevancia toral el ejercerlas alrededor del aprovechamiento sustentable de sus bosques.

La metodología que guío la investigación sobre la cual se sustenta el presente trabajo consistió en: 1) distintas temporadas de trabajo de campo siendo la última de ellas en julio de 2019, dentro de las cuales se realizaron entrevistas a profundidad a 37 migrantes de retorno de 71 que fueron identificados (52%), 5 a migrantes en visita a la comunidad, así como a diversas autoridades, caracterizados, administradores y trabajadores de las empresas comunales, familiares de migrantes y población en general;

2) Visitas de observación y recorridos de campo a comunidades vecinas a fin de acercarse al conocimiento del contexto de la microrregión donde se sitúa la comunidad de estudio, así como de las dinámicas migratorias que se desenvuelven en la misma, aspectos fundamentales de referencia y contraste para la comprensión y análisis de las particularidades de su propio proceso migratorio mas también de las afinidades con las dichas comunidades vecinas y

3) Se llevó a cabo la revisión y análisis documental sobre el concepto y la práctica del derecho a no migrar, así como de los procesos migratorios en la región de la comunidad de estudio y el estado de Oaxaca, lo que permitió constatar que la perspectiva del derecho a no migrar no ha sido ampliamente abordada ni difundida y que el estudio de los procesos migratorios en la microrregión de Los Altos, Sierra Sur de Oaxaca, así como de dicha región en su conjunto, donde se encuentra ubicada la comunidad de San Pedro el Alto, han sido marginales, estudios de tal orden se han concentrado en las regiones de la Mixteca, Valles Centrales y Sierra Norte, principalmente, en dicha entidad.

Como se ha señalado previamente, San Pedro el Alto tuvo un papel preponderante en el movimiento que dio fin al esquema de concesiones forestales a privados y paraestatales en México. Sus bosques comunitarios fueron concesionados a una empresa privada, la Compañía Forestal de Oaxaca (CFO) entre 1958-1983, este último, año en que se dio termino al esquema de concesiones, constituyendo su Empresa Forestal Comunitaria (EFC) en 1984 (García Osorio, 2016, p. 142 y 144).

Si bien la CFO obtenía las mayores ganancias por la explotación de los bosques de San Pedro el Alto, puesto que sólo empleaba a sus habitantes en trabajos poco especializados y mal remunerados y pagaba una cuota por metro cúbico de madera del arbolado en pie, conocida como “derecho de monte”, este último permitió que, de manera comunitaria (el de los trabajadores debe considerarse como individual o familiar), tuviesen ingresos los cuales invirtieron en infraestructura de servicios básicos, que en principio debiesen ser públicos, es decir, provistos por el Estado, mejora de vivienda, adquisición de camiones para transportar madera y conformar, en 1978, su propia línea de autobuses comunitaria (García Osorio, 2016, p. 143).

Al comenzar las diferencias con la CFO, desde finales de la década de los setenta del siglo XX que llevó a detener la extracción de la materia prima forestal, por tanto el pago por derecho de monte y al no empleo de sus habitantes por la misma, hasta los inicios del MFC, que como se ha indicado comenzaron con la conformación de su EFC en 1984, las condiciones económicas en la comunidad se vieron mermadas lo que fue detonante para que la emigración, tanto en el ámbito nacional como a los Estados Unidos de América, se presentase con mayor incidencia, previamente a ello el autor sólo pudo identificar casos aislados, el primero de ellos en 1957, de miembros de la comunidad que emigraron a lo Estados Unidos dentro del marco del Programa Bracero (1942-1964).

El primer migrante que pudo identificarse en ese periodo partió en 1985 al Sur de California, la ruta más importante, toda vez que para julio de 2019, que como ya se ha señalado se llevó a cabo la última temporada de campo en la comunidad de estudio, se pudieron registrar un total de 44 habitantes de San Pedro el Alto en aquel estado. La segunda ruta más importante ha sido hacia Columbus, Ohio, donde, hasta el mismo julio de 2019, se pudieron contabilizar 31 miembros de la comunidad. El primer registro para dicha ruta se ubicó en 1998, cuando la primera ya se había consolidado.

Los migrantes de San Pedro el Alto en los Estados Unidos representan el 5.4% de su población, lo que contrasta ampliamente con la media de la región del 20-25%. Este contraste en la tasa de expulsión responde al entramado de empresas comunitarias, la más importante de ellas la EFC que ha colocado a San Pedro el Alto como el tercer productor maderable de México, mas también su industria de aserrío Dimensionados Oro Verde, la purificadora y embotelladora de agua de manantial Beedani, la línea de autobuses, la gasolinera y la caja de ahorro, como se ha señalado, todas comunitarias, que en su conjunto generan alrededor de 450 fuentes de trabajo (también para miembros de comunidades vecinas en las actividades de los aprovechamientos forestales), así como los recursos para proveer de infraestructura básica, servicios de salud, construcción y mantenimiento de centros de estudios y provisión de transporte escolar gratuito, apoyo a mujeres y hombres mayores de 60 años, reparto de utilidades, entre otros (García Osorio, 2021, pp. 162-163). Tales condiciones no sólo inciden, como se ha señalado, en mitigar los índices migratorios en la comunidad sino son las mismas que permiten a sus miembros mayores posibilidades de ejercer su derecho a no migar.

Finalmente, debe destacarse que para poder acceder a los empleos y beneficios que provee la comunidad, sus habitantes, lo que incluye a los migrantes de retorno, deben de cumplir con su participación como autoridades agrarias y en el Sistema de Cargos (en estos casos se circunscribe a los hombres), en mayordomías, en brindar tequio (trabajo comunitario no remunerado) y cumplir en los diversos comités establecidos como los de las escuelas, de salud o de festejos para la fiesta patronal del pueblo. Lo anterior permite, a su vez, que los referidos migrantes de retorno tengan mayores facilidades para su reinserción en la vida comunitaria.

Conclusiones:

Si bien en principio la provisión de las condiciones para poder ejercer el derecho a no migrar corresponde al Estado, San Pedro el Alto ha logrado, desde su autonomía y fortaleza comunitaria, generar diversas condiciones para que sus miembros tengan mayores posibilidades de ejercer dicho derecho a no migrar.

Así mismo, los migrantes de retorno que al cumplir con sus obligaciones con la comunidad retoman su derecho para poder tener acceso a los empleos y beneficios que ésta provee, encuentran un entorno que les brinda más posibilidades para reintegrarse a la vida comunitaria.

En un contexto en que las crisis humanitarias, que es como en su amplitud y alcances deben considerarse a las crisis migratorias, abarcan actualmente en gran medida los estudios y las miradas en la materia, con pleno fundamento, se sostiene la pertinencia y vigencia del derecho a no migrar toda vez que comprende la exigencia de un conjunto de otros derechos como a un pleno desarrollo humano, a un trabajo digno y bien remunerado o el derecho a la vida.

Finamente, debe subrayarse la complementariedad entre el derecho a no migrar y el derecho a migrar con todos los derechos, los cuales se concatenan, a su vez, con el propio derecho a migrar, los derechos fundamentales están por sobre toda frontera y entramado legal de carácter nacional.

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García Osorio, D. (2021). El proceso migratorio de San Pedro el Alto, Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, a los Estados Unidos de América: comunidad y derecho a no migrar. [tesis de maestría, Facultad de Estudios Superiores Acatlán-Universidad Nacional Autónoma de México].

Palabras clave:

Derecho a no migrar; San Pedro el Alto, Zimatlán de Álvarez, Oaxaca; Manejo Forestal Comunitario.

Resumen de la Ponencia:

O presente paper tem como objetivo discutir as principais características das migrações femininas para o Brasil a partir de 2010. Os estudos sobre às migrações femininas internacionais desenvolveram-se em diálogo com os estudos feministas e das migrações internacionais. Os avanços nas construções teóricas sobre o tema, que correlacionaram às teorias feministas e as migrações internacionais, proporcionaram a migração feminina sair da invisibilidade e as experiências femininas em contexto migratório ganharam recortes epistémicos específicos (Tonhati e Macedo, 2020). Nesse sentido, os primeiros estudos sobre o tema, em sua grande maioria, tiveram as suas construções teóricas, empíricas e metodológicas centradas nas experiências das migrações femininas Sul-Norte (Parreñas, 2009; Padilla, 2012). Assim, se construiu os paradigmas explicativos para as migrações de mulheres, a perspectiva do global care chain (Hochschild, 2002), da divisão internacional do trabalho reprodutivo, com debates sobre as divisões desiguais de gênero e raça (Parrenas, 2011) e, mais recentemente, a perspectiva do care circulation (Baldassar e Merla, 2014). Esses paradigmas explicativos se tornaram hegemônicos nas análises que buscam analisar as razões pelas quais as mulheres migram. Buscando contribuir para o campo de pesquisa da “feminização e relações de gênero em processos migratórios e mobilidade humana”, o presente paper discute os novos fluxos de mulheres imigrantes e refugiadas para o Brasil a partir de 2010. Fatores como o envelhecimento da população, declínio das taxas de fertilidade e o aumento da participação feminina no mercado de trabalho teriam levado os países do Norte Global a um déficit de mão de obra para a realização de atividades ligadas ao cuidado. Esses mesmos fatores também podem ser encontrados na sociedade brasileira, sendo mais visível em algumas Unidades da Federação que em outros, no entanto, não há no Brasil um déficit de mão de obra para esse nicho de mercado (DIEESE, 2019). Dessa forma, o estudo atual tem o intuito de apresentar os principais nichos de inserção laboral para as mulheres imigrantes e refugiadas no Brasil, e o que caracteriza suas atividades laborais. Ademais, elenca aspectos facilitadores e dificultadores para inserção social, no sentido de acesso ao sistema de saúde e educação, dessas mulheres. A proposta desse estudo é, portanto, a partir de uma perspectiva empírica da realidade brasileira contribuir para a construção de uma discussão sobre as migrações femininas na perspectiva Sul-Sul. 

Resumen de la Ponencia:

A pesquisa pós-doutoral em curso discute a estreita relação entre os processos migratórios e a crise do capital, com recorte no modo como as mulheres migrantes na América Latina estão recriando e se reorganizando diante os constantes processos de deslocamentos que tem enfrentado. Observe-se aqui que estamos descrevendo o processo migratório como movimentos contínuos, no espaço sul do globo e que nesse sentido aponta tanto para a ação de quem sai do país de origem quanto aquele que fica, visto que são os estudos de BAENINGER Rosana(2018); FACUNDO e CORAZZA (2019); OLIVEIRA, Marcia (2017); HANDERSON, Joseph (2015); RODRIGUES, Francilene (2009); PERES, Roberta Guimarães (2004); PELLEGRINO, Adela (2003); PALMEIRA, M. e ALMEIDA, A. W. B (1977) que orientam a entender a migração em um movimento de vetores em direções opostas e que se retroalimentam, no sentido de que nos fala Sayad (1998) fazendo-nos optar pelo termo: migrante.Há duas hipóteses que se cruzam. Primeiro aquela que expõe a relação saber/poder performática do modo de viver no país que acolhe. E, segundo aquela que explica as crises cíclicas do capital como geradoras dos deslocamentos no mundo. Essa última, que dentre outras consequências provoca rearranjos familiares, em muitas circunstâncias coloca as mulheres como protagonistas, pois forjadas na luta pela sobrevivência, pessoal e às vezes de um grupo familiar que dela dependente, encontram na migração uma alternativa à fome, à falta de trabalho e o desmonte das perspectivas sociopolíticas e emocionais. Mulheres migrantes que rompem a fronteira de seu tempo histórico e dinamizam os processos de submissão e subserviência com ações políticas de resistência e construção de trajetórias possíveis são, em última análise, mulheres que viveram e vivem nas sociedades pós-colonial sobre as quais pesquisamos. Não obstante, é importante situar o contexto sociopolítico dos países da América Latina de onde as mulheres migrantes provem. Esses países latinos vivenciam as crises do capital: Peru, México, Chile, Colômbia, Venezuela e Brasil, etc, lugares de diáspora intrarregional que nos chama atenção e tem demarcado as pesquisas sul sul. Partimos, portanto, de uma perspectiva foucaultiana de entender micros relações de saber/poder no universo feminino, mas, também na relação entre o mundo doméstico e o público. Em Roraima e no Amazonas/Br, contexto sociocultural, espacial e político dessa pesquisa a fronteira se amplia por muitos recortes simbólicos e de ditos e não-ditos. Portanto, constitui-se os caminhos metodológicos escutar as narrativas dessas mulheres por meio de entrevistas semiestruturadas, entre redes sociais que já foram estabelecidas por pesquisas outras ou pela vida cotidiana que se desenha no viver em Boa Vista e Manaus, duas das cidades que são porta de entrada da migração Venezuelana, Guianense e Hatitiana - essa última por trajetórias que envolvem a fronteira Brasil - Guiana. Mulheres; Fronteiras; Protagonismo e Deslocamentos;

Resumen de la Ponencia:

En Octubre del año 2019 el Presidente Piñera declaró que Chile era un verdadero oasis, con una democracia estable, comparado con una América Latina convulsionada. Esta afirmación se sustentaba en la supuesta estabilidad democrática, crecimiento económico sostenido y la permanente creación de nuevos empleos. Esta misma idea estaba presente en en el imaginario de muchos migrantes venezolanos al salir de su país en busca de este supuesto oasis. La implementación de la Visa de Responsabilidad Democrática, junto con una serie de afirmaciones de apoyo del gobierno chileno a los migrantes venezolanos hacían parecer que Chile era receptivo a los ciudadanos provenientes de Venezuela. En contraste a las políticas hostiles iniciadas en Ecuador y Perú, donde se pusieron trabas al ingreso de migrantes venezolanos, el gobierno chileno parecía ser más receptivo. Este tipo de evaluaciones fueron consideradas por las migrantes venezolanas en el momento de elegir Chile. Esta presentación se centra en las trayectorias migratorias de mujeres venezolanas hacia Chile y que actualmente viven en Santiago y Valparaíso. Se analiza el proceso de migración completo, desde el momento en el que ellas deciden dejar su país y sus hogares, los imaginarios que influenciaron esa decisión, la trayectoria recorrida, los tiempos, lugares y fronteras atravesadas; para luego centrarse en su llegada a Chile y la evaluación de su situación actual. Una vez en Chile, estas migrantes venezolanas, que llegaron en busca del ‘sueño chileno’ se deben enfrentar a una realidad muy distinta de la imaginada. Pues, la gran parte de ellas, luego de más de un año viviendo en Chile, tienen trabajos precarios e ingresos que escasamente les alcanzan para resolver el sustento familiar. Muchas de ellas enfatizan que el sueldo mínimo no les permite mantener el alto costo de vida en Chile, por lo que han debido complementar entre distintos empleos para lograr costear la vida familiar.Durante la pandemia, las y los migrantes han sido una de las poblaciones más golpeadas por las consecuencias de la crisis sanitaria y económica. La precariedad del habitar de los migrantes se ha profundizado aún más. Durante los meses que duró la cuarentena obligatoria en Santiago y Valparaíso, se realizaron 30 entrevistas virtuales a migrantes venezolanos residentes de ambas ciudades. En consecuencia, este trabajo hace una reflexión crítica respecto de este supuesto oasis chileno, que bajo ciertos indicadores macroeconómicos parecía ser cierto; pero en la práctica, viviendo en dos de las principales ciudades del país, este oasis parece ser un espejismo. 

Resumen de la Ponencia:

Las formas de cuidado entre mujeres en el contexto de tránsito migratorio irregular por México son un acto de resistencia. El objetivo principal de este trabajo es entender el vínculo entre resistencia, cuidado y migración irregular a la luz de las herramientas analíticas propuestas por Menara Guizardi (2021) y Rita Segato (2018) para comprender la yuxtaposición de la resistencia y el cuidado en ambientes de violencia. A partir del análisis a de 12 entrevistas semiestructuradas a mujeres migrantes centroamericana en Ciudad Juárez, Chihuahua durante agosto y septiembre del 2021 se problematiza este fenómeno en el marco de la discusión entre agencia y estructura. Se estudian las resistencias desde los testimonios de las mujeres, poniéndole peso a la episteme migrante. Uno de los hallazgos principales es que las formas de resistencia se vinculan estrechamente con el cuidado. Esto, resulta central en el análisis dado que implica un cierto tipo de dialéctica a partir de los mandatos de género impuestos por el sistema de opresión patriarcal, pero a la vez, las formas de agencia en tanto capitales[1] (transfronterizos) dan pie a las resistencias ante las violencias en el tránsito.Finalmente, se argumenta que las mujeres resisten a las situaciones de violencia que responden al contexto institucional mexicano (gubernamentalidad política de las migraciones como forma concreta del régimen global de fronteras en Mesoamérica.). También resisten, a los valores y símbolos sociales interiorizados (como expresiones de la estructura patriarcal) por medio de las redes de cuidado mutuo entre mujeres. Las resistencias se desarrollan a la luz de cómo las mujeres leen en función de sus propias estructuras de cuidado, para entonces imprimir a la realidad una forma particular del mundo, y así, dar forma tanto a las rutas (migratorias) como a la configuración en cómo se expresa la violencia. De ahí que son las mujeres quienes moldean la realidad, resistiendo a ella y transformándola. [1] En el sentido bourdieano.