Resumen de la Ponencia:

El presente trabajo se enmarca en el campo de los estudios culturales en discapacidad, así como en el modelo cultural de la discapacidad, todo lo cual permite ampliar la perspectiva analítica para poner en claro las relaciones que se establecen entre los sistemas simbólicos (imaginarios), los procesos de categorización (normalidad, anormalidad, incompletitud, etcétera) y las prácticas discursivas, así como sus consecuencias e implicaciones socioculturales y sociopolíticas para las personas con y sin discapacidad (Ingstad & Whyte, 1995; Davis, 1995, 2006; Garland-Thomson, 2006; McRuer, 2006; Siebers, 2006; Waldschmidt, Berressem & Ingwersen, 2017).Por tanto, la investigación se enfoca en develar, desde un ámbito específico como lo es el discurso parlamentario, cuáles son los imaginarios que se construyen en torno al fenómeno de la discapacidad, los cuales, presuntamente, fijan una línea divisoria entre normalidad/anormalidad, exclusión/ inclusión, capacidad/(dis)capacidad. Resulta relevante ubicar la investigación en Chile debido a que se trata de uno de los primeros países signatarios de la Convención sobre los Derechos de las Persona con Discapacidad que, además, cumplió más de 10 años desde su implementación a partir de la promulgación de la Ley 20.422. De esta manera, la investigación también pretende contribuir a dotar de elementos(conceptuales) que servirán para el necesario balance de los efectos de la Ley. Sumado a lo anterior, de acuerdo con Senadis (2016), el 16,7% de la población chilena vive con alguna condición de discapacidad, esto representa, aproximadamente, 2,8 millones de personas y convierte al país en uno de los de mayor prevalencia del fenómeno en la región latinoamericana. Concretamente, para lograr desarrollar esta propuesta de investigación, se analizó el discurso político de los parlamentarios que participaron en la discusión de los proyectos de  Ley No. 20.422 (2010) que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad en Chile; Ley No. 21.015 (2017) que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral y, finalmente, la Ley 21.091(2018) sobre educación superior;  esto en virtud de que en las discusiones de los proyectos de ley antes mencionados se obtuvo y se configuró un corpus de 123 manifestaciones discursivas, el cual fue estudiado por medio del análisis del discurso a través del modelo teórico-metodológico de Giménez (1989), lo cual permitió identificar la descripción de los imaginarios en torno a la discapacidad como fenómeno sociocultural y sociopolítico a partir de registrar los argumentos y objetos del discurso que se asentaron durante la discusión de las leyes por parte de los diputados y senadores de la República de Chile. 

Resumen de la Ponencia:

El capitalismo actual requiere que sigamos siendo productivos como en su etapa anterior; proyectando nuevas subjetividades con base en el rendimiento y afecciones neuronales, que lo convierten en un problema social, específicamente, de salud colectiva. Las transformaciones del y en el capitalismo tensionan el conocimiento científico, particularmente, en el campo de la rehabilitación y el movimiento humano; en la medida que, sostenemos a modo de hipótesis, los tratamientos rehabilitadores, por su propia función integradora del paciente a la vida cotidiana, se estructuran (re)produciendo las condiciones de las rutinas diarias, y con ello, los niveles de autonomía individual ejercidos. En consecuencia, el presente trabajo se interroga en torno a los tratamientos kinésicos neurorehabilitadores en Argentina, centralmente, en cuanto a qué rasgos de subjetividad (re)producen en la búsqueda de rehabilitar al paciente; y qué aspectos de autonomía individual proyectan sobre la subjetividad del paciente. Para ello, indagamos, desde un enfoque sociológico, en una investigación exploratoria de tipo cualitativa, con perspectiva hermenéutica-interpretativa (Giddens, 1983), basada en entrevistas semiestructuradas a profesionales de la salud -informantes clave-, con una muestra no probabilística, cómo afecta este nuevo contexto del capitalismo a quienes trabajan en neurorrehabilitación, en el campo de la Kinesiología y Fisiatría en las ciudades de Rosario y Santa Fe -Argentina- (2018-2020), aplicando el Concepto Bobath (CB) como encuadre de los tratamientos en pacientes adultos. La decisión metodológica de seleccionar el CB responde a que, además de proveer un saber científico-técnico al profesional, indica al momento de diseñar el tratamiento atender a las condiciones del contexto histórico-social donde la relación profesional-paciente se desarrolla (Bobath, 1997). El presente trabajo da cuenta de antecedentes y marcos teóricos que abordan la incidencia de las transformaciones sociales del capitalismo y sus relaciones con condiciones epidemiológicas actuales (Han, 2012; Fisher, 2019), que permiten visibilizar la relevancia social de las ciencias rehabilitadoras –aplicadas específicamente en neurorehabilitación-, en un marco donde el movimiento del cuerpo humano ha perdido su exclusivo significado instrumental para la creación de capital (Bauman, 2000). Entre los hallazgos de la investigación, se identificó que, en el campo de la Kinesiología y Fisiatría, en las ciudades seleccionadas, el tratamiento neurorehabilitador bajo CB presenta características cada vez más de tipo ambulatorio, tanto por parte del paciente como del profesional; desplazándose la tarea, significativamente, de las instituciones cerradas de internación. A su vez, estos cambios presentan que la relación profesional-paciente durante el tratamiento se estructuren en torno a acuerdos interpersonales sobre saberes expertos y criterios éticos específicos y generales que contribuyen a desarrollar una noción de autonomía individual fijada a una subjetividad del rendimiento (Han, 2012), próxima al capitalismo actual.

Resumen de la Ponencia:

Introducción: La presencia de la familia o vínculo significativo es fundamental para el desarrollo socio-afectivo de todas las personas y, de manera especial, para los miembros del hogar que tienen alguna discapacidad; puesto que de la familia se deriva el cuidado y el trato que favorezca las potencialidades y capacidades de las personas con discapacidad (en adelante PcD).Ante este contexto de cuidado, es que se pretende analizar desde la teoría del aprendizaje social de Bandura (2001) la capacidad de agencia de las/es cuidadoras/es que se constituyen como familiares o vínculos significativos de PcD, desde los factores que influyen en las condiciones en que ejercen los cuidados.Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de tipo cuantitativo a través de una encuesta a 57 cuidadoras/es que pertenecen al Programa Nacional de Apoyo a cuidadoras/es de PcD, perteneciente a la Fundación Chilena Para la Discapacidad, resultados que fueron categorizados en torno a los factores de la causación triádica recíproca.Resultados Preliminares:Factores personales: Escasa participación masculina en labores de cuidado, contando con solo un 7% de hombres inscritos en el programa. La población inscrita presenta un promedio de edad de 41 años y pertenecen al 49% de la población más vulnerable socioeconómicamente de nuestro país. Un 18% no contaría con herramientas personales para fortalecer la autonomía e independencia de las personas que cuidan.Factores Ambientales: El entorno en que se desarrollan las/es cuidadoras/es no potencia su capacidad de agencia, en tanto la única iniciativa desde el ámbito público es el Sistema de Apoyos y Cuidados, el que se muestra con una insuficiente presencia territorial en 22 de las 346 comunas de nuestro País. A esto, se suma que un 85 % declara no haber participado nunca en algún programa estatal.Factores conductuales:  Un 73% de encuestados refiere haberse sentido sobrepasados, y un 45% no cuenta con espacios de expresión de sus emociones. A lo que se suma que un 61% ha dejado de hacer cosas cotidianas de su rutina por cuidar a sus familiares.Discusión: Este estudio, nos permite vislumbrar que no existirían condiciones favorables para el desarrollo de la capacidad de agencia en cuidadores/as, quienes se ven precarizadas/os en su ejercicio en tanto presentan carencias en los tres factores de la causación triádica recíproca. Se propone la consideración de ésta, para la generación de un modelo de apoyo que favorezca la autoeficacia y capacidad de agencia de las cuidadoras/es, lo que permitirá una mejora en la calidad de vida de la díada cuidador-cuidado.

Resumen de la Ponencia:

La discapacidad, data de tiempos inmemoriales, historia marcada por pasos, desde lo mágico religioso hasta la fuerte influencia colonial que persiste hasta nuestros días en la región, que considera a las personas con alguna dificultad o lesión, dentro de la heterogeneidad de la alteración de la funcionabilidad, como una carga social y no una distinción que genera una necesidad especial. El presente artículo, tiene como propósito evidenciar cómo el Modelo Médico Hegemónico es incapaz de percibir, que dentro de ese cuerpo que se limita en su funcionabilidad, vive un ser con sueños, que tiene emociones, que poseen distintas capacidades. El Modelo Médico Hegemónico en el sistema de salud es desarrollado en el claustro hospitalario, donde se hace énfasis a la atención centrada en la enfermedad, bajo los estándares y al ritmo del modelo profesional biomédico,  lo que desdibuja además, el ser del profesional de la salud, influenciando su accionar, arrinconándole a una visión mecanicista, jerárquica, fragmentada, masificada y deshumanizada, que le lleva a reproducir esto, y transferirlo a otros actores sociales en otros contextos y dimensiones, que acentúa  el sufrimiento de la familia y principalmente de la PcD. La hegemonía se confirma así, para Gramsci, como el modo de articulación política sociocultural que impone, reafirma y recrea el poder (económico, político, cultural) dominante, como una “dirección política, intelectual y moral”. Ante este escenario, las PcD se declaran en insurgencia durante su vida, dentro del Sistema Público Nacional de Salud y así, también en otros espacios de la vida cotidiana, haciendo de la discapacidad, una fuerza contrahemónica. El trabajo se realizó siguiendo el sendero metodológico desde la hermenéutica, con los que se problematizo el objeto de estudio, siguiendo procedimientos metodológicos, que permiten fijar las estrategias  a utilizar, en la presente investigación, para fortalecer al Estado, en su deber de garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad, de manera digna,  plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades en su contexto familiar y social, además,  promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto a su dignidad inherente, como propósito desde el 2006 a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Resumen de la Ponencia:

La industria manufacturera mexicana ha tenido un desarrollo histórico rodeada de circunstancias políticas y económicas que han generado en el país diversas configuraciones productivas donde resalta el denominado toyotismo precario, caracterizado por tecnología media o baja, poca flexibilidad, calificación deficiente, salarios bajos y alta rotación externa voluntaria. Por lo anterior, se identifica un espacio de trabajo relevante para los estudios de la salud y seguridad, los cuales deben ser abordados en las distintas dimensiones que componen al fenómeno, considerando elementos dentro de la empresa, de la organización del trabajo y de la sociedad. Dicho esto, este trabajo tiene el objetivo de analizar los estudios sobre la salud y seguridad en la industria manufacturera mexicana para conocer los intereses en el estudio del fenómeno y la forma en que se abordan. El trabajo se llevó a cabo considerando el método que sugieren Kitchenham & Charters (2007) sobre la Revisión Sistemática de Literatura; se proponen tres etapas a seguir para realizar el análisis: 1) planeación, se identifican las necesidades la investigación (preguntas y objetivos); 2) conducción, se establece la estrategia de búsqueda, selección y extracción de la información; 3) reporte, consiste en la redacción y el compartir de los resultados. La búsqueda de la bibliografía se llevó a cabo mediante tres navegadores: 1) web of science, 2) scopus y 3) scholar google, cuya cadena de búsqueda fue “salud” OR “seguridad” AND “industria” OR “manufactura” AND “México”. Los documentos fueron filtrados a través de la selección mediada por el título, el resumen y el contenido. Al final se obtuvieron 22 estudios de los cuales se analizaron las características de la muestra, el tema, enfoque, dimensiones de la salud y seguridad y sus resultados. La evidencia arrojó que la mayoría de las investigaciones fueron realizadas en Ciudad Juárez, Chihuahua (n=10) y en población operaria (n = 11). Predomina la metodología cuantitativa (n=19) y un enfoque preventivo (n=17). Las dimensiones de seguridad estuvieron centradas en el trabajo (n=16) y las de la salud en elementos biopsíquicos (n=11), cuyo principal tema de interés es el estrés (n=7). Al final se discuten los resultados, donde se proponen líneas de investigación centradas en la promoción de la salud, considerando un acercamiento a los trabajadores y considerando elementos sociales de la seguridad y de la salud misma. 

Introducción:

El desarrollo de la industria en México ha estado implicado en una serie de circunstancias políticas y económicas internacionales. La situación global posterior a la segunda gran guerra traería consigo cambios importantes en la economía. Japón y los países europeos perdedores del conflicto bélico se encontraban devastados, mientras que Estados Unidos se erigía como la nueva gran potencia mundial, por lo que el interés de incrementar su control y capital, los lleva a proponer el Plan Marshall, permitiendo así menor regulación económica y la incorporación de nuevos modelos de negocio. De esta forma colocaba un freno al bloque comunista e impulsaba su transformación en economías de mercado abierto (Szlechter, Gibert, Iorio & Sánchez, 2018). 

Particularmente en México la cercanía con el país del norte ha dado cabida a verse fuertemente influido en las respuestas económicas que se tienen durante los periodos de transición. En la segunda mitad del siglo XX, se realizaron cambios hacia la apertura del mercado, primero adoptando el modelo de sustitución de importaciones y posteriormente abriéndose al mercado internacional. Lo anterior trajo consigo la inversión de grandes empresas extrajeras. Su inserción se motivaba por el cambio de modelo productivo que sufrían, particularmente por la deslocalización de sus unidades productivas con la intención de bajar sus costos y aumentar sus ganancias (De la Garza, 2020). Esto implicó que la industria mexicana se insertara en cadenas de proveedurías que en su mayoría han implicado desventajas para los trabajadores. Según De la Garza (2010) pueden identificarse tres configuraciones productivas dominantes: 

“La primera puede corresponder a las empresas macro con tecnologías de alto nivel, con extensión de nuevas formas de organización del trabajo y mano de obra calificada, y que han introducido la informatización de los procesos productivos y administrativos y salarios más elevados que los otros tipos. La segunda puede ser el toyotismo precario, caracterizado por tecnología media o baja, nuevas formas de organización del trabajo, flexibilidad media o baja y calificación baja, bajos salarios y alta rotación externa voluntaria. La tercera correspondería a la persistencia del taylorismo-fordismo, con tecnología media o baja, flexibilidad media o baja, media o baja calificación y organización fordista, y bajos salarios; sin olvidar en las micro y una parte de las pequeñas configuraciones tradicionales, con tecnologías de nivel bajo, formas arbitrarias de organización, no sindicalización y salarios bajos” (p. 77).

 De lo anterior, el denominado toyotismo precario es el que se erige como la configuración predilecta de los modelos productivos (De la Garza, 2020), tal parece que los cambios del modelo económico y productivo ha conllevado a que varios de los avances que se habían logrado referente a la salud y seguridad social comiencen a atrofiarse (Noriega, et al., 2011).

Durante la primera mitad del siglo XXI la industria manufacturera no mostró mejorías en su salario mínimo real, además, la filiación sindical disminuyó al igual que los contratos colectivos. Con la apertura del mercado a las exportaciones hubo una configuración territorial que se consolidaron como zonas industriales, tales son los casos de la frontera norte, los estados del bajío y Yucatán en el sur, que a la par tendieron a un importante incremento anual de productividad y de empleo, pero bajo las condiciones de trabajos precarizadas ya mencionadas (amplias jornadas laborales, pocas prestaciones, baja remuneración, nula regulación laboral, baja cualificación tecnológica, poca estabilidad en el empleo). 

 Durante los últimos 10 años tal parece que a pesar de que la industria manufacturera continúa siendo uno de los principales motores de desarrollo económico del país, ha tenido un estancamiento en su productividad y en la generación de empleo, además de mantener un descenso en el salario mínimo real (De la Garza, 2018). Actualmente, ante la situación que afronta México durante la pandemia por COVID-19, se puede observar que persisten relaciones laborales precarizadas. Acorde al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI, 2021), se estima que el 41% de los trabajadores de manufactura no cuentan con acceso a instituciones de salud, el 27% trabaja más de 48 h a la semana, el 62% tienen una formación académica hasta la secundaria y el 65% perciben dos salarios mínimos o menos, lo cual actualmente es equivalente a $5,850 acorde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) (INEGI, 2022). 

Salud y seguridad en la industria

La salud y seguridad en la industria está basada en un marco legal que regulan la importancia de la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, o sea, buscan reducir los riesgos a los que están expuestas las personas durante el proceso de trabajo. Sin embargo, esta concepción resulta arcaica, puesto que se encuentra bajo la dicotomía salud-enfermedad, donde una se da en ausencia de la otra. Incluso con la incorporación de los factores de riesgos psicosociales, la forma de interceder continúa centrada en la supresión de elementos del trabajo que provocan alteraciones psíquicas y orgánicas, dejando en un segundo plano la promoción de conductas, pensamientos y sentimientos virtuosos. 

Un aspecto a considerar (no con la intención de evitar las acciones preventivas, sino con la de ampliar la visión de la salud implementada en el trabajo y la industria) es que las enfermedades son inherentes a la humanidad (Noriega, 1989; 1993), donde desde una perspectiva social estas se encuentran relacionadas con procesos sociohistórico (Laurell, 1981), por lo que las formas de enfermar se relacionan con las particularidades de las distintas colectividades, de sus desigualdades e inequidades de los trabajadores (Barreto, 2017).  Desde esta postura el fin último no es erradicar la enfermedad o prolongar la vida, sino generar mayor control sobre la forma en que los grupos sociales obtienen la capacidad de controlar y dirigir sus procesos vitales.

Por otra parte, retomando la parte operacional del concepto de seguridad dentro del trabajo, puede reducirse a la prevención del riesgo que los trabajadores tienen de sufrir alguna lesión orgánica, funcional o en el desarrollo de un estado patológico (Organización Internacional del Trabajo, 2021c). Sin embargo, ampliando el concepto al contexto laboral es posible comprenderle como la estabilidad en la relación con su empleo, es decir, con un salario fijo y contratos permanentes (Organización Internacional del Trabajo, 2021b). Estirando más el concepto a la connotación social, es posible relacionarle con la garantía de ingresos y de la salud, que conllevan a menor desigualdades, así como a la inclusión social y de la dignidad humana (Organización Internacional del Trabajo, 2021a). De esta forma, la seguridad del trabajo y de la industria puede comprenderse como aquellos mecanismos que les permiten acceder al control de su salud, de sus procesos vitales.

En resumen, perspectivas de la salud puede caracterizarse como centrada en la prevención y/o en la promoción de las mismas. Cuyas dimensiones pueden estar centradas en aspectos 1) biológicos u orgánicos, 2) biopsíquicos y/o 3) colectivos. Por su parte la seguridad, en pro de preservar la salud en sus diferentes dimensiones puede encontrarse situada en 1) el trabajo, 2) en el empleo y/o 3) en lo social.

Desarrollo:

Materiales y métodos

Para responder las preguntas de investigación planteadas y cumplir con el objetivo planteado en este documento se siguió el método planteado por Kitchenham et al., (2007), quienes proponen tres etapas para la Revisión Sistemática de la Literatura (RSL): 1) planeación, se identifican las necesidades la investigación (preguntas y objetivos); 2) conducción, se establece la estrategia de búsqueda, selección y extracción de la información; 3) reporte, consiste en la redacción y el compartir de los resultados.

            Para la segunda etapa de la RSL se utilizaron los navegadores académicos de Google, web of science y scopus, donde la cadena de búsqueda fue “salud” OR “seguridad” AND “industria” OR “manufactura” AND “México”. El proceso de selección pasó por tres fases: 1) la elección de títulos, 2) la lectura del resumen y 3) la revisión del contenido. Se incluyeron investigaciones empíricas en inglés y en español, cuyo periodo de publicación se delimitó entre 2016 y 2022. Se eliminaron aquellos estudios duplicados entre los navegadores y aquellos que no incluyeran resultados.

            Para el análisis de la información de los artículos seleccionados se llevó a cabo un análisis cualitativo del contenido. Primero se sintetizan las características de los estudios incorporados (Autores, años, lugar, muestra, tipo de manufactura), posteriormente se valoran la forma de abordar el fenómeno a través de las dimensiones de la salud (orgánica o biológica, biopsíquica y colectiva) y de la seguridad (en el trabajo, del empleo y social). Finalmente se analizan los resultados que contienen las investigaciones.

Resultados

La RSL realizada dio como resultado 22 estudios que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. En donde scholar google fue el que presentó mayor cantidad de trabajos para su revisión, mientras que web of science y scopus arrojaron una cantidad más acotada pero precisas en lo que se buscaba.

Se puede apreciar que la mayoría de ellos fueron realizados en Ciudad Juárez, Chihuahua (n=10), posteriormente detectamos la zona bajío con 8 estudios. Respecto a las características de la muestra, se observa que la mayoría de los estudios estuvo centrada en el personal operativo (n=11), solo 4 de ellos utilizaron una muestra heterogénea entre los niveles jerárquicos de la organización. En cuanto al tipo de manufactura en que se realizaron las investigaciones se obtuvieron datos limitados, solo 8 los indican donde encontramos la manufactura automotriz, de tecnología, metalmecánica, de cableado y válvulas.

Los temas en que estuvieron centrados los trabajos son diversos, en términos generales se encuentran 7 relacionados con el estrés (burnout, fatiga emocional), 5 en los trastornos musculoesqueléticos, misma cantidad indagaron aspectos relacionados con los peligros y riesgos del trabajo, 4 con el bienestar o la satisfacción, 3 con índice de masa corporal (sobrepeso u obesidad) y 1 sobre el moobing.

Las características de los 22 estudios seleccionados se presentan en la tabla 1. Se puede apreciar que la mayoría de ellos fueron realizados en Ciudad Juárez, Chihuahua (n=10), posteriormente detectamos la zona bajío con 8 estudios. Respecto a las características de la muestra, se observa que la mayoría de los estudios estuvo centrada en el personal operativo (n=11), solo 4 de ellos utilizaron una muestra heterogénea entre los niveles jerárquicos de la organización. En cuanto al tipo de manufactura en que se realizaron las investigaciones se obtuvieron datos limitados, solo 8 los indican donde encontramos la manufactura automotriz, de tecnología, metalmecánica, de cableado y válvulas.

Los temas en que estuvieron centrados los trabajos son diversos, en términos generales se encuentran 7 relacionados con el estrés (burnout, fatiga emocional), 5 en los trastornos musculoesqueléticos, misma cantidad indagaron aspectos relacionados con los peligros y riesgos del trabajo, 4 con el bienestar o la satisfacción, 3 con índice de masa corporal (sobrepeso u obesidad) y 1 sobre el moobing.

Respecto a la forma en que se abordaron las investigaciones se observa que predomina un enfoque cuantitativo (n=19), en sus distintos alcances: descriptivo, correlacional, cuasiexperimental. En menor medida, se identifican los estudios de cualitativos (n=2) y mixto (n=1). En cuanto a la atención que colocaron los autores en el fenómeno de la salud y/o seguridad estuvieron predominados por la prevención (n=17), es decir en evitar, detectar o conocer las variables que pueden ser causante de alguna enfermedad o lesión. Por su parte, aquellos centrados en las variables que promueven la salud o el cuidado fueron reducidos (n=3); solo 2 estudios tuvieron su visión centrada en ambas partes (ver tabla 2). 

Por su parte, las dimensiones que estuvieron presentes en la forma de abordar el fenómeno estuvieron centradas en su mayoría por la seguridad en el trabajo (n= 16), 2 estuvieron inclinadas hacia la seguridad en el empleo, 3 combinaron ambas dimensiones, 1 consideró características de la seguridad en el trabajo y la social; y finalmente, se identificó 1 solo trabajo que contenía las tres dimensiones de la seguridad. En lo que respecta a la salud, se identificó un mayor interés centrado en lo biopsíquico (n=11), mientras que lo biológico u orgánico estuvo presente en 5 de los trabajos, mientras que 6 de ellos estuvo interesado en ambas dimensiones. Respecto a lo colectivo solo se presentó en asociación con lo biopsíquico (n=2).

La evidencia que arrojan los estudios es diversa, sin embargo, pueden agruparse con las características de los mismos. Por ejemplo, en los estudios cuantitativos donde intentaron exponer modelos explicativos en fenómenos biológicos y biopsíquicos como los de Armenta-Hernandez et al., (2020) y Armenta-Hernández et al., (2021, 2018) se puede identificar que el burnout no tiene un efecto relevante en el índice de masa corporal de los gerentes. Otros estudios que consideran el burnout como variable central muestran relaciones con el estrés (Hernández et al., 2021), el estado civil (Inzunza et al., 2021; Armenta et al., 2021), factores psicosociales (Aranda, 2016) o los trastornos musculoesqueléticos (Valadez-Torres et al., 2017). Respecto a estos últimos, se identifican diversas investigaciones centradas en diagnosticar prevalencias en operarios donde dejan en evidencia que las lesiones en la espalda y en las muñecas son las más comunes en el trabajo (Balderas et al., 2019; Cázares-Manríquez et al., 2021; Cuautle-Gutiérrez et al., 2019; Gómez et al., 2020). 

Otros estudios cuantitativos centrados en lo descriptivo se centran en identificar riesgos y peligros dentro del centro de trabajo en los que predominan su atención en los riesgos físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales (Rivera et al., 2021; Ruíz et al., 2020). Por otra parte, es posible identificar en los estudios enfocados en elementos de promoción algunos modelos predictivos que muestran cómo aspectos de la seguridad laboral como la justicia impactan en la satisfacción (Avitia-Cordero et al., 2021) o el efecto que tienen programas de bienestar sobre la mejora de calidad de vida de los trabajadores (Salazar, 2018).

Finalmente, en las investigaciones que utilizaron metodologías cualitativas muestran un acercamiento donde involucran elementos distintos e inherentes a las dimensiones de la seguridad y la salud. En el caso de Avila et al., (2020) contrasta elementos sociales de las mujeres sobre su incidencia en el estrés y el turno nocturno. Apuntes similares, se identifican en Nava et al., (2020) sobre el moobing, donde evidencian los grupos vulnerables y discuten las relaciones de poder dentro de la organización. Finalmente, Mendoza (2019), se aproxima también a las características sociales de los jóvenes y en sus resultados expone una serie de elementos relacionados con su satisfacción e insatisfacción del trabajo en la manufactura.

Conclusiones:

En esta revisión de literatura se preguntó sobre los elementos que se están considerando en los estudios de la salud y seguridad en la industria manufacturera mexicana, así como las perspectivas que se han estado considerando en su abordaje. Con la evidencia mostrada en la sección previa es posible responder ambas cuestiones. A continuación, se discuten los elementos revisados para lograr una aproximación crítica al estado del arte.

Ante la primera interrogante se observó que los estudios de la salud y seguridad se han centrado en aspectos relacionados con elementos como el estrés, el bienestar o la satisfacción, así de aspectos físicos y corporales como las lesiones musculoesqueléticas y de los riesgos laborales. Estos elementos hacen sentido con las investigaciones que se muestran en el escenario global a través de la figura 2; además conglomera la importancia de estos aspectos en relación con los esfuerzos y la reciente incorporación de normas oficiales mexicanas como lo son las NOM-035-STPS-2018 (Secretaría de Gobernación, 2018a) y NOM-036-1-STPS-2018 (Secretaría de Gobernación, 2018b), sobre los riesgos psicosociales y los ergonómicos respectivamente. 

Las características de la población en quienes se lleva a cabo los estudios analizados reflejan las zonas industriales que se nombran desde la introducción, donde Ciudad Juárez, Chihuahua, se erige como un lugar en el que las investigaciones sobre la salud y seguridad están presentes. Esto puesto que la región cuenta con una fuerte presencia y larga tradición maquiladora exportadora por su cercanía con Estados Unidos (Galván et al., 2018). 

Otra anotación importante de las características de la población que se ha estudiado es la predominancia en el trabajador operario. Son estos sujetos en quienes se centran en estudiar los elementos ergonómicos y psicosociales; por su parte, los estudios administrativos y gerenciales se centran en estos últimos, particularmente en el estrés. Lo anterior refleja la segmentación en los riesgos y demandan que tienen los trabajadores en su proceso de trabajo, sin embargo, aparece un área de oportunidad para indagar más en los elementos musculoesqueléticos de los puestos administrativos, puesto que también suelen pasar largas jornadas en posturas repetitivas e incómodas.

Respecto a la segunda interrogante planteada, se identifica que las formas de abordar la salud y la seguridad está centrada en metodologías cuantitativas, que buscan modelos explicativos, correlaciones y diferencias a través de pruebas estadísticas, así como prevalencias a través de estadística descriptiva; los estudios cualitativos o mixtos son limitados en la evidencia encontrada. Esto muestra que las posturas que se siguen están bajo un paradigma positivista, donde se buscan verdades que puedan generalizarse (universales). Para la generación de este tipo de conocimiento se toma una postura etnocentrista donde los expertos son quienes realizan los estudios, puesto que ellos son quienes delimitan sus variables, sus factores y dimensiones a evaluar para de esta forma explicar el tema de forma paramétrica. Además, se crean estudios especializados en un tema, en las relaciones de variables, que no culminan por abordar la complejidad del fenómeno de la salud y por ende exponen resultados limitados en su explicación (Mendoza et al., 2019). Aunado a lo mencionado, se observa una escasa incorporación de los sujetos, de su subjetividad y de su experiencia en el trabajo, limitando su conocimiento y experticia en el fenómeno, de esta forma se suprime conocimiento que pudiera develar lo que Zemelman (2006) denominaría como lo inédito y que de cuenta de distintas posibilidades de acción, del futuro.

En cuanto a la forma de concebir los temas de salud y seguridad en la industria, se aprecia que existe una predominancia centrada en la supresión de elementos aversivos, es decir, en la prevención. Este hecho implica una limitación en la comprensión del fenómeno, puesto que persiste la concepción arcaica de la salud como ausencia de enfermedad, donde el hecho de comprender y/o eliminar los factores de riesgos pareciera ser suficiente para proteger a los trabajadores. La evidencia señala la necesidad de incorporar estudios que contemplen también elementos o variables que promuevan y protejan la salud.

Lo que respecta a las dimensiones sobre la seguridad que se valoraron en los estudios revisados, se observa que existe un número mayor centrados en la dimensión de la seguridad en el trabajo. Este aspecto implica que las investigaciones se están centrando en elementos dentro de la empresa para valorar los riesgos y las demandas que tienen los trabajadores, lo que implica que excluyan otras dimensiones de mayor espectro como lo es la seguridad del empleo y la social, los cuales, están involucrados de igual manera en las dimensiones de la salud. Por lo anterior, no es posible aproximarse a la complejidad del fenómeno ya que las variables quedan reducidas a los elementos físicos y organizacionales de la industria, sin valorar aspectos como el salario, las oportunidades laborales, la familia, la localidad, la historia de la región, etc. 

Por su parte, las dimensiones de la salud valoradas en la literatura seleccionada muestran que los elementos biosíquicos predominan en el interés de las investigaciones; así pues, existe una conjunción con elementos biológicos u orgánicos, principalmente centrado en el tema del estrés. La dimensión que aparece con poca atención en los estudios es la de salud social, donde falta la incorporación de elementos que caractericen a la población de estudio como la historia del lugar, de las personas, de la empresa. Además de una mira crítica en los elementos que buscan, con un marco teórico que permita discutir los resultados con el contexto y miras hacia la capacidad que tienen las personas de controlar y dirigir sus procesos vitales; aspecto deficiente en la literatura revisada, puesto que se centran en la descripción de las variables cuantificables que seleccionaron. Como mencionan Mendoza et al., (2019) se hace necesaria una visión transdiciplinar que busque complementariedad teórica-metodológica para resolver los problemas de salud en los distintos planos de lo humano: individual-colectivo, enfermedad-salud, biológico-psicológico-social.

En resumen, esta aproximación al estado de conocimiento de los estudios de la salud y seguridad en la industria manufacturera mexicana muestran la predominancia de elementos biopsíquicos, así como orgánicos y biológicos, donde la población de mayor interés son los operarios de la máquina. Sin embargo, el abordaje es etnocentrista y centrado en la prevención, donde los investigadores hacen el recorte del fenómeno acorde a su conocimiento, los cuales se centran en los elementos dentro de la empresa, dejando de lado variables más amplias que permitan complejizar las que analizan en sus estudios sobre la salud. 

Se recomienda, que en futuras investigaciones se busque una aproximación donde se incorporen no solo elementos de la seguridad en el trabajo, sino también de la del empleo y la social. De esta forma se pueden obtener resultados que permiten una comprensión más amplia de los elementos biopsíquicos, orgánicos y biológicos. Además, se recomienda que se indague a mayor profundidad la dimensión de la salud social, incorporando elementos socioespaciales de los trabajadores. Finalmente, se sugiere considerar el conocimiento de las personas en su trabajo, puesto que a través de esto pueden vislumbrar elementos que no consideran a través de los instrumentos elaborados en las metodologías cuantitativas.

Bibliografía:

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Palabras clave:

Salud y seguridad; industria manufacturera; estado del arte.

Resumen de la Ponencia:

Este estudio se enmarca en el interés por conocer las prácticas y sentidos que orientan los estilos de vida de los estudiantes universitarios, considerando que la etapa del ciclo de vida que enfrentan, es una de las más importantes, pues se encuentran finalizando la etapa de la adolescencia y comenzando la etapa de la adultez, en la que se van estableciendo los diferentes estilos de vida según las experiencias que enfrentan, como parte del inicio de la toma de decisiones e independencia de la familia de origen, por lo tanto, en una etapa del ciclo vital clave para asumir o desechar conductas, estas decisiones se mantienen en la vida adulta e inciden en la vida futura, lo que es traspasado en forma significativa al grupo familiar que forma, continuando el ciclo de conducta que haya aprendido y elegido en las primeras etapas del ciclo vital.y Objetivos Específicos:: 1° Describir los espacios en que se desarrollan los estilos de vida de los estudiantes universitarios 2° Conocer las prácticas de estilos de vida que tienen los estudiantes universitarios 3° Indagar sobre los determinantes sociales que se relacionan con los estilos de vida de los estudiantes universitarios 4°Develar los sentidos que orientan los estilos de vida de los estudiantes universitariosMarco Teórico:Se utilizan como marco teórico la teoría ecológica del desarrollo de Bronfenbrenner (1996), la teoría del aprendizaje social de Bandura. Molías et al(2009) y la teoría de las practicas sociales. Rekwitz, Shatzky, Shove et al. Citado en Ariztia(2017) Metodología:En metodología se utiliza el método descriptivo, con metodología cualitativa, diseño no probabilístico intencionado y la técnica   grupo focal Resultados:Objetivo 1: espacios en los que se desarrollan los estilos de vida:Los resultados se categorizan en:Espacios públicos: los que se subcategorizan en espacios abiertos: plazas, parques y playas y espacios cerrados: universidad: biblioteca, facultades, casino, sala de juegos, gimnasio iglesias (evangélica - católica). Espacios privados: casa (dormitorios/piezas).Objetivo 2: prácticas de estilos de vida saludable:Los resultados se categorizan como: hábitos alimentarios, actividad física, relaciones interpersonales, consumo de sustancias, relaciones familiares, conducta sexual, resolución de conflictos, uso de servicios, manejo del estrés, recreación.Objetivo 3: determinantes sociales que se relacionan con los estilos de vida Determinantes intermediarios: condiciones de vida y trabajo, factores psicosociales, cultura y valores Determinantes estructurales: situación socioeconómica Objetivo 4: sentidos que orientan los estilos de vida   Valoración: alta valoración que no implica práctica Creencias: creen que el funcionamiento individual cambia al hacer ejercicio físico y comer adecuadamente Significados: asocian el sentirse bien a la práctica de actividad física y alimentación, a su vez reconocen las relaciones interpersonales como un elemento fundamental dentro de su bienestar 

Resumen de la Ponencia:

Las tasas de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en Chile han aumentado significativamente en los últimos años, particularmente entre hombres jóvenes y hombres que tienen sexo con hombres. Entre el 2018 y el 2019, por ejemplo, la notificación de nuevos casos positivos de VIH/SIDA aumentó en un 30,9%. Un 84% de estos nuevos casos corresponden a hombres, la mayoría entre los 20 y 29 años (MINSAL, 2020).  A pesar de esta grave contingencia, todavía se ha investigado poco sobre los factores psicosociales asociados a la transmisión y/o a la prevención del VIH entre los jóvenes en Chile (Olivera y Salinas, 2021). Una herramienta fundamental para una prevención del virus es el examen de detección del VIH. La toma de este examen varía según diferentes factores sociodemográficos y psicosociales. Por ejemplo, investigaciones internacionales han indicado que menor nivel educativo, menor edad y menor ingreso se asocian a una menor probabilidad de realizarse el examen (Witzel et al., 2016). Estudios también indican que otros motivos que llevan a que hombres no-heterosexuales eviten realizarse dicho examen son: una baja percepción de riesgo de contraer el virus; miedo a recibir un resultado positivo; temor a ser estigmatizado y/o discriminado en los servicios de salud; desconfianza en la confidencialidad del examen (Mimiaga et al., 2011). Ante la escasez de datos de este tipo en Chile y Latinoamérica, esta ponencia describe las percepciones que un grupo de jóvenes homosexuales de Santiago de Chile tienen sobre el examen detección del VIH. Utilizando una aproximación cualitativa, se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas con doce hombres residentes de la ciudad de Santiago, para aprender sobre sus percepciones y experiencias relativas al examen de detección de VIH, e identificar barreras para su realización. Todos los participantes tenían entre 22-25 años y se auto-identificaron como homosexual o gay al momento de la entrevista. Todos, a excepción de dos entrevistados, se habían hecho el examen alguna vez. Sin embargo, la mayoría asegura realizarlo no como una práctica preventiva, sino posterior a una situación de riesgo. Similar a lo expuesto en la literatura internacional, los participantes manifestaron haber evitado realizarse el examen debido al estigma de un potencial resultado positivo y por temer posibles conductas discriminatorias u homofóbicas en los servicios de salud. Además, los participantes manifestaron desinformación y confusión sobre el examen mismo: no todos tenían certeza dónde hacerlo, qué procedimiento seguir o cuánto costaba. Asimismo, fueron críticos de las campañas de prevención por no entregar dicha información de manera clara y comprensible. Estos hallazgos aportan nueva información sobre las barreras psicosociales, culturales e informativas asociadas al examen de detección del VIH que enfrentan jóvenes homosexuales en Chile, y sirven como insumo para el desarrollo de políticas integrales de prevención. 

Resumen de la Ponencia:

Las medidas para el control del tabaco en Uruguay se han consolidado como una política de Estado. Las evidencias científicas acerca de los daños en la salud asociados a la práctica de fumar, junto con los costos sanitarios, económicos y medioambientales generados por el tabaquismo, parecen haber confluido en un amplio consenso respecto a la consideración del consumo de tabaco como un problema de salud pública. Sin embargo, las ciencias sociales, en particular la sociología, en líneas generales se ha limitado a complementar el acervo de conocimiento generado por la epidemiología.  En este sentido, los estudios se han centrado en la medición de la prevalencia del consumo de tabaco y en la caracterización sociodemográfica y socioeconómica de las personas fumadoras. En tanto, los estudios del tabaquismo como práctica social en su dimensión sociocultural, económica, generacional y de género, han sido, hasta el momento, relativamente escasos. Los enfoques más propiamente sociológicos habilitan una comprensión holística del fenómeno, trayendo a escena las representaciones y significados que las personas le atribuyen a la práctica de fumar.El estudio analiza las representaciones de los adultos sobre el consumo de tabaco, específicamente los factores asociados a las recaídas post cesación tabáquica, prestando especial atención a los obstáculos y estímulos para la cesación, con perspectiva de género. El fenómeno se aborda desde un diseño cualitativo con propósitos descriptivos y analíticos. La técnica de investigación fueron los grupos de discusión. Se realizaron 6 grupos de discusión, tres de ellos compuestos por hombres y tres por mujeres entre 25 y 64 años fumadores/as con al menos un intento de cesación y residentes en el departamento de Montevideo. La investigación da cuenta de que (co)existen diversas racionalidades que guían a los sujetos en su accionar. La instrumental, que se centra en un sujeto racional que toma decisiones en relación al costo/beneficio no es la única, ni siquiera la que prima, existen las que se enfocan en los significados atribuidos a las prácticas de fumar, o en el nivel vivencial. Este cálculo toma en cuenta aspectos de índole emocional, social y cultural que influyen fuertemente en las prácticas de los sujetos. Estas racionalidades provocan dificultades en los fumadores a la hora de enfrentar modificaciones en sus hábitos cotidianos. Si bien las personas están informadas de las consecuencias que puede traer aparejado el consumo de tabaco, a la hora de problematizar la situación se aferran a consecuencias inmediatas que tienen que ver con aspectos estéticos y en menor medida con temas de salud. Esto conduce a la necesidad de repensar la concepción lineal que tiende a equiparar una mayor y mejor educación y acervo informativo con una mayor predisposición al autocuidado. Palabras clave: representaciones  sociales, adultos, tabaquismo, género, investigación cualitativa  

Resumen de la Ponencia:

A trajetória da assistência social no Brasil possui um caráter de resposta moral, vinculada à vocação religiosa, práticas eleitoreiras e clientelistas. A regulamentação enquanto direito de cidadania e política pública integrante da seguridade social foi conquistada na Constituição Federal de 1988. No entanto, o seu reconhecimento legal não foi suficiente para superar as práticas políticas de negação do direito. Apesar das garantias legais da assistência representarem um importante avanço para as políticas sociais, encontram um embate com a política neoliberal que se expressa pela contrarreforma do Estado implementada a partir da década de 1990 no Brasil. Os ajustes neoliberais caracterizam-se como espaço de desmonte e destruição das conquistas democráticas e intensificam o princípio liberal de que assistência estimula ao ócio e à preguiça. Considerando essa realidade, a presente pesquisa teve como objetivo investigar qual concepção orienta as ações implementadas pelo Estado brasileiro no campo da assistência social durante a pandemia de COVID-19: favor ou direito; conjuntura na qual se aprofundam desigualdades sociais que exigem respostas por meio de políticas públicas. Para isso, foi realizado um levantamento documental em plataformas digitais do Governo Federal brasileiro para analisar as tendências de ação durante o período pandêmico. Os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, fundamentados no projeto de intensificação neoliberal, instituíram ações de negação da intervenção estatal principalmente na área social, de redução dos gastos sociais e de retrocesso da agenda democrática. A Covid-19 desnudou e intensificou a piora do quadro social, que com o aumento da pobreza e das dificuldades de acesso a direitos sociais, implicou no aumento da demanda por assistência social. Apoiados no discurso de ineficiência do Estado, implementaram parcerias com o setor privado para transferir o atendimento às demandas sociais ao meio empresarial, filantrópico e das organizações sociais de forma mercadológica, descolada da noção de direito. No caminho contrário ao aumento das demandas sociais, o Governo Federal na posição de antagonista à proteção social pública e universal, reduziu o papel dos serviços socioassistenciais na agenda política e instituiu ações restritivas, focalizadas e estigmatizantes, como exemplo os programas Viva Voluntário (2017), Pátria Voluntária (2019) e o Brasil Fraterno (2019) de incentivo ao voluntariado. São programas descolados do caráter técnico e de orçamento público. Estas ações assumem papel central nos governos no período pós golpe democrático e não garantem a concretização de direitos, tendo em vista que se tratam de medidas pontuais, fragmentadas e geridas pelas primeiras-damas, em que reforçam a perspectiva do favor e contrapõem a conquista de direitos. Sendo assim, constata-se que há um efetivo encolhimento do Estado no campo social e sua desresponsabilização com a proteção social pública, sendo esta repassada à sociedade civil e ao empresariado por meio de programas de estímulo ao voluntariado.

Resumen de la Ponencia:

El propósito de la ponencia es estudiar el impacto de las políticas y programas que llevó a cabo el gobierno de la ciudad de México en la salud mental de la población, en particular de las mujeres en dos localidades del poniente de la Ciudad. Se espera así analizar si estas políticas fueron adecuadas para amortiguar los aumentos de cuadros de depresión y ansiedad en mujeres. Se pretende estudiar la gestión de crisis y las políticas públicas de la salud mental en el contexto de pandemia, con enfoque territorial en un área urbana (Santa Fe) y una rural (San Lorenzo Acopilco) de la colonia Cuajimalpa, haciendo hincapié que el contexto social, político, económico y geográfico particular de cada zona ha sido afectado de distinto modo con la pandemia, lo cual se verá reflejado en el aumento de ansiedad y depresión en mujeres de clase media de 30 a 40 años. La salud mental se ha considerado un problema importante en la pandemia y posterior a ésta, a pesar de ello, no se ha tomado en serio sus repercusiones a la salud. Durante el periodo comprendido por el 2020 y 2021 las mujeres han presentado un mayor peligro en que empeore su salud metal, debido a factores como la desigualdad, la discriminación social y laboral, la sobrecarga de responsabilidades familiares y de cuidado, la mayoría ha tenido que compaginar el teletrabajo con el cuidado de los hijos, apoyo de tareas escolares y tareas domésticas. Implicando un reto adicional (Boca, 2020). Las desigualdades económicas previo a la pandemia ponen en desventaja a grupos que enfrentan una crisis económica y sanitaria, por ejemplo, la clase media. Se espera emplear tanto la literatura sobre crisis y gestión de crisis, así como el enfoque territorial en áreas urbanas y rurales. Nuestra ponencia parte de la idea de que ante la pandemia es fundamental que las comunidades rurales marginadas formen parte principal de la elaboración de políticas públicas y estrategias de parte del gobierno con el fin de promover la prevención a la salud mental, facilitando el aislamiento de las personas contagiadas.

Introducción:

El 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró como Emergencia de Salud Pública Internacional al brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) según lo establece el Reglamento Sanitario Internacional. Ante esta situación, diversos gobiernos han implementado políticas y programas dirigidas a disminuir el impacto de la crisis sanitaria, algunas de estas medidas se enfocan al aislamiento de personas contagiadas, la disminución de la movilidad y el cierre de muchos establecimientos; si bien, estas medidas tuvieron efectos importantes en los sectores económicos de los países, también afectaron la salud emocional y mental de la población (Ramirez.Ortiz et al,2020; Mucci et al 2020). En el caso de México, se implementaron políticas similares de aislamiento, así como de restricción de movilidad. 

Los programas para disminuir el impacto de la crisis, se originaron primero a nivel federal y después se trasladaron al ámbito local. Varios meses después se decretó la Emergencia de Salud Pública Internacional, y el 23 de marzo el gobierno federal publicó el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-COV 2 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria y se establecen las primeras medidas como Jornada Nacional de Sana Distancia. 

El propósito de la ponencia es presentar un marco de análisis que nos permita estudiar el impacto de las políticas y programas que llevó a cabo el gobierno de la ciudad de México en la salud mental de la población, en particular de las mujeres en dos localidades del poniente de la Ciudad. Se espera así analizar si estas políticas fueron adecuadas para amortiguar los aumentos de cuadros de depresión y ansiedad en mujeres. Se pretende estudiar la gestión de crisis y las políticas públicas de la salud mental en el contexto de pandemia, con enfoque territorial en un área urbana (Santa Fe) y una rural (San Lorenzo Acopilco) de la colonia Cuajimalpa, haciendo hincapié que el contexto social, político, económico y geográfico particular de cada zona ha sido afectado de distinto modo con la pandemia, lo cual se verá reflejado en el aumento de ansiedad y depresión en mujeres de clase media de 30 a 40 años. Durante el periodo comprendido por el 2020 y 2021 las mujeres han presentado un mayor peligro en que empeore su salud metal, debido a factores como la desigualdad, la discriminación social y laboral, la sobrecarga de responsabilidades familiares y de cuidado, la mayoría ha tenido que compaginar el teletrabajo con el cuidado de los hijos, apoyo de tareas escolares y tareas domésticas. Implicando un reto adicional (Boca, 2020).

El orden de la ponencia es el siguiente, en la primera parte se aborda el tema de la gestión de crisis y COVID-19, posteriormente se presentan las principales políticas y programas dirigidas a disminuir el impacto del brote de COVID-19 a nivel federal y en la Ciudad de México durante las primeras etapas. En la tercera parte se ilustran las características principales de los casos de estudio, y finalmente se hace una propuesta para estudiar la forma en la cual las políticas frente a COVID-19 han tenido un impacto en los casos de estudios.

Desarrollo:

Gestión de crisis y COVID-19

El concepto de crisis ha estado generalmente asociado a otras situaciones como los desastres naturales u otros eventos intencionales, tales como el terrorismo o la violencia, e incluso dificultades económicas. Además, la idea de crisis lleva consigo el elemento inesperado o sorpresivo, por lo que se consideran fenómenos únicos y excepcionales, aun cuando las organizaciones poseen esquemas y protocolos que les permiten atender situaciones de emergencia o cambios repentinos en el ambiente. 

Si bien muchas de estas crisis han aparecido desde hace varias décadas como el accidente de Chernobyl y los ataques terroristas del 2011 con características distintas, en todas ellas ha existido un alto grado de incertidumbre y se ha necesitado de acciones urgentes, como una respuesta a una amenaza importante por parte de las autoridades o de las organizaciones responsables. Por otro lado, en muchas ocasiones como en el caso de la pandemia de COVID-19 se puede considerar también como puntos de inflexión en el desarrollo de trayectorias como una coyuntura crítica (Moloney y Moloney, 2020; Del Rosario et al 2021, Boin, et al 2021).

Aun cuando este concepto ha sido objeto de diversas disciplinas y ciencias, desde un enfoque asociado a la gestión de crisis (Boin, 2009), las podemos ubicar a partir de tres grandes componentes o dimensiones, primero la existencia de una amenaza a la sociedad, organización o puntos vitales de las personas, un alto grado de incertidumbre y la necesidad un alto sentido de urgencia (Boin y T´hart, 2007). De ahí que la gestión de crisis consista en el conjunto de actividades llevadas a cabo para disminuir el impacto de una crisis

En esta gestión de crisis, la autoridad y el gobierno juegan un papel fundamental, ya sea en el diseño de políticas públicas o bien durante las etapas de preparación y aprendizaje (Boin y T ́hart, 2013). En situaciones de crisis, las personas dirigen su atención hacia la autoridad no solo para darle un significado a lo que está ocurriendo, sino también para identificar el tipo de crisis y disminuir el nivel de incertidumbre. Entre las actividades más importantes de la autoridad se encuentran darle significado a la crisis, tomar decisiones con carácter de urgente, establecer los mecanismos de comunicación y el diseño e implementación (Boint y T ́hart, 2013; 2007).

Lo anterior trae consigo implicaciones muy importantes en términos de legitimidad, gobernanza y capacidad institucional del gobierno (Christensen et al, 2019). Es precisamente en este contexto en el que se pone énfasis en las políticas públicas del gobierno federal y en particular de aquellas implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México principalmente para atender la salud mental en tiempos de crisis producto de COVID-19.

 

2. Políticas y programas de la ciudad de México

Con el propósito de analizar las políticas públicas y programas de salud mental en la Ciudad de México durante la pandemia COVID-19. Es importante mencionar que la gestión y políticas públicas de la salud mental en la coyuntura de la pandemia en México no han sido prioridad de la agenda pública, pese a que la situación ha escalado a más personas desde el inicio de la pandemia. De acuerdo con el INEGI (2020b) en el año 2019 el 10.8% personas que padecen alguna sintomatología de depresión. En lo que respecta INEGI (2020b) alude a la ansiedad en México para el año 2019 era de 26.8% personas que presentan síntomas de ansiedad.

En el sexenio 2001-2006, se crearon programas acción sobre salud mental dentro de los cuales tratan de solucionar problemáticas específicas como las adicciones (adicción a bebidas alcohólicas, tabaquismo, farmacodependencia), a través del programa de acción. Estos programas tuvieron el fin de revertir la problemática de salud mental que estaba sucediendo en ese periodo, pues, creó la “Red Nacional de unidades médicas'', con nuevos modelos de atención. Con el fin de establecer enlaces y sistemas de referencias entre las distintas instituciones dedicadas a la atención de la salud mental (Sandoval De Escurdia & Richard Muñoz, 2005).

A su vez, existen dos organismos que atienden los asuntos en el área de salud mental los cuales son el Consejo Nacional de Salud Mental (CONSAME) y los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP). La revisión realizada acerca de las reformas psiquiátricas y atención de salud mental en México. Muestra el nombrado Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental adjuntado al programa nacional de salud del periodo 2003, destinado para instruir las reformas psiquiátricas bajo su mando, cuyo fin es “establecer las pautas, políticas, lineamientos, coordinación, supervisión y evaluación que de los servicios de Modelos Hidalgo de Atención en Salud Mental se deriven (Sandoval De Escurdia & Richard Muñoz, 2005, p. 39)”.

Para el año 2020, se inició la necesidad de formular una política pública en torno a la salud mental, para esto fue necesario eliminar el Modelo Hidalgo fundado en un modelo clientelar[1], basado en capitalizar la atención a la salud mental, en lugar de buscar el bien social, dejando fuera a un número de personas con padecimientos mentales, enfocándose en un pequeño sector de la población. En función de lo planteado, dentro de esta propuesta el programa de salud mental 2019-2024, tiene dentro de sus objetivos prioritarios el mejorar la salud mental de la población en México mediante la consolidación de la investigación multi, intra e interdisciplinaria, reestructurar la salud mental en México, mediante el aumento del presupuesto superior al 2% destinado a la salud mental, gratuidad y abasto de medicamento eliminando antipsicóticos que ya no se usan, la adaptación de telesalud para la salud mental, incorporar el programa de acción para superar las brechas de salud mental recomendada por la OMS, reforzar guías de práctica clínica como el incorporar la ansiedad dentro de los tratamientos, a través de la capacitación constante del personal, así evitar la saturación de los hospitales psiquiátricos de primer y segundo nivel funcional, logrando así en acceso a camas para pacientes con trastornos mentales graves o  pacientes con adicciones, para los cuales actualmente no hay lugar.

Durante la pandemia se establecieron programas gubernamentales a nivel federal por parte del IMSS e ISSSTE. Los cuales se enfocaron en promover la salud mental a sus derechohabientes, a los pacientes en el área de COVID-19 y a su personal sanitario. Del mismo modo el INSABI propuso un programa para atender la salud mental desde la atención primaria de la salud.

En cuanto a los programas o políticas de salud mental. Por un lado, la secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA, 2022) informó que desde el inicio de la pandemia estableció un protocolo para brindar al personal médico primeros auxilios psicológicos, así como acompañamiento y su seguimiento ante la situación de estrés, ansiedad y depresión que puedan presentar al atender a pacientes COVID-19. 

En este sentido el protocolo está disponible en 11 hospitales como Hospital de Especialidades “Dr. Belisario Domínguez”; Hospital General “Dr. Enrique Cabrera”, Hospital General “Rubén Leñero”, Hospital General Xoco, Hospital General La Villa, Hospital General Balbuena, Hospital General Iztapalapa, Hospital General Milpa Alta, Hospital General Ticomán; Hospital General Tláhuac y el Hospital General Ajusco Medio y disponible para los 18 mil 43 trabajadores que están en la plantilla (SEDESA, 2022). 

Por otro lado, hubo líneas de apoyo emocional de parte del gobierno junto con las líneas de asociaciones civiles e instituciones llamadas red de servicios para apoyo emocional. Cuyo propósito fue promover y cuidar la salud mental de la población en la CDMX. Entre la red de apoyo emocional se encuentra la línea de la vida, el centro de atención telefónica UNAM, el INJUVE, la línea de ayuda LOCATEL, la línea mujeres de la secretaría de las mujeres, la facultad de psicología, la escuela nacional de enfermería, la Fes Zaragoza, servicio institucional de salud mental de la UAM, entre otras (Departamento de Psicopedagogía, 2021; SEDESA, 2022).

Por su parte la Alcaldía Cuajimalpa estableció un solo programa de atención psicológica y pedagógica gratuita vía telefónica en salud mental junto con la red de mujeres Cuajimalpa A.C. Con lo cual se puede admitir que durante el periodo de la COVID-19 (2020-2021) los programas y políticas en atención a la salud mental de parte del gobierno para el público general y para el personal de salud en la CDMX en torno a la pandemia fueron escasos. Por lo que conviene subrayar que la constitución política de la Ciudad de México y la ley constitucional de derechos humanos y sus garantías de la ciudad de México contemplan la protección de la salud mental como un derecho humano que resulta indispensable. Con lo que es necesario proporcionar a los ciudadanos de la capital programas y políticas en salud mental enfocándose desde una perspectiva de género a futuras pandemias o epidemias que puedan perturbar a la población del bienestar mental.

En conclusión, las dependencias de la CDMX junto con las asociaciones civiles apoyaron a la población con la red de servicios para apoyo emocional —que en su totalidad fueron apoyo telefónico—. En consecuencia, la salud mental debe ser un tema relevante para la agenda pública, donde se establezcan estrategias desde una perspectiva de género, un plan para solventar los problemas de salud física y mental, evitando la desigualdad social y sexual —más visible en la Ciudad de México por la cantidad de población que vive en la entidad— por quienes pueden o no solventar los gastos de la salud. En realidad, las políticas públicas de salud mental deben ser a través de calidad y servicio que brindan a la población. Es un error generalizar la salud porque cada persona es distinta con necesidades individuales, por lo tanto, debe ser personalizada y no generalizar el servicio de salud a la población, ni mucho menos al género.

[1] Robinson & Verdier (2013) escriben que el clientelismo es un canje cuya estrategia es que el “patrón” da beneficios a cambio del respaldo del “cliente”.

 

3. Características de los casos 

El trabajo tiene el propósito de examinar los tipos de población que estudia el presente estudio y cómo influyó en la salud mental de las mujeres. Las zonas periféricas de la Ciudad de México han sido transformadas por procesos sociales, que han transformado la historia de algunas áreas rurales de las periferias de la ciudad —dado a la historia y costumbres que remontan de la conquista española—. Por ello primero se analiza los conceptos de rural y urbano, la gentrificación de los espacios rurales y tercero las características de la Ciudad de México y la rururbanización de los pueblos originarios de la Ciudad de México.

México sigue los criterios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para considerar una zona como urbana o rural. El INEGI (2020a) considera una población rural aquella que posee menos de 2,500 personas. Por otro lado, un área urbana es donde hay más de 2,500 habitantes.

En esta misma línea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OECD (2009, p. 11) define como rural aquella área que cuente con una densidad poblacional inferior a 150 habitantes por km2 y una zona urbana aquella con más de 150 habitantes por km2. No obstante, esta clasificación no considera las actividades económicas de las familias, no toma en cuenta las desigualdades que existen y costumbres de sus habitantes en ambas zonas.

Con respecto a las zonas rurales existen varios autores que lo exponen desde distintas perspectivas. Gaudin (2018) lo define como las áreas en base a las percepciones y creencias colectivas enraizadas. En la opinión de Gómez (2003; Rodríguez & Saborío, (2008) caracterizan a los espacios rurales por su conservadurismo, la emigración de los habitantes en búsqueda de un ingreso económico extra, por sus actividades agropecuarias y por el traspaso generacional del estatus socioeconómico, de  ahí que es probable que la población rural no cuente con algunos servicios públicos como es el alumbrado, agua potable, drenaje, comunicaciones, servicios médicos, sanitarios y de higiene (Gutiérrez de MacGregor, 2003, p. 77).

Desde un enfoque internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO (2018, pp. 3–4) describe lo rural mexicano y reiteró en los siguientes puntos: El sector rural va más allá de las actividades primarias. La ruralidad en México tiene las siguientes características:  La pobreza continúa siendo más intensa en zonas rurales que en zonas urbanas, la agricultura es una fuente importante de empleo a nivel nacional, la principal característica de la tenencia de la tierra es la baja productividad y el minifundio, se observa una realidad dual en el desarrollo del sector primario, la relación entre la producción agrícola y el medio ambiente requiere atención urgente, la política pública orientada al sector rural productivo presenta impactos limitados y el desarrollo rural requiere un enfoque de doble vía.

Lezama (2002) plantea que el proceso urbano tiene aspectos por la consistencia de las edificaciones y calles. La transición del urbanismo en el Renacimiento fue para la recuperación de la estructura de las ciudades nuevas. Así mismo Weber (1969) reflexiona que los espacios urbanos tienen un aspecto económico, que involucra aspectos político-administrativos. 

Lefebvre (Citado en Lezama, 2002, p. 250) añade que lo urbano es una “área que se entrelaza con los espacios y la reproducción capitalista de las relaciones sociales”. Por otro lado, Wirth (citado en Lezama, 2002, p. 155) refiere que las zonas urbanas “son asentamientos relativamente grandes, densos que permanecen de individuos sociales heterogéneos”.

O sea, los distintos panoramas dan a conocer las complejidades de las áreas urbanas, en vista de que al ser un espacio conformado por actores políticos, económicos, urbanísticos, arquitectónicos y de población (Lamy, 2006, p. 223). Los problemas que surgen son debido a su infraestructura, el ambiente y la inseguridad, esto explica las complicaciones de las ciudades al establecer políticas públicas de los gobiernos locales y federales para regular el sistema urbano.

Para ingresar al análisis de los casos de estudio, es fundamental comentar que México en el año 2020 la población era de 126,014,024 personas. De los cuales el 79% provenía de territorios urbanos y 21% de áreas rurales. Específicamente la Ciudad de México en ese mismo año tenía 9,209,944 habitantes. El 99% vivía en zonas urbanas y 1 % en áreas rurales. Es decir que la Ciudad de México ha presentado una reconfiguración de los espacios territoriales, debido a que la mancha urbana ha transformado y absorbido los pueblos rurales de la Ciudad[1](Sánchez Brito, 2019). 

Cuajimalpa de Morelos[2] es la alcaldía ocupa el lugar 15 de la demarcación territorial con menos población[3], no obstante, ocupa el segundo puesto en la tasa de crecimiento con 1.6, o sea, este crecimiento en la demarcación territorial tiene mucho que ver con la gentrificación que presenta la alcaldía (Sánchez Brito, 2018). En otras palabras, la población ha tenido que desplazarse y ha aumentado los habitantes de zonas forestales y pueblos como lo son: 

El contadero San mateo Tlaltenango San Pablo Chimalpa San lorenzo Acopilco

Un aspecto de Cuajimalpa de acuerdo Cruz Rodríguez (2019, p. 67) son los tipos de poblamiento que posee los cuales son la colonia residencial alta[4], la colonia popular[5], el pueblo conurbado[6] y el pueblo no conurbado[7].

Además, la creación del proyecto de Santa Fe permitió el surgimiento de vivienda media y residencial en la Delegación, como lo es la colonia Contadero y Lomas de Vista Hermosa. Conforme a (cita) se compara el crecimiento de los habitantes de Cuajimalpa en las zonas de colonias populares, residencial alto, pueblos conurbados y pueblos no conurbados.

En cuestión de salud según lo documentado por Gobierno de México (2020a) la alcaldía cuenta con 3.9% unidades médicas que posee la Ciudad de México. De las cuales 50 son de consulta externa y 8 de hospitalización. En los datos de salud mental los últimos recabados son del año 2014, donde había 3 consultorios de psicología y 1 consultorio de psiquiatría. Además, la población afiliada algún servicio de salud público o privado es del 75.4%[8] se relacionan de la siguiente manera:

IMSS: 53.9%INSABI:17.0%ISSSTE o ISSSTE estatal: 9.9%IMSS BIENESTAR: 0.6%PEMEX, Defensa o Marina: 0.9%Institución privada: 21.3%Otra Institución:1.2%

En lo que respecta a los casos de estudios esta investigación busca comparar a las mujeres de San Lorenzo Acopilco y Santa Fe (colonia Santa Fe), los cuales se localizan al poniente de la Ciudad de México en Cuajimalpa, los cuales tienen una cercanía de 11.4 km, esta gentrificación rururbana[9] es una clase de orden territorial neoliberal, esto ha provocado que nuevos métodos de discriminación, lo que provoca un impacto en la forma que se vive, reemplazando prácticas tradicionales y cambiando la manera que se establecen relaciones sociales los pueblos originarios de la Ciudad de México (Sánchez Brito, 2018, p. 12).

San Lorenzo Acopilco ha llegado a ser absorbido por el crecimiento urbano, a pesar de esto sigue desarrollándose en un ambiente rural, a causa de la poca accesibilidad que se tiene al pueblo (Pino Juárez, 2008, p. 16), por lo que podemos decir que es una gentrificación rururbana[10] y que al verse absorbido por la mancha urbana también se le puede nombrar área rururbana[11].

Para finalizar la investigación busca comparar la salud mental de las mujeres de Acopilco y de Santa Fe durante los primeros seis meses. A continuación, se analiza el contexto y las características en la que la población de ambas localidades se desenvuelve. Para así darnos un panorama de ambos sitios que se encuentran en la misma Alcaldía de Cuajimalpa. Primero iniciaremos conociendo a la población de una zona rural que es el pueblo de San Lorenzo Acopilco y posteriormente a la población de una zona urbana como es Santa Fe.

Cabe descartar que no existen estudios muy detallados sobre los casos de estudio de Cuajimalpa —Santa Fe y San lorenzo Acopilco— en la urbanización, en los censos.

[1] Por ende, la importancia del concepto de gentrificación para analizar la interacción de los espacio rurales y urbanos —que después nombraremos y definiremos como rururbanos—. La gentrificación es definida por Clark (2005) como la reorganización espacial de áreas urbanas, lo que comprende el traslado de los residentes de bajos ingresos que habían vivido en estos espacios. Igualmente (Cruz, 2008, p. 155) menciona a la gentrificación como el proceso de la modificarlos territorios habitados como lugares urbanos, rurales y rururbanos por personas de poder adquisitivo bajo o medio y que han sido conseguido por habitantes de poder adquisitivo medio y altos, lo que implica distintas características sociales y culturales.

Esta situación está sucediendo en Acopilco lo que ha generado un cambio en el ingreso económico de sus habitantes, como construir departamentos o habitaciones para renta, lo que crea una reestructuración en todo el pueblo originario, debido a que la construcción de grandes centros comerciales, de edificios corporativos y residenciales de alto nivel de Santa Fe, se impuso al poblamiento tradicional y a la herencia territorial de los pueblos originarios como es el caso de San Lorenzo Acopilco. De ahí que el termino de gentrificación puede ser los cambios del paisaje, así como el aumento de valor de las tierra y propiedades que genera el desplazamiento o empobrecimiento de los residentes originales de la población rural (Cabrerizo, 2016).

[2] De acuerdo con el documento llamado Revive Cuajimalpa de Morelos 2009-2012 (2020, p. 7) la Delegación tiene una superficie territorial de 8,177.6 hectáreas, lo que representa el 5.5% de la superficie del Distrito Federal. El 80.0% de la superficie de esta demarcación es suelo de conservación (rural) y el resto corresponde a la zona urbana

[3] Cuajimalpa de Morelos tuvo en el año 2020 217,686 habitantes, de los cuales 52.3% mujeres y 47.8% hombres. Los grupos de edad más importantes fueron 25 a 29 años (18,450 habitantes), 20 a 24 años (18,294 habitantes) y 30 a 34 años (18,156 habitantes), lo que concentro el 25.2% de la población total (Gobierno de México, 2020a).

[4] Cruz Rodríguez & Moreno Flores (2007, p. 65) añaden que “la colonia residencial, se caracteriza por participación de agentes inmobiliarios privados, sus lotes son mayores de 300 metros cuadrados, las obras de urbanización son de buena calidad y sus equipamientos urbanos son de tipo recreativo y cultural para el uso exclusivo de los habitantes de estas colonias”.

[5] Según Cruz Rodríguez (2019, p. 67) “la colonia popular es aquella que se ha producido por diversas modalidades de poblamiento popular como la invasión, la venta fraudulenta de lotes urbanos, la urbanización de tierras ejidales, y en donde las viviendas se realizan a partir de un proceso mixto de autoconstrucción y contratación de trabajadores”.

[6] Los pueblos conurbados son “pueblos y áreas herederos de antiguas tradiciones culturales que reivindican derechos de posesión sobre determinadas porciones de tierra y que forman parte del área urbana continua” (Cruz Rodríguez, 2019, p. 67).

[7] Los pueblos no conurbados “tienen las mismas características de los pueblos conurbados, pero que todavía no forma parte del área urbana continua” (Cruz Rodríguez & Moreno Flores, 2007, p. 65).

[8] Ósea que el 24.6% no está afiliada a ningún servicio de salud, es posible que este porcentaje de la población se encuentre en los pueblos de la alcandía.

[9] (Nates Cruz, 2008, p. 256) define a la gentrificación rururbana con ciertas características como son la compraventa de terrenos, casas por medio de grupos inmobiliarios o de los particulares. Lo cual provoca un desplazamiento de la población de las áreas centrales a las periferias, por el aumento de la población de grupos de mayor poder adquisitivo

[10] Gentrificación rururbana es la ocupación por parte de los sectores con alto poder adquisitivo de los poblados urbano-rurales que cuentan con terrenos disponibles en sus periferias y que no generan el desplazamiento poblacional ni de las practicas o cultura, sino más bien una segregación y estigmatización de la población originaria(Nates Cruz, 2008, p. 256) 

[11] Según Sereno et al. (2010, p. 43) lo rururbano es la franja externa del periurbano, frontera donde se combinan dos ambientes cuyos pobladores poseen idiosincrasia, forma de vida e intereses particulares y disímiles, si bien sus espacios de vida y referentes espaciales son comunes, pues están signados por la convivencia.

Conclusiones:

La finalidad de este trabajo es doble, por un lado, acercar la literatura sobre gestión de crisis y políticas públicas, y por el otro, conocer cómo se ha formado el campo de la salud y en específico de la salud mental excluyendo la perspectiva de la mujer. Además, los estudios de género han presentado cambios en los temas referentes a la biomedicina y la salud de las mujeres. Muchos de los diagnósticos son desde una perspectiva patriarcal, el cual ha colocado la salud de la mujer en una situación vulnerable. Es necesario relacionar en las investigaciones y campo salud mental lo normal y lo patológico, dado que es una construcción de variables como la sociedad, la cultura, la clase, el género y la raza.

Diversas investigaciones han reportado que las mujeres fueron la más propensas a presentar ansiedad y depresión debido a aspectos como la carga de trabajo, el cuidado de hijos, el trabajo en casa, y los roles asignados al género. Es importante visibilizar la falta de políticas y la poca investigación en torno a la salud mental de las mujeres. Tal y como lo comenta “la inequidad de género, que conlleva discriminación y violencia, también permea las instituciones dedicadas a atender la salud mental. Nuestro desafío debe incluir abordar también a los hombres en su condición de género y proponer recomendaciones para la formulación de políticas públicas” (Ramos-Lira, 2014, p. 281).

Una de las propuestas planteadas es:

Revisar y establecer políticas públicas que tengan una perspectiva género y de contención de crisis para situaciones fuera de lo común como lo fue la pandemia.Replantearse los esquemas tradicionales de género que ha plantado lo sano, lo no sano —lo que ha propiciado que se catalogue a la mujer como no sana y al hombre como lo sano—.Las consecuencias por el no tomar las medidas pertinentes previo a la pandemia en la cuestión de salud y salud mental. Ha ocasionado que aumente las demandas al sistema de salud mental, por lo que hay que tomar en cuenta en el campo sanitario público las nuevas problemáticas, así como la producción de herramientas de trabajo para dar respuestas eficientes a los problemas de salud que suscitaron y que van a suceder en un futuro próximo.

De esta forma, con la presente investigación se esperan abrir líneas de investigación importantes sobre gestión de crisis y políticas públicas de salud mental en contextos de incertidumbre y crisis tal y como lo fue la pandemia de COVID-19 en México

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Palabras clave:

Gestión de crisis, políticas publicas, COVID-19, pandemia, género, salud mental, rural, urbana, CDMX, México, mujeres

Resumen de la Ponencia:

O caso do Brasil como um dos países em que mais se morreu por Covid-19 na América Latina traz o desafio de entendermos a gestão da crise sanitária realizada pelo Governo Bolsonaro. Desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil, uma miríade de trabalhos e pesquisas evidenciam o negacionismo do governo como uma forma de disseminar o Sars-Cov-2 e promover uma suposta imunidade de rebanho na população brasileira. A contribuição desses trabalhos lança luz para avançarmos na discussão sobre os reais interesses associados às práticas do governo Bolsonaro, não desconsiderando o aspecto do negacionismo, mas nos estimulando no aprofundamento da reflexão em torno do caráter desse governo e a dicotomia promovida por ele, desde o início da pandemia, entre Saúde e Economia. Nesse sentido, partimos da hipótese no presente trabalho que tal separação é derivada da própria forma de sociabilidade capitalista, que trata a saúde como uma forma-mercadoria. Dessa forma, a partir dessas considerações, objetivamos com o presente trabalho fazer uma reflexão em torno da da gestão da crise sanitária de Covid-19 no Brasil realizada pelo governo Bolsonaro. Para o alcance desse objetivo fazemos uso das elaborações teóricas acerca do Estado capitalista de autores como o jurista soviético Evguiéni Bronislávovitch Pachukanis na obra Teoria Geral do Direito; do Cientista Político alemão Joachim Hirsch com a obra Teoria Materialista do Estado; e pelas contribuição ao entendimento da Teoria da Derivação nas elaborações do sociólogo irlandês John Holloway na obra State and Capital: A Marxist Debate, bem como pelo sociólogo britânico Simon Clarke na obra  The State Debate. Como resultados preliminares de nossa análise entendemos que o governo Bolsonaro ao buscar realizar a dicotomia entre Economia e Saúde, esteve orientado para o atendimento da reprodução da forma-mercadoria inerente à sociabilidade capitalista. Por se tratar de um governo de extrema-direita, também buscou aporte numa base social que se identificou com suas propostas, colocando dentro do pacto federativo brasileiro a responsabilidade pela crise sanitária nos governos estaduais e municipais.  A esse modo, em que pese a concretude das ações do governo Bolsonaro e seu negacionismo, é preciso que se avance nas discussões sobre seus elementos concretos para além da institucionalidade, de modo que o debate acerca da derivação do Estado, em nossa interpretação, pode jogar luz ao aprofundamento dessa questão, que poderá ser explorada em futuras pesquisas.  

Resumen de la Ponencia:

O resumo, fruto de pesquisa bibliográfica, discute os ataques a gestão da política de assistência social no Brasil no contexto da pandemia da Covid-19. Constitui-se como parte de pesquisas em andamento que analisam os rebatimentos da crise contemporânea do capital e do ataque aos direitos à gestão da política da assistência social e as condições de trabalho do assistente social, trabalhador desta política no contexto da pandemia. O percurso metodológico dos estudos apontam que a natureza da atual crise do capital, em sua essência não é diferente de outras que se abateram sobre o sistema capitalista, marcadas pelos traços constitutivos do estágio imperialista. Não existe capitalismo sem crise, pois elas fazem parte da dinâmica capitalista; e, são resultados da natureza contraditória do desenvolvimento capitalista, que ao potencializar seu processo de reprodução ampliada, reproduz fatores que expõem suas contradições e acionam crises (BRAZ, 2012). Com o avanço do neoliberalismo nos anos 1970 (no Brasil, mais especificamente em 1990), a realidade brasileira tem evidenciado ataque as minorias, a classe trabalhadora, aos direitos fundamentais e trabalhistas (BEHRING, 2021). É com esse objetivo que desde 2016 uma série de ações, manobras e movimentações políticas ocasionam o agravamento das condições de exploração e expropriação trabalhista. No Brasil, estas manobras iniciaram-se com o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e se consubstanciam no atual governo respaldadas por uma série de contrarreformas que atingem e precarizam os direitos trabalhistas, congelam verbas públicas e reduzem o financiamento das políticas sociais. Os ataques às políticas de Seguridade Social têm sido sistemáticos, pois são vistas como obstáculo ao desenvolvimento e crescimento econômico. Nesse viés, o governo Bolsonaro instituiu medidas de ajuda econômica à banqueiros e empresários e de flexibilização das relações trabalhistas que impactaram nas recentes mudanças no mundo do trabalho que assolam a classe trabalhadora, dentre elas, do assistente social, independente do espaço profissional. Ainda, no percurso dos estudos, discute-se o agravamento deste cenário associado ao contexto da pandemia que assolou o mundo, ampliou a busca pelo atendimento das políticas sociais públicas, ao passo que intensificou as expressões da questão social e redesenhou as relações sociais e de trabalho. Assim, torna-se relevante o debate sobre os temas, entendendo que a crise sanitária, política e econômica no contexto de pandemia têm evidenciado as mais profundas contradições da sociabilidade capitalista; que o papel desempenhado pelo governo atual confirma que suas estratégias estão vinculadas a um plano voltado para os interesses do capital, constituído por meio de contrarreformas e ajustes no âmbito das políticas e direitos sociais, que atacam diretamente os direitos à gestão da política da assistência social, os direitos do trabalho e precarizam as condições de trabalho dos trabalhadores desta política, dentre eles, o assistente social.

Resumen de la Ponencia:

La importancia de los litorales con que cuenta México le permiten conectarse con todo el mundo, contexto en el cual los puertos desempeñan un papel fundamental en la economía del país. Aquí se hace referencia a dos ciudades puerto, Acapulco turístico y Lázaro Cárdenas comercial - industrial, ambos en el litoral del Pacífico Mexicano. En ellos el bienestar social de la población durante la década de 2010 muestra características disimiles por las actividades económicas que registran, situación que explica la resiliencia para enfrentar el Covid19. Cabe señalar que los puertos del país durante la restricción social por la pandemia no cerraron, ya que forman parte de la cadena de suministros para lograr el desarrollo de México; asimismo, fue necesario para contener afectaciones a la población implementar acciones y evitar el ingreso del virus por los puertos. Si bien en ambos casos las circunstancias difieren notablemente, coinciden en que existen características socioeconómicas en ámbitos internos que reflejan desigualdad, puede decirse que existen dos ciudades dentro de una misma.  A partir de ello el objetivo del trabajo es proporcionar los niveles de bienestar social que presentan para detectar grupos de alto riesgo en diversos sectores de cada localidad; estos se obtuvieron a través de la aplicación de la herramienta metodológica multivariada Valor Índice Medio (VIM), de orden mixto, que coadyuva a clasificar unidades territoriales con información de diversos indicadores y obtener resultados de semejanza para lograr una clasificación y modelar un patrón espacial que conlleva la articulación de procesos sistemáticos, empíricos y críticos que implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, su integración y discusión conjunta.  Los resultados muestran un contexto que se manifiesta en espacios social y económicamente contrastantes, con segregación y deficiencias sociales y económicas, en servicios e infraestructura, que proviene de situaciones profundas y complejas, por el impulso a las actividades terciarias y el rezago de otras. Se revelan las afectaciones por el ingreso del COVID19 y las acciones para detenerlo por parte de las autoridades portuarias y gubernamentales, se exponen los grupos humanos de alto riesgo a través de los niveles de bienestar social, a continuación, se muestra el escenario espacial.  Se concluye que la problemática que han enfrentado estas ciudades ante la pandemia, constituye un desafío por falta de protocolos, ya que el aislamiento, la educación virtual, el decremento de empleos, el cierre de espacios públicos entre otros y los niveles de bienestar social deficientes, reflejan condiciones inadecuadas en la resiliencia de la población para enfrentar la pandemia, que se han ido acumulando en el acontecer de la década de 2010 con precarias condiciones, son elementos explicativos del comportamiento con que se afrontó la pandemia e imprescindibles como base en el análisis postpandemia.   

Resumen de la Ponencia:

La importancia de los litorales con que cuenta México le permiten conectarse con todo el mundo, contexto en el cual los puertos desempeñan un papel básico para la economía del país. Aquí se hace referencia a dos ciudades puerto, Acapulco turístico y Lázaro Cárdenas comercial industrial, ambos en el litoral del Pacífico Mexicano. En ellos el bienestar social de la población durante la década de 2010 muestra características disimiles por las actividades económicas que registran, situación que explica la resiliencia para enfrentar el Covid19. Cabe señalar que los puertos del país durante la restricción social por la pandemia no cerraron, ya que forman parte de la cadena de suministros para lograr el desarrollo de México; asimismo, fue necesario para contener afectaciones a la población implementar acciones y evitar el ingreso del virus por los puertos. Si bien en ambos casos las circunstancias difieren notablemente, coinciden en que existen características socioeconómicas en ámbitos internos que reflejan desigualdad, puede decirse que existen dos ciudades dentro de una misma.  A partir de ello el objetivo del trabajo es proporcionar los niveles de bienestar social que presentan para detectar grupos de alto riesgo en diversos sectores de cada localidad; estos se obtuvieron a través de la aplicación de la herramienta metodológica multivariada Valor Índice Medio (VIM), de orden mixto,que coadyuva a clasificar unidades territoriales con información de diversos indicadores y obtener resultados de semejanza para lograr una clasificación y modelar un patrón espacial que conlleva la articulación de procesos sistemáticos, empíricos y críticos que implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, su integración y discusión conjunta.  Los resultados muestran un contexto que se manifiesta en espacios social y económicamente contrastantes, con segregación y deficiencias sociales y económicas, en servicios e infraestructura, que proviene de situaciones profundas y complejas, por el impulso a las actividades terciarias y el rezago de otras. Se revelan las afectaciones por el ingreso del COVID19 y las acciones para detenerlo por parte de las autoridades portuarias y gubernamentales, se exponen los grupos humanos de alto riesgo a través de los niveles de bienestar social, a continuación, se muestra el escenario espacial.  Se concluye que la problemática que han enfrentado estas ciudades ante la pandemia, constituye un desafío por falta de protocolos, ya que el aislamiento, la educación virtual, el decremento de empleos, el cierre de espacios públicos entre otros y los niveles de bienestar social deficientes, reflejan condiciones inadecuadas en la resiliencia de la población para enfrentar la pandemia, que se han ido acumulando en el acontecer de la década de 2010 con precarias condiciones, constituyen elementos explicativos del comportamiento con que se afrontó la pandemia e imprescindibles como base en el análisis postpandemia. 

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia se propone discutir la situación de los derechos humanos en las instituciones públicas de salud de México en el contexto de la pandemia de SARS-CoV-2. Para ello, se analizan los Informes de actividades y las principales recomendaciones que efectuó la CNDH en 2020 y 2021 en materia de salud. En el Informe de actividades de 2020, la CNDH señaló que “una de las lecciones de la pandemia es la urgencia para invertir en servicios de atención médica y protección social para los sectores más vulnerables” (2020: 17). Para eso año, las quejas que hacían mención a problemas surgidos en el marco de la pandemia aumentaron significativamente; las denuncias apuntaron contra la mala atención médica en hospitales y demás centros de salud, la discriminación laboral, la discriminación por haberse contagiado de COVID-19, las diversas agresiones que sufrió el personal de salud, la falta de medicamentos para la atención de los y las contagiadas y la demora en la entrega de los cuerpos de los fallecidos a causa del COVID-19 (CNDH, 2020: 51). En 2021, la situación no cambió: entre los hechos más frecuentemente señalados como presuntas violaciones a los derechos humanos se encuentra la omisión de prestar atención médica a la población que habita en México, que se ubica en el cuarto lugar de la lista de esos casos (1,268) (CNDH, 2021: 21). Entre las recomendaciones que realizó la CNDH en el mismo año por hechos violatorios, la negligencia medica se lleva el mayor número de ellas (55), y la autoridad que más recomendaciones recibió fue el Instituto Mexicano del Seguro Social (44) (CNDH, 2020: 22-23). Cabe mencionar que esta última es la institución federal que tiene más recomendaciones en trámite (132). Estas recomendaciones tienen un fundamento: en 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social fue la autoridad mexicana más denunciada en los expedientes que recibió la Comisión por presuntas violaciones a los derechos humanos con 2,704 quejas, seguido por debajo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con 1,482 denuncias. Como puede verse, algunas de las instituciones de salud más importantes de México que se encargan de proteger la vida de la población fueron en 2020 y 2021 unas de las más denunciadas por presuntas violaciones a los derechos humanos. La ponencia se propone abordar –desde un enfoque biopolítico– las siguientes cuestiones: ¿Qué implica esta contradicción entre protección y vulneración de la vida? ¿Qué hace que quienes deben proteger la vida se conviertan en presuntos violadores a los derechos humanos?  

Resumen de la Ponencia:

Introducción: Los riesgos psicosociales laborales (RPSL) se han convertido en un problema de salud pública debido a sus múltiples consecuencias para las personas (estrés laboral), organizaciones (baja productividad) y sociedad (prestaciones médicas y económicas). En el contexto actual de crisis sanitaria y del trabajo producto del COVID-19, donde la microempresa ha surgido como alternativa para la generación de ingresos, especialmente para mujeres y grupos en condiciones de vulnerabilidad, la adecuada gestión de los RPSL, emerge como una medida de urgencia que debe acompañar otras iniciativas para apoyar a las microempresas. Por lo anterior, es de especial importancia contar con más y mejores datos sobre la prevalencia y tipos de RPSL que afectan a este segmento, junto con las estrategias para prevenirlos.Objetivo: 1) Caracterizar los riesgos psicosociales laborales en las microempresas chilenas 2) identificar factores protectores y medidas para gestionar los riesgos psicosociales laborales.Metodología: La estrategia metodológica integró métodos cuantitativos y cualitativos. El terreno cuantitativo consistió en una encuesta online sobre RPSL a 130 dueños/as de microempresas chilenas. En tanto, el terreno cualitativo estuvo conformado por 17 entrevistas online (dueños/as, trabajadores/as de microempresas, asociaciones de microempresas y expertos/as en RPSL) y 4 grupos focales online (1 de trabajadores/as y los restantes de dueños/as de microempresas).Resultados: La caracterización de los RPSL reveló que gran parte de estos se experimentaron en un nivel bajo en las microempresas, transformándose en factores protectores. No obstante, algunos de estos riesgos fueron detectados en niveles altos y medios en algunos grupos. En el caso de los dueños/as de microempresas, la encuesta mostró que están constantemente expuestos a altas demandas psicológicas, mientras que en el caso de los trabajadores/as,  se vieron afectados principalmente por doble presencia y calidad de liderazgo. En relación a las estrategias para gestionar los RPSL, los datos mostraron que más que estrategias, las microempresas primariamente levantan medidas para mejorar su funcionamiento, las cuales de forma secundaria mitigan RPSL. Entre las medidas reportadas se encuentran: redes de apoyo externas e internas, aprendizaje formal e informal, planificación del tiempo y procesos, y espacios de goce y descanso. Conclusiones: EL presente trabajo reveló la falta de información, estudios e intervenciones sobre los RPSL en microempresas, así como también de las dificultades que implica levantar datos en este segmento debido a su alto dinamismo y dispersión. Futuras investigaciones debiesen profundizar en el mejoramiento de la vigilancia de RPSL en microempresas, el desarrollo de lineamientos y programas preventivos adaptados a la microempresa, así como también la formación adecuada de asesoras/es de RPSL sobre este tema.

Resumen de la Ponencia:

El nuevo SARS-CoV-2 o COVID-19, fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como causante de pandemia en marzo de 2020. En este contexto, tuvo lugar una acelerada multiplicación de personas enfermas e índices inusitados de mortalidad en todo el mundo, devino también la urgencia de asistencia médica especializada y consiguiente preparación de las instituciones y profesionales de salud.No sólo se trató de una crisis para la salud pública, sino que afectó a la población en múltiples facetas, especialmente en lo social. La economía mundial atraviesa desde entonces una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes en el último siglo y que evoluciona continuamente. En consecuencia, las medidas asumidas por los distintos países requirieron un enfoque pangubernamental y pansocial, privilegiando una estrategia integral focalizada en salvar vidas y reducir las consecuencias sociales de la pandemia.En Argentina, entre las principales medidas para contención de la pandemia y minimización de la sobrecarga de los servicios de salud se instrumentó la mitigación alternativa (combinación de aislamiento de casos, cuarentena domiciliaria y distanciamiento social de la población).Desde el proyecto PISAC-COVID-19-00014 (financiado y acreditado por la Agencia Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación) denominado “Heterogeneidad estructural y desigualdades persistentes en Argentina 2020-2021: análisis de las reconfiguraciones provocadas por la pandemia covid19”, se emprendió un estudio sobre las condiciones, trayectorias y estrategias sociolaborales de grupos/segmentos ocupacionales en sectores específicos, como así también las estrategias de reproducción que combinan las esferas de la producción económica y la reproducción social (trabajo doméstico-comunitario y de cuidados).En este marco, se estableció un nodo de investigación en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) que focalizó el estudio, entre otros, en un sector laboral muy particular de la población: los y las trabajadoras de la carrera de enfermería que integran el cuerpo de docentes de la institución. La selección de este sector ocupacional como objeto de indagación resulta de interés en tanto se desempeñaron simultáneamente como docentes universitarios y evidenciaron cambios rotundos en sus prácticas y espacios laborales así como su relación con los grupos de estudiantes y, por otro lado, en muchos casos integraron también equipos multiprofesionales de salud, que se configuraron como una fuerza de respuesta fundamental para las diferentes unidades de salud de provincia dada la situación actual. Para el estudio se contemplaron dos situaciones que establecen momentos claramente diferenciados: la pre-pandemia y la pandemia. En ambos casos, del universo de población objetivo se seleccionó una muestra para el relevamiento de información. La metodología fue de tipo cualitativa, aplicándose entrevistas en profundidad que abordaron dimensiones tales como trabajo productivo, accesos y uso de las TIC, trabajo reproductivo y acceso a planes y programas sociales.

Resumen de la Ponencia:

Entre las aportaciones más relevantes de la geógrafa inglesa Doreen Massey se encuentran las reflexiones que realizó sobre el espacio y que desarrolló paralelamente junto con su propuesta de las geometrías del poder (2005). Esta representa una formulación epistemológica de largo alcance que actualmente se ha convertido en un referente fundamental, no sólo para la geografía, sino para las ciencias sociales en general, pues permite explicar algunos procesos que se encuentran en pleno desarrollo, tales como la pandemia de Covid-19. La intención de esta ponencia es mostrar la vigencia y dinamismo de sus planteamientos, para lo cual se aborda de manera particular el mecanismo COVAX (Acceso Mundial a Vacunas contra Covid-19) creado por la OMS en abril de 2020. En principio se muestra que desde las geometrías del poder la pandemia puede explicarse como el resultado de la convergencia de las múltiples trayectorias que se despliegan a diferentes escalas geográficas, desde lo global a lo local, si bien, sus efectos se catalizan o eclosionan de manera diferenciada, en tanto se encuentran inmersos en un entramado de relaciones de poder que se extienden necesariamente más allá de lo local. Así, esta crisis ha puesto en evidencia las desigualdades globales (sobre todo en los sistemas sanitarios), pero también ha dejado ver una serie de problemáticas que se conectan entre sí y que saltan constantemente de escala vinculando lo micro y lo macro, entrelazando las distintas geografías, tanto nacionales como continentales, en una trama de interdependencias. El desarrollo y alcance que la pandemia ha tenido hasta ahora ha dejado claro que, en este entramado de influencias, intercambios y exclusiones, no todas las naciones tienen, -ni han tenido- la misma responsabilidad. La geopolítica de las vacunas y el mecanismo COVAX son un buen ejemplo de ello. Al final, el manejo y control que se ha dado por parte de los países mejor posicionados no sólo ha aumentado los desequilibrios y las desigualdades entre regiones, sino que la distribución inequitativa ha incrementado el riesgo de la aparición de nuevas variantes. De acuerdo con la plataforma Our World in Data de la Universidad de Oxford, a dos años del inicio de la pandemia, aún existen naciones que cuentan con menos del 2.0 % de su población inmunizada, tales como Haití o algunos países de África como Chad o Burundi, en tanto otras, como Emiratos Árabes, Portugal o Chile, tienen arriba del 90 % de su población con el esquema completo. Por ello, se concluye junto con Massey, que en esta intensidad de flujos globales que ha supuesto la propagación del virus: “no todo el mundo está posicionado del mismo modo: unos pocos controlan el proceso, algunos más hablan de ello, y otros muchos sufren sus consecuencias” (Massey, 2012).

Resumen de la Ponencia:

Introducción: La pandemia COVID-19 da cuenta de una emergencia de salud pública con impactos multidimensionales inmediatos y en el largo plazo (UNICEF, 2020), conlleva riesgos y efectos particulares. Es evidente la fragilidad de los sistemas y servicios de salud a nivel mundial, esto provocó una sobrecarga de los hospitales (Mendoza y Suárez, 2020) y por ende del personal de enfermería a cargo de brindar cuidados especiales, acentuando estresores bajo condiciones laborales precarias a causa del ambiente de trabajo y factores de carga. Así el personal de enfermería se vio obligado a manejar estrategias de afrontamiento como agentes de fuerza de trabajo y respondientes de las necesidades de los sistemas de salud. El personal de salud, comprometido de forma total en el enfrentamiento de este problema de salud pública, sufre un alto impacto emocional, al enfrentarse a situaciones complejas y estresantes, que retan los mecanismos de regulación emocional y capacidad de adaptación a la vida cotidiana del personal de salud para mantener un estado de salud mental óptimo (OMS, 2020). Tovalín y Rodríguez (2011) el área de tareas y actividades están relacionadas con  riesgos psicosociales como: cargas de trabajo excesivas, autonomía laboral deficiente, ritmo de trabajo apresurado, exigencias excesivas de desempeño, actividades laborales múltiples, rutina de trabajo excesivo, competencia excesiva, desleal o destructiva, trabajo monótono o rutinario y poca satisfacción laboral.  Así mismo, se retoma el término afrontamiento de Lazarus y Folkman, (1984) vinculándolo a la cognición, con la diferenciación entre un número de procesos que las personas usan para manejar relaciones problemáticas. El afrontamiento centrado en el problema busca definir el problema y encontrar soluciones alternativas; incluye actitudes de lucha, superación de problemas, búsqueda de información y apoyo social. Finalmente, el afrontamiento centrado en las emociones intenta regular la respuesta emocional que surge como consecuencia de la situación estresante; actitudes de aceptación, resignación, conductas de distracción (como beber, fumar, comer, etc.), la expresión o la inhibición en los sentimientos que desencadena el estresor, la represión, la culta, rendirse, entre otros. Objetivo: Analizar las estrategias de afrontamiento y la experiencia de los profesionales de enfermería ante la pandemica COVID-19. Método: Consiste en una investigación descriptiva-exploratoria con enfoque cualitativo, aplicado en el profesional de enfermería que dieron atención a pacientes COVID-19 en los hospitales de Querétaro, mediante el método explicativo secuencial mixto (Cresswell, 2014); se aplicará entrevista semiestructurada mediante la metodología fenomenológica, haciendo un análisis de la percepción de las condiciones  laborales (físicas, medioambientales y organizativas). Importancia: Permitirá información relevante para contribuir en la planeación de políticas laborales en los sistemas de salud como estrategia de futuras pandemias, así como fortalecer las líneas de investigación y desarrollo científico para la resolución de problemática asociada a fenómenos estresores en los sistemas de salud. 

Resumen de la Ponencia:

O modo de apropriação, produção e organização da vida, produz implicações na ciência moderna, técnica e tecnologia e consequentemente afeta a organização do setor saúde (em seu modelo biomédico) tanto a nível global, quanto regional e nacional. Adicionalmente, o capitalismo dependente afeta a dinâmica geopolítica do poder e conhecimento, portanto também afeta as regras sobre a questão da transparência e o poder e influencia das partes interessadas sobre determinadas tecnologias em saúde (tais como produtos farmacêuticos, equipamentos e dispositivos médicos). As especificidades históricas, econômicas e a estrutura do Estado determinam, com autonomia relativa, a geopolítica do poder e a questão da transparência no Complexo Médico Industrial Financeiro. A indústria da saúde tem prometido progresso mais rápido, custos mais baixos e cuidados de saúde com precisão, autogerenciamento da saúde individual, rastreamento da adesão ao tratamento, maior fidelização do paciente, complicações reduzidas, melhor tomada de decisão clínica e melhores desfechos de saúde – não necessariamente mais acesso – por meio de bancos de dados massivos (genoma de pacientes, tumores, patógenos; dados pessoais de saúde e do cotidiano), vigilância ativa em saúde e inteligência de futuro. Junto a isso, adiciona-se, estratégias de intimidação bilateral e conflitos de interesse. Nesse contexto, esquemas de preços baseados em valor, prevenção baseada em valor têm sido implementados cada vez mais. Nesse contexto, é preciso uma crítica acerca das seguintes questões: Até que ponto exigir maior transparência realmente faz a diferença? Até que ponto iniciativas implementadas para maior transparência sobre tecnologias da saúde mudaram o cenário ou apenas deram um verniz tecnicista de credibilidade, gestão de risco ou responsabilidade social/accountability? Qual a natureza política e exercício de poder destas relações de transparência? Como interesses, ideologias, valores culturais e institucionais influenciam a questão da transparência? Quais os benefícios que a transparência pode gerar como retroalimentação de monopólios, por meio de dados abertos? Nesse contexto, a transparência de dados, regras, informações sobre tecnologias para saúde precisa ser debatida e demandada pela sociedade, academia e também no setor público e privado como uma importante variável no acesso a tecnologias de saúde, especialmente em meio às tecnologias para saúde, em especial as relacionadas ao Covid-19. A emergência sanitária de Covid-19 desvelou o agravamento da dependência, subordinação financeira; aprofundamento da agenda neoliberal e ascensão de governos e autoritários e movimentos conservadores. Também desvelou opacidade de dados, regras, informações e evidências no campo da ciência, tecnologia e inovação foi componente importante do chamado monopólio intelectual orientado por dados, no qual maximiza formas de acumulação por meio de sigilo (e direitos de propriedade industrial) e aprofunda a reprodução de iniquidade. Transparência por si só, pode ser apenas um falso horizonte, no qual a equidade nos cuidados em saúde não é objeto de alcance.

Resumen de la Ponencia:

Asumiendo la interdependencia entre los derechos humanos en general y particularmente entre el derecho a la salud y a la información, en la presente ponencia se analizarán las tensiones suscitadas entre el derecho a la información y el derecho a la salud derivadas de la estrategia comunicacional desarrollada por el gobierno de la provincia de Río Negro  en el norte de la Patagonia argentina  en el contexto de la  pandemia por COVID-19. El análisis de los discursos brindados por las autoridades provinciales, la secuencia de aperturas de diversas actividades que se fueron dando en el período bajo estudio y la información  otorgada en los partes diarios entre abril de 2020 y  abril de 2021  será puesto en diálogo  con   las percepciones de trabajadorxs de distintos equipos de salud.  Tal reconstrucción permitirá visibilizar de qué modo las estrategias comunicativas provinciales configuraron un horizonte de comprensión  en el que el retaceo de recursos interpretativos colectivos impactó  en las condiciones para el ejercicio del derecho a la salud de la ciudadanía rionegrina, al tiempo que delineó las  condiciones de trabajo  de lxs equipos de salud.

Introducción:

Introducción

El acceso a la información forma parte de una de las dimensiones del derecho a la salud (Observación General N°14), dicha dimensión comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de cuestiones relacionadas con la salud, sin que ello implique obviamente el menoscabo del derecho de que los datos personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad. 

Por su parte, el derecho a la información involucra dos aspectos complementarios e interdependientes: i) el derecho a expresarse libremente y, de este modo, brindar información y, ii) el derecho a ser informadxs, involucrando entonces, tanto la libertad de expresar ideas como la de ser receptores de ellas. (Pautassi 2013). 

En lo que sigue, se analizará de qué modos ambas dimensiones del derecho a la información entraron en tensión en la gestión de la comunicación en el contexto de la pandemia en Bariloche, provincia de Río Negro. 

La estrategia metodológica adoptada deriva del esquema elaborado preliminarmente por la Comisión de Trabajo creada en el marco del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), continuada luego por el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador (OEA, 1988) y por el mecanismo de seguimiento de Belem do Para (OEA, 2004). Dicho esquema consta de distintos tipos de indicadores: los estructurales, de proceso, de resultado y las llamadas “señales de progreso cualitativas”. Los indicadores estructurales manifiestan la ratificación de instrumentos jurídicos y la existencia de mecanismos institucionales necesarios para facilitar la realización de los derechos; los indicadores de proceso aluden a las medidas de los programas públicos e intervenciones que se requieren para realizar los derechos humanos y los indicadores de resultado dan cuenta del estado de realización de un determinado derecho humano. Finalmente, las llamadas “señales de progreso cualitativas” remiten a percepciones de los actores respecto del cumplimiento de sus derechos.[i]

En este marco, el artículo se estructurará del siguiente modo: en principio se reconstruirá brevemente el contenido de la Ley Nacional 27275 y la Ley Provincial 1829 consideradas como indicadores estructurales, en tanto brindan el contexto para el ejercicio del derecho de acceso a la información. Las mismas serán puestas en diálogo con las percepciones de trabajadorxs del Hospital Zonal Ramón Carrillo y de distintos Centros de Salud del primer nivel de atención, que surgen de entrevistas entendidas como señales de progreso cualitativas. 

Tal reconstrucción permitirá visibilizar de qué modo las estrategias comunicativas provinciales configuraron condiciones para el ejercicio del derecho a la salud de la ciudadanía barilochense, al tiempo que delinearon las condiciones de trabajo de lxs equipos de salud.

 

[i] El presente artículo se inscribe en el proceso del proyecto de investigación “Democracia, Derechos y Desigualdades. Evaluación del alcance de la ciudadanía en la provincia de Río Negro” PICT- Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica dirigido por la Dra. Soledad A. Pérez.   (FONCYT Res. Nº 15/2021)

 

 

Desarrollo:

El derecho de acceso a la información pública

El derecho de acceso a la información pública está amparado por la Constitución Nacional, tratados internacionales, y regulado a nivel nacional por la Ley 27.275. Esta última se encuentra fundada en los principios de presunción de publicidad, transparencia, máxima divulgación y máximo acceso. Esto implica en primer lugar, que toda informaicón en poder del Estado se presume pública, en segundo términoque toda la informaicón en poder o bajo custodia o control de los distintas dependencias estatales debe ser accesible a todas las personas y en tercer lugar, que la información debe publicarse de manera completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de canales disponibles. (Art. 1- Ley 27.275)[1]

 

En esta línea, el derecho de acceso a la información pública involucra la posibilidad de solicitar, buscar, acceder, recibir, analizar, procesar y redistribuir información bajo los “sujetos obligados”, es decir, organismos publicos mencionados en el artículo 7 de la ley 27275. En síntesis, se trata del derecho de acceder a datos generados, producidos, controlados o bajo resguardo de organismos estatales.

Así las cosas, el derecho a recibir información puede ser ejercido por las ciudadanas y los ciudadanos en dos formas: a) asumiendo una conducta activa, buscando información, investigando, procurando el acceso a las fuentes de información públicas o privadas o bien b) constituyéndose como sujeto pasivo, con derecho a recibir información de quienes informan u opinan, eligiendo libremente los datos e ideas que le interesen. 

En virtud del sistema federal, cada provincia dispone de la facultad de dictar su propia normativa para regular el ejercicio de este derecho dentro de su jurisdicción. En la provincia de Río Negro la normativa existente en la materia se encuentra en los artículos 4 y 26 de la Constitución Provincial y en la ley N°1829 sancionada en 1984 y reglamentada a través del decreto 1028 en 2004. 

Tal como sostiene Manuel (2022): “La Ley Provincial B 1829 es una ley de vanguardia en la Provincia de Río Negro, siendo en 1984 una de las primeras provincias en legislar respecto del derecho de acceso a la información pública y la transparencia en las actuaciones del Estado. Para entender el contexto en que esta ley fue creada, es dable recordar que su sanción es previa o paralela a la creación de leyes sobre acceso a la información pública en el ámbito interamericano. Esta ley significó un avance revolucionario del régimen democrático provincial, garantizando a todos los ciudadanos la posibilidad de pedir información que se encontrara en poder del Estado, y adoptando criterios amplios del derecho, de los sujetos activos y pasivos, mecanismos de apelación y de responsabilidad para aquellas entidades públicas que no cumplieran con la solicitud de información por parte de los ciudadanos, entre otros.” (Manuel, 2022:4)

Según se desprende del artículo 26 de la Constitución Provincial “Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho del libre acceso a las fuentes públicas de información”, sin embargo, como se verá, en el marco de la pandemia,  se registró una brecha entre la letra del derecho y el modo en que éste fue ejercible, de ahí, el interés en reconstruir y dimensionar esta brecha a partir de las percepciones de trabajadores de la salud.

El derecho de acceso a la información y la comunicación en contextos de COVID desde la perspectiva de lxs trabajadorxs de la salud

El derecho de acceso a la información y la comunicación constituyeron problemas subestimados en la gestión de la pandemia tanto a nivel nacional como provincial y local. En el caso analizado, esto se expresó de distintos modos que pudieron reconstruirse a partir de la recuperación de las voces de lxs trabajadorxs de disciplinas tales como la medicina general, clínica, epidemiología y trabajo social tanto del Hospital Zonal Ramón Carrillo como de distintos Centros de Atención Primaria de la Salud dependientes del mismo. 

Más allá de los énfasis realizados por cada unx de ellxs, existe consenso en las percepciones en torno a la desinformación experimentada a nivel local. Esa desinformación tuvo que ver por una parte, con la valoración sesgada acerca del tipo de información/ conocimiento relevante, que no fue exclusiva de Argentina, ni de Río Negro que se caracterizó por el déficit de pluralismo epistémico y una “confianza desmesurada en pretensiosos modelos aritmético-epidemiológicos basados en información incompleta e inestable” (Bohoslavsky 2022: 446) que fue observada por distintos estudioss (Bohoslavsky: 2022; Tozzini, Sabatella y Pérez: 2020), y por otra, con particularidades locales que constituyen el objeto de este artículo. 

Tal como se desprende del testimonio de uno de los entrevistados, 

“El tema de la comunicación fue un temón” (…) “En principio el tema del conocimiento, nadie sabía nada o todo el mundo sabía todo. O todo el mundo sabía todo, que al otro día había que cambiar, era muy difícil para nosotros saber qué comunicar desde el día a día. Ya sea porqué estábamos encerrados.. nosotros tuvimos en salud muchas variantes en un período de tres-cuatro…tres meses! No sé si ms, donde pasamos de noticias en los diarios, a ASPO, pero te doy un ejemplo, nosotros…gripe… salimos a las casas a vacunar, sin barbijo!”. (…) “La información de ayer, dábamos la información como segura. A las 2 o 3 semanas nos dimos cuenta:¡ no seamos tan seguros!. ‘Hasta ahooora…por ahooora’, cosa que generó también mucha incertidumbre en los equipos de salud y eso trasladado a la comunidad.”(R)

A la complejidad descripta respecto de la comunicación en contextos que podríamos definir como de incertidumbre epistémica, pero también social y política, se añadió el problema del acceso la información, problemática que afectó a la población en general y particularmente a lxs trabajadorxs de salud.

Así las condiciones para el acceso a la información se construyeron en torno a una rutina de comunicación- contenido y acceso a la información, en la que fue posible identificar tres ejes: a) quienes estaban habilitadxs para comunicar y quiénes no, b) quienes recibían información y quienes no y c) qué elementos eran decibles y cuáles no.

Acerca del primero de estos puntos observamos que:

 “En principio era esperar las ocho para ver a Iberó, pero nada más. Bien - mal, seguimos.” (G)

Un trabajador de otro Centro de Atención Primaria de la Salud en la misma línea agregaba: “La gente esperaba a las 20.000. ¡Ah! (expresando sorpresa) ¡Uuuh….! (expresando desazón y frustración) Y pasó a agotarse en eso y nos limitaba a todo lo otro y todo el resto de la salud del otro.” (G)

Estos testimonios describen tanto el modo en que se fue ritualizando la comunicación oficial, una comunicación centralizada en la figura de la Secretaria de Políticas Públicas de Salud del Ministerio de Salud Provincial que regularmente informaba cerca de las 20.00 hs cantidades de casos positivos, testeos, personas internadas, dadas de alta y muertxs. Al hablar de ritualización, me refiero no solo a la rutina que se fue generando por la repetición, sino al proceso de construcción, interpretación y reinterpretación de la realidad implicado en esa secuencia. La escena/ceremonia en la cual la Secretaria de Salud Pública de la provincia comunicaba el parte diario, reactualizaba la estructura de autoridad provincial hospitalocentrada al tiempo que establecía las coordenadas de comprensión del fenómeno, configurando una estructura monologal de la comunicación. 

En este contexto el acceso a la información por parte de lxs trabajadorxs de la salud fue desorganizado y dispar. Según manifestó una trabajadora de un centro de salud: “Teníamos llegada a la gente de epidemiología. Cuando pasaba para el centro de salud preguntaba…-¿cómo venimos? –‘Hay acá, allá’ (aclaraba indicando zonas o barrios)-. Yo me iba con la información al centro de salud, X también lo hacía.”

Haciendo referencia a su situación afirmaba taxativamente: era “Permanente el acceso a la información” (…)

Sin embargo, ese acceso tenía que ver con iniciativas individuales y no con decisiones y prácticas promovidas por autoridades hospitalarias o provinciales. Tal es así, que más adelante agregaba refiriéndose a la accesibilidad a la información: “tiene que ver con los vínculos, en epidemio hay compañeres que desde que entré que les conozco.” (G)

Tanto la referencia explícita a los vínculos como la noción de “llegada” ponen de manifiesto que el acceso a la información se hizo efectivo a partir de redes de contacto previas, construidas a lo largo del tiempo y no con mecanismos institucionalizados que garantizaran acceso a información para todxs los trabajadorxs del sistema. 

Estas asimetrías repercutieron en el clima organizacional y también en el acervo de recursos interpretativos a partir de los cuales lxs distintxs actores podían brindar recomendaciones y definir el curso de sus propias acciones. 

Otra trabajadora de la salud compartía sus impresiones en los siguientes términos: 

“Pienso que pasa lo mismo en la falta de institucionalización del acceso a la salud entre distintos efectores y niveles de atención. Una cosa es lo que está escrito y otra lo que sucede. No está institucionalizado el acceso y el acceso de los pacientes. Se da un mayor acceso a partir del vínculo que se establece con algunos trabajadores. Se reproduce la misma lógica” (P)

Un médica generalista del Hospital Zonal comentaba: “No había coordinación de la información. Hubo comunicación interna al principio, pero muy mala, pero nunca, nunca hubo espacio de toma de decisiones con números sobre la mesa, nada, no hubo.” (B)

Respecto de este punto cabe subrayar la imposibilidad de plantear intervenciones adecuadas sin acceso a información de calidad y de manera suficiente, ya que sin evidencia empírica no se puede conocer sobre qué escenario se busca actuar. A su vez, y al margen de la instancia diagnóstica, la información es fundamental dado que permite tanto una evaluación posterior como el monitoreo o seguimiento de las medidas implementadas.

A su vez, si bien se creó tempranamente un espacio de toma de decisiones pluralmente conformado, el proceso a que este espacio dio lugar, se caracterizó por la obstaculización de la construcción de redes dialógicas de discurso, asociadas a la posibilidad de co-constitución de una esfera pública en la que está implicada la comunicación entre pares y la posibilidad de dirigir la voz a las autoridades gubernamentales sobre cuestiones de importancia pública. 

En este marco, si bien el Comité de Operaciones para la Emergencia[i], se formó tempranamente e involucró a múltiples actores, la posibilidad de constituir una voz vertical audible, pareciera haberse truncado.

“Terminábamos las reuniones del COE y estábamos el intendente, el ejército, defensa civil, los bomberos, salud…los organismos vivos digamos, donde se decidiían estrategias y cosas, como que hacemos con los muertos, cómo hacemos con los velorios, era ir…y palo, palo… el tema de la comunicación y la acción, que hacer con la gente que no respetaba el aislamiento y todas esas cosas. Terminábamos las en las reuniones del COE a los gritos, yo y el director, discutiendo. Yo en un momento dije, no tentemos que hacer esto, primero que quedábamos para el culo, entonces fui y le dije, mirá (nombre), no podemos terminar así esto, me corro, no te hagás ningún problema pero no voy a participar. Hablábamos horas, discutíamos, el decía lo voy a llamar al ministro’ y el ministro decía: ‘esto es así y punto’. Y yo me comía el garrón. Si no tenemos capacidad de decisión local para decidir qué hacemos. ‘No, no hay que esperar que dicen el ministro e Iberó, dicen que hagamos así’, entonces, yo no he sido muy aceptador de las cosas así, entonces me corrí.”(D)

En cuanto al segundo eje (b) contraponiéndose a los principios de transparencia, máxima divulgación, el de máximo acceso y no discriminación en un contexto en el que, como mencionamos lo información circulaba entre lxs mismxs trabajadorxs de la salud de modo restringido y de acuerdo a vínculos personales, el acceso a la información para la ciudadanía en general y para profesionales de otras disciplinas que realizaban procesamiento y análisis de datos vinculados a la pandemia desde otras instituciones, también fue obstaculizado. 

A ese respecto, una trabajadora comentaba: “A mí me dijeron: a esta gente[ii] no le vamos a dar los datos. A esta gente no le vamos a dar nada. Con esta gente no te podés juntar”. (B)

En la misma línea una de las entrevistadas reflexionaba: 

“no hay acceso público, uno tiene acceso a datos con mayores niveles de agregación, pero para intervenciones locales no hay acceso público a la información”…“si uno quiere pensar en intervenciones locales sería necesario contar con información desagregada, podría estar pública resguardando aspectos éticos de confidencialidad” (…) “Hay acceso no institucionalizado a los datos, sino que hay datos a partir de vínculos o canales informales de acceso a esto.” (P)

Finalmente, respecto del punto c) vinculado a lo decible y lo indecible y tal como fue señalado previamente, la información además de estar centralizada fundamentalmente en la figura de la Secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud provincial, tuvo un sesgo cuantitativo, ignorando otros aspectos significativos del fenómeno pandémico. 

Según manifestó una trabajadora del primer nivel de atención “Faltaba el mensaje de estrategias de cuidado, generar otro decir…Tampoco desde el hospital se generaba” (G) evidenciándose a lo largo de los meses cada vez más la necesidad de implementar estrategias ajustadas a las numerosas y heterogéneas realidades locales. 

“veíamos que no se decía lo que había que decir, que había otras cosas para decir… cada noche escuchar a Iberó diciendo: ‘los casos son tantos’...¡Naaaah algo más hay que decir! Además, acá en Bariloche, el sector normalmente sale a decir lo que pasa, había una forma de decir lo que va pasando, con todo lo que había para decir!” (G)

La referencia a esta “forma de decir” implica una la valorización de saberes y experiencias comunitarias y de prácticas de cuidado que existen en la región, tanto en las comunidades locales como en los equipos de salud (Tozzini, Sabatella y Pérez, 2020) que no fueron recuperadas o tenidas en cuenta por las autoridades provinciales. 

Sumado al sesgo cuantitativista de la “información”[iii] que se brindaba y resultaba “decible”, según se desprende de las entrevistas realizadas, esa información acotada a los aspectos numéricos del fenómeno fue también manipulada.

“Había momentos en que se decía que teníamos 20 casos y había 40.- ‘Todavía no están los resultados’-, como justificando casos, pero no tenía que ver con epidemiología o con infectología, sino con decisiones políticas…evitar alarmar y por otro lado, había momentos en que se esperaba turismo, entonces…digamos más o menos…tampoco podemos mentir porque hay un registro nacional, peeeero… se cargaba después. Se hacía una pantallita para evitar que se genere como un caos, había momentos en que decían que eran 30 y eran 150” (G)

“No sé de dónde se decidía…pero eso generaba un enojo!…que yo lo llevaba a mi pirámide, a mi jefa, al director, había cortocircuitos, momentos muy tensos…yo no llegué a hablarlo con mi director, pero lo hablaba con mi jefe, pero además pasaban tantas otras cosas en el diario que era algo más, que sucedía a la noche, que era cuando se comunicaban los números, pero nos comunicábamos entre nosotros.” (N) 

De modo que, a las asimetrías respecto de información que circulaba de manera discrecional en virtud de vínculos previos o bien, a instancias de iniciativas personales, se agregó la afectación del clima organizacional derivada de las “recomendaciones” acerca de lo decible/comunicable y de “pedidos” de silenciamiento. 

“en algún momento hubo algo de M ‘vayan por acá, digan esto…pásame lo que van a decir’, al inicio…ahora que pienso. Ella nos preguntaba y después: ‘esto no lo digan, por acá no vayan’…pero nosotros seguimos haciendo la que nos parecía a nosotros.”

El acceso a la información se encuentra indisolublemente ligado a la libertad de expresión, libertad  que ha sido cercenada a lxs trabajadorxs de salud y cuya vulneración repercutió en el acceso a la información de la población en general. 

“A mí una vez me llamó Iberó para preguntarme cómo sabía yo que la gente se contagiaba en las cervecerías, y yo le dije: ‘y es que le preguntamos y nos dicen que se juntaron ahí’; -‘-Bueno, eso no hay que decirlo’. Y vos decís: - ¡por una pavada, con tantas cosas importantes de que ocuparse, me llama por esta estupidez! muy perseguidos…” (B)

Esta “recomendación” respecto de qué no decir pone en evidencia de qué modo mediante prácticas sutiles como un simple llamado telefónico protagonizado por quien centralizaba la comunicación de la cartera provincial de salud, se atentó contra aspectos fundamentales que hacen a un régimen democrático tales como libertad de expresión en aras de no dejar en  evidencia la incongruencia de distintas medidas clasistas que se iban adoptando, con aperturas orientadas a recuperar circuitos de esparcimiento de sectores medios y altos, tanto de residentes como de turistas. 

“No puedo ir a un velorio pero puedo ir a tomar cerveza o ir al cerro. En ese momento de la comunicación…ahí ya la gente no creyó más en nada. Cuando empezó esa etapa fue mucho peor, ya no había forma de defenderla…”(R)

En sintonía con lo anterior, una médica del hospital zonal comentaba:

 “No se podía hablar mucho, se podía decir algunas cosas, algunas personas sí, igual, la gente se enteraba…Hubo como mucho reto de lo que se pone en redes. (…) Una de las terapistas en un momento publicó algo sobre un paciente que le daba mucha pena intubarlo, que no sabía si se iba a despertar y le daba mucha pena, lo publicó, estuvo bueno y le pidieron que lo saque.“ (B)

“Hubo bajada de línea donde no se podía comunicar. Nuestras redes teníamos que repetir lo que comunicaba Iberó. No podíamos hacer todo lo que nosotros hicimos. Nosotros (nombra al Centro de Salud), porque eemmm pero en realidad la bajada de línea era que la comunicación era oficial, mala, tardía que la daban personas que la gente no conocía. Y esa era la crítica que yo llevaba al COE. Cualquier cosa, porque además acá (cambia la voz y la hace más aguda) ‘ojo hay un caso acá en el barrio X’ (cambia la voz nuevamente y la pone grave) No podemos decir nada!. Pero bueno, vamos a dar información aunque sea para tranquilizar, para que se protejan, aunque sea para evitar todas las cosas que sucedieron como la discriminación, como la gente que quería quemar una casa…porque además, si vos no informas, la gente se informa de algún otro lado.” (D)

 “esas cosas no se dicen, es para adentro” (B)

“Yo tenía…teníamos conflictos sanitarios, entonces, en un momento no teníamos anticonceptivos, te voy a decir un ejemplo. No teníamos, no teníamos, nadie decía nada. Gineco no decía nada, nuestro jefe no decía nada. ¡Ah bueno!, estamos en pandemia, habrá que ve r lo que va a pasar, no teníamos información si era porque había explotado el mundo y no había anticonceptivos como en un momento no había camisolines, ¿entendés lo que te digo? Nada!! entonces nosotros publicamos, que era el combo, asilamiento, sin preservativos, sin anticonceptivos y aislamiento, es una bomba” (…) Después tuve un conflicto importante con el director por otras cosas, cuando voy a la reunión, un año después estaba el director, la comunicadora y el subjefe…vos publicaste esto, vos publicaste que los anticonceptivos es un riesgo, vos publicaste, vos publicaste esto otro…” (R)

Estas prácticas tendientes a inhibir el acceso a la información, configuraron las condiciones para el ejercicio del derecho al trabajo de los equipos de salud y del derecho a la salud; no obstante lo cual, las dimensiones de vulneración no se restringieron a estos derechos en virtud de la indivisibilidad e interdependencia de los mismos. Tal como se desprende del testimonio que cierra el párrafo anterior, en ausencia de anticonceptivos, y de la posibilidad de comunicar dicho déficit, no sólo estaba en juego el derecho al trabajo, a la libre expresión y a la información, sino también el derecho a la salud y los derechos sexuales y (no) reproductivos.

La libertad de expresión en lo concerniente a asuntos públicos, como señalara Pautassi (2013) es indispensable para que la ciudadaníaesté suficientemente informada y pueda tomar decisiones a partir de dicha información, en este caso, vinculadas a su propio cuidado y el de su comunidad. 

 

[1]El derecho de acceso a la información pública constituye  un derecho humano fundamental a la información que se encuentra reglado en la Constitución Nacional como derivado de los artículos 1°, 33, 38, 41 y 42, así como también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13), la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 19 y 20), entre otros instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos a los que el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional les otorga jerarquía constitucional. del año 1994 que otorgó jerarquía constitucional a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y se incorporaran los avances jurídicos en el derecho de acceso a la información pública del Pacto de San José de Costa Rica, nuestra provincia, contaba con la Ley Provincial B 1829 de Acceso a la Información Pública.

 

[i] COE: Comité de Operaciones de Emergencia: En el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, se conformó el COE en Bariloche en marzo de 2020, aglutinando más de 30 organizaciones, entidades estatales y privadas organizadas en 7 mesas de trabajo, para planificar las accione a implementar en la ciudad.  Ver: https://www.bariloche.gov.ar/coe/

 

[ii] En referencia a un grupo de investigación interdisciplinario e interinstitucional que trabajaba en el marco del Programa de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y tecnología COVID-19 del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación.

 

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Conclusiones:

La recuperación y puesta en valor de las percepciones de lxs trabajadoxs de la salud respecto a la comunicación oficial de la provincia de Río Negro en el marco del primer año de la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de complejizar los procesos de monitoreo del acceso a derechos, y el valor de las técnicas de investigación cualitativas en dichos procesos.

La decisión metodológica y política de recuperar las voces de lxs trabajadorxs de la salud en tanto voces legítimamente autorizadas para evaluar el desarrollo de la comunicación de la pandemia a escala local, permitió iluminar otras dimensiones y formas de vulneración del derecho a la información, en lo que hace tanto a la libertad de expresión, al acceso a la información derivado de una búsqueda activa, como del ejercicio del derecho de acceso a la información pública implicado en su acepción pasiva. El estado rionegrino vulneró el derecho de acceso a la información tanto para quienes intentaron una búsqueda activa de acceso a la información, como para quienes no fueron debida ni oportunamente informadxs, ya que hubo información censurada, manipulada  y de  circulación pretendidamente monopolizada. 

Así las cosas, las estrategias comunicativas centralizadas desplegadas por el gobierno rionegrino y sucesivas prácticas contrarias a la construcción de redes dialógicas tanto horizontales (entre pares) como verticales, es decir, capaces de interpelar a las autoridades provinciales, configuraron un horizonte de comprensión en el que el retaceo de información y/o recursos interpretativos colectivos impactó en las condiciones para el ejercicio del derecho a la salud de la ciudadanía, al tiempo que delineó las condiciones de trabajo de lxs equipos de salud, poniendo también en evidencia, la indivisibilidad e interdependencia de los derechos.

 

Bibliografía:

Bohoslavsky, J. P. (2022). Ciencias y Pandemia. Una epistemología para los Derechos Humanos. La Plata: EDULP.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2020). Pandemia y Derechos Humanos en las Américas.Resolución N° 1/2020. Recuperado en https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf [acceso 15 de noviembre de 2022]

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2008). Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Organización de los Estados Americanos.

Congreso de la Nación Argentina (2016). Ley 27275,  Ley de acceso a la información pública.

Constitución de la provincia de Río Negro (1988). Río Negro, Legislatura. 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N° 14/2000, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), (22º período de sesiones, mayo de 2000).

Manuel, K. A. (2022). Correspondencia entre la ley provincial sobre acceso a la información pública y los estándares de interpretación fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Trabajo final de grado. Universidad Nacional de Río Negro.

OACNUDH. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

OACDH. (2012).  Indicadores de derechos humanos. Guía para la medición y aplicación. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf [Acceso 28 de noviembre de 2022]

O’Donnell, G. (2010). Democracia, Agencia y Estado. Teoría con intención comparativa. Buenos Aires: Prometeo Editorial. 

Pautassi, L. C. (2013) “Monitoreo del Acceso a la Información desde los Indicadores de Derechos Humanos” Rede Universitária de Direitos Humanos; Sur; 18; 12-2013; 56-77

Tozzini, Alma,  Sabatella, Emilia y Pérez, Soledad (2020) “Introducción a la problematización de la salud en Norpatagonia en tiempos de pandemia: preguntas y reflexiones desde la antropología como ¿mediadora elástica? en un diálogo de trayectorias interdisciplinarias” Foro: La salud en tiempos de COVID: Reflexiones desde la Patagonia. Ciclo Foros Federales Red de Antropología y Salud de Argentina miradas antropológicas y agendas situadas en tiempos de pandemia. Octubre de 2020.

Palabras clave:

Acceso a la información pública- Derechos- Salud- Pandemia - Rio Negro

Resumen de la Ponencia:

La ponencia analiza algunos factores causales, efectos y manifestaciones en las relaciones existentes entre un hecho social global como es la pandemia que afecta al mundo desde hace 28 meses y el desarrollo desigual de regiones del Perú que destacan por sus conexiones globales, sus identidades múltiples y por la diversidad de sus experiencias sanitarias; teniendo como referentes, además de la información oficial en salud, los resultados de algunas investigaciones sociológicas acerca de las interacciones y del impacto de la pandemia en el desarrollo y la salud de ocho ciudades del Perú.