Resumen de la Ponencia:

A pesar del esfuerzo de la comunidad internacional en desautorizar el uso del término “raza” cómo una categoría válida después del incidente del régimen nazista, poca cosa parece haber cambiado en Brasil. Es bien verdad lo que señala Peter Wade[1] que la introducción sobre el debate racial o étnico en América Latina debe de huir de esencialismos y el primer paso es entender que raza, así como etnia, no son categorías fijas, pueden sufrir cambios y variaciones a lo largo de distintas lógicas de espacio y tiempo. Brasil es un testigo fiel de dicha afirmación. A pesar de que, de hecho, no existan la raza como una categoría biológica determinada, como ya ha señalado los expertos genéticos a inicios del año 2000, en Brasil esa categoría cumple otra función. Hablar de raza en Brasil solo es posible cuando se utiliza dicha marcación como una categoría nativa y analítica.[2] Desde el imaginario social y político, hacia prácticas y discursos institucionales, Brasil es un país dividido a través de esas categorías. Por eso, esa ponencia tiene como objetivo presentar los momentos históricos del debate racial en Brasil para reforzar que esa es una categoría que ha sufrido muchos cambios a lo largo de los últimos años, sea para cumplir una función propia o para repensar y apuntar horizontes emancipatorios desde la sociología, antropología y política. A través de dicha discusión, se plantea que el simple discurso de no hablar sobre razas no quiere decir que ésta ya no exista. Por fin, la ponencia también tiene como objetivo analizar como Brasil ha recuperado una crítica sobre la raza no solamente para subvertir lógicas de opresión y dominación, sino que rescatar dicha categoría cómo uno de los principales ejes para entender y confrontar las dinámicas de racismo en el país. [1] Wade, P (2000). Raza y Etnicidad en Latinoamérica (1ª edición). Abya-Yala. [2] Guimarães, A.S.A (2003). Como trabalhar com raça em sociologia. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.29, n.1, p 93-107. 

Resumen de la Ponencia:

 fromero@uaim.edu.mx  Los pueblos originarios de América son depositarios de un vasto saber sobre la naturaleza y la madre tierra, cada cultura posee una propia traducción de sus entornos constituyendo lo que se denomina cosmovision, durante siglos han mantenido una estrecha relación con la madre tierra que los alimenta. El pueblo yoreme mayo que se ubica en el norte del estado de Sinaloa y sur de Sonora en México, convive de manera permanente con el mestizo, práctica que no ha limitado que el pueblo persista en su identidad transmitiendo de manera oral sus experiencias a las generaciones jóvenes, acción esta les ha permitido trascender a través del tiempo y a los permanentes procesos de colonización de la sociedad dominante.“Si algo es sinónimo de identidad para los pueblos originarios, es lo relativo a sus cosmovisiones; que están plagadas de formas de concebir sus realidades y de construir conocimientos desde sus propias experiencias” (Romero, 2022, 375). Los yoreme mayo poseen sus propias cosmovisiones  asociadas a su Inayye Buiäla (madre tierra) donde el yorem ánia integra la parte central con cuatro elementos que definen su trascendencia cultural; el Juya ánia, el poder del monte, el teweca ánia, bawe ánia y el buiála ánia, todos se integran el monte, el cielo, el agua y la tierra. La cosmovisión del yoreme mayo está, como lo hemos mencionado, muy vinculada a la naturaleza y sus elementos. Es a partir de ahí, de ese vínculo telúrico, que celebran sus rituales ceremoniales personificados en animales del monte, los animales son los actores principales de la fiesta, cuya primera figura es la del venado.“poseen un vasto conocimiento sobre la naturaleza, que se ha producido y reguardado por siglos, bajo la permanente relación con la madre tierra y que han trascendido, a poco más de quinientos años de colonización, con estrategias que se dan a partir de los pueblos que enseñan a las generaciones jóvenes sus saberes” (Romero, 2022, 378). De este modo, hablar de diálogo o ecología de saberes, involucra pensar que, “la obtención de credibilidad para los conocimientos no científicos, no implica desacreditar al conocimiento científico. Implica, en su lugar, utilizarlo en un contexto más amplio de diálogo con otros conocimientos” (Meneses, 2018, 29).Utilizando las metodologías horizontales sigue en proceso una línea de investigación con los pueblos originarios yoreme mayo buscando un acercamiento próximo con el pueblo y de alguna manera crear un repositorio de su cultura, de su identidad.

Resumen de la Ponencia:

La reforma agraria produce una tensión política significativa durante su proceso de ejecución, dado que va a involucrar a diferentes actores como son las élites, la democracia cristiana, el campesinado y la Unidad Popular. Esto porque representa la posibilidad de disputar el control a élite latifundista sobre el campo y el campesinado. Ello es uno de los factores a considerar de la polarización que envolvió a Chile durante la larga década del sesenta (1957-1973). Las emociones, especialmente la ira y el miedo, son los articuladores fundamentales de los discursos públicos de estos grupos, lo que apoya la transformación radical la atmósfera política de la época, anulando las posibilidades de diálogo democrático y generando un aumento continuo de la violencia simbólica y física. Se sostiene que la élite latifundista percibe la reforma agraria como un agravio injustificado debido a que afectan gravemente tanto a sus estructuras de poder, sostenida en la tenencia de la tierra y el control del campesinado, como a su sentido identitario de pertenencia patrimonial e histórico. Esto, además, encarna un riesgo a sus intereses económicos debido a que modifica el derecho a propiedad privada (1965), modelando la producción de sentido de la élite en torno a los fantasmas de Guerra Fría, vale decir, la revolución y la llegada del comunismo. Considerando las variables propuestas, se trabaja en base a la historia de las emociones, especialmente con Bodicce, Dixon y Scheer. Para el contexto de estudio, se definirá la ira como la emoción que surge ante la percepción de agravio injustificado y, a su vez, el miedo como la reacción ante la inseguridad e incertidumbre. Se estudiarán las dinámicas de las emociones mencionadas en los discursos públicos, especialmente en discusiones parlamentarias sostenidas a propósito de la política agraria (sindicalización campesina y reforma agraria), la revista El Campesino y fiducia. 

Resumen de la Ponencia:

A pesar de que la población negra en Brasil, contabilizando pretos y pardos según la metodología clasificatoria del Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE), corresponda a 55,9% de las brasileñas y brasileños, en las últimas elecciones generales de 2018, apenas 4% de los parlamentares electos para los cargos de gobernadores, diputados federales, estaduales y distritales eran negros[1]. En la ocasión, entre los 1.790 políticos electos, apenas 77 fueron pretos o pardos. En la Cámara Federal de Diputados, de los 513 parlamentares electos, apenas 1 era indígena [2]. Los resultados fueron debajo de lo esperado, ya que en 2018 más de 46% de los candidatos a nivel nacional y local eran negros, un aumento de 1,9 pontos porcentuales con relación a las elecciones generales de 2014 – cuando las candidaturas negras representaban 44,3%.[3] En 2021, el Congreso Nacional aprobó una nueva ley que incentiva las candidaturas negras y femeninas para 2022, cuando serán electos 513 diputados federales, 27 senadores, 27 gobernadores y presidente y vicepresidente. El nuevo reglamento[4] establece que los votos para candidaturas femeninas y negras se contarán el doble para el cálculo que estipula la financiación pública de las campañas a la que tendrán acceso los partidos. La subrepresentación racial y étnica en la política en Brasil podría ser explicada por múltiples factores, como la escasez de recursos financieros y partidarios para las candidaturas. Sin embargo, la subrepresentación no es el único problema. Sin embargo, la subrepresentación racial y étnica no es el único problema. Se aúna al problema la pequeña inclusión de género, de manera que son las parlamentares mujeres y negras las grandes víctimas de violencia política en el país, 76%[5]. Por eso, el principal objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre la concepción y diferenciación entre racismo institucional y estructural y cómo las dos problemáticas deben de ser vistas como las principales barreras para la lenta representación racial y étnica en Brasil dada la proximidad de las elecciones. ¿Qué implica decir que Brasil es una sociedad arraigada en prácticas y discursos racistas? ¿Cuáles son los impactos de la subrepresentación racial y étnica en la promoción de derechos hacia la población negra en el país?[1] IBGE, 2019. Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil: Representação Política. Revisado en 14 de abril de 2022.[2] Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 2018. Estatísticas Eleitorais: Eleições 2018. Revisado en 14 de abril de 2022. [3] Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 2018. Estatísticas Eleitorais: Candidaturas nas Eleições de 2018. Revisado en 14 de abril de 2022. [4] Emenda Constitucional n. 111/2021. Revisado em 14 de abril de 2022. [5] Org. Terra de Direitos, 2021. Violência Política e Eleitoral no Brasil. Revisado en 14 de abril de 2022. 

Resumen de la Ponencia:

En tiempos neoliberales predomina una narrativa individual de la salud, donde las personas con carencias o trastornos de salud se transforman en clientes de un costoso mercado biomédico. Esta ponencia presenta un estudio de caso desarrollado en el sur de Chile, llamado “Casita de Salud”, que promueve la unidad para enfrentar las adversidades, colectivizar los gastos con acciones de apoyo mutuo y contar, no sólo con orientación profesional, sino también con la presión social para superar la vieja institucionalidad sanitaria.La Casita de Salud es fruto de la interacción social desde el año 2005 entre pobladoras/es, estudiantes universitarios/as y trabajadoras/es de la salud, que dan vida a una experiencia de salud colectiva situada en la periferia de la ciudad de Temuco, en el barrio San Antonio.Las primeras iniciativas comenzaron con “operativos de salud” esporádicos e itinerantes, que complementaban otras actividades sociales, deportivas y culturales de la población. Debido a la precariedad de las condiciones en las cuales se desarrollaban, el año 2017 se decide materializar lo que hasta entonces solo era un sueño.Por medio de la autogestión, solidaridad, apoyo mutuo y voluntariado, se fue moldeando y nutriendo un proceso que se consolida con el uso y rescate de un terreno eriazo, descuidado, convertido en microbasural, un lugar inseguro al costado de una sede social. Es ahí donde se instala físicamente la Casita de Salud, construida por las propias manos de pobladores, pobladoras y equipo voluntario.Tras el proceso de construcción, comienza la ejecución del proyecto que tuvo que enfrentar, como primer desafío, una pandemia mundial, relevando la necesidad de contar con un barrio sano. Para ello, se implementan las líneas de trabajo: salud, medioambiente y solidaridad.como resultado, la casita viene a proponer y a organizar una nueva institucionalidad de la solidaridad: una red de cuidados familiares y comunitarios, la diversidad de medicinas, el ejercicio gratuito o a bajo costo de trabajadores de la salud y un financiamiento basado en esfuerzos colectivos y apoyos mutuos, a través del desarrollo e implementación de un modelo preventivo y de promoción de la salud comunitaria.Desde esta perspectiva, se entiende que, las enfermedades no caen del cielo, sino que las condiciones sociales, económicas y ecológicas son parte del atentado a la salud de los pueblos de América. Para restablecer buenas condiciones de vida se debe relevar a la salud constitucionalmente bajo un principio de solidaridad, que la consagre como derecho con integralidad, universalidad, participación, justicia social, sexual, étnica y la búsqueda de equilibrios ecológicos.

Resumen de la Ponencia:

El estallido social en Colombia, desarrollado durante el mandato del presidente Iván Duque Márquez, se basó en las movilizaciones sociales que tuvieron como punto de partida las protestas realizadas por grupos estudiantiles el 21 de noviembre del año 2019, que luego de declararse en paro nacional, comenzaron  un proceso de decadencia debido al desgaste de los movimientos y la represión del estado. Luego de ello, cuando Colombia se declaraba en alerta sanitaria por la llegada del Covid-19, para el 28 de abril del 2021 los movimientos sociales salen nuevamente a las calles, esta vez para manifestarse en contra de la reforma tributaria que propuso el gobierno de Duque. Es así como retoma con mucha más fuerza el paro nacional en Colombia, contando con grandes movilizaciones a lo largo de todo el país, que se caracterizaron por su diversidad de expresiones culturales y artísticas como forma de resistencia y protesta legítima. Por lo tanto, esta  ponencia tuvo como objetivo central analizar el impacto de las expresiones artísticas materializadas en murales realizados por dos colectivos juveniles que participaron en las movilizaciones sociales en contra de la reforma tributaria en el año 2021 en Bogotá. El desarrollo metodológico planteado fue de carácter cualitativo y con enfoque fenomenográfico, teniendo como herramientas de recolección de datos la implementación de veinticinco entrevistas semiestructuradas y dos grupos focales de jóvenes entre 18 a 25 años pertenecientes al colectivo CoNova (Conciencia no Violenta Activa) y al colectivo Conciencia sin Camuflado. Los principales resultados evidencian que las expresiones artísticas dentro de las movilizaciones sociales fueron el principal lenguaje de expresión multicultural caracterizado por la acción colectiva sin daño y la resistencia activa, que logra materializarse mediante el muralismo donde se pudo observar la particularidad de ser una forma de construir memoria colectiva, hacer catarsis y expresar rechazo ante los abusos policiales efectuados y la represión por parte del gobierno. Finalmente el desarrollo de la investigación permitió la elaboración de una canción denominada “A la guerra objetamos” y el desarrollo de un video documental que recoge algunos de los murales realizados y la carga simbólica de cada uno de ellos. Palabras clave: Movilización social, arte, resistencia

Resumen de la Ponencia:

En Colombia el servicio militar obligatorio hace parte de una práctica de reclutamiento realizada por el Ejército Nacional, aprobada por el Congreso de la República en la ley 1861 de 2017, donde señala que todo hombre mayor de 18 años debe definir su situación militar con el fin de defender a la patria y la soberanía del estado. No obstante, dentro de la prestación de este, se perciben algunas prácticas que hacen uso de métodos violentos que fomentan procesos de carácter militarista en la sociedad. Por lo anterior, esta ponencia tiene como objetivo analizar la masculinidad hegemónica que se construye en los varones mayores de 18 años a través de la prestación del servicio militar obligatorio en el año de 2021; realizada mediante un diseño metodológico cualitativo  con enfoque fenomenológico que mediante 25 entrevistas semi-estructuradas dirigidas a varones entre 20 a 30 años, tiene en cuenta las experiencias subjetivas de los hombres que prestaron el servicio militar en un periodo de tiempo transversal. Los resultados encontrados evidencian  la reproducción de la masculinidad hegemónica por medio del lenguaje, el ideal de “ser hombre” y la configuración de apologías patriarcales que se materializan en prácticas humillantes, que refuerzan la figura de macho violento, autoritario y dominante ante lo feminizado y se presentan como hechos que refuerzan la virilidad en los hombres. Finalmente, se constata que existen apuestas que trabajan a favor de la objeción de conciencia al servicio militar, que se establecen como un mecanismo de resistencia frente a las prácticas de reclutamiento  realizadas por el Ejército Nacional y manifiesta las masculinidades alternas como una contra propuesta a la hegemonía masculina que se construye y promueve en el Ejército Nacional. Palabras clave Servicio militar obligatorio, masculinidad hegemónica, objeción de conciencia.  

Resumen de la Ponencia:

La presente ponencia es producto de una investigación y de un esfuerzo por desentrañar los significantes que conforman el concepto de la banana republic desde el sentido crítico que otorgan las epistemologías del sur, el pensamiento decolonial y el método genealógico. En ese sentido, esta ponencia presenta dos momentos de la figura de la banana republic: en primer lugar, los elementos indirectos, anteriores y contextuales que dieron forma al concepto en cuestión y, en segundo lugar, se presentan los elementos objetivos a los que nombra la banana republic problematizados desde el giro decolonial (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007). Lo anterior es producto del análisis de la novela de Cabbages and Kings (1904), de O. Henry, que es donde se presenta el origen explícito de la etiqueta de la banana republic y se presentan, también, algunas reflexiones del vínculo directo de la idea de corrupción con la figura histórico-social del concepto de la banana republic.

Resumen de la Ponencia:

La investigación plantea un análisis sociológico de las experiencias de un grupo de mujeres adultas mayores sobre las restricciones materiales e inmateriales respecto al uso de métodos anticonceptivos, durante las décadas de los años sesenta y setenta en Costa Rica. En ese sentido se incluyen los aspectos de carácter moral y religioso, las posibilidades materiales, el acceso y la apropiación de la información, así como las situaciones de violencia y las relaciones de poder dentro de la pareja. Además, se explora el papel del Estado respecto a la promoción de políticas de planificación familiar durante este periodo. El estudio corresponde a una investigación cualitativa de carácter exploratorio cuyo trabajo de campo integra entrevistas a profundidad realizadas a mujeres adultas mayores, análisis documental y consulta a informantes institucionales clave. El procesamiento de la información incluyó la triangulación de datos para la realización de un análisis sociológico que integra diversas contribuciones de la gerontología crítica feminista con elementos de otros aportes teóricos del feminismo.  Dentro de los principales resultados destacan la violencia verbal, la intimidación discursiva y el abuso espiritual por parte de representantes religiosos católicos que presionaron a las informantes sobre la toma de decisiones reproductivas. Además, se evidenciaron diferentes prácticas de resistencia ejercidas por las participantes del estudio para acceder a dichos métodos en medio de un clima social y moral ampliamente hostil, con escasos apoyos en sus redes cercanas, poco acceso a la información, y en el caso de la mayoría, frente a la clara oposición de sus parejas hombres. En ese sentido, se constatan diversas experiencias de rupturas socioculturales ejercidas por estas primeras generaciones de mujeres que utilizaron anticonceptivos durante la mayor parte de su edad reproductiva; quienes, además, aseguran sentirse ampliamente satisfechas con esa decisión, pues esto les permitió planificar de una mejor manera su propio proyecto de vida. Se subraya también, el papel del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social como instancias promotoras de políticas contraceptivas durante dicha época. Finalmente, se recalca la importancia de fortalecer los diálogos entre el análisis sociológico y los estudios feministas para documentar, en este caso, el impacto social generado por el acceso a métodos anticonceptivos desde la segunda mitad del Siglo XX, esto con el fin de comprender que el descuido del Estado respecto a las políticas anticonceptivas, puede generar importantes retrocesos en el acceso a derechos sexuales y reproductivos, como los que ya se documentan producto de la coyuntura generada por la pandemia de Covid-19. 

Resumen de la Ponencia:

El Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de la Universidad Minuto de Dios en Bogotá Colombia, nace como un espacio de integración entre la comunidad académica y la comunidad de diversos barrios de la capital colombiana donde su población se encuentra en un porcentaje bastante alto con un rango de edad superior a los 50 años, lo cual ofrece unas características de intervención especiales y posibilita unas prácticas académica enfocadas a la mediación academia-comunidad que han posibilitado la creación de proyectos donde el envejecimiento y el desarrollo sostenible priman como objetivos de las prácticas culturales y artísticas realizadas, todo esto bajo un enfoque praxeológico, disciplina desarrollada desde la institución que pretende ser una apuesta hermenéutica práctica para articular las funciones universitarias de investigación, de compromiso social crítico y de formación profesional al interior de un contexto pluridisciplinario. Esta apuesta pedagógica sitúa plenamente el quehacer en un paradigma praxeológico de investigación-acción-formación en el que la práctica, en su contexto, es el punto de partida y el de llegada, es generadora de teoría y de acción responsable. Partiendo de los principios institucionales de la universidad, el Centro de Cultura ha desarrollado varias líneas de acción enfocadas a garantizar el buen vivir y el desarrollo pleno de los adultos mayores, por medio de diversas estrategias que van desde la formación artística, el acompañamiento empresarial, y el garantizar espacios de ocio y esparcimiento como fuentes de vida y de territorios de paz capaces de afectar positivamente sus emociones. Apostándole no solo a un trabajo presencial con los adultos mayores, se han desarrollado acciones que involucran encuentros, contenidos y metodologías virtuales, extendiendo el rango de acción y las posibilidades de comunicación con nuestra comunidad, logros y metas que quieren ser multiplicadas no solo a nivel nacional, sino también en todos los lugares donde Uniminuto como institución, tenga contacto con la comunidad.

Resumen de la Ponencia:

El presupuesto público es el plan de ingresos y gastos públicos para un ejercicio económico determinado, por lo general de un año. Este documento público refleja, mejor que ningún otro, las prioridades de un gobierno. Para analizar o diseñar los presupuestos públicos se trabaja con el Proceso Presupuestal, que es el conjunto de decisiones que, a partir de leyes, normas, rutinas administrativas, prácticas y reglas no escritas, establecen y operan las políticas fiscales y de gasto, que involucran al Estado. Dicho Proceso se divide en etapas: a)planeación-programación-presupuestación; b)discusión y aprobación del gasto; c)ejecución del gasto y d)control-auditoría-evaluación.El análisis del Proceso Presupuestal permite avanzar en la transversalización de la perspectiva de género al permitirnos pensar cómo incluir dicha perspectiva en cada etapa antes mencionadas. Cuando tal cosa sucede estamos ante lo que llamamos Presupuestos Públicos con Enfoque de Género, PPEG.El debate en torno de los PPEG, no es nuevo en México, comienza a finales de los años noventa del siglo pasado. Hoy, pueden observarse avances en la materia; por ejemplo, el trabajo de sensibilización y capacitación de los Institutos de las Mujeres a nivel federal y estatal; la creación y trabajo realizado por las Comisiones de igualdad de género en el Congreso de la Unión y congresos estatales; la etiquetación del gasto para promover la igualdad entre mujeres y hombres y la modificación, para incluir la perspectiva de género, de algunas de las leyes que rigen el proceso presupuestal.La ponencia busca revisar los avances y retos que se plantean en la instrumentación de Presupuestos Públicos con Enfoque de Género en México. Para lo cual, es necesario revisar las importantes transformaciones del aparato administrativo público federal mexicano de los últimos cuatro lustros, que derivaron en lo que se llama: Gestión para Resultados y los Presupuestos Públicos Basados en Resultados, que son un enfoque integrado de planificación, seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios para dar cuenta del impacto social de los mismos. Este el marco institucional presupuestal, actual del país. Recordemos que los PPEG son una herramienta analítica que permite revisar el gasto público y los ingresos gubernamentales dando cuenta de las consecuencias e impacto diferenciado que éstos tienen en la vida de hombres y mujeres; y una herramienta práctica que permite la incorporación dentro de los presupuestos públicos (y en las políticas y programas gubernamentales), de las necesidades, derechos, obligaciones e intereses distintos de hombres y mujeres; los cuales son resultado de las diferentes posiciones sociales, culturales, políticas y económicas de los géneros. El objetivo de la ponencia es: analizar los avances y retos en la instrumentación de Presupuestos Públicos con Enfoque de Género en México, en el marco del Presupuesto Basado en Resultados vigente en el país.

Resumen de la Ponencia:

En esta ponencia se expone la (in)movilidad como una conjunción resultante entre la dimensión espacial y la dimensión individual, yendo más allá de la concepción de inmovilidad como defecto de la movilidad (Massey, 1993; Kaufmann, Bergman, & Joye, 2004) y analizando la manera en qué las características del espacio y de la persona dan forma a una dinámica dialéctica entre moverse y no moverse (Hannam, Sheller & Urry, 2006; Adey, 2006; Dalakoglou & Harvey, 2012). Una (in)movilidad como punto intermedio, dinámico y de diversas intensidades, que funciona apropósito de una interacción problemática y “liminar” (Turner, 1980) entre moverse y no moverse. Se trata de analizar la (in)movilidad desde la dimensión espacial y la dimensión individual, lo cual permite entender cómo ambas dimensiones conforman “espacios vividos” (Lefebvre, 2013) de forma diferenciada, tensa y muchas veces difusa. Nos enfocamos en el caso de la territorialidad insular, lo que permite evidenciar cómo el componente espacial configura (in)movilidades dependientes a la relación entre el mar y la tierra, donde se tiene la complejidad de las fluctuaciones marítimas, climáticas y de lo accidentado de su propia geografía (Baldacchino, & Clark, 2013). Una insularidad que hace que las movilidades se den en extensos tiempos, y que de forma cotidiana los viajes estén en tensión entre realizarse o no (Sepúlveda, 2017) por la normal suspensión de viajes. En particular vamos a exponer el caso de las (in)movilidades por salud de los habitantes de las islas del archipiélago de Quinchao en Chiloé, a objeto de entender como son realizadas las prácticas de movilidad e inmovilidad por salud en este territorio, poniendo en relieve tanto la condición territorial, como también las experiencias vividas de (in)movilidad en contextos de atención por salud; entendiendo que desde ahí se entienden las diferentes tensiones a la hora de moverse por estos servicios y las complejidades mismas de cada enfermedad a la hora de enfrentar estas (in)movilidades. Las islas de Quinchao son pequeñas, con baja densidad residencial y poblacional (INE, 2017) y se constituye como un territorio fragmentado y “aislado crítico” (PLADECO, 2019), lo que repercute en estas prácticas de (in)movilidad por salud. Desde un trabajo de análisis de "entrevistas en profundidad" (Valles, 2003) realizadas a habitantes de diversos perfiles y territorios de este archipiélago, se intenta evidenciar la intersección o conjunción problemática entre los diferentes espacios y posibilidades de (in)movilidad por salud y las diferentes experiencias vividas que, darán cuenta (eventualmente) de los diferentes puntos e intensidades de la (in)movilidad en este territorio de análisis.  

Resumen de la Ponencia:

En Chile el escenario de la Pandemia por COVID-19 ha sido muy complejo, con más de 63.437 fallecidos/as reconocidos/as (3.283 por 1.000.000 habitantes), encontrándose en el número 18 de países con mayor tasa de mortalidad. Situación que se puede explicar debido a una política reduccionista y centrada en el nivel hospitalario, así como por condiciones de pobreza, hacinamiento, precariedad laboral entre otras consecuencias del modelo de desarrollo (29% de pobreza de ingresos, 70% de los trabajadores/as con sueldos insuficientes y una alta informalidad, 30% de adultos/as mayores trabajando). Lo que se evidencia, en la desigualdad en la mortalidad ajustada por COVID-19, con una diferencia es de más de 5 veces entre las comunas de menores y mayores ingresos del Gran Santiago.

En un marco político caracterizado por falta de legitimidad del gobierno, posterior al “estallido social” (18/10/2019). Además de una notoria falta de transparencia y democracia en el acceso a la información y en la toma de decisiones. Teniendo como contexto, un sistema de salud dañado por políticas neoliberales (desde hace más 40 años), la apuesta fue sumar las camas hospitalarias (sector público y privado), sin embargo, se descuidó el abordaje centrado en la atención primaria (AP), dificultando la interrelación con la comunidad para un buen control de los contagios.

Consecuencia de la fallida reforma a la salud, en el país existe un importante déficit de recursos en el sistema público, lo que provoca una insuficiente respuesta a las necesidades de la población. Manteniéndose bajos niveles de control de enfermedades agudas y crónicas, así como de satisfacción usuaria.

Frente a la falta de liderazgo, las comunidades se organizaron a nivel territorial, con ollas comunes, intercambio de bienes de primera necesidad, cultivos comunitarios, entre otras maneras de subsistencia. A pesar de las sombrías circunstancias, la sociedad se encuentra retomando las movilizaciones por una nueva constitución, en la perspectiva de garantizar el derecho a la salud, así como los demás derechos sociales universales.

Como aprendizaje producto de la pandemia, se ha evidenciado que Chile no cuenta con un sistema robusto de salud. Por lo tanto, se requiere contar con el Derecho a la Salud consagrado en la Constitución, por medio de un Servicio Nacional de Salud (SNS), basado en atención primaria. El rol que debe jugar la AP, sobre las políticas sanitarias y sociales es fundamental, debiéndose avanzar en una política que fortalezca la incorporación y permanencia de los/as trabajadores de salud, estableciendo una perspectiva que asegure la longitudinalidad en la atención, así como una cogestión territorial. 

Introducción:

Epidemiología de la pandemia

En Chile el escenario de la Pandemia por COVID-19 ha sido muy complejo, con 63.437 fallecidos/as reconocidos/as (3.283 por 1.000.000 habitantes), encontrándose en el número 18 de países con mayor tasa de mortalidad (MINSAL, 2023). Esta situación se puede explicar debido a una política reduccionista y centrada en el nivel hospitalario, así como por condiciones de pobreza, hacinamiento, precariedad laboral entre otras consecuencias del modelo de desarrollo. Dicha situación se evidencia, en la desigualdad en la mortalidad ajustada por COVID-19, con una diferencia es de más de 5 veces entre las comunas de menores y mayores ingresos del Gran Santiago (Canales, 2020).

A tres años del inicio de la pandemia, la situación sanitaria es más tranquila, con más de un 27% de la población que ha pasado la enfermedad (5.366.630 personas), buenos índices de vacunación contra COVID-19, disminuyen los niveles hospitalizaciones en el país. Sin embargo, la situación ocurrida refleja una muy limitada disponibilidad de camas hospitalarias a nivel nacional, que en algunos momentos alcanzó niveles críticos, con una proporción de ocupación de camas críticas sobre un 95% a nivel nacional. Si bien las autoridades sostienen que no ha habido falta de camas o ventiladores para pacientes COVID-19 graves, las diferencias de mortalidad en periodos de saturación de la red de salud apuntan en el sentido contrario (ICOVID Chile, 2021).

Una evidencia de la compleja situación enfrentada la encontramos en la mortalidad por COVID-19, con 63.437 defunciones acumuladas entre marzo 2020 y enero 2023 (correspondo a 22.220 defunciones para el año 2020 y 27.976 en el año 2021), ocupando el primer lugar como causa de muerte en el país. Además, en la comparación de las defunciones registradas en los últimos 6 años (2016-2021), agrupando el cuatrienio 2016-2019 en relación a los años 2020 y 2021, se observa un aumento en la mortalidad en todos los meses analizados (MINSAL. 2021).

Desarrollo:

Dinámicas sociopolíticas de la Sociedad frente al riesgo epidémico

Desde hace varias décadas a la fecha, debido a la desregulación estatal, el sistema financiero presenta ayuda gubernamental y una posterior bancarización de las deudas familiares por servicios y productos, para acceder al consumo o satisfacer necesidades fundamentales. El Estado dejó de proveer servicios, como vivienda, salud, educación, entre otros, mientras las entidades financieras comenzaron a ocupar este espacio, en este nuevo desarrollo del capitalismo de financiarización de la economía de las personas. Las grandes empresas generan ganancias retenidas y las utilizan para financiar sus propias inversiones (grandes cantidades de dinero para invertir en los mercados financieros). En consecuencia, estas grandes empresas, incorporan una actividad financiera a sus propias ganancias. En este contexto, los bancos se adaptaron a estos mercados abiertos y pasaron a desempeñan un papel de intermediarios, con ganancias esencialmente por el cobro de transacciones u operaciones. Todos estos son instrumentos financieros, que corresponden a los ahorros de empresas y personas, nos enfrentan a una expropiación completa en la que la población se ve enfrentada a la pandemia.

El espectacular crecimiento de los grupos económicos se ha visto favorecido por las bajas tasas del impuesto a la renta, impuesto cuyo diseño proviene de la reforma tributaria de 1984, que privilegió el fomento del ahorro y la inversión por sobre la recaudación fiscal o la redistribución de ingresos. De no haber existido el FUT (Fondo de Utilidad Tributaria), las utilidades habrían tributado a una tasa dos veces más alta y la acumulación de capital y de riqueza sería mucho menor. La concentración del ingreso y de la riqueza en los grupos económicos que controlan la propiedad de las empresas que generan parte significativa del PIB nacional, es un núcleo duro de la desigualdad, que explica entre otros hechos la inconsistencia que hay entre el elevado ingreso per cápita del país y el bajo nivel de vida de la mayoría de la población, que no accede a los empleos provistos por este sector de alta productividad (Desiguales, 2017).

Chile, como país “periférico”, se subordina las economías a las del centro. En los bancos nacionales, todos los productos bancarios cuentan con participación de capitales globales. Esto se ha traducido, en una integración de gran tamaño, con mercados financieros que mantienen flujos de capital gigantes en el centro del capitalismo. La referencia mundial a este estado de cosas se denomina liberalización, que describe una financiarización subordinada a las economías del centro.

Por tanto, la desigualdad del país pasó a ser parte de la fisonomía, aunque la tasa de pobreza se ha reducido, los ingresos de los hogares han aumentado, la matrícula escolar y universitaria se ha expandido, persisten enormes diferencias socioeconómicas que se reflejan en espacios urbanos segregados, tratos discrimatorios y capacidades muy distintas de influencia y poder. Aunque la tasa de pobreza monetaria o por ingresos oficial sería de un 10,8%, en la práctica existe una clara insuficiencia de ingresos del trabajo y las pensiones para permitir que las personas superen la pobreza monetaria. La vinculación entre bajos salarios, bajas pensiones y pobreza es robusta. Si se considera la canasta de referencia de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) en Pandemia 2020, la pobreza por ingresos totales subiría de 10,8% a 22,2 %, es decir al utilizar criterios de alimentación más exigentes, 2 de cada 9 personas que viven en Chile se encontraría en situación de pobreza. Además, la pobreza real pasa de un 10,8% a un 39,9% (de un 11% a un 42,2% en mujeres, mientras que de un 10,6% a un 37,3% en los hombres) y en el caso de la pobreza por ingresos del trabajo y pensiones contributivas, esta llegaría a 52,3%, lo que equivale a 10,2 millones de personas. (Durán & Kremerman, 2021).

La elevada desigualdad de ingresos se explica por los bajos salarios que afectan a un gran número de trabajadores/as (considerando como bajo salario, como el que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un hogar promedio en ausencia de otras fuentes de ingresos), la mitad de los/as asalariados/as con jornada de treinta y más horas semanales se encuentra en esta situación. De acuerdo a la Encuesta CASEN del año 2017, la situación es bastante crítica, ya que los/as trabajadores/as chilenos/as perciben $516.892 líquidos al mes por concepto de ingresos asociados a la ocupación principal (US$ 738). Sin embargo, el umbral máximo alcanzado por la mitad de estos/as sería de sólo $350.000 líquidos mensuales (US$ 500). Dicho de otro modo, en el país donde el ingreso promedio es de US$ 25.891, el 50% de los/as trabajadores/as gana tan sólo US$ 6.000 (casi US$ 20.000 menos que el promedio). Lo que evidencia la extrema injusticia en los salarios del país, en que por el otro lado, el 1% más rico (los representantes del gran empresariado) acumulan 33% de los ingresos nacionales (Durán & Kremerman, 2019).

A la desigualdad que se origina en los bajos salarios, se suma la que produce un sistema de pensiones que no provee los medios de vida requeridos para la vejez. Alrededor de la mitad de los/as jubilados/as percibe hoy una pensión inferior a un valor mínimo (definido en este trabajo como un 70% del salario mínimo). Este resultado considera la pensión contributiva más el monto que provee el Estado como aporte previsional solidario. En ausencia de este componente, un 72% de adultos mayores habría recibido una pensión inferior a la mínima. Por lo tanto, más que fortalecer los mercados financieros, resulta urgente sustituir el modelo de cuentas individuales administradas por las AFP, como pilar fundamental para financiar pensiones, considerando además que después de casi cuarenta años de funcionamiento el sistema de acumulación capitalista de capitalización individual no logró cumplir con el objetivo prometido de pensiones dignas (Gálvez & Kremerman, 2019).

Las consecuencias de esta extrema desigualdad se expresan en diferentes ámbitos de la vida, algunos ejemplos de esta realidad se presentan a continuación:

- El endeudamiento de los hogares chilenos alcanza máximo histórico, de acuerdo al informe del Banco Central (Cuentas nacionales por sector institucional), los hogares registran una deuda equivalente a 73,3% del ingreso disponible. Además de este significativo nivel de endeudamiento, hay una gran carga financiera a ingreso de los hogares endeudados en todos los estratos de ingreso. También, se encuentran incrementos en los problemas de pago de deudas, por lo que los hogares ven reducidos sus márgenes financieros, y por tanto, su capacidad para enfrentar shocks futuros de ingreso y/o tasas de interés (Banco Central, 2019).

- 7 de cada 10 chilenos/as declara tener o haber tenido algún problema o enfermedad asociada a la salud mental. Los problemas más frecuentes son ansiedad o angustia, depresión, trastornos del sueño y estrés. Un 35% declara tener o haber tenido depresión. Por su parte, el estrés laboral alcanza a más de la mitad de los/as de entre 36 y 51 años.

- Confianza que tienen los/as ciudadanos/as en que se tendrá atención de salud en caso de enfermedad catastrófica o grave, donde el 63% de las personas que dicen tener mucha o bastante confianza en este acceso son del nivel socioeconómico alto, sin embargo en el nivel socioeconómico bajo, solo 17,5% tiene confianza en poder ser atendido/a. En otras palabras, en Chile confiar en que las personas que se enferman gravemente serán atendidas es un lujo al que pocos pueden acceder (Desiguales, 2017).

En este duro contexto, la precariedad social demandaba medidas de apoyo urgente a las familias, sin embargo las medidas además de insuficientes, fueron tardías. Y frente a la falta de liderazgo, las comunidades se organizaron a nivel territorial, con ollas comunes, intercambio de bienes de primera necesidad, cultivos comunitarios, entre otras maneras de subsistencia. A pesar de las sombrías circunstancias de los últimos meses la sociedad se encuentra retomando las movilizaciones por una nueva constitución, en la perspectiva de garantizar el derecho a la salud, así como los demás derechos sociales universales.

Dinámica sociopolítica del Estado ante el COVID-19

Como consecuencia de las políticas impulsadas por la dictadura de Pinochet, se realizaron reformas neoliberales en el campo de salud y seguridad social, imponiendo un modelo de mercado y un incentivo negativo hacia los sistemas públicos. Esta situación es responsable que existan importantes desigualdades en acceso y estado de salud entre niveles de ingreso y grupos sociales.  

Una vez terminada la dictadura cívico militar chilena, la clase política dominante incumple las promesas de justicia social y bienestar, trasladando el debate sobre derechos sociales universales a la tecnocracia en los poderes representativos del estado. Con una ciudadanía que hasta el año 2011, prácticamente no tuvo incidencia en la toma de decisiones en ninguno de los ámbitos de la vida, colonizados por el mercado. El debate, acerca de una necesaria reforma de salud para nuestro país, se dio con un pueblo espectador de los diálogos entre el gobierno y los empresarios, naturalizando una visión mercantilista de la Salud, que se centra en la asistencia y en la forma más racional, económicamente hablando, de darla.

En el contexto de pandemia, el gobierno chileno ha tomado una serie de decisiones respecto a su enfrentamiento que evidencian el neoliberalismo que domina en el sistema sociopolítico. Desde el primer momento se llama al confinamiento social el cual nunca se ha cumplido de la manera esperada.  Se decretó el 22 de marzo de 2020 toque de queda en todo el territorio desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana, siendo mantenido hasta la fecha. Por otro lado, el carácter de los aportes provenientes desde el estado, se han caracterizado por la focalización extrema, incluso criticado desde la propia derecha . Ejemplo de las ayudas son: canastas individuales de alimentos entregadas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), caja de alimentos destinada a las familias vulnerables, Ingreso Familiar de Emergencia, Subsidio al Ingreso Mínimo Garantizado y Bono COVID 19.

Debido a lo limitado del apoyo gubernamental, al poco tiempo de decretado el estado de excepción, emergieron las protestas y el malestar social debido a las dificultades para poder cumplir con el confinamiento, particularmente en las zonas con la peor determinación social de Santiago. Las repercusiones sociales y económicas, que trae consigo la Pandemia, muestran con mayor fuerza los bordes de la desigualdad en el país, lo que ha obligado al Gobierno a tomar medidas que permitan subsanarlos, que sin duda no ha reparado la necesidad más cruda de las comunidades “vivir una cuarentena sin hambre”, puesto que dichas medidas se han generado de manera tardía o con escasa mirada de la realidad social.

Desde las primeras medidas económicas anunciadas, se privilegió evitar el endeudamiento público, debido a que éstas se caracterizaron por:

1. Reasignar fondos al sector salud (desde otros rubros del gasto público).2. Emplear fondos individuales del seguro de cesantía y la entrega de un bono de $50.000 CPL (US$ 66), más similar monto por cada carga familiar.3. Medidas tributarias para las empresas, como postergación de obligaciones financieras. En el caso de las cuentas individuales del seguro de desempleo de cada trabajador o trabajadora (para quienes no podían realizar teletrabajo), accedieron a parte o la totalidad de su seguro de cesantía, mediante acuerdo mutuo con empleador y mandato de la autoridad sanitaria. Por lo tanto, trabajadores dependientes vieron sus contratos suspendidos en el marco de la pandemia, otorgándoles a cambio un porcentaje máximo calculado a partir de sus últimos salarios, disminuyendo progresivamente desde el primer mes hasta un máximo de seis meses. Asociado a un fondo solidario para trabajadores y trabajadoras dependientes con montos insuficientes para alcanzar los topes porcentuales establecidos, a los cuales el gobierno subsidia con fondos públicos.

Con lo que se constataba que el paquete de medidas que el gobierno definía como inédito, en la práctica, no entregaba protección a trabajadores y sus familias. Por lo que frente a la insuficiencia de las medidas anteriores, a un mes del confinamiento, el gobierno entrega una segunda propuesta de ayuda económica, con lo que se crea un fondo adicional por US$ 2.000 millones orientado a los 2,6 millones de trabajadores informales sin contrato de trabajo, y que no contaban con seguro de desempleo. Además de otras medidas para facilitar el crédito con garantías estatales a las empresas. Con lo que se persiste en el intento de moderar los efectos recesivos de la crisis sin incurrir en un gasto público necesario para mantener a las familias en situación de confinamiento (Heiss, 2020).

Por tanto, evidenciamos que las políticas de protección social en el marco de la pandemia por COVID-19 se caracterizaron fundamentalmente por ser financiadas por ahorro individual y endeudamiento de las personas.

El Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, realiza un balance sobre las medidas económico-sociales del gobierno, a un año del inicio de la pandemia:

 Las últimas medidas intentan avanzar en la corrección de una ausencia de políticas de apoyo a las familias, sin embargo lo hacen de un modo tardío, insuficiente, persistiendo en trámites burocráticos y falta de claridad.

 El Gobierno ha faltado a su compromiso de transparencia, incumpliendo la responsabilidad de dar cuenta de cómo se financiaba y cómo se iba utilizando el fondo COVID de correspondiente a US$ 12.000 millones.

 Esta situación se da, a pesar que el estado cuenta con fondos soberanos por US$ 20.000 millones y además dispone de capacidad de endeudamiento para enfrentar de mejor forma una pandemia. Dichos recursos no se han utilizado de manera suficiente y han forzado a la ciudadanía a utilizar US$ 35.000 millones de sus fondos previsionales y US$ 1.000 millones de sus fondos de cesantía.

Como se menciona en el punto anterior, y a pesar de la férrea resistencia del ejecutivo, la manera de poder obtener alivio frente al hambre y precariedades de segmentos mayoritarios de la ciudadanía, fue posible debido el retiro de sus fondos previsionales. Hasta el momento se ha aprobado en 3 ocasiones poder descontar de los montos destinados a la jubilación hasta un 10% (en cada oportunidad). Posterior al segundo de estos, hacia fines de marzo del 2021, casi 11 millones de personas habían solicitado retiros al sistema AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), instituciones privadas que cuentan con el poder de administrar los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales (CENDA, 2021).

El costo de la crisis ha recaído básicamente en las mayorías vulneradas del país, en un contexto de pérdida de más de un millón de empleos y un aumento en la pobreza absoluta cercana a un 4%. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2021), la tasa de desocupación el 2020 alcanzó un promedio de un 10,7% (incremento atenuado por la gran cantidad de personas que salieron de la fuerza de trabajo). Estas cifras implican un alza de 3,5 puntos porcentuales en la tasa y un aumento de 34,5% en la cantidad de desocupados en comparación con 2019 (Menz, 2019).

Conclusiones:

Respuesta del Sistemas de Salud

En el marco de la profundización del carácter subsidiario del Estado (heredado desde la dictadura), durante los gobiernos posteriores se ha mantenido una política y una visión del Estado, acordada entre los sectores políticos y económicos que deciden por el país y que pone el interés financiero por encima del sanitario, generando nichos de acumulación para el capital privado, asegurados por el Estado.

Como resultado del proceso de reforma de salud del año 2005, se implementa el programa de Garantías Explícitas en Salud (GES), un listado actual de 85 enfermedades con acceso a intervenciones sanitarias específicas. Sus efectos positivos han sido limitados y sus problemas importantes: exceso de burocracia, generación de discriminación y desvío significativo de recursos públicos hacia el sistema privado.

Por esta razón, los conflictos principales en el tema de salud son entre grupos empresariales, pues ellos son los que han influido en la dirección hacia donde el sector se desarrolla. Los conflictos políticos al interior de los grupos dominantes, se caracterizan por repercusiones de las disputas oligarcas, sin que los sectores llamados progresistas hayan logrado levantar algún proyecto alternativo, terminando en el caudillismo, las ventajas cortoplacistas y beneficios personales.  El mercado y las decisiones en salud están sustentadas en los grandes holdings y otras empresas medianas y pequeñas, que aprovechan la oportunidad de hacer negocios. Para conseguir estos fines, ha sido llamativa la contratación de ex directivos públicos del sector, así como también el financiamiento a la clase política gobernante.

En la actualidad el sistema de salud se encuentra en crisis. Integrado principalmente por el sistema público (Fondo Nacional de Salud) y el sistema privado (Instituciones de salud previsional), que produce segmentación de la población en el acceso a salud, consagrando una salud para pobres y enfermos y otra para ricos y sanos. Con un sector público crónicamente desfinanciado, perdiendo capacidades y un aseguramiento privado con discriminación y arbitrariedades, sin solidaridad ni eficiencia. El sistema público de salud cubre aproximadamente al 75% de la población con el 45% de los fondos recaudados vía cotización individual obligatoria, que junto al aporte estatal es administrado por el Fondo Nacional de Salud (FONASA). Por otro lado, las ISAPRE perciben la cotización de la población de mayor ingreso (aproximadamente al 18% de la población, con el 55% de los fondos recaudados vía cotización individual) y los utiliza como primas individuales que no se distribuyen en la población general según necesidad, llevando a una distribución desigual de los recursos. El sistema se financia con un 8.4% del PIB, de ello aproximadamente un 50% del gasto total en salud es financiado con gasto público.

Esta situación inequitativa ocasiona que el gasto per cápita en salud de una persona de una ISAPRE sea un 50% mayor que el de una persona en FONASA. Lo que produce segmentación de la población en el acceso a salud, ya que las personas con mayores recursos económicos y mejor estado de salud se encuentran en el sistema privado, recibiendo una atención más rápida e incluso excesiva, a diferencia de las personas con menores recursos y de peor estado de salud que se atienden en el sector público. Se consagra una salud para ricos y sanos y otra para los pobres y enfermos.  Por otro lado, el elevado gasto de bolsillo en nuestro país, representando una proporción muy elevada del gasto total en salud, correspondiendo a lo menos a un 32% (Benítez, Hernando, Velasco, 2018).

Para el periodo de la pandemia, en un marco político caracterizado por falta de legitimidad del gobierno, posterior al “estallido social” de octubre de 2019. Además de una notoria falta de transparencia y democracia en el acceso a la información y en la toma de decisiones. Teniendo como contexto, un sistema de salud dañado por políticas neoliberales (desde hace más 40 años), la apuesta fue sumar las camas hospitalarias (sector público y privado), sin embargo se descuidó el abordaje centrado en la atención primaria de salud (APS), dificultando la interrelación con la comunidad para un buen control de los contagios.

La situación ocurrida en Chile se podría definir como una tardía y deficiente incorporación de la estrategia de abordaje comunitario para su contención, a pesar de la evidencia demostrada en países que priorizaron el trabajo en el nivel primario de atención, a lo menos en los primeros 4 meses del desarrollo de la pandemia en Chile, menos de 5% de los recursos para su enfrentamiento fueron destinados a la AP. Por otro lado, a pesar de la necesidad de una estrategia de trazabilidad eficiente, hasta el día de hoy su implementación ha detentado importantes demoras, aumentando el riesgo de nuevos brotes.

Por lo tanto, si bien la situación de precariedad y discriminación en el acceso a la atención de salud ha sido una constante en las últimas décadas, la pandemia ha evidenciado con mayor crudeza que Chile no cuenta con un sistema robusto de salud, sino con uno público y otro privado, con lógicas divergentes, lo que produce una situación de franca discriminación entre un segmento pequeño de población con mayores recursos económicos y gran parte de la ciudadanía de menores recursos.

Asuntos pendientes

La pandemia por COVID-19 ha venido a demostrar con mayor crudeza las consecuencias de más de 45 años de políticas neoliberales, de desigualdad y exclusión. Se hace imprescindible avanzar hacia un proceso de rearticulación de las clases subalternas, promoviendo un cambio a los amarres constitucionales del Estado subsidiario, trabajando la capacidad de alianzas que el mundo del trabajo organizado pueda establecer con otros movimientos sociales con diferentes problemáticas, para que se lleven a cabo las transformaciones que requiere un nuevo Chile, con una nueva forma de vivir, que valore la vida por sobre el mercado. Este nuevo Chile requiere de una nueva constitución, que releve los derechos humanos, derechos sociales universales como una manera de relacionarnos socialmente, con un Sistema Universal de Salud, bajo los principios de universalidad, solidaridad, equidad, integralidad, gratuidad y ausencia de lucro. Con un diálogo respetuoso de saberes entre la atención de salud alopática y los conocimientos ancestrales y populares. Además, de potenciar la autonomía de los pueblos en la generación de procesos de atención acordes con las dinámicas de las propias localidades, disminuyendo así la dependencia hacia la medicina occidental.El derecho a la salud debe ser consagrado en la Constitución de manera pública, gratuita y de calidad para todo/as. Concebir la salud como un derecho implica que el Estado garantice a toda la población el mayor grado de bienestar en salud, y que este no se encuentre segregado por capacidad de pago y riesgo de enfermar. La Constitución debe garantizar el derecho universal a la salud, es decir el acceso, la calidad y la protección financiera al conjunto de los habitantes del país, provisto desde el Estado a través de un Servicio Nacional de Salud. Generar un cambio de esta magnitud, obliga al Estado a mejorar y ampliar el sistema público de salud. Sólo en un sistema donde desaparezca la segregación, y que funcione bajo un marco solidario de financiamiento lograremos satisfacer integralmente las necesidades de salud de la población.

Un Sistema Universal de Salud basado en atención primaria: caracterizado por un financiamiento por impuestos generales. El sistema es universal, constituyéndose un solo financiamiento nacional que distribuye los riesgos, sin discriminaciones por edad, sexo o enfermedades. Además, se debe avanzar en la construcción de una política integral de desarrollo de los/as trabajadores/as para mejorar la calidad de la atención que se brinda a la comunidad, fortaleciendo la permanencia de médicos/as y otros funcionarios/as de salud.

La atención primaria debe ser el pilar fundamental del sistema de salud, en este sentido es fundamental mejorar su financiamiento, es necesario que los/as funcionarios/as y la comunidad tengan injerencia en la toma de decisiones con respecto al presupuesto y de esta forma evitar que los recursos de salud se mal utilicen o se desvíen hacia otros gastos. Además, se deben reevaluar las actividades de la AP, reformulándola y adecuándola a lo que realmente debiera hacerse, es decir, incorporar acciones de prevención y promoción de salud, así como mejoras a la capacidad resolutiva. Debiéndose avanzar en una política que fortalezca la incorporación y permanencia de los/as trabajadores/as de salud, estableciendo una perspectiva que asegure la longitudinalidad en la atención.

Por otro lado, la complejidad de los contextos sociales, exacerbados en la situación actual, exige la interrelación de trabajadores y la ciudadanía, que deben contar con mecanismos efectivos de participación vinculante en la toma de decisiones, por medio de una gestión triestamental. Ya que a pesar de las sombrías circunstancias de los últimos meses, la sociedad se encuentra retomando la organización por una nueva constitución, en la perspectiva de garantizar el derecho a la salud, así como los demás derechos sociales universales.

Poniéndose énfasis en que enfrentar los problemas actuales y crónicos del sistema de salud, se requiere una profunda transformación, con una provisión de servicios de calidad en la red asistencial pública, que se oriente desde una perspectiva multisectorial, considerando la determinación social de salud, para resolver de forma integral los problemas de salud de la población (Bass, 2020).

Nos encontramos en un momento decisivo para que se lleven a cabo las transformaciones que requiere un nuevo modelo de sociedad, que contenga un Servicio Nacional de Salud, bajo los principios de universalidad, solidaridad, equidad, integralidad, gratuidad y ausencia de lucro.  

Bibliografía:

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Bass. 2020.  Atención primaria y estrategias comunitarias, para salir fortalecidxs de esta crisis. 5 de mayo de 2020. [Consultado el 12 de enero de 2023]. Disponible en: http://www.saludpublica.uchile.cl/noticias/163091/atencion-primaria-y-estrategias-comunitarias-para-salir-fortalecidxs

Benítez, Alejandra. Hernando, Andrés, Velasco, Carolina. 2018. Radiografía del gasto de bolsillo en salud en Chile: Análisis del cambio en el gasto entre 2012 y 2016. Puntos de Referencia MR, Edición Digital. N° 491, Centro de Estudios Públicos. [Consultado el 12 de enero de 2023]. Disponible en: https://www.cepchile.cl/investigacion/radiografia-del-gasto-de-bolsillo-en-salud-en-chile-analisis-del-cambio-en-el-gasto-entre-2012-y-2016/

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CENDA. 2021. Declaración Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA). Agosto 2020, actualizada abril 2021. [Consultado 12 de enero de 2023]. Disponible en: https://www.cendachile.cl/

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Menz, Eduardo. 2021. Impactos Económicos y Sociales a un año de la pandemia por COVID-19 en América Latina y el Caribe. Serie Documentos Electrónicos, Programa Economía y Políticas Públicas en América Latina y el Caribe FLACSO. [Consultado el 12 de enero de 2023]. Disponible en: https://flacsochile.org/doc/2021/Doc_Electronico_Impactos_Economicos_Sociales_pandemia_covid_19_ALC.pdf

MINSAL. 2023. Reporte diario COVID-19 N° 148. Departamento de Estadísticas e Información de Salud DEIS. Ministerio de Salud. 12-01-2023. [Consultado el 12 de enero de 2023]. Disponible en: https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/Reportes/12.01.2023_Reporte_Covid19.pdf

MINSAL. 2021. Informe semanal de defunciones por COVID-19, N°63. Departamento de Estadísticas e Información de Salud DEIS. Ministerio de Salud. 26 de agosto de 2021. [Consultado el 12 de enero de 2023]. Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/08/Informe-Semanal-ago-26-2021.pdf

Palabras clave:

Palabras clave: COVID-19, neoliberalismo, derecho a la salud.Palavras-chave: COVID-19, neoliberalismo, direito à saúde.Keywords: COVID-19, neoliberalism, right to health. 

Resumen de la Ponencia:

Relaciones de poder entre jóvenes trabajadores en informalidad y patrones. El caso de la Zona Centro de la ciudad de Torreón, Coahuila, México.  El objetivo de la presente investigación consiste en analizar cómo se relaciona la precariedad laboral de los jóvenes en trabajos informales de la zona centro de la ciudad de Torreón, Coahuila, México con su capacidad de organización y movilización política. La mayoría de este segmento de la población laboran en condiciones precarias, por ejemplo: falta de material de trabajo, así como material de limpieza adecuados, horarios alargados hasta las doce horas o más, días festivos no pagados, horas extras no pagadas, uniforme que los propios trabajadores pagan y reemplazan, falta de estructura en el ambiente laboral, estos no están dados de alta en el seguro entre otros. Estas condiciones impactan en su realidad social, pues está en riesgo su integridad, por ejemplo de camino al trabajo, de salida y durante la jornada, o el ambiente de trabajo es hostil, estresante, con jefes que no tienen conocimiento sobre un ambiente sano entre empleados o como ser líderes que impulsen al trabajador, también no existe un espacio en el que se puedan desarrollar y efectuar de manera efectiva sus tareas: espacios pequeños, lugares resbalosos, sin baño y sin medidas seguras para aquellos que deben cargar objetos de gran peso.Por lo tanto, el propósito central de la ponencia radica en encontrar los dispositivos de control que ejercen los patrones sobre este sector de la población ya que no vislumbran la posibilidad de exigir condiciones dignas de trabajo siguiendo la Ley Federal del Trabajador. En ese marco, es importante identificar cuál es la relación que existe entre instituciones gubernamentales y jóvenes en condición de precariedad, esto con la intención de comprobar el interés del gobierno municipal para erradicar este tipo de problema a nivel local.La metodología de trabajo será de tipo mixto, en especial cualitativo pues encontrar los motivos que mantienen a la juventud en trabajos mal pagados es el principal propósito, ya que ellos mismos expresan su inconformidad con sus sitios de trabajo, pero no reconocen la posibilidad de romper la relación empleado-patrón y de esta forma reclamar sus derechos laborales, por lo tanto, es una cuestión ideológica/cultural la que se quiere hallar.Algunas de las bases teóricas serán situadas en conceptos marxistas para comprender ciertas narrativas del trabajador, así como “La construcción social de la realidad” de Peter Berger y Thomas Luckman, quienes desmenuzan la forma en que se construyen las relaciones sociales en la cotidianidad, “Gramsci y el Bloque Histórico”, de Hugues Portelli, donde podemos encontrar información sobre la Hegemonía y las clases, y también se recurrirá a Foucault para explicar conceptos como la disciplina.   

Resumen de la Ponencia:

La apropiación social y cultural del territorio en Colombia, ha sido una de las estrategias más implementadas por los grupos sociales en las últimas décadas. La apropiación social del conocimiento por ejemplo, preocupante para algunos gobiernos, instituciones y medios, ha generado un compromiso social por parte de las comunidades (Martín, 2012), que buscan fortalecer las dinámicas de recuperación histórica, memoria y tradición, como una respuesta a la ausencia del Estado-Nación en sus territorios. La idea de fortalecer la identidad cultural de los pueblos y las regiones, ha traído además, un arraigo nacional afincado en la idea de nacionalidad construida a partir de la diversidad, identidad y pertenencia de los grupos sociales a su entorno por medio de discursos sobre lo ‘propio’, lo ‘nuestro’ y lo ‘diferente’. La etnomulticulturalidad en las regiones colombianas, se fractura en el cuestionar quienes somos en el tránsito de la historia y a donde pertenecen nuestros trazos de memoria. Esta proyecto subyace así, de la necesidad de fortalecer la apropiación social y cultural del territorio en la UPZ 29 a partir de la gestión cultural de los archivos y fuentes documentales primarias que se encuentran en el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones, en el Museo de Arte Contemporáneo y en el Centro de Transformacion Social de UNIMINUTO, desde 1990 hasta la actualidad. La visibilización de los procesos de apropiación en la UPZ 29, que inician desde la fundación del barrio Minuto de Dios, se expande a la reconfiguración de nuevas propuestas que traen consigo los demás barrios que hoy conforman el territorio. Los procesos de gestión cultural que subyacen como dinámica de apropiación del conocimiento materializado en salas de exposición de arte, arqueología y pintura; talleres de aprendizaje (música, manualidades, entre otros) y espacios de resonancia sonora, tensionan el paradigma esquemático entre la idea de transformación histórica y la recuperación de memoria como una simbiosis de progreso.Esta dinámicas nos muestra que existe por parte de la comunidad de la UPZ 29, una clara intencionalidad por re-sinificar los espacios, la memoria y la construcción de propuestas a largo plazo que exalten desde la apropiación social y cultural, la forma de contribuir y crear conocimiento como parte del legado generacional que corresponde propiamente desde la construcción de territorio.

Resumen de la Ponencia:

En el último lustro, Costa Rica ha enfrentado una serie de retos en materia educativa. Así lo señala el Programa del Estado de la Nación (PEN) mediante el documento “Estado de la Educación 2021” donde expone que, aunado a los rezagos educativos históricos del país, el sistema de enseñanza nacional pública ha atravesado una serie de interrupciones significativas de los ciclos lectivos que han profundizando la crisis educativa. Por ejemplo, la huelga magisterial de 2018 en oposición a la aprobación del Plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y las protestas estudiantiles de 2019 relacionadas a la aplicación de pruebas FARO. Además, desde marzo de 2020, se suma la coyuntura relacionada a la pandemia de COVID-19.Este “apagón educativo” expuso algunas de sus deficiencias y necesidades, que conllevan una serie de retos para el Ministerio de Educación Pública en infraestructura, formación docente, contratación profesional, política curricular y mediación pedagógica. En este contexto, la respuesta a nivel político se ha reflejado en múltiples propuestas partidarias en el proceso electoral 2021-2022.A través de esta investigación, se busca distinguir los discursos presentes en las propuestas partidarias en cuanto a educación, el marco ideológico-político del que provienen y los intereses ligados a su formulación: ¿qué se entiende por educación?, ¿qué elementos se priorizan en torno a la misma?, ¿cuál es su visión sobre la materia?.  Para esto, se realiza una revisión de programas de gobierno y debates electorales de los seis partidos que encabezaron este proceso electoral y que obtuvieron representación parlamentaria, triangulando con teoría sociológica y apuntando hacia un análisis crítico de discurso y contenido.De esta forma, a lo largo de esta investigación se dilucidan discursos adyacentes a la educación que son funcionales a la transformación societal en el marco del modelo de acumulación hegemónico. Se distingue la ideología neoliberal, pro-tecnológica y técnica impuesta a través del modelo educativo: se priorizan elementos como el enfoque STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), la enseñanza de un segundo idioma -especialmente el inglés-, las alianzas público-privadas, la lógica de emprendedurismo, la formación técnica y aprendizajes por habilidades. Además, se observan de manera remota, algunas propuestas que parecen distanciarse de este marco ideológico, como la eliminación de asignaturas históricas como educación religiosa y la implementación de educación ambiental, formación artística y pedagogías críticas.

Resumen de la Ponencia:

Narrativas sobre el consumo lúdico de la marihuana, estigmas y dispositivos de control en jóvenes de Torreón, Coahuila México. El objetivo de esta investigación consiste en identificar la relación entre la narrativa prohibicionista histórica de la marihuana y la concientización del uso de la planta con fines lúdicos a son de que se están proponiendo legislaciones en México que permiten su portación y consumo, además, considerando el fácil acceso a la información gracias a los medios digitales de comunicación parece contradictoria la desinformación que existe en los usuarios de la región pues las practicas de consumo parecen sustentarse en las imágenes distorsionadas de la planta y de los consumidores que dicha narrativa ha cimentado en la población.En ese sentido, la hipótesis central para la investigación es que el conocimiento que los jóvenes usuarios de marihuana en la ciudad de Torreón, Coahuila, México tienen sobre la procedencia y calidad del producto que consumen es desconocido y/o no es de interés, además, de identificar si es que existe la intención de generar redes de consumo solidario y auto-gestivo pues existen pequeñas coyunturas que permiten este tipo de dinámicas, un ejemplo de ello es cuando existe escasez de la planta en la región, las y los consumidores proceden a buscar respaldo en otrxs consumidores para solventar dicha necesidad lo que muchas veces deriva en la búsqueda de  cultivadores independientes. Cabe mencionar que está escasez esta relacionada a las dinámicas delictivas pues el narcotráfico es el principal suministro de la planta en la ciudad.El método de análisis es de corte mixto multietápico, primero se aplicarán encuestas a jóvenes consumidores para saber que tanto conocimiento se tiene sobre la sustancia, de los espacios de compra-venta y si es que existen experiencias de dinámicas diferentes a las prácticas de consumo cotidianas; por otro lado, se realizarán entrevistas a profundidad a informantes clave para conocer el impacto de la narrativa prohibicionista de la marihuana en la cotidianidad de los usuarios.El abordaje teórico con el que se plantea realizar el análisis parte desde el interaccionismo simbólico de Berger y Luckmann con sus estudios sobre la vida cotidiana, Becker, con sus estudios sobre la desviación y Goffman, sobre el estigma; además, de retomar la idea de dispositivo de control de Foucault. 

Resumen de la Ponencia:

En el último lustro, Costa Rica ha enfrentado una serie de retos en materia educativa. Así lo señala el Programa del Estado de la Nación (PEN) mediante el documento “Estado de la Educación 2021” donde expone que, aunado a los rezagos educativos históricos del país, el sistema de enseñanza nacional pública ha atravesado una serie de interrupciones significativas de los ciclos lectivos que han profundizando la crisis educativa. Por ejemplo, la huelga magisterial de 2018 en oposición a la aprobación del Plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y las protestas estudiantiles de 2019 relacionadas a la aplicación de pruebas FARO. Además, desde marzo de 2020, se suma la coyuntura relacionada a la pandemia de COVID-19. Este “apagón educativo” expuso algunas de sus deficiencias y necesidades, que conllevan una serie de retos para el Ministerio de Educación Pública en infraestructura, formación docente, contratación profesional, política curricular y mediación pedagógica. En este contexto, la respuesta a nivel político se ha reflejado en múltiples propuestas partidarias en el proceso electoral 2021-2022. A través de esta investigación, se busca distinguir los discursos presentes en las propuestas partidarias en cuanto a educación, el marco ideológico-político del que provienen y los intereses ligados a su formulación: ¿qué se entiende por educación?, ¿qué elementos se priorizan en torno a la misma?, ¿cuál es su visión sobre la materia?.  Para esto, se realiza una revisión de programas de gobierno y debates electorales de los seis partidos que encabezaron este proceso electoral y que obtuvieron representación parlamentaria, triangulando con teoría sociológica y apuntando hacia un análisis crítico de discurso y contenido.  De esta forma, a lo largo de esta investigación se dilucidan discursos adyacentes a la educación que son funcionales a la transformación societal en el marco del modelo de acumulación hegemónico. Se distingue la ideología neoliberal, pro-tecnológica y técnica impuesta a través del modelo educativo: se priorizan elementos como el enfoque STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), la enseñanza de un segundo idioma -especialmente el inglés-, las alianzas público-privadas, la lógica de emprendedurismo, la formación técnica y aprendizajes por habilidades. Además, se observan de manera remota, algunas propuestas que parecen distanciarse de este marco ideológico, como la eliminación de asignaturas históricas como educación religiosa y la implementación de educación ambiental, formación artística y pedagogías críticas.

Resumen de la Ponencia:

El acceso y propiedad de la vivienda en Colombia históricamente ha protagonizado múltiples debates y escenarios de disputas tanto en ambientes académicos como en dinámicas propias del conflicto armado. Es en este último en donde se han producido hechos victimizantes relacionados a la tenencia de la tierra y la vivienda rural, generando un sinfín de perjuicios tanto en infraestructura física como en el tejido social de las zonas afectadas. En el caso de la vivienda rural colombiana, presenta los mayores índices de déficit cualitativo y cuantitativo respecto a las necesidades habitacionales. Frente a ello, en 2020 se crea la primera Política Pública de Vivienda Social Rural (PPVISR) para ofrecer soluciones de vivienda y disminuir los déficits y la pobreza e incorpora múltiples factores para priorizar los municipios y personas beneficiarias. Entre estos destaca el enfoque de género, los enfoques diferenciales, el enfoque de víctimas y excombatientes y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para así articular las acciones por el desarrollo rural con los espacios de reparación e implementación del Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016.En este órden de ideas, la ponencia tiene por objetivo evidenciar el potencial de la vivienda social rural para aportar a las estrategias de reparación en el marco del posacuerdo colombiano y con ello demostrar la relación existente entre el cese del conflicto con el desarrollo, teniendo en cuenta que la vivienda social rural representa la unidad fundamental para la reproducción de la vida, la fuerza de trabajo y la construcción del tejido social en los espacios rurales. Para ello, se contará con la Reparación Transformadora como horizonte paradigmático en el propósito de enlazar el desarrollo territorial y el ordenamiento con la intervención de las condiciones materiales que tienen incidencia en los procesos de victimización en el conflicto armado. Metodológicamente, se retoma la revisión documental y el seguimiento a las acciones de implementación de la PPVISR en relación con el quinto pilar de PDET, Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural. Finalmente, como hallazgos principales se presentan la articulación de la implementación de la política pública con la visión de la Reparación Transformadora y el desarrollo territorial junto con la relevancia que tiene la vivienda social rural. De esta forma, se presentan algunas recomendaciones en la potencialización de dichos procesos.

Descripción de la Publicación académica:

La violencia que no cesa es un libro que busca romper estereotipos y comprender las huellas y persistencias del conflicto armado peruano en la actualidad. A veinte años de la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿Cuáles fueron los usos del metarrelato de su informe final en las reparaciones a las víctimas?, ¿Cómo se manifiesta el “continuum de violencia” en los conflictos sociales actuales, las migraciones o las violencias de género?, ¿En qué medida las producciones culturales interrogan la herencia de la violencia política? El libro aborda estas preguntas desde una perspectiva multidisciplinaria que articula ciencias sociales, humanidades y artes, a través de una importante compilación de textos que, desde diversas perspectivas disciplinarias, nos muestra cómo los impactos de la guerra interna en el Perú, aún permanecen en la memoria de los peruanos tal como si fueran humeantes esquirlas de metralla después de una explosión. Los trabajos nos invitan a pensar el posconflicto en el Perú como “un pasado que no pasa” pero que puede pasar en cualquier otro lugar del mundo.  

Resumen de la Ponencia:

En 2017, al interior del CONAFE se actualizaron las minutas de asamblea que solicitaba el Consejo Nacional de Participación Social en Educación, para realizarlo, se consideró necesario orientar la intencionalidad educativa de los Consejos de Participación Escolar (CPE) desde los Enfoques de Derechos y de la Educación Comunitaria. Era necesaria esa postura  porque el Modelo Administración Centrada en la Escuela afectó sobre todo a los actores educativos en las escuelas unitarias[1] pues los recursos económicos se han dirigido a las escuelas graduadas, canalizando a éstas recursos de infraestructura, humanos, así como programas federales y estatales. El diseño de dos materiales de apoyo para impulsar la participación comunitaria incluyó elementos de la metodología de planeación participativa. Uno estuvo dirigido a las figuras educativas: ofreció contenidos relacionados con el ejercicio de derechos a participar y ser consultados, ejemplos de circunstancias que violentan los derechos de los niños y explicaciones relacionadas con la utilidad de aplicar un plan de trabajo para favorecer que los alumnos, desde pequeños, desarrollen autonomía, capacidades y con ello aprender y construir ciudadanía. Se pretendió articular talleres, proyectos y programas que reciben los servicios educativos, mediante la intervención de diversas instituciones e instancias de gobierno local y privados, para posibilitar que los padres de familia cuenten con recursos materiales y de asesoría técnica que les permitan realizar las actividades extraescolares. El material dirigido a la mesa directiva de la Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC) incluyó las tres minutas de asamblea, donde ésta registraba información cualitativa relacionada con su plan de trabajo, seguimiento a las actividades y la evaluación de sus resultados. Las tres se aplicaron durante el ciclo escolar 2020-2021. La información de los planes de trabajo elaboradas por las APEC en las Coordinaciones de Operación Territorial de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Morelos y Tabasco se sistematizó. Los resultados revelan que las representaciones de padres no han podido incidir en los asuntos que les competen porque no es asequible la interlocución con las instituciones para definir los propósitos y el diseño de los proyectos que en comunidad se consideran necesarios; tampoco reciben respuestas concretas ante las insuficiencias de material educativo y la institución no ha sistematizado, analizado y utilizado la información que ha solicitado a las APEC.Las condiciones adversas para que los alumnos accedan a sus derechos a la educación, esparcimiento, la salud y la protección obligan a impulsar la participación para que los actores educativos para incidir en la construcción de soluciones a problemas que les competen y hacer públicas sus opiniones para una efectiva colaboración con las instituciones. [1] Aquéllas donde un Líder de Educación Comunitaria (LEC) enseña a alumnos de diferentes grupos de edades y grados de primaria, que cumple también funciones administrativas.

Resumen de la Ponencia:

En el presente trabajo se busca analizar desde una perspectiva posthumanista el problema de la agencia política de los movimientos sociales en relación con la agencia de la tecnociencia. A través de la noción de agencia entendida como una consecuencia radicalmente relacional entre agentes humanos y no humanos, más que como una cualidad inherente de los sujetos (humanos), se pretende desplazar la centralidad que lo humano ha ocupado en la teoría social como fuente única de la acción social y dotar de capacidad de agencia también a lo no humano (biológico y tecnológico). Con ello, se busca analizar la manera en la que la tecnociencia jugando un papel activo, y no pasivo, ha configurado la agencia de los movimientos sociales contemporáneos a través de las redes sociales. Es decir, se intenta comprender el fenómeno de la movilización social en el contexto actual caracterizado por la creciente penetración de la tecnociencia en lo social

Resumen de la Ponencia:

Las políticas educativas y sus consecuentes reformas en México, han apuntado hacía un nuevo enfoque, la inclusión educativa, la cual, parte de la valoración de la diversidad como eje rector para la construcción de una escuela equitativa y justa. No obstante, las escuelas que atienden a población con discapacidad a nivel bachillerato en México, presentan diversas barreras que, lejos de garantizar la inclusión, reducen sus oportunidades de desarrollo y logro educativo, posicionándolos en la antesala del abandono y rezago escolar. Esta investigación tiene por objetivo explorar las trayectorias escolares de la población estudiantil del Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) para identificar aquellos factores que facilitan u obstaculizan la inclusión y logro educativo de los estudiantes en el CAED. Así, a través del análisis de las trayectorias escolares de estudiantes incorporados a esta modalidad, se podrá reflexionar sobre los avances logrados de la población con discapacidad desde una mirada distinta, alejada de aquellos indicadores que durante mucho tiempo han constituido la base para medir el desempeño y el progreso escolar. Al mismo tiempo, la presente investigación, proporciona nuevos conocimientos sobre el logro educativo desde la o el que aprende, es decir, qué tanto, la población con discapacidad adscrita a una modalidad de bachillerato especial, cultiva y desarrolla habilidades para apropiarse del conocimiento y alcanzar esa satisfacción que produce aprender, vencer el desafío mental que se genera al estar en contacto con nuevos conocimientos y alcanzar la comprensión de lo que se produce lejano o ajeno. Para identificar aquellos factores que facilitan u obstaculizan la inclusión y logro educativo de los estudiantes del CAED, se adopta una perspectiva metodológica cualitativa interpretativa y un enfoque biográfico, el cual, incluye diversos métodos de investigación que abordan los procesos, contextos y significados de la acción humana y que, en conjunto, tienen en común el estudio sistemático de la experiencia vivida. El posicionamiento onto epistemológico de esta investigación parte de una perspectiva compleja en la cual, el campo de la discapacidad y el campo educativo son considerados sistemas dinámicos, complejos y multidireccionales, moldeados por la red de relaciones vinculadas estrechamente al interior de ellos. De esta manera, se exponen algunos hallazgos resultado de una investigación que surge de mi experiencia laboral como asesora académica en el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad número cuatro, modalidad educativa creada e impulsada en el 2009 con la finalidad de promover espacios de atención educativa para la inclusión de las personas con discapacidad a nivel medio superior en México.

Resumen de la Ponencia:

En este trabajo analizo básicamente los seis tomos de los Cuadernos de la cárcel (Quaderni del carcere) pero no para “repensar” la teoría social de Antonio Gramsci, redefinir sus conceptos ni dar ciertos ejemplos que hagan coincidir la teoría con la realidad, como lo hace la pseudociencia. Por el contrario, empleo el concepto de Immanuel Wallerstein “impensar” para para poner a juicio la validez de sus argumentos, haciendo una reflexión crítica con la finalidad de aportar algo nuevo a una obra que ha sido ampliamente estudiada por críticos y comentaristas, y mostrar la vigencia del pensamiento clásico de este autor para el análisis de los fenómenos contemporáneos. Si bien no es un autor latinoamericano, su pensamiento “latino” está en concordancia con nuestra realidad, sin mencionar que ha influenciado a varios pensadores de la región.

Resumen de la Ponencia:

En este trabajo se sostienen, fundamentalmente, dos cosas: 1) partiendo del pensamiento político de Cerdeiras se puede hablar de la política como acontecimiento, con lo cual se conceptualiza la política como una práctica disruptiva que se produce al margen del condicionamiento social y puede provocar una ruptura e introducir una novedad radical que no es posible ser pensada como una consecuencia lógica de las reglas dadas al interior de una situación; y 2) esta concepción de la política como acontecimiento conlleva una perspectiva ontológica que enfatiza en la contingencia como condición ontológica en la que se instituye lo social. El objetivo es establecer en términos teóricos una intrínseca relación entre el acontecimiento político y el estatus ontológico de la contingencia en lo social. Además, se busca señalar la dimensión ontológica como parte del paradigma científico junto con las dimensiones epistemológica, metodológica y teórica. En este sentido, se reconoce que toda investigación analítica, sea de manera explícita o no, parte de supuestos ontológicos específicos que modelizan lo que se entiende como realidad.