Resumen de la Ponencia:

Este artículo aborda los conflictos epistémicos y territoriales entre actividades extractivistas y pueblos originarios del norte y sur de Chile. Para enmarcarlos teóricamente, utilizamos los conceptos de Enrique Leff (2004, 2014) sobre la racionalidad instrumental de la modernidad desplegada por los diversos extractivismos, frente a la racionalidad ecológica desplegada por los Pueblos originarios. Específicamente, abordamos esta racionalidad ecológica desde el concepto de hidrocosmologías andinas de Routgers Boelens (2014, 2015), que aborda el agua no solo como una entidad biofísica y social, sino también como una entidad cultural y sagrada, que tiene conexión con espíritus locales asociados a los territorios del agua. Metodológicamente, realizamos un trabajo etnográfico con el pueblo diaguita en la cuenca del río Huasco (Desierto de Atacama) y con el pueblo Mapuche en las cuencas de Wallmapu, Chile. Dicho trabajo se basa en documentos públicos de la institucionalidad ambiental, así como también en entrevistas semi-estructuradas y conversaciones informales basadas en un trabajo colaborativo con ambos pueblos originarios. Estos se encuentran en conflicto con el extractivismo minero en el caso diaguita y el extractivismo forestal en el caso Mapuche. Los resultados demuestran el conflicto epistémico y territorial entre estos pueblos originarios andinos y las empresas extractivistas emplazados en sus territorios sagrados. En el caso de la hidro cosmovisión diaguita, observamos que asignan una calidad de entidad superior y ancestral a su entorno, el valor de la vida y el valor del agua. Un ejemplo de ello, es la denominación de “bancos perpetuos” con que se refieren a los glaciares que dan vida a la cuenca del río Huasco. Así los diaguitas se autodenominan como los últimos “guardianes del Valle”, y arremeten contra quienes representen una amenaza a la vida en su territorio. Para el caso Mapuche, el conflicto con el extractivismo forestal se origina porque este último despliega una racionalidad instrumental con las aguas y territorios de vida, “enfermando” los territorios y sus seres sobrenaturales con pinos y eucaliptus. Frente a este escenario, diversas comunidades Mapuche vienen desplegando una reapropiación ancestral de sus tierras y aguas, orientados por una racionalidad ancestral basada en el feyentun o espiritualidad Mapuche, donde el agua (Ko) es un espíritu viviente que sostiene el itrofil mongen (red de la vida o biodiversidad) y espíritus (ngen) del territorio. Concluimos que estos dos casos son muy significativos para revalorizar hidrocosmologías de los pueblos originarios andinos, planteando nuevos horizontes de lucha territorial y conceptos de sustentabilidad de la vida, donde la racionalidad ecológica de los pueblos originarios es muy significativa para frenar el avance de la racionalidad instrumental insostenible de los extractivismos en Los Andes sudamericanos. 

Resumen de la Ponencia:

Buscaremos nesta proposta de comunicação demonstrar que estamos vivendo em um estado de guerra permanente. A batalha, o conflito constituem parte das nossas relações interpessoais e, por sua vez, alicerça o modo de operar do poder político; ou seja, do Estado contemporâneo. Acreditando que a filosofia se faz através de seus problemas, evidenciaremos em que medida podemos utilizar a perspectiva de estado de guerra permanente como grade de inteligibilidade do nanoracismo e do Racismo de Estado. Este último deve ser compreendido como um “racismo que a sociedade vai exercer sobre ela mesma, sobre seus próprios produtos; um racismo interno, o da purificação permanente, que será uma das dimensões fundamentais da normalização social” (FOUCAULT, 1999, p.73). Nesta proposta buscaremos promover todo um diálogo com breve colocações em torno desse conceito que é apresentado ao longo da filosofia política moderna e contemporânea (Hobbes à Foucault), atualizando com os pensadores de(s)coloniais (Fanon, Mbembe, Quijano) e olhando para a realidade brasileira. Uma vez que esta tem exercido duros golpes a população negra, sobretudo no atual (des)governo, que sempre ver no Negro as grandes mazelas da sociedade. O pensamento racista, a colonização e o racismo científico ferozmente buscaram esvaziar, em suas teorias/práticas, a humanidade que de mulheres e homens considerados negros. Objetivaram e animalizaram seus corpos como também empenharam em destruir sua cultura, saberes e práticas. Todos os estes feitos tiveram como objetivo tornar estes corpos, dóceis, coisas, objetos, de modo que justificasse a utilização deles como instrumentos de trabalho. Nesta mecânica, houve a colonização não somente dos territórios africanos e suas diásporas, mas também dos corpos, das mentes, e sobretudo do saber, para tornar estéril todas as demais concepções de mundo que diferisse do pensamento eurocentrado. O racismo é o que estrutura o Estado brasileiro, historicamente. Sendo algo estrutural, ele constitui e organiza o modo de se relacionar afetivamente, socialmente, profissionalmente, culturalmente e institucionalmente com as pessoas negras e de outras etnias, que não compartilham do Eu hegemônico branco. Neste sentido, regula as ações consciente e inconsciente dos indivíduos, tornando-se um elemento notável no processo de normalização social. Neste processo de decodificação, o corpo negro, em suas linhas, traz os discursos pejorativos construídos a respeito de sua raça. A começar pelo adjetivo que seu corpo carrega:  NEGRO! Termo inventado, conforme Achille Mbembe para “significar exclusão, embrutecimento e degradação, ou seja, um   limite sempre conjurado e abominado.” (MBEMBE, 2017a, p.19).

Resumen de la Ponencia:

En Honduras la implementación del modelo extractivo aumenta desde el año 2000 y se agrava después del golpe de Estado suscitado el 28 de junio del 2009, donde el Estado a través de políticas públicas con la aprobación de marcos jurídicos y normativos, marcan una nueva función de uso a la tierra; como  leyes de tenencia de tierra, fomento para la inversión y producción de tierras, aprovechamiento de recursos naturales a través de concesiones para producción de energía  este es el caso de las concesiones de ríos para represas hidroeléctricas y concesiones mineras para la extracción de minerales. El informe escrito por Benjamin Fash, UNAH, FOSDEH y OXFAM menciona que “hasta julio de 2018 el gobierno registró 854 concesiones mineras en total” (abril, 2019), pero que el número exacto siempre ha sido un tema de controversia, pues no existe una base actualizada pública, asumiendo que puede ser un número más alto. Por otro lado, CESPAD hasta el 2018  registra un total de 315 plantas generadoras de energía (2018, p. 2). En su investigación Fash menciona un dato duro para los territorios indígenas y es que hay 54 concesiones mineras de mayor escala aprobadas y solicitadas con intersección en territorios habitados y autodeterminados indígenas y afrodescendientes, pero lo alarmante es que   34 están en territorios designados Lencas o aledaños a este (2019, p. 115), de la misma forma según Benjamín  existen 36 proyectos de generación de energía eléctrica dentro de tierras indígenas, de las cuales 32 son proyectos hidroeléctricos, 2 son proyectos eólicos, 1 de biomasa, y 1 fotovoltaica. La situación se encrudece más aún cuando se da a conocer que 23 de los 32 proyectos hidroeléctricos se encuentran en territorio Lenca o territorios multiétnicos.El uso de estas medidas por el Estado de Honduras ha provocado grandes conflictos sociales a nivel nacional entre el Estado  y las comunidades u organizaciones indígenas dejando un saldo de más 120 personas asesinadas (entre ellos una de las más impactante fue el asesinato de la coordinadora general del COPINH; Berta Cáceres) desde el 2010 por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente (Global Witness, 2017).  Sin embargo  el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, ha realizado varias acciones que ha permitido el resguardo de los territorios del pueblo Lenca y de su cultura liberando varios frentes de batalla contra la institucionalidad estatal, contra terratenientes y empresas nacionales y transnacionales, en ese sentido nos preguntamos ¿Cuáles son las prácticas socio organizativas y espirituales que realiza el COPINH en las luchas territoriales frente al modelo extractivo desde el 2013 hasta 2019? 

Resumen de la Ponencia:

En la ponencia se debaten teorías, conceptos y definiciones que últimamente han adquirido relevancia al interior de los nuevos estudios internacionales y culturales latinoamericanos. Me refiero a las teorías de la gobernanza global y muchos de los conceptos que la integran como los de la gobernanza de las materias primas y la del ambiente, desarrollo sostenible a escala internacional y/o regional. Desde la perspectiva teórica que nos ofrece el pensamiento decolonial, aquellos son objeto de un amplio debate en la disputa que intelectuales, pensadores y movimientos sociales han establecido con todos aquellos principios con que se fundó y luego organizó el sistema-mundo moderno y colonial, el mismo que dentro de la disciplina relaciones internacionales se le reconoce como sistema internacional.  Son todas teorías y conceptos que junto a los principios que iremos revisando se sustentan en una trayectoria intelectual e histórica constituida sobre un pasado ancestral, en este caso los que han quedado agrupados en el occidentalismo, y desde allí se tienen los mecanismos jurídicos y políticos que soportan el institucionalismo tanto del viejo como del nuevo multilateralismo en la gobernanza global de la naturaleza. En el documento se hace una revisión de las contrapropuestas que sobre estos temas han formulado distintos movimientos sociales y organizaciones políticas de los pueblos originarios andinos, en este caso los de Ecuador y Bolivia, muchas de las cuales confluyen en lo que ha venido en llamarse la política exterior comunitaria.El objetivo de la ponencia es mostrar como Ecuador y Bolivia cuentan con un importante número de pueblos y movimientos en los que además de adelantarse una seria resistencia a los proyectos de la gobernanza global, sobre todo la de las materias primas y del ambiente, tienen una elaboración propia sobre el manejo y relacionamiento con el ambiente, basadas en principios radicalmente distintos a los que enarbolan los funcionarios que gobiernan las instituciones multilaterales encargadas de regir y direccionar el sistema, según los intereses de los  Estados que las administran. En las contrapropuestas se observan una voluntad por alterar las desiguales condiciones en que está organizado el sistema, donde un factor clave es la existencia misma del estado-nación cuando se le da un contenido distinto a las categorías de autonomía, frontera o territorio. 

Resumen de la Ponencia:

Si bien ha sido una actividad frecuente a lo largo de la historia de la humanidad, el viajar con fines recreativos sólo se masifica hacia mediados del siglo XX, lo cual trae consigo una serie de repercusiones sobre los territorios receptores y los habitantes que lo componen. Los territorios indígenas de Chile, como espacios receptores, han sufrido múltiples impactos que derivan, precisamente, de esta nueva actividad económica. Por ello la investigación sobre la cual se basa esta ponencia indaga desde una perspectiva sociológica la forma en que se ha dado el proceso de turistificación en una región en particular: la región de Tarapacá en la zona norte de Chile y los territorios indígenas que la componen. A través de un enfoque etnográfico se recogieron datos que permiten concluir que los procesos de turistificación derivan no tanto de la puesta en valor económica en base a criterios mercantiles previos – el enfoque del “decisión making” – sino que más bien es el resultado de una geografía de conflictos entre diferentes actores que determina qué sector puede ser turístico o no. De igual manera, la etnografía muestra que la actividad turística aparece para algunas comunidades como una forma de ejercer control autonómico sobre territorios en los cuales la presencia de recursos mineros deriva en una serie de presiones por actores poderosos como las grandes mineras transnacionales o el Estado y sus diferentes expresiones institucionales de presencia/ausencia. La investigación toma relevancia en el contexto actual toda vez que en el país se escribe actualmente una nueva Constitución cuyo eje central son los derechos de pueblos indígenas. Contexto en el cual se discuten asuntos relevantes como los derechos a la autodeterminación, autonomías, control territorial y derechos políticos.  ¿De qué manera dialogan las demandas por autonomías en la convención constitucional y el turismo indígena en tanto actividad política y económica de control territorial? Son preguntas que son parte de una investigación doctoral en curso actualmente y que cuyos primeros resultados serán parte de las reflexiones de esta ponencia.

Resumen de la Ponencia:

Contrario a las posturas que consideraban una clase de incompatibilidad entre los pueblos originarios y la tecnología; que cuestionaban la existencia de jóvenes y el protagonismo de mujeres jóvenes en comunidades rurales y étnicas; y que pregonaban  la creciente socialidad en medios virtuales como síntoma de desterritorialización y la pérdida de importancia de los lugares; el activismo digital que se realiza en la página de FB “Jóvenes comuneras y comuneros de Milpa Alta” muestra que las juventudes en los pueblos originarios que se localizan en esa alcaldía de la CDMX pueden desplegar novedosas y efectivas formas de territorialización al utilizar redes sociodigitales y las TICs como herramienta en la defensa del bosque y la tierra comunal. A partir de los datos obtenidos en una investigación doctoral cualitativa de carácter exploratorio que se pregunta por la territorialidad de las juventudes en la demarcación, y en la que se utilizó como técnicas de recolección de información la etnografía digital, la observación in situ y las entrevistas semiestructuradas; en esta ponencia se presenta el caso de la mencionada página en FB, surgida como un conversatorio durante los primeros meses de la pandemia de la Covid 19 como iniciativa de un grupo de mujeres jóvenes preocupadas ante la posibilidad de que se interrumpiera la difusión de información y los canales de comunicación para la discusión que debía darse en los pueblos en la alcaldía ante la amenaza constante –y acrecentada en los últimos años– de que el sector inmobiliario, autoridades locales y estatales y otros grupos sociales populares se apropien de su territorio. Se revelan como categorías clave de tal ejercicio de territorialización: la afectividad, la identidad territorial, el legado de una historia de lucha por el territorio presente en la memoria colectiva, y la transformación de las relaciones de género que tensionan las relaciones intergeneracionales.                 

Resumen de la Ponencia:

La ponencia discute la experiencia de defensa del territorio de los pueblos indígenas en la Montaña de Guerrero, exponiendo las dimensiones de la territorialidad y las afectaciones socio-ambientales, y comparando la experiencia con otros procesos organizativos en regiones indígenas de México. A partir de los hallazgos etnográficos y del análisis antropológico, se problematizan los conceptos de bienes comunes y despojo, con el doble objetivo de hacer operativos dichos conceptos para nuestra disciplina, así como enriquecer desde la perspectiva antropológica el debate teórico sobre el tema. El caso analizado es la lucha contra la explotación minera en la región intercultural de la Montaña, experiencia que es parte de la estructura regional del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), considerada como referente organizativo y sujeto de producción epistemológica. Desde el año 2005 realizo trabajo de campo y acompañamiento a las organizaciones indígenas de la región, por lo cual pude observar la emergencia de conflictos socioambientales y la evolución de las estrategias colectivas para enfrentarlos. El carácter global de la problemática relativa a las afectaciones territoriales por proyectos extractivos ha determinado el incremento de las investigaciones que, desde disciplinas distintas, dan cuenta de mecanismos e impactos de tales proyectos. Entre los conceptos utilizados con más frecuencia en la literatura académica están el de despojo y desposesión, incluidos también en el discurso político y reivindicativo de las organizaciones en defensa de su territorio. Asimismo, se ha revitalizado el debate alrededor del concepto de bienes comunes y de lo común, que en el planteamiento de Marx serían el objeto prístino del despojo, y que se presentan como alternativa civilizatoria frente a un contexto global de depredación y privatización. En este ensayo propongo algunas reflexiones encaminadas a operativizar los conceptos de bienes comunes y despojo para la investigación antropológica, problematizando aspectos de la relación dialéctica entre los bienes comunes y las dimensiones de su enajenación (despojo). Las comunidades indígenas de la Montaña defienden su territorio de proyectos extractivos a gran escala, como la minería metálica a cielo abierto. Describo distintos significados del territorio para los indígenas me’phaa, y enfatizo la centralidad de la organización comunitaria para el resguardo del territorio. Estos elementos se articulan en la configuración local de los bienes comunes –naturales y culturales- que tienen en la dimensión colectiva la clave para su existencia. Trazando un paralelo entre la compleja territorialidad indígena y los bienes comunes localmente caracterizados, enfatizo la centralidad de la dimensión cultural y simbólica en lo común. Lo anterior muestra la necesidad de pensar el despojo, en términos antropológicos y políticos, en combinación con los procesos de exclusión y construcción social de la desigualdad, para dar cuenta de los procesos de erosión o despojo cultural.

Resumen de la Ponencia:

Em fevereiro de 2018, parte do povo indígena Anacé impactado pelo Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP, no Ceará, foi realocado do seu território tradicional para a Reserva Indígena Taba dos Anacé, em Caucaia, adquirida e construída pelo Governo do Estado. Tal movimento foi o ápice de um intenso processo de mediação, imposição e negociação, levando 163 famílias indígenas a estabelecer, a partir desse momento, novas relações de territorialidade em um local antes desconhecido – a Reserva.Anteriormente a esse momento, os indígenas Anacé já haviam sido impactados com uma primeira onda de desapropriações realizada no final da década de 1990 para instalação do Porto do Pecém e das primeiras indústrias integrantes do projeto do CIPP, dando origem a diversos assentamentos, distantes do território de ocupação tradicional.Ao longo do período de implantação do CIPP, os Anacé pressionaram para que o processo de regularização fundiária da Terra Indígena iniciasse. No entanto, o mesmo permanece, desde 2010, na fase dos estudos de identificação e delimitação pelo órgão indigenista oficial. No contexto de múltiplas categorias territoriais em confronto, essa comunicação é resultado de uma pesquisa que triangula os métodos bibliográfico, documental e realização de entrevistas, com o objetivo de compreender como as categorias de terras, tradicionalmente ocupadas ou não, territórios, territorialidades e processos de territorialização vão se desenhando e conformando realidades concretas, ora para fortalecer a luta dos povos indígenas ora para garantir o avanço do capital sobre esses territórios, esvaziando sentidos de luta. No emaranhado de categorias jurídico-políticas que definem, demarcam e configuram paisagens e relações, os Anacé continuam em disputa com o projeto imposto pelo Complexo Industrial e Portuário do Pecém, dando concretude a essas categorias a partir da produção, reprodução e criação da vida em toda sua potência. O CIPP, por sua vez, vai redefinindo o espaço e os bens comuns (água, ar, solos), no sentido de considerar a paisagem anterior um vazio econômico e, agora, preenchido de “desenvolvimento”. O que está em jogo nesse conflito não é só o domínio sobre o território, mas principalmente o campo do simbólico, da definição de modelos de desenvolvimento e de conceitos de terra, território e territorialidade, que se traduzem nas formas de produzir, gerir e se relacionar com os bens comuns, refletindo projetos antagônicos de presente e de futuro.

Introducción:

Em fevereiro de 2018, parte do povo indígena Anacé impactado pelo Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP, no Ceará, foi realocado do seu território tradicional para a Reserva Indígena Taba dos Anacé, em Caucaia, adquirida pelo Governo do Estado. Tal movimento foi o ápice de um intenso processo de mediação, imposição e negociação, levando 163 famílias indígenas a estabelecer, a partir desse momento, novas relações de territorialidade em um local, até então, desconhecido por elas – a Reserva. 

Anteriormente a esse momento, os indígenas Anacé já haviam sido impactados com uma primeira onda de desapropriações realizada no final da década de 1990, para instalação do Porto do Pecém e das primeiras indústrias integrantes do projeto do CIPP, dando origem a diversos assentamentos, distantes do território de ocupação tradicional.

Ao longo do período de implantação do CIPP, os Anacé pressionaram para que o processo de regularização fundiária da Terra Indígena iniciasse. No entanto, o mesmo permanece, desde 2010, na primeira fase: a dos estudos de identificação e delimitação pela Fundação Nacional do Índio (Funai). A morosidade e a suscetibilidade a pressões políticas do órgão indigenista oficial (TÓFOLI, 2012) são identificadas como motivos que permitiram que os indígenas fossem submetidos a uma nova onda de desapropriações, resultando, dessa vez, em uma solução político-fundiária anterior à Constituição de 1988, o modelo das Reservas Indígenas, previsto no art. 27 da Lei 6.001/73.

No contexto de múltiplas categorias territoriais em confronto, esse artigo é resultado de uma pesquisa doutoral em andamento que triangula diversos métodos: a) levantamento bibliográfico sobre as categorias terra, território e territorialidades na literatura antropológica, sociológica e da Geografia; b) levantamento bibliográfico junto à produção indígena acerca do CIPP e dos impactos perante os Anacé; c) documental, a partir de análise da legislação, de processos que tramitaram no Ministério Público Federal e na Justiça Federal no Ceará e na Fundação Nacional do Índio sobre os Anacé e o CIPP; d) consulta a sítios eletrônicos das empresas integrantes do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Esperamos, desse modo, compreender como as categorias de terras, tradicionalmente ocupadas ou não, territórios, territorialidades e processos de territorialização vão se desenhando e conformando realidades concretas, ora para fortalecer a luta dos povos indígenas ora para garantir o avanço do capital sobre esses territórios, esvaziando sentidos de luta. Por entre esses caminhos conceituais tantas vezes tortuosos, discordantes, conflitantes, a realidade vai emergindo em disputa, pondo em risco esquemas territoriais pré-estabelecidos teoricamente. O mundo da vida, muitas vezes, escapa às nossas fórmulas conceituais.

Desarrollo:

As ciências têm, em regra, a característica comum de elegerem um conjunto de conceitos os quais passam a ser tratados como instrumentos práticos de conhecimento geral de todas e de todos que partilham das bases de uma dada disciplina científica. Como lugares comuns, muitos conceitos passam a ser amplamente utilizados, muitas vezes, sem uma reflexão mais detida e cuidadosa. No entanto, “a economia na denotação e na conotação pode tanto estimular o pensamento como restringi-lo”, razão pela qual há a necessidade de “examinar de perto nosso instrumental intelectual” (WOLF, 2003, p. 307).

No caso das categorias terra e território, esse cuidado epistemológico se torna ainda mais relevante, uma vez que são categorias centrais a outros campos disciplinares, como a Geografia, e que, incorporadas às Ciências Sociais e à História, vão ganhando novos contornos e complexidades. Desse modo, não devemos tratar as categorias terras e territórios como dadas ou auto-evidentes. Elas são polissêmicas e estão em permanente disputa, por traduzirem projetos e concepções de relação com o espaço vivido muitas vezes em franca oposição.

Nos últimos anos, a categoria território tem sido usada amplamente (RAYNAUT, 2014), muitas vezes substituindo a pulsão analítica da categoria “terra” que vigorou durante muitos anos no âmbito dos estudos agrários e do campo (TAVARES DOS SANTOS, 1991), passando a ocupar uma centralidade intelectual, especialmente no contexto das críticas direcionadas ao desenvolvimento, incluindo grandes obras de infraestrutura.

Tanto a categoria “terras” quanto a categoria “territórios” não apresentam um sentido unívoco no âmbito da literatura acadêmica, embora exista uma linha argumentativa de que “o ‘território’ remete a uma realidade mais ampla e complexa do que aquela recoberta pelo termo ‘terra’” (GUEDES, 2018, p. 204). Essa polissemia do termo “territórios” é analisada por muitos autores, tendo destaque os trabalhos de Haesbaert (2020) e de Fernandes (2008), que propõem tipologias para compreensão do conceito. 

Chamando a atenção para as múltiplas formas pelas quais pode ser lido o território, Haesbaert (2020) destaca que, mais que um conceito, o território é uma categoria e, como tal, pode ser tratada a partir de três modalidades: categoria da prática, categoria normativa e categoria de análise.

A primeira, o território como categoria da prática, envolve a concepção de território no senso comum, tal como proposta no cotidiano da maioria dos grupos sociais, próxima daquilo que os antropólogos denominam categoria nativa. Uma segunda leitura, a do território como categoria normativa, é aquela que, mais do que buscar responder a “o que é” o território, desvenda “o que ele deve (ou deveria) ser”. Essa perspectiva aparece, por exemplo, nas chamadas políticas territoriais do Estado. Finalmente, o território pode ser visto como categoria de análise, abordagem prioritária no âmbito acadêmico, em que território se transforma num conceito teórica e metodologicamente elaborado através da reflexão intelectual (HAESBAERT, 2020, p. 141-142).

Para Fernandes (2008, p. 200):

[...] O território é utilizado como conceito central na implantação de políticas públicas e privadas nos campos, nas cidades e nas florestas, promovidas por transnacionais, governos e movimentos socioterritoriais. Essas políticas formam diferentes modelos de desenvolvimento que causam impactos socioterritoriais e criam formas de resistências, produzindo constantes conflitualidades. Nesse contexto, tanto o conceito de território quanto os territórios passam a ser disputados. Temos então disputas territoriais nos planos material e imaterial.

Tendo essa disputa como cenário, Fernandes propõe a tipologia de “território uno”, compreendido como espaço de governança que tende a “ocultar os diversos territórios e garantir a manutenção da subalternidade entre relações e territórios dominantes e dominados” (2008, p. 200); e a tipologia de “território diverso”, que compreende a existência de “outros tipos de territórios fixos e fluxos, materiais e imateriais, formados pelas diferentes relações sociais e classes sociais” (FERNANDES, 2008, p. 201).  

Há, contudo, zonas de toque entre as categorias terra e território. Por exemplo, no trabalho de Alfredo Wagner Berno de Almeida, a categoria “terras”, com a qualificadora “tradicionalmente ocupadas”, incorpora as dimensões que fundamentam o conceito de território, já que, segundo o autor, terras tradicionalmente ocupadas “expressam uma diversidade de forma de existência coletiva de diferentes povos e grupos sociais em suas relações com os recursos da natureza” (BERNO DE ALMEIDA, 2004, p. 9):

Em termos analíticos, pode-se adiantar que tais formas [terras tradicionalmente ocupadas] designam situações nas quais o controle dos recursos básicos não é exercido livre e individualmente por um determinado grupo doméstico de pequenos produtores diretos ou por um de seus membros. Tal controle se dá através de normas específicas, combinando uso comum de recursos e apropriação privada de bens, que são acatadas, de maneira consensual, nos meandros das relações sociais estabelecidas entre vários grupos familiares que compõem uma unidade social. [...] A territorialidade funciona como um fator de identificação, defesa e força. Laços solidários e de ajuda mútua informam um conjunto de regras firmadas sobre uma base física considerada comum, essencial e inalienável, não obstante disposições sucessórias porventura existentes. (Idem, p. 10). 

A descrição analítica de terras tradicionalmente ocupadas, conforme proposto por Berno de Almeida, aproxima-se da compreensão de território, enquanto categoria da prática, de acordo com Haesbaert, indicando que as fronteiras teóricas entre as categorias de terras e territórios não são tão definitivas assim, havendo pontos de sombreamento. 

Nas múltiplas possibilidades de conceituação de território, conforme analisado por Guedes (2018), interessa-nos particularmente aquela que utiliza essa terminologia para evocar ou descrever um modo de vida particular, “sobretudo quando o que está em jogo são povos, grupos e comunidades ameaçados ou afetados por frentes ou projetos de desenvolvimento” (GUEDES, 2018, p. 201). Quando contraposto à noção de terras, esses territórios como modos de vida particulares e em relação aos bens comuns vão além de uma mera reivindicação por direitos de propriedade, mas aliando-se à dimensão da identidade e da autonomia, essas “expressões espaciais de um modo de vida” (GUEDES, 2018, p. 201) falam do poder de definirem-se e de definirem o que consideram ser seus projetos de presente e de futuro. 

O que definiria o território e uma territorialidade, que corresponde à representação das formas de uso dos territórios (FERNANDES, 2008), seria, em primeiro lugar, o poder (HAESBAERT, 2008; SOUZA, 2009), inclusive de definição e de reconhecimento. Ao enfatizarmos as dimensões políticas do território, buscamos colocar em destaque as relações assimétricas de poder que são confrontadas na reivindicação pelo direito ao território por diferentes movimentos sociais.  

Por esse motivo, compreendemos que as categorias territoriais como terra, território e territorialidade não podem ser analisadas genericamente ou abstratamente, sendo necessário conferir-lhes densidade analítica a partir das dinâmicas concretas que conformam a realidade, muitas vezes, em disputa. Nesse sentido, procuramos compreender os conflitos territoriais não sob um viés negativo, mas recuperando a idéia de que esses conflitos podem contribuir para testar, problematizar e avaliar a adequação do cabedal de conceitos instituídos e postos à disposição. Nesse contexto, apresentaremos a seguir o conflito envolvendo o povo indígena Anacé e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Ceará.

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), localizado nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia, a oeste da capital cearense, compreende a instalação e operação, em uma mesma base territorial, de um conjunto de indústrias de grande porte, como siderúrgicas e termelétricas, associadas a facilidades logísticas, como um porto de águas profundas, ferrovia, rodovias. Sua construção inicia na década de 1980, quando o Ceará, visando obter vantagens logísticas comparativas a outros estados do Nordeste, que o fariam ganhar a corrida pela instalação de uma nova refinaria da Petrobrás na região, deu início à construção de um novo porto, o do Pecém (AQUINO, 2000).

Desde o início, o Estado assumiu, portanto, um papel não só de indutor da atividade empresarial e econômica por meio de incentivos fiscais, mas era, ele mesmo, o empreendedor, ao tomar para si o papel de construir e gerir um Porto, criando, por lei, a Cearáportos, com capital majoritariamente público.

Ocorre que, diferentemente do discurso oficial, instituído na ideia de vazio demográfico e de local com atraso no desenvolvimento, a área destinada à implantação do Porto do Pecém e de outros empreendimentos que compunham o CIPP era ocupada por inúmeras famílias, as quais começaram a ser desapropriadas no final da década de 1990.

A primeira onda das desapropriações, entre os anos de 1996 a 1999, teve como saldo centenas de famílias expulsas da terra, sendo algumas alojadas nos assentamentos de Novo Torém, Forquilha e Monguba, no município de São Gonçalo do Amarante e entorno. Nesse período, diversas organizações civis e religiosas de Fortaleza foram solicitadas a prestar apoio às famílias atingidas. Assim, inicialmente a Pastoral do Migrante e a Pastoral dos Pescadores e, posteriormente, também o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), passaram a atuar na área, apoiando as iniciativas dos moradores atingidos pelo Complexo Industrial e Portuário do Pecém. 

O movimento de resistência diante das desapropriações e das remoções de famílias possibilitou que, no processo de luta diante da violência da iminente desterritorialização, muitas delas começassem a recontar algumas histórias. Histórias que os pais e avós haviam lhes contado, mas que, pelo medo, foram sendo enterradas na memória. Histórias dos encantados, das danças, dos rituais, das curas, dos massacres, das resistências foram sendo percebidas como comuns ao grupo: o pai de um havia contado a mesma história que a avó de outro. 

Durante o período de articulação e mobilização dos moradores de São Gonçalo do Amarante e Caucaia, que passaram a se reconhecer como povo indígena Anacé, houve uma suspensão na onda de desapropriações nessa região. Logo após a instalação dos primeiros empreendimentos, impasses políticos e pressões de outros estados para receber as indústrias acabaram “atrasando” a conclusão do CIPP (AQUINO, 2000). 

Em janeiro de 2007, entretanto, o Governo Federal instituiu o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), possibilitando a retomada do projeto do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, em razão dos amplos incentivos federais. Diante disso, iniciou-se uma nova fase de desapropriações na região de São Gonçalo do Amarante e Caucaia. Embora essa fase tenha sido realizada pelos órgãos estaduais de forma semelhante à ocorrida nos anos de 1996 a 1999, ou seja, sem garantir o direito à informação às populações impactadas (ARAÚJO, 2008), diferenciou-se pela resistência dos moradores, principalmente daqueles que já se identificavam como povo indígena Anacé.

A ação coletiva dos Anacé orbitou em torno de estratégias que disputaram, com o Estado, narrativas e posições, especialmente no que se refere aos sentidos de desenvolvimento, a partir de relações diferenciadas com o território. Assim, os indígenas passaram a traduzir suas experiências do particular para o geral, do pessoal para o institucional, mobilizando atores e instituições, o que os possibilitou entrar, de vez, na cena pública.  

Após pressão de diferentes órgãos e do povo indígena Anacé, a Fundação Nacional do Índio constituiu grupo técnico com a finalidade de realizar estudos de natureza etno-histórica, antropológica e ambiental, necessários à identificação e delimitação da área de ocupação tradicional do povo Anacé, composto por membros da Funai, do Governo do Estado, dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante.

Após os primeiros levantamentos realizados pelo Grupo de Trabalho, a Funai concluiu pela não existência da tradicionalidade na ocupação Anacé nas áreas de Matões e Bolso, justamente as mais impactadas pelo Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Interessante ressaltar que as áreas em que não se reconheceu a tradicionalidade na ocupação indígena eram justamente os locais de maior interesse político-econômico, inclusive, onde se pretendia instalar a Refinaria Premium II da Petrobrás. Para os indígenas, a manifestação da Funai foi um golpe, abrindo espaço para um novo ciclo de despojo e de remoções forçadas (SOUZA, 2019).

Diante da liberação das obras da Refinaria, algumas famílias indígenas reagiram. Não queriam repetir a história das desapropriações da década de 1990 e o esfacelamento da vida que eles presenciaram. Parte delas decidiu não sair. Por outro lado, foi proposto, no âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento, um Programa Emergencial de realocação de 163 famílias Anacé das aldeias de Matões e Bolso impactadas pelo CIPP, para uma área a ser adquirida pelo Estado do Ceará e pela Petrobrás. 

Assim, em 22 de novembro de 2013, foi assinado o Termo de Compromisso celebrado entre o Estado do Ceará, a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás, a Fundação Nacional do Índio – Funai, as comunidades indígenas Anacé de Matões e Bolso, o Ministério Público Federal e a União, com o objetivo de, de um lado, assegurar a liberação do terreno onde seria implantada a Refinaria Premium II e os demais empreendimentos que compunham o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e, de outro, a constituição da Reserva Indígena Taba dos Anacé, local onde seriam realocadas as famílias indígenas. 

Com a mudança para a Reserva Indígena Taba dos Anacé, em fevereiro de 2018, iniciou-se um novo ciclo no processo de territorialização desse povo indígena, em especial, no que se refere às 163 famílias que foram realocadas. 

É inegável que os Anacé foram profundamente afetados pela desterritorialização e recomeço em um novo território antes desconhecido por eles. Nesse contexto, Souza destaca como os Anacé referem-se a eles mesmos como mudas que murcharam no processo de remoção:

Tínhamos nossos costumes, práticas culturais produzidas pelas comunidades que, em nossa nova moradia ainda estamos nos familiarizando com ambiente. Os rituais ainda não acontecem com a mesma intensidade que tínhamos, mas se entende que estamos inseridos em uma nova realidade. A socialização entre as famílias contribui para o desempenho conjunto de todos, a desterritorialização é vista entendendo que a mudança possibilitou permanecermos juntos em um ambiente a qual ganharemos vínculos conjuntamente. 

[...]

Nos depoimentos, a expressão de sermos mudas murchas remete a mudança de Matões para a Reserva, estando relacionado a difícil situação que nos encontramos, mas que vai passar rápido, pois estamos plantados na nova terra, e iremos alcançar novamente nossos laços simbólicos. Todos os participantes evidenciaram que todas as reestruturações só estão sendo possíveis com a união dos moradores, sendo essa a sustentação da resistência para reconstruirmos (SOUZA, 2019, p. 55).

A remoção para a Reserva Indígena tem levado os Anacé a reconstruir suas relações consigo mesmos, com as matas e com os encantados. Não obstante a Reserva seja vista como terra desconhecida, os indígenas reafirmam a sua “capacidade de transformar a Reserva em território tradicional tendo como base a união” (SOUZA, 2019, p. 58), porque para os Anacé, tradicional é onde se tem história, não no sentido cronológico do termo, mas história no sentido de relação: história dos encantados, das visagens, da produção de alimentos, do preparar e comer junto, dos rituais, da união, da luta. 

Em paralelo à implantação da Reserva Indígena, não houve nenhuma manifestação conclusiva da Funai quanto à área reivindicada pelos indígenas Anacé correspondente às demais aldeias, que permanecem no território tradicionalmente ocupado desde sempre e que foram igualmente estudadas pelo Grupo de Trabalho de 2010 de identificação e delimitação. Apenas em outubro de 2018, a Funai publicou a Portaria nº 1.354, de 16 de outubro de 2018, constituindo novo Grupo Técnico com o objetivo de realizar os estudos complementares para o reconhecimento da Terra Indígena Anacé, o que incluía as aldeias acima nominadas, estando pendente, desde então, a conclusão dos estudos e a elaboração do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena. 

Desse modo, do ponto de vista indígena, como resultado do conflito com o CIPP, identificamos um processo de fragmentação e dispersão territorial não abordado nos estudos de impacto socioambiental dos empreendimentos. Até o momento, mapeamos, pelo menos, quatro territorialidades específicas Anacé: (1) a Reserva Indígena Taba dos Anacé, onde se encontram as 163 famílias realocadas; (2) a Terra Indígena Anacé (em estudo pela Funai), correspondente às aldeias de Japuara, Santa Rosa, Mangabeira, Cauípe, dentre outras; (3) os indígenas que foram submetidos às primeiras desapropriações e encontram-se nos assentamentos de Novo Torém, Forquilha, Monguba e outros; (4) os indígenas que permanecem no território declarado de utilidade pública para fins de desapropriação para implantação e expansão do Complexo, os quais convivem com a indefinição fundiária: estão lá, mas a qualquer momento podem ser obrigados a sair. 

No caleidoscópio que conforma essa realidade, podemos observar a disputa em torno das categorias territoriais que se digladiam em múltiplos planos (institucional, legislativo, empresarial, da concretude da vida), fazendo-nos reconhecer que antes do CIPP esse local já era um território para muitas coletividades, incluindo o povo indígena Anacé. É interessante, portanto, percebermos como, sob uma mesma base geográfica, podem se situar mundos com diferenças abissais entre si, um fenômeno que Haesbaert (2008) denomina de multiterritorialidade e no interior do qual devem ser lidos os processos de desterritorialização e reterritorialização. 

Essa salada conceitual nos interessa na medida em que representa uma chave analítica importante para compreendermos os conflitos em jogo. Seguindo essa trilha, a Constituição de 1988 inaugurou, no âmbito normativo, o conceito de “terra tradicionalmente ocupada”, para orientar as políticas destinadas ao reconhecimento dos direitos originários dos povos indígenas sob seus territórios. 

O artigo 231, parágrafo 1º da Constituição Federal detalha esse conceito, o que, no mundo do “dever ser”, representa uma tradução normativa, ainda que aproximada, da idéia de território para os diferentes povos indígenas:

Art. 231, § 1º: São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

De modo a dar concretude a esse conceito, a Constituição determinou ser papel da União demarcar as Terras Indígenas, segundo os usos, costumes e tradições dos povos indígenas (art. 231, caput, Constituição).

Diferentemente do conceito de terras tradicionalmente ocupadas, em vigor a partir de 1988, a legislação anterior, especialmente o Estatuto do Índio (Lei nº 6001/73), trazia outras modalidades territoriais aplicáveis aos povos indígenas, com destaque para as chamadas áreas reservadas. De acordo com essa lei, a União poderia estabelecer, em qualquer parte do território nacional, áreas destinadas à posse e ocupação pelos índios, onde poderiam viver e obter meios de subsistência, com direito ao usufruto e utilização das riquezas naturais e dos bens nelas existentes, respeitadas as restrições legais. No contexto das áreas reservadas, as reservas indígenas são locais destinados “a servir de habitat a grupo indígena, com os meios suficientes à sua subsistência” (art. 27 da Lei nº 6.001/73). A principal diferença entre as terras tradicionalmente ocupadas e as reservas indígenas está no fato de que aquela consagrada na Constituição de 1988 representa o reconhecimento, pelo Estado, de uma situação jurídica pré-existente, ou seja, o direito originário dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, assegura aos povos indígenas o direito ao presente e ao futuro, uma vez que pressupõe o reconhecimento, enquanto terra tradicionalmente ocupada, das áreas necessárias à reprodução física e cultural dos povos indígenas, segundo seus usos, costumes e tradições. Enquanto as reservas indígenas são áreas adquiridas pelo Estado para assegurar a subsistência de um grupo indígena, localizando-se em território diverso da área de ocupação tradicional desse grupo.

No caso Anacé, desde 2010, a Fundação Nacional do Índio realiza estudos para fins de identificação e delimitação da terra tradicionalmente ocupada por esse povo indígena. Até o momento, contudo, foi produzido apenas um relatório preliminar que excluiu dessa proteção constitucional as aldeias de Matões, Bolso, Baixa das Carnaúbas e Currupião, o que implicou na criação de uma Reserva Indígena, nos termos do Estatuto do Índio. Dentre as justificativas apresentadas no Relatório Preliminar elaborado pela Antropóloga Coordenadora do GT de 2010, Siglia Zambrotti Doria, para excluir aldeias Anacé do conceito constitucional de “terra indígena” consta a que segue:

Considerando estes e outros aspectos abordados neste Relatório, a proposta de delimitação aqui apresentada abarca as terras atualmente habitadas por indígenas Anacé e as que o foram no passado próximo, mas exclui parte das antigas terras de ocupação tradicional dos Anacé na região litorânea, resultado de um processo muito bem sucedido ao longo dos últimos cento e trinta anos de expulsão dos remanescentes indígenas que nelas habitavam (DORIA, 2012, p. 372).

Ao contrário do afirmado, não só havia famílias indígenas nesse local como parte delas foi desterritorializada em 2018, quando da finalização das obras da Reserva Indígena. Havia, ainda, infraestruturas instaladas no local, especialmente a escola indígena “Direito de Aprender do Povo Anacé” mantida pelo Governo Estadual.

Na solução de compatibilização de interesses promovida pela Funai no contexto do conflito entre o CIPP e os Anacé, o conceito de terras tradicionalmente ocupadas inserto na Constituição foi amoldado e remodelado. O relatório simplesmente negou a presença indígena na região litorânea, justamente onde está instalada a maioria das indústrias que integram o CIPP, considerando que esses locais se tratavam de “antigas terras de ocupação tradicional”, tendo sido bem-sucedido o processo de expulsão dos remanescentes indígenas. O Relatório, portanto, não só negou a presença indígena no território, como negou o direito à identidade daqueles indígenas, tratados apenas como remanescentes.

Nesse contexto, o Termo de Compromisso que deu origem à Reserva Indígena Taba dos Anacé assegurou um tipo de negociação política em que as partes estavam posicionadas de forma desigual, sendo um tipo de pacificação do conflito legitimado por aqueles que deveriam proteger e promover os direitos dos povos indígenas, incluindo o próprio Ministério Público Federal, signatário do acordo. 

Conclusiones:

No emaranhado de categorias jurídico-políticas que definem, demarcam e configuram paisagens e relações, os Anacé continuam em disputa com o projeto imposto pelo Complexo Industrial e Portuário do Pecém, dando concretude a essas categorias a partir da produção, reprodução e criação da vida em toda sua potência. Um território enquanto categoria da prática (HAESBAERT, 2020), que representa, além de tudo, uma importante ferramenta de luta. O CIPP, por sua vez, vai redefinindo o espaço e os bens comuns (água, ar, solos), no sentido de considerar a paisagem anterior um vazio econômico e, agora, preenchido de desenvolvimento. 

O que está em jogo nesse conflito não é só o domínio sobre o território, mas principalmente o campo ontológico e cosmopolítico da definição de modelos de desenvolvimento e de conceitos de terra, território e territorialidade, que se traduzem nas formas de produzir, gerir e se relacionar com os bens comuns, refletindo projetos antagônicos de presente e de futuro.

Bibliografía:

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Palabras clave:

Territórios, territorialidades, Anacé; Complexo Industrial e Portuário do Pecém

Resumen de la Ponencia:

La población garífuna, ubicada en el Atlántico que es una zona estratégica de Honduras, rica en recursos naturales y acceso al mar; los que son afectadas por el desplazamiento territorial generado por diversos aspectos; la que se toma en cuenta es el cultivo de la palma africana. Los factores que influyen a que se genere este problema son: Los enclaves y las medidas neoliberales que promueven el extractivismo de los recursos naturales y afectan a los pueblosindígenas y afrodescendientes provocando desplazamiento, marginación discriminación, exclusión y explotación que durante años se han desarrollado una serie de manifestaciones contra estas violaciones. Además se dan otros factores que violan los derechos humanos como son los golpes de Estado.Los garífunas en el país y como en otras partes donde se encuentran asentados se han organizado para luchar por sus derechos y a través de los Convenios Internacionales1 responsabilizan al Estadode cumplir con las normativas firmadas para la integración de esta población en el desarrollo del país y el respecto de los Derechos Humanos con los pueblos indígenas y Afrodescendientes. A pesar de que existan obligaciones con este pueblo no se logra generar verdaderos cambios a su situación de vulnerabilidad por lo que ellos continúan trabajando para que el Estado cumpla con el respeto de su derechos humanos y a su posesión territorial en donde por años han vivido.A pesar que se tenga la responsabilidad de proteger el bienestar de esta población los gobiernos de Honduras que comprende los periodos de (2010-2013) (2013-2016) han hecho caso omiso el compromiso del respecto de los derechos humanos, fundamentados en los Convenios Internacionales y nacionales.

Resumen de la Ponencia:

La presente ponencia es producto de un proyecto de investigación desarrollado en Caldono, Cauca, Colombia cuyo objetivo fue promover un mayor reconocimiento, representación y participación de las mujeres de la Cooperativa Integral Indígena de Mujeres Agropecuarias, CIIMAPAZ, en un marco de igualdad de género y respeto de sus derechos en sus entornos familiares y comunitarios. Las reflexiones que aquí son socializadas surgen a partir del trabajo etnográfico que combina el desarrollo de espacios participativos y conversacionales con técnicas audiovisuales. Estas giran en torno a la inclusión del enfoque de género e intercultural en proyectos productivos indígenas a partir de la experiencia con la cooperativa CIIMAPAZ y el cómo desde la comunicación social se han implementado estrategias de transformación social en el marco del fortalecimiento de procesos de reincorporación económica y reconciliación en las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) gestadas con la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia. 

Resumen de la Ponencia:

El 15 de abril de 2011, en Cherán Michoacán se produjo un levantamiento indígena que fue encabezado principalmente por las mujeres y jóvenes del municipio para decir ¡Ya basta! En un inicio en contra del despojo del bosque del que les habían arrebatado al menos la tercera parte de sus 27.000 hectáreas, e hicieron frente a la violencia instaurada a manos del crimen organizado aliado con el gobierno municipal, para posteriormente no sólo ampliar las demandas sino exigir que pudieran ser regidos por sus propias formas de gobierno bajo su sistema cosmogónico, recuperar la memoria, sus propias prácticas y hacer uso estratégico de diversos instrumentos jurídicos que les han permitido sostener al movimiento. Argumentamos que la recuperación de las memorias corporal, territorial y lingüística que las mujeres purépechas de Cherán han revitalizado a partir del levantamiento el 15 de abril de 2011 han posibilitado el fortalecimiento de la autonomía comunitaria bajo su sistema de usos y costumbres.Para ello realizamos las metodologías de cartografías cuerpo-territorio y la recopilación de historias orales que nos permitieron identificar cómo la revitalización de esas memorias ha contribuido en el ejercicio de su libre determinación. De manera que, para vislumbrar los alcances que han tenido en la construcción de su autonomía durante diez años desde una perspectiva de género se retoman cinco dimensiones consideradas primordiales en el entendido de sus dinámicas organizativas, constituidas a través de la dimensión política o de gobierno, jurídica, económica, la dimensión cultural y la dimensión de la defensa o protección.

Resumen de la Ponencia:

A pesquisa apresenta a experiência em extensão universitária da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para formação e capacitação dos gestores municipais e de cartórios em regularização fundiária junto ao Programa Moradia Legal do Estado de Pernambuco. A metodologia digital desenvolvida pela equipe da UFPE visa integrar os levantamentos georreferenciados físico, urbanístico, ambiental, social e jurídico para fomentar o Projeto de Regularização Fundiária e a Certidão de Regularização Fundiária (CRF), propiciando o título de posse e propriedade aos ocupantes de terras. Destaca-se assim a formação e capacitação em consonância com a prática a partir da participação das organizações de moradores dos núcleos urbanos informais, assentamentos rurais e de terras indígenas. O objetivo é investigar a importância da política territorial a partir da regularização fundiária georreferenciada em terras indígenas e o referencial teórico remete-se aos aportes das questões de política territorial, participação e desenvolvimento de espaços ocupados. A metodologia segue a análise empírica do modelo georreferenciado à regularização fundiária e a comprovação da hipótese de que instrumentos digitais aplicados à regularização fundiária democratiza os espaços consolidados e apresenta mais eficiência na gestão territorial, garantindo o direito fundamental à moradia nas terras indígenas. Os resultados estão associados a vulnerabilidade da dinâmica territorial, as intervenções integradas e a optimização do processo de regularização fundiária nas terras indígenas.

Introducción:

1. Introdução 

A pesquisa em tela relata a experiência da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em atividades de extensão universitária na área de regularização fundiária. Destacam-se as ações de formação e capacitação dos gestores municipais e de cartórios que atuam nos processo de regularização fundiária junto ao Programa Moradia Legal (PML) do Estado de Pernambuco. O público alvo da regularização fundiária são os habitantes de ocupações irregulares urbana e rurais, bem como habitantes de áreas rurais ou limites com comunidades e povos indígenas. Contudo, as atividades de formação e capacitação sejam integradas ao PML, observa-se que, no contexto de crise, o aumento das desigualdades socioeconômicas e ambientais nas disputas políticas nos territórios indígenas é confrontado com o modus operandi do desenvolvimento territorial contemporâneo. 

A regularização fundiária como política pública vem sendo alvo da desconstrução social e da flexibilidade legislativa, afetando os princípios e as prioridades dos movimentos urbanos, rurais e dos povos indígenas, assim como as conquistas constitucionais históricas pelo direito à moradia e ao espaço nas áreas de florestas. A compreensão sobre os limites da flexibilidade regulatória da política territorial é fundamental à formulação de políticas fundiárias e socioambientais sustentáveis, sobretudo para garantir o fluxo social no processo como um todo. O objetivo da pesquisa é investigar, sobretudo, a importância da política territorial a partir da regularização fundiária georreferenciada em terras indígenas, tomando como referencial teórico as experiências vivenciadas que constroem a base de conhecimentos a partir do objeto empírico e práticas desenvolvidas através dos projetos de regularização fundiária.  

O trabalho remete-se aos aportes das questões de política territorial, participação e desenvolvimento de espaços ocupados, enfatizando o debate sobre a política territorial nacional e os limites estabelecidos nos marcos regulatórios das políticas fundiárias ao longo da produção dos mecanismos legislativos que buscam possibilitar a participação social e a inclusão no processo de regularização fundiária. Os questionamentos se estendem além dos espaços ocupados e habitados, podendo ser definidores à construção da legislação fundiária e do direito à moradia, fortalecendo a inclusão e a cidadania. Com intuito de destacar a metodologia digital voltada à regularização fundiária, o percurso de investigação da política territorial nacional traz os mecanismos de formulação das políticas fundiárias e o processo de integração dos levantamentos georreferenciados físico, urbanístico, ambiental, social e jurídico do Projeto de Regularização Fundiária e a Certidão de Regularização Fundiária (CRF). 

Por fim, a consolidação da formação e capacitação dos gestores faz ampliar a participação das organizações de moradores dos núcleos urbanos informais, assentamentos rurais e de terras indígenas, gerando uma metodologia de análise empírica do modelo gerreferenciado e instrumentos digitais que democratizam os espaços na gestão territorial. A garantia do direito à moradia nas terras indígenas depende do grau de vulnerabilidade da dinâmica territorial, das intervenções integradas e da optimização do processo de regularização fundiária nas terras indígenas.

Desarrollo:

2. Política territorial nacional

A política territorial nacional pode ser compreendida com base nos limites da flexibilidade regulatória das políticas públicas urbana e rural, por sua vez, elas definem os mecanismos de formulação das políticas fundiárias, socioambientais e sustentáveis, apontando possibilidades do fluxo social e de inclusão no processo de regularização fundiária. Sendo a regularização fundiária exercida conforme os espaços ocupados, segundo a legislação fundiária, fica garantido o direito fundamental à moradia nos espaços urbanos, rurais e nas terras indígenas. Para isso, o arcabouço legislativo da política urbana-rural nacional estabelece formas de regularização fundiária a partir da Lei n° 13.465/2017 e do Decreto n° 9.310/2018 (BRASIL, 2017; 2018), orientando a política fundiária na direção da constitucionalidade e dignidade da pessoa humana, do direito à moradia e da garantia da inclusão e do reconhecimento da cidadania. Neste contexto, as intervenções sociais, urbanísticas, ambientais e jurídicas, previsto na legislação fundiária, busca a regularização dos espaços ocupados e consolidados. 

Em linhas gerais, o processo de regularização fundiária visa a titulação e o pleno desenvolvimento das funções sociais dos espaços urbanos e rurais nas cidades, garantindo a viabilidade dos direitos socioambientais com respaldo normativo da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e do Estatuto da Cidade (Lei nº10.257/2001). A implementação das políticas públicas no Brasil está previsto na CF/1988, estabelecendo um novo contexto democrático para o avanço das políticas públicas específicas, como exemplo das políticas de direitos fundamentais aos povos e etnias. A complexidade da formação rural-urbana das cidades representa parte da diversidade dos seus moradores e ocupações, mantendo-se como ponto central as dificuldades dos cidadãos de interação nos espaços na luta para garantir as conquistas sociais. Para as comunidades indígenas, as conquistas sociais e fundiárias estão associadas ao conceito de ocupação estabelecido no direito territorial, onde o pleno direito ao território é parte da luta e da organização dessas populações. A concepção de território remonta a forma de perceber o domínio da terra indígena como de propriedade e pertencimento das terras, o que faz a necessidade de uma política de demarcação. 

A Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas aponta normatizações por meio do Decreto Federal nº7.747/2012. Os fundamentos dessa política encontram-se, portanto, no Estatuto do Índio Lei nº 6.001, de 10 de dezembro de 1973, que estabelece tipos de terras ocupadas pelos povos indígenas, garantindo o direito de propriedade das terras doadas por órgãos públicos e privados ou de aquisições regulamentadas (BRASIL, 1973). No que se refere a regularização fundiária, a CF/1988 define que as terras habitadas pelos indígenas é de propriedade permanente, inclusive as terras de atividades produtivas, à preservação de recursos ambientais e reprodução física e cultural. Contudo, nos últimos anos os conflitos associados com a questão da demarcação de Terras Indígenas (TIs) atingiram grandes proporções, sendo observado a delimitação territorial de terra original dos indígenas diferente dos marcos fundiários do Estado Nacional (EN). A efetivação da política de demarcação e regularização fundiária nas terras indígenas é uma política do EN que deve ser executada, principalmente, com base no direito territorial e na CF/1988, outrossim, na política do direito no campo social, considerado que a demarcação de terras indígenas é uma necessidade urgente frente aos conflitos dos povos indígenas e o não cumprimento da legislação vigente. 

Salutar é, o fato da regularização fundiária nos territórios indígenas ou a demarcação sócio-jurídica desses territórios não tenha sido efetivada como política pública, ou seja, para o EN o direito à moradia, em especial, o direito de propriedade como um direito fundamental inerente aos povos indígenas não tem sido visto como uma prioridade (DUPRAT, 2016).

Por outro lado, a regulamentação dos artigos 182 e 183 da CF/1988 referentes à Política Urbana, o Estatuto da Cidade, Lei n° 10.257/2001, aponta efetivações no que tange a interação urbana, social e cidadã, aproximando-se dos princípios da regularização fundiária à função social da cidade e da propriedade urbana-rural (BRASIL, 2001). Para implementação dessa política e instalação do processo de regularização fundiária nas cidades, nos espaços urbanos, rurais e terras indígenas seriam regulamentadas novas legislações específicas, a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, Decreto Federal nº7.747/2012 e a Lei n° 13.465/2017 e o Decreto n° 9.310/2018 de regularização fundiária urbana e rural. Esses marcos compõem as normas para o controle do espaço e do solo urbano e rural, principalmente do reconhecimento do direito à cidade e da propriedade, tanto como estratégias de regularização fundiária e urbanística nas áreas ocupadas por população de baixa renda como das terras indígenas. 

O direito à moradia como direito social foi reconhecido no Brasil através de emenda constitucional da CF/1988 e a regularização fundiária urbana e rural busca garantir os princípios desse direito constitucional, promovendo a integração social, a segurança jurídica, a qualidade ambiental e o acesso a infraestruturas e serviços urbanos e rurais e colaborando com melhores condições de habitabilidade e a garantia da participação popular nos processos de implantação das políticas públicas (LEVEBVRE, 1991). Destacam-se os aspectos relacionados no Estatuto da Cidade (2001) sobre o interesse social que visam regular o uso da propriedade individual e coletivo e a promoção da segurança e do bem-estar dos cidadãos para garantir o equilíbrio socioambiental. 

3. Metodologia digital na regularização fundiária 

As conquistas históricas do Movimento Nacional pela Reforma Urbana (1970) são partes das reivindicações no bojo das lutas pelo direito à cidade (ROLNIK, 2007), destacando a função social da cidade e da propriedade da CF/1988 e dos instrumentos jurídico-urbanísticos para avanço dos mecanismos da regularização fundiária (GAILLART; DE LA MORA, 2016). As políticas públicas instituídas a partir da criação do Ministério das Cidades (2002) passam a aprimorar a implementação de políticas fundiárias específicas, entre outras, a Lei nº 11.977/2009 dispõe sobre a regularização fundiária e a implementação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 

A política de regularização fundiária regulada pela Lei nº 13.465/2017 institui diretrizes sobre a regularização fundiária e de intervenções urbanísticas como políticas fundiárias à regularização. Nos últimos anos, a política nacional fundiária esteve comandada pelo Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), sendo instituído o Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional (Instrução Normativa N° 2/2021) como parte do Programa Casa Verde e Amarela (2020). Contudo, a busca por alternativas para solucionar a questão fundiária e da moradia (MDR, 2021) contrasta com a realidade dos municípios brasileiros, pois a garantia e segurança de posse da terra e o direito à moradia é hoje uma demanda forte. 

Entretanto, a atual Lei nº 13.465/2017 da política fundiária nacional apresenta os procedimentos regulatórios por meio da digitalização, fazendo com que a metodologia digital desenvolvida pela equipe da UFPE no Estado de Pernambuco passe a integrar os levantamentos georreferenciados físico, urbanístico, ambiental, social e jurídico para fomentar o Projeto de Regularização Fundiária e a Certidão de Regularização Fundiária (CRF), propiciando o título de posse e propriedade aos ocupantes de terras. Observa-se assim a necessidade da formação e capacitação em consonância com a prática digital e virtual, a partir da participação das organizações de moradores dos núcleos urbanos informais, assentamentos rurais e, principalmente, de terras indígenas. De um lado, o contexto da crise pandêmica acelerou as desigualdades socioeconômicas e ambientais nas disputas políticas nos territórios indígenas, confrontando o modus operandi do desenvolvimento territorial contemporâneo regrado pela disputa entre latifundiário e indígenas. Por outro lado, a regularização fundiária como política pública vem sendo alvo da desconstrução social e da flexibilidade legislativa, afetando os princípios e as prioridades dos movimentos urbanos, rurais e dos povos indígenas, assim como as conquistas constitucionais históricas pelo direito à moradia e ao espaço nas áreas de florestas. A compreensão sobre os limites da flexibilidade regulatória da política territorial é fundamental à formulação de políticas fundiárias e socioambientais sustentáveis, sobretudo para garantir o fluxo social no processo como um todo. 

3.1 Metodologia interdisciplinar

As ações interdisciplinares compõem a metodologia digital e as atividades georreferenciadas, caracterizam-se como práticas integradas no processo de regularização fundiária e articulam atividades e competências diversas em torno de um objetivo comum de transformação da realidade, neste caso, os projetos de regularização fundiária urbana ou rural. Essas experiências da UFPE estão direcionadas para os projetos urbanos que destacam os pressupostos da busca por soluções sócio-tecnológicas que apoiem o processo e a garantia do exercício do direito à moradia e à cidadania. O objetivo é a promoção da segurança jurídica por via da atividade de regularização fundiária, além da associação de outras atividades que orientam a consolidação dos núcleos ou assentamentos informais a serem regularizados. 

Portanto, essas delimitações para formulação da política nacional de regularização fundiária (ROLNIK, 2007), deve-se considerar os aspectos urbanísticos, sociais e ambientais, como condicionantes para a regularização dos núcleos e assentamentos informais. As soluções sócio-tecnológicas que apoiam as atividades interdisciplinares, sobretudo, os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e as plataformas de gerenciamento de processos de titulação de imóveis, são outro elemento relevante para o levantamento, sistematização e análises georreferenciadas da situação existente e para a proposição de soluções adequadas na Regularização Fundiária Urbana e Rural. Confirma-se assim que o processo de regularização fundiária, considerando a integração das atividades, eleva o grau de dignidade humana quando qualifica esses aspectos urbanísticos, sociais e ambientais, como prioridades vinculadas à regularização dos espaços urbanos e rurais, dos núcleos e assentamentos informais e comunidades indígenas. Para isso, a abrangência do conceito de moradia vai além da  compreensão isolada do espaço individual da unidade habitacional, ampliando ao espaço ocupado de forma coletiva e muitas vezes comunitária ou da coletividade. Este princípio da integralidade favorece o método da interdisciplinaridade, posto que o espaço habitável deve contemplar diversos critérios pressupondo a inexistência de impactos ou riscos aos ocupantes de núcleos, assentamentos informais ou aos povos indígenas referente a desastres socioambientais. Da mesma forma, a unidade edificada e passível de ser habitada deve apresentar condições físicas, sociais e humanas sem precariedades (FJP, 2020), o que se contrapõe aos aspectos políticos da existência do déficit habitacional nas cidades e municípios, onde as necessidades de melhoria das habitações são demandas de implantação de políticas complementares às habitacionais. 

Outro aspecto a ser considerado é o enquadramento dos princípios de interesse social que determina a Lei 13.465/2017, podendo ser aplicado aos núcleos informais ocupados que predomine a população de baixa renda (BRASIL, 2017). Por fim, as ações de ordenamento da política territorial na regularização fundiária devem ser efetivadas à promoção da equidade territorial e integração das intervenções sociais, urbanísticas e ambientais, construindo um universo interdisciplinar e de abrangência dos conceitos, dos princípios e das dimensões associadas à regularização fundiária e ao direito à cidade e à Moradia conforme as experiências práticas e atividades extensionistas da UFPE.

3.2 Práticas de regularização fundiária

As ações de extensão de regularização fundiária promovidas pela UFPE podem ser definidas como atividades que integram, na sua plenitude, um conjunto de intervenções interdisciplinares amparadas nos instrumentos e indicadores urbanísticos, socioambientais e jurídicos. Busca-se promover nestas ações, além do direito à moradia e à cidadania, a participação dos atores envolvidos no processo de regularização fundiária. O lugar de destaque da interdisciplinaridade na regularização fundiária é o mesmo que promove a participação, a gestão democrática dos saberes específicos e a comunicação interativa com todos atores envolvidos. Ela toma forma quando esses atores participam de modo efetivo, reproduzindo os vários conhecimentos disciplinares apreendidos, e percebem a interação dos conteúdos que integram significados comuns, sendo voltados para o mesmo fim. 

As experiências com regularização fundiária da UFPE apontam atividades exitosas realizadas nos córregos do Balaio e da Batalha na cidade de Jaboatão dos Guararapes-PE. Essas experiências  contemplam atividades de extensão universitária voltadas à participação da comunidade e ao princípio básico da regularização fundiária de garantia da segurança jurídica da população ocupante da área de intervenção. A demanda pela atuação da equipe da UFPE no apoio a processos de regularização fundiária urbana desses assentamentos habitacionais partiu da Secretaria de Patrimônio da União (SPU). A ação da equipe extensionista se restringia a estudos técnicos para elaboração de um Plano Urbanístico e de Regularização Fundiária, com propostas de encaminhamento de processos de legalização dominial das ocupações, a ser realizada pela equipe da SPU em Pernambuco (SPU-PE), vinculada ao Ministério do Planejamento. 

A experiência iniciada em 2012, denominada Plano Urbanístico e de Regularização Fundiária para os assentamentos habitacionais em área de domínio da União no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, se voltava ao estudo sistemático dos aspectos urbanísticos, físicos, socioeconômicos, ambientais, históricos e fundiários que subsidiarão o projeto de regularização da área (UFPE, 2013). Interdisciplinar, este plano compreendia um rol de atividades afinadas com a perspectiva da regularização fundiária a partir de quatro eixos: 1) mobilização social e organização do processo participativo; 2) pesquisa socioeconômica e cadastral, para fins de regularização fundiária e urbanística; 3) levantamento físico planialtimétrico e descritivos da ocupação, para apoio à regularização fundiária e urbanística; 4) estudos e projeto urbanístico, para consolidação dos assentamentos, com base nos dados levantados sobre as condições da ocupação. O processo considerava a participação e a interveniência de vários atores e agentes, em especial os moradores das áreas ocupadas. As atividades de mobilização social foram prioritárias. Todas as etapas do trabalho se iniciavam com o processo de mobilização dos ocupantes, com assembleias comunitárias e realização de inúmeras oficinas e eleições nas quadras para formação de Comissões de Acompanhamento. Ressaltam-se as atividades interdisciplinares nas oficinas comunitárias que formam a base da gestão do projeto e caracterizam a prática de mobilização e participação comunitária, articulando os atores sociais envolvidos na proposta maior de construção da cidadania (CAMPOS, 2014), resultando posteriormente, na formação de um Comitê Gestor para que todos os agentes sociais acompanhassem o processo de regularização. 

A sistemática prática é caracterizada pela natureza das atividades comunitárias e os procedimentos necessários ao alcance do objetivo maior. As ações são desenvolvidas e testadas na intervenção dos primeiros espaços definidos para os procedimentos serem adotados em outras áreas. No encadeamento das ações, na prática de levantamento, leitura e análise coletiva das condições da ocupação, tanto os gestores da atividade extensionista quanto os moradores da área se viram envolvidos num processo de aprendizado coletivo. Estes últimos viram-se também empoderados, pois cientes da natureza e objetivo do projeto. Outro fator demonstrativo da coerência da sistemática foi o envolvimento da prefeitura municipal da cidade de intervenção, organismo que assumiu a responsabilidade pela dotação de infraestruturas e serviços, e pelo estabelecimento do status de Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), instrumento garantidor da consolidação dos assentamentos. Por outro lado, a equipe da UFPE não se prendeu às limitações de atuação por disciplina. Na perspectiva da interdisciplinaridade, gestores públicos, professores e alunos extensionistas participaram de todas as atividades temáticas, desenvolvendo processos de aprendizagem integrados em meio a uma intervenção empírica complexa. 

Na cidade de Igarassu-PE (2016), o projeto da UFPE de Regularização Fundiária de assentamentos habitacionais da Região Metropolitana do Recife (RMR) nos Núcleos Urbanos Informais (NUI) de Tapajós, Posto de Monta e Manancial, foi executado em parceria com a Secretaria de Habitação do Ministério das Cidades (MCidades), numa demanda motivada pelo conhecimento da capacidade técnica da equipe, demonstrada nos trabalhos anteriores de apoio à regularização fundiária dos assentamentos habitacionais. O desafio apresentado era maior, a Regularização Fundiária de Núcleos Urbanos Informais (NUI) consolidados em municípios da RMR, avançando sobre uma atividade que a experiência anterior não abrangeu, a regularização jurídica das ocupações e o correspondente registro dos títulos de regularização fundiária. Este projeto de regularização fundiária de assentamentos habitacionais da RMR iniciou com a seleção dos municípios e dos NUI para intervenção definidos a partir de cinco critérios básicos. Destacando-se assim os de haver organizações sociais e lideranças comunitárias representativas da comunidade/população residente no assentamento a ser regularizado e tratar-se de assentamento habitacional já classificado passível de transformação em ZEIS. Este último critério se atinha à prioridade em se promover processos de Regularização Fundiária de Interesse Social (REURB-S). 

A nova política de legislação fundiária traz conceitos que se associam ao ideal da regularização fundiária plena, como os objetivos apresentados na Lei 13.465/2017, de ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados, garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas e ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (DINIZ et al., 2019). Entretanto, deve-se observar que a nova Lei não indica o uso de instrumentos como as ZEIS associados ao direito de propriedade dos beneficiários, podendo minimizar a ação do capital imobiliário sobre os ocupantes de núcleos, assentamentos informais ou comunidades dos povos indígenas. 

Finalmente, a experiência em Igarassu trouxe algumas inovações notáveis. Como resposta às definições da Lei 13.465 e do Decreto 9.310, incluíram-se os estudos ambientais para apontar áreas não passíveis de consolidação, somando-se à análise das infraestruturas essenciais, o que ampliou o leque de condicionantes para elaboração dos planos urbanísticos. Visando à titulação, o trabalho abrange novas obrigações, como a análise da adequação da adoção de instrumentos jurídicos recentemente regulamentados. Isso obrigou a ampliação e o ajustes das atividades temáticas, que se tornam ainda mais interdependentes e integradas. O advento de um sistema de gerenciamento de informações voltado ao processo de levantamento, análise e indicação de soluções foi um marco de inovação: o Banco de Dados Digital para Regularização Fundiária (BDRF), cuja consolidação alimentaria o sistema automatizado de geração da Certidão Digital de Regularização Fundiária (CDRF). 

Para a titulação, o projeto desenvolvido no quadro da extensão apresentava: Denominação, Memorial descritivo e delimitação das Unidades regularizadas (para a individualização das unidades imobiliárias); Definição da Modalidade de regularização, Listagem e Ficha Individual de beneficiários; Responsabilidades de obras e serviços e Cronograma físico de intervenções (intervenções necessárias à regularização). Essas são as bases para emissão da Certidão de Regularização Fundiária (CRF), procedimento que exige atenção especial a cada caso e que se apoiou em atividades georreferenciadas para atendimento aos ocupantes, envolvendo técnicos da UFPE, da Prefeitura Municipal de Igarassu e do Cartório local, em um processo de esclarecimento dos procedimentos gerais e daqueles indicados às situações individuais das unidades a serem regularizadas. Iniciativas essas que deram início às atividades e ações de formação e capacitação dos gestores municipais e de cartórios que atuam nos processo de regularização fundiária junto ao Programa Moradia Legal (PML) do Estado de Pernambuco, nas ocupações irregulares urbana e rurais, áreas ou limites com comunidades e povos indígenas.

4. Regularização georreferenciada em terras indígenas 

A experiência da UFPE junto ao Programa Moradia Legal (PML) do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE) compartilha com os gestores municipais e de cartórios do Estado de Pernambuco o processo de integração da regularização fundiária através de atividades georreferenciadas. Esses gestores estão em constante contato com os moradores dos municípios, nas áreas urbanas e rurais e em terras indígenas. As ações georreferenciadas atingem as terras indígenas e podem servir para aprimorar demarcações dos espaços habitados por povos e comunidades nativas. 

Desta forma, no conjunto do processo de aprendizagem compartilhada entre agentes extensionistas, organismos públicos e comunidades beneficiadas, a UFPE atende demandas de prestação de serviços. Os contatos com a UFPE em 2020 por representantes da Controladoria Geral de Justiça (CGJ) do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), geraram experiências e ampliaram as ações de regularização fundiária da universidade. Consolidando assim o foco de interesses no Programa Moradia Legal (PML) e nos princípios de Regularização Fundiária de Interesse Social (REURB-S) da Lei 13.465, visando garantir o título de propriedade de imóvel e a segurança jurídica aos beneficiários em municípios do Estado de Pernambuco inscritos no programa (CGJ, 2021). A gestão da parceria entre a UFPE e o TJPE gerou o Curso de Extensão em Regularização Fundiária oferecido pela UFPE, com o suporte do TJPE, Escola Superior da Magistratura de Pernambuco (Esmape), da Associação dos Registradores de Imóveis de Pernambuco (ARIPE) e da Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE), para formação e capacitação de gestores municipais nos programas e atividades de regularização fundiária com ênfase nas metodologias georreferenciadas.

Os procedimentos da regularização fundiária são destaques do PML como incentivo às políticas públicas setoriais e necessárias à atuação dos municípios nesse campo, bem como as medidas jurídicas e administrativas de cartórios para registro imobiliário. Como é destacado, o programa busca legislar pelo direito à posse e à propriedade dos imóveis aos beneficiários ocupantes de áreas públicas ou privadas. Diante dessa relevância, os parâmetros do direito constitucional à segurança da moradia digna, justiça e paz social são observados. 

As atividades do curso de extensão em regularização fundiária oferecido pela UFPE perfazem módulos com conteúdo interdisciplinar, teórico e prático, voltado à aplicação de técnicas necessárias à compreensão dos elementos e segmentos que definem a concepção da modalidade Regularização Fundiária Urbana (REURB): mobilização, selagem, cadastro socioeconômico, ambiental, topográfico, geodésico, cartográfico, urbanístico e jurídico. Considera-se, em primeira linha, consolidar atividades de excelência no Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE, garantindo a consistência e plenitude de dados teóricos e empíricos, à elaboração de peças técnicas para a CRF. 

Em seu bojo, as atividades de extensão da UFPE se apresentam como um meio de se assegurar condições práticas para a REURB-S em municípios de Pernambuco. A expertise aportada pela equipe técnica, que se situa em um plano de vanguarda no país, traz consigo não somente uma metodologia georreferenciada de regularização fundiária testada, ajustada e aprovada. Ao focar na atuação interdisciplinar, buscando envolver ativamente os discentes envolvidos, os gestores públicos locais, os técnicos notariais e a própria população alvo, ocupante dos NUI consolidados, a iniciativa reforça a relevância de uma formação interdisciplinar e a exigência da participação social, vistos os citadinos como protagonistas das ações de regularização fundiária. Busca-se, assim, responder à necessidade do diálogo, entre disciplinas e múltiplos setores da sociedade, no que se refere ao direito à moradia. 

O conteúdo interdisciplinar desse curso resgata as atividades das experiências dos projetos de extensão da UFPE desenvolvidas ao longo dos últimos anos. Em sua estruturação, destacam-se as orientações à indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão e a formação interdisciplinar direcionada ao fortalecimento das participação comunitária, como foco da UFPE, no que tange a consolidação das atividades acadêmicas integradas e desdobramento das atividades extensionistas realizadas através de projetos de extensão de regularização fundiária absorvidos. Neste contexto, são inseridas as propostas da formação e capacitação dos gestores municipais e de cartórios em regularização fundiária, a partir da metodologia digital e atividades georreferenciadas, visando integrar os levantamentos físico, urbanístico, ambiental, social e jurídico, além da democratização dos espaços consolidados com ênfase no direito fundamental à moradia nas terras indígenas. 

Conclusiones:

5. Notas conclusivas

O apoio à formação em regularização fundiária para os fins do Programa Moradia Legal (PML) se constitui em uma etapa mais recente das atividades de extensão universitária da UFPE. Ele se inscreve numa fase de retrocesso e negação de direitos sociais no Brasil. Foi no contexto de progressivo esvaziamento das instâncias de gestão participativa e de restrição ao movimento de empoderamento social de camadas populares, promovido por uma política de inclusão social e de inversão de prioridades associadas aos sucessivos governos do Partido dos Trabalhadores (PT), que as bases jurídicas e normativas que orientam hoje o PML se consolidaram. 

Há que se refletir sobre as origens, abrangências e fundamentos políticos e técnico-jurídicos que condicionam e influenciam cada uma das experiências descritas. Em 2012, interessava-se por assentamentos pobres nos limites do PHNG e voltava-se à regularização urbanística e às diretrizes gerais para posterior regularização fundiária. Ainda que não avançasse sobre a dimensão fundiária em si, o projeto tinha em conta a interconexão entre ela e as demais dimensões sociais, econômicas, ambientais e urbanísticas. A estrutura operacional incorporou de modo mais profundo o preceito da interdisciplinaridade, da metodologia digital e das atividades georreferenciadas, envolvendo todos os membros da equipe extensionista nas atividades integradas. 

A experiência desenvolvida junto ao MCidades a partir de 2016, apresenta um quadro de nítido retrocesso do debate das diretrizes para a regularização fundiária e rompimento de um processo de discussão que viria alterar essas diretrizes. A defesa da regularização fundiária imediata, trouxe novos parâmetros de flexibilização das condicionantes para a titulação, foi adotada a estratégia de potencializar os novos instrumentos em favor da titulação da população mais carente. A experimentação nesse sentido se fez necessária, somando-se aos procedimentos de mobilização e orientação técnica, inovações mais profundas nos sistemas de automatização informacional dos procedimentos para a emissão das CRF através do sistema CDRF.

O estímulo à participação dos beneficiários no processo de regularização fundiária seguiu sendo um grande desafio. A parceria com o Programa Moradia Legal (PML), realizada em meio à pandemia da Covid-19, com atividades essencialmente remotas, sofreu o efeito do distanciamento das realidades locais. Mesmo incorporando mecanismos de acompanhamento intensivo, como os plantões de atendimento técnico aos gestores públicos e pessoal dos cartórios, a formação e a percepção interdisciplinar nesse processo se limitou a esses agentes. Tendo como premissa a sintonia com todos atores da sociedade, os habitantes de espaços informais e as comunidades indígenas, a formação-implementação das práticas interdisciplinares, a transformação dos cidadãos em protagonistas do processo de regularização fundiária e, por conseguinte, do exercício pleno do direito à terra, à moradia e à cidade, torna-se mais difícil de ser incutida como cultura desejável. 

As ações de regularização fundiária se materializam na promoção da participação, do direito à moradia e da cidadania, buscam integrar os espaços informais à cidade formal e destacam-se como princípios da função social da cidade e da propriedade urbana. Busca-se nos projetos de regularização fundiária a transferência do conhecimento técnico ao contexto social, a difusão dos métodos estabelecidos pela equipe da UFPE para a condução do processo que envolve o direito fundamental à moradia, busca a participação e a inclusão social, territorial, política e urbanística, instrumentalizando a conquista do direito à cidade. Por fim, observa-se a necessidade do conhecimento (GADOTTI, 2017), em especial dos instrumentos de regularização fundiária pelos povos indígenas, um avanço na formação e capacitação de lideranças, produzindo agentes para a condução das lutas pela demarcação de terras e considerando a compreensão da política territorial um instrumento de viabilidade das reivindicações pelo direito de demarcação das terras indígenas e formulação de políticas públicas. 

Bibliografía:

6. Referências

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Palabras clave:

Política; Metodologia; Regularização.

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia relata la experiencia de un grupo de mujeres artesanas indígenas de Los Altos de Chiapas que, ante las crisis del Covid 19, decidieron formar un colectivo y emprender la aventura de abrir una tienda de artesanías en una plataforma digital. En el proceso, se encontraron con la solidaridad de las redes que las y los simpatizantes del Movimiento Zapatista han tejido en cada rincón del mundo, favoreciendo que sus artesanías hayan llegado (en menos de dos años) a más de 15 países. El Colectivo Mujeres en Resistencia es un ejemplo de creatividad, resiliencia y resistencia cotidiana que inspira, desde el sureste mexicano, a cientos de personas que también resisten día a día (al Covid, a los abusos políticos, a la violencia). Con sus objetos, éstas mujeres han logrado unir voces de diferentes idiomas bajo una lucha similar y albergarlas bajo una esperanza de un mundo mejor. 

Resumen de la Ponencia:

El pueblo originario Cucapah, parte de la familia yumana, se encuentra en resistencia, una que es liderada particularmente por mujeres vinculadas a los procesos de aprendizaje de las y los niños de la comunidad El Mayor, ubicada en la frontera norte de México, y buscan de manera ardua la conservación de su cultura, entendiendo a la educación como un acto de cultivación de saberes y desarrollo comunitario, no de imposición. La disminución de la población Cucapah a lo largo de los años ha sido de gran impacto, y se encuentra ligada a las dificultades de establecerse en su territorio y explotar sus recursos, pero también, se ve motivada por el individualismo y la atmosfera de competitividad de los actuales programas laborales y educativos, así como de la falta de oportunidades. El objetivo de este trabajo de investigación, es visibilizar el papel de la mujer en el rescate cultural dentro la comunidad El Mayor, esto, a través de sus acciones en cuanto a la transmisión de valores y tradiciones culturales locales. 

Introducción:

El pueblo Cucapah se encuentra en resistencia, una que es liderada particularmente por mujeres, las cuales se vinculan a los procesos de aprendizaje de las y los niños de la comunidad El Mayor y buscan de manera ardua la conservación de su cultura, entendiendo a la educación, como un acto de cultivación de saberes y desarrollo comunitario, no de imposición.

La impactante disminución de su población a lo largo de los años ha estado ligada a la baja en el caudal del Río Colorado, además de las dificultades crecientes para pescar libremente en los lagos y lagunas lo cual, se debe principalmente a las restricciones gubernamentales. Son pescadores y artesanos, unidos por la familia, la pesca, los Kuri kuri (rituales) y ceremonias fúnebres (Pastrana, 2014). En la actualidad, las y los Cucapah, se encuentran en una lucha constante por preservar sus tradiciones, y con ello, su comunidad.

El objetivo de este trabajo de investigación es visibilizar el papel de la mujer en el rescate cultural dentro la comunidad El Mayor, ubicada en la frontera norte de México, esto, a través de sus acciones en cuanto a la transmisión de valores y tradiciones culturales locales. La perspectiva teórica se orienta hacia el estructuralismo de Bourdieu, la teoría crítica de Freire y una lógica de inclusión apegada al paradigma de la Diversidad Cultural de Dietz en los procesos educativos, por lo que se propone contar con modelos de educación intercultural a partir del respeto y la valoración de la diversidad y que busque erradicar la discriminación y la exclusión.

Desarrollo:

Los pueblos originarios.

La definición del concepto “pueblos originarios” o “pueblos indígenas” hace referencia a una identidad y/o pertenencia particular, y aunque varios intentos al tratar de definir la realidad de esta población se vean dirigidas a visibilizar, no se puede negar que la mayoría de los conceptos son resultado de la occidentalización, tanto en el lenguaje común, como en el académico. A pesar de ello, el construir una idea de los contextos alrededor de quienes pertenecen a un pueblo originario, permite aclarar lo que viven y experimentan desde su propia cultura, tradiciones y espiritualidad.

Al referirse, entonces, a pueblos originarios, se habla de colectividades que se encuentran en territorios determinados desde hace miles de años, antes de una conquista o del forjamiento de los estados nacionales, y cuyas identidades se encuentran definidas por diversas cosmovisiones, tradiciones, lenguas y saberes que se transmiten por generaciones.  Estos son “grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y con los recursos naturales donde viven, ocupan o desde los cuales han sido desplazados” (Banco Mundial, 2021, párr.1), por lo que dependen de los recursos naturales encontrados en los espacios donde han habitado por generaciones.

La lengua, costumbres y tradiciones, se encuentran vinculados de manera estrecha con su identidad, pero también, sus formas de organización tanto social como política, además de otros aspectos de su vida. Este último planteamiento, se encuentra referido principalmente, al impacto de su representación mundial, nacional y regionalmente, lo que es de gran importancia al reconocer que, a lo largo de los años, se van convirtiendo en una minoría, hablando en términos de participación y agencia. De acuerdo con la ONU, podemos identificar “más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que representa el 6,2% de la población mundial” (Organización de las Naciones Unidas, 2021, párr.1).

Muchos de estos pueblos son autónomos en diversos aspectos, sin embargo, su desarrollo y estabilidad se encuentran determinados por los gobiernos centrales de cada país o región, vulnerando sus derechos y recursos. A pesar de que los pueblos originarios, desde su existencia en cada territorio, han trabajado la tierra y mantenido un equilibrio entre sus recursos naturales y el sustento de sus necesidades, no cuentan con un soporte legítimo de la posesión de tierra o el respeto de la explotación de los recursos naturales en sus comunidades y “suelen ser los últimos en recibir inversiones públicas en servicios básicos e infraestructura y enfrentan múltiples obstáculos para participar plenamente en la economía formal, obtener acceso a la justicia y ser parte de los procesos políticos y la toma de decisiones” (Banco Mundial, 2021, párr.3). Este es un factor determinante en sus motivos de lucha y resistencia.

En México, existen distintas leyes que legitiman a los pueblos originarios, “la Constitución mexicana define a los pueblos indígenas como los descendientes de las poblaciones que habitaban el valle antes de que se formara el Estado y conservan sus instituciones culturales o económicas, o parte de ellas” (Pastrana, 2014, párr.14). Particularmente, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el acceso prioritario de los pueblos en la explotación de los bienes naturales del país. Por tanto, “los derechos de los indígenas son derechos de pueblos; No de personas, ni de municipios, ni de núcleos agrarios. En términos de derecho indígena hablamos de la apropiación del territorio, que es necesaria para que un pueblo pueda existir” (Pastrana citando a Francisco López Bárcenas, 2014, párr.15). Según datos de 2020 del International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) en México, se encuentran cerca de 68 pueblos indígenas, que tienen una lengua originaria propia, las cuales se dividen en 11 familias lingüísticas, que, a su vez, se derivan en 364 variantes dialectales. México, cuenta con una riqueza cultural invaluable y esto se debe en gran parte a los pueblos indígenas.

Pueblos Yumanos

En el norte de Baja California residen cinco de estos grupos indígenas: Pai Ipai, Kumiai, Cucapah, Tipai y Kiliwa. Todos pertenecen a la familia lingüística yumana. La historia de estos pueblos originarios en Baja California, es una historia de transformación cultural y despojo, por lo que la lucha territorial como forma de reivindicar su identidad y sus derechos siempre ha sido un tema que ha dado de qué hablar, “en la actualidad, los yumanos de Baja California son sedentarios y radican en quince asentamientos ubicados en los municipios de Ensenada, Tecate, Rosarito y Mexicali” (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 2017, p. 3). Las distintas comunidades en este estado se distribuyen principalmente en los municipios de Ensenada y Tecate, mientras que, en Rosarito y Mexicali, solo se identifica una comunidad por territorio.

Es el municipio de Ensenada, el territorio con mayor número de población indígena en el estado, pues en esta zona es dónde se visibiliza la presencia de mayor diversidad de comunidades, como lo son los Cochimí en la Misión Santa Gertrudis-Ejido Independencia, Pa Ipai en Santa Catarina y San Isidoro, Kiliwa en Quiliguas y los Tipai-Cochimí en La Huerta, Cañón de los Encinos-San Antonio Nécua.

En la época prehispánica, los yumanos dependían de la caza, la pesca y la recolección; actualmente se dedican a actividades como la agricultura a pequeña escala, crianza de ganado, curtido de cuero y recolección de plantas, pero es “el trabajo asalariado, el cual, representa su mayor fuente de ingresos, ya sea que se contratan como jornaleros agrícolas en los campos hortícolas de la región, como vaqueros en los ranchos cercanos a sus asentamientos o como empleados en empacadoras” (Garduño, 2015, p.12) .

Los Cucapah

Los Cucapah son un pueblo que tiene presencia tanto en las fronteras de México, como en las de Estados Unidos (binacional), que son parte de los grupos yumanos. En el año 6.000 a.C, este pueblo se estableció en la “zona pantanosa” del delta del Río Colorado, de forma semipermanente y viven de la caza y recolección, en la agricultura como una fuente secundaria de alimento, usando hornos de piedra, metates (Lutisuc, s/f, párr.6). Respecto a sus artesanías, por mucho tiempo elaboraron piezas de cerámica y adornos de conchas y piedras, pero esta práctica duró hasta la llegada de Occidente.

En su lengua, “Cucapah” significa “gente del río” o “los que vienen y van donde va el río”, en su forma castellanizada. Según el Sistema de Información Cultural (SIC), “los hablantes de Cucapah llaman a su lengua kuapá, que en su propia lengua significa los que van y regresan” (Sistema de Información Cultural, s/f, párr.1). La lengua Cucapah o kuapá, pertenece a la familia Cochimí-Yumana y no tienen variación interna, se habla en los estados de Baja California y Sonora. En esta área el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), a través del Censo General de Población y Vivienda (2000), identificó cinco localidades, en cada una de las cuales 5% o más de la población Cucapah. En el censo de 2010 (INEGI) se registraron 145 personas que hablan la lengua Cucapah en el país, lamentablemente es una lengua en muy alto riesgo de desaparición (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 2020).

Muchos de los habitantes de esta comunidad originaria, han dejado atrás las vestimentas típicas de sus costumbres, utilizándolas principalmente para los Kuri Kuri o acontecimientos conmemorativos. En la comunidad de El Mayor, se han construido setenta casas habitación, tres escuelas (preescolar, primaria y telesecundaria), una clínica, el museo comunitario, una iglesia y dos tiendas de artículos diversos. A su vez, cuentan con energía eléctrica y agua potable, conexión a internet y es constante la utilización de dispositivos digitales, sobre todo, de celulares. Cabe mencionar que, gracias a estos dispositivos digitales, se han podido comunicar con más integrantes de la misma comunidad, que se encuentran dispersos en la región o en Estados Unidos (EUA), con quienes se organizan para eventos especiales referidos a sus costumbres y tradiciones. Sin embargo, se ha identificado una disminución en el interés de llevar a cabo distintas acciones tradicionales en lo cotidiano, sobre todo por la población joven, lo que conlleva la necesidad de implementar un mayor esfuerzo por una educación bilingüe y bicultural.

El papel de la institución educativa dentro de las comunidades

Podemos entender históricamente a las instituciones educativas, como generadoras y reproductoras de habitus[1], encargadas de monopolizar los medios de producción cultural, en los que viene implícito un poder simbólico (Astete, 2017). Este habitus, produce/reproduce lógicas o pautas de acción que permiten a los individuos desenvolverse en un cuerpo social, mientras que homogeneiza las prácticas, lógicas de acción y la cultura en los campos sociales. En este sentido, el habitus dentro de un ambiente primario, suele ser producto en gran medida por la socialización escolar, y llega a ser considerado por como una práctica de violencia simbólica ya que, reproduce el orden social a través de estratificar por medio de habitus, comportamientos y valores socialmente aceptados y deseados.

En palabras de Pierre Bourdieu, esto “contribuye a la reproducción de las relaciones entre los grupos, de las clases, o del orden social" (Bourdieu, 1970), por lo que bajo esta interpretación del mundo es evidente que no existe una amplia libertad para una interacción intercultural, lo cual, sino todo lo contrario, como afirma Dietz, G. (2017) es necesaria “como estrategia transformadora para develar, cuestionar y transformar desigualdades históricamente arraigadas dentro de la sociedad” (p. 194).

Esto, nos ofrece un marco interpretativo sobre el campo educativo en un contexto colonizador y sus dinámicas socializadoras, pero también, hay que problematizar acerca de la forma en la que se imparten estos contenidos. Freire (1970) nos indica con respecto a la concepción bancaria de la educación que, “en vez de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que los educandos, meras incidencias, reciben pacientemente, memorizan y repiten tal es la concepción bancaria de la educación (...) solo les permite ser coleccionistas o fichadores de cosas que archivan" (p. 52). 

Para comprender este conjunto de análisis y problematizaciones, que vinculan los procesos educativos con la creación y/o reproducción del habitus, y los contextos de la diversidad cultural, es necesario practicar la reflexión, y para ello, se pueden generar cuestionamientos mediante los cuales, surja un pensamiento mayormente crítico, que dé pie a un panorama distinto, fuera del pensamiento colonial u occidental. Uno de ellos, podría plantearse de la siguiente manera: ¿Qué contenidos se ofrecen en las escuelas y cuál podría ser el habitus que pretenden reproducir? Para intentar resolver esta pregunta, es necesario reconocer que debemos atender a un contexto (por ejemplo, el nacional), de esta forma, si reformulamos la pregunta a lo especifico, podríamos preguntarnos: ¿Qué contenidos ofrecen las instituciones educativas en México y que habitus reproducen? Hernández-Rossete y Maya (2015) mencionan que, en los inicios de la imposición del lenguaje en México en el ámbito educativo, planteando que:

Al terminar la Revolución el Estado mexicano pretendió unificar la identidad nacional de una población caracterizada por la diversidad etnolingüística. La forma para lograrlo era la asimilación a través del lenguaje, que pronto se convirtió en un ideal nacionalista promovido por José Vasconcelos, quien veía en el mestizaje poblacional el recurso modernizador para acceder a un orden demográfico más homogéneo en términos lingüísticos.” (párr. 7).

La respuesta a esta pregunta, ya reformulada, permite ahondar sobre las características de la estructura educativa, ya que, “la característica principal del derecho a la educación a los pueblos originarios, es que debe darse en el marco del respeto por la identidad cultural, sin discriminación, acorde a las creencias y al lenguaje nativo” (Alejandro, 2017, p. 303). En muchos de los países, se observa en los programas de educación básica, que la enseñanza se hace a partir de valores nacionales, en el caso de México, se busca la formación de una identidad mexicana. Esta homogeneización de la cultura que es por sí misma, preocupante, es especialmente dramática como problemática en el contexto cultural de un pueblo originario, debido a que “los estudiantes indígenas con frecuencia se dan cuenta de que la edu­cación que el Estado les ofrece promueve el individualismo y una atmósfera competitiva, en lugar de formas comunitarias de vida y cooperación” (Organización de las Naciones Unidas, s.f., párr. 5).

En México, es bastante notable que los programas educativos no tienen como prioridad incluir la multiculturalidad o la diversidad de la lengua, “la discriminación lingüística ha sido documentada como una práctica de poblaciones” (Friedlander, 1977, Ossola, 2013), esto supone un acto de violencia simbólica, ya que hablamos de una imposición y de discriminación. Si esto se interpreta dentro de un paradigma constructivista y una lógica de inclusión, en el que se vea a la diversidad, incluido el lenguaje, como un elemento indisociable de la cultura, se puede afirmar que “los sistemas de enseñanza no respetan las diversas culturas de los pueblos indígenas. Son muy pocos los maestros que hablan sus idiomas y sus escuelas suelen carecer de materiales básicos” (Organización de las Naciones Unidas, s.f., párr. 1). 

Al realizarse una revisión de la bibliografía que se ofrece en las telesecundarias mexicanas, por mencionar algunos ejemplos, encontraremos que existe una necesidad de enseñar la Historia y Literatura (donde se encuentra lo más sustancial de los contenidos culturales), pero esto se hace a través de autores europeos o latinoamericanos y, por supuesto, en idioma español, por lo que es necesario preguntarnos nuevamente, ¿Qué sucede con la identidad/lenguaje indígena?

Por otra parte, una realidad particular al interior del ámbito académico latinoamericano (o incluso mundial), es que la inmensa mayoría de los autores son hombres, lo cual es importante resaltar en el contexto de esta investigación, ya que los pueblos yumanos, se caracterizan por posicionar a las mujeres en el liderazgo de las comunidades y contar con papeles muy importantes dentro de las mismas. Algunas de las obras encontrados en la biblioteca de El Mayor, como ejemplo, son producciones literarias de Gabriel García Márquez, Carlos Monsiváis e incluso J.R.R. Tolkien, por lo que el fomento hacia una identidad yumana o Cucapah, no está en las prioridades de las instituciones educativas mexicanas, por lo menos no en las políticas del sector gubernamental, ni en las posibilidades de la comunidad Cucapah, que, en su mayoría, recibe estos libros mediante donaciones.

Este contexto, consecuencia de las ausencias institucionales y de las carencias de las comunidades indígenas, hace visible el evidente intento de homogenización de las identidades, “el peso del universalismo, del centralismo y del nacionalismo mestizo impide diversificar las prácticas educativas y arraigarlas en las ricas culturas locales regionales mexicanas, en sus lenguas y sus saberes” (Dietz, G. 2014, p. 170). Freire desarrolla sobre la pedagogía del oprimido, definiéndola como "aquella que debe ser elaborada con él y no para él, en tanto hombres o pueblos en la lucha permanente de recuperación de su humanidad" (p. 26), en definitiva, la propuesta en el presente trabajo es pensar y repensar al conocimiento como algo que se va transformando en la colectividad, y se debe de hacer con, desde y para los saberes.

Género y organización en El Mayor.

Para este trabajo de investigación, se visitó la comunidad de El Mayor, la cual se encuentra ubicada a 62.3km del municipio de Mexicali, Baja California, contando con 147 habitantes en 2020, 69 mujeres y 78 hombres (Pueblos América, 2020). Dentro de todos los pueblos del municipio, ocupa el número 133 en cuanto a número de habitantes. 

Al realizar trabajo de campo en la comunidad, se ha identificado a Mextli como un elemento importante dentro de la misma, ya que es nombrada por las y los Cucapah, como parte de su comunidad, aún sin ser originaria. Mextli es la maestra de la Telesecundaria “Heberto Castillo”, ubicada en la comunidad de El Mayor, quien mostró al grupo de trabajo las instalaciones del plantel y también algunas otras áreas importantes, como la primaria “Alfonso Caso Andrade”. Debido a que el tema de interés de esta investigación, en un inicio, se encontraba orientado a escuchar las narrativas de violencia, se le preguntó a Mextli si conocía la situación de las mujeres que viven en la comunidad, respecto a situaciones de violencia, y para explicar de la mejor manera, primero ella contextualiza la condición de la mujer: “la mujer cuenta con un papel muy importante, primero tendrían que ver cuál es su percepción de violencia, que significa para ellas” (Mextli, Entrevista 1). Lo que primordialmente explicó, es que, en la organización de actividades, la mujer realiza las mismas actividades que los hombres.

La violencia contra la mujer y sus manifestaciones se encuentra muy ligada a la percepción de las mujeres, sus cuerpos y sus representaciones, sin embargo, en la comunidad de El Mayor, al contar con una gran importancia, la mujer Cucapah en realidad, presenta mayores riesgos por factores y personas externas. Los riesgos para estas mujeres, se encuentran más vinculados a las interacciones digitales, sobre todo en los espacios sociodigitales (redes sociales y otras plataformas), o por la situación de inseguridad ocasionada por el crimen organizado en la región.

Por otra parte, Mextli compartió información sobre los proyectos sociales que se realizan en la comunidad, relacionados con la educación, el medio ambiente, las artes, cultura, etc. en los que también se incluyen, principalmente, las mujeres de la comunidad, incluso siendo ellas en la mayor parte de los proyectos, quienes se encargan de la organización.

Posteriormente, se tuvo el acercamiento con Lucia, una integrante de la comunidad que actualmente promueve el rescate cultural, sobre todo con las y los niños de la comunidad. Lucía tiene gran conocimiento de los kuri kuri, de los cantos y danzas, y promueve la enseñanza y aprendizaje de la lengua Cucapah, mientras que mantiene comunicación con quienes, en otras comunidades tanto de Sonora, como de Arizona, todavía la tienen presente. Las mujeres de la comunidad de El Mayor cuentan entonces, con un papel muy importante dentro del rescate de su cultura y tradición, pero también, son madres, hijas, hermanas y esposas, que fuera de sus actividades cotidianas, retoman una gran responsabilidad en la difusión de aprendizajes y saberes con otros, fuera de su ámbito familiar (nuclear). Al formar parte de la comunidad, su compromiso no es solo con quienes comparten estos saberes, sino que es un compromiso con su origen y su linaje, superando distintos obstáculos relacionados con las estructuras colonizadoras.

También, es importante para las mujeres líderes, que otras mujeres de la comunidad participen y se integren a los grupos de trabajos al rescate de su cultura y tradiciones, mediante los cuales se puedan seguir reproduciendo prácticas tan importantes, como la de los tatuajes en el rostro, que forman parte de su cosmovisión y su espiritualidad. En este sentido, podemos decir que “las mujeres indígenas en las comunidades son las guardianas de las tradiciones, comparten sabidurías, conocimientos, experiencias y prácticas ancestrales de los pueblos originarios” (Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, s/f, párr.9). Además, éstas se adhieren a otros movimientos de lucha de justicia social, pero no significa que, por su parte, no busquen resguardar paz entre sus comunidades, y se dedican a acciones que buscan estimular sociedades más equitativas. La enseñanza de los cantos, danzas, lengua, tradiciones, cosmovisiones, etc. corresponden a un compromiso muy marcado con el que cuentan las líderes de familia y de la comunidad.

Respecto a la organización de la comunidad, Lucia explica que hay dos tipos de autoridad mediante la cual se rige y gestionan las actividades y bienes de esta. Por una parte, se encuentra la autoridad mexicana, compuesta por los “derechosos”, quienes legalmente cuentan con algunas facultades jurídicas y políticas, por tanto, son parte de la toma de decisiones. Por otra parte, se encuentra la autoridad tribal, quienes comparten las raíces de la comunidad, son dueñas y dueños de saberes, mantienen vivas las prácticas vinculadas a su cosmovisión y las tradiciones por generaciones. La autoridad más importante, en la actualidad, es representada por una mujer, Susana, quien es la jefa tribal, encargada de guiar a las y los miembros de la comunidad, y la cual es responsable de la organización de las actividades en la comunidad desde distintos ámbitos.

Como se ha mencionado antes, la principal actividad productiva de las y los Cucapah es la pesca, para la cual, organizan en tres cooperativas, las cuales son administradas por comités, cuyas presidentas también son mujeres de la comunidad. Esto confirma lo que en párrafos anteriores se utilizó como preámbulo respecto al papel de la mujer para el pueblo Cucapah; ellas son fuertes, responsables, empoderadas y también son una parte fundamental de la gestión para la toma de decisiones y acciones implementadas dentro de la comunidad.

Educación y aprendizaje en el Mayor.

En algunas escuelas dentro de los territorios en dónde radican pueblos originarios, se integra una modalidad “bilingüe” o intercultural, en dónde se aprende a escribir, leer y sumar tanto en español, como en lenguas originarias. En el caso de las escuelas de El Mayor, no se encuentra una estructura institucional que promueva e implemente mediante sus programas esta interculturalidad, sino que son los grupos de las mujeres Cucapah organizadas, que incluyen dentro de algunos de los procesos pedagógicos, la enseñanza de la lengua, elaboración de artesanías y rescate de tradiciones.

Una de las instituciones formales de educación en la comunidad es la telesecundaria, dentro de la cual hay que evidenciar sentidos de pertenencia y de resistencia que lograron identificarse por el grupo de trabajo, por ello, fue necesario hacerse varias preguntas: ¿Qué contenidos ofrecen las telesecundarias? ¿Se fomenta una identidad impuesta a través de los contenidos impartidos por las telesecundarias? y, si es así, ¿Estamos hablando de la telesecundaria como generadora de violencia simbólica como lo propone Bourdieu? Y, por último, ¿sería más adecuada la implementación de prácticas que fomenten una identidad local mediante la cual se recupere parte de la cultura mediante la educación de los alumnos de pueblos originarios? Entendiendo a la educación como un acto de transformación y no de imposición de un capital cultural, la respuesta a esta última pregunta, es un sí.

Algunas aclaraciones surgen sobre la educación institucionalizada dentro de los pueblos originarios yumanos, como sucede en El Mayor, que además de interpretarse como un ejercicio de poder y de violencia simbólica, ya no solo en un sentido de reproducción de habitus y pautas culturales, sino que también podríamos hablar de prácticas discriminatorias, ya que, como menciona la ONU (s.f.):

Cuando los escolares indígenas se ven expuestos solamente a la ideología nacional en detrimento de su ideología nativa, están en peligro de perder parte de su identidad, su conexión con sus padres y antepasados y, en última instancia, de quedar atrapados en tierra de nadie, lo cual los despoja de un importante aspecto de su identidad sin que por ello lleguen a ser totalmente asimilados por la sociedad nacional dominante (párr. 3).

Se puede reconocer, entonces, que la lógica cultural dominante ya permea dentro de toda la comunidad, Lucia, es quien brinda el testimonio de que los niños varones no buscan aprender y continuar con las costumbres y tradiciones Cucapah, por ejemplo, con el canto o la danza, ya que, muchos de estos niños varones asocian esto con actividades exclusivas de mujeres, las cuales, según las tradiciones originarias de la comunidad Cucapah, no deberían ser quienes realicen los cantos, pero al ser las únicas que muestran un interés real por estas prácticas, son las que, en su mayoría, se han encargado de continuar con esta parte de las tradiciones de sus ancestros.

[1]Pierre Bourdieu lo define: “sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes” (Bourdieu, 2007, p.86). El habitus se configura por medio de la acción y pensamiento, originadas en una posición específica dentro del campo, se desarrolla al margen de reglas (lo que Bourdieu llama maniobras) del campo. Estas reglas junto a lo aprendido (aceptable o permisible) durante la socialización y la participación dentro del campo, es internalizado por los agentes, generando esquemas de percepción y posteriormente, de acción.

Conclusiones:

Ante toda la contextualización de la comunidad Cucapah en El Mayor, y de las experiencias de las mujeres pertenecientes a la misma, se identificaron varios factores que llegan a ser determinantes en los procesos institucionalizados de la educación. El primero de ellos, es la falta de programas educativos interculturales que permitan la trascendencia y desarrollo, principalmente, de la lengua originaria, y secundariamente, de las diferentes tradiciones y costumbres que pueblos como este, intentan mantener en esta resistencia anti-colonizadora. El segundo, es la falta de visibilización de las acciones realizadas por las mujeres Cucapah, pues a pesar de que, en dimensión local, ellas son quienes se encargan de promover acciones a favor del rescate de su cultura, a mayor escala no han podido obtener ni el reconocimiento, ni el apoyo concerniente de alguna institución u organismo. En este sentido, se propone difundir de manera más amplia, el trabajo realizado por las mujeres Cucapah, y entre otras acciones, se sugiere educar sobre la cultura Cucapah a las y los habitantes de la región, así como sensibilizar a niñas, niños y jóvenes, sobre la no discriminación hacia este tipo de pueblos originarios

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Palabras clave:

Pueblos originarios, Mujeres, Rescate de la cultura.

Resumen de la Ponencia:

En México, los gobiernos en turno han posicionado el tema de la educación universitaria como una prioridad en las políticas y programas institucionales; por su parte, en el debate internacional se enfatiza una y otra vez que la educación es el punto de partida para lograr un desarrollo sostenible. Los diálogos y consensos de estos debates nutren la Agenda 2030, un plan estratégico de acción global que enfatiza la importancia de la educación universitaria inclusiva para erradicar desigualdades. Si bien, los avances a partir de estas legislaciones se han traducido en una mayor presencia de las mujeres en la educación universitaria, en donde han sido históricamente excluidas, encontramos que la estadística misma generaliza en los datos puesto que de manera específica persisten antiguas desigualdades entre las mujeres, cuyas asimetrías son más palpables en el caso de mujeres indígenas, pertenecientes a la población denominada “vulnerable” en mayor pobreza. Para sustentar estos planteamientos se retoman los resultados preliminares de una investigación actualmente en curso en Oaxaca, una entidad del sureste mexicano que sintetiza la diversidad cultural y lingüística de mujeres de 16 grupos étnicos. Particularmente, se retoman experiencias de mujeres indígenas que cursan alguna carrera en la universidad estatal de Oaxaca. Así, dentro de este crecimiento cuantitativo de las mujeres indígenas en la educación universitaria, ocurre ahí mismo otra cuestión menos explorada, invisible, relacionada con las condiciones de acceso y permanencia que terminan colocando a las mujeres en situaciones de mayores desigualdades, particularmente en tiempos de la actual pandemia global.