Resumen de la Ponencia:

No Brasil, as unidades de conservação se constituem em instrumentos da política ambiental – previstos na Lei n.º 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). O discurso da necessidade de criação de espaços especialmente protegidos tem suas raízes no “mito da natureza intocada”. Esse discurso  – à época, ligado aos interesses da nascente sociedade urbano-industrial dos EUA – tem-se atualizado e ganhado “novos” conteúdos no país, especialmente, após os eventos políticos recentes (desde 2016, com o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff), que possibilitou o “inesperado” entrelaçamento dos interesses econômicos do capital financeirizado às forças autoritárias-conservadoras e policialesca.  A mercantilização da natureza tem sido a palavra chave, que norteia todo o regime de governança da politica ambiental do Brasil. A hiper exploração da natureza é gerenciada por técnicas de mercado.  Nem a pandemia da covid-19 e nem os informes do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), que sinalizam para a insustentabilidade econômica do modelo, serviram como mote para que esse governo modificasse os seus planos econômicos. No caso das unidades de conservação, a sua proteção tem estado submetida a sua utilidade econômica. Tal política ambiental, que desconsidera os “modelos locais de natureza”, vem aguçando ainda mais os conflitos nas unidades de conservação, pois colocam em lados opostos os moradores das unidades e o próprio Estado, que “disputam” um mesmo fragmento de natureza. Daí que os moradores dessas unidades se tornaram alvos de “perseguição neoliberal de caça às bruxas”. Objetivo do artigo é à luz das situações empíricas observadas em unidades de conservação no estado do Maranhão, analisar o regime de governança das politicas ambientais que a pretexto de desenvolver o país, “desmancha” o sistema de proteção edificado a partir da Constituição Federal de 1988. Para cumprir esse objetivo nos ocupamos de pesquisa junto às fontes secundárias (vasculhando sites oficiais do governo e de ONGs, bem como blogs especializados) e fontes primárias, em visita as unidades para observar, conversar e entrevistar os moradores.

Resumen de la Ponencia:

 El “desplazamiento forzado interno” (DFI) en México, como categoría conceptual parte de la compresión de los hechos de despojo y desarraigo, razón por la cual en muchos casos se disfraza como migración, en este aspecto, con este trabajo se pretende reflexionar sobre  la incidencia del impacto de la violencia ejercida por la acción de grupos criminales, corporaciones empresariales, fuerzas armadas al margen de la ley y autoridades del estado.Este fenómeno se presenta como una característica desestructurante del tejido social comunitario ya que es efecto de diferentes hechos victimizantes como la desaparición forzada, tortura, extorsión, homicidio, secuestro, detención arbitraria e intimidación a poblaciones que se encuentran en las zonas donde operan mecanismos de terror (crimen organizado), a través de la disputa por el territorio o los recursos. En este aspecto se analizarán estas causas específicamente las zonas expulsoras en donde existen conflictos sociales por la minería extractiva, en diferentes escalas regionales de producción y transformación del espacio con cada una de sus particularidades, para determinar qué características geográficas, biológicas estratégicas, económicas y sociales tienen los lugares del despojo. Y de qué manera opera la desposesión por apropiación, en un contexto de amenaza y de debilidad institucional y estatal por la ausencia de una legislación especial. Para ello, se georreferenciarán detalles de los actores corporativos causantes de los episodios de violencia encontrados y los lugares de los hechos, para identificar los posibles intereses geopolíticos de los actores involucrados cartográficamente. Igualmente, se analizará la incidencia que ejercen las corporaciones mineras en la etapa del proceso de explotación en territorios sin concesión, pero con potencial minero y los conflictos sociales que genera.A su vez se hará uso de la cartografía como una herramienta metodológica de análisis que también se complementa en este trabajo para visualizar estas dinámicas socioterritoriales, ya que arroja indicadores relevantes para la interpretación geográfica de procesos hegemónicos de violencia en espacios terrestres.  Igualmente permite visibilizar las luchas por el territorio como un sistema complejo y multidimensional para la acción social, vista desde las transformaciones y la construcción histórica de los actores. Así mismo esta vinculación de sistemas de información en la detección y análisis de factores sociales de riesgo asociados a temas como el desplazamiento forzado interno.Este trabajo aborda este problema, que pretende presentar igualmente, la condición de asociación espacial, a partir de la información disponible en diversas fuentes estadísticas y de estudios de la sociedad civil, lo que nos permitió hacer realizar un abordaje que puede ser de importancia para el estudio y visualización de fenómenos espaciales, que pueden servir de insumo para la aplicación de marcos normativos en situaciones de vulnerabilidad por inseguridad y de atención para la prevención del Desplazamiento Forzado.

Resumen de la Ponencia:

La Criminología verde tiene como objeto de estudio los delitos ambientales, es decir aquellas conductas que violan la norma penal en materia ambiental, y de igual forma le interesan acciones que dañan al ambiente, sin que necesariamente estén tipificados en el código penal. Esto bajo el constructo de la Criminología crítica, en donde, la norma penal obedece criterios de grupos en el poder, más allá de estar regulado u orientado por un velar un interés colectivo o de la comunidad. Por el tipo de conductas y normas violadas, las víctimas pueden identificarse como, personas en concreto, o bien como la colectividad. Por ejemplo, cuando se contamina un río, el subsuelo, el aire, la víctima es toda la vida -humana y no humana-, esta condición hace que la figura de la víctima quede difusa ante un sistema de justicia endeble, además con una representación judicial, igualmente frágil u omisa. Por otro lado, se encuentra la herramienta de la justicia restaurativa, mecanismo que busca reparar el daño moral ocasionado, puesto que el derecho penal, sólo se concentra en la norma violentada. Es decir, el derecho penal establece penas pecuniarias, cárcel, etc., ante cualquier delito, pero está fuera de su naturaleza, estas posibilidades que acerca la justicia restaurativa que son: que el victimario reconozca a su víctima (todos los actores involucrados), así como la dimensión de su daño y que por convicción propia desee repararlo. Un punto importante de la justicia restaurativa es que, no pretende ser un sustitutivo penal, sino ir a la par del proceso ordinario, pero con una preparación especial para que se lleve a cabo. En otras palabras, para que el victimario y la víctima, puedan llegar a este punto necesita haber todo un proceso previo.Esta investigación, es la primera parte pues es un acercamiento teórico a cómo se ha vivido en el país la justicia restaurativa, en lo general, y en lo ambiental, ya de forma específica, así como casos en concreto que se pueden presentar como casos para que se siga replicando esta práctica y que se pueda hablar de una justicia cercana a las víctimas.