Resumen de la Ponencia:

El trabajo tiene por objetivo analizar las relaciones entre los acuerdos de orden formal, políticos, económicos y sociales que se derivan del diseño institucional fue el patrón de gobernabilidad en la sociedad moderna pre covid-19, y las decisiones impuestas por los gobiernos, a partir de la declaratoria de pandemia por la OMS en marzo de 2020. La protección del proyecto de vida, las gobernabilidades devenidas del Estado social de derecho se examinan a la luz de las corrientes que las nuevas decisiones asumidas en nombre de la bio política, con potencial para profundizar el autoritarismo y aquellos que observan la posibilidad de conciliara aquella con la (nueva) democracia sin que signifique que existe la operación a favor de menoscabarla. Se concluye que la relación positiva o perniciosa entre estos elementos para la construcción de la sociedad pos pandémica dependerá de la fortaleza de la institucionalidad democrática, sin embargo, una atendencia bastante aceptada, examina esta relación desde la perspectiva de un peligro para la sociedad de libertades.

Resumen de la Ponencia:

Título: La Sociología y el Desarrollo Local (Municipios)Ponente: Lic. María Ivonne Álvarez NoyolaCiudad Sede:  San Luis Potosí La sociología aporta conocimiento experto para encontrar las claves con las cuales interpretar al mundo social y resolver los problemas de forma colectiva (Blois, 2014).Desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta las transformaciones que se realizan en un contexto socioeconómico con la globalización, las nuevas competencias, la nueva gestión pública y la dinámica social en las Administraciones Locales, es palpable la relación entre la disciplina académica de la sociología y la necesidad de profesionales capacitados para enfrentarse de manera integral a las realidades y desafíos de los municipios.El municipio visto desde un enfoque latinoamericano contemporáneo, remite al concepto de autonomía que a la fecha transciende a las constituciones y a las leyes locales de cada región, ya que esta autonomía se manifiesta de varios aspectos: autonomía de gobierno o política, autonomía jurídica, autonomía administrativa y autonomía financiera.La autonomía, se ha incorporado a la mayoría de las Constituciones de los Estados Latinoamericanos, ya que la creación de municipios exige elementos básicos, como son una porción territorial mínima, población suficiente, capacidades económicas, sociales y políticas, que le suministren una adecuada consistencia institucional.Específicamente, habremos de referirnos a la autonomía jurídica, entendiéndola como aquella autoridad jurídica propia del ayuntamiento para expedir reglamentos y realizar aspectos jurídicos, a través del ejercicio de la facultad reglamentaria municipal. La estrategia metodológica es realizar un análisis general de la potestad reglamentaria para determinar el rol en el Municipio, y un análisis especifico del Estado de San Luis Potosí en México, como evidencia empírica para una mejor comprensión del mismo, y lograr puntos de acuerdo respecto a este.En los municipios de Latinoamérica la forma de gobierno dominante, con algunas excepciones, es el ayuntamiento o cabildo, de origen hispánico, que se compone de un cuerpo colegiado de índole deliberante y un órgano de carácter ejecutivo, el alcalde, quienes llevan a cabo la toma de decisiones.Sin embargo, los municipios en Latinoamérica siguen presentando grandes asimetrías, que hacen que su desarrollo que se encuentre atado a sus capacidades institucionales individuales, siendo evidente en la facultad reglamentaria, el rezago para establecer disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, lo cual tiene un impacto directo en el desarrollo de los mismos, que aunque con limitaciones, errores o defectos, construyen y están presentes las sociedades humanas y de los fenómenos que ocurren en ellas.

Resumen de la Ponencia:

Hablar de Zacatecas como un estado binacional es referirse a su carácter totalmente migrante que asume con los derechos políticos, civiles, sociales y culturales que desde 2003 son reconocidos por su constitución y respaldado por la Carta Magna federal, mismo que permite a los inmigrantes radicados en territorio estadounidense, cantidad que equivale a más de un millón 700 mil (siendo que en la población zacatecana que vive en la entidad es de un millón 500 mil personas) mismos que, aunque no radican en el territorio zacatecano, pueden ser electos como alcaldes, regidores, síndicos y electos como diputados migrantes. La estrecha relación con la entidad y la diáspora lo definen como un estado binacional, característica que actualmente comparten Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, entre otros. 

Resumen de la Ponencia:

En el proceso electoral reciente en Zacatecas 2020-2021, se llevaron a cabo elecciones a diputaciones locales, ayuntamientos y a la gubernatura del Estado. En esa contienda electoral  participaron quince partidos políticos, de los cuales nueve eran nacionales, el Partido Encuentro Social, Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Nueva Alianza, Partido Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional, las otras seis organizaciones políticas eran locales y de reciente creación, el Partido del Pueblo, Paz para Desarrollar Zacatecas, Movimiento Dignidad Zacatecas, Partido del Pueblo, La Familia es Primero y Redes Sociales Progresistas. Hoy en día existe un registro de once solicitudes de partidos políticos locales mismos que están en proceso de convalidación. En tiempos tan convulsos, como los que se vivieron derivado de la pandemia, ubicamos la agudización de todo tipo de crisis en las organizaciones e instituciones políticas.  Prueba de estos trances es la atomización y diversificación de los partidos políticos en Zacatecas. En la historia político electoral reciente de nuestro estado, se ha registrado el surgimiento de un número considerable de partidos políticos locales, no solo como partidos satélites que han dado cabida a fragmentos de las elites políticas locales desprendidas de los partidos nacionales, también, en ese proceso, se abrió una puerta a la ciudadanía organizada, las colectivas y a grupos que buscan acceder a espacios de resistencia, donde pueden hacer eco en sus demandas. Los partidos políticos son cíclicos, con curvas de crecimiento y de declive que mucho depende del comportamiento de las elites inmersas en estos,  pero en el caso de los partidos locales, su ciclo y reproducción es mucho más corto pues son otros factores que influyen.  

Resumen de la Ponencia:

El presente artículo retoma los aspectos determinantes que debe incluir una política pública para estar estructurada desde la perspectiva de derechos humanos, retoma el ciclo y revisa sus distintas etapas a la luz de los aprendizajes de dos procesos reseñados: el de Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en México y el de la División de DDHH del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Uruguay. Cabe considerar que en este trayecto, Conapred ha recorrido quince años de institucionalidad basados en la fortaleza que brinda el marco de una ley federal y la División de Derechos Humanos ha sorteado durante ocho años constantes cambios en su composición y dependencia institucional. Igualmente ambas, con importantes avances y logros en la materia. Se retoman aspectos conceptuales necesarios para la elaboración de políticas antidiscriminatorias y se ponderan los de interseccionalidad, cultura de los privilegios, discriminación y acciones afirmativas.Asimismo, se realiza un planteo general de cuestiones a tener en cuenta en los procesos de implementación de políticas públicas y se describe una serie de dilemas o dificultades que se podrían enfrentar a lo largo de dicha formulación. El presente texto pretende contribuir a la reflexión y previsión de aspectos relacionados a la gestión de las políticas públicas para contribuir a una mejor realización.  

Resumen de la Ponencia:

En el año 2019 se aprobó en México una reforma laboral en materia sindical que, entre otras cosas, obliga a los sindicatos a renovar sus dirigencias por medio de voto libre, universal, directo y secreto. Esto abre la posibilidad de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de México, tradicionalmente autoritario y corporativo, comience un proceso de transformación democrática. Sin embargo, estas condiciones favorables no han generado un movimiento significativo que impulse, desde las bases magisteriales, el proceso de transformación. El objetivo central de la ponencia es indagar por qué, pese a que las condiciones son propicias para impulsar la organización magisterial, no ha ocurrido un movimiento importante en ese sentido en la Sección 30 del SNTE, correspondiente al estado mexicano de Tamaulipas. En la ponencia se analizan los efectos de la reforma laboral en materia sindical, y del contexto político-institucional anejo a la misma, para impulsar la emergencia y consolidación de organizaciones democráticas al interior del sindicato magisterial.Este trabajo es resultado de una estancia de investigación posdoctoral, auspiciada por CONACYT, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y los resultados se obtuvieron por medio de un estudio de campo. La estrategia heurística consistió en analizar las percepciones que tienen los maestros de base, los miembros activos del sindicato, los directores y supervisores, acerca de la democracia sindical y las posibilidades de participación y organización de las bases sindicales para impulsar un proceso de transformación sindical. Se realizaron 22 entrevistas semi estructuradas, a un igual número de personas elegidas por medio de una muestra por conveniencia, para tener las opiniones de diversos actores involucrados en el contexto de la investigación. El presente trabajo es importante porque los sindicatos son parte esencial de la conformación de ciudadanía y de una democracia laboral. Terminar con el corporativismo sindical supone un avance importante en la consolidación de la democracia en el espacio público y profesional. Las organizaciones sindicales tienen el potencial de configurar espacios de formación política, participación y organización que permitan hacerle frente a las políticas neoliberales que han impregnado todos los ámbitos de la vida profesional, incluido el educativo. En este trabajo se concluye que el sindicato puede ser un actor constructivo en la configuración de un sistema educativo que tenga mejores resultados, siempre y cuando transite hacia un proceso de transformación de su vida interna. También se concluye que el entorno institucional derivado de la reforma laboral, tiene el potencial de propiciar la organización de las bases y el desarrollo de una democracia en el ámbito profesional y laboral, que los trabajadores de la educación pueden aprovechar si se involucran en el proceso de transformación del sindicato magisterial, pero diversos factores han inhibido dicha organización.

Resumen de la Ponencia:

Los organismos electorales representan en el sistema político democrático, las instituciones que dan legitimidad a la alternancia política de forma pacífica. Es la Institución dentro del Sistema Político que garantiza la estabilidad del concepto de Democracia mínima, basada en: El Sufragio universal, masculino y femenino; Elecciones Libres, Competitivas, Regulares y correctas.Es por ello que, es importante analizar los casos en América Latina que la literatura identifica de presidentes que hayan cooptado al órgano electoral de su país; y en un análisis de política comparada describir las variables de la cooptación político-electoral en los sistemas políticos latinoamericanos.Describir la cooptación a los organismos electorales en América Latina, resulta una gran aportación a la ciencia política para operacionalizar la pérdida de la autonomía del órgano electoral en los presidencialismos latinoamericanos, como las acciones que realizan para lograr la cooptación de los organismos electorales en América Latina: Ataque mediático para propagar colocar al organismo electoral como un enemigo de la democracia. Consultas populares para reforzar el “mito de la delegación legítima” de los presidentes en democracias delegativas.La purga del organismo electoral: Reducción presupuestal, control sobre la elección de sus miembros y demandas penales contra los integrantes del órgano electoral. Reforma Electoral para absorberlo, quitándole autonomía y para llevar a cabo acciones de manipulación electoral.La justificación del estudio radica en definir la afectación que se produce en la calidad de la democracia, cuando los presidentes, como líder político desde su investidura de Jefe de Estado y de Jefe de Gobierno, cooptan al órgano electoral para disminuir su autonomía y para mantener el status quo de las élites políticas.De esta forma, en América Latina durante los periodos denominados: “Giro a la Izquierda” (1998-2010) y “Democracia Fatigada” (2011 a la fecha) se identifica el fenómeno de cooptación de los órganos electorales por algunos presidentes, iniciando el análisis con el caso de Hugo Chávez en Venezuela con la Constitución Venezolana de 1999 producto de la Asamblea Nacional Constituyente en donde establece como parte del Poder Público Nacional al electoral (art. 136). Así como, con los casos de Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, Daniel Ortega en Nicaragua, Álvaro Uribe en Colombia, Álvaro Colom en Guatemala; el caso actual mexicano de Andrés Manuel López Obrador.Al identificar las acciones políticas, mediáticas, económicas y constitucionales que han emprendido los presidentes en América Latina para cooptar a los organismos electorales, se puedan distinguir cuando los presidentes las estén emprendiendo.Confirmando en dicho análisis, la hipótesis que afirma que: “Los liderazgos políticos de corte populista son los más proclives de cooptar los organismos electorales en América Latina”.Definiendo, también, las condiciones necesarias y suficientes que ejecutan los presidentes para lograr la cooptación del órgano electoral.

Resumen de la Ponencia:

El primer registro latinoamericano de un infectado con la enfermedad denominada COVID-19 fue el 26 de febrero de 2020 en Brasil. De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, al 18 de enero de 2021, el número de casos en América Latina y el Caribe ascendió a 18,308,248 y 575,834 muertes, es decir, los fallecidos en la región representaban en ese momento cerca del 30% de los dos millones de víctimas mundiales de la pandemia. Al momento de realizar la investigación, los países más afectados en el subcontinente según la tasa de mortalidad (proporción de muertes por cada cien mil habitantes) eran: Perú, Panamá, México, Argentina, Brasil y Colombia. En cuanto al número simple de muertes, la lista la encabezaban Brasil con 214,147, México con 146,174 y Colombia con 50,187. En ese contexto, la crisis del coronavirus ha sido caldo de cultivo para que grupos de extrema derecha propaguen fake news que refuerzan teorías de conspiración apuntando a miedos y ansiedades típicos de la derecha (globalización, migración, multiculturalismo).Con esto en mente, nuestro objetivo fue explorar las respuestas gubernamentales a la crisis del COVID-19 para elaborar un catálogo o tipología de respuestas de las derechas de la región. Consideramos estas respuestas gubernamentales en tres dimensiones (medidas de confinamiento, medidas sociales y medidas económicas) y proponemos articularlas a partir de una lectura más política centrada en identificar a dichas intervenciones del gobierno, así como si fueron acompañadas por manifestaciones de recrudecimiento (o continuismo) autoritario o por un discurso negacionista o minimizador de la pandemia y sus efectos. Para realizar esto, recurrimos a análisis documental y revisión hemerográfica de un conjunto de fuentes gubernamentales, de organismos internacionales y de prensa electrónica.Temporalmente nos delimitamos a lo que consideramos la primera etapa de contención (marzo-agosto); en marzo comienza una aplicación general de medidas, las cuales se comenzaron a relajar de manera general en agosto. Justificamos esta decisión temporal dado que nos permitió evaluar las respuestas emergentes de contención antes de que se flexibilizaran por el descenso de contagios (que después se clasificó como la primera ola), pero también debido a que permitió observar heterogeneidad de medidas económicas y sociales ante una situación pandémica insólita. Los países de nuestro interés son Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y El Salvador debido a que: a) sus gobiernos llegaron al poder con el apoyo de fuerzas políticas de derecha, b) en sus prácticas de gobierno pre-pandemia mostraron su orientación política y económica o c) en términos relacionales, con respecto al gobierno anterior, se ubican hacia la derecha. La ponencia se inserta en la línea temática 5. “La reorganización actual de las derechas neoliberales y los proyectos autoritarios reaccionarios de masas”. 

Resumen de la Ponencia:

El propósito de esta es investigación es analizar cuáles son las razones por las que las Coordinadoras, un grupo de mujeres que cumplen la función de brókers o intermediarias en una red clientelar en el municipio de Tecámac, Estado de México, han mantenido su membresía durante casi tres lustros en esta estructura, pese a que no tienen un contrato laboral en el ayuntamiento y no reciben una remuneración o pago permanente por su labor como promotoras del voto en favor del Jefe político de esta localidad, quien inicialmente, en 1997, se postuló como alcalde por el PAN, pero después se pasó a las filas del PRI, y hasta 2018, su grupo asumió el poder municipal. A través de entrevistas semiestructuradas, algunas Coordinadoras mencionaron que permanecen en la Red clientelar por los escasos y esporádicos incentivos que les entregan. Otro grupo más numeroso, aseguró que les complace estar en esta estructura porque es un espacio para socializar con sus vecinos y porque tienen el reconocimiento de sus clientes. En suma, la utilidad económica no es el principal motivo de su lealtad.

Resumen de la Ponencia:

El clientelismo político en México no siempre se ha configurado igual y/o ha sido constante desde su nacimiento hasta la actualidad. Desde su desarrollo y la forma en que este se ejecuta, se pueden caracterizar al menos dos grandes momentos en la historia política, social y económica de México su forma de operar. El primero fue el que se implementó en la época del corporativismo mexicano, marcado por un partido de gobierno que se demostró por su habilidad de organizar, cooptar los procesos electorales del siglo XX en México. El segundo momento, da lugar a un clientelismo político adentrado en los programas sociales, derivado de la crisis del modelo corporativista. Actualmente, la política social cuya meta principal es combatir la pobreza en el país, ha fungido como mecanismos para la apropiación y compra del voto, basta de decir que además de esa característica se ha envuelto más en ser una política social: compensatoria y asistencialista.

Introducción:

 En un primer momento, los mecanismos iniciales de este fenómeno funcionaron a través del clientelismo político adentrado en el sistema corporativo del siglo pasado. En el marco político, el PRI fue el único partido que gobernó México durante todo el siglo XX, hasta la primera alternancia del año 2000. El partido creó un Estado corporativista que se demostró por su habilidad de organizar, cooptar y comprar, y en casos drásticos y necesarios suprimir los movimientos de oposición de los estudiantes, trabajadores, campesinos y clases medias que habían sido base en la revolución. El PRI proseguía un modelo de desarrollo económico y modernización conducido por el Estado, que se concentraba principalmente en el Modelo de Sustitución de Importaciones (ISI) y en un primordial comercio exterior con Estados Unidos.

El proceso coyuntural que vivió el país en la década de los sesentas y setentas; tanto la crisis económica como la crisis política que desembocaron en la implementación del modelo neoliberal en el año de 1982. En México, había emergido también un fuerte sector estatal en régimen de monopolio en el sector de transportes, las energías y los servicios públicos, y en algunas industrias básicas como el acero. Harvey (2005) menciona que México no era un buen ejemplo de liberalismo embridado, si bien episódicas concesiones a los sectores inquietos de la sociedad como lo fue para campesinos, obreros y clases medias que sirvieron en cierta medida para redistribuir la renta. La violenta supresión, abolición y erradicación del movimiento estudiantil que protestaba contra las desigualdades sociales en 1968 dejó un áspero legado que hizo zozobrar la legitimidad del PRI (2005). Al llegar la década de 1970, el equilibrio de fuerzas dio origen a que los intereses comerciales reforzaran su posicionamiento autónomo e incrementaron sus lazos con el capital externo. 

El clientelismo político ya no era presentado simplemente a la compra de comicios y fraudes electorales (como el caso de las poco transparentes elecciones de 1988) tampoco como parte del modelo corporativista del PRI. El proceso de crisis política y económica de la década de los sesenta y setenta que más tarde darían origen a las reformas neoliberales, sumó al terreno de crítica y análisis al rol que juega la política social en el neoliberalismo. Inicialmente, el clientelismo político se orientó al Programa Nacional de Solidaridad seguido por Progresa y Oportunidades 

 

 

Desarrollo:

¿Qué se entiende por clientelismo político?

El clientelismo político, es la entrega de prebendas, cargos públicos y presupuesto por parte de políticos, partidos y candidatos que accederán a puestos de representación pública a cambio de apoyo político o económico; puede ser voluntario, es decir mediante la compra del voto o involuntario, mediante mecanismo de coacción (Ugalde citado en Mata, 2019).

Sin bien es cierto no existe un concepto único y definido para el clientelismo político, se pueden encontrar al menos cuatro características que están inmersas en él:

-Existe una relación que se entabla entre personas y actores políticos que intercambian bienes de cualquier índole, así como servicios o bien favores, para conseguir lealtad, votos y apoyo político (Auyero, 2001 y Vommaro y Commbes, 2016). -La relación tiene la esencia de ser particularista y no universalista, además de ser asimétrica y personalizada. -En ella siempre está la idea de acumulación política, poder, coerción y dominación. -En el intercambio del primer punto, también se suman los valores, ideas y perspectivas de interpretar el mundo en sus dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales. 

Derivado de lo anterior, hay cuatro actores principales que integran las prácticas clientelares. Cada uno de ellos, posee rasgos distintivos, que les permite posicionarse en un marco fuerte o débil en el quehacer de la política y los intercambios. Ver figura 1.

Fuente: elaboración propia con base en Vommaro y Commbes, 2016; Torres 2001; Acuña 2009 y Cerdas 2015)

El corporativismo en el siglo XX en México 

En 1935, el expresidente de México Lázaro Cárdenas reorganiza el partido de Estado, transformándolo en partido de sectores (obrero, campesino y popular –corporativo-; que incluso cambiaría de nombre de Partido Nacional Revolucionario a Partido de la Revolución Mexicana PRM. Con ello se construiría el corporativismo mexicano. 

Este puede ser definido como:

[…] Un sistema político especial, bajo el cual, el poder descansa en las corporaciones, y no en todo el pueblo (como la democracia), o bien en un grupo determinado (como la aristocracia), en una sola persona (como la dictadura o la monarquía) (Schettino, 2002, p. 293).

Por su parte, las corporaciones son grupos de personas que se mantienen unidas alrededor de ciertos objetivos y que se tutelan bajo un estructura muy jerárquica y vertical. En su momento el PRM aunado a los tres sectores se convirtieron en una máquina estatal de alimentación de cuadros políticos y burocráticos leales y subordinados al Jefe del Estado Mexicano.

“Las redes clientelares articuladas por organizaciones obreras, campesinas y populares permitieron la distribución de los beneficios sociales en canje a la lealtad y subordinación al partido y al presidente a través del voto corporativo, la manifestación pública y la canalización de inconformidades mediante las mismas estructuras clientelares”  (Vite citado en González y González, 2011, p. 90).

Ante esta situación de vulnerabilidad de la población, el clientelismo se instituyó como forma positiva de interacción entre poder central, local, organizaciones sociales y ciudadano común (González y González, 2011).  Lo anterior permitió que el clientelismo fuera tan eficaz, que permitió ser la guía de transmisión del crecimiento del Producto Interno Bruto durante el periodo de posguerra, a este periodo se le conoce como el “milagro mexicano”, con una precaria pero estable redistribución de la renta. 

Crisis política y económica entre 1960 y 1970

Ahora bien, el clientelismo durante el periodo corporativista, limitó sustancialmente el ejercicio democrático-electoral, de la participación social, la sana competencia entre partidos, el surgimiento de organizaciones de organizaciones sociales autónomas, la maduración de la conciencia ciudadana y responsabilidad civil (González y González, 2011). 

La clase media que presiona desde mediados de la década de los cincuenta, para que se le incorpore al régimen, de distintas maneras. Las más visible fueron las marchas, huelgas de maestros, médicos y estudiantes en particular los de universidades públicas como la Universidad Autónoma de México y el Politécnico Nacional, movilizaciones sociales muy peculiares de la década de los sesenta

Derivado de lo anterior, y bajo la crítica de Harvey, el cual  menciona que México no era un buen ejemplo de liberalismo embridado, si bien episódicas concesiones a los sectores inquietos de la sociedad como lo fue para campesinos, obreros y clases medias que sirvieron en cierta medida para redistribuir la renta. La violenta supresión, abolición y erradicación del movimiento estudiantil que protestaba contra las desigualdades sociales en 1968 dejó un áspero legado que hizo zozobrar la legitimidad del PRI (2005). Al llegar la década de 1970, el equilibrio de fuerzas dio origen a que los intereses comerciales reforzaran su posicionamiento autónomo e incrementaron sus lazos con el capital externo.   

El fin del sistema corporativo-clientelista y la llegada la institucionalización de los programas sociales

Con el proceso de crisis política y los ajustes estructurales a la política económica en virtud de las crisis económica externa e interna, el Estado mexicano perdió la capacidad de responder a sus dinámicas clientelares y las organizaciones dedicadas a las cooptación de personas y colectivos comenzaron a zozobrar (Vite y Hilgers citados en González y González, 2011). 

La década de 1990 fue en varios sentidos, un punto de inflexión. Ante todo, el pluralismo político representó una figura importante al imponerse a nivel nacional, en México como en distintas partes del mundo, la competencia en el entorno político implicó esfuerzos de distinta naturaleza para movilizar a los votantes. Segundo, las reformas económicas impuestas con la llegada del neoliberalismo, limitaron la canasta redistributiva del Estado.

Finalmente, a consecuencia de las reiteradas sospechas de fraude electoral, después de controvertido triunfo del PRI en las elecciones de 1988, el Instituto Federal Electoral hoy llamada Instituto Nacional Electoral (INE), institución que adquirió su autonomía en 1996, encabezó iniciativas muy importantes de organización de comicios, que desplazaron el centro de las sospechas de la manipulación de las elecciones a la compra de votos (Vommaro y Combes, 2016).

Los programas compensatorios o sociales, se convirtieron en estrategia para la apropiación del voto electoral, incrementar y asegurar fidelidad política, así como la búsqueda de mejores resultados electorales en el terreno institucional.

El clientelismo político visto desde los programas sociales a partir de la década de los años ochenta

La política social en México a partir de la implementación del modelo neoliberal se ha caracterizado por ser asistencialista, focalizada y compensatoria también lo ha hecho como mecanismo para la compra de votos de manera indirecta, o directa, para incrementar la fidelidad electoral y/ o confianza  hacia un partido o figura política.

La modalidad del clientelismo político a través de los programas sociales funciona de la siguiente manera: 

1.- “Condicionar programas sociales: amenazar con suspender algún programa social o beneficio oficial si no se vota a favor de determinado candidato o partido” (Mata, 2019, p. 907).2.- A través del electorado: los programas sociales están dirigidos a los sectores más vulnerables, precarios y en situación de pobreza. La forma de operar se da al inducir a estas personas a votar por un partido político, incrementar la fidelidad política y número de simpatizantes al estar recibiendo el programa social.  

Los programas sociales, se han caracterizado por estar inmersos en la crítica, principalmente de aquellas que provienen de la economía, la sociología, la ciencia política y otras áreas  de las ciencias sociales. En ellas, se centra el análisis de su funcionamiento y sus logros y deficiencias, pero más en sus carencias. Pues son los programas sociales los encargados de disminuir las precariedades económicas de las que más sufre la población mexicana, como la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y más recientemente la violencia desbordada. 

De acuerdo con esto y con base en los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se puede determinar que los índices de pobreza no han variado en gran proporción. Ver gráfica 1

Estos programas no ayudan a la población mexicana a superar su pobreza, está demostrado y no existe prueba contundente que han generado cambios en las condiciones de vida de la población que les permita enfrentar situaciones económico-sociales negativas o en su caso más grave una crisis económica (Rodríguez y Rodríguez, 2009).

Fuente: Elaboración propia con base en datos del archivo histórico del CONEVAL, consultado el primero de mayo del 2022.

 

En los últimos dos gobiernos a nivel federal ha sucedido lo mismo, con Enrique Peña Nieto se ejecutaron cuatro programas pilares para el combate a la pobreza en México. Asimismo, se implementaron alrededor de 152 programas y acciones de desarrollo social (2013-2018), 90 de ellos fueron programas especiales, regionales e institucionales, 14 fueron sectoriales. Y 107 programas —sectoriales, institucionales, regionales, especiales y transversales— dirigidos a determinar y definir las líneas de acción que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

En esta tesitura, se pueden identificar —del total de estos programas— que al menos cuatro de ellos fueron pilares para el combate a la pobreza en México, no sólo porque su prioridad es precisamente atender de manera focalizada a los grupos más vulnerables, también abarcaron mayor población que el resto de programas sociales bajo su administración.

Fuente: elaboración propia con base en datos del CONEVAL (2022)

Con ENP, de 2012 a 2018, el combate a la pobreza a través de la política social pareció haber sido una simulación, la pobreza, sobre todo la extrema no cedió ante los programas prioritarios para su erradicación, algunos consideran que los programas eran focalizados con un fuerte asistencialismo y sobre todo programa sociales con un preponderante clientelismo y corrupción por parte de los intermediarios. En la siguiente gráfica, se puede observar que el número de personas bajo el umbral de pobreza, en la medida extrema y moderada no tuvo disminución sustancial, es decir EPN recibió el país con 53.3 millones de personas en situación de pobreza y finalizar su administración había 52.4 millones.

Fuente: elaboración propia con base en datos del CONEVAL (2018).

 El “clientelismo” a través de los programas sociales tuvo lugar en los intermediarios que hacían llegar el recurso a la población, funciona sobre todo al condicionar los apoyos sociales: amenazando con quitar y/o suspender dicha ayuda si no se vota y a favor de determinado partido político o candidato, o bien conseguir fidelidad política para futuras elecciones en sus tres niveles de gobierno, asimismo busca la lealtad de los votantes. Esta modalidad de clientelismo es considerada un delito electoral —aunque por definición el clientelismo no sea considerado ilegal— de acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales,   

Ahora bien, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bajo el lema que en su momento fue “primero los pobres” su gobierno ha diseñado una estrategia para el combate a la pobreza, la marginación, la exclusión y la desigualdad sustentada en diez programas sociales. Ver tabla 2.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2022 ha asignado un monto total de un poco más de 364 mil millones de pesos para los nueve programas sociales y su combate a la pobreza, la exclusión social y la marginación. La suma del número de beneficiarios de estos diez programas sociales para los que hay estimaciones indica que, poco más 27 millones de ciudadanos recibirán recursos de manera directa —al menos para nueve de los diez programas que aquí se señalan—. 

La mayoría de los beneficiarios —restando a los niños con discapacidad y a los niños y adolescentes de educación básica, aunque no a sus padres— podrán votar en las elecciones federales del 2024. Para ese año se proyecta de acuerdo con el CONAPO que, en México existen poco más de 93.3 millones de personas a mitad del año, que tengan y superen los 18 años de edad, y que por ley constitucional podrán ejercer su derecho al voto. 

Fuente: elaboración propia con base en datos del CONEVAL. Módulo de indicadores de los programas y acciones de desarrollo social (2022)

El programa para el bienestar de las personas adultas mayores, tiene como objetivo “mejorar la situación de protección social de toda la población adulta mayor de 65 años o más de edad, a través de apoyos económicos” (Secretaria de Bienestar, 2022, p. 5). La pensión para adultos mayores, prioriza a las personas que radican en municipios y localidades con población mayoritariamente indígena o afromexicana y que poseen un alto o muy alto grado de marginación. 

 De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal del 2022, los adultos mayores recibirán una cifra de $1, 925.00 pesos mensuales pagados cada dos meses. Asimismo, se beneficiará con $1,925.00 pesos de pago de marcha por única ocasión al adulto auxiliar de la persona adulta mayor fallecida, siempre y cuando pertenezca al padrón de beneficiarios (Secretaria del Bienestar, 2022). El presupuesto asignado es de un poco más de 238 mil millones de pesos, y el número de beneficiarios para el 2022 es de 10, 043 millones de personas, que hipotéticamente constituirán en 2024 el 10,75% de padrón electoral estimado 

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el de Jóvenes Escribiendo el Futuro, el primero beneficia para 2022 412, 409 personas entre 18 y 29 años de edad, esto jóvenes reciben mensualmente y hasta por un año un monto aproximado de cinco mil 258 pesos mensuales y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo, de acuerdo con el PEF se asignó un total de $21,696,592,599 de pesos. El segundo beneficia para 2022 un aproximado de 410 mil estudiantes entre 18 y 29 años de edad, los cuales recibirán un monto de $2,400 pesos mensuales durante diez meses, de acuerdo al PEF se asignó un total de $10,583,888,051 para el ejercicio 2022. Entre ambos programas se beneficia un total de 822,409 personas que para 2024 conformará el 0,88% del padrón electoral.

Los jóvenes que ya se encuentran estudiando pueden formar parte del Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez para estudiantes de Educación Media Superior, el presupuesto asignado según el PEF 2022 es de $34,499,988,722 y cada alumno de bachillerato recibe un apoyo de $840 pesos mensuales que se otorga por los 10 meses que dura el ciclo escolar, o bien, por un máximo de 30 meses siempre y cuando continúen inscritas o inscritos. Según la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, se estima que 4.1 millones de jóvenes sean beneficiados con este programa, por supuesto para 2024 se estima que sean mayores de edad y puedan ejercer su derecho al voto, para ese año serán el 4.39% del padrón 

Se sigue con el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el objetivo de este es otorgar un apoyo del Gobierno de México dirigido a familias que tiene hijos e hijas que cursan la educación inicial —preescolar, primaria y secundaria— el monto consta de $840 pesos mensuales durante diez meses, y se podrá continuar siempre y cuando se sigan cumpliendo los requisitos de la beca. De acuerdo con el PEF 2022 se asignó un monto total de $33,210,582,188 y el beneficio es para 5.3 millones de niños y niñas para el año 2021. Cabe destacar que estos niños no tendrán la edad para votar en las elecciones del 2024, pero sus padres y tutores sí. 

El programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, de acuerdo con la Secretaria de Bienestar (2022) el objetivo primordial de este programa es:

Contribuir a mejorar el ingreso monetario de los hogares de las personas mexicanas con discapacidad permanente de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años de edad y personas de 30 y hasta un día antes de cumplir con 65 años de edad, que habiten en municipios y localidades indígenas o afromexicanas o en municipios o localidades con alto o muy alto grado de marginación (Secretaria de Bienestar, 2022, p. 25).

El PEF asignó un monto total de $20,037,518,813 de pesos para el ejercicio 2022, y en él estarán inscritas 6.17 millones de personas. En un terreno hipotético, estas personas beneficiadas podrán contabilizar un 6.61% de padrón electoral en 2024. 

Sembrando vida, un programa que de acuerdo al PEF se asignó un monto total de $29,492,568,459 y hasta el 31 de marzo del 2022 ha atendido a 442, 414 personas. De acuerdo con estimaciones propias, conformarán el 0,47% del padrón electoral. Se suman el Programa Nacional de Reconstrucción y el Programa de vivienda social. Al primero se le asignó un presupuesto para el ejercicio 2022 de $1,128,683,690 de pesos y en 2019 atendió a 146 mil 386 personas lo que podría conformar el 0,15% del padrón electoral. Al segundo programa se le asignó de acuerdo al PEF 2022 una cifra de 4 mil millones de pesos.

Si bien AMLO ha señalado que la época de la intermediación ha terminado y el recurso de los programas sociales se entrega directamente mediante transferencias para no caer en prácticas clientelares, la realidad está girando en torno a todo el potencial electoral que su política social tiene para futuras elecciones. La prioridad, además de disminuir la corrupción y elevar el PIB de la nación, su discurso se ha gestado en tratar de disminuir la pobreza, aminorar la desigualdad y exclusión social de millones de mexicanos. Desde esta mirada, ninguna asignatura se ha resuelto y sigue presente. 

En 2018 el PIB creció respecto al año anterior en 2,9%, en 2019 decreció la variación anual correspondió a -0,2% y al cierre del 2020 la caída del PIB correspondió a -8,0%, para el 2023, creció y su variación fue de 4,78%, finalmente para el primer trimestre del 2022 el PIB obtuvo otra tasa de crecimiento negativa al ser esta de -0,59%.

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI (2022). Los datos para 2022 corresponden al primer trimestre, el resto de los datos a variaciones anuales.

Al mismo tiempo los programas sociales no han redituado la pobreza, en 2020 esta creció al menos en 2% respecto al 2018, para ese año el 43.9% de la población total vivía en pobreza, es decir más de 55 millones de mexicanos se encontraban en ese umbral alrededor de 4 millones más de pobres de los que existían en 2018. Ver cuadro 1.

Fuente: tomado de CONEVAL 2022

Entonces si los programas sociales no están generando una respuesta positiva para superar la pobreza de millones de mexicanos ¿para qué sirve?, según la Secretaria del Bienestar los programas sociales son derechos constitucionales, pero los datos empíricos revelan otra situación, un ejemplo de ello es la variable educación y la salud, durante los últimos años han empeorado, en lo que va de la administración del Gobierno Federal de AMLO, 15,6 millones de personas perdieron acceso a la salud. En el tema de la educación, la administración federal destinó 780 millones de pesos a la variable educación, la menos cantidad desde 2010, por su parte la tasa de escolarización básica de 3 a 14 años está en los niveles más bajos de los últimos 15 años un 91 por ciento contra el 95% del 2015, asimismo la matrícula de estudiantes en el medio y medio superior ha ido en ascenso entre los ciclos escolares 2018-2019 y 2021-2022, es decir, un total de 376 mil personas han dejado la escuela (Casar, 2022).

Pareciese que durante el sexenio 2018-2024 no está existiendo una política social seria, al mismo tiempo es asistencialista y focalizada como en las administraciones anteriores o desde que se institucionalizaron los programas sociales, la diferencia está en la forma en la que controla los recursos el ejecutivo federal, estos bajo la misma lógica en que se estaba el clientelismo y se utilizan con mayor opacidad y discrecionalidad.

Casar menciona que actualmente se está gestando una política clientelar que ya hubiese soñado el PRI corporativo del siglo XX, de acuerdo con ella, la nula institucionalidad que caracterizó a los programas sociales ha crecido exponencialmente. Según sus propias estimaciones, un 38% piensa que los recursos que reciben de los programas sociales provienen directamente de AMLO, 30%, agrega que es el gobierno federal quien los asigna y un 11% cree que son recursos provenientes del partido de Morena (2019).

Más que la entrega de programas sociales son dádivas, que por más que combatan a la pobreza momentáneamente, no crean cimientos para modificar el futuro de las personas y romper con el ciclo de la pobreza que arrastra el país desde hace décadas.  Es por otro lado una nueva política clientelar de gobierno, diseñada para ver al Presidente de la República como el gran benefactor y mantener al partido de Morena en la competencia electoral y el poder institucional.  Si bien AMLO ha señalado que el clientelismo político ya quedó superado, esto no es así por obvias razones, la primera señala Casar, que Morena y los partidos con lo que hizo alianza fueron los más multados y sancionados por el INE en los procesos electorales que se llevaron a cabo en 2021 a causa de los recurso y su manejo en periodos de campaña, por otra parte, el Gobierno Federal gastó 25% más del total autorizado en programas de subsidio a la sociedad durante el primer trimestre del 2022, justo antes de la revocación del mandato y las elecciones ordinarias para elegir gobernadores, diputados y regidores en junio del 2022 con un monto total de 54 mil millones de pesos (2022).

En este sentido AMLO no sólo ratificó su puesto como Presidente de la República, también de las seis gubernaturas que se disputaron en junio de 2022. Morena ganó en 4, en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. A la espera que de lo que suceda en la jornada electoral del 2023 en estado de Coahuila, y el Estado de México, actualmente Morena tiene el poder en el Gobierno Federal, y aunado a su alianza gobierna en 21 Estados de la república Mexicana, el PAN y sus alianzas poseen cinco gubernaturas, el PRI en dos entidades federativas, Movimiento Ciudadano gobierna en Jalisco y nuevo León, el Partido Encuentro Social (PES) en Morelos y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) junto con el Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí. Ver cuadro 2.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda (2020) y del Instituto Nacional Electoral

El panorama actual, es reconocer que Morena con toda la configuración que sufrieron los programas sociales se está transformando como una nueva máquina política, aunque hasta el momento la política social no termine por redituar los elevados índices de pobreza, por ende, los beneficios para la población son nulos porque los programa sociales asistencialistas retrasan el acceso a mejores oportunidades de bienestar, y por otro lado, alteran la competencia el terreno electoral y como consecuencia permean la sana democracia. 

Conclusiones:

Hasta antes de la llegada del neoliberalismo en México (1982), el clientelismo político tuvo lugar en el sistema corporativista. En primer momento, se puede decir que el partido de gobierno (PRI) fungió como máquina política que le permitió organizar a través de las corporaciones a su electorado, se apoyó principalmente de la distribución de incentivos materiales sobre todo empleos públicos para dirigentes y puestos de trabajo de menor calidad acompañado de alzas salariales para quienes integraban los sindicatos. Durante bastante tiempo el corporativismo-clientelismo, dio legitimidad y poder al PRI, cuestión que le permitió gobernar durante todo el siglo XX, además que le permitió formar un modelo de acumulación o crecimiento endógeno para transitar a las vías del desarrollo.

Pablo González Casanova, explicitaba el dominio abrumador con el que los candidatos a la Presidencia obtuvieron la victoria al margen del 80% y 90% de los comicios en su haber, además de llevar a partir de 1929 a más de 6 presidentes, alrededor de 200 gobernadores y casi 282 senadores hasta 1970. El control político del PRI tanto urbano como en el medio rural, permitía el intercambio de favores, bienes y/o servicios a cambio de apoyo político, de comicios comprados y en la medida de la situación ejercer dominio, coerción sobre las clases populares, particularmente hacia los campesinos (1967).

Como se habla de un clientelismo dentro del funcionamiento corporativista, es relevante señalar que las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados pertenecer a una organización o corporación, es decir, a la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), sindicato que está simétricamente unido al PRI a través del sector obrero del partido, y al gobierno. 

Además, otros sindicatos no afiliados a la central CTM también tienen fuertes nexos con el partido y el gobierno. Los dirigentes de estas corporaciones lograron obtener como concesiones un número considerable de curules. González (1967), señala a manera de ejemplo, que en la legislatura de 1952-55 había 35 diputaciones obreras de las que 19 eran de la gran central CTM y 11 al resto de otras centrales y sindicatos del partido gubernamental (ferrocarriles, mineros, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Confederación General del Trabajo (CGT) etc.). 

Los nexos que estos líderes de los sindicatos tienen con el gobierno lleva muchas décadas, y desde 1940 los principales de ellos son en unas ocasiones diputados y en otros senadores. En el periodo constitucionalista del proceso de lucha armada (1918-1962), se cuentan por lo menos 52 escaños ocupados por senadores del sector obrero (33 de 1940 a 1962) y más de 250 ocupados por diputados del mismo sector (150 desde 1940) (González, 1967).

Ahora bien, el desgaste del modelo económico a principios de los 60’s y la década de los 70´s, aunado a la crisis política acompañado de un número elevado de huelgas y movimientos sociales, rezagó el modelo corporativista-clientelista del periodo, este sistema basado en estás dinámicas clientelistas ya no le era funcional al partido del gobierno. Con lo anterior, tanto el modelo económico y el sistema político se fueron modificando, cuestión que desembocó en que el clientelismo político insertado en el corporativismo migrara a una nueva modalidad que ahora se ejecuta a través de los programas sociales (compensatorios) para poder acumular apoyo político, legitimidad y en los procesos de elección que esta sirva de incentivo para apropiarse del voto a beneficio de un partido o candidato político.

A partir del modelo neoliberal los mecanismos como: la compra directa del voto; las regalías, dinero, despensas, empleos entre otras cosas son la parte principal a la que la población es propensa a participar dada su carencia y situación de pobreza que se agudizó a partir del nuevo modelo de acumulación en 1982. Seguido por los programas sociales, transferir masa monetaria a los beneficiados de estos programas que durante muchos años ha fungido como administradores de la pobreza, ahora toma una posición clientelista.  Hipotéticamente, entre más dotas a la población con estos recursos sociales más los guiarás a votar por el partido político o candidato por el cual el antecesor llegó al poder. 

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Palabras clave:

clientelismo político, corporativismo y programas sociales 

Resumen de la Ponencia:

O trabalho analisa o desenvolvimento da estrutura partidária local do Partido dos Trabalhadores (PT) na cidade de São Paulo no período compreendido entre 1980 e 2016. Trata da importância deste contexto metropolitano no momento da fundação do PT e de como a estrutura partidária, de um modo geral, incorporou suas dinâmicas, bem como explora o desenvolvimento dos diferentes lugares da metrópole, com suas dinâmicas eleitorais, no processo de institucionalização e normalização do partido e relacionando as diferentes faces do partido neste processo.Para o trabalho foram utilizadas diferentes abordagens metodológicas, que se complementaram: (i) houve a revisão bibliográfica do desenvolvimento partidário petista, levantando marcos conceituais, bem como a do desenvolvimento da cidade de São Paulo, o que permitiu entender a distribuição das populações pelo território e as dinâmicas próprias dos lugares; (ii) pesquisa documental em arquivos e acervos partidários e da justiça eleitoral, buscando localizar os sujeitos da política local ao longo do tempo; (iii) o mapeamento do alistamento eleitoral e dos votos região da cidade; (iv) a aplicação de questionários com os lideranças locais com cargos em Diretórios Zonais de diferentes regiões da cidade e; (v) a realização de entrevistas semiestruturadas com lideranças locais com destaque em diferentes momentos da história do partido.Como conclusões pode-se indicar que a cidade de São Paulo, uma metrópole de 12 milhões de habitantes, é o lugar onde se concentrou um conjunto de fatores que tornou possível a fundação deste partido e que mantém importância no seu desenvolvimento. A ação humana nos lugares traz à vida prática uma variedade de influências de diferentes escalas, o que é fortalecido em regiões metropolitanas, intensamente incorporadas à vida nacional, servindo como centros econômicos e culturais, onde coexistem uma multiplicidade de comunidades, dispersas pelo território. Nele, as categorias sociais e clivagens podem ser analisadas no cotidiano das pessoas. O comportamento político é, então, visto como produto da agência humana, estruturada pelos contextos sociais historicamente constituídos nos quais as pessoas vivem suas vidas. Verifica-se, então, nesta metrópole, como as dinâmicas das diferentes faces do partido impactam no desenvolvimento e na normalização da estrutura partidária e no comportamento eleitoral.