Resumen de la Ponencia:

El desplazamiento de un enfoque de desarrollo rural centrado en la producción agropecuaria a una perspectiva territorial, ha dejado de considerar el espacio geográfico como un ámbito ecológico fijo, delimitado y controlado por una forma de apropiación para concebirse como una matriz organizativa y de interacciones sociales con una historia propia y una base común de recursos naturales que trasciende la oposición campo/ciudad. Con esta orientación, a partir de 1989 se propusieron en México alternativas para la conservación mediante el pago de servicios ambientales, el ecoturismo, el aprovechamiento comercial de la vida silvestre y los esquemas de certificación para la producción sustentable u orgánica. En el discurso del desarrollo sustentable se tasan los distintivos autóctonos, sociales, productivos, ecológicos y de paisaje en términos del patrimonio biocultural “ancestral” de los pueblos indígenas, fincados en sus territorios, productos, idiomas, tradiciones, saberes, prácticas, rituales y cosmogonías, para edificar ofertas específicas de lo local que generen recursos monetarios destinados a financiar la conservación del medio natural y el “desarrollo” de sectores que se han vuelto redundantes para el sistema global.  Estos pueblos resaltan sus singularidades y se exotizan ante la mirada externa bajo el signo de la diferencia cultural.A partir de un estudio realizado en distintos centros eco-turísticos en la Sierra Norte de Oaxaca, se muestra  que uno de los grandes problemas del turismo de naturaleza es que se funda en una idea abstracta de la sociedad, en la cual las desigualdades socioeconómicas y las dinámicas de poder se ocultan. Las localidades involucradas en los proyectos financiados por la CDI carecen de una infraestructura adecuada, de capital para invertir y de capacidades de promoción en el circuito turístico nacional e internacional, por lo que quedan sujetas a las empresas turísticas y/o a la secretaría de Economía y Turismo del gobierno del estado. Por si esto no fuera un obstáculo suficiente, toda la operación del ecoturismo corre a cargo de las comunidades, aunque esta actividad ha sido tan precaria que ni siquiera ha logrado generar ingresos suficientes para cubrir los gastos corrientes. Así, vemos que las poblaciones marginales terminan por financiar la opción turística sin obtener beneficios significativos de su desempeño.   

Resumen de la Ponencia:

La pandemia mundial del COVID-19 ha traído consigo consecuencias en diferentes escenarios de la sociedad, generando cambios en la dinámica familiar y en los individuos que la conforman. El objetivo del presente estudio es analizar la relación entre el funcionamiento familiar y estrés percibido en estudiantes universitarios que enfrentan la cuarentena por COVID-19. Para tal efecto, se adelantó un estudio cuantitativo, no experimental, transeccional y de alcance descriptivo y correlacional basado en un paradigma empírico analítico. Participaron 50 estudiantes con edad promedio de 23 años. Tras aceptar participar en el estudio se evaluó la funcionalidad familiar a través del cuestionario APGAR-familiar y la escala de estrés percibido (EEP-10). Los hallazgos muestran una relación inversamente proporcional entre las variables en estudio (r=-0,468), lo que sugiere que a menor nivel de funcionalidad familiar mayor es el nivel de estrés percibido por los participantes, adicionalmente se encontró una relación estadísticamente significativa entre la edad y el nivel de estrés (r=-0,300) y el funcionamiento familiar (r=0,437). Este estudio señala la importancia de realizar intervenciones centradas en el núcleo familiar que podrían representar un factor protector para la reducción del estrés en estudiantes universitarios. 

Resumen de la Ponencia:

Durante los últimos años, las iniciativas de memorialización de las espacialidades del terrorismo de Estado en Chile se han multiplicado, incluyendo distintas escalas y formatos.  Estas acciones toman parte, desde sus múltiples repertorios, no sólo en los procesos de democratización y de reparación simbólica de los crímenes de la dictadura cívico-militar (1973-1990), sino también en la producción social de ciudades y territorios. En este contexto, la ponencia analiza la construcción de una “ruta de la memoria” en la región de Valparaíso, a partir de la experiencia de los actores ciudadanos e institucionales que la impulsan. Se trata de un circuito implementado entre 2017 y 2019 al alero de la Secretaría Regional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que consta de once memoriales distribuidos en siete comunas de la región. Desde una aproximación en el cruce de la sociología y la geografía social, y en base a una investigación cualitativa desarrollada en dos fases (2018 y 2022)[1]—que consideró entrevistas en profundidad y observaciones etnográficas— la ponencia argumenta que los “trabajos de la memoria” (Jelin, 2012) se articulan a demandas variables según los anclajes territoriales de los grupos que los llevan adelante. Se busca así discutir la relación entre procesos de memorialización y producción social de territorios en contextos locales y regionales.  Para comenzar, se identificarán las representaciones y prácticas espaciales de los actores, planteando que la búsqueda de la reparación simbólica que guía esta iniciativa se articula a representaciones y reclamaciones atravesadas por una percepción de centralismo. Estas dan cuenta de un sentimiento de injusticia que apunta a las dificultades que el contexto local ha históricamente representado para la implementación de emprendimientos memoriales, y que modela las “subjetividades territoriales” (Delamaza et al., 2015) desde las cuales se forjan las reivindicaciones y valores en torno a la ruta. En segundo lugar, me detendré en los procesos de patrimonialización de los sitios que componen el circuito: éstos sugieren que la espacialización de la frontera entre las esferas civil y militar (Bianchini, 2016), particularmente candente en esta región caracterizada por una importante presencia de la Armada, involucra asimetrías de poder que tienden a entrabar, más ampliamente, el derecho a la ciudad (Lefebvre, 1968). Por último, se presentarán algunos conflictos y expectativas que se generan en torno a la puesta en marcha de la ruta a lo largo del tiempo, destacando cómo los distintos hitos de este emprendimiento de memoria participan en el modo en que los lugares son disputados, habitados e imaginados.  [1] La ponencia se inscribe en la investigación postdoctoral “De la patrimonialización del territorio a la representación espacial de la memoria”, financiada por la Universidad Panthéon-Sorbonne (Paris) entre enero y diciembre de 2018. 

Descripción de la Publicación académica:

El libro, que presentamos, aborda un conjunto de problemas asociado a las políticas públicas ideadas para la transformación del sistema de educación superior, que se encuentran vigentes en México desde mediados de los años 80 del siglo pasado, y que aquí denominamos reformas universitarias.  Estas reformas han impactado en cada una de las funciones sustantivas de la universidad. Han influido en  la orientación de las trayectorias académicas, en el establecimiento de los criterios de evaluación de la calidad de la docencia y de la investigación y en los resultados universitarios. Todo ello exige nuevos esfuerzos analíticos en busca de consensos sobre el futuro inmediato de la universidad.El referente empírico, que constituye el núcleo de este libro, es una investigación cualitativa, llevada a cabo con profesores de las tres unidades académicas fundacionales de la UAM.  Mediante la técnica de grupos focales, son abordadas cuestiones sobre la docencia y la investigación en el contexto del proceso de transformación continua de la universidad. Este estudio muestra las paradojas, tensiones y contradicciones de la vida académica, asociadas a las reformas universitarias, las cuales han afectado sustancialmente su desarrollo. También muestra la existencia de esfuerzos críticos y reflexivos encaminados a una mejora real -no solo en el papel- de una de las funciones sustantivas de la universidad: la docencia. 

Resumen de la Ponencia:

La medida de confinamiento adoptada por todos los países como la estrategia privilegiada para evitar la propagación del virus SARS-COV- 2 , impactó de manera significativa en todos los ámbitos de la vida social dado el aislamiento físico al que condujo. Específicamente en el ámbito educativo tuvo repercusiones no sólo en los aspectos instruccionales de los procesos de enseñanza-aprendizaje -que de manera abrupta se trasladaron al ambiente virtual-, sino también en los aspectos relacionales que estos implican. Con el propósito de conocer la situación  del estudiantado y el profesorado universitario en el contexto de la pandemia, se realizó un estudio en doce universidades mexicanas en donde se forma a los futuros profesionales del Trabajo Social, tanto al inicio de la pandemia como a un año de esta. El estudio se realizó a través de un cuestionario estructurado para estudiantes y otro para docentes, que fue diseñado en Google Formularios y distribuido primero entre docentes, para que fueran estos quienes directamente invitaran  a los estudiantes a su cargo a responder el intrumento correspondiente, a fin de evitar que personas que no cumplieran con el perfil requerido, participaran de este estudio. Dentro de las categorías de análisis, destaca la situación social de las y los estudiantes y docentes, tanto en círculos sociales extra escolares como escolares. Los principales resultados tienen que ver con la modificación de las formas relacionales como la aparición o agudización de la violencia y la ruptura de relaciones colectivas entre docentes, entre estudiantes y entre docentes y estudiantes,  dando lugar al individualismo como una forma de “sobrevivir” a una situación que provocó desconcierto, incertidumbre, rechazo y desconfianza, lo cual repercutió en el desarrollo de los procesos educativos que, de por sí, antes de la pandemia ya presentaban diversos conflictos relacionales que en este contexto se vieron agudizados y diversificados, motivo de análisis del presente estudio. La fuentes de información utilizadas, para el trabajo documental son los diversos textos generados en torno al tema, destacandolos trabajos de: Ordorika, Imanol (Pandemia y educación superior). IESALC, UNESCO (Covid-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día después). Lloyd Marion (Desigualdades educativas en tiempos de la pandemia. Maneiro, Sara (Cómo prepararse para la reapertura). Y para el trabajo de campo las fuentes son docentes y estudiantes de TS de 12 universidades mexicanas. 

Resumen de la Ponencia:

El objetivo de la presente ponencia es reflexionar, a partir de una bibliometría exploratoria, sobre el desarrollo de la comunicación pública de las ciencias sociales durante la pandemia por La Covid-19. Particularmente de la socialización de éstas en el proyecto Red de Revistas Científicas de Acceso Abierto no Comercial Propiedad de la Academia (Redalyc). Lo anterior con la finalidad de hipotetizar que la premura (excitación) de explicar una temática emergente retarda el flujo del grueso de la literatura sobre ésta con efectos negativos en la calidad de la producción de las llamadas ciencias blandas.

Resumen de la Ponencia:

La calidad de vida de los niños, las niñas y los adolescentes con enfermedad grave o crónica compleja está condicionada por la atención que reciben del entorno que les rodea. Esta hipótesis es el punto de partida del proyecto de investigación Cuidados paliativos y calidad de vida en la infancia y adolescencia. Respuestas educativas personalizadas, contextualizadas e interdisciplinares (PID2020-114712RB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. De acuerdo con la hipótesis planteada, se propone como objetivo general: Mejorar la calidad de vida en niños, niñas y adolescentes que reciben tratamientos paliativos mediante la elaboración de respuestas educativas personalizadas y contextualizadas, a la vez que se construyen redes interdisciplinares de apoyo a los cuidados paliativos y se desarrollan estrategias inclusivas dirigidas a la sensibilización y la formación de la comunidad educativa. Este objetivo se subdivide en 6 objetivos específicos que se trabajan a partir de una metodología de investigación basada en un diseño mixto explicativo-secuencial, que combina técnicas de recogida de información cuantitativas y cualitativas. Se desarrolla en las Islas Baleares (España). La investigación se divide en tres fases: la primera consiste en identificar y analizar las necesidades que presentan los/las niños/as y adolescentes que están recibiendo tratamientos paliativos, sus contextos familiares, los profesionales socio-sanitarios que los atienden, los contextos escolares de procedencia y otros recursos comunitarios de carácter asociativo. La segunda fase radica en el diseño y seguimiento de un plan piloto en diversos centros para generar y poner en práctica planes personalizados que mejoren la calidad de vida del alumnado con enfermedad grave o crónica compleja, así como materiales y actividades que permitan al grupo-clase acompañarle y comprender su situación y, si fuera el caso, afrontar el posible duelo o situación de muerte, de manera que se ofrezca una respuesta educativa normalizada y fundamentada a todo el alumnado. En la tercera fase, se procede a evaluar todas las actuaciones realizadas en cada uno de los centros estudiados en el marco del plan piloto y se identificarán las condiciones de transferencia a otros centros educativos y contextos socio-sanitarios. También se ponen en marcha estrategias de Aprendizaje-Servicio, de manera que se contribuya a transferir los resultados obtenidos a lo largo del proceso de investigación a la formación inicial de futuros profesionales de la educación y del mundo sanitario. Se persigue obtener unos resultados que tendrán un impacto de carácter social y también encontrar soluciones educativas que permitan mejorar la calidad de vida de los niños/niñas y adolescentes que están recibiendo tratamientos paliativos, incrementando sus oportunidades para seguir aprendiendo, comunicarse y mantener una vida digna, cubriéndose así algunas de las necesidades, emocionales, psicosociales y físicas.

Resumen de la Ponencia:

Estudos feministas consideram que o Estado pode realizar ações específicas com o objetivo de alterar as condições estruturais das mulheres na sociedade. Um governo pode criar mecanismos institucionais de mulheres na estrutura estatal, os quais baseiam-se tanto em políticas públicas como na inclusão de mulheres na estrutura política e administrativa do Estado. A criação de programas de governo permitem que a problemática das mulheres e a questão de gênero adquira status de interesse público e integre a agenda pública. A criação de programas para as mulheres com visão das diferentes dimensões simbólicas, é uma das estratégias para reduzir as desigualdades. Os programas de governo para as mulheres proporcionam uma rede em âmbito da administração pública e se constituem na difusão de novas ideias e propostas de gestão. Nas últimas três décadas o município de São Paulo registrou experiências de políticas públicas para as mulheres. Essas políticas não têm ocorrido de forma contínua, mas pode-se observar uma melhora na configuração institucional do órgão responsável por sua implementação. Nesse período, São Paulo tem sido um importante centro de debate e desenvolvimento de ações institucionais em relação as mulheres no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, educação, combate à violência sexista, planejamento urbano e geração de emprego e renda. As medidas de isolamento social aplicadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 suscitou o problema de violência contra mulheres. Entre março e abril de 2020 foi registrado em 12 estados brasileiros aumento de 22,2% de casos de feminicídio e uma queda no número de registros de boletim de ocorrência denunciando violência contra mulheres em relação ao ano de 2019 (OMS, 2020). No mês de março de 2020 houve um aumento de 44,9% de assassinatos de mulheres em São Paulo em relação ao mesmo mês do ano anterior (OMS, 2020). O problema de pesquisa foi: quais programas de governo foram desenvolvidos para mulheres em meio ao agravamento da violência na pandemia? O objetivo da pesquisa é identificar as características institucionais e os programas de governo no período de pandemia por Covid-19. O objeto de estudo é a Prefeitura Municipal de São Paulo entre os anos de 2020 e 2022. O tipo de pesquisa é exploratório-descritiva com a análise documental de leis, decretos, relatórios financeiros, plano de cargos e programas de governo. Os resultados da pesquisa apontam para um déficit nos programas de governo para mulheres na cidade de São Paulo no período de pandemia quando comparado a período anteriores. Com isso, a conclusão foi de que não houve uma melhora de políticas públicas para mulheres no período de agravamento da violência contra mulheres em meio a crise de COVID-19.

Introducción:

Ao longo de três décadas, o município de São Paulo registrou experiências de políticas públicas para as mulheres (1989-2022). Essas políticas não ocorreram de maneira contínua, através de diversos arranjos institucionais, inclusive experimentando um modelo com autonomia administrativa e orçamentária, denotando um aprimoramento do mecanismo institucional responsável pela implementação das políticas para as mulheres. Cabe ressaltar que nesse período, São Paulo tornou-se um importante centro de debate e formulação de ação institucional sobre essa temática nas áreas dos direitos sexuais e reprodutivos, educação, combate à violência sexista, emprego e geração e renda e planejamento urbano. 

A institucionalização das políticas para as mulheres está relacionada a duas iniciativas distintas. A primeira está pautada pela crítica elaborada pela teoria feminista sobre os limites dos princípios da democracia liberal ao propor a igualdade formal entre os indivíduos, a universalização dos direitos e a neutralidade das instituições, cujos pressupostos não consideram a condição de subordinação das mulheres. A outra, igualmente importante, pertinente à repercussão dos diferentes documentos propostos pelos organismos multilaterais com o objetivo de promover esforços em defesa dos direitos das mulheres.

Dessa forma, essa nova institucionalidade proposta está relacionada aos fundamentos de democracia e ao exercício da cidadania, e para sua implementação faz-se necessário um novo projeto cujo desafio é garantir a instituição de mecanismos democráticos e com transparência que assegurem estabilidade na articulação e implementação de políticas públicas voltadas para que endossar o exercício dos direitos políticos, civis, sociais e econômicos das mulheres.

            O município de São Paulo é uma metrópole com mais de 12 milhões de habitantes, configurando-se como a mais populosa do país e a oitava do mundo, sendo responsável por 10,3% do Produto Interno Bruto (PIB), com o orçamento anual previsto para 2022 em R$ 82,7 bilhões, o quinto do país. Nesses dados superlativos, se destaca o percentual de mulheres entre os habitantes (52,6%), superando os índices percentuais do estado (51%) e do país (51,8%).

Em 2020, em razão da pandemia do novo coronavírus, o governo do estado de São Paulo adotou medidas de restrição de circulação, adoção de uma série de cuidados sanitários que implicaram no isolamento social de uma parcela expressiva da população. Esse cenário trouxe um grave impacto econômico para os diferentes setores, público e privado, e evidenciou a necessidade de políticas públicas para combater e enfrentar as desigualdades de gênero, a violência contra a mulher e a crise econômica. Esses fatores ameaçam a autonomia das mulheres, em especial as mulheres pobres que compõem as camadas mais vulneráveis da população.

Nesse trabalho exploratório, apresentamos os arranjos institucionais de implementação das políticas públicas de 1989 a 2022, como também os elementos orçamentários e financeiros da prefeitura de São Paulo relacionados à implementação de políticas para as mulheres. A análise tem como marco inaugural o governo de Luiza Erundina, do PT, primeira prefeita eleita. Em seu governo ocorre a primeira experiência institucional de políticas para as mulheres, uma estrutura criada para assegurar ações que promoveram a inclusão das mulheres através de políticas de combate da desigualdade e discriminação, com o propósito de inserir na agenda governamental a transversalidade de gênero nas diferentes áreas da administração pública. Nos anos subsequentes as atividades que compunham essa política foram suspensas (1993-2000), e retomadas e ampliadas em 2001, com a eleição da segunda prefeita da história de São Paulo Marta Suplicy, do PT. Após quatro anos, novamente o serviço foi secundarizado e somente retomado em 2007, através de parceria firmada com o governo federal. 

O estudo apresenta ainda uma análise de elementos importantes da gestão do prefeito Fernando Haddad, PT (2013-2016), no que diz respeito às políticas para mulheres. Para tanto, foi realizado um estudo mais detalhado dessa gestão com foco nos seguintes aspectos: 1) instituição da Secretaria de Políticas para Mulheres, 2) Metas do Programa de Metas 2013 – 2016, 3) Ações na área de políticas para mulheres, 4) Arranjos participativos relacionados à Políticas para Mulheres, 5) Análise do orçamento da Secretaria entre 2014 e 2016. Segundo Bugni (2016: 168) a gestão da Prefeitura de São Paulo que governou a cidade entre 2013 e 2016 merece uma atenção especial, na medida em que:

 

“O primeiro ponto que destacamos desta última gestão, refere-se à preocupação com a promoção dos direitos da mulher, enquanto uma deliberação de governo que contou com o apoio desde o Prefeito. Da mesma forma que ocorreu no Governo da Marta Suplicy, essa postura contribuía para a receptividade da temática nos demais setores, fortalecendo a legitimidade da política em todo o governo municipal. Vale notar também que, neste momento, a política de gênero foi apresentada a partir de uma concepção mais ampla, ressaltando preocupações não apenas com questões de ordem social, mas também econômica, política e cultural.”

 

A pesquisa busca descrever o alinhamento de fatores que contribuíram para o desenvolvimento de políticas públicas para mulheres. O estudo precede de uma revisão bibliográfica sobre o desenvolvimento dos diferentes governos da cidade de São Paulo desde 1989 que estimularam reformas políticas institucionais no tocante às políticas para mulheres. A conquista de direitos, avanços socioeconômicos e à modernização dos costumes implicaram em transformações institucionais no município de São Paulo. 

Sob uma abordagem qualitativa que se utilizou de pesquisa bibliográfica e documental, foi realizado um constructo histórico que apresenta a evolução do arranjo institucional das políticas para mulheres na cidade de São Paulo. Para tanto será realizada a analise descritiva de documentos como decretos, portarias e leis da Prefeitura de São Paulo no período entre 1989 e 2022. O marco de início da análise, em 1989 justifica-se pelo fato desse ano representar o início de um conjunto de debates e iniciativas em torno da temática de políticas para mulheres. 

Perante uma abordagem quantitativa foi realizada a análise orçamentária entre os anos de 2020 e 2022 com o propósito de identificar as despesas destinadas a políticas para mulheres. O período da análise orçamentária fundamenta-se pelo fato de ter sido a etapa posterior ao período no qual existiu uma Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres na São Paulo, marco institucional que permitiu o estabelecimento de dotação orçamentária destinada exclusivamente às políticas para mulheres. A estratégia utilizada tem o propósito de gerar evidências que permitam caracterizar marcos das políticas para mulheres em diferentes governos municipais.

Desarrollo:

A institucionalização da política para mulher na cidade de São Paulo: governo Fernando Haddad (2013 – 2016)

            Entre os anos de 2013 e 2016 o prefeito de São Paulo foi Fernando Haddad do PT. Com a Lei 15.764/13 foi criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a qual ficou responsável por:

 

“[...] assessorar, coordenar e articular junto à Administração, na definição e implantação de políticas públicas voltadas para a promoção dos direitos das mulheres, visando à sua plena integração social, política, econômica e cultural.” (São Paulo, 2013c)

 

A Secretaria para as Mulheres tinha como atribuição: assessorar as políticas para mulheres, elaborar um plano de igualdade de gênero, cooperar com organismos nacionais e internacionais, articular políticas transversais, realizar ações para a participação das mulheres e implementar planos, programas e políticas para mulheres. A Secretaria possuía duas coordenadoria: a de enfrentamento à violência e a de autonomia econômica das mulheres. A supervisão de equipamentos da secretaria ficou responsável pelas casas Elaine de Grammont, Helenira Rezende de Souza Nazareth e pelos centros de atendimentos à mulher, de referência a mulher e de cidadania da mulher. Ainda foi criada duas assessorias: de participação e controle social e de ações temática. A institucionalização das políticas para mulheres na forma de secretaria fez com que essa frente passasse a ter dotação orçamentária própria. 

O Decreto Nº 54.660/13 instituiu o Comitê Intersecretarial de Políticas para Mulheres composto por representantes de vinte secretarias e com o objetivo de elaborar o plano municipal de políticas para as mulheres, garantir que as políticas de gêneros fossem incorporadas às diversas secretarias, construir indicadores de políticas para mulheres. O comitê, que também ficou conhecido como Conexão Mulher, também tinha a atribuição de formular, implantar, implementar, monitorar e avaliar políticas para o público feminino em perspectivas transversais e matriciais.

            O Programa de Metas 2013-2016 foram estabeleceu metas que faziam referência a questões das mulheres, sobretudo às do “Eixo 1: Compromisso com os direitos sociais e civis”. Como pode ser observado no Quadro 1, as metas 40, 41, 59 e 60 propunham um enfrentamento direto de problemas relacionados às mulheres. Ao final do governo, as metas relacionadas a mulheres tinham sido cumpridas parcialmente ou integralmente. Ao aderir ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as mulheres e ao Programa Mulher, Viver sem Violência, o governo federal conseguiu repasses de recursos federais necessário para a implantação da Casa da Mulher Brasileira, centro de referência que reúne serviços de assistência à mulher (Fernandes et al. 2021).

O Projeto de Formação de Grupos Produtivos e de Economia Solidária permitiu a formação de grupos produtivos de economia solidária compostos por 175 mulheres. Também foram realizadas oficinas de formação cultural para as mulheres no ano de 2015. O Decreto 56.702/2015 garantiu que 30% dos profissionais de transporte tinham que ser mulheres. O Decreto 56.021/2015 determinou que os conselhos municipais de participação social deveriam ter um mínimo de 50% de mulheres. Em 2014 foi criada a unidade móvel de atendimento à mulher vítima de violência, que visitou 280 bairros e realizou 450 atendimentos individuais e 23 mil orientações gerais. Em 2016 foram criados mais dois centros de referência das mulheres e foi instituído o Programa Guardiã Maria da Penha que permitiu com que a Guarda Civil Metropolitana atendesse 340 mulheres vítimas de violência (Fernandes et al. 2021).

            O Decreto 56.021/15 estabeleceu uma participação mínima de mulheres em conselhos e o Decreto 56.702/15 criou o Conselho Municipal de Políticas para Mulheres. Em 2015 foram realizadas oito conferências municipais para mulheres. EM 2016 foiram instituídos cinco fóruns regionais de políticas para mulheres para a proposição, acompanhamento, discussão e fiscalização de políticas para mulheres (Fernandes et al. 2021). 

            Ao criar a Secretaria de Políticas para Mulheres em 2013, o governo permitiu que se tivesse dotação orçamentária destinada exclusivamente às políticas para mulheres a partir de 2014. No entanto, chama a atenção que o maior percentual do orçamento da secretaria em relação ao da Prefeitura foi em 2016, sendo de: 0,04%. Entre 2014 e 2016 os valores reais de dotação orçamentária da secretaria aumentaram ano a ano, no entanto o valor do orçamento executado sempre foi inferior ao orçado no período. Nos anos de 2014 e 2016 o total do orçamento executado em relação ao orçado foi de 61,9% e em 2015 foi de 82,2%. Entre os anos de 2014 e 2016 72% das dotações correspondiam a despesas correntes e 28% correspondiam a despesas de capital (Fernandes et al. 2021).

Fim da institucionalização e enfrentamento da violência contra as mulheres em tempos de pandemia

Em 1 de janeiro de 2017, o decreto municipal 57.576 editado pelo prefeito João Dória promoveu uma reforma administrativa que extinguiu a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e resultou no fim da autonomia e classificação orçamentária, como também no fim da coordenação centralizada dos serviços. Esta situação acometeu o processo de acompanhamento, controle e fiscalização das políticas públicas. Em vista desse fato e do aumento dos índices de violência contra as mulheres, incluindo dos casos de feminicídio, foram 101 crimes registrados no período janeiro a julho de 2020, serão apresentados e analisados os dados relativos aos projetos e programas destinados ao enfrentamento à violência contra a mulher e de gênero (São Paulo, 2017a). 

Nesse sentido, nessa etapa apresentaremos informações sobre o funcionamento dos equipamentos públicos de 2017-2022.  Houve o fechamento do Centro de Referência da Mulher de São Miguel Paulista, localizado no extremo leste da periferia da cidade. As obras da Casa da Mulher Brasileira foram concluídas em novembro de 2019, com um atraso de três anos (São Paulo, 2017a). 

A implementação de políticas para as mulheres foi transferida para a Coordenação de Políticas para as Mulheres que compõe a estrutura da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), com objetivo de elaborar, propor, articular, planejar e fomentar a implantação de políticas públicas para a defesa dos direitos das mulheres e equidade de gênero (Gonçalves, 2018).

A rede de atendimento para as mulheres sofreu pouca variação se considerados os dados de 2016, composta por quatro centros de Referências da Mulher, cinco Centros de Cidadania da Mulher, uma Casa Abrigo e uma Casa de Passagem, e a Casa da Mulher Brasileira. Foram criados três postos avançados de atendimento às mulheres vítimas de violência em estações de Metrô – nas estações Santa Cecília e da Luz e no terminal de ônibus Sacomã (São Paulo, 2018). 

Também compõem a rede de atendimento à mulher vítima de violência os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), que oferecem acompanhamento técnico especializado desenvolvido por equipe multiprofissional para atendimentos a pessoas em situação de violência, sendo: 1 no Centro, 7 na região norte, 8 na região sul, 12 região leste e 2 na região oeste (São Paulo, 2018).

As políticas para as mulheres nos instrumentos de planejamento público – Programa de Metas e PPA

 

            Nesse tópico serão apresentadas as propostas contidas nos Programas de Metas no qual estão contidas as prioridades da gestão para os quatro anos de mandato, traduzidas em metas, projetos, ações estratégicas e indicadores para cada setor da Administração Pública. 

No Programa de Metas de 2017-2020 publicado pela prefeitura e entregue à Câmara Municipal não consta nenhum programa ou ação destinado a promover a manutenção, fortalecimento das políticas para as mulheres. Existem no documento três menções às mulheres na ficha técnica do eixo de Desenvolvimento Humano: Garantir 100% de encaminhamentos das denúncias recebidas referentes a populações vulneráveis. A outra menção, também no mesmo eixo, faz parte do projeto Centros de Cidadania com o propósito de integrar os diferentes equipamentos de atendimento e orientação a populações específicas (negros, mulheres, população LGBT e imigrantes), Segundo o documento: 

 

“Garantir que populações com vulnerabilidades específicas sintam-se apoiadas pela rede de acesso a direitos humanos, gerando ampliação do número de pessoas mais informadas e confiantes de seus direitos e no poder público municipal (...)Garantir 100% de encaminhamentos das denúncias recebidas contra populações vulneráveis.” (São Paulo, 2017b).

 

Acrescente-se ainda, nas linhas de ação, a proposta de finalizar a Casa da Mulher Brasileira, focada em integrar os diversos serviços de direitos humanos oferecidos à mulher no mesmo espaço, como: serviços judiciários, psicológicos, entre outros (São Paulo, 2017b).

            No eixo Desenvolvimento Urbano, o projeto “Construção ou reforma de unidades habitacionais para locação social”, consta da linha de ação a iniciativa de “Construir ou reformar 1000 unidades habitacionais de locação social para atendimento de famílias com renda até três salários mínimos”. Segundo a ficha técnica: “A demanda desse programa são as famílias que hoje recebem o auxílio moradia entre elas idosos de baixa renda, mulheres vítimas de violência doméstica, imigrantes e população em situação de rua” (São Paulo, 2017b).

            No que se refere ao Programa de Metas 2021-2024 foram encontradas duas ações relacionadas às políticas para as mulheres na área de enfrentamento à violência. A meta 18 estabelece a ampliação em 50% o número de atendimentos realizados nos equipamentos exclusivos para mulheres, cujo relatório de acompanhamento apontou o cumprimento de 57,15%, em 2022. A outra ação está prevista na meta 31 que se destina a ampliação da capacidade da guarda civil metropolitana (GCM) para a realização de ações protetivas para 2.500 mulheres vítimas de violência /ano, o índice de cumprimento em 2022 alcançou 76,72% (São Paulo, 2017b).

            Na análise do PPA 2018-2021, outro importante instrumento de planejamento público, o achado da pesquisa foi no Programa 3013 “Prevenção e Proteção às Vítimas de Violência da Coordenação de Políticas para as Mulheres da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC)”, que prevê a ampliação no atendimento de mulheres (em números absolutos por ano) em situação de violência atendidas pela rede especializada de enfrentamento à violência, conforme aponta o quadro abaixo:

Segundo o PPA, para a ação foi considerado o número de registros de entrada realizados (preenchimento da ficha de cadastro) nos Centros de Referência da Mulher em situação de Violência, Casa Abrigo, Casa de Acolhimento Provisório e Unidade Móvel. Numa análise detida desse ponto é possível encontrar uma incongruência entre os números adotados para elaborar essa ação, e os números apresentados no site da SMDHC. Segundo dados da secretaria, em 2020 foram realizados 24.113 atendimentos (Passafaro e Peres, 2022). 

No período da pandemia houve uma redução nos atendimentos se considerado o ano de 2019: em março foram atendidas 2886 mulheres, nos meses subsequentes os atendimentos sofreram uma redução de 65% no período mais rígido da quarentena, em razão das restrições de circulação das pessoas, conforme o quadro abaixo:

No período entre janeiro e julho de 2020, o relatório da SMDHC apontou 101 crimes de feminicídios, um recorde da série histórica iniciada em 2016. Segundo Samira Bueno, a pandemia acentuou a quadro de vulnerabilidade das vítimas de violência de gênero considerando que muitas estavam confinadas com seus agressores, e afirma:

 

“É difícil cravar no caso de São Paulo que foi a epidemia que determinou o aumento dos feminicídios porque eles já vinham crescendo, mas o que podemos dizer é que a pandemia colocou essas mulheres que já viviam em situação de violência doméstica em uma situação ainda maior de vulnerabilidade” (Bueno, 2021: n.p)

 

Os números de registros de violência contra à mulher na capital paulista, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP/SP) foram 23.920 casos, sendo que os casos de lesão corporal dolosa e violência sexual segundo o registro estatístico vinham crescendo apresentaram uma queda. Segundo Bueno (2021), tal situação reflete os problemas no acesso ao registro e não na redução dos casos. Na verdade, a mulher vítima de violência passou a ter dificuldade de sair de casa para se deslocar até uma delegacia, em razão das restrições de mobilidade urbana, ou ainda por conta das mudanças de regime de funcionamento das delegacias de polícia, ou pelo fato de estar confinada com o agressor.

Nesse quadro é possível afirmar que as ações propostas nos Programas de Metas e do PPA são insuficientes, tendo em vista os dados considerados para elaboração dos programas e os números de crimes registrados cometidos contra as mulheres (Passafaro e Peres, 2022).

 

– O desempenho dos programas e atividades no orçamento público

 

O orçamento é o principal instrumento de realização de políticas públicas. Assim, a finalidade do Estado, ao obter recursos, para gastá-los sob a perspectiva de política pública tem por objetivo realizar os objetivos fundamentais da Constituição Federal. No caso das políticas para as mulheres no município de São Paulo, apesar de constarem em programas e ações no orçamento, nem sempre são destinados recursos para sua implementação, conforme demonstrado no quadro abaixo:  

Ao analisar os dados inseridos na tabela acima, é possível verificar que programas e ações foram incluídos na LOA, no entanto a melhor performance no que se refere à destinação de recursos e de 2021: dos seis programas apenas três receberam recursos. Em 2017 e 2019 dos programas propostos, nove receberam recursos orçamentários.

Em referência aos recursos executados pelos programas e ações os valores do quadro 6 apontam que nos anos de 2020 e 2021 retomaram o patamar de 2018, considerando em 2019 depreende-se uma queda de aproximadamente 15% dos recursos orçamentários. 

Outro dado a ser ressaltado é o quanto os valores destinados às políticas para as mulheres impactam no orçamento municipal: nos anos de 2020 e 2021 os índices são inferiores a 0,04%, conforme apresentado no quadro 6..

Conclusiones:

A perspectiva feminista aponta para a importância do papel das políticas públicas na alteração das relações sociais de dominação, pois essas podem incidir sobre as relações de poder na sociedade de um ponto de vista de gênero, e garantir às mulheres o acesso a direitos em sua dimensão social, política e econômica. Nesse sentido, é central insistir na ampliação do papel do Estado no provimento de políticas que interfiram na divisão sexual do trabalho e nas possibilidades da participação das mulheres no mundo público. 

Por conseguinte, a ausência de políticas públicas e a sua descontinuidade são interpretadas como um sinal de baixa prioridade, ou até mesmo, uma “não questão” para alguns governos.  No caso em estudo, da prefeitura de São Paulo, o número reduzido de programas e ações destinadas a políticas para as mulheres nos instrumentos de planejamento, e a quantidade de recursos orçamentários destinados para essa área, reforçam a necessidade ampliação dos equipamentos e serviços públicos. No ciclo analisado, de 33 anos, somente em um mandato, quatro anos (2013-2016), encontramos um arranjo institucional com maior capacidade de articulação de políticas e melhores condições de intervenção, em razão do organismo de governo contar para seu funcionamento tanto com estrutura e orçamentos próprios e basear-se nas deliberações provenientes dos conselhos e conferência municipal.

Outro aspecto diz respeito ao impacto do fim da autonomia institucional e orçamentária, como também da coordenação das ações das políticas para as mulheres, que resultou na ausência de dados que apontem a transervalidade da política nas áreas da saúde, educação, habitação, transporte, trabalho, segurança urbana, urbanismo, em razão da não observância do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres.

Cabe ressaltar, ainda, que esse novo modelo institucional dificulta o controle social, e soma-se a isso ausência de dados que apontem a eficácia, eficiência e efetividade da política pública do município de São Paulo.

Dessa forma, as medidas adotadas inicialmente em 1989 continuam necessárias e atuais, tendo em vista os dados que demonstram a vulnerabilidade da vida das mulheres paulistanas.

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Palabras clave:

Análise orçamentária. Cidade de São Paulo. Desenvolvimento institucional. Políticas para mulheres.

Resumen de la Ponencia:

O relatório da Cepal (2021) identificou em todos os países latino-americanos deterioração da situação fiscal e aumento do endividamento público externo em meio à crise de COVID-19. O endividamento dos países da América Latina supera 80% do PIB, o maior entre as regiões em desenvolvimento. O serviço da dívida pública externa em relação as exportações latino-americanos é de 60%, o maior do mundo. Tal situação suscitou o seguinte problema de pesquisa: os países latino-americanos optaram por soluções de integração regional ou de institutos financeiros internacionais para o enfrentamento dos problemas de suas dívidas públicas externas durante a crise de COVID-19? O estudo teve como objeto Argentina, Brasil e Equador no período de 2018 e 2021. A escolha pelos três países justifica-se pelo fato de esses terem tido medidas importantes de reforma de suas dívidas públicas externas no início do século XXI. O período do estudo abrange os dois anos anteriores e os dois anos da crise de COVID-19. A técnica de pesquisa utilizada na pesquisa foi o estudo de caso na forma de análise de congruência. Utilizou-se as teorias da ortodoxia e do neoestruturalismo para a seleção de duas categorias analíticas relacionadas a institutos internacionais da dívida pública externa: mecanismos internacionais de reestruturação e integração regional financeira. Para cada categoria analítica foi selecionado um conjunto de indicadores que puderam ser identificados em relatórios de organizações como: bancos centrais, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Instituto de Integração Latino-americana e centros de estudos de relações internacionais. Os resultados da pesquisa mostraram uma predominância de políticas que priorizaram soluções junto a instituições financeiras internacionais em detrimento da integração regional. Portanto, levantou-se a hipótese de uma tendência dos países latino-americanos se distanciarem de soluções conjuntas para o enfrentamento dos problemas relacionados a suas dívidas públicas externas no contexto de pandemia.

Introducción:

A situação de crise econômica em meio a pandemia coloca a seguinte questão: os países latino-americanos optaram por soluções de integração regional ou de institutos financeiros internacionais para o enfrentamento dos problemas de suas dívidas públicas externas durante a crise de COVID-19? O objetivo da pesquisa foi explorar os mecanismos de integração regional e de reestruturação internacional da dívida pública externa me meio a pandemia de COVID-19. O objeto de estudo foi a dívida externa de Argentina, Brasil e Equador entre os anos de 2018 e 2022. Os países em questão foram escolhidos pois sofreram graves consequências da última crise da dívida na região, meia década perdida (1998 – 2002), e realizaram grandes medidas de reestruturação de suas dívidas públicas externas. A pesquisa realizada foi exploratória-descritiva. 

A técnica de pesquisa utilizada foi de estudo de caso por analise de congruência, sendo selecionadas categorias analíticas e indicadores das matrizes teóricas da ortodoxia econômica e do neoestruturalismo. As fontes de informações foram relatórios econômicos e bancos de dados da Cepal e do Banco Mundial. Antes da apresentação do modelo analítico e dos resultados da pesquisa foi feita uma exposição histórica que destaca momentos de maior relevância da dívida externa para a América Latina. Na exposição histórica foi dado destaque às experiências de integração regional e reestruturação internacional da dívida externa dos países latino-americanos desde a década de 1980 até a década de 2000, com o intuito de se estabelecer categorias analíticas e contruir quadros teórico-conceituais.

Desarrollo:

 

A crise econômica em meio a pandemia de COVID-19

A pandemia pelo vírus SARS-CoV-2 impôs uma situação que dificulta a normalização das atividades econômicas. Ugarteche (2022) destaca como em 2020 houve um colapso na economia mundial ocasionado por um fechamento da oferta e contração da demanda primeiro na Ásia e depois em todo o ocidente. Os efeitos da crise mundial devem ser percebidos durante toda a década de 2020.

 Os efeitos econômicos da crise da pandemia de COVID-19 não foram simétricos no mundo. No ano de 2020 a América Latina teve o pior desempenho econômico dentre as regiões em desenvolvimento sendo que a riqueza da região diminuiu 11,4%. A diminuição da atividade econômica na região aconteceu no segundo semestre de 2020: diminuição anual de 15.4%.  O acesso às vacinas também foi assimétrico, como exemplo tem-se que no dia 22 de agosto de 2021 na União Europeia 55,6% da população tinha completado o ciclo vacinal enquanto na América Latina e no Caribe esse percentual era de 24,8%. Nesse contexto foi marcante o aumento da dívida pública externa dos países latino-americanos, o que gera uma vulnerabilidade na região em relação às mudanças nas condições externas (CEPAL, 2021).

Segundo Ugarteche (2022, p. 22):

 

Após a pandemia e a crise, os indicadores de dívida pioraram por diferentes fatores no meio dos efeitos do colapso econômico e com projeções de deterioramento diante dos riscos de possíveis incrementos das taxas de juros. Do Sul Global vemos com preocupação a situação da dívida do setor público e da dívida externa do setor corporativo ou do setor privado, em um contexto de recuperação lenta e desigual. A capacidade dos países mais desenvolvidos para combinar sua posse de moedas de reserva com medidas fiscais lhes permitiu aplicar políticas anticíclicas, ao contrário das possibilidades dos demais países aprofundando seus déficit fiscais e seu endividamento.

 

            Entre 2014 e 2019 a região já tinha tido um crescimento econômico muito baixo: média de 0,3% ao ano. O crescimento praticamente nulo no período anterior à crise de COVID-19 somado a forte contração econômica de 2020 fez com que os problemas econômicos estruturais da região se aprofundassem, inclusive àqueles relacionados à dívida púbica externa. Na América Latina, o Emerging Markets Bond Index (EMBI), o índice de risco soberano dos países em desenvolvimento, teve aumentos significativos no início da pandemia, mas reduziu até os valores de antes da pandemia chegando a 380 pontos em junho de 2021. Os países latino-americanos tiveram recuperações econômicas assimétricas, de modo que no primeiro trimestre de 2021 houve um decréscimo econômico em cinco de dezoito economias da região. Oito economias tiveram crescimento inferior a 3% e somente cinco economias tiveram um crescimento superior a 3% (CEPAL, 2021).

            Conforme Cepal (2021, p.12):

 

No início de 2020, os bancos centrais tiveram que lidar com episódios críticos de saídas maciças e repentinas de capitais, excessivas flutuações nas moedas e aumentos dos prêmios por risco enquanto deviam evitar o colapso da atividade econômica.

 

            Para Zavaleta González (2020) as economias da América Latina foram as mais afetadas pela pandemia de COVID-19. Perante esse quadro, o enfoque econômico ortodoxo estabelece que medidas de austeridade fiscal são a única alternativa para o enfrentamento do problema do endividamento público. Conforme Ugarteche (2022, p. 6): “Os governos devem ter o espaço para reestruturar seus empréstimos antes de que entrem em dificuldades de pagamento e, dessa forma, evitar políticas de austeridade.”.  A alternativa à ótica ortodoxa propõe que:

 

[…] para enfrentar la grave crisis económica ya en curso debemos optar por políticas de expansión de la inversión pública que contengan la caída de la producción y estimulen, además, una rápida recuperación de la actividad productiva. Esto no sólo ayudará a enfrentar problemas como el desempleo, sino que también permitirá aminorar el problema del endeudamiento público. (ZAVALETA GONZALEZ, 2020, p. 24)

 

Em meio à crise econômica em meio a pandemia de COViD-19, diversos países utilizaram a política fiscal como uma estratégia fundamental. Na América Latina os pacotes de medidas fiscais representaram 4,6% do PIB da região, o que fez com que as despesas públicas alcançassem níveis históricos em meio a contração da receita pública. A composição fiscal de aumento de despesas e redução de receitas fez com que fossem registrados déficits fiscais que levou a um aumento da dívida pública (CEPAL, 2021a).

            No ano de 2020 o resultado global do governo central representou -6,9% do PIB da região, sendo que no mesmo ano o resultado primário foi de -4,2% do PIB. Os déficits fiscais nos países da região criaram problemas para a cobertura e o financiamento do serviço da dívida pública e fez com que o endividamento público alcançassem níveis altos. Tal circunstância impõe desafios para a consolidação de uma arquitetura da dívida pública que permita o financiamento para o desenvolvimento e a cooperação internacional (CEPAL, 2021). 

Ugarteche e Paredes (2021) consideram a dívida como parte da história da América Latina, sendo o seu momento mais crítico o da crise de 1980 que impôs o que ficou conhecida como década perdida. O contexto de alto preços de matérias primas teria sido fundamental para que os países latino-americanos não sentissem impactos maiores perante a crise de 2009 e conseguissem alcançar certa sustentabilidade de suas dívidas. No entanto, a dívida que antes era predominantemente externa passa a ter cada vez mais um componente interno, gerando riscos para dívida da região e a possibilidade de problemas macroeconômicos e fiscais. 

            Ugartche e Paredes (2001, p.5) afirmam que:

 

La crisis sanitaria del Covid-19 ha acelerado una crisis múltiple en la región más desigual del mundo, con necesidades de financiamiento y pocas opciones de acceso a recursos y programas de ayuda, por tratarse de países de ingreso medio, por lo que nuestros países están optando por programas con el FMI, emisión de bonos soberanos y aumento de la deuda interna.

 

            Em agosto de 2021 a Diretoria Executiva do FMI aprovou uma emissão de direitos especiais de saque (DES). Ao todo foram emitidos US$ 650 bilhões pelo FMI de modo que 58%, ou seja US$ 375 bilhões, foram destinados à países desenvolvidos e o restante à países emergentes e em desenvolvimento. As emissões de DES foram distribuídas conforme o sistema de cotas FMI, no entanto suscitou a necessidade de uma reforma institucional que permita a equilibrar a distribuição de DES de modo que haja uma redistribuição de países desenvolvidos às economias em desenvolvimento (CEPAL, 2021).

 

As experiências de Argentina, Brasil e Equador na crise de COVID-19

 

            No ano de 2018 a Argentina sofreu uma crise cambial que levou a uma queda de 2,5% da economia. As consequências da crise foram: desvalorização do peso, aceleração da inflação, aumento da taxa de desemprego e queda na renda das famílias. No contexto da crise houve aumento das taxas de juros dos títulos dos EUA e a Argentina passou por uma seca que afetou o setor agroeesportador. Diante da crise, o governo argentino decidiu realizar um acordo com o FMI, com o propósito de ter capacidade de cumprir com as obrigações da dívida pública. O acordo com o FMI previu ao governo argentino redução do déficit primário, com redução de gastos públicos, e uma política monetária contracionista. As emissões de dívida pelo governo argentino somadas aos desembolsos de crédito com o FMI fez com que a dívida pública da Argentina fosse de 56,6% do PIB em 2017 para 86% do PIB em 2018. (CEPAL, 2019a)

            Conforme Cepal (2019a, p. 2):

 

 

En 2018 la política económica tuvo como objetivo estabilizar los mercados financieros. En el frente fiscal, la prioridad consistió en garantizar la capacidad de pago de la deuda pública a partir de un acuerdo de financiamiento con el FMI, de la aceleración de la reducción del gasto público y del establecimiento de derechos a las exportaciones. 

 

            No ano de 2019 a economía argentina reduziu 2,1% e diversos problemas econômicos de 2018 continuaram acontecendo, como tensões cambiais e financeiras, depreciação do peso, aceleração da inflação e redução da renda das famílias. O quadro de crise econômica de 2019 esteve no contexto de política fiscal e monetária contracionista prevista no acordo pactuado com o FMI. No final de 2019 a dívida pública argentina chegou a 89,4% do PIB (CEPAL, 2020a). Conforme Cepal (2020a, p. 1):

 

A fines de 2019, el elevado nivel de deuda pública (que alcanzó el 89,4% del PIB), el persistente déficit externo (la suma del déficit la cuenta corriente y los egresos del capital del sector privado alcanzó el 8,3% del PIB), la falta de acceso a los mercados de capital internacionales, la caída de las reservas del banco central y la decisión del FMI de suspender el sexto desembolso previsto en su programa de crédito llevaron a que el Gobierno estableciera controles de capital, extendiera los plazos de vencimiento de la deuda de corto plazo (reperfilamiento) y se comprometiera a enviar al Congreso una propuesta de canje para el resto de la deuda pública con privados.

 

            

            No ano de 2019 a política econômica argentina esteve muito centrada no cumprimento das metas estabelecidas no programa de assistência do FMI, o que resultou na continuidade de políticas fiscais contracionistas. Em 2019 o governo argentino realizou tentativas de renegociação do empréstimo adquirido com o FMI em 2018. O pagamento da dívida pública em moeda estrangeira somado à política cambial levou a uma queda de reservas internacionais de US$ 1,9 bilhões em 2019. (CEPAL, 2020a)

            No ano de 2020 a economia argentina sofreu uma queda ainda maior que nos anos anteriores: 9,9%. Em 2020 iniciou-se a pandemia por covid-19, que teve impactos negativos sobre o consumo, os investimentos e as exportações argentinas. A Argentina iniciou um novo governo em dezembro de 2019 e esse optou por promover uma reestruturação da dívida pública externa no ano de 2020. Devido a abrupta queda na economia argentina, ao final de 2020 a dívida pública argentina correspondia 102,8% do PIB. (CEPAL, 2021a)

            Ainda no ano de 2020 o governo argentino tomou a iniciativa de reestruturar sua dívida pública externa, o que resultou em redução da taxa de juros e condições mais flexíveis de vencimentos. A política fiscal argentina sofreu alteração em 2020, tendo como foco a alocação de recursos públicos para setores sociais e econômicos mais afetados pela pandemia. No marco das renegociações da dívida pública externa argentina, em 2020, o governo argentino levou a cabo um conjunto de tratativas com o FMI no intuito de modificar as condições do empréstimosolicitado pelo governo em 2018 (CEPAL, 2021a). Sobre a reestruturação da dívida pública externa argentina:

 

En 2020, el Gobierno de la Argentina alcanzó un acuerdo con sus acreedores que permitió reestructurar la deuda pública en moneda extranjera en poder de privados. Las condiciones del canje implicaron una reducción de la tasa de interés de esta parte de la deuda (del 7% al 3%), un alivio de los vencimientos en los próximos años (la carga se redujo 42.500 millones de dólares en los primeros cinco años y 37.700 millones de dólares en los próximos diez) y una disminución del capital del 1,9%. (CEPAL, 2021a, p. 2)

 

            No ano de 2021 a economía argentina teve uma recuperação depois de três anos consecutivos de queda. O crescimento econômico argentino no ano de 2021 foi de 10,4%.  Em 2021 o governo argentino conseguiu pactuar um acordo com o FMI que gerou um certo alívio nos vencimentos dos créditos obtidos com o fundo em 2018. Em 2021 as reversas estrangeiras argentinas aumentaram para US$ 38,2 bilhões (CEPAL, 2022a). Conforme CEPAL (2022a, p. 4):

 

El banco central realizó compras netas de moneda extranjera por 5.000 millones de dólares en 2021, y tras el pago de vencimientos de deuda, la acreditación de los derechos especiales de giro (DEG) asignados por el FMI y el cómputo de otros factores contables, las reservas internacionales tuvieron un leve aumento de 300 millones de dólares y llegaron a los 39.700 millones de dólares a fin de año, equivalentes a un 8,1% del PIB. 

 

 

                No caso brasileiro, o ano de 2018 foi marcado por um crescimento de 1,1% do PIB, sendo que a taxa de inflação foi de 3,7% e a taxa de desemprego de 12,3%. Até maio de 2019 as reservas internacionais brasileiras tinham tido um aumento de US$ 11,45 bilhões em relação as reservas existentes no fim de 2018, já a dívida externa teve um aumento de US$ 1,8 bilhões no mesmo período. (CEPAL, 2019b)

Em 2019 iniciou um novo governo no Brasil que propôs um conjunto de reformas econômicas estruturais, como, por exemplo reformas fiscal, previdenciária, regulatórias, de abertura comercial e privatizações. No ano de 2019 o crescimento do PIB brasileiro foi de 1,1%. O ano de 2019 foi marcado por uma saída de US$ 51 bilhões de recursoso financeiros do Brasil, a qual foi compensada por uma redução de US$ 26,1 bilhões das reservas internacionais. Até junho de 2020 as reservas internacionais brasileiras tinham dimunuido US$ 8,1 bilhões em relação ao final de 2020, já a dívida externa diminui 11,7 no mesmo período (CEPAL, 2020b). 

            No ano de 2020 apandemia de covid-19 gerou efeitos sobre a economia brasileira, sendo que a queda do PIB foi de 4,1%. Em meio a pandemia, o governo brasileiro implementou uma política econômica que deu subsidio aos trabalhadores do mercado informal, micro e pequenas empresas e pessoas mais pobres. Em 2020 o déficit primário foi de 9,5% do PIB, o maior déficit primário desde o início do plano real. A dívida pública bruta brasileiraque era de 74,3% do PIB em 2019 aumentou para 88,8% do PIB em 2020. As reservas internacionais tiveram uma queda de US$ 200 milhões em 2020. Até junho de 2021 as reservas internacionais brasileiras sofreram uma queda de US$ 2,5 bilhões de dólares, mas a dívida externa brasileira diminuiu US$ 10 bilhões de dólares nesse mesmo período (CEPAL, 2021b).

            A atividade econômica equatoriana sofreu uma queda no ano de 2018. O crescimento econômico do Equador foi de 1,4% em 2018, sendo que em 2017 tinha sido de 2,4%. Em 2018 o governo equatoriano teve um resultado primário positivo, resultado de uma redução de déficits primários pelo governo que vinha acontecendo desde 2016. Uma das prioridades do governo equatoriano para o ano de 2018 foi conseguir um empréstimo externo. Em dezembro de 2018 a dívida pública total do Equador era formada por 28% de dívida interna e 72% de dívida externa (CEPAL, 2019c).

            Em 2019 o Equador realizou um acordo com o FMI que previa US$ 4,2 bilhões de dólares no período de três anos. Em contrapartida o governo equatoriano se comprometeu com um plano de ajuste fiscal que implica em redução dos gastos públicos. Ainda em 2019 o governo equatoriano adquiriu recursos externos em um total de US$ 6 bilhões de dólares junto a outros órgãos financeiros internacionais: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial, Fundo Latinoamericano de Reservas (FLAR), Banco Europeu de Investimentos (BEI) e Agencia Francesa de Desenvolvimento (AFD) (CEPAL, 2020c). 

            Um dos fatores que mais afetaram a economia equatoriana nos ano de 2018 e 2019 foi a queda no preço do petróleo. Em 2019 houve um incremento da dívida pública externa. No ano de 2019 a economia equatoriana cresceu 0,1%, mas os desembolsos do empréstimo com o FMI levou a um incremento de reservas internacionais e de liquidez na economia, mas a liquidez foi um problema, conforme Cepal (2020c, p. 1). 

 

A esto cabe añadir que la incidencia del sector externo y la gran incertidumbre sobre el contexto internacional complican las perspectivas de recuperación económica. En suma, el Ecuador se enfrenta a un grave problema de liquidez, en un proceso en que se está consolidando la dolarización. 

 

O saldo da dívida pública equatoriana no final de 2019 era de 53,4% do PIB, sendo que a dívida pública externa correspondia a 72,4% desse total. Em setembro de 2019 o governo equatoriano emitiu títulos soberanos  no mercado internacional em um total de US$ 2 bilhões e com vencimentos para 2025 (US$ 600 milhões) e 2030 (US$ 1,4 bilhões). Em 2020 o governo do Equador deu inicio a uma reestruturação da dívida pública externa. Em junho de 2020 o governo tinha recebido US$ 1,8 dos órgãos financeiros multilaterais e tinha a expectativa de recebimento de US$ 2,4 bilhões do Banco Industrial e Comercial da China e do Banco de Desenvolvimento da China.  (CEPAL, 2020c)

Em 2020 teve início a crise da pandemia de COVID-19 e o Equador foi um dos países mais afetados em termos sanitários e perdas humanas. A pandemia causou reduções nas exportações dos productos equatorianos. O PIB Equatoriano reduziu 7,8% em 2020 e o déficit fiscal foi de 6% do PIB. 

                Conforme Cepal (2021c, p. 1):

 

La política fiscal, la principal política coyuntural con que cuenta el país en un régimen de dolarización, fue procíclica en medio de una “triple” crisis. Frente a una insuficiencia de liquidez y un acceso costoso a los mercados financieros, los créditos multilaterales se posicionaron como la principal fuente de financiamiento del país, mientras que la deuda pública aumentó 11 puntos porcentuales y bordeó el 64% del PIB a fines de 2020. Esta inyección de liquidez se reflejó en la evolución de las reservas internacionales del país, que registraron una variación positiva en el segundo semestre de 2020 (19%), mientras que, en el primer semestre del mismo año, la variación había sido negativa (−3%). 

 

                Ao final de 2020 o FMI tinha disponibilizado US$ 4,7 bilhões ao Equador, dos quais 640 milhões eram provenientes do instrumento de financiamento rápido do fundo e 4,04 bilhões do serviço ampliado do fundo. Ainda em 2020 a dívida pública equatoriana chegou a US$ 63,16 bilhões, sendo a dívida externa composta por 45,37 bilhões de dívida com organismos financeiros multilaterais. Em 2020 houve uma mudança subtancial no perfil da dívida do Equador que os emrpéstimos externos junto a órgãos multilaterais passaram a representar uma quantidade maior os títulos emitidos no mercado internacional (CEPAL, 2021c).

                Em agosto de 2020 o governo equatoriano concluiu a renegociação de sua dívida, o que implicou em uma redução de US$ 1,54 bilhões de dólares do capital de seus bonos globais com vencimento em 2022 e 2030, uma redução dos juros para 5,3% e aumento do período de inseção do pagamento (CEPAL, 2021c).

            No ano de 2021, em meio a recuperação da crise da pandemia por COVID-19, a economía equatoriana cresceu 4,2%. Em 2021 a dívida pública externa equatoriana foi composta principalmente por empréstimos obtidos junto a orgãos financeiros internacionais (46%) e títulos emitidos no mercado internacional (38,5%) (CEPAL, 2022c, p. 3): 

 

Respecto a la deuda externa, destaca la contribución de los créditos multilaterales (46%) y de los bonos emitidos en los mercados internacionales (38,5%). Frente a diciembre de 2020, se observó un incremento del 6,7% en los préstamos externos dirigidos al país, como consecuencia de los desembolsos de los organismos multilaterales (12%), frente a la reducción del 16% y del 5%, respectivamente, en los convenios originales de los bancos y los gobiernos. 

 

            Entre os órgãos financeiros multilaterais se destacaram com credores do governo equatoriano o BID e o FMI, que respectivamente represetavam em 2021 33,5% e 32,4% da dívida pública externa. No que diz respeito a empréstimos resultantes de convenios governamentais o principal parceiro do Equador foi a China, sendo que do total de empréstimos oriundos de convenios governamentais 44% eran do Banco de Esportações e Importações da China e 34% do Bando de Desenvolvimento da China. Em 2021 aconteceu uma redução de 1% dos títulos equatorianos no mercado internacional. Ao final de 2021 a dívida pública total correspondia a 67% do PIB, sendo de US$ 72,1 bilhões, sendo US$ 26,1 bilhões de dólares de dívida interna e US$ 46,1% bilhões d edólares de dívida externa. O pagamento de juros das dívidas interna e externa em 2021 foi de US$ 1,45 bilhões de dólares, o equivalente a 1,5% do PIB (CEPAL, 2022c)

Conclusiones:

A questão da dívida externa perpassa a história da América Latina tendo seus antecedentes relacionados ao processo de independência das antigas colônias espanholas na região. Ao longo do tempo a dívida externa surge como elemento central de crises econômicas ao longo dos séculos XIX e XX. Dentre as várias crises econômicas relacionadas a dívida externa latino-americana merece destaque a crise que alcança seu ápice no ano de 1982 e que ficou conhecida como crise da dívida externa da América Latina. A crise da dívida externa da América Latina impôs um conjunto de problemas para a economia da região, mas também fez surgir diferentes ações e políticas para o enfrentamento da crise. Algo que foi bastante marcante na crise da dívida externa da América Latina diz respeito aos institutos internacionais para o enfrentamento da crise, os quais se caracterizaram como mecanismos internacionais de reestruturação ou integração regional financeira. 

Durante a década de 1980, os mecanismos internacionais de reestrutuação estiveram atrelados a acordos e programas de ajuste econômico do FMI, já a manifestação de maior destaque de integração regional financeira deu-se pelo Consenso de Cartagena. Diante do marco de duas configurações de institutos internacionais para enfrentamento às crises coube identificar quais delas mostrou-se mais presente em meio a crise da pandemia por COVID-19, o que foi realizado por meio do uso da técnica de análise de congruência nos casos de Argentina, Brasil e Equador.

A Argentina já vinha demonstrando problemas econômicos desde 2018, quando o país passou por uma crise cambial que resultou em uma queda de 2,5% de sua economia. Naquele contexto o governo argentino realizou um acordo com o FMI com o intuito de angariar recursos para o cumprimento de sua dívida pública externa e em contrapartida o governo se comprometeu em colocar em prática uma política de ajuste econômico. Em 2019 os problemas econômicos identificados no ano anterior se mantiveram, levando a um aumento da dívida pública em relação ao PIB. No ano de 2019 o governo argentino colocou em prática a política fiscal e monetária pactuada com o FMI. 

Em 2020 a Argentina inicia um novo governo e ainda tem que enfrentar o agravamento dos problemas econômicos diante da crise da pandemia de COVID-19, contexto no qual o governo argentino inicia um processo de tentativa de renegociação da dívida que só seria concretizado em 2021. Ainda que o governo argentino tenha praticado uma reestruturação de sua dívida pública externa e políticas de resgate de setores mais vulneráveis nos anos de 2020 e 2021, foi marcante o acordo realizado com o FMI e a execuação das políticas econômicas pactuadas neste acordo. A reestruturação da dívida externa argentina foi executada sob o marco legal de mecanismos internacionais e de organismos como o FMI. Diante das evidências levantadas há indícios de que entre os anos de 2018 e 2022 o governo argentino optou por institutos internacionais para o enfrentamento à crise que se caracterizam como mecanismos internacionais de reestrutuação.

A economia brasileira que já se apresentava em estagnação desde 2018 passa a sofrer um impacto em seus principais indicadores a partir de 2020, em meio à crise da pandemia de COVID-19. No entanto, pela investigação realizada não foi possível identificar uma deteriorização da dívida pública externa brasileira. Ainda que a reserva internacional tenha sofrido baixas, a dívida externa brasileira teve reduções entre os anos de 2018 e 2021. Com a investigação aos relatórios econômicos não foi possível identificar qualquer medida do governo brasileiro em relação a institutos internacionais relacionados à crise da dívida externa, o que pode se justificar também pelo fato do país não ter demonstrado passar por uma crise dessa natureza no período estudado. 

No caso equatoriano, o paíse vinha sofrido queda no crescimento econômico desde 2018, o que se agravou com a crise da pandemia de COVID-19 em 2020 e a queda na economia foi de 7,8%. Em 2019 o governo equatoriano realizou um acordo com o FMI que previu a disponibilização de US$ 4,2 bilhões de dólares pelo fundo e o governo em realizar ajustes fiscais baseados em redução de gastos públicos. O governo equatoriano também obteve empréstimos externos de outros órgãos internacionais como bancos chineses, BID, BEI, AFD e FLAR. Em 2020 o governo equatoriano leva a cabo um processo de reestruturação de sua dívida externa, mas essa não se contrapôs a nenhum marco normativo dos mecanismos internacionais e nem se deu em parceria com outros países latino-americanos. Tais evidências levam a crer que a política de institutos internacionais de enfrentamento à crise da dívida externa do Equador esteve marcada por mecanismos internacionais de reestruturação.

Bibliografía:

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______. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020: principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pospandemia de COVID-19. Brasil. Santiago (CL): Naciones Unidas, 2020b.

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______. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021: dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID-19. Argentina. Santiago (CL): Naciones Unidas, 2021a.

______. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021: dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID-19. Brasil. Santiago (CL): Naciones Unidas, 2021b.

______. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021: dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID-19. Ecuador. Santiago (CL): Naciones Unidas, 2021c.

UGARTECHE, Oscar. O que fazer diante de uma crise de dívida externa? Um olhar do Sul Global para um problema público e privado. Rede Latino-americana por Justiça Econômica e Social - Latindadd, 2022.

ZAVALETA GONZALEZ, Josué. Acumulación de deuda pública y política fiscal en América Latina. Inv. Econ. vol.79, n.314, pp.3-27. 2020.

Palabras clave:

América latina. Dívida externa. Institutos internacionais. Integração regional. Mecanismos de reestruturação.

Resumen de la Ponencia:

La dinámica mundial del siglo XXI hizo de la digitalización uno de los fenómenos más vistosos. Este hecho se fortaleció con su aceleración motivada por el Gran Confinamiento debido a la Pandemia por SARS-CoV-2, en donde se expandieron prácticas como el trabajo en casa y las actividades llevadas “a distancia”. A partir de ese momento se observó una nueva etapa de la cultura digital, la cual motiva al objetivo de esta ponencia: conocer la base material de los procesos de digitalización exacerbados por la pandemia, a través del estudio geopolítico y geoeconómico de la información, lo cual servirá para explicar un ejercicio de poder mundial muy particular en el siglo XXI. Si bien se recurre a la explicación de índices que posicionan a las empresas infomediáticas trasnacionales como las más beneficiadas en este lapso, es fundamental comprender, bajo la utilización del método transductivo propuesto por Henri Lefebvre, cómo se producen los espacios de la información, lo que permitirá al mismo tiempo indagar sobre ¿cuáles son las fuerzas que lo disputan? El desarrollo de la ponencia se compone de cuatro etapas, la primera de carácter introductorio donde se definen los objetivos, las variables y la metodología; una segunda enfocada al aspecto geopolítico, base para comprender el alcance de los conflictos cognitivos del siglo XXI. En la tercera se hará énfasis en el control geoeconómico de las tecnologías de la información y la disputa mediática que existe a nivel mundial. Este recorrido, tal y como lo sugiere la transducción, permitirá ver lo real en lo posible; es decir, reflexionar cómo se conforma la base material en disputa que sustenta la existencia de la información. En este planteamiento se propone aportar al estado del arte de los estudios relacionados con el grupo de trabajo de ALAS.

Resumen de la Ponencia:

Este trabalho tem como objetivo apesentar e discutir o conceito de feminismo popular a partir das experiências das mulheres das favelas do Rio de Janeiro que são publicamente reconhecidas como lideranças comunitárias. A feminização do poder em curso nos espaços populares apresenta uma diversidade de experiências protagonizadas pelas mulheres que incidem diretamente nos modos de vida das favelas, com notada importância através do seu ativismo social e político. Nossas reflexões partem das epistemologias feministas e decoloniais que nos permitem perceber as resistências geralmente invisibilizadas pela colonialidade do gênero e muitas vezes ignoradas pelo feminismo hegemônico. Metodologicamente, este estudo se alicerça em uma pesquisa qualitativa na qual foram realizadas entrevistas com 200 mulheres publicamente reconhecidas em 169 favelas do Rio de Janeiro no período de 2019 a 2021. Dentre as participantes deste estudo, 91% se declaram pretas e pardas, 66,7% são mães, 61% acessaram o ensino superior sendo que 13,6% possuem pós-graduação, 100% possuem atuação em rede. Apoiamo-nos, principalmente, nas respostas à questão sobre se considerarem feministas ou não. Dentre o conjunto das entrevistadas, 65,2% afirmaram que sim e 34,8% não. As motivações pela qual não se reconhecerem feministas, perpassa por argumentos como “luto por pessoas”, “radicalismo”, entre outros. No entanto, ao verificarmos suas práticas, notadamente atuam em apoio a outras mulheres e suas famílias e são árduas defensoras dos direitos humanos e sociais. Sendo assim, propomos uma definição ampliada do feminismo popular que se caracteriza pela subjetividade específica dessas mulheres, sua articulação em rede, um compromisso radical pela favela e uma temporalidade de ação diferenciada na cidade. Ao utilizar o termo feminismo popular, corremos dois riscos: colocar numa única categoria uma diversidade de mulheres que não se reconhecem necessariamente; e dar prioridade à luta contra as desigualdades de gênero e às relações sociais em que se baseiam. Sem ignorar esses potenciais lacunas, continuamos a acreditar que é importante reconhecer a contribuição dessas mulheres para a luta contra as relações de poder baseadas no gênero e para a nossa integração, como feministas, das suas percepções, experiências e teorias. Historicamente imersas em perversas relações de poder, as mulheres a que aqui nos referenciamos trilham, por caminhos possíveis, uma construção social baseada no reconhecimento, na solidariedade, na valorização do outro e no entendimento de uma sociedade que carece de compreensão dos significados sociais que refletem sua história de passado e presente. O feminismo popular aqui proposto considera todas essas variáveis e correlações, transitando de suas práticas feministas para seu sentido de feminismo, construção essa que também se remete a um poder negociado, pois tais reflexões são produto de uma construção teórica pactuada com quem a faz na prática. 

Resumen de la Ponencia:

Amplia evidencia ha mostrado que las mujeres están subrepresentadas en las carreras STEM, mientras que los hombres están subrepresentados en humanidades, salud y educación. Estas diferencias están estrechamente vinculadas con las brechas de género en las pruebas estandarizadas de rendimiento que determinan el acceso a la educación superior. Sin embargo, los factores que explican las brechas de rendimiento en estas pruebas competitivas de alto impacto no están totalmente comprendidos. En este estudio, utilizamos datos de parejas de hermanos mellizos de distinto sexo que rindieron una prueba nacional de rendimiento estandarizada en educación secundaria -que no tiene impacto en sus trayectorias educacionales- y la prueba que determina el acceso a las universidades más selectivas de Chile. A través de la estimación de modelos que predicen los puntajes de los estudiantes en ambas pruebas, analizamos en qué medida las pruebas competitivas de alto impacto acrecientan las brechas de género en el rendimiento de Matemáticas y Lenguaje. Nuestros resultados muestran que las pruebas competitivas afectan negativamente el desempeño de las mujeres, lo cual podría deberse a una mayor aversión a la competencia y/o al riesgo por parte de ellas. Para el caso de Matemáticas, existe una brecha de género a favor de los hombres en ambas pruebas analizadas, la cual crece en la prueba de acceso a la universidad, sobre todo en los estudiantes de mayor rendimiento. Considerando que las mujeres están negativamente estereotipadas para las Matemáticas, la “amenaza del estereotipo” podría estar perjudicando a las estudiantes de mejor rendimiento, que son aquellas que van contra el estereotipo. Mientras, en Lenguaje, las mujeres tienen mejor rendimiento que los hombres en la prueba estandarizada que rinden en la educación secundaria, situación que se revierte en la prueba de acceso a la universidad. En este caso no encontramos evidencia de que el efecto de género observado en la prueba competitiva dependa del nivel de rendimiento de los estudiantes.

Resumen de la Ponencia:

Luego de un largo proceso de ajustes de más de 30 años, la universidad pública mexicana vive momentos de cambio provocados por las reformulaciones del plan gubernamental sobre lo que deben hacer las universidades mexicanas para resolver la demanda social.En el largo plazo, los ajustes fueron para fomentar la calidad educativa y el acercamiento a las necesidades de lo global entendido como las perspectivas del mercad. Así, se modificaron planes y programas de estudios de las más diversas profesiones y se fomentó el ímpetu competitivo de la academia mexicana para elevar globalmente sus estándares. Los alcances, no obstante, fueron limitados en el sentido del débil impacto de los nuevos profesionistas en el medio laboral.En este trabajo se quiere reflexionar lo anterior, teniendo como soporte informativo los resultados de una investigación de la perspectiva de los universitarios de cuatro universidades públicas mexicanas (UAM, UATX, UAN y la UNACH), haciendo un acento comparativo entre la primera, la UAM, y el resto. Lo destacable puede ser descrito como la emergencia de valoraciones críticas de los universitarios, ante una  formación profesional  que no logra insertarse en la lógica global y pone en riesgo el sentido social de la universidad pública.La cuestión pues, lleva a examinar en detalle  los discursos de estudiantes y académicos ante los imperativos del mercado y las orientaciones de la formación profesional, considerando los enormes contrastes que se presentan entre universitarios de una universidad federal y otras estatales. El estudio quiere establecer una reflexión final dados los nuevos elementos del gobierno de la 4 T referidos a la educación superior que hoy son el tema ineludible. 

Resumen de la Ponencia:

El desplazamiento interno forzado es un fenómeno global que ha estado presente a lo largo de la historia pero que se recrudece en momentos donde el conflicto y la violencia están presentes. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), define a los desplazados internos como “personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales causados por el hombre” (ACNUR, 1998). De acuerdo con el Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados, para finales de 2018, 41,3 millones de personas se vieron desplazadas internamente debido a conflictos armados, violencia generalizada o violaciones de los derechos humanos (ACNUR, 2020).En América Latina, dos son los países que, de acuerdo con el Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados (IDMC), tienen al 31 de diciembre de 2019 un alto número de desplazados internos: Colombia, con un total de 5,576,000 personas desplazadas por conflicto y violencia; y México, con un total de 345,000 personas desplazadas por los mismos motivos.En México, el desplazamiento interno forzado no es un fenómeno reciente,  se encuentra presente desde la década de los setenta,  ocasionado principalmente  por la intolerancia religiosa, conflictos comunales y disputas tanto por tierras y recursos naturales en estados como Nayarit, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (CMDPDH, 2014). El recrudecimiento de la violencia, poco tiempo después de iniciada la llamada Guerra contra el Narcotráfico, durante el período presidencial de Felipe Calderón, reactivó el desplazamiento interno tanto en las comunidades indígenas como en los contextos urbanos. Si bien ambas poblaciones transitan por distintas etapas dentro del proceso de desplazamiento, se pondrá especial atención en los grupos indígenas que, tras haber enfrentado el desplazamiento por violencia, llegaron a la ciudad para asentarse en la misma.Al elegir la ciudad como nuevo lugar de asentamiento, los grupos indígenas  no sólo se enfrentan a condiciones materiales deplorables (falta de un lugar donde vivir, hacinamiento, desempleo discriminación), sino que enfrentan “[…] conflictos, choques, destrucciones y reconstrucciones, tanto en el plano de la identidad individual como colectiva”(Bello, 2001: 16). Al mismo tiempo, comienza una disputa por el espacio frente al “otro”. Por lo anterior, el principal interés de la investigación es analizar la forma en la que los grupos indígenas desplazados se apropian del espacio urbano, en donde además, enfrentan otro tipo de violencias. 

Resumen de la Ponencia:

Las ciudades se constituyen en las áreas de mayor consumo de energía y alimento, pero las grandes migraciones del área rural a la urbana provoca no solo una pérdida del sector agropecuario, sino dificultades en el seguimiento de dietas saludables.  La misma dinámica urbana demandante de nuevas estructuras alimentarias transforma y trastoca la memoria alimentaria, la cocina tradicional y los hábitos de consumo alimenticio acostumbrados.  En el país, la comida tradicional y sus técnicas de producción, elaboración y consumo, se  caracterizan por su alto valor nutritivo, pero también por su riqueza sociocultural y símbolos de identidad. La ciudad de Quetzaltenango es la segunda más grande e importante del país guatemalteco y en las últimas décadas denota una expansión urbana sin precedentes, a la vez de una  creciente participación de nuevas cadenas y sistemas de alimentación  que se caracterizan por platillos ultraprocesados que están  colonizando las mesas de la ciudadanía.  Estos  nuevos hábitos de consumo indudablemente  impactan en la salud, el ambiente, la pobreza, la resistencia y soberanía alimentarias. El paisaje alimentario, lo hemos de entender desde una perspectiva relacional, que busca comprender la diversidad de actores , motivaciones y escalas, así como la configuración de la ciudad que define la experiencia alimentaria en barrios y ciudades. En este sentido el proyecto del paisaje se constituye en una mediación cultural que facilita la visión crítica sobre el abuso del territorio y la definición de nuevos criterios de uso, así como la visualización de un paisaje que disminuya las brechas alimentarias  que existen entre lo rural y lo urbano y poblaciones marginadas  que se enfrentan día a día con la  inseguridad alimentaria  y con nuevas formas de hambre y malnutrición.Este estudio realiza un retrato de esa ciudad  desde una perspectiva de la teoría de la Dona y con un pensamiento holístico,  comprendiendo que la ciudad se debe constituir en un hogar de gente próspera  con respeto al bienestar de todas las personas y la salud de todo el planeta. En ese sentido persigue caracterizar el paisaje alimentaio a escala, específicamente en un corredor de la ciudad que se caracteriza por su diversidad  poblacional  y su estructura urbana, además de interpretar la cultura y la memoria alimentaria del barrio,  interpretar el comportamiento alimentario y sus impactos en la salud y los aspectos socioculturales de la ciudad. El estudio es abordado desde una metodología míxta que combina diversos enfoques y técnicas de investigación, esto, con el fin de alcanzar una aproximación más fiel a la realidad alimentaria de la ciudad.    

Resumen de la Ponencia:

El presente reporte se desprende de un proyecto mayor que estudia la respuesta que las familias del medio rural dieron a las tareas escolares durante el período de la pandemia del covid-19. Este tiene como propósito mostrar cómo la persistencia de algunas tradiciones, en este medio, ayudaron tanto en la gestión de las tareas del hogar como de las tareas escolares. El análisis de escuelas unitarias en Colombia y en México permitió encontrar ciertas similitudes.En este sentido, resulta importante indagar sobre la respuesta de las familias durante el cierre de las escuelas, para explorar su acompañamiento a la función social para la que fueron diseñadas. De acuerdo con Crespillo, E. (2010) y Carrillo (2018) son estos actores educativos quienes, trabajando mancomunadamente, dan vida a la escuela, aportando a la formación de esos seres humanos que los unen, cuya formación es interés de todos. Se inicia con un breve repaso de las principales teorías que vinculan a la educación con el desarrollo para mostrar como en estas se percibe a la ruralidad como una antesala de lo urbano y a la educación rural como un canal de “urbanización”. Se analizan los fundamentos de la escuela unitaria en Colombia y en México como parte del contexto de las dos escuelas estudiadas, asumiendo que estas son un grupo, para nada homogéneo, de personas que difieren en cuanto a edad, sexo, pensamientos y que terminan por formar juntos una comunidad donde hay espacio para la socialización, para integrarse e interactuar; en el que se tienen como prioridad las relaciones interpersonales, la convivencia, ese encuentro con el otro. Al cerrarse las escuelas durante la pandemia, ¿en qué medida ese rol de la escuela fue asumido por las familias? Aún en los escenarios de la nueva ruralidad, en los que la actividad agropecuaria adquiere mayores elementos industriales e incluso es acompañada por otras actividades económicas, subsisten algunas características tradicionales de la vida rural que jugaron un papel importante durante la pandemia, tanto para la gestión de las tareas del hogar, como para las tareas de la escuela. Entre los principales hallazgos, mediante entrevistas realizadas a padres de familia de las dos escuelas estudiadas se encontró que la participación activa en la distribución y asignación de tareas entre los miembros de la familia, así como la presencia de la familia extendida, características de la población rural, fueron factores clave en la activación de respuestas escolares durante el período de pandemia. 

Introducción:

Se inicia con un breve repaso de las principales teorías que vinculan a la educación con el desarrollo para mostrar como en estas se percibe a la ruralidad como una antesala de lo urbano y a la educación rural como un canal de “urbanización”. Se analizan los fundamentos de la escuela unitaria en Colombia y en México como parte del contexto de las dos escuelas estudiadas, asumiendo que estas son un grupo, para nada homogéneo, de personas que difieren en cuanto a edad, sexo, pensamientos y que terminan por formar juntos una comunidad donde hay espacio para la socialización, para integrarse e interactuar; en el que se tienen como prioridad las relaciones interpersonales, la convivencia, ese encuentro con el otro. 

Al cerrarse las escuelas durante la pandemia, ¿en qué medida ese rol de la escuela fue asumido por las familias? Aún en los escenarios de la nueva ruralidad, en los que la actividad agropecuaria adquiere mayores elementos industriales e incluso es acompañada por otras actividades económicas, subsisten algunas características tradicionales de la vida rural que jugaron un papel importante durante la pandemia, tanto para la gestión de las tareas del hogar, como para las tareas de la escuela. Entre los principales hallazgos, mediante entrevistas realizadas a padres de familia de las dos escuelas estudiadas se encontró que la participación activa en la distribución y asignación de tareas entre los miembros de la familia, así como la presencia de la familia extendida, características de la población rural, el rol de la mujer, madre, abuela hermana, de estar siempre en casa, cumpliendo con las labores domésticas y ahora con las tareas académicas de los niños, valiéndose de los restringidos recursos y medios tecnológicos a que tenían acceso, en muchos casos también los limitados conocimientos, fueron factores clave en la activación de respuestas escolares durante el período de pandemia. 

 

Teorías del desarrollo

En las teorías de la modernización,  tanto en las teorías lineales, como en las teorías dualistas, la noción de ruralidad está asociada al “retraso” de unas sociedades (o de unas comunidades) respecto de otras que están más “avanzadas”.  En estas, se asume que la educación rural contribuirá a la modernización de las sociedades rurales; sin embargo, como se verá enseguida, los procesos de transformación de las sociedades son de carácter complejo y hasta contradictorio. 

Las sociedades no transitaron de una etapa del tercer hacia el primer mundo, ni de una etapa de “despegue” hacia una de “consumo conspicuo” (Rostow, 1960),  como  suponían las teorías lineales del desarrollo al tomar como modelo el camino seguido por los estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unidos al asignar inversiones para “capital humano” (Harbison & Myers, 1961; Schultz, 1961) y que solo produjeron un crecimiento en la escolaridad, pero solo fue más de la misma educación. 

Las sociedades tampoco transitaron de manera absoluta de lo “simple” a lo “complejo”, ni de lo “tradicional” a lo “moderno”, como proponía la teoría “prismática” (Riggs, 1964), de donde se desprendieron las primeras propuestas para diversificar los sistemas escolares y capacitaciones para adecuarlos a las necesidades de mano de obra mayormente especializada de los distintos sectores y ramas de la economía, de ahí devienen los enfoques de “recursos humanos” en la planificación educativa.

Es cuestionable la idea de la autodeterminación de las sociedades como aspiración en las teorías dualistas e incluso en las teorías de la dependencia, cuando más bien la interdependencia se ha acentuado en los procesos de globalización, además de haber alcanzado las sociedades una mayor interdependencia no solo económica, sino también tecnológica y cultural (Ianni, 1998; Tomlinson, 2007). La educación adquiere un nuevo énfasis en su función de promover una articulación funcional de las sociedades con la economía mundial; la competitividad, la internacionalización, los estándares internacionales, la acreditación adquieren una mayor centralidad y persistencia en las políticas de reforma educativa (Ornelas, 2020).

El factor común de la ruralidad en la perspectiva de las teorías del desarrollo es que esta es visualizada como la antesala de lo urbano. Desde las distintas teorías del desarrollo de las sociedades, la ruralidad representa el retraso, el lastre que se debe remolcar hacia la modernidad. En las teorías lineales la ruralidad representa las áreas pobres que hay que sacar del retraso, en las que hay que apuntalar el despegue económico; en las teorías prismáticas las áreas rurales deben ser integradas a la industrialización, ya sea en su vertiente agroindustrial o en la manufactura de exportación; en las teorías dualistas la tarea del desarrollo rural consiste en hacer llegar a sus comunidades los beneficios de la vida urbana. Paradójicamente, de acuerdo a las teorías del desarrollo, el avance de lo rural consiste en su desruralización, es decir en su urbanización (Mendoza, 2004).

Ante la escasa eficacia de las teorías del desarrollo como sustento de políticas que no solo han generado disparidades regionales y grandes desigualdades sociales, sino también graves daños ambientales, han tomado fuerza distintas narrativas centradas en el desarrollo sustentable, concebido como un “paradigma que le puede asegurar a la sociedad global una progresión en el transcurso  del tiempo,  ya  que representa  la  idea de perpetuar el progreso y respetar a la naturaleza”  (Ayala Esquivel & Cabrera Tapia, 2022, pág. 84). De acuerdo a la narrativa de este enfoque, se busca atenuar las disparidades económicas y sociales así como  promover un crecimiento más equilibrado y amable con el medio ambiente. Una de las grandes tareas de la educación será promover un compromiso social y ambientalmente responsable.

 

Nueva ruralidad

Las políticas de desarrollo sustentadas en las teorías anteriores  han tenido en su paso efectos trasformadores, produciendo lo que se ha denominado una “nueva ruralidad”. Las disparidades regionales, tanto como las inequidades sociales insostenibles,  han producido una migración masiva y creciente hacia los centros urbanos nacionales e internacionales, despoblando comunidades rurales y generando con ello una debilidad en la producción de alimentos, con sus consecuentes problemas para abastecer las crecientes concentraciones demográficas. 

            Ante el anacronismo de la dicotomía teórica rural-urbana de las teorías enunciadas en la sección antecedente, la sociología rural ha ido introduciendo conceptos más adecuados como rurbanización, agrociudades, agricultura periurbana, entre otros, que intentan dar cuenta de los nuevos procesos  (Delgado Campos, 1999) que dan cuenta de una nueva ruralidad.

En esa tesitura. la ruralidad ha vivido transformaciones importantes; se propició la venta y renta de la tierra, la agricultura por contrato, la introducción de agroindustrias, así como una mayor diversificación de actividades económicas relacionadas con el turismo rural, los servicios comerciales y de alimentos, empresas maquiladoras, al tiempo que un mayor desarrollo de las comunicaciones y los transportes, impactos ambientales, derrames de hidrocarburo, inseguridad, de tal forma que, cuando fue posible, una gran parte de la población rural inició el cambio hacia otras ocupaciones. En algunos territorios el medio rural, con sus tradiciones y sus expresiones culturales, como anteriormente se le conocía, ha pasado a formar parte del mundo de la nostalgia.

Familia rural

Son notorios los cambios en la estructura familiar que en las últimas décadas se han producido en sociedades industrializadas. Martin Carnoy (2006) ha observado el comportamiento de sociedades altamente industrializadas como las de algunos países de Europa y los Estados Unidos, en las que al tiempo que se observa un crecimiento de personas solteras, también se observa un incremento en la cantidad de parejas sin hijos y también de familias monoparentales. Para este autor, los cambios en la estructura de las familias son parte de los cambios en la estructura del trabajo y del mercado laboral. 

Con la intensificación de la competitividad global, explica este autor, el tiempo adquiere una importancia mayor, y una estructura laboral más flexible utiliza un tiempo mayor de los individuos para el desempeño de una cantidad mayor de tareas; aunque aparentemente esta flexibilidad permite una mayor oportunidad para combinar la dedicación al trabajo y la familia, contradictoriamente también presiona a los individuos a tener una mayor disponibilidad para las necesidades del trabajo, hasta llevarlo a un compromiso total con este y con “lo cual necesariamente relega la vida familiar a una prioridad menor” (Carnoy, 2006, pág. 374) 

Si bien algunos aspectos del estudio anterior podrían tener alguna similitud con aquellas zonas urbanas de América Latina en las que se observan indicios de flexibilidad en los mercados laborales de algunas ramas de la economía (Lladó Lárraga, Sánchez Rodríguez, & Navarro-Leal, 2013), lo cierto es que sobre la familia rural en América Latina se ha investigado escasamente. De acuerdo a Vargas Calle (2022), más que hablar de familia se debe hablar de las familias (en plural), por la unicidad, variedad y complejidad que cada una presenta.  En el análisis que ella realiza sobre las investigaciones encontradas, manifiesta que las familias presentan contradicciones, al mismo tiempo que reproducen tradiciones también deben adaptarse a los cambios de su contexto inmediato, “que sea un puente entre sus miembros hacia el ámbito social, pero que también provea un espacio de intimidad y protección” (Vargas Calle, 2022, pág. 2).

En el análisis que esta autora hace sobre las investigaciones más representativas, entre otros hallazgos, encontró que contrariamente a la creencia de que es el abandono del trabajo agrícola lo que hace emigrar a los miembros de las familias hacia las ciudades o incluso hacia otros países, las razones expuestas expresan lo contrario, lo hacen precisamente para “mejorar el trabajo agrícola, siendo el ideal de los migrantes que al retornar puedan adquirir más tierras y consolidarse en sus comunidades, mejorando sus viviendas y las estrategias de cultivo” y que “la migración temporal se mantiene con la finalidad de ir adquiriendo capital para seguir invirtiendo en sus lugares de origen, retornando en épocas específicas para poder participar en las fases previas de la cosecha” (pág. 4).

Sobre otra de las investigaciones analizadas, comenta Andrea Vargas Calle, se encontraron tres tipos de actividades que hacen a la vida cotidiana de la familia rural: el trabajo no agrícola que permite algún ingreso extra; el trabajo agrícola que genera cosechas tanto para la venta como para el autoconsumo; y las actividades de la casa que recaen en la madre, nueras, hijos e hijas, tareas que se distribuyen según la edad: “los pequeños alimentaban a los animales, los medianos ayudaban en la cocina y los mayores iban a trabajar con el padre” (pág. 6). En resumen, a través de las investigaciones revisadas se puede observar, por una parte, que las migraciones de la población rural no necesariamente generan un abandono de las labores del campo, sino más bien buscan reforzarlas mediante las remesas de recursos y la adquisición de otras técnicas; y por otra que la familia extendida continua siendo la estructura dominante en el medio rural de América Latina.

Desarrollo:

Educación, familia y nueva ruralidad

Así como la ruralidad se percibe desde las perspectivas del desarrollo, como un retraso en la llegada a la modernidad, la educación es visualizada como un canal de modernización y movilidad social. En esta la familia deposita grandes expectativas, aunque las escuelas generalmente se perciben como “inacabadas” o “incompletas”. Por la escasa y dispersa población, a menudo se trata de escuelas rurales de concentración y de escuelas multigrado, que generalmente son consideradas por sus maestros como escuelas “de paso”, para quienes en varios países se han implementado programas para promover su arraigo. 

Diversos estudios dan cuenta de las bondades que tiene el acercamiento entre escuela y comunidad. Ortega Arias y Cárcamo Vázquez (2018) revisaron investigaciones orientadas al análisis de las relaciones entre las familias y las escuelas y encontraron conclusiones contundentes: “un buen clima organizacional, buenas relaciones personales, trabajo colaborativo entre las familias y las escuelas favorece a los buenos aprendizajes” (pág. 115). Se reconoce una necesaria reciprocidad de relaciones, en tanto que las familias reconocen en la escuela “la posibilidad de que sus hijos adquieran las credenciales educativas que faciliten su inserción al mercado laboral futuro y a una movilidad social ascendente” (pág. 116), aspiraciones que en el medio rural (antiguo o nuevo) no difieren de las aspiraciones familiares del medio urbano.

Sin embargo, a pesar de dichas aspiraciones comunes, las familias no comparten el mismo tipo de escuelas, a diferencia de las escuelas graduadas con grados y currículos homogéneos del medio urbano, en el medio rural es común encontrar escuelas multigrado, las que, desde la perspectiva urbana, son consideradas como escuelas “incompletas”, “en transición” en correspondencia con las teorías del desarrollo que consideran a la ruralidad como antesala de lo urbano, en una situación temporal, en una etapa de transición hacia la modernidad. Se localizan generalmente en las localidades rurales más pequeñas y dispersas y consisten en pequeñas escuelas en las que un docente atiende a estudiantes de distintos grados, edades y niveles en una misma aula. Para el caso de México, un informe del 2019 indicaba que 78.3 % de estas escuelas se situaban en zonas de alto y muy alto nivel de marginación y 84.9 % en los niveles más altos de aislamiento y que “una de cada tres escuelas públicas de educación básica (36.7%) son multigrado” (Castro, Perales, & Priego, 2019).

En cuanto a Colombia, la primera Escuela Unitaria estuvo en Pamplona, departamento de Santander, a cargo del maestro Oscar Mogollón en los 1960s. Más adelante la escuela se multiplicó en 150 escuelas piloto. Es así como en el año 1967 el gobierno colombiano extiende la metodología de la Escuela Unitaria a todas las escuelas multigrado del país. Programa que en 1985 logró llegar a 8000 escuelas y es así como el gobierno Colombiano adopta el programa como estrategia para universalizar la educación primaria rural. Más adelante en julio de 1990 mediante el decreto numero 1490 el gobierno nacional dice que La Metodología Escuela Nueva se aplicará prioritariamente en la educación  básica en  todas las áreas rurales del país, con el fin  de  mejorarla cualitativa  y  cuantitativamente (MEN, 1990) 

Dos escuelas unitarias

Nuestro interés por estudiar estas escuelas reside en el hecho de que estas representan la profundidad de las escuelas rurales y las relaciones entre estas y la comunidad.  El contexto de la pandemia por el Covid 19 permitió analizar la respuesta que las familias del medio rural tuvieron frente al traslado de la educación hacia los hogares. Específicamente las categorías de estudio fueron el rol parental, el tiempo y la gestión de las labores escolares y domésticas, pero esta contribución está centrada en la importancia de la familia extendida para enfrentar este tránsito.  La resistencia de las familias rurales a transformar su estructura, como lo han hecho las familias urbanas, les permite enfrentar y sobrevivir tanto al confinamiento como a los avances de la “nueva ruralidad”.  

El estudio de dos escuelas multigrado en sendas comunidades rurales de México y Colombia, muestran cómo, gracias a su estructura extendida, las familias transitaron a través del período de pandemia.  

La escuela Praxedis Balboa es una escuela multigrado, en la que un docente atiende a 10 niños y  se encuentra ubicada en un pequeño poblado del mismo nombre, en el Municipio de Villa de Casas, del Estado de Tamaulipas, el cual de acuerdo con el Censo de Población del 2020 estaba integrado por 113 habitantes (52 mujeres y 61 hombres) agrupados en 26 viviendas equipadas con energía eléctrica y agua entubada, todas cuentan con un televisor, pero ninguna con computador o Tablet, aunque el 80 % cuenta con al menos un teléfono celular. El grado de escolaridad de los adultos ronda el sexto grado. El poblado agrícola se encuentra aproximadamente a 25 km de la cabecera municipal y a unos 20 km al oriente de Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas.

En cuanto a la escuela Misael Pastrana Borrero ubicada en la vereda la linda del municipio de Pensilvania, departamento de Caldas, perteneciente a la Institución Educativa Santa Rita, esta es una escuela unidocente, una maestra atiende a 15 estudiantes desde el nivel preescolar al grado quinto, orienta todas las asignaturas, asegurando 5 horas efectivas de clase al día, a cada uno de sus estudiantes. A la escuela pertenecen además 13 familias con niños en edades escolares de las 28 familias que conforman la comunidad. 

Se trata de una comunidad cafetalera, por tanto, los padres de familia se dedican al cultivo del café en su mayoría, acompañado de plátano, yuca y diferentes árboles frutales. Las madres de familia están la mayor parte del tiempo en casa, atendiendo las labores domésticas. Tanto padres como madres cuentan con educación primaria, algunos tienen secundaria incompleta y pocos son los que han terminado su bachillerato. Se encuentra a 15 kilómetros de la cabecera municipal, por vía terciaria sin recubrimiento asfaltico, tipo terracería o destapada. Y  a 155 kilómetros de Manizales, ciudad capital del departamento de Caldas.

Se diseñó una entrevista con cinco preguntas abiertas las que se aplican a los padres de familia o acudientes a manera de conversación grabada y posteriormente transcrita. La entrevista fue aplicada con previa validación en las familias colombianas en conversación directa con ellas, cumpliendo con protocolos de bioseguridad y de la misma manera se hizo en México.

En México se aplicó a ocho madres de familia o acudientes de la escuela primaria Praxedis Balboa Gojon ubicada en Villa Casas en el estado de Tamaulipas. En Colombia se aplicó a 13 madres de familia o acudientes (tutores) de los estudiantes de la escuela Misael Pastrana Borrero perteneciente a la Institución Educativa Santa Rita ubicada en la vereda la Linda del municipio de Pensilvania. Al oriente del Departamento de Caldas. 

Análisis de información 

La información recolectada fue muy importante porque permite registrar la dinámica organizacional de las familias durante la pandemia: la conformación de las familias, la distribución de las actividades, la atención de las tareas escolares. Un primer registro de observación es que en ambas comunidades las familias son del tipo extendido, en el que los abuelos, además de la pareja central y los hijos, comparten un mismo techo, además de que entre las distintas familias existen también relaciones interfamiliares, aunque sus hogares en ocasiones no sean contiguos. El trato entre los distintos miembros de las familias es de cercanía y colaboración, a pesar de los naturales conflictos que surgen de la interacción cotidiana en pequeñas comunidades como las que aquí se exploran.

            Al hacerse cargo de la educación de los niños al mismo tiempo que la realización de los trabajos que permiten la subsistencia sin dejar de lado las tradicionales labores del hogar. Distintos entrevistados manifestaron que una vez iniciado el confinamiento todas las rutinas se vieron trastocadas, “en ocasiones no era suficiente el tiempo para hacer las tareas de la casa y además ayudar a los hijos en las tareas”. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para organizarse. Mientras los hombres adultos salían a las labores del campo (nunca dejaron de hacerlo).

En cuanto a la rutina y el tiempo la mayoría manifiesta que la rutina cambió mucho, que en ocasiones no era suficiente el tiempo para hacer las tareas de la casa y a la vez ayudar a los hijos en las tareas escolares. La mayoría dice que no tenía hora fija para estudiar, se programaban para que entre todos hicieran labores de la casa y posteriormente las tareas de la escuela. Y a su vez los maestros estuvieron disponibles todo el tiempo para aclarar dudas, por llamadas, mensajes.

La pandemia hizo que diferentes miembros de la familia anteriormente radicados en ciudades capitales, regresaran al campo a convivir con sus parientes en un mismo lugar, padres, primos, tíos, abuelos y otros consanguíneos o afines. Todos vinculándose al proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  En muchos casos en ambos países las abuelas manifiestan quedarse en casa con sus nietos para que lo hijos puedan salir a responder con sus obligaciones laborales y llevar el sustento económico a casa.

Conclusiones:

Tanto en Colombia como en México se encontró que son las madres de familia o acudientes, en algunos casos las abuelas, quienes estuvieron siempre dispuestas a apoyar a los niños en el proceso de enseñanza aprendizaje desde casa. Los hombres de las familias son, como generalidad, quienes salen al campo en busca de los recursos económicos para el sostén del hogar. 

Las herramientas tecnológicas para ofrecer una educación virtual o a distancia fueron siempre muy limitadas en ambos países, por lo que se ofreció una educación no presencial, mediada por recursos a los que hubo acceso, en ambos casos los útiles escolares de los estudiantes, guías impresas y haciendo uso de los equipos de la escuela, los teléfonos celulares que en la mayoría de familias estuvo presente, llamadas telefónicas, videos, audios, video llamadas.

En cuanto los conocimientos con que contaban las familias rurales de ambos países se coincide en que fueron limitados, muchas madres y abuelas comentaron no haber terminado sus estudios de básica primaria y no sabían cómo ayudar a los niños, no comprendían los talleres, por lo que fue necesario  solicitar ayuda a otras personas, incluido el maestro y maestra que siempre estuvieron disponibles a través de llamadas y mensajes. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje durante el tiempo de pandemia, específicamente en las escuelas rurales unitarias, hubo vinculación de todos los miembros de la comunidad, esta vez no era una labor meramente de la escuela apoyada con los padres o acudientes, ya que en el desarrollo de los talleres y diferentes actividades encomendadas por la escuela hubo participación de padres, abuelos, primos, hermanos mayores e incluso vecinos que ayudaban en este proceso cuando al interior del hogar no se encontraba una solución. Incluso en ocasiones fue necesario buscar fuera las herramientas para desarrollar las actividades, hasta los teléfonos celulares fueron prestados y compartidos entre familiares y vecinos. 

Por último, en relación a los propósitos de este estudio, el análisis muestra que desde la perspectiva de las teorías del desarrollo, este consiste paradójicamente en su desruralización y que las políticas sustentadas en estas han promovido cierto impacto en lo que se ha dado en llamar nueva ruralidad. Sin embargo, aunque en la esfera económica de las comunidades rurales estudiadas hay indicios de esta nueva ruralidad (como lo muestra la creación de organismos sociales para la producción y las nuevas ocupaciones del sector servicios, creados a partir del crecimiento de las comunicaciones y transportes); en la esfera sociocultural aún persisten formaciones tradicionales como las familias extendidas y su distribución de roles (aún muy distantes de los cambios que estas han sufrido en  países industrializados), lo cual durante la pandemia permitió atender y dar continuidad no solo a las tareas asociadas a la procuración del sustento, sino también a las tareas propias del hogar y de la educación de los menores, por lo que debiera prevalecer la idea de que cualquier intento de evaluar o transformar a la escuela rural no debiera hacerse desde la perspectiva de la urbanidad, sino más bien considerar la articulación de la cultura de estas escuelas con la cultura de las  comunidades rurales y sus familias. 

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Palabras clave:

Escuelas unitarias, ruralidad, pandemia

Resumen de la Ponencia:

Guadalajara, desde su fundación, forja una segregación socioespacial bajo fronteras materiales y simbólicas, mostrando procesos de desigualdad, marginación y estigmatización. Esta segregación urbana en Guadalajara, se manifestó a raíz desde que los españoles se establecieron al poniente del río San Juan Dios, mientras que los indígenas que trabajaban para ellos fueron ubicados al otro lado. Es así como desde los primeros asentamientos de los habitantes de la ciudad comenzaron a diferenciarse social y espacialmente para no mezclarse.

La expansión de la ciudad siguió respetando esta división física y simbólica, dando cabida a que la estructura urbana se fuera creando con base en una distribución clasista, lo que significa que las principales avenidas, los parques, jardines, áreas verdes y algunos servicios sociales se fueron distribuyendo de una manera que la zona poniente de la ciudad fuera más beneficiada que el resto de la ciudad, y cuando se construía de manera similar dicho equipamiento, la diferencia podría ser la calidad del servicio o los materiales.

Es así como el interés de este trabajo, es demostrar cómo la estructura urbana identificada como el equipamiento e infraestructura de la ciudad, así como los servicios básicos y sociales que ofrece el gobierno, están generando segregación, cuando la intención de la planeación y la organización de la ciudad indican que los gobiernos locales deben generar esta estructura urbana para ser aprovechados por toda la población por igual, sin distinción y sin segregar o marginar a ningún habitante de la ciudad.

La ciudad de Guadalajara es la tercera ciudad más grande del país, rebasando los cinco millones de habitantes, solo superada por la capital del país y la ciudad norteña de Monterrey, la cual para este censo del 2020 sobrepasó en habitantes a Guadalajara ocupando la segunda ciudad del país que por varias décadas Guadalajara había ocupado ese lugar.

En términos de marginación y pobreza Guadalajara como ciudad presenta niveles bajos en estos indicadores; sin embargo, al revisar el comportamiento de algunas variables al interior de la ciudad, se identifica que la periferia de la ciudad es donde existe el problema, pero si se analizar algún equipamiento e infraestructura urbana, se observan diferencias en cuanto a su mantenimiento, obsolescencia y calidad, ya que para los gobiernos locales este mantenimiento y mejoramiento en cuanto a la calidad, se hace en algunas zonas y no en toda la ciudad.

Uno de los elementos de la estructura urbana más polémica, en cuanto a la generación de segregación entre los ciudadanos son las ciclovías y ciclopuertos, así como las áreas verdes y la infraestructura de transporte público, lo que muestra que la inversión de los gobiernos locales es selectiva para beneficiar a un solo sector de la ciudad, provocando desigualdad socioespacial. 

Introducción:

Guadalajara ha forjado una segregación socioespacial desde su fundación bajo fronteras materiales y simbólicas. Esto ha llevado a procesos de desigualdad, marginación y estigmatización, lo que explica de alguna manera que lo que vive actualmente no es algo reciente sino que viene desde la raíz.

La expansión de la ciudad mantuvo esta división física y simbólica, dando cabida a que la estructura urbana se fuera creando con base en una distribución clasista, lo que significa que las principales avenidas, los parques, jardines, áreas verdes y algunos servicios sociales se fueran distribuyendo de una manera que la zona poniente de la ciudad fuera más beneficiada que la del resto, y cuando se construía de manera similar dicho equipamiento, la diferencia podría ser la calidad del servicio o los materiales.

Es así como el interés de este trabajo es demostrar cómo la estructura urbana identificada como el equipamiento y la infraestructura de la ciudad, así como los servicios básicos y sociales que ofrece el gobierno, están generando segregación, cuando la intención de la planeación y organización de la ciudad indican que los gobiernos locales deben generar esta estructura urbana para ser aprovechados por toda la población por igual, sin distinción y sin segregar o marginar a ningún habitante de la ciudad.

En términos de marginación y pobreza Guadalajara como ciudad presenta niveles bajos en estos indicadores; sin embargo, si se revisa el comportamiento de algunas variables al interior de la ciudad, se puede identificar que la periferia de la ciudad es donde existe el problema; pero si se analizar algún equipamiento e infraestructura urbana de la ciudad, se detectan diferencias en cuanto a su mantenimiento, obsolescencia y calidad, ya que para los gobiernos locales este manteniendo y mejoramiento en cuanto a la calidad se hace en algunas zonas y no en toda la ciudad.

Uno de los elementos de la estructura urbana más polémica, en cuanto a la generación de segregación entre los ciudadanos son las ciclovías y ciclopuertos, así como las áreas verdes y la infraestructura de transporte público, lo que muestra que la inversión de los gobiernos locales es selectiva para beneficiar a determinados grupos sociales de la ciudad, impulsando la desigualdad socioespacial. 

El documento se divide en cuatro partes, siendo el primero en donde se revisa la forma en cómo se construye la segregación, la cual se puede manifestar de forma material, como de significados y hasta por sentimientos, que son impulsados por la sociedad. Debe quedar claro que la segregación en las ciudades no tiene que ver solo con la ubicación, sino que aparte debe considerar los procesos sociales y la construcción de lugares.

En un siguiente apartado se revisa la estructura urbana de las ciudades, la cual tiene que ver con la distribución espacial de las actividades humanas. Estas configuran un paisaje urbano donde se plasman edificaciones, lugares públicos, vialidades, infraestructura y equipamiento requerido por estas mismas actividades y por la población.

En un tercer apartado se revisa la configuración de la ciudad de Guadalajara, donde se da muestra de cómo los diferentes elementos segregadores se distribuyen en la ciudad, demostrando cómo algunas zonas de la ciudad se ven beneficiados por la presencia de estas estos, mientras que otros lugares se ven aislados de los beneficios que podrían generar dichos elementos.

Finalmente se elabora un apartado de conclusiones donde el espacio físico (vialidades principales y lugares simbólicos) de Guadalajara, muestra una distribución desigual, aportando a la segregación. De igual forma las prácticas socioespaciales muestran que el oriente de la ciudad está en condiciones más desfavorables, lo que muestra el desinterés de los gobiernos locales por reducir las diferencias entre el oriente y el ponente de la ciudad.

Desarrollo:

Construcción de la segregación

El tema de la segregación socioespacial en las ciudades surge principalmente por aspectos de carácter material, como de las percepciones, significados y sentimientos impulsados por la sociedad, vinculados a un espacio determinado. Dicho proceso se manifiesta por el aislamiento de los grupos sociales y la homogeneidad en las diferentes zonas de la ciudad, las cuales son dos dimensiones que provienen tanto de las fuerzas estructurales como de los procesos históricos y culturales, que se incorporarán en las acciones de cada individuo.

Es así como se puede definir que las diferencias sociales tienen una expresión territorial, lo que lleva a una división social del espacio urbano donde se configuran restricciones y oportunidades para individuos, hogares y grupos de personas. Por lo que la ubicación de diferentes grupos en distintas áreas de la ciudad resulta una distribución desigual de oportunidades como de las preferencias de asociación diferencial.

La segregación en las ciudades no es solo una cuestión de ubicación, sino que también tiene que ver con procesos sociales y construcción de los lugares. Por lo que estos se pueden entender como un espacio donde se asocia a una experiencia, caracterizado por el sentido de pertenencia, apego emocional y sentimientos de seguridad y estabilidad.

Los niveles de desigualdad surgen desde épocas atrás, pero lo que se vive ahora ha profundizado los problemas de exclusión social, personas que no acceden a protección social y acceso a empleo precario con bajos salarios, provocando una pobreza generalizada que limita el acceso a múltiples bienes y servicios.

Las disparidades socioeconómicas que se muestran en diversos estudios, se reflejan en la morfología de las ciudades y se materializan en las relaciones sociales. Es por ello que para Bayon y Saravi (2013) existen cuatro procesos de urbanización y segregación: 

1.- Construcción de los fraccionamientos cerrados y exclusivos, que fueron una estrategia de urbanización de las clases alta y media para auto-segregarse del resto de la ciudad y aprovechar cierta privacidad y servicios que generaban al interior; por lo que este fue uno de los principales procesos que generaron la segregación

2.- Expansión de la periferia, provocando que se alejara un sector de la población del centro y de algunos servicios sociales y urbanos necesarios para satisfacer sus necesidades. Es así como aparecieron áreas urbanas informales, de autoconstrucción y algunos fraccionamientos de vivienda social. Estos lugares estaban limitados en infraestructura y equipamiento urbano, además de no estar accesibles a ciertas zonas de la ciudad, como lugares de trabajo, abastecimiento de víveres u otros servicios. 

3.- Debilitamiento del espacio público, el cual tenía la función de la convivencia social y de actividades de recreación y ocio. Estos espacios fueron abandonados o privatizados para ciertos grupos sociales, haciendo que la población más vulnerable no tuviera acceso a lugares de esta índole.

4.- El acercamiento entre la clase acomodada y la población pobre. Las áreas urbanas que eran creadas para los más pudientes se ubicaron en la periferia de la ciudad; ello generó un acercamiento a zonas precarias, que su límite eran las bardas u obstáculos naturales que imposibilitaba la mezcla. Sin embargo, en las actividades económicas y en las necesidades de servicios para las viviendas, se encuentran y conviven en un mismo espacio, ya sea en los fraccionamientos cerrados o exclusivos y en los lugares de trabajo; sin embargo, las diferencias económicas, sociales y culturales están presentes.

Estructura urbana

La manera de entender la forma urbana, según González y Larralde (2019) es la distribución espacial de las actividades humanas, las cuales se ven reflejadas en el espacio urbano. Estas actividades tienen que ver con las acciones, proyectos y aspiraciones de sus habitantes, configurando un paisaje urbano, donde se plasman edificaciones, lugares públicos, vialidades, infraestructura y equipamiento requerido por la ciudadanía.

Además, la ciudad no es solo un contenedor de actividades, debido a que las relaciones existen en un espacio físico dado; ello impregna una influencia relevante para definir la estructura y las redes que se construyen entre individuos, sus familias y grupos sociales. 

Para Ascher (2012), la ciudad ha cambiado de forma profunda, dichas transformaciones las describe en tres periodos: 

La ciudad moderna que se caracterizó por ser una ciudad compacta donde se diferenciaba plenamente el espacio urbano y rural. La ciudad industrial que experimentó una expansión urbana, generando una migración rural urbana. Finalmente surge la ciudad global, emblemática por los lugares y los flujos. El crecimiento se expresa con una extensión de la periferia inmediata y por una incorporación de espacios rurales que están alejados de las zonas de funcionamiento cotidiano.

Es así como se pueden identificar a las ciudades de ahora, con un crecimiento de la periferia diferenciado, mientras se observan algunas localidades que funcionaban como espacios de campo incorporadas a la mancha urbana, a la vez se agregan espacios rurales a la mancha urbana generando espacio urbanos para las diferentes clases sociales.

Este crecimiento de la periferia permite identificar discontinuidades urbanas, encontrando extensos terrenos que pueden ser suelo especulativo y que esperan el mejor momento para incorporarlo al proceso urbano, que en algunas ocasiones forman parte de una nueva función en la periferia de la ciudad. 

De igual forma se encuentra una policentralidad, debido a que la gran extensión de la ciudad permite que ciertas inversiones vean como viable la construcción de centros económicos para la generación de empleos y el abastecimiento de bienes y servicios demandados por los habitantes que se asientan en la periferia.

Esta expansión y policentralidad, provoca la movilidad de personas, bienes e información, estableciendo una red de flujo de objetos, personas y elementos intangibles, propiciando que la funcionalidad se expanda a toda la ciudad y más allá de su entorno regional.

Este crecimiento extensivo que experimentan las ciudades, provoca costos económicos para el gobierno y las familias, agravando algunos problemas sociales como la segregación y la accesibilidad de la población a los beneficios que ofrece la ciudad, así como una dificultad de encontrar los bienes y servicios necesarios . 

Este proceso de expansión urbana implica localizar ciertos equipamientos e infraestructura en determinados lugares que permitan el proceso de globalización en las ciudades, tales como centros financieros y corporativos, enclaves residenciales, vialidades que permitan la accesibilidad a ciertas zonas de la ciudad.

Es así como diversos autores proponen como analizar la estructura urbana, tal es el caso de Tsai (2005) que plantea revisar tres categorías: densidad, diversidad, estructura espacial. Salat propone analizar la estructura urbana mediante el uso del suelo, la movilidad, la biodiversidad, la energía, la equidad y la económica, para ello considera revisar esos elementos en el sentido de como se muestran en la ciudad bajó su intensidad, su distribución, su proximidad, su conectividad, diversidad y forma geométrica (Gonzalez y Larralde, 2019).

Es así que para analizar la estructura urbana de la ciudad es necesario describir los atributos más significativos de la ciudad, evaluar los efectos de estos atributos sobre sus funciones, dinámicas de segregación y movilidad. Es por ello necesario revisar a la ciudad de Guadalajara bajo dos elementos: el espacio físico (forma, dimensión, vialidades, ubicación de lugares simbólicos), las prácticas socioespaciales (distribución de la población, localización de actividades económicas, ubicación de la población por nivel socioeconómico, amenidades de la ciudad) 

 

Como se configura la ciudad de Guadalajara

Guadalajara históricamente está dividida, el poniente de la ciudad es donde existen los mejores hospitales, escuelas, vialidades e infraestructura urbana, así como áreas verdes, unidades deportivas y plazas comerciales. En cambio al oriente está etiquetada como una zona conflictiva, limitada en servicios públicos y sociales, pavimentación deficiente, falta de alumbrado público y alejado de lugares de esparcimiento, entretenimiento y ocio.

Además, existe una periferia que presenta ciertas limitaciones como el oriente de la ciudad, pero además está en condiciones inaccesible para casi todos los servicios; así también tienen calles llenas de polvo. Es lo que Bayón (2012) plantea, que ahí vive la gente que de acuerdo a sus condiciones económicas puede, no donde quiere.

Esta periferia que es donde se ubica la gente más segregada, no solo experimenta la distancia y las horas largas de viaje, también carece de servicios básicos, hay ausencia de áreas verdes, parques públicos, así como plazas y áreas recreativas y de esparcimiento.

Aunque en algunas zonas de la ciudad se da una interacción social entre la clase alta, media y baja; existe un control debido a la estigmatización, desconfianza y el miedo que existe por la gente pobre. Sin embargo, la clase alta todavía depende de varios servicios que ofrece este sector social que la población acomodada no hace. En ese sentido existe una interdependencia, aunque esta relación es controlada por la clase privilegiada.

Para analizar cómo la estructura urbana en la ciudad de Guadalajara tiene influencia en el proceso de segregación se revisan dos elementos:

El espacio físico (forma, dimensión, vialidades, ubicación de lugares simbólicos),Las prácticas socioespaciales (distribución de la población, localización de actividades económicas, ubicación de la población por nivel socioeconómico, amenidades de la ciudad)

Dentro del espacio físico se identifica la forma urbana de la ciudad, la cual en sus primero años mostró un crecimiento compacto; sin embargo para los siguientes años, las carreteras que comunican al centro y norte del país, fueron las zonas que experimentaron un crecimiento de forma radial, ya que estas carreteras, las cuales posteriormente se confirmaron como las principales arterias de la ciudad, tuvieron una accesibilidad a las principales de la zonas de la ciudad, particularmente al centro histórico y económico de la urbe.

De igual manera algunas localidades rurales y cabeceras municipales de los municipios vecinos, se incorporaron a la mancha urbana y fueron zonas de expansión de la ciudad, que en algunos lugares se identificaron terrenos rurales entre la cabecera municipal y la ciudad, como espacios propicios para el desarrollo urbano. 

Crecimiento urbano de la ciudad de Guadalajara 1970-2009

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI

 

Según el INEGI (2020) la ciudad de Guadalajara cuenta con más de dos mil kilómetros cuadrados, siendo el municipio de Guadalajara con mayor superficie; sin embargo, el municipio de Zapopan es el que tiene mayor densidad de población con cerca de diez mil habitantes por kilómetro cuadrado. Este municipio es de lo que muestran más contraste en cuanto a las condicione de vida de la población, ya que ahí se pueden encontrar los mejores fraccionamientos, con las condiciones sobresalientes de infraestructura y equipamiento urbano; pero así también, se encuentran las colonias donde vive la población más segregada de la ciudad.

Fuente: INEGI (2020) Censo de población y vivienda. https://www.inegi.org.mx/app/scitel/Default?ev=10. Consultado: 18 de enero 2022

 

            Para el caso de las vialidades principales en la ciudad de Guadalajara se concentran en la parte poniente de la ciudad. Para algunos expertos y ciudadanos que usan las vialidades, manifiestan que eso se debe a la cantidad de vehículos que  circulan en esa parte de la ciudad; sin embargo, es una muestra de la segregación que vive la metrópoli, sobre todo porque existe movilidad vehicular, ya sea por transporte público o vehículo particular en todas las zonas de la ciudad y no es justificable que solo se hagan avenidas principales en la parte poniente de la ciudad, donde se ubican el municipio de Zapopan y la una parte del municipio de Guadalajara. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Google. https://www.google.com.mx/maps/@20.6475143,-103.3196392,12z

 

Los lugares simbólicos que se revisaron en este análisis, son todos aquellos que permiten el desarrollo de actividades de tipo recreativo , de ocio y esparcimiento; además de espacios comerciales, los cuales se usan también para adquirir bienes y servicios, siendo lugares multifacéticos.

La ubicación de estos lugares simbólicos en Guadalajara se concentran en la parte más antigua de la zona oriente de la ciudad, así también en el mismo centro histórico y económico, mientras que en la parte poniente de la ciudad se distribuyen en las diferentes zonas. Ello permite un fácil acceso a estos lugares simbólicos por parte de la población que vive en esa zona de la ciudad.

Lo anterior muestra la accesibilidad que pueden tener estos lugares en el poniente de la ciudad, mientras que en el oriente de Guadalajara el acceder a estos lugares para algunas familias pueden ser poco accesibles, incluyendo aquellos que viven en la periferia, por lo que eso es una forma de segregación por parte de quienes ofrecen esos servicios.

 

Fuente elaboración propia con base en DENUE, 2020. https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6. Consultado el 18 de enero 2022

 

Una primera conclusión que se observa sobre el espacio físico de la ciudad de Guadalajara, es que las vialidades y los lugares simbólicos están ubicados en ciertas zonas de la ciudad, lo que provoca una segregación en un territorio particular. Lo anterior implica que un sector de la población no puede acceder a esa infraestructura urbana de la ciudad, limitando la posibilidad de lograr una fácil movilidad dentro de la ciudad, así como tener dificultad para acceder a lugares que permiten el ocio, el esparcimiento y el acceso a ciertos bienes necesarios para satisfacer necesidades. 

            El otro elemento para analizar el proceso de segregación, son las prácticas socioespaciales que se viven en la ciudad, lo cual consiste en revisar cómo se distribuye la población, las actividades económicas y las amenidades como plazas y centros comerciales, las áreas verdes y los ciclopuertos instalados para el programa público de bicicletas creado por el gobierno local. Finalmente se revisan las zonas de rezago social y las áreas marginadas de la ciudad para identificar el las zonas por nivel socioeconómico 

En el caso de la distribución de la población se calculó la densidad de población, la cual muestra una tendencia a la concentración en la parte oriente de la ciudad, lo que se manifiesta una correlación negativa entre el espacio físico y la localización de los habitantes en Guadalajara.

Fuente: INEGI (2020) Censo de población y vivienda. https://www.inegi.org.mx/app/scitel/Default?ev=10. Consultado: 18 de enero 2022

 

En cuanto a la densidad de los negocios y de manera particular los comercios y los servicios, muestran una concentración en el centro de la ciudad y se van expandiendo tanto a la zona oriente como al ponente, experimentando una densidad baja en la periferia de la ciudad. Lo anterior muestra que las unidades económicas buscan ubicarse tanto cerca de consumidores y en algunos casos aprovechando el espacio físico que ofrece la ciudad (vialidades y lugares simbólicos).

 

            Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (2020) https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6. Consultado el 18 de enero 2022

 

Para el caso del sector manufacturero se observa una tendencia hacia el oriente de la ciudad, identificando varias áreas con alta densidad. Lo anterior muestra que algunas industrias se ubican en zonas con alta densidad de población, pero además en la zona que presenta poca accesibilidad al espacio físico analizado anteriormente. Esta situación es preocupante ya que esta zona de la ciudad puede tener un grado de vulnerabilidad y riesgo a accidentes, aunque estas industrias por lo general son micro y pequeñas empresas.

 

 

            Fuente: Elaboración propia con base en datos de DENUE (2020) https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6. Consultado el 18 de enero 2022

 

En cuanto a la distribución de la población por nivel socioeconómico, se revisan dos aspectos, las zonas con mayor rezago social las cuales se ubican en las zonas periféricas de la ciudad. Estas se caracterizan por tener dificultad en acceder a servicios básicos como agua potable y drenaje, así como algunos servicios sociales como escuelas y hospitales. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de población y vivienda, 2020 https://www.inegi.org.mx/app/scitel/Default?ev=10. Consultado: 18 de enero 2022

 

El otro elemento a analizar sobre las situación socioeconómica es el grado de marginación lo cual se muestra que las zonas con muy alto grado de marginación se da en la periferia de la ciudad, incluso se puede encontrar que la zona oriente de la ciudad se encuentran áreas con marginación alta y media, lo que implica que es el área con sector de la población con bajos ingresos y además con pocas posibilidades de acercarse a determinados bienes y servicios que se requieren para mejorar sus condiciones de vida.

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de población y vivienda, 2020 https://www.inegi.org.mx/app/scitel/Default?ev=10. Consultado: 18 de enero 2022

            

Finalmente, la localización de ciertas amenidades, permiten revisar el proceso de segregación que vive la ciudad de Guadalajara. La primera amenidad son las plazas y centro comerciales; estos puntos son muy socorridos por un sector de la población tanto para acceder a bienes y servicios como para encontrar espacios de ocio y recreación.

Estos puntos se distribuyen en diferentes lugares de la ciudad, pero tienden a concentrarse en la zona poniente de la ciudad. Ello se debe a que estos espacios comerciales buscan acercarse a consumidores con alto poder adquisitivo o incluso estas  mismas crean su propio mercado desarrollando fraccionamientos para ese tipo de habitantes.

 

Fuente: elaboración propia con base en DENUE (2020) https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6. Consultado el 18 de enero 2022

            

Otra de las amenidades son los ciclopuertos y las líneas de servicio de transporte metro de la ciudad, las cuales se concentran en el centro de la ciudad pero se distribuyen hacia el oriente (dos lineas) al sur, norte y norponiente de la ciudad (una línea cada una) permitiendo la comunicación a ciertas zonas populares de la ciudad, siendo la única amenidad que podrían acceder este sector de la población, aunque existen zonas excluidas de ese servicio como lo es la periferia de la ciudad, e incluso unos de los municipios centrales de la zona metropolitana de Guadalajara ha sido relegado a este tipo de servicios de transporte.

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Gobierno del estado. https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=25284. Consultado el 18 de enero del 2022

 

            Por último se analizan las áreas verdes de la ciudad, las cuales muestran una alta concentración al poniente de la ciudad, aunque existen dos grandes parques (uno al oriente y otro al poniente), se tienen algunos espacios verdes en varias colonias y fraccionamiento que están ubicados al poniente de la ciudad, mientras que las colonias del oriente por lo general se planearon sin considerar áreas verdes, aunque en algunos casos se tiene espacios públicos como mercados con su plazoleta y templos e iglesias con sus atrios.

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Gobierno del estado. https://iieg.gob.mx/callesverdes/mapa/. Consultado el 18 de enero 2022

 

Una reflexión preliminar sobre estas prácticas socioespaciales, se puede mencionar que la zona oriente de la ciudad cuenta con condiciones de rezago social y marginación; además ciertas actividades económicas, aquellas que pueden ser un riesgo a la población como las industrias que conviven con zonas habitacionales de colonias populares, así también las amenidades parece que están desligadas espacialmente de esta zona de la ciudad, lo que muestra que tanto la localización de las actividades económicas, como la generaciòn de infraestructura y equipamiento que hacen lo gobiernos locales determinan el proceso de segregación. 

Conclusiones:

Los niveles de desigualdad que se vive entre los habitantes surgen desde épocas atrás, pero lo que se vive ahora ha profundizado los problemas de exclusión social, personas que no acceden a protección social y acceso a empleo precario con bajos salarios, provocando una pobreza generalizada que limita el acceso a múltiples bienes y servicios.

Estas desigualdades se agudizan cuando se revisa dentro de las ciudades las condiciones de estructura urbana, lo que muestra que las autoridades locales no les preocupa lo desigual que está viviendo sus habitantes; y al contrario, al parecer le interesa más generar diferencias enriqueciendo la desigualdad que se vive en las ciudades.

En este trabajo se revisó la estructura urbana que vive la ciudad de Guadalajara bajo dos elementos: el espacio físico y las prácticas socioespaciales, en el primero se revisaron varios aspectos pero lo que muestra las diferencias que tienen los diferentes habitantes de la ciudad son las vialidades y los lugares simbólicos. En el caso de las prácticas socioespaciales, se pudo encontrar que las condiciones socioeconómicas de los habitantes tienen una relación con el espacio físico . Esto implica que las vialidades y los lugares simbólicos se encuentran principalmente donde se ubica la población mejor acomodada, mientras que los habitantes con bajos recursos tienen poco accesos a estos elementos. 

De igual manera dentro de las prácticas socioespaciales se revisó la localización de las actividades y las amenidades de la ciudad. En este caso, se puede mencionar que la zona oriente de la ciudad cuenta con condiciones de rezago social y marginación y ello muestra que ciertas actividades, aquellas que pueden provocar un riesgo a la población como las industrias conviven con zonas habitacionales de colonias populares, así también las amenidades parece que están desligadas espacialmente de esta zona de la ciudad, lo que muestra que tanto la localización de las actividades económicas, como la generaciòn de infraestructura y equipamiento que hacen lo gobiernos locales determinan el proceso de segregación. 

Es necesario resaltar que es indispensable abordar esta problemática revisando otros aspectos que se manifiestan en la ciudad, tal es el caso de la movilidad cotidiana, ya que esta puede evidenciar las desigualdades que existen en diferentes grupos de la ciudad para invertir en traslado y de la misma forma evidencia cómo se reducen las opciones de acceder a mejores empleos y más ingresos.

Otro tema que puede revisarse para entender con mayor profundidad las desigualdades y segregación urbana es el acceso a  energía y la equidad para acceder a los diferentes servicios que ofrecen los gobiernos locales. Sobre esto último hay que generar indicadores de accesibilidad, proximidad, conectividad y diversidad de estos servicios, los cuales deben ser accesibles para todos los habitantes de la ciudad. 

Bibliografía:

Ascher, F. (2012). Los nuevos principios del urbanismo: el fin de las ciudades no está a la orden del día. Madrid: Alianza.

Bayón, M. C. (2012). El lugar de los pobres: Espacio, representaciones sociales y estigmas en la Ciudad de México. Revista Mexicana de Sociología, 74(1), 133-166.

Bayón, M. C., & Saraví, G. (2013). The cultural dimensions of urban fragmentation: Segregation, sociability, and inequality in Mexico City. Latin American Perspectives, 40(2), 35-52.

González, Salomón y Adriana Larralde (2019). La forma urbana actual de las zonas metropolitanas en México: indicadores y dimensiones morfológicas. Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 34, núm. 1 (100), pp. 11-42 doi: http://dx.doi.org/10.24201/edu.v34i1.1799

INEGI (2020) Censo de población y vivienda. https://www.inegi.org.mx/app/scitel/Default?ev=10. Consultado: 18 de enero de 2022.

INEGI (2020) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6. Consultado el 18 de enero 2022

Tsai, Y.-H. (2005). Quantifying urban form: Compactness versus “sprawl”. Urban Studies, 42(1), 141-161.

Palabras clave:

PALABRAS CLAVES:

Segregación, estructura urbana, Guadalajara

KEY WORDS

Segregation, urban structure, Guadalajara

PALAVRAS-CHAVE:

Segregação, estrutura urbana, Guadalajara

Resumen de la Ponencia:

Se traza la evolución de la política social en México durante el presente siglo con el propósito de identificar elementos de continuidad y de cambio, así como señalar desafíos persistentes para el ejercicio de los derechos económicos y sociales. Se distinguen dos etapas según el tipo de modelo de desarrollo prevaleciente en el país: 1) la neoliberal (2000-2018) que supuso la continuidad en la orientación de políticas orientadas hacia el mercado, impulsadas desde mediados de la década de 1980 por gobiernos de partidos de centro y centro-derecha; y 2) la posneoliberal (2018-2022) que inició con el ascenso al gobierno federal de un partido de izquierda, el cual manifestó su intención de cambiar el paradigma del modelo de desarrollo del país, alejándose de los preceptos que guiaron a gobiernos anteriores. El gobierno actual criticó fuertemente la política social de sus antecesores, en particular el énfasis en la focalización, la entrega de transferencias monetarias y en lograr tan sólo un piso mínimo de derechos. Propuso generar una “nueva política social” que permitiera garantizar los derechos económicos y sociales universales, con prioridad para los grupos históricamente discriminados. La revisión de la política social durante los dos periodos mencionados permite observar continuidades en las características de las instituciones de bienestar, en el uso del discurso de derechos humanos, en las dificultades para lograr la coordinación interinstitucional y en el tipo de instrumentos de política social utilizados. Asimismo, entre los cambios destaca la eliminación de programas sociales durante la última etapa, entre ellos los más emblemáticos de administraciones anteriores, así como la creación de programas nuevos, principalmente de transferencias monetarias, que se presentaron como de carácter universal. No obstante, las decisiones y acciones de política social instrumentadas en la etapa posneoliberal han resultado en una reducción de la cobertura y en la regresividad distributiva de gasto público canalizado a través de los programas sociales. En el contexto de la pandemia, llama la atención que el gobierno haya optado por no modificar significativamente su gasto social, no ampliar el alcance del conjunto de programas sociales, ni crear medidas de emergencia para proteger a la población. Por tanto, los programas gubernamentales han tenido un rol limitado como amortiguador de los efectos económico-sociales de la pandemia, lo cual dificulta garantizar los derechos económicos y sociales de la población. En este contexto, las primeras décadas de este siglo han sido escenario de altas tasas de desigualdad y pobreza, las cuales se mantuvieron estables, hasta su incremento a raíz de la pandemia, a pesar de las diversas acciones gubernamentales. Así, persiste el desafío de definir una estrategia de política social que conduzca al ejercicio universal de derechos, en el marco de un modelo de desarrollo incluyente y sustentable.

Resumen de la Ponencia:

Los dilemas de la pandemia: una experiencia docente, tan cerca y tan lejos.Dra. Guillermina Gutiérrez ReséndizEl objetivo de este trabajo es analizar las experiencias que se vivieron en una escuela normal de la ciudad de México, los dilemas a los que se enfrentaron docentes y alumnos al trabajar a distancia y en ambientes virtuales durante la pandemia, experiencias personales, la cercanía y al mismo tiempo lejanía en la que se encontraban. Las voces de estudiantes, maestros y directivos, las muy diversas maneras de enfrentar esta situación, los casos exitosos y los fracasos, la incertidumbre y el miedo que en momentos paralizó y en otros movilizó.  El Covid-19 vino a hacer más visibles los daños que años de neoliberalismo han dejado al país. Mostró de manera cruda un México con grandes desigualdades sociales, con una profunda brecha entre pobres y ricos, así como las carencias en las que se encuentran algunas instituciones. A partir de la revisión de encuestas y entrevistas, se presentan los resultados, se analizan los datos y se presentan las propuestas para un cambio no solo necesario sino urgente. 

Introducción:

En este trabajo de investigación, se presenta los dilemas a los que se enfrentaron docentes y estudiantes de la Escuela Normal de Especialización “Dr. Roberto Solís Quiroga” (ENERSQ) de la Ciudad de México que cursan la Licenciatura en Educación Especial al trabajar a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) durante la pandemia, provocada por el Covid-19. Es una investigación mixta en la cual se recuperan las voces de estudiantes y docentes recogidas a partir de encuestas, formularios de google y entrevistas semiestructuradas. Las voces de estudiantes, maestros y directivos, muestran las muy diversas maneras en las que enfrentaron esta situación. 

Se realiza una investigación, sobre los casos exitosos y los fracasos, la incertidumbre y el miedo que en momentos paralizó y en otros movilizó. Con el Covid-19 se mostró de forma cruda, la condición en la que muchas familias mexicanas viven y aunque afecto a toda la población, no obstante su condición socioeconómica, como suele ocurrir; las clases más bajas son las que resintieron más sus efectos por las carencias que históricamente enfrentan.

El Covid-19, tomó al mundo entero por sorpresa, la noticia en poco tiempo paso de ser una más de tantas noticias perturbadoras, inquietantes a ser una dolorosa realidad, nos obligó a recluirnos en nuestras casas o en los lugares en los que nos sentíamos más seguros, de alguna manera nos paralizó, se aproximaba el periodo vacacional de “Semana Santa” y por dos semanas, alumnos y docentes en la ENERSQ tuvimos un “respiro”, sin embargo,  el espectro de la incertidumbre, el  miedo y el dolor de perder a personas de nuestro circuito, lo cual representó un precio muy alto y en una circunstancia nueva, donde los AVA tendría un papel preponderante, para muchos urgía regresar al trabajo presencial, se hacía imperativo para no perder el semestre, autoridades y docentes iniciaron reuniones para explorar juntos la mejor manera de enfrentar la situación.

Hoy se inicia un periodo de reflexión y replanteamiento del trabajo académico en todo el sistema educativo y particularmente en la ENERSQ.

La Autoridad Federal inició una serie de comunicados en los que se convocaba a cursos de capacitación en el uso de las plataformas que se tenían al “alcance”, ante la disyuntiva de que los días transcurrían y teníamos que hacer algo, recibimos comunicados para reunirnos en plataformas que la gran mayoría, ni siquiera sabían que existían y así fue como por primera vez se dieron reuniones por Meet, Teams y Zoom para llegar a acuerdos respecto a como se trabajaría para no perder el semestre. Así fue como de un momento a otro nos encontramos trabajando con los alumnos a través de Classroom, al menos la gran mayoría de maestros de la ENE, lo hicieron con esa plataforma y para ello se organizaron cursos intensivos para habilitar a los docentes en el manejo de ellas.

El objetivo último de la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es que sean un instrumento de mediación para que el alumno sea autogestión de su propio conocimiento.

Desarrollo:

Hoy estamos frente al contexto de la transición de las TIC a las Tecnologías Aplicadas al Conocimiento (TAC) de estas a las Tecnologías del Empoderamiento (TEP) de estas a las Tecnologías Aplicadas a la Investigación (TAI) y de estas a las Tecnologías de las Redes Neuronales (TRN), todo este trayecto se debe ahora de replantear y revalorar.

En menos de lo que se esperaba, la mayoría de la planta docente se encontraba trabajando con sus alumnos y enfrentándose a algunas problemáticas como:

Problemas de conectividad, falta de equipos para hacerlo, tiempo que se encimaban donde hermanos y padres tenían que estar frente a la computadora. 

Desconocimiento para emplear las herramientas (subir archivos, revisar los trabajos que enviaban los alumnos, retroalimentar, elaborar cuestionarios, calificar entre otras situaciones que se les presentaron), no se trataba de pasar el salón de clases a uno por la tecnología.

Por otro lado, estaban las problemáticas que enfrentaban los alumnos en sus hogares. En una encuesta que se aplicó en la ENERSQ, se reporta que solo el 66.7% de los alumnos referían contar con internet en casa y de ellos solamente el 1.6% contaba con un equipo para su uso personal (no compartían) y el resto, tenían que compartir un equipo con una dos y hasta más miembros de su familia. 

Cabe señalar que el 59.6% refirieron que para conectarse en las clases lo hacían vía teléfono celular; 2.9 por tableta; 12.3 por laptop; 1.8 empleaban el teléfono y la computadora, lo cual es una muestra de las difíciles condiciones en las que se encontraban y es justamente con la pandemia que se evidenció la situación en la que se encuentra el país en donde: 

De acuerdo con la Organización Internacional del trabajo (OIT) en México, millones de trabajadores “se tuvieron que quedar en sus casas, en teletrabajo o bien tuvieron que afrontar consecuencias de la crisis como bajas de sueldo o despidos desde finales de marzo… Las consecuencias de la crisis se sintieron sobre todo a partir del mes de abril y el shock sobre la actividad económica mexicana afectó un mercado laboral ya debilitado por brechas en materia de acceso y calidad del empleo” (Feix, 2020, pág. 1) .

En efecto, con la pandemia se visibilizó aún más, la gran desigualdad social y económica que se vive en el país y la situación se hizo aún más grave con el despido masivo de trabajadores formales e informales lo que representó de acuerdo con Feix 2020, un aumento en la tasa de desempleo de 5.5% en junio de 2020 a más de 10%. Lo que representa casi riesgo alto de verse afectado por la pandemia rebasa 24 millones, lo que representa el 44% del empleo total en México. Ante esto, se tomaron medidas para evitar que la pandemia provocara graves consecuencias en el mercado laboral, mismas que se reflejarían en la dinámica económica y social de la población y con ello una recuperación  más rápida. 

Por otro lado, el CONEVAL (2020), reporta que 52.2 millones de personas se encuentran en situación de pobreza en el 2016, y pobreza extrema 8.7% millones de personas, cifra que aumenta al 10.8% millones en el 2020. Es entonces que entre la condición socioeconómica que tienen las familias de nuestros estudiantes y la inminente pérdida de empleos que reportaban nuestros estudiantes que estaban experimentando en sus casas, siendo que la mayoría de ellos no trabajan y son dependientes de sus padres, tíos o abuelos, aunada a que en muchas familias se tomó la decisión de resguardar a los adultos mayores por tratarse de una población más vulnerable, un porcentaje importante de los estudiantes tomaron la decisión de salir en busca de trabajo y apoyar de esta manera a sus familias, lo cual, interfirió con los horarios de estudio y en varios casos se tuvieron que hacer cambios de turno.

Al respecto, durante la pandemia se experimentó un aumento considerable de solicitudes de cambio de turno que en promedio eran de 3 a 4 estudiantes por ciclo, se duplicaron y triplicaron, lo cual provocó un sobrecupo en el turno matutino en donde se tienen como máximo 30 alumnos por grupo y llegamos a tener 38 alumnos en un grupo. Todo esto ocurrió porque los jóvenes estudiantes tuvieron que salir a trabajar para apoyar a sus familias, lo que no ocurre en sociedades más igualitarias con acceso a servicios de seguridad social, trabajo y vivienda.

Berg y Jonathan Ostry del FMI citados por Keeley, (2018) señalan que existen diversas razones por las que” una creciente brecha entre ricos y pobres podría frenar el crecimiento e incluso crear inestabilildad política y social, lo que al mismo tiempo, desalentaría la inversión”. (Keeley, 2018, pág. 81)

Se señala que precisamente lo que ha ocurrido por años de gobiernos neoliberales en México y la “gran esperanza es que con este gobierno de Lopez Obrador con su cuarta transformación, se reivindiquen los derechos sociales, se genere una estabilidad económica, porque lo que ha ocurrido es que la población más rica de este país, ha influido en las políticas públicas, financiando partidos políticos que los beneficien.” Al respecto Johnson, citado por Keeley (2018) señala que  “los gobiernos y sus aliados del sector privado suelen formara una oligarquía muy unida y, la mayoría de las veces, refinada, que dirige el país como una empresa con fines de lucro cuyas acciones controlan” (Keeley, 2018, pág. 82) 

La pandemia también afectó el nivel de informalidad laboral, en el que se encontraban algunos de los alumnos y sus padres, “El aumento de la formalidad fue un ajuste transitorio de la crisis y fue consecuencia de la abrupta pérdida de 10,4 millones de puestos informales” (Feix, 2020, pág. 14). Además de que se advierte que la recuperación de empleos formales va a ser muy lenta.

No obstante, entre abril y mayo se recuperaron 1,9 millones de puestos informales (de 20,7 millones a 22,6 millones). Ello implicó que la tasa de informalidad se incremente en 4,1 puntos porcentuales entre esos meses, siendo del 51,8% en mayo de este año. El aumento de la tasa de informalidad laboral se confirmó en junio, julio y agosto, hasta alcanzar 55,1% de los ocupados, casi el nivel previo a la pandemia. Es interesante notar que la tasa de ocupación en el sector informal está recuperándose desde el mes de mayo y en los meses de julio y agosto ya alcanza niveles similares a los niveles pre-pandemia. Una parte del empleo informal se recuperó por el regreso al trabajo de los independientes informales.

Cabe señalar que la población en pobreza y sin acceso a los servicios de salud durante el periodo neoliberal ha ido en aumento, lo cual se muestra en las cifras reportadas por el CONEVAL, en donde el aumento del 2016 al 2018, ha sido de  aumentado en un 12.6% esto es; pasó de 15.6 % en 2016 a 28.2 % en 2018.

La OIT define 4 pilares de protección al empleo y a la empresa para mitigar los efectos negativos de la crisis:

Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo Estimular la economía y el empleo Apoyar a las empresas, el empleo y los ingresos y Fomentar el diálogo social

Cabe señalar que en México, se tomaron medidas para apoyar a empleadores y trabajadores, entre ellas, se otorgaron 3 millones de micro-créditos a micro, pequeñas y medianas empresas de $25,000 (veinticinco mil pesos), se adelantaron las pensiones universales para adultos mayores y para personas con discapacidad. Respecto al programa del Seguro de Desempleo de la Ciudad de México se amplió a más beneficiarios por medio de la Acción social, se apoyó a personas residentes de la Ciudad de México que perdieron su empleo formal durante la emergencia derivada del SARS-COV2 (COVID-19) que consistió en otorgar un apoyo de $1,500 (mil quinientos pesos) durante dos meses, a población que perdió su empleo de manera involuntaria y proviene del sector formal y un apoyo emergente en la Ciudad de México a las personas trabajadoras no asalariadas de $1,500 (mil quinientos pesos). Durante dos meses. 

Por otro lado, cuando me refiero a la alfabetización académica, lo hago, tomando en cuenta que, también los docentes en servicio requerimos de ella y aunque en todas o casi todas las instituciones educativas sea cual fuere el nivel de estudios, reciben permanente o con fechas determinadas cursos de actualización, es una necesidad trabajar en torno a la capacitación de docentes en estos tiempos denominados líquidos por Sigmun Bauman, en los que pareciera que todo es intrascendente e impera la incertidumbre en lo económico, político, social y personal, en un contexto de racionalidad económica enfrentada una necesidad del individual, en un contexto nuevo de mayor incertidumbre con la aparición, desarrollo y control de la pandemia.

En este marco algunos alumnos solo contaban con un celular para conectarse a las clases en línea.

En la ENE se tenía conocimiento de las necesidades de alfabetización académica, que tan importante es en instituciones formadoras de docentes y no se atiende porque todavía se contempla entre una parte de la planta docente, principalmente de mayor antigüedad, resistencia al empleo de la tecnología, esto se conoce a partir del ejercicio anual para la Detección de Necesidades de Actualización y Capacitación (DNAC) que se aplica cada año y entre los resultados que arrojó en los años 2017 es que se requería capacitarse en cuanto al uso de las tecnologías. Como ejemplo de ello tenemos que en los resultados del 2018, 2019 es  y 2020 del ejercicio tenemos:

El 82 % de los docentes de la ENE son mujeres, lo que comprueba que la profesión docente sigue siendo una profesión de estado en la que predominan las mujeres. solo el 6%  referían requerir capacitación para fortalecer los procesos de sus alumnosEl 88% referían que requerían actualización sobre alguna metodología para fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes y en el 2021 es el 91% quien lo refiere. En el 2019 el 58 % refieren requerir capacitación en el uso de tecnologías mientras en el 2020 es un 55% y en el 2021 aumenta a un 85%. Lo cual se entiende porque con la pandemia, se puso a prueba la habilidad de los docentes para incursionar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación no solo para buscar información sino para impartir clases. El 90% refieren tener interés especial respecto a capacitarse para atender la educación socioemocional y el desarrollo de un aprendizaje integral.El 60% tienen grado de maestría y el solo el 16 % cuentan con el grado de Doctor

Cabe señalar que al revisar los resultados de los estudios de 2019 y 2020 y compararlos con los del 2021. Encontramos que en el 2017, solo el 6% de los encuestados referían requerir capacitación para fortalecer los procesos de sus alumnos, mientras que en el 2019, el 88% referían que requerían actualización sobre alguna metodología para fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes y en el 2021 es el 91% quien lo refiere. 

En 2019 el 58 % refieren requerir capacitación en el uso de tecnologías mientras en el 2020 es un 55% y en el 2021 aumenta a un 85%. Además, tenemos que hay un interés especial en los docentes respecto a capacitarse para atender la educación socioemocional y el desarrollo de un aprendizaje integral, aquí es el 90% de los docentes interesados.

Pero un grupo importante de docentes, no estuvo dispuesto antes a actualizarse ni lo estuvo durante la pandemia y prefirieron enviar a sus estudiantes indicaciones de trabajo por medio del correo electrónico sin el empleo de las plataformas para impartir clases a distancia. Entre las medidas que se tomaron para apoyar a los estudiantes, están las tutorías en diferentes modalidades como:

Tutoría individual para los alumnos de primer grado, las grupales para los alumnos de segundo y tercer grado y por último las que tradicionalmente reciben los estudiantes de cuarto grado por parte de maestros que se encuentran en los servicios en donde realizan su servicio social, estos estudiantes además cuentan con sus asesores titulares quienes los apoyan en la elaboración del documento con el que se titularan (tesis, documento recepcional, informe, portafolio o tesina). 

Ante los comentarios que se empezaron a recibir respecto a las dificultades que estaban atravesando los alumnos, se habilitó una modalidad de tutoría diferente con la finalidad de apoyar a los alumnos que presentaban situaciones complejas, este programa inicia en el momento en que el tutor recibe la solicitud de apoyo por parte del estudiante hasta que finaliza la tutoría. El método de intervención se basa en el diálogo sin censura y consta de cuatro momentos: El primer encuentro con el tutorado (a), la conformación de un código deontológico, el desarrollo (estructura y abordaje) y la evaluación. 

En el caso de las tutorías individuales que se trabajaron con los alumnos de 1° grado, se encontraron situaciones en las que los estudiantes refirieron acoso por parte de uno de sus compañeros. Mencionaron que no querían abrir sus cámaras durante las reuniones porque uno de ellos les enviaba mensajes preguntando en donde vivían, con quién, y situaciones que alcanzaba a ver a través de las cámaras y se sentían intimidadas. 

Una alumna, refirió sentirse acosada por uno de sus maestros porque le hacía comentarios incómodos como: ¿a quién le sonríes en tu foto de perfil? , deberías sonreírme a mí, -después de ese comentario del maestro dijo- ya no quise participar en la clase para no tener que abrir mi cámara y exponerme a comentarios del maestro. Es una realidad que en las circunstancias en las que nos encontrábamos docentes y estudiantes, estábamos muy vulnerables, al igual que gran parte de la población y que teníamos mucho miedo, angustia y una  gran incertidumbre pero nada justifica conductas inapropiadas por parte de compañeros de grupo y menos aún por parte de un docente que en teoría debe ser quien proteja a sus estudiantes. 

Con todo esto y a pesar de que se hicieron grandes esfuerzos para apoyar a los estudiantes, hubo circunstancias que nos sobrepasaron y nosotros mismos como seres humanos, tuvimos que enfrentar dolorosas experiencias por la pérdida de nuestros seres queridos. Cabe señalar que Le Breton (2009) hace mención a estudios en los que se muestra como los acontecimientos que viven los hombres a lo largo de su existencia, los marcan de forma diferenciada, lo cual fue una realidad que pudimos comprobar con las muy diversas maneras en que experimentamos mientras nos encontrábamos en pandemia. 

Todo esto es lo que me lleva a señalar tan “cerca y tan lejos” porque en todos mis años de experiencia docente fue en este momento de pandemia cuando me he sentido más cerca de mis alumnos al hablar cara a cara con cada uno de ellos y al mismo tiempo con la frustración de estar tan lejos para brindarles un mayor consuelo que en ese momento requerían. 

No me refiero estrictamente a un abrazo físico pero si abrazarlos a la distancia y hacerlos sentir que no estaban solos, que del otro lado de su pantalla había alguien a quien les interesaban, alguien que deseaba fervientemente que no se sintieran solos y que deseaba ayudarlos.

Por otro lado, teníamos comentarios de los docentes muy opuestos como los siguientes: “estoy muy agotada, trabajar en línea me está desgastando mucho”, “no puedo más, me duele el cuello por tanto tiempo que paso frente a la pantalla y me estresa que los estudiantes se conectan y desconectan constantemente” “yo les pido a los alumnos que abran su pantalla y la mantengan abierta todo el tiempo pero no lo hacen y no sé qué están haciendo” “ya quiero regresar a clases, no puedo dar clases en línea”, “mi casa es un caos, no puedo concentrarme porque toda la familia está en casa”.

Al mismo tiempo que encontramos estos comentarios, tuvimos otros en donde los docentes decían: “prefiero trabajar en línea porque gasto menos”, “me he vuelto más productiva, tardaba dos horas para llegar al trabajo y dos de regreso y ahora ese tiempo lo empleo en leer, escribir y preparar mis clases”, “yo prefiero seguir trabajando desde casa porque estoy más tiempo con mis hijos”. 

Lo cierto es que la forma de reaccionar de los seres humanos es impredecible y diversa, tuvimos que vivir y aprender a manejar el miedo, el estrés, la ansiedad, la incertidumbre y en un futuro seguramente ya estaremos mejor preparados para enfrentar una pandemia. 

Es una realidad que nunca estaremos del todo preparados para enfrentar situaciones como las que tuvimos que vivir a causa de la pandemia por COVID 19, porque más allá  de que se cuente con todos los recursos tecnológicos (señal de internet, equipos individuales para conectarse a las sesiones) así como la capacitación por parte de los docentes y estudiantes, la relación cara a cara es insustituible tanto entre docente-estudiante como entre estudiante-estudiante. Los tiempos y experiencias vividas en la escuela, en general son insustituibles debido a los aprendizajes que se generan en los diversos espacios de la escuela, son únicos (no todos necesariamente son gratos) pero son los que verdaderamente los preparan para la vida adulta.

Ya de regreso a las aulas, que en un principio fue de forma mixta, los alumnos compartieron, como parte de dinámicas para acompañar a los alumnos en el regreso a la “nueva normalidad”, como se le denominó a esta etapa, nos encontramos comentarios muy alentadores de algunos estudiantes como: “Yo aprendí a cocinar, no me gustaba y ahora me gusta”, yo aprendí a tejer, yo aproveché para ejercitarme. Además de comentarios como estos nos encontramos con otros desalentadores y tristes como las siguientes: -“estoy asistiendo a terapias porque he tenido episodios de ansiedad”, -“yo subí mucho de peso, tengo problemas serios con la comida y tengo que acudir al médico”, “he tenido episodios de pánico y me cuesta mucho salir de casa, no me siento segura, ¡no quiero salir!”, estas son solo algunos de los comentarios que se recopilaron de los grupos.

Por otro lado, tuvimos muchas solicitudes de bajas temporales y definitivas que intentamos desalentar con el apoyo de los tutores y de la oficina de Trayecto formativo en donde se organizó un programa de apoyo para los alumnos en riesgo de reprobación, programa que se tendrá que evaluar en breve para determinar que tanto se apoyó para que realmente los alumnos adquirieran los aprendizajes mínimos necesarios para continuar con sus estudios o si lo que provocó fue que bajara el nivel educativo de nuestros estudiantes. 

Conclusiones:

A la luz de las experiencias, los aprendizajes y el apoyo que se brindó a las diferentes generaciones que fueron afectadas y los docentes involucrados, podemos decir que esta experiencia, nos hizo crecer, avanzar y por supuesto, a quienes pudimos sobrevivir, más fuertes, resilientes y conscientes, de que una situación como esta puede repetirse y debemos estar preparados, de la misma manera que estamos preparados para los temblores, los dos son riesgos importantes, pero está pandemia fue un recordatorio de los vulnerables que somos: debemos repensar y replantear la educación en su conjunto.La capacitación a los docentes, requiere ser obligatoria, que de manera permanente todo docente reciba capacitación en el conocimiento, manejo y empleo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la educación, pero sobre todo caer en la cuenta del contenido educativo a nivel general y en particular de la educación especial, entonces no solo se requiere conocer las herramientas y los programas que administran, transmiten y comparten información mediante soportes tecnológicos para que en su momento los empleen en su práctica educativa sino evaluar el antes y después de la pandemia con sus implicaciones en la educación especial. 

Ante la globalización de los aspectos económico, sociales, culturales y educativos, ahora se deben de sumar los aspectos de lo sanitario, la salud y la medicina ante la emergencia que supuso el hecho de la pandemia, entonces se debe reflexionar además la inclusión de nuevas generaciones y la convivencia entre docentes y alumnos, abarca varias generaciones: baby boomers, generación X, millennians, generación Z y la generación alpha. Cada una de ellas ha tenido su forma particular de asumir la comunicación que se considera como galaxias: Gutenberg, TV, internet, digital, redes sociales, redes de conocimiento, por lo que debemos estar preparados y alertas para abrir la comunicación y fomentar una participación activa, pasar del receptor al actor, con una concepción de integración para los retos del futuro, aprovechando la experiencia del trabajo durante la pandemia.

Bibliografía:

Referencias

Breton, L. (2009). Las pasiones ordinarias. Antropología de las emociones. Buenos Aires: Nueva Visión.

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (12 de Junio de 2020). Medición de la pobreza en México 2020. Obtenido de https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx

DGENAM. (2021). DNAC Ejerccio Anual para la Detección de Necesidades de Actualización y Capacitación 2021. México: SEP.

DGENAM. (2022). DNAC 2021 Informe de resultados. México: SEP.

Feix, N. (Octubre de 2020). Panorama laboral en tiempos del COVID-19. México y la crisis de la COVID-19. Obtenido de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-mexico/documents/publication/wcms_757364.pdf

Keeley, B. (2018). Desigualdad de ingresos. La brecha entre ricos y pobres. Esenciales OCDE, OECD Publishing,UNAM. Obtenido de http://www.iiec.unam.mx/sites/www.iiec.unam.mx/files/libros_electronicos/Desigualdad.pdf

OIT Organización Internacional del Trabajo. (Octubre de 2020). México y la crisis de la COVID-19 en el mundo del trabajo: respuestas y desafíos 22/23 Panorama Laboral en tiempos de la COVID. Recuperado el 14 de Agosto de 2019, de Comunicado de Prensa Núm. 448/19, 2 de septiembre. X OIT: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-mexico/documents/publication/wcms_757364.pdf

Olvera, E., & López San Salvador, C. (. (2021). Realidades emergentes la escuela normal ante la pandemia. México: Autoridad Educativa Federal Ciudad de México.

 

Palabras clave:

Palabras clave: Covid -19, educación, desigualdad

Resumen de la Ponencia:

El surgimiento del cooperativismo en América Latina data de finales del siglo XIX, en parte influenciado por el pensamiento europeo. Sin embargo, formas más comunitarias y solidarias ya se encontraban presentes en Incas y Aztecas, e incluso en las comunidades rurales como la mano prestada (Vitale, 1983), el convite, entre otras. De forma contemporánea, el cooperativismo, la economía social y solidaria y la economía popular constituye un debate actual en la academia que nos remite al menos a tres tendencias. Una primera tendencia que se refiere a la cooperativa como unidad de producción y por lo tanto como actor central del desarrollo e incluso como garante de equidad (Arango, 2005a; Magrovejo et al., 2012; OCA et al., 1994; Panzoni, 1958; Sili et al., 2014); una segunda tendencia, emergente a partir de la década de 1990 con la caída del Bloque Socialista y donde tomó fuerza el concepto de economía social y solidaria(Coraggio, 2021; Díaz, 2015); una tercera tendencia que aborda desde el concepto de economía social y popular y que por lo tanto engloba un conjunto de prácticas que van mucho más allá de lo económico e involucra elementos comunitarios (LESA ENES Morelia & Arellanes C, 2021). En este sentido, esta ponencia profundiza en la configuración del debate latinoamericano al destacar la producción académica en tres contextos nacionales México, Colombia y Brasil. En este sentido, aplica la revisión documental como metodología de investigación y como criterios de selección la producción de los últimos 15 años. A modo de resultados, estas tres tendencias de pensamiento tienen su mayor expresión en las prácticas de los actores, en ocasiones como medios de resistencia a la profundización de las desigualdades ambientales, económicas y políticas. Para concluir, este debate además de vigente propone una diversidad de desafíos, al sector público, en la comprensión del sector cooperativo, solidario y popular y las implicaciones que estas conceptualizaciones tienen en las políticas públicas; al sector académico,el diálogo permanente con los actores sociales y los resultados del mismo.

Resumen de la Ponencia:

La fundamentación del Estado moderno comprende dos tradiciones diferenciadas; por un lado, la maquiaveliana, también denominada realista, en la que el Estado se fundamenta en y por sí mismo, por razón de Estado; por otro lado, la tradición lascasiana, o humanista, que enmarca el Estado en el derecho natural o, en términos contemporáneos, en los derechos humanos. Esta segunda visión de lo estatal supone una concepción construccionista del pacto social y, en consecuencia, la voluntariedad de la participación de los pueblos en la conformación de un Estado. Es decir, el derecho a la autodeterminación de los pueblos antecede y condiciona al Estado, y no al revés (como pretende, por ejemplo, la constitución mexicana, art. 2). Este estudio explora el pensamiento actual de pueblos indígenas en México en relación con la pugna entre estas corrientes maquiaveliana y lascasiana, atendiendo a su apreciación del construccionismo estatal. Normativamente, se propone que el tránsito del paradigma dominante, realista, al construccionismo debe facilitarse mediante el desarrollo y la internalización colectiva del protagonismo político de los pueblos, no de los Estados; pero no desde una comprensión biologicista de pueblo, sino desde la autoadscripción individual voluntaria.

Resumen de la Ponencia:

Alrededor de la alternancia en la titularidad del poder ejecutivo federal que tuvo lugar en México el año 2000 se generaron, al igual que en otros puntos del subcontinente, expectativas democráticas que iban de la mano de una transformación institucional. Los diseños respectivos pasaban por la capacidad de construir acuerdos sobre qué era necesario crear o fortalecer. En la medida en la que la discriminación y violencias de género eran y serán siempre incompatibles con un entorno democrático y de que los Estados que aspiran a dicho calificativo están obligados a garantizar su erradicación, el nacimiento en nuestro país del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) difícilmente hubiese podido objetarse. Sin embargo, abrir espacios institucionales no basta, lo que los dota de sentido es su capacidad de reproducir interacciones capaces de garantizar el abanico de derechos humanos que, entendidos en un sentido amplio, forman parte de las agendas sociopolíticas del siglo XXI. Hasta dónde el INMUJERES ha avanzado, o no, en esa dirección es la interrogante central que guía esta ponencia.

Resumen de la Ponencia:

Lo queramos ver o no, el mundo ha cambiado. Ante la generalización y normalización del uso (y a veces abuso) de los mecanismos de Derecho de excepcionalidad a lo largo del planeta y las numerosas crisis sociales y económicas que la pandemia ha dejado tras de sí, se prevé que en los próximos años se desencadenen, en muchos de los países del Globo, crisis políticas que no sólo desestabilizarán sus diversos sistemas políticos, sino que incluso contribuirán a su transformación. De cumplirse estas previsiones, se correría el peligro de convertir estos instrumentos en peligrosos mecanismos de violación e incumplimiento de los derechos y libertades ciudadanas. Por ello, este trabajo busca analizar la problemática de la garantía de los derechos fundamentales en México a través de la aplicación del mecanismo de Derecho de excepcionalidad recogido en el art. 29 de su Constitución, ya que, por un lado, el establecimiento de ciertos derechos intangibles imposibilitan la adopción de medidas reales para atajar la emergencia y, por otro, la ausencia de un Reglamento que desarrolle este precepto dificulta la delimitación de las facultades del Gobernante ante este tipo de supuestos, permitiendo que se vulneren dichas garantías a través de medidas que los afectan tangencialmente. Así, el Ejecutivo mexicano no podrá cargar contra los manifestantes, ya que no se puede restringir ni suspender el derecho a la integridad personal, ni se podrá perseguir a un grupo ideológico que busque subvertir el poder a través de métodos no democráticos, por implicar discriminación, entre otras muchas medidas. Y ello provocará que el Gobernante deba elegir entre vulnerar la Constitución o permitir que el Estado se hunda en el caos. Pero también puede adoptar medidas que regulen otros derechos que afecten directamente a esos derechos intangibles. Puede regular el derecho a la seguridad ciudadana y establecer la posibilidad de llevar a cargo cierta violencia policial o clasificar a cualquier grupo organizado no democrático como terrorista, combatiendo la criminalidad común a través de la suspensión de garantías, lo cual es contrario a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, la pregunta que dicha investigación busca responder es si la suspensión de garantías mexicana protege realmente los derechos fundamentales de las y los ciudadanos durante este tipo de emergencias. Y el objetivo de todo ello es conocer los peligros que implica para el Estado de Derecho y la Democracia mexicana el privar al Gobierno de instrumentos para enfrentar los conflictos colectivos, obligándole o bien a la pasividad o al incumplimiento de la Constitución.  

Introducción:

La guerra de Ucrania, los conflictos sociales derivados de la inflación, las conspiraciones de golpe de estado en Alemania que lleva a cabo la ultraderecha, la declaración del estado de emergencia y el intento fallido de golpe de estado en Perú…son sólo un pequeño muestrario del enorme elenco de conflictos sociales que están teniendo lugar en el mundo. Y, como toda crisis de tamaña envergadura, dejará su impronta en los regímenes constitucionales de todos los países del planeta (VALADÉS, 2020:XXX), especialmente en el Derecho de excepcionalidad. 

Este concepto engloba toda aquella normativa constitucional que regula el otorgamiento de las facultades extraordinarias al Ejecutivo y que decreta temporalmente la restricción de derechos o la suspensión de garantías temporal, con el objeto de enfrentar peligrosas situaciones emergentes para la supervivencia del Estado o la de sus ciudadanos, las cuales no pueden paliarse a través de los cauces ordinarios del Derecho. Las facultades extraordinarias consisten en la transmisión parcial de la función legislativa que hace el Congreso en favor del Ejecutivo, lo que quebranta excepcionalmente el principio de división de poderes (MARTÍNEZ BÁEZ y TENA RAMÍREZ, 2006: 28). Usamos el término Derecho de excepcionalidad o estados de excepcionalidad en lugar de Derecho o estados de excepción, porque esta última definición hace referencia, en la nomenclatura española, a una de las diferentes formas que puede adoptar una situación de anormalidad constitucional, como es el estado de excepción, cuando en realidad abarca todas sus modalidades. Además, esta regulación no supone una excepción a la Constitución, lo que parece que se deriva de dicho concepto, sino que la misma se sigue aplicando, a pesar de que entran a funcionar mecanismos pensados para situaciones excepcionales, por lo que el Derecho que lo regula también debe ser excepcional. Así mismo, se propone usar esta denominación en lugar de utilizar “Derecho excepcional” porque esto último también podría aludir a una regulación muy extensa y precisa sobre una materia concreta, cuando en realidad nos estamos refiriendo a un Derecho creado para situaciones de anormalidad. Y aunque estos mecanismos acercan un modelo democrático a una dictadura, la diferencia entre ambos es la existencia instrumentos de control efectivos en el primero y su ausencia en el segundo.

De este modo, el objeto de estudio de esta investigación será el conflicto que se le presenta al Gobernante mexicano al tener que elegir entre el respeto de las limitaciones que encuentra su ordenamiento para poder enfrentar los conflictos sociales desde la ponderación del respeto a los Estados Democráticos de Derecho, y la eficacia de sus medidas. Por ello, el trabajo no sólo expondrá, de una forma descriptiva, los diferentes mecanismos jurídicos de los que dispone la Constitución mexicana para gestionar las diversas emergencias, sino que planteará gran parte de las crisis sociales a las que puede enfrentarse un país, sin entrar en escenarios disruptivos o contra fácticos. 

Por ello, la finalidad de este trabajo será investigar no sólo cual sería el instrumento adecuado para hacer frente a todas esas emergencias que se exponen en el trabajo, sino también las dificultades que podría encontrar el Gobernante para poner sus medidas en ejecución y los peligros que éstas pueden suponer para los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos que componen la República de los Estados Unidos Mexicanos. En definitiva, se trata de manifestar los defectos del Derecho de excepcionalidad mexicano con la intención de que se lleven a cabo las pertinentes reformas que eviten posibles desvíos autoritarios en un futuro, cuando las circunstancias obliguen a adoptar los diversos mecanismos de gestión de emergencias.

La metodología a emplear consiste en llevar a cabo un análisis doctrinal y jurisprudencial del objeto de estudio, extrapolando las conclusiones esgrimidas en otras investigaciones a las hipótesis de esta investigación, de tal manera que la solución de otros sucesos similares sirva para solventar las diversas problemáticas que se exponen en este trabajo. Se comienza haciendo una precisión conceptual que no se realiza en el ordenamiento mexicano y que es fundamental para abordar la problemática del Derecho de excepcionalidad, tras una exposición del mecanismo mexicano de suspensión de garantías. A continuación, se exponen las limitaciones que encuentra esta parte del ordenamiento para hacer frente a algunas emergencias constitucionales, como invasiones o alteraciones de orden público. Después se analiza lo que sucede con la protección de los derechos en los mecanismos de gestión de crisis sanitarias mexicanos. Y, finalmente, de todo ello se extraerán unas sucintas conclusiones. 

Desarrollo:

SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS VS RESTRICCIÓN DE DERECHOS

Los mecanismos que se utilizan para hacer frente a los conflictos sociales pueden llamarse de múltiples maneras: estado de excepción y estado de sitio, en España; estado de conmoción interior y estado de guerra, en Colombia; estado de emergencia, en Perú;…o suspensión de garantías, en el caso mexicano. De este modo, el art. 29 de la Constitución mexicana permite suspender garantías si el Gobierno así lo solicita y el Congreso de la República lo autoriza, mediante una Ley de suspensión de garantías, aprobada por mayoría simple, ya que el ordenamiento jurídico constitucional no establece una mayoría diferente. Sin embargo, en dicha Ley, el Parlamento mexicano debe especificar las concretas garantías que le habilita al Gobierno a suspender y sobre qué derechos. 

Pero si tenemos en cuenta el funcionamiento partidista de los actuales Estado, un Presidente puede recibir del Congreso todas las facultades que desee si el partido o coalición que lo apoya cuenta con la mayoría simple (es decir, con que haya más voto afirmativo que negativo por parte de los parlamentarios, sin tener en cuenta las abstenciones). Ello deriva de que, como líder del partido, podrá obligar a los congresistas de su bancada, a través de la disciplina del voto, a apoyar tales medidas, las cuales deben ser coherentes con la gestión de la crisis (FERRER MC-GREGOR, 2020: 11), tanto si restringen derechos como si suspenden garantías. Sin embargo, el precepto constitucional mencionado no habla en esos términos, sino que, de su literalidad, parece derivarse que tanto los derechos como las garantías pueden restringirse o suspenderse, lo cual no es correcto, porque no es lo mismo. Los derechos pueden limitarse o restringirse, pero solo las garantías pueden suspenderse (FERRER MC-GREGOR y HERRERA GARCÍA, 2017: 110-112). 

Así, en el caso de la limitación o restricción de derechos, éstos continúan conservando todas sus garantías, por lo que es posible someter las medidas al control de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al del Propio Poder Judicial. De esta forma, el ejercicio de los derechos se ve limitado de una forma mucho más gravosa que en circunstancias normales, al verse ponderados con un bien superior, que puede ser la seguridad del Estado, el régimen democrático o la propia vida de las ciudadanas y los ciudadanos de la Nación. Sin embargo, en la suspensión de garantías, el papel de los jueces y magistrados desaparece, salvo para controlar la interdicción de la arbitrariedad. Porque, como dijimos, e insistimos, lo que se suspenden no son derechos, sino garantías. Las medidas adoptadas en la suspensión de garantías pueden ser las mismas que las aprobadas durante una mera restricción de derechos; la diferencia radica en el papel del Poder Judicial para fiscalizar la acción del Gobierno. Además, mientras que la suspensión de garantías requiere que el Poder Ejecutivo lleve a cabo la correspondiente declaración expresa de tal mecanismo y la comunicación de su uso a organismos internacionales, como a los Estados Miembros del Pacto de San José, en el caso de México, la restricción no precisa ningún acto expreso ni comunicación, ya que se lleva a cabo a través de cualquier acto normativo. 

Además, el control que realiza la Justicia Constitucional mexicana se realiza de oficio sobre los decretos de ejecución de las medidas, pero no sobre la Ley de Suspensión de garantías, al igual que en Colombia, mientras que en España es necesario que lo soliciten las instancias legitimadas para interponer el recurso de inconstitucionalidad, por lo que, si no existiese una oposición política real en este país, un estado de excepcionalidad ilegítimo o desproporcional que se aprobase en dicho Estado  podría no encontrar obstáculos a su ejecución, ya que el control judicial del Derecho de excepcionalidad español depende de su control político. El Tribunal Constitucional español fue quien se atribuyó esta competencia sobre los propios decretos de declaración mediante el Auto del Tribunal Constitucional 7/2012, de 13 de enero y la Sentencia del Tribunal Constitucional 83/2016, de 27 de octubre, siempre que se interponga recurso de inconstitucionalidad. Esto lo diferencia de México y Colombia, pues será la justicia ordinaria, y no la constitucional, la que se encargue de atender las vulneraciones de derechos de los decretos de ejecución. No obstante, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no entienda inconstitucional o desproporcionada la Ley de Suspensión de garantías, ello no exime a que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos ante los respectivos organismos judiciales, cuando sientan que éstos han sido vulnerados (DE LA CUEVA, 2006: 20-21), al menos en la parte no sometida a suspensión. 

No obstante, uno de los problemas más notables del mecanismo mexicano establecido para enfrentar graves conflictos sociales es que se puede usar indistintamente para paliar una grave alteración de orden público como para frenar una sublevación armada, lo que podría ocasionar una desproporción en el uso de la fuerza para situaciones de menor gravedad. Sin embargo, en España, el estado de excepción sirve gestionar las primeras situaciones y el estado de sitio para hacer lo propio con las segundas. Así, cuando un tumulto implique un desorden caótico de una muchedumbre sin un fin concreto se aplicará el estado de excepción, mientras que, en una insurrección, en la cual existe una violencia organizada que sí persigue un fin concreto contra el Estado o sus valores, es necesario declarar el estado de sitio. Además, mientras que el estado de excepción sólo permite suspender las garantías de los derechos políticos, el estado de sitio sólo deja indemnes los derechos garantizados a los civiles por los tratados internacionales, ya que la Constitución española, en su art. 15, permite que la legislación militar establezca la pena de muerte. 

Así, según este precepto, “no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”. De este modo, mientras que Colombia prohíbe la suspensión de garantías, tanto España como México la permiten, recogiéndolos de manera positiva el primero y negativa el segundo. 

LA PROBLEMÁTICA DE LOS DERECHOS INTANGIBLES

Aunque la Constitución mexicana de 1857 sí establecía límites a la suspensión de derechos inherentes a la vida (MARTÍNEZ BÁEZ, 2006: 14-15), el Constituyente de 1917 entendió que ello haría inoperante al poder público para superar las crisis más graves (AGUILAR MAYA, 2006:49-50). Sin embargo, la tendencia proteccionista del Derecho internacional llevó a que se estableciesen más límites en cuanto a la suspensión de garantías. No obstante, entendemos, al igual que OLALDE VIEYRA (2015: 276), la dificultad que encontrará el Poder Ejecutivo para enfrentar un conflicto bélico o una insurrección interna sin la posibilidad de suspender las garantías ni restringir el derecho a la vida o a la integridad física de los sujetos que no se encuentren en el bando gubernamental. Se podría pensar que esta imposibilidad de suspender derechos se refiere sólo a los civiles, rigiéndose los militares por lo que establecen las leyes internacionales. Pero la Constitución mexicana no lleva a cabo tal diferenciación. Lo mismo sucede con la imposibilidad de suspender el debido proceso, el habeas corpus y el derecho al amparo, ya que las tácticas militares obligan a la celeridad de las acciones y el respeto de tales aspectos retrasarían sus avanzadillas, dando una ilógica y desmedida ventaja al bando no gubernamental. Ello favorecería a que dicho ejército contase con permitir que algunos de sus efectivos cayesen prisioneros al tener la certeza jurídica de que ello entorpecerá las Fuerzas Armadas del Gobierno sin poner en peligro la vida de sus soldados. Y es que considerar que, en tiempos de guerra, se respeta el derecho a la vida, la integridad física, el debido proceso, el habeas corpus… es una peligrosa ficción que sólo puede servir para que el Derecho de excepcionalidad se use para combatir la criminalidad común, como sucedió en El Salvador, aunque ello esté penado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

También sería bastante complicado paliar una grave alteración del orden público sin que se faculte al Gobierno restringir derechos políticos o individuales, como la libertad de pensamiento o de expresión, o suspender sus garantías. Por un lado, permitir que se enarbolen determinados símbolos o se ensalcen determinadas consignas puede agravar las distenciones sociales, por lo que, al menos, la restricción de estos derechos es necesaria. Obviamente no nos estamos refiriendo a perseguir a la oposición política ni a cualquier acto de opinión pública, sino a esas manifestaciones que buscan subvertir los modos democráticos de manera efectiva en tiempos de alteraciones sociales graves. Cuando surgen estas emergencias es menester perseguir las consignas sediciosas para evitar que sus pregones lleven a los individuos a realizar actos de hostigamiento contra el Estado, lo que obligará al Gobierno a suspender la libertad de aquellos individuos que las realicen. Y al castigar a quien proclama unas consignas y no otras se produce una clara discriminación, lo cual no está permitido en el precepto comentado. De hecho, durante la crisis sanitaria se adoptaron muchas medidas, como la vacunación, donde se llevó a cabo una discriminación por edades y profesiones. Además, en relación a los derechos políticos, no es aconsejable realizar elecciones durante el transcurso de estas emergencias, ya que la oposición puede usar un momento de crisis política aguda para desgastar al Gobierno, lo que aumentará los enfrentamientos y hará que las decisiones electorales no se tomen de forma reflexiva sino movidas por la coyuntura de crisis y crispación. 

Por ello, el no poder suspender las garantías necesarias para la gestión de cada una de las crisis, atendiendo a las concretas circunstancias de cada caso, lo entendemos, más que como una medida protectora de derechos, como un riesgo para ellos, porque o bien el Gobierno debe verse obligado a sucumbir por parálisis jurídica y política; o bien debe admitir que es necesario no aplicar la Constitución ni respetar sus derechos, lo que le restará una importante eficacia normativa; o bien debe crear una descarada ficción jurídica afirmando que esa medida no supone una gravosa limitación del Derecho, aunque realmente lo sea, ya que no querer llamar restricción de derechos ni suspensión de garantías a lo que realmente lo será en algún momento por necesidad, legitimará al Gobernante a aplicar las mismas medidas que usó en circunstancias extraordinarias para hacer frente a situaciones ordinarias. Porque transmitir a la ciudadanía que lo que es una verdadera suspensión fáctica de derechos, por muy justificado que esté, en realidad no lo es, sólo servirá para que los ciudadanos no sean capaces de identificar la misma restricción en tiempos de normalidad. 

Por otro lado, una vez que finaliza la vigencia de la Ley de suspensión de garantías mexicana, sus medidas dejan de ser eficaces y el Congreso vuelve a realizar sus funciones legislativas. Sin embargo, a pesar de que las sanciones impuestas durante la duración del derecho de excepcionalidad deberían continuar sus efectos una vez terminado el mismo, ello no sucede así, lo que permite a los sujetos sobre los que hubieran recaído dichas sanciones poder librarse de las mismas si consiguen dilatar el proceso en el tiempo a través de los recursos. 

LOS CONFLICTOS SOCIALES EN LAS CRISIS SANITARIAS

Sin embargo, por lo que respeta a las crisis sanitarias, éstas pueden atajarse a través de diferentes mecanismos. En principio, la Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad, establecida en el art. 73, fracción XVI de la Constitución mexicana está pensada para gestionar emergencias sanitarias. Es un mecanismo que declara el Gobierno sin necesidad de contar con la ratificación del Congreso, a través de la Secretaría de Salud, lo que diferencia este proceso de la suspensión de garantías del art. 29 constitucional, donde es necesario que el Congreso autorice su declaración. Posteriormente, el Consejo de Salubridad General mexicano establecerá las medidas adecuadas para hacer frente a la situación. 

Se trata de un organismo colegiado de excepción constitucional que se erige en una pieza clave para garantizar que la ciencia se funda con la política, permitiendo que la primera irradie una perspectiva técnica de la compleja problemática que envuelve a cualquier emergencia sanitaria (BARCELÓ ROJAS, 2020: 70). En realidad, puede dictar disposiciones concernientes a una crisis epidemiológica, aunque en dicha labor se encuentra sometido a la Secretaría de Salud, quien lo preside, por lo que se trata de un órgano que goza más de auctoritas que de fuerza normativa real. Además, sus resolutivos tienen la categoría de leyes federales y pueden vincular a cualquier autoridad (federal, estatal o municipal), sobre cualquier materia, siempre que guarden relación con el control de la enfermedad. Lo conforman 13 vocales titulares, que tienen voz y voto. El origen de este Consejo lo podemos encontrar en el Consejo Superior de Salubridad de 1941, creado durante la presidencia de Anastasio Bustamante, aunque como órgano consultivo. Sin embargo, en la actualidad, la Constitución le otorgó rango de constitucional y facultades normativas (SERNA DE LA GARZA, 2020:100).

La característica más destacable de este instrumento es que, a través de él, no es posible suspender ningún tipo de garantías, sino que sólo cabe restringir los derechos no mencionados en el art. 29 de la Constitución mexicana. Si la emergencia sanitaria alcanzase tal envergadura que requiriese la suspensión de garantías, será preciso poner en marcha el procedimiento del art. 29 constitucional, ya que, al establecer este procedimiento como tercer supuesto habilitante de declaración “cualquier otro [caso] que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, cabe dicha posibilidad, siempre que sea proporcional (HUERTA OCHOA, 2020). Lo mismo sucedería si nos enfrentamos a un ataque bacteriológico, ya que, aunque necesitaríamos adoptar medidas sanitarias, no sería correcto hablar de una mera crisis sanitaria, sino que el Estado se encontraría ante una guerra, por lo que también debe ponerse en marcha este mecanismo. 

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con este precepto, la Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad no goza del control de oficio que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el procedimiento del art. 29 constitucional (GARCÍA LÓPEZ, 2020: 247-248), sino que cada individuo que se sienta agraviado por las medidas del Gobierno relativas a la crisis sanitaria, deberá interponer el correspondiente recurso de amparo ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Este procedimiento se extrapoló directamente por el Constituyente mexicano de 1917 de su homónimo de 1941, ya que fue muy efectivo para luchar contra las crisis de peste negra de comienzos del siglo XX (CARRILLO, 2005), lo que explica, pero no justifica, la ausencia de la debida protección de derechos, ya que pudo haber sido reformado, al igual que el art. 29 constitucional, para adaptarlo a las exigencias de las cartas internaciones de derechos (BARCELÓ ROJAS, 2020). 

Por tanto, como dijimos, las medidas adoptadas a través de este instrumento carecen del control político y judicial que sí poseen las que se adoptan a través del procedimiento del art. 29 constitucional. Esto permite al Presidente aprobar restricciones de derechos tan fuertes que afecten injustificadamente a su propia esencia, sin la posibilidad de que la justicia constitucional se pronuncie sobre dichas medidas, lo que podría equipararse a una suspensión de garantías, salvo por la posibilidad de la que goza cada ciudadana o ciudadano para hacer valer sus derechos a través del recurso de amparo. Aunque ello depende, eso sí, de que el juez entienda que las medidas son proporcionales a la situación de excepcionalidad declarada, lo cual excede, creemos, siempre sometidos a otro criterio crítico, de las limitaciones técnicas de cualquier órgano jurisdiccional. 

Conclusiones:

Por tanto, como hemos tenido ocasión de comprobar, el ordenamiento constitucional mexicano debe llevar a cabo importantes reformas constitucionales en la parte atinente al Derecho de excepcionalidad, ya que sus carencias podrían facilitar las tendencias autoritarias de un hipotético Presidente de un perfil poco democrático. Se trata de una normativa que sirve para proteger la forma del Estado, la Libertad y la vida de los ciudadanos. Pero también puede utilizarse, si no cae en las manos adecuadas, para atentar contra todo lo anterior. Por ello, es preciso hacer profundas transformaciones en el Derecho de excepcionalidad mexicano que obstaculicen que éste pueda usarse para subvertir el orden democrático.

Así, en primer lugar, es preciso transformar el art. 29 constitucional en cinco aspectos. Primero debe marcarse la diferencia entre restringir derechos y suspender garantías, ya que podría entenderse que suspender un derecho implicaría la facultad para su inobservancia, cuando esto es incorrecto. El poder se encuentra sometido, en todo momento, al ordenamiento constitucional, debiendo garantizar los derechos fundamentales, incluso durante la aplicación del Derecho de excepcionalidad. Lo que sucede es que estos mecanismos impiden a los ciudadanos reclamar la vulneración de sus derechos. Pero esto no faculta al poder para incumplirlos injustificadamente. El segundo aspecto a revisar radica en crear un mecanismo exclusivo para gestionar tumultos o huelgas salvajes y otro que se encargue de las insurrecciones armadas, estableciendo cada uno de ellos medidas proporcionales a cada situación, en lugar de regular ambos supuestos en un mismo procedimiento. Ello podría llevarse a cabo en el Reglamento que el art. 29 constitucional obliga y que todavía no se ha elaborado. El tercer aspecto para reformar hace referencia a la eliminación de gran parte de lo que podríamos llamar los derechos intangibles. Como hemos tenido ocasión de comprobar, es imposible gestionar determinadas emergencias sin afectar la esencia de estos derechos. Por ello, en lugar de impedir su afectación, sería recomendable exigir mayorías agravadas del Congreso para su aprobación, ya que las leyes atinentes a derechos fundamentales suelen requerir mayorías absolutas, así como una mayor fiscalización parlamentaria. El cuarto punto que debe ser transformado se refiere a la eficacia de las sanciones, ya que éstas no deberían perder su eficacia normativa cuando terminase el estado de excepcionalidad, sino que las que se hubieran impuesto en su momento, deberán seguirse rigiendo por la normativa de excepcionalidad. 

Además, el quinto extremo que merece ser revisado es el relativo a los derechos políticos. Y es que la suspensión de las elecciones durante las declaraciones de crisis podría ayudar a que se centren todas las fuerzas y la unidad política del Estado en su superación, sin tener en cuenta el desgaste electoral que ello podría ocasionar. No obstante, el Congreso posee la capacidad constitucional para revocarle al Gobierno esas facultades extraordinarias cuando lo estime conveniente. Pero si esta facultad pudiera suponer un peligro para la pervivencia de la Democracia, dado el funcionamiento partidocratico de las instituciones representativas, sería preciso que se obligase al Poder Ejecutivo a celebrar un referéndum consultivo cuando transcurriese un periodo de tiempo relativamente amplio en el que se plantease a la población una sencilla pregunta acerca de si consideran que continúa vigente el peligro. En caso de negativa por mayoría simple (sin tener en cuenta las abstenciones), el Presidente debe restaurar la normalidad constitucional y convocar automáticamente nuevas elecciones. 

En segundo lugar, también debe reformarse el art. 73, fracción XVI constitucional para permitir que el control político que realiza el Congreso mexicano sobre las facultades extraordinarias que se le conceden al Gobierno cuando se declara el procedimiento del ar. 29 se extienda también sobre la Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad, con la finalidad de impedir una evicción del poder cuando se declare este mecanismo. De igual manera, el control jurídico de oficio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza cuando se suspenden garantías sobre las medidas de ejecución, también debe extenderse sobre las que se adopten cuando se utilice este instrumento, pues ello supone un eficaz freno a cualquier intento de subvertir el orden democrático, a través de la vulneración de los derechos de la ciudadanía. Y es que puede que los tiempos en los que nos ha tocado vivir traigan muchas crisis políticas provocadas por una considerable multitud de factores. Pero si se avecina una tempestad, debemos apuntalar bien los pilares de la Democracia mexicana para que no se la lleve el viento. 

Bibliografía:

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BARCELÓ ROJAS, D. A.: (2020), “La garantía política de la Constitución mexicana en estados de emergencia”, COVID-19 y Parlamentarismo. Los parlamentos en cuarentena, Coordinadores: Barceló Rojas, D. A., Diaz Ricci, S., García Roca, J., y Guimarães Teixeira Rocha, M. E., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Ciudad de México.

CARRILLO, A. M.: (2005), “¿Estado de peste o Estado de sitio? Sinaloa y Baja California”, Historia Mexicana, El colegio de México, V. 54, N. 4, abril-junio.

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VALADÉS, D.: (2020), “Introducción”, COVID-19 y Parlamentarismo. Los parlamentos en cuarentena, Coordinadores: Barceló Rojas, D. A., Diaz Ricci, S., García Roca, J., y Guimarães Teixeira Rocha, M. E., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Ciudad de México.

 

Palabras clave:

estados de excepcionalidad; suspensión de garantías; acción extraordinaria en materia de salubridad; conflictos sociales; derechos fundamentales. 

Resumen de la Ponencia:

Los estudios sobre luchas agrarias, contiendas partidistas, movimientos campesinos, violencia y levantamientos guerrilleros, han tenido un gran crecimiento desde los finales del siglo XX hasta la época. No obstante, han existido peculiaridades en unidades territoriales que aún no han sido estudiadas debido a la ausencia de bibliografía secundaria y pocas fuentes primarias. En ese sentido, el siguiente trabajo es de corte exploratorio documental que trata de describir, sintetizar y dar a conocer el desarrollo de la organización campesina, su resistencia a la violencia y el olvido, en Villarrica – Tolima, entendiendo este municipio como un escenario que fue estratégico en el desarrollo de las luchas agrarias y que marcó un punto de recrudecimiento de represión contra los movimientos sociales campesinos en Colombia. Este ejercicio está compuesto por tres partes. La primera, hace una contextualización de lo que fue la época de La Violencia y agudización de las luchas agrarias en Colombia. La segunda, expone un abanico de trabajos que hablan sobre la unidad territorial en mención, específicamente en un hecho concreto el cual fue la Guerra de Villarrica. Y, por último, se muestran las reflexiones finales que se enfocan en denotar la importancia de este suceso como un hito el cual se le debe prestar más atención desde una mirada historiográfica y sociológica. Para ello, en el plano metodológico se recurrió al análisis documental. Por ende, es importante indicar dos aspectos: i. es un documento interpretativo que no busca ser concluyente y ii. es un texto que genera un debate reflexivo en torno a los estudios críticos de la violencia y conflicto. 

Resumen de la Ponencia:

La presente ponencia analiza el consumo, esta se considera una acción intrínseca ser humano ya que tenemos que cubrir nuestras necesidades, pero se dio paso del consumo al consumismo, convirtiéndose en una característica principal de las sociedades modernas. Desde las primeras formas de organización social, se fabrica ropa para proteger diferentes partes del cuerpo, cubrirse del frio o de diversos climas y poder sobrevivir, esto fue vital para que la humanidad se expandiera y evolucionara en conjunto. Esta práctica de protección del cuerpo se ha modificado a partir de los contextos sociohistóricos y culturales de los diversos grupos sociales. La moda se convirtió en un pasatiempo o en un hábito cotidiano al alcance de las mayorías, se expande sin límites y la demanda de productos aumenta haciendo que las prendas se vendan a precios asequibles que hacen de la moda un ocio accesible. Nos convertimos en una sociedad consumista y competitiva, dichos fenómenos se relacionan con el enfoque neoliberal porque el hecho de comprar mucha ropa constantemente no es una característica de una necesidad real, sino más bien de solo un deseo aspiracional de ser o aparentar lo mejor ante nuestros grupos sociales y de distinguirnos de los que consideramos no son como nosotros. Dada esta alta influencia social, la moda es utilizada como un instrumento político/cultural para guiar masas a un “estilo de vida” determinado por el grupo hegemónico, es un fenómeno que atraviesa la sociedad de tal manera que puede moldear imaginarios y formas de vida. En el contexto contemporáneo con la llegada de la tecnología en todos los sitios, la industria ha podido fabricar ropa que sea fácil de usar y sobre todo dejar de usar porque no representa un gran gasto monetario, como lo es la moda sin costura lo que les permitió reproducir grandes cantidades de ropa para que estén disponibles inmediatamente acortado el tiempo desde producción y entrega. En ese sentido, la investigación identificará como los jóvenes universitarios aspiran a partir de la moda que utilizan a posicionarse en ciertos espacios sociales, es decir, la ropa como mecanismo de interacción social y de reproducción de practicas neoliberales. Además, se identificará el impacto ambiental que generan dichos sujetos mediante el consumo cotidiano de la ropa.