Resumen de la Ponencia:

El objetivo de la presentación es exponer algunas consideraciones teóricas y prácticas al respecto del concepto de innovación social en el terreno de las ciencias sociales, humanas y de la comunicación en el marco de un contexto social, económico, político que le ha otorgado una vitalidad discursiva. En especial, el ejercicio reflexivo que aportamos parte de los resultados que obtuvimos a partir de la propuesta pedagógica que denominamos: Seminario de Comunicación y Procesos de Innovación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina llevado a cabo en el segundo semestre del año 2021.Nuestra preocupación partió de la problematización de la formación académica en el terreno de los estudios de la comunicación y su vinculación con el “mundo del trabajo”, considerando como eje la noción de innovación social. Por ende, la discusión que ofrecemos se centra en la dimensión curricular y pedagógica que asumen los procesos de construcción de conocimiento en clave de formación profesional. Teniendo en cuenta por lo menos dos aspectos a incluir en el análisis: las competencias de los perfiles de egreso y contenidos básicos orientados al campo de la innovación social. Actualmente, este enfoque es un contenido de vacancia en la formación de la carrera de grado mencionada. El seminario condensa en su propuesta programática algunas de las preocupaciones que cruzan el análisis que llevamos adelante en el proyecto de investigación que es marco de esta propuesta: La innovación como concepto y como práctica en la Educación Superior. Una aproximación a las visiones que sustentan la vinculación y la transferencia de conocimiento orientadas a la innovación (Categoría Consolidar, Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC 2019-2022) que tiene como meta comprender los conceptos y las prácticas que sustentan la noción de innovación de los diversos agentes institucionales vinculados a la Educación Superior. También, tiene como antecedentes dos proyectos de investigación previos concluidos vinculados a la temática y la presentación de estos resultados en el marco del proceso de cambio de plan de estudios que está llevando adelante la FCC.  

Introducción:

En esta ponencia nuestros objetivos son: 1) Exponer algunas consideraciones teóricas y prácticas al respecto del concepto de innovación social en el terreno de las ciencias sociales, humanas y de la comunicación en el marco de un contexto social, económico, político que le ha otorgado una vitalidad discursiva. 2) Problematizar formación académica en el terreno de los estudios de la comunicación y su vinculación con el “mundo del trabajo”, considerando como eje la noción de innovación social. 3) Describir algunas características pedagógicas de la implementación del Seminario Comunicación y procesos de innovación social.

La ponencia está organizada en tres partes. Iniciamos con la discusión crítica sobre la relación Comunicación e Innovación desde una perspectiva conceptual. En la segunda parte, damos cuenta de algunos criterios relacionados con el diseño del Plan de Trabajo del Seminario en su primera edición, considerando a esta temática como espacio y área (aún) de vacancia en la FCC, en especial si se lo contempla en contraste con las transformaciones de los media, las mutaciones en los roles y funciones laborales y profesionales de los comunicadores; y por ende, en la necesidad de innovar (también) en la formación de los mismos en clave crítico - creativa.  Al final ofrecemos algunas conclusiones en el marco de estas discusiones que nos permiten orientar la planificación futura del propio espacio curricular.

 

Desarrollo:

 Comunicación e innovación social: posibles cruces

En las últimas cuatro décadas aproximadamente, se han desarrollado vertiginosos cambios que tienen al conocimiento y la incorporación de las Tecnologías de Información y la Comunicación a los procesos socio-productivos como sus motores impulsores de una llamada nueva economía[1]. En este escenario, el análisis de las agendas políticas y en especial, a la producción del conocimiento en el ámbito de las universidades, adquiere una singular relevancia. En especial, el papel de las políticas de I+D y sus agendas[2], las visiones sobre los procesos de vinculación y transferencia así como los procesos mismos de la comunicación de la ciencia están atravesadas por estas nuevas dinámicas que asume el capitalismo en su actual fase. Desde esta perspectiva se construye nuestro interés sobre la innovación en términos conceptuales y también, en tanto acicate de prácticas económicas, sociales, educativas, tecnológicas consideradas en clave de transformación social/desarrollo/cambio social. Por otro lado, nos interrogamos: ¿cómo dialoga el concepto de comunicación con el de innovación?, ¿qué tensiones se cruzan al considerar una relación entre ambos términos? A continuación, delineamos algunos de los caminos posibles para reflexionar en torno a estas preguntas.

La innovación es un concepto actual de aparente neutralidad y gran aceptación, sin embargo, como dice Echeverría (2017, p. 98), hay un “buenismo subyacente” que la presenta como un horizonte deseable y que no permite ver otras formas de entenderla y de analizarla en profundidad para considerar no sólo su asociación a la creación y sus oportunidades sino también a la destrucción y otros riesgos. A su vez, su uso se ha extendido en diversos ámbitos y se ha tornado en un concepto polisémico, detrás del cual existen variadas interpretaciones que dan sustento a modelos de generación, transferencia y gestión del conocimiento para su transformación el valor económico y/o bienestar y calidad de vida, tal como es presentado en las políticas de ciencia y tecnología del gobierno nacional y provincial. La sigla I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) es un esquema que aparece en las bases de las convocatorias públicas de financiamiento de proyectos. A ello se suman nuevas prioridades estratégicas, como la adhesión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que contribuyen a fortalecer los lineamientos entorno a la innovación como estructurante de toda transformación, gestión y producción de conocimiento encaminados a consolidar distintas visiones acerca del desarrollo (Desarrollo Sustentable, Desarrollo Humano, Desarrollo Inclusivo, Desarrollo Sostenible, entre otras), de los patrones de acumulación que los sostienen o las modalidades de encarar la inclusión social (Alzugaray et al, 2013). 

Al realizar una primera exploración, el concepto de innovación se presenta difuso y esta condición ambigua lo coloca en las inmediaciones de propuestas contrapuestas sobre su significación. Este arco de las significaciones oscila entre un término de moda (Gurruchaga A. y Echeverría J. 2010) y sus posibilidades concretas de propiciar e interpretar los procesos de desarrollo o de desigualdad social.

Una de las puertas de ingreso a estos debates es a través de los rastreos de la historia del término innovación. En esta línea podemos situar el aporte que realiza el estudioso canadiense Benoît Godin (2008), que elabora una genealogía del término e introduce algunas aristas para el análisis crítico. En su recorrido se advierte la constitución de un campo semántico donde la calificación de innovador se asocia a la adopción de una invención. En el contexto histórico de la segunda posguerra mundial, este sentido se fortalece con base en el impulso del desarrollo tecnológico. Las novedades tecnológicas configuran el ideario del desarrollo occidental y a partir de esa referencia, se ajustó su sentido en términos de innovación tecnológica. A la vez que se fortalece el modelo lineal de innovación en el cual la investigación científica, los científicos considerados como expertos y los desarrollos tecnológicos (I+D), junto con la aplicación que promueven las empresas en los distintos mercados, emergen como las fuentes privilegiadas y/o legitimadas de innovación. Aunque este modelo es cuestionado, no ha dejado de ocupar su lugar como piedra de toque de las denominadas políticas de innovación. 

A medida que han avanzado los debates, se ha producido un giro en los estudios de innovación. ¿Qué aspectos promovieron la ampliación del concepto? En primer lugar, aparece la necesidad de incorporar una mirada desde la complejidad y la multidimensionalidad que suponen los procesos de creación de innovaciones. Al respecto Javier Echeverría (2010) propone un modelo pluralista y sistémico de la innovación que podemos sintetizar en los siguientes aspectos:

a)   Innovación: procesos interactivos que generan resultados nuevos, valiosos y transformadores en entornos y sistemas determinados (abarca a las innovaciones tecnológicas, sociales, educativas entre otras).

b)   Procesualidad. Pone énfasis en la palabra proceso porque las innovaciones pueden ser evaluadas en términos del estudio de sus resultados a lo largo de su desarrollo.

c)   Pluralidad de agentes y valores. Se pueden identificar los agentes que intervienen y sus valores, a partir de los cuales promueven estos procesos.

d)   Situacionalidad de las innovaciones. Considera las condiciones (históricas, culturales, económicas, etc.) específicas de las sociedades en las cuales una innovación puede ser considerada o no como tal, rechazada o aceptada.

e)   Enfoque axiológico. Otra cuestión importante considerada por el autor es que la innovación no es algo bueno per se. Muchas innovaciones pueden ser enormemente destructivas e incluso nefastas para millones de personas. (Echeverria, 2012, p.4) Este aspecto (ya destacado por Schumpeter), implica incluir en los estudios de la innovación, la evaluación moral de la innovación (ética de la innovación), considerado como un tema que es soslayado. De esta manera, Echeverría busca corregir el sesgo economicista o tecnologicista que atrapó al concepto de innovación. También se posiciona contra toda expresión triunfalista sobre las innovaciones: “La cultura de la innovación no sólo incluye éxitos, también fracasos. (2010, p.26).

En primer lugar, para comprender cómo ingresa la noción de innovación en el terreno de los estudios de la comunicación es necesaria una aproximación socio-histórica a los conceptos e ideas que se configuraron en los debates al respecto de las relaciones entre comunicación/cambio social/desarrollo. En este sentido, el paradigma dominante de la comunicación persuasiva (desarrollado en EE.UU) sentó las bases de un modo de aproximarse al estudio de la modificación de los comportamientos sociales mediado por la intervención de los mass media. Aun cuando en sucesivos estudios, las hipótesis se modificaron quedaba como premisa que la información podría generar cambios de comportamientos. 

Estas perspectivas de una u otra manera, alimentaron ciertas visiones al respecto de la noción de desarrollo en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Como lo reseña Ramiro Beltrán (2005) lo que se consolidó como perspectiva de la comunicación para el desarrollo, surgió de tres iniciativas: 1) las radios escuelas de Colombia; 2) las radios mineras de Bolivia y 3) Extensión agrícola, educación sanitaria y educación audiovisual, sustentados “en los servicios públicos en agricultura, educación y salud copatrocinados por los gobiernos de Estados Unidos de América y de los de la región.” (Beltrán, 2005, p.57)

En términos teóricos, las filiaciones de las trayectoria están ancladas en la idea de modernización de Daniel Lemer (1958) y los aportes del difusionismo o la teoría de la difusión de innovaciones de Evertt Roger (1962) que cierra el sentido positivo en torno al concepto de innovación y será la base explicativa de los cambios en los procesos de modernización de las sociedades, en especial del denominado Tercer Mundo. Esta línea de trabajos forma parte de los primeros estudios identificados dentro de la génesis de los modelos de la comunicación para el cambio social y que han sido la base de los programas de cooperación internacional durante varias décadas (Gumucio-Dagron, 2011). La revisión de estos aportes en el terreno de los estudios que retoman la noción de innovación es necesaria para reflexionar sobre los idearios que aún subsisten dentro de algunas propuestas de programas que toman a la innovación el atributo necesario de crecimiento social y económico contemporáneo.

Estas perspectivas fueron cuestionadas desde la Teoría de la Dependencia, hacia mediados de la década de los años sesenta. En el transcurso de las próximas dos décadas emergen las discusiones en torno a la noción de comunicación alternativa, participativa o la noción de la comunicación alternativa para el desarrollo democrático (Beltrán, 1973) como una vía de superación de la perspectiva del difusionismo. Las derivas teóricas y los cuantiosos debates que encuentran una filiación cercana a estas líneas en América Latina conforman un conjunto relevante de aportes para plantear el análisis de los procesos de innovación tal como lo ha indicado Echeverría en sus estudios. En especial, la necesaria consideración de la dimensión axiológica y ética que forma parte de una reflexión sobre la innovación ya no en clave de instrumento para la eficacia de un paradigma de instrumental o tecnocrático.

En el plano de la gestión de las organizaciones se parte de considerar que está atravesada por mediaciones: entre las personas y las cosas (entendida como materialidad como recursos materiales, financieros, etc.), entre las personas y las ideas  (cultura, proyectos, valores, etc.) y las personas entre sí (su posición en un grupo, sus intereses, proyectos, valores, competencias); esquema que se complejiza en la triangulación y superposición de estas mediaciones. En esta estructura de relaciones, la comunicación se presenta visiblemente como procesos organizados de trabajo pero también como condicionante estructural para el desarrollo vital, en cuanto es preexistente, dinámica y evolutiva. Este argumento surge de una generalización sobre la lectura  de numerosas publicaciones especializadas de gestión dirigida no solo a empresarios sino también a investigadores científicos. Enlistar las publicaciones resultaría una tarea imposible porque se multiplican en diferentes países. Solo para caracterizarlas podemos tomar en cuenta  el Journal of Communication Management de Emerald Publishing  (https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1363-254X), Management Communication Quarterly (MCQ), de Sage Journals (https://journals.sagepub.com/home/mcq) Communication and Management

Editions Eska (https://journalpublishingguide.vu.nl/WebQuery/vubrowser/22193). 

Organizada como procesos, la comunicación se presenta como metodología para abordar problemas organizacionales y en mayor escala comunitarios y sociales. No obstante, en cuanto tal, no forma parte de la curriculas de las carreras de comunicación. Al estar asociada a la gestión, la comunicación aparece subsumida, casi como un proceso natural y no procedimental, de la gestión de las organizaciones y a la dimensión de las mediaciones con las cosas, o recursos materiales. Sin embargo el estudio de metodologías como Six Sigma, Diseño Estratégico, Prospectiva Estratégica, Mediación,  Moderación, Negociación, son mayormente atribuidas a las ingenierías y a las ciencias económicas. Estas metodologías surgieron cada una de ellas para resolver problemas concretos de empresas, organizaciones, comunidades, etc. 

Si revisamos la currícula de las carreras de comunicación del país vamos a encontrar que mayormente estuvieron orientadas al campo de los estudios de los medios masivos y al ejercicio técnico profesional dentro de estas instituciones, focalizando en un tipo de mediaciones entre los sujetos y las ideas y una visión restringida al manejo técnico de las mediaciones con los objetos. La falta de una visión integral de estas mediaciones que explore más allá de los técnico sobre lo objetual como las transacciones económicas y financieras, la mediación de las ideas en cuanto proyectos, la mediación más profunda no sólo entre las personas sino en los tejidos de sus intereses, habilidades y competencias de la más diversa índole, es la que ha restringido el campo de trabajo de los comunicadores.  Comprender todas las dimensiones que podrían atravesar la actividad del comunicador, implica superar prejuicios como el de que una persona abocada a las ciencias sociales no necesita entender sobre flujos financieros o transformación de recursos materiales. La falta de un estudio transdisciplinario y trans ciencia, es lo que restringe el campo de la comunicación y lo atomiza en compartimentos estancos restringiendo la comprensión de los procesos de comunicación que hoy nos atraviesan. 

Principales características de la propuesta pedagógica del Seminario de Comunicación y procesos de innovación

En la línea de reflexiones precedentes se inscribe nuestra preocupación por el concepto de innovación y su incorporación como contenido vertebrador del espacio curricular optativo del Ciclo Básico dentro del actual Plan de Estudios de la Licenciatura en Comunicación Social. La posibilidad de elaborar esta propuesta no sólo formó parte de una práctica de transferencia pedagógica de los resultados provenientes de la investigación que llevamos adelante sino que se gestó en el devenir del proceso de discusión del cambio de plan de estudios que se retomó en el año 2018, tras varios años de intentos fallidos.

A través de las distintas instancias de debate institucional se perfilaba un conjunto de problemas para asumir y concretar el cambio de una propuesta curricular que fue aprobada en el año 1993. Si miramos el tiempo transcurrido y nos asomamos a los distintos ámbitos en los cuales los egresados ejercen su profesión, nos damos cuenta que existen ciertas brechas entre esa formación formalizada en un plan de estudios y la gestada en el transcurso de los años, a la luz de las transformaciones tecnológicas que impactaron en ciertos perfiles profesionales tradicionales. En ese sentido, el proceso de cambio de plan de estudios:

Abre un conjunto de tensiones, preocupaciones y, a la vez, se intuyen nuevos desafíos. El peso que tiene cada uno de estos componentes en el proceso de diseño curricular se configura de manera diferente desde la percepción de los agentes involucrados: funcionarios de la gestión política de las instituciones, docentes, estudiantes, personal no docente y egresados. Sin embargo, esa moviliza­ción de incertidumbres convoca a una reflexión situada sobre las prácticas profesionales, educativas y las visiones que se construyen sobre el saber comunicacional. No sólo con raíces que se hunden en la producción académica legitimada por trayectorias y tradiciones del campo disciplinario sino, también, por los vaivenes de las demandas del mercado laboral que transitan los profesionales de la comunicación en cada época y región. (Ortiz, 2019, p.27)

Desde esta perspectiva, la incorporación de los debates acerca de la innovación social es un contenido vacante en la formación profesional de egresadas y egresados de nuestra carrera en la actualidad. Como hemos planteado en la primera parte de este trabajo, recuperamos un abordaje multidimensional y complejo sobre estos procesos de innovación social. En especial, no podemos dar por sentado que se trata de una manera de afirmar el paradigma de la eficiencia que encubren ciertas visiones sobre el desarrollo o la transformación social. Todo lo contrario, es analizar en clave de dilemas, paradojas, la producción de los conocimientos colectivos y los procesos que tienden a llevar adelante soluciones específicas a problemas socialmente situados. Y en esa clave recorrer los aportes de los estudios en comunicación. Como lo expresa Ayestaran (2011)

Es importante estudiar toda innovación como una innovación social, es decir, en una cadena enjaezada de conocimientos y valores en un complejo, lo cual presupone abandonar el modelo lineal y utilitarista del monismo axiológico y profundizar en epistemologías dotadas de un pluralismo axiológico, con valores tanto epistémicos como no-epistémicos de diversa índole. Este paso supone pensar la innovación social como una matriz desde una epistemología de la racionalidad innovadora axiológicamente acotada por valores y vectores. Las visiones unidireccionales de la innovación, basadas en cadenas monocausales del valor económico, no recogen la riqueza y diversidad de valores y vectores implícitos en estos procesos y en sus dinámicas de conocimiento. (p.87)

Ahora bien, arribar a estas cuestiones cuya densidad teórica, metodológica y axiológica muchas veces dista de la experiencia pedagógica que se desenvuelve en los tramos iniciales de las carreras, supone reflexionar sobre el proceso mismo de elaboración de la programa y la planificación de las actividades. En tal sentido, la propuesta cristalizó algunos aspectos que formaban parte de nuestra indagación y otra parte, quedó abierta o se nutrió de las expectativas, nociones previas o aportes que realizaron las y los estudiantes.

De manera sintética, las actividades estuvieron orientadas por un conjunto de interrogantes iniciales:

Interrogantes

Objetivos

¿Qué es la innovación?

 

Reconstruir la categoría innovación a partir de las aproximaciones intuitivas.

¿Qué experiencias de innovación social conocemos? 

Elaborar la lista de emergencias socio-políticas y culturales: hacia una propuesta de agenda desde el Seminario.

Desde la perspectiva de la profesión de la comunicación social: ¿Qué aportes podría realizar para favorecer estos procesos de innovación social?

Reconocer las competencias profesionales de las y los comunicadores vinculadas a los procesos de innovación.

Reconocer las metodologías de trabajo actuales, requeridas por el mercado laboral a los profesionales de la comunicación que implican a la innovación como concepto y práctica. Ejemplo: Prospectiva, Planificación, Estratégica de la Innovación, Moderación, Mediación, Gestión de la Innovación, Gestión de Proyectos, Liderazgo, Benchmarking Tecnológico, Vigilancia Tecnológica, 

etc. 

 

A modo de ejemplificación, la lista elaborada colectivamente de las de emergencias socio-políticas y culturales estuvo estructurada por los siguientes tópicos[3]:

1-Reactivación productiva-vinculación.

2-Conectividad-pobreza-desigualdad.

3-La educación como sistema básico de inserción social para lograr igualdad de oportunidades.

4-Innovaciones para el cuidado del medioambiente.

5-Comunicación de la ciencia.

6-Garantizar el respeto a los derechos más allá de las ideologías.

7-Revisar la cultura del trabajo y de los valores.

8-Cultura de la cancelación - redes sociales.

9-Cuestiones de género.

10-Nuevas formas de conocimiento a partir de las TICS

En este conjunto de temas, las y los estudiantes sitúan procesos de innovación social que pueden ser abordados desde las competencias profesionales como comunicadores sociales. En el trabajo final del Seminario debían definir una situación-problema para elaborar un análisis desde el enfoque de la relación entre comunicación e innovación social: teniendo en cuenta el contexto, la pluralidad de actores implicados y ¿qué aspectos o dimensiones de la comunicación participan del proceso de innovación elegido? Para esto, se relevaron previamente algunas agendas de organismos estatales argentinos, latinoamericanos y europeos, vinculados a procesos de innovación social, de modo que los estudiantes pudieran mapear ejes de interés, compararlos y discutir (desde allí) áreas de vacancia y prioridades de las políticas públicas. 

 

[1] Un conjunto variado de perspectivas abonan el término Nueva Economía. Según la OCDE (2000) el término está asociado a los cambios ocurridos en la economía de EE.UU. vinculadas a las transformaciones que han generado las tecnologías de la información y comunicación. Se mencionan tres características de estos cambios (que sólo se mencionan de modo resumido): 1) Mejora en las tendencias de crecimiento económico en términos de eficiencia; 2) Afectan a los ciclos económicos y 3) Las fuentes de crecimiento son diversificadas. Otro componente en discusión está relacionado al concepto de conocimiento como recurso económico. En esa línea se inscriben los distintos desarrollos al respecto de la noción Economía del Conocimiento. También, frente a estos análisis se han abierto perspectivas críticas. Una de estas vertientes de discusiones se pueden encontrar en el terreno de lo que se denomina el Capitalismo cognitivo. Para revisar una crítica al concepto ver Caffentzis, G.(2016).

[2] En Argentina, en el 2007 se creó Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación en 2007 y en el 2013, se puso en marcha el Plan Argentina Innovadora 2020 que se pretendió fortalecer el sistema científico-tecnológico y orientar una política de focalización hacia sectores estratégicos denominados Núcleos Productivos Estratégicos (agroindustria, Ambiente y desarrollo sustentable, desarrollo social, industria, salud y energía). En el ideario de este plan, se rescata la explicitación de una visión sistémica de la innovación, la estrategia de la focalización hacia sectores con mayores considerados estratégicos y la acción estatal orientada hacia políticas de asociatividad. Si bien hubo significativos avances en materia de políticas científicas orientadas, quedaron pendientes acciones para lograr una mayor interacción de diversos agentes. El Estado fue el mayor inversor en I+D, con poca participación de sectores empresariales, entre otros aspectos como la emergencia de tensiones (ideológicas e institucionales) al respecto de la función de la CTI, su vínculo con el desarrollo económico y social y la gestión por parte del Estado (Castaño, 2019).  Este período se corresponde con los dos gobiernos de la presidencia de Cristina Fernández (2007-2015). 

En el 2018 pasó a estatuto de Secretaria de Gobierno dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología de la Nación por Decreto Nro. 801/2018, durante la presidencia de Mauricio Macri. Con la asunción del presidente Alberto Fernández se restablece el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En la actualidad, se encuentra en proceso de definición el Plan Argentina Innovadora 2030 que en su documento preliminar (2020) define ciertas nociones orientadoras para la planificación: desarrollo sostenible y Estado protector y emprendedor. Se enuncia que se adoptan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que define y promueve la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde septiembre de 2015. 

 

[3] Se presenta un listado resumido.

Conclusiones:

Hemos desarrollado hasta aquí los tres tópicos que estructuraron el trabajo. Como conclusiones que abren hacia problemas nuevos, podemos sintetizar:

En lo que refiere a la discusión crítica sobre la relación Comunicación e Innovación, recordemos que nuestro interés surge por trabajos de investigación previos y en el marco de un cambio de plan de estudios que puso sobre la mesa preocupaciones e intereses en tensión entre docentes, investigadores, estudiantes, egresados - profesionales en ejercicio, agendas de las políticas de ciencia y tecnología, entre otros. En este contexto,  resulta evidente que para la producción del conocimiento en el ámbito de las universidades (en este caso la UNC), adquiere una singular relevancia el papel de las políticas de I+D+i . En virtud de esto - tal como dijimos - nuestro interés sobre la innovación es tanto en términos conceptuales como de estímulo para prácticas (político - socio culturales, económicas)  que propenden a la transformación social/desarrollo/cambio social.

Así, proponemos abordar críticamente el concepto de innovación desde "la sospecha";  es decir, poniendo en cuestión su aparente neutralidad para pasar a un abordaje multidimensional y complejo - fundamentalmente - cuando hablamos de procesos de innovación social.

Esto último - desde nuestra perspectiva - será posible si, desde el campo de las Ciencias Sociales y de la Comunicación, se recuperan las dimensiones axiológica y ética, que edifiquen una reflexión sobre la innovación, ya no en clave de instrumento para la eficacia de un paradigma instrumental y/o tecnocrático (y que por ende nos arroja a un lugar  "subsidiario" de otras disciplinas y saberes) sino como condición sustantiva y de posibilidad para el desarrollo de procesos de innovación.

Dicho esto, proponemos entonces concebir la innovación social con una mirada crítica e inclusiva, supone entender la innovación como procesos dinámicos y participativos, en diferentes escalas de aplicación y también como oportunidades de transformación gradual consensuada. De esta forma los escenarios futuros a los que apuntan los procesos innovadores responden no sólo a fines económicos sino también sociales y ambientales. Innovar el concepto de innovación y su práctica.

De estos análisis y en este marco, surgió la propuesta de creación del Seminario Comunicación y Procesos de Innovación. Las discusiones mencionadas sirvieron de criterios para su planificación y el producto de este espacio formativo arrojó líneas de trabajo novedosas e interesantes. 

Cabe decir aquí que el Seminario en sí mismo constituyó un espacio de innovación. Resulta curioso que el campo de la Comunicación Social, atravesado por el desarrollo y la irrupción incesantes de dispositivos, estéticas, formatos y lenguajes no logra desprenderse aún de tecnologías educativas (en sentido amplio) tradicionales - canonizadas por la Academia; incluso cuando cuenta con valiosas y múltiples miradas críticas en relación a la formación de los comunicadores. De ahí que el trabajo implicó revisar la relación entre Comunicación e Innovación, para luego relevar las agendas de políticas públicas vigentes (fundamentalmente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación) y proponer desde allí visiones alternativas y/o que potencien propuestas de I + D +i en línea con nuestra perspectiva teórica. 

Los trabajos elaborados por los estudiantes revelan que el campo de la Comunicación Social tiene mucho para decir, aportar y hacer en términos de procesos de  I + D +i, por lo que su estatuto amerita superar su lugar "secundario" en convocatorias y en su participación en relación a disciplinas técnicas o "duras". 

En este sentido, cabe advertir (aunque no es tema de este trabajo) que somos muy críticos a modelos de innovación en boga y vigentes como el que exalta la figura de "unicornios", entendiendo que el mismo no es pertinente para nuestras sociedades (por motivos culturales, por las características históricas de nuestro aparato productivo, empresarial, sindical, de nuestro sistema educativo formal y no formal, del sistema de ciencia y tecnología vigente, demográficos, económicos, entre tantísimos otros) por lo que afirmamos que aún resta fortalecer el desarrollo de políticas públicas y académicas que garanticen la sustentabilidad y sostenibilidad de estos espacios en clave de lo que aquí se propone teóricamente, sobre todo ante los fundamentos (estadísticos y de investigación) existentes en relación a nuestras poblaciones y la posibilidad de llevar adelante modelos vernáculos sobre procesos de innovación situados que estimulen la transformación social.    

Agendas, tecnologías educativas, marcos teóricos en revisión y un ejercicio crítico  incipiente en esta parte del mundo sobre la relación comunicación e innovación, hacen de la Innovación Social un espacio de formación emergente en la Carrera de Comunicación Social. 

Bibliografía:

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Alzugaray, S; Mederos, L. y Sutz, J. (2013) Investigación e innovación para la inclusión social: la trama de la teoría y de la política. Isegoría, (48), 25-50. Recuperado de: https://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/809

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Beltrán, L. R. (2006). La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio siglo. Anagramas: Rumbos y sentidos de la comunicación, 4(8), 53-76. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/4915/491549031003.pdf

Caffentzis, G. (2016). Una crítica del Capitalismo cognitivo. Hipertextos, 4. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/97369

Castaño, J. S. (2019). Explorando el MINCyT: Estado, desarrollo y políticas de CTI entre 2008 y 2015 en Argentina [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM.

Echeverría, J. (2017). El arte de innovar. Naturalezas, lenguajes, sociedades. Madrid: Plaza y Valdés.

Echeverría, J. (2012). Innovación y destrucción. Recuperado de: https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4935/Innovaci%C3%B3n%20y%20destrucci%C3%B3n.pdf?sequence=1

Echeverría, J. y Gurrutxaga, A. (2010). La luz de la luciérnaga: diálogos de innovación social. Madrid: Plaza y Valdés.

Godin, B. (2008). Innovation: the History of a Category. Montreal: INRS, Project of Intellectual History of Innovation. Recuperado de:  http://www.prime-noe.org/spip.php?action=acceder_document&arg=432&cle=17ea9b90a9ff9a72e1f4169d039f1a49f4f17993&file=pdf%2FGodin_paper.pdf. 

Gumucio-Dragon, A. (2011). Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. Signo y pensamiento, 30(58), 26-39. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/860/86020038002.pdf

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Ortiz, C. (2019).  El diseño curricular en comunicación: aportes para su reflexión a partir del caso de la Licenciatura en Comunicación Social (UNC). Temas y Problemas de la Comunicación. AÑO 18. Vol. 17. CICOM. Departamento Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Humanas. Río Cuarto: UNRC. Recuperado de: http://200.7.136.16/ojs/index.php/TyPC/article/view/1009

 

 

 

 

 

 

Palabras clave:

innovación social; comunicación social; procesos de construcción del conocimiento.

Resumen de la Ponencia:

La presente ponencia ofrece un análisis de las entrevistas en profundidad realizadas a mujeres trabajadoras en el ámbito de quintas y cortaderos de ladrillos en el periurbano de las ciudades de Villa María y Villa Nueva en la provincia de Córdoba, Argentina. El trabajo de campo se realizó hasta el año 2019 y se ha retomado con posterioridad a las medidas de aislamientos social a raíz de la pandemia de COVID 19.En estos espacios se han consolidado la residencia de familias que provienen del Estado Plurinacional de Bolivia. En general, la persistencia laboral en determinadas actividades está relacionada con la dinámica que han asumido sus redes sociales y la organización de la unidad doméstica en términos reproductivos y productivos. Desde perspectivas de género que se ubican en la línea del feminismo decolonial, indagamos en los imaginarios laborales que construyen las mujeres en estos espacios de vida y trabajo, recuperando de las narraciones biográficas, los elementos personales, culturales y generacionales que sobresalen en sus prácticas individuales y aquellas que se tornan generalizables. Epistemológica, teórica y metodológicamente nos amparamos en las perspectivas de género que se ubican en la línea del feminismo decolonial. Corpus teórico, necesario, para interpelar la posición naturalizada de estas mujeres, dando cuenta de los condicionamientos generados por las configuraciones del devenir global que mantiene el patrón patriarcal y colonial de inicio.  

Resumen de la Ponencia:

Durante décadas la comunidad indígena Hñahñú El Alberto en el Estado de Hidalgo en México, ha vivido en escenarios de pobreza, abandono y rezago, bajo un contexto histórico de asedio político, que emplea la opresión y explotación en el medio rural, orillando a los pobladores a migrar de su tierra para buscar opciones de trabajo que les permitieran sobrevivir, enfrentando condiciones adversas durante esas travesías, expuestos en su mayoría a morir en la búsqueda por mejorar su calidad de vida,  todo ello, propicio que se fragmentará  el tejido social, en donde las mujeres quedaban como responsables del núcleo familiar y tuvieran que buscar otras actividades que sumarán a sus ingresos económicos, como la creación de una cooperativa denominada Ya munts´i b´ehña “Mujeres Reunidas” con la que se insertaron al mercado nacional y global mediante la elaboración y venta de productos a base de ixtle. Al mismo tiempo, consiguieron aminorar el poder patriarcal dignificando su posición al interior de la comunidad. Simultáneamente gran parte de los hombres regresaron obligados por las políticas migratorias que acentuaron, viéndose en la necesidad de crear sus propias fuentes de empleo por medio del aprovechamiento de los recursos naturales dando una orientación turística y empleándose como prestadores de servicios, conjuntamente con la venta de artesanías. Derivado de lo anterior, la presente investigación tiene el objetivo de describir las estrategias implementadas por las mujeres de la Comunidad El Alberto para incorporar un modelo de trabajo comunitario, desde los principios de la organización colectiva, el cooperativismo, la equidad, democracia, usando sustentablemente sus recursos naturales, uniendo la prestación de servicios turísticos con la distribución de productos artesanales, posicionándose como un destino turístico nacional y una empresa consolidada. La metodología empleada es desde un enfoque cualitativo, bajo una orientación exploratoria y descriptiva a partir de un diseño longitudinal, abordando la perspectiva teórica de la economía social. Por lo que, se puede concluir que el turismo como actividad endógena, aunado al emprendimiento cooperativista femenino desde la visión comunitaria e incluyente, origina un proceso de innovación hacia las relaciones más igualitarias al interior de la población, dignificando la posición de las mujeres en la esfera local, posibilitando la erradicación de la cosificación al sexo femenino. Coadyuvando acciones y estrategias desde el turismo y el trabajo artesanal bajo la incorporación dinámica de los habitantes con el propósito de conseguir el desarrollo local y la continuidad de la identidad indígena y arraigo.

Resumen de la Ponencia:

A nivel mundial, la ocupación laboral de la población joven se ha convertido en un asunto significativo y urgente para el análisis social, y también en un gran desafío para las políticas públicas. En América Latina en general, y en México en particular, los egresados de estudios superiores que se encuentran listos para emplearse de modo asalariado, o para ocuparse por cuenta propia, manifiestan gran incertidumbre sobre sus posibilidades reales de inserción laboral, y sobre la calidad de los trabajos que les esperan. Ello, debido a las restricciones estructurales de la planta productiva y a las remuneraciones y estabilidad de las plazas existentes. Es un entorno de precariedad visible, que impide a la juventud vislumbrar proyectos de vida sólidos, cuando lo que enfrentan son en general bajos salarios, ocupaciones informales y ausencia de esquemas de seguridad social. Además, aumenta la competencia por los puestos de trabajo estables y regulados que son cada vez más escasos, dando como resultado que los jóvenes sean hoy uno de los segmentos poblacionales de mayor vulnerabilidad. A partir de lo anterior, la presente exposición se propone es sistematizar las tendencias en la disponibilidad de empleo juvenil en la región, con énfasis en el caso de México, y delinear las condiciones laborales a las que se enfrentan actualmente los jóvenes con estudios superiores, ya que, con el paso de los años, y pese a que cuentan tendencialmente con mayor capacitación y calificaciones, han sido severamente afectado por la fragilidad ocupacional. Se propone que, en buena medida, ello se sustenta en reformas de política pública e institucionales, es el caso de la legalización del outsourcing (subcontratación) que elimina la accesibilidad, derechos y formas de pensión y retiro, potenciando la precariedad laboral y salarial lo que origina el crecimiento de la economía subterránea en cuestiones de empleo. Además, se han multiplicado los trabajos de tiempo parcial, trayendo consigo que este sector se encuentre deambulando de trabajo en trabajo, y el tipo de contratación incrementa el porcentaje de jóvenes que no cuenta con sindicatos que los respalde.

Resumen de la Ponencia:

Actualmente a nivel mundial se vive una bifurcación detonada por la pandemia COVID-19, haciendo evidente la vulnerabilidad del sistema alimentario global, aunado a eso en México la disponibilidad y consumo de alimentos saludables, se hace cada vez más compleja debido a diversos factores como: el cambio climático, la pandemia, la era digital y la biotecnología, por lo cual es necesario una reorganización de los sistemas alimentarios que no son nada sostenibles. En este sentido el objetivo de este ensayo es denotar la importancia que tendrán los huertos familiares en esta reorganización al tener un papel de resistencia ante el sistema alimentario hegemónico el cual está basado en una racionalidad económica que deja estragos en el medio ambiente y en las sociedades más vulnerables. En primera instancia se define huerto familiar y se dan a conocer las características actuales del sistema alimentario Global dominado por el capitalismo, después de ello se abordará la definición de agroecología, y su enfoque como movimiento social que puede aportar a la reorganización del sistema alimentario desde el discurso de la ya conocida Vía Campesina. 

Resumen de la Ponencia:

En el noroeste de México la contaminación causada por 40 mil m3 de metales pesados vertidos en los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora, por actividades derivadas de la operación minera de Buenavista del Cobre (Grupo México) en 2014, ha ocasionado daños irreversibles en la Naturaleza; afectando, a la vez, la vida cotidiana de los pobladores de los municipios que recorren, vulnerándose los más elementales Derechos Humanos. Se ha trastocado la vida diaria y  afectado, de forma diferenciada, a mujeres y hombres, de distintas edades, habitantes de la región y con ello surge el conflicto socioambiental por la lucha del territorio que a la fecha subsiste. No se ha reparado el daño ocasionado ni restituido el ambiente a su estado original, han enfermado personas por efectos de los contaminantes ―en estudios de monitoreo recientes subsisten los metales pesados entre la población― , las actividades económicas anteriores al evento no se han recuperado, el agua de los pozos tanto para beber y realizar actividades domésticas y económicas no se puede utilizar –este es el principal reclamo–. Estos efectos se erigen entre las causas recientes de la migración hacia las ciudades cercanas,  en busca tanto de tratamiento médico por afectaciones causadas a la salud, como de trabajo al ver perdidos sus medios de vida y subsistencia. Las instancias gubernamentales encargadas de impartir justicia han sido parciales, beneficiando a la empresa en detrimento de los pobladores y del medio ambiente, este año se puso en marcha el Plan para Cananea, el cual no incluye acciones para el río Sonora. En el contexto del modelo de Desarrollo Sustentable y la emergencia de las energías limpias, en cuenca hidrológica vecina, se encuentra el principal yacimiento de litio de México, mineral considerado básico para fabricación de baterías ―generación de energías alternativas―. Propietarios de terrenos en la región, anteriormente dedicados a la ganadería y  agricultura, vendieron sus terrenos ante la oportunidad de ganancia, otros se han visto impelidos a deshacerse de estos por la presión de empresas privadas y del gobierno federal. No todos los pobladores están de acuerdo en las ventajas ofrecidas de trabajo con la consecuente derrama económica en la región. Los proyectos de renovables ponen al centro a las personas ¿y la Naturaleza?Los bienes comunes a explotar, en ambos casos,  son: suelo -consecuente deforestación y contaminación-; agua -acaparamiento en su uso-, se requieren grandes volúmenes de esta para la extracción, adicionando químicos tóxicos y deleteros al ambiente y los seres vivos. Obtenido el mineral, estos efluentes son depositados en jales, conteniendo grandes volúmenes de sustancias tóxicas, expuestas al aire y en contacto con el suelo, ocurren filtraciones y lixiviación a los mantos acuíferos con el riesgo de derrames al desbordarse ―caso río Sonora―.

Resumen de la Ponencia:

El presente texto viene a contribuir al debate sobre dos elementos cruciales en medio de fuertes transformaciones tecnológicas, a veces llamada Industria 4.0; por un lado, el sindicalismo, y por el otro, el tema de la cualificación obrera. Sus vínculos y condicionantes resultan elementales para entender ahora el mundo del trabajo tras la irrupción de la crisis sanitaria a escala global. Sin embargo, esto es sustancialmente diferente en países como México y en general en países comúnmente conocidos como subdesarrollados. Primero porque los ritmos de transformación técnica en el proceso productivo no parecen ser similares a los desarrollados. Derivado de una falta de desarrollo tecnológico propio; por lo menos para el caso de las grandes firmas del sector automotriz. Lo que implica una-no correspondencia entre las habilidades y conocimientos de los trabajadores frente al discurso tecnologicista que asumen la mayoría de las empresas del sector referido en los países y/o regiones donde se asientan. Segundo, las características particulares que tiene el sindicalismo, en este caso en México, que se haya condicionado entre un pasado autoritario en la vida sindical que se niega a morir y una tímida apertura democrática, resultado, en parte, de la reforma laboral de 2019 y del Tratado México Estados Unidos Canadá (T-MEC). Aunado a una histórica política sindical que en la mayoría de los casos queda reducida al tema salarial; relegando, e incluso prescindiendo, en la negociación los aspectos del proceso de trabajo. El caso de la planta Audi México nos permite entender esta compleja articulación; problematizando las luchas sindicales y de trabajadores en piso de producción tras los procesos de estandarización del trabajo en plantas nuevas; especialmente en ésta que quizás sea de las más modernas de América Latina. Lo que conllevó para el caso del Sindicato Independiente de Audi México (SITAUDI) al cambio de dirección sindical en 2020 después de un fuerte proceso de insurgencia de los trabajadores. Audi México arrancó operaciones formalmente en 2016 con una dirección sindical y un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) elegidos a espaldas de los trabajadores. Dicha dirección sería puesta en duda en 2017 conllevado a paros directos de la producción, pero con un interesante trasfondo socio técnico. El cual es necesario recuperar para entender como las plantas recién instaladas tiene un arranque agresivo para lograr un exitoso manufacturing start-up (arranque de planta o puesta en marcha). Lo que implicará, en un primer momento, un aumento de la demanda de la produccion acorde a la capacidad productiva de la planta; en un segundo momento, a la demanda del cliente. Empero, poniendo en vilo al trabajo, a sus habilidades y capacidades fisiológicas para responder en tiempo y calidad a las exigencias de la velocidad de la línea de producción.  

Resumen de la Ponencia:

En una entrevista, Sergio Bagú calificó al clima intelectual que se instauró en la FLACSO chilena como un Oráculo Latinoamericano, debido a la gran multitud de académicos que se cruzaron por las calles y aulas de Santiago de Chile, en el periodo del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende (1970-1973). Por lo tanto busco plantear, a través de la trayectoria de Sergio Bagú Bejarano  en el CELA (1974-2002) , que el Oráculo se trasladó y tuvo una continuidad en dicho Centro de la FCPyS-UNAM.

Resumen de la Ponencia:

El estudio sobre la universidad ha tomado importancia durante los últimos 50 o 60 años en El Salvador y la región. Desde el Cordobazo en 1918, las discusiones sobre la educación pública fueron tema de debates en distintos momentos del siglo XX. El objetivo del presente artículo es examinar los principales aportes de la reforma universitaria a la educación superior en El Salvador en 1963-1967, desde la historia social e institucional de la educación. Para ello, se analiza el contexto social y político, que abarca dicho periodo hasta 1980, cuando el modelo entra en crisis definidamente. El abordaje se hace de una forma diacrónica, abordando situaciones de décadas posteriores y regresando al periodo de la reforma y así sucesivamente.   

Resumen de la Ponencia:

Explorar los diversos caminos conceptuales, teóricos y metodológicos de intelectuales con vasta obra es una tarea ineludible para el registro del conocimiento universal. Pablo González Casanova sigue activo y tras de sí hay un acervo de imaginación dialéctica sobre la historia, la sociología, la ciencia política, la antropología, la universidad, la democracia, las nuevas ciencias, las humanidades, la equidad con justicia social, las críticas implícitas contra la dominación patriarcal en su proyecto liberador, y la lucha por el planeta tierra. En su obra se identifican actores portadores de alternativas al capitalismo con quienes dialoga, acompaña y se comunica críticamente; las Instituciones de Educación Superior han sido decisivas en la labor fundadora de González Casanova, particularmente en la UNAM en varios centros de investigación que han sido paradigmáticos de lo que él denomina la “ciencia crítica”, que reúne pensamiento y acción transformadora. Además de las instituciones educativas y de investigación, sus interlocutores son los intelectuales, partidos y movimientos sociales. Particularmente, desde 1994, en su compromiso con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) promueve debates internos y alienta la reflexión crítica sobre la proyección mundial original organizativa en torno del zapatismo y su posible vinculación con nuevas perspectivas universitarias como la Universidad de la Tierra, las universidades interculturales. Su experiencia como Rector de la UNAM y como miembro activo de la Universidad de las Naciones Unidas dejan una serie de aportaciones que nutren la visión de sistemas complejos interdisciplinarios en los que se relacionan la cultura, la civilización y la crítica al régimen de acumulación capitalista como eje del antropoceno, de la explotación, del colonialismo interno y como factor que limita las pretensiones democráticas. Este trabajo subraya la potencialidad de la esfera educativa para la creación de alternativas que abran perspectivas para un socialismo humanista, para la crítica del patriarcado y contra el centralismo depredador.

Resumen de la Ponencia:

Las formas de organización del trabajo en condiciones de flexibilidad laboral se refieren a un conjunto de cambios designados por la revolución tecno-científica que superó el binomio Taylorista-Fordista y se inscribe en el modelo de  producción flexible; bajo el contexto de destrucción creativa de las estructuras de capital que se circunscribían en el mundo productivo de la década de los 70. La presente investigación caracteriza ese tránsito a través de una revisión bibliográfica amplia mediante una metodología analítica cualitativa y de contenido que incorpora múltiples dimensiones, desde perspectivas diversas  utilizadas por autores como Enrique de la Garza, Ricardo Antunes, Andrea Fumagalli y Xabier Coller, identificando la dicotomía y la complejidad del fenómeno de la flexibilidad laboral como estrategia postfosdista; visibilizando nuevas condiciones del sujeto que trabaja, que varía de acuerdo a la perspectiva en que se mire entre la precariedad laboral asumida muchas veces desde la contingencia del trabajador, y por otro, como un conjunto de características emergentes que se puntualizaran en esta investigación a partir de las relaciones laborales y organizacionales necesarias como lo son: la polivalencia, el multifuncionalismo y la demanda de condiciones cognitivas cada vez mayores en los procesos del trabajo. En este sentido, se puede concluir que la flexibilidad laboral responde a una estrategia de continuidad y discontinuidad del modelo fordista. La primera viene dada por la intensificación del trabajo vivo en relación con las tasas de productividad, y la segunda, por el carácter cognitivo representado en el ser y en el saber hacer en contexto bajo los criterios del lenguaje y sus mecanismos relacionales imbricados en la matriz tecno-comunicacional que facilita la instalación del nuevo paradigma tecnológico; donde operan los sistemas digitales de las tecnologías de la información y la comunicación en un criterio de yuxtaposición del trabajo y el espacio de trabajo a través de la relación entre trabajo y máquina, aspecto que dejan ver la máquina interiorizada dentro del cuerpo humano que produce nuevas formas de alineación.  

Resumen de la Ponencia:

A colonização europeia não se restringe a um período de tempo que, remontando ao século XVI, teria terminado no século XX. Excluindo formas neocoloniais de colonização, persistem, com efeito, na atualidade, formas de colonização em diferentes territórios, através do domínio direto do poder político e do poder económico, exercidos por potências europeias como os Países Baixos, a Grã-Bretanha ou a França.  Neste sentido, pretendemos, com a presente comunicação, debruçar-nos sobre o colonialismo político e económico de territórios que continuam, nos dias de hoje, sob a dependência direta da metrópole, no seguimento de uma lógica de submissão em que o capital financeiro impõe uma subordinação que traz consigo a perda do poder político dos povos submetidos. Não pretendemos, deste modo, debruçar-nos sobre o neocolonialismo moderno, ou seja, sobre uma política imperialista que pretende salvar o colonialismo da sua liquidação – e que nasceu após a independência das colónias que antes haviam estado sob o domínio político europeu, e que hoje se encontram sob o domínio económico das antigas metrópoles ou de outras potências mundiais. Procuraremos atentar, sobretudo, nos territórios em continente americano, sob domínio francês, que ora fazem parte da União Europeia (Regiões Ultraperiféricas europeias - RUP), ora têm um estatuto especial no seu seio (Países e Territórios Ultramarinos - PTU). Relativamente aos PTU, excluiremos, desta forma, os PTOM dinamarqueses (Gronelândia) e dos Países Baixos (Aruba, Bonaire, Curazao, Saba, Saint-Eustache e Saint Martin), para nos centrarmos nos PTU franceses (Nova Caledónia e dependências, Polinésia Francesa, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terras australes e antárticas francesas, Wallis-et-Futuna e Saint-Barthélemy). Quanto aos RUP, centrar-nos-emos no último território colonial europeu, no continente americano - a Guiana Francesa -, nas ilhas caribenhas Martinica e Guadalupe, e nas ilhas do Oceano Índico Mayotte e Reunião. Pretendemos, em suma, levantar o véu sobre o tema pouco debatido e que a ideologia dominante apresenta como estando ultrapassado, mormente no seio das velhas metrópoles europeias: o da perduração da colonização imperialista por parte de países europeus, em diferentes regiões do globo, em pleno século XXI.

Resumen de la Ponencia:

Com a presente comunicação, pretendemos compreender a comunhão de culturas e identidades na Guiana Francesa e nas Antilhas francófonas, mormente através de uma reflexão sobre os movimentos político-culturais que nasceram no seio daqueles territórios. Sendo assim, debruçar-nos-emos sobre o recente movimento da Crioulização, o qual se ergue como herdeiro do movimento da Negritude, o qual, por sua vez, se encontra indissoluvelmente ligado às reivindicações anticolonialistas que nasceram entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, nas colónias francesas ultramarinas. Reivindicando o ser negro e, portanto, a existência de uma cultura própria inerente ao ser negro, escritores e intelectuais francófonos antilheses e africanos reagruparam-se num movimento cultural e político – a Negritude - que influenciou fortemente diferentes manifestações estéticas, como a literatura. É neste contexto que surge, na primeira metade do século XX, uma literatura antilho-guianense denunciadora da alienação cultural dos povos antilheses e guianenses, a qual exige o advento de uma literatura intrinsecamente ligada à identidade literária, cultural e política dos territórios de onde emerge. Esta reivindicação prende-se, por seu lado, com uma forte reação ao colonialismo francês, pelo que, de forma a contestá-lo, busca glorificar as sociedades e culturas de origem africana, numa tentativa de ultrapassar as tradicionais divisões entre árabes, negros-africanos e africanos na diáspora. Seria, precisamente, o movimento da Negritude que estaria na base da formação, na década final do século XX, do movimento da Crioulização, caracterizado como um processo inacabado de mestiçagem, que, partindo do espaço caribenho, se ampliaria por todo o mundo. Ora, uma vez mais, a literatura foi o espaço por excelência de manifestação desta proposta teórica, herdeira do movimento da Negritude. Procuraremos, em suma, acompanhar o processo socio-histórico e estético do movimento da Negritude para, finalmente, compreender o movimento da Crioulização e suas manifestações socio-estéticas nos diferentes espaços sociogeográficos antilheses e guianenses.

Resumen de la Ponencia:

Com a presente comunicação, pretendemos compreender a comunhão de culturas e identidades na Guiana Francesa e nas Antilhas francófonas, mormente através de uma reflexão sobre os movimentos político-culturais que nasceram no seio daqueles territórios. Sendo assim, debruçar-nos-emos sobre o recente movimento da Crioulização, o qual se ergue como herdeiro do movimento da Negritude, o qual, por sua vez, se encontra indissoluvelmente ligado às reivindicações anticolonialistas que nasceram entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, nas colónias francesas ultramarinas. Reivindicando o ser negro e, portanto, a existência de uma cultura própria inerente ao ser negro, escritores e intelectuais francófonos antilheses e africanos reagruparam-se num movimento cultural e político – a Negritude - que influenciou fortemente diferentes manifestações estéticas, como a literatura. É neste contexto que surge, na primeira metade do século XX, uma literatura antilho-guianense denunciadora da alienação cultural dos povos antilheses e guianenses, a qual exige o advento de uma literatura intrinsecamente ligada à identidade literária, cultural e política dos territórios de onde emerge. Esta reivindicação prende-se, por seu lado, com uma forte reação ao colonialismo francês, pelo que, de forma a contestá-lo, busca glorificar as sociedades e culturas de origem africana, numa tentativa de ultrapassar as tradicionais divisões entre árabes, negros-africanos e africanos na diáspora. Seria, precisamente, o movimento da Negritude que estaria na base da formação, na década final do século XX, do movimento da Crioulização, caracterizado como um processo inacabado de mestiçagem, que, partindo do espaço caribenho, se ampliaria por todo o mundo. Ora, uma vez mais, a literatura foi o espaço por excelência de manifestação desta proposta teórica, herdeira do movimento da Negritude. Procuraremos, em suma, acompanhar o processo socio-histórico e estético do movimento da Negritude para, finalmente, compreender o movimento da Crioulização e suas manifestações socio-estéticas e imagéticas nos diferentes espaços sociogeográficos antilheses e guianenses.

Resumen de la Ponencia:

Si, en el campo dogmático procesal penal, la discusión teórica sobre los modelos procesales es perceptible y habitual, en el “nuevo” campo procesal de la seguridad social brasileño, tal discusión es aún incipiente y poco estimulada por la doctrina jurídica. Ante este vacío teórico, elaboramos este trabajo, cuyo objetivo es analizar, desde un punto de vista sociológico, el tratamiento que la doctrina del derecho procesal de la seguridad social da a los temas de la construcción de verdades jurídicas y del manejo de la prueba, y buscamos responder a la siguiente pregunta: el proceso de seguridad social es inquisitivo o acusatorio? Para alcanzar el objetivo propuesto y dar respuesta a la pregunta de investigación, se utilizó como estrategia metodológica el análisis documental de manuales técnico-jurídicos de derecho procesal de la seguridad social, los cuales, aquí, se toman como objeto material de análisis. Además, comparamos este material con doctrinas procesales civiles y penales y con varias investigaciones socio-antropológicas realizadas en instituciones judiciales brasileñas. Con la investigación se demostró que el modelo procesal inscrito en la doctrina procesal de la seguridad social analizada es netamente inquisitivo. Finalmente, se concluyó que este modelo procesal alinea el discurso formal del derecho con el discurso benévolo y caritativo de “protección” de los “insuficientes”, “pobres”, contribuyendo a la reproducción de lo que denominamos “inquisitorialidad cordial” en las prácticas procesales de la seguridad social. 

Resumen de la Ponencia:

La presente comunicación tiene como objetivo realizar un breve recorrido por la construcción de la autonomía indígena en México desde una perspectiva jurídica. Para ello, se busca exponer el contenido de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar de 1996, luego del levantamiento zapatista. En segundo lugar se abordará la reforma constitucional en materia de los pueblos indígenas publicada en el año 2002. Posteriormente, se explica el llamado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para construir autonomía real, y finalmente cómo dicha autonomía se expresa en el triunfo jurídico de la comunidad indígena de Cherán, Michoacán, en el año 2011.Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar son los únicos acuerdos firmados entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno mexicano, en los cuales se acordó una reforma constitucional para incluir los derechos de los pueblos indígenas en México. Posteriormente, el gobierno intentó detener a los líderes de la insurgencia y las negociaciones se detuvieron.Años más tarde, en el año 2001 y 2002, el Congreso de la unión aprobó la reforma constitucional, modificando sustancialmente las demandas de los pueblos indígenas representadas en las negociaciones de 1996, y en respuesta el Ejército Zapatista convocó a crear autonomías a lo largo de todo el país.Desde ese año se observa un crecimiento importante de diversas autonomías indígenas, pero es de destacar la del pueblo de Cherán, en Michoacán, que llevó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la demanda del reconocimiento de sus prácticas políticas para elegir a sus autoridades, y la Corte les dio la razón en el año 2011, con todas las consecuencias jurídicas que ello significa. Se trata de un gran triunfo político y jurídico, que no se puede explicar sin los debates que generaron los Acuerdos de San Andrés de 1996, y la reforma constitucional del año 2002.

Resumen de la Ponencia:

El presente texto forma parte de la investigación  que realizo actualmente para obtener el grado de maestra en ciencias sociales. Algo fundamental de ésta incipiente investigación es el análisis de la construcción simbólica de la maternidad partiendo de la categoría de género para abordar a la maternidad como uno de los mandatos máximos que se imponen a la vida de las mujeres desde la primera crianza y a lo largo de su vida. Si bien esta presentación es más bien de origen teórico no por ello dista de la realidad vivencial de miles de mujeres mexicanas que son madres y al mismo tiempo son trabajadoras. El objetivo principal es analizar cómo se significa la maternidad desde el orden simbólico de género y cómo a través de dicho orden se establecen los mandatos impuestos a las mujeres que son madres.  Y sobretodo exponer cómo los mandatos de género representan en las mujeres madres la exigencia por cumplir con todas las tareas físicas y afectivas dentro del hogar a tiempo completo lo que resulta en un ejercicio de violencia hacia ellas. Situación que se ha agudizado en esta actualidad a causa de la pandemia por Covid-19 y que ha modificado y trastocado todas las instituciones sociales entre ellas la familia principalmente. Para problematizar el tema y enmarcarlo teóricamente se recurre a la perspectiva de género ya nos permite entender social, cultural y simbólicamente cómo se construye la maternidad así como ver a la misma como parte un proceso histórico. Y, en éste sentido, cómo el orden moderno significó para las mujeres la configuración de relaciones de dominación consolidadas y justificadas a través del amor maternal que se entiende como algo natural en  las mujeres, como algo con lo que  nacen y que de manera espontánea brota al estar embarazada y explota en su máxima emoción después del parto. Está generalidad en la noción de la maternidad ha hecho que se le vea cómo algo fuera del tiempo histórico, como algo que no cambia que siempre ha estado ahí y se ha significado de la misma manera. Sin embargo, cuando escarbamos en la historia de las nociones de la maternidad nos percatamos que lo que ha significado ser madre no es lo mismo en las diferentes épocas. Por ello no podemos hablar de la maternidad como un todo que engloba al total de las mujeres sino de maternidades para rescatar justamente su carácter de histórico y así poder ver cómo el llamado amor maternal se ha constituido como un mecanismo de control patriarcal en la vida de las mujeres.

Resumen de la Ponencia:

A siete años del mayor ecocidio ocurrido en México, los respondientes siguen sin resolver las demandas de reparación del daño, respeto a DDHH e impartición de justicia por omisiones de la empresa, así como garantía de no repetición, exigidas por pobladores de la región del río Sonora. La contaminación  a los ríos Bacanuchi y Sonora, por actividades mineras de Buenavista del Cobre (GM) en 2014, ocasionó daños irreversibles a Naturaleza, trastocando la vida cotidiana de 22,000 personas, afectando diferenciadamente a mujeres y hombres, de distintas edades, surgiendo conflicto socioambiental por la lucha del territorio, actualmente vigente. Han muerto personas por exposición a contaminantes; las actividades económicas no se han recuperado en su totalidad ―agricultura, ganadería y comercio―; el agua de los pozos no puede utilizarse, en suma, pérdida de un hábitat seguro y saludable; causas de migración hacia las ciudades, en busca de tratamiento médico y trabajo para sostenerse al ver perdidos medios de subsistencia. El conflicto por el acceso y uso de la naturaleza expone asimetrías y desigualdades entre actores sociales, la valorización del medio ambiente por los pobladores versus las imposiciones hegemónicas del modelo económico neoliberal y extractivista impuesto por grandes empresas globales con connivencia del gobierno mexicano. En esta lucha territorial se impone una visión nosocéntrica, comunitaria; considerando las relaciones entre hombres y mujeres; entre seres humanos y lo no humano; en defensa de sus modos de vida, que perviven en la tradición, identidad cultural y modos de ser del sonorense. Subsiste hasta hoy, la carga adicional de cuidados en mujeres hacia sus familiares ―padres, esposos e hijos― quienes sufrieron afectaciones graves de salud, cáncer derivado de la exposición directa a metales pesados y consumo de agua contaminada. Ellas, quienes viendo afectado el bien salud y su entorno, defienden el territorio y exigen la reparación del daño ocasionado. Actoras principales en lucha permanente, integradas en Comités de Cuenca, activas en la demanda de justicia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Exigen la reapertura del Fideicomiso y representatividad de los/las afectados/as en el Comité Técnico, cumplimentando la sentencia de la SCJN a favor de los pobladores. El Gobierno Federal anunció el Plan de Justicia para Cananea sin un Plan específico para río Sonora. Habrá que considerar las características de los ecosistemas y su dinámica, para entender el contexto ambiental en el que las relaciones sociales y de género se entretejen y poder analizarlas y transformarlas. 

Resumen de la Ponencia:

La propuesta teórico-analítica que aquí se presenta,  se basa en dos categorías producto de una tesis de doctoral, la cual acumula más de 7 años de investigación teórica y de campo (desde el trabajo de grado de maestría). La primera categoría es la de Estado se Seguridad, la cual intentamos aterizar como un núcleo de elementos base que podemos encontrar en varios países del subcontinente que habitamos. La segunda categoría, la nombramos como securitización de la democracia, aplicada la encrucijada colombo-venezolana como hipótesis.El Estado de seguridad poco se entiende desde los estudios exclusivamente nacionales en América Latina es, por tanto, un factor esencial para entender cómo y desde cuándo se han reconfigurado los tiempos productivos ylos territorios para tener control de corredores estratégicos, por medio de la estrategia policiaco-militar pero conestandarte de principios democráticos de cualquier índole. Tiene, además, relación directa con la violencia, lacontrainsurgencia y el neoconservadurismo, es la enunciación consumada del papel del Estado frente a enemigos que, en el discurso, ya no son políticos pero en el fondo se simula sobremanera tanto la no intervención estatal (dentro del concierto neoliberal de recomposición de clases, los Estados solo se reorganizan productivamente, no se desmantelan, ningún Estado para de crecer) como la militarización de la lucha de clases. La securitización de la democracia es un proceso que no se desarrolla de manera universal, para su problematización en Colombia y Venezuela y el impacto que tiene desde estos dos países para el resto de América Latina, debemos desagregar que se articula en cinco líneas generales: La dimensión geopolítica, la reconfiguración económica, la reconfiguración político-regional, los nuevos escenarios de seguridad y los “nuevos” riesgos y amenazas. Existen, además, sujetos sociales y relaciones de fuerza que despliegan a escalas esta securitización de la democracia, cuyos condicionantes son las características de género, etario y étnicas.La encrucijada colombo-venezolana se registra como uno de los principales paradigmas latinoamericanos debido a cinco elementos identificamos en ambos Estados y sociedades, y que pueden apartarnos deromantizar las resistencias populares; por un lado, y por otro de enfrascarnos en la explicación basada en lanecesidad histórica de las oligarquías por contener las fuerzas populares a través del ejercicio extraterritorial del Estado: lasalianzas geopolíticas regionales e internacionales, la política de maquinaria electoral y medidas populistas, la vulnerabilidad de la soberanía popular en procesos de base, la militarización por medio de gobiernos civiles y la caotización de la vida. Realizar una cartografía de procesos securitarios militaristas que los categorice como positivos o negativos másallá de su andar democrático es caer en un ejercicio analítico malogrado, el esfuerzo teórico sería transcrito en unlibelo ideológico y la comparación sería inútil.  

Introducción:

Más allá del lugar común por el cual múltiples enfoques anunciaron en los años de la década de los 80, el afianzamiento del patrón de acumulación capitalista denominado neoliberal, y que reiteraron un salto de interpretación teórica desde el tiempo de las nombradas dictaduras de seguridad nacional, anclándose al “giro a la democracia”[1], busco caracterizar dos categorías de análisis: el Estado de seguridad y la securitización de la democracia, respectivamente.  No es un revisionismo de la teoría del Estado y la teoría de la democracia en América Latina necesariamente, es historizar[2] el tipo de Estado que se concretó con el neoliberalismo y, sobre todo, cuáles son las dinámicas sociales que lo sustentan para después aterrizarlas en la realidad concreta de Colombia y Venezuela bajo la relación de las políticas de seguridad y el modelo democrático. El Estado de seguridad se configura, actualmente, como la concreción estatal del capitalismo-neoliberal que en todo momento hace notar su sello bélico y que reposa sobre esta característica la relación a menor inversión-mayor productividad/plusvalía.[3] 

Por un lado, el discurso, deseo, práctica y reproducción securitaria se encuentran completamente ancladas en el subcontinente, por otro lado, el modelo de democracia liberal, con el epíteto que sea nombrada, no se cuestiona, se da por hecho que es la forma de gobierno por antonomasia, las preguntas son ¿para qué y para quién? El choque con la realidad misma da cuenta y revela por completo que es la forma de gobierno bandera del capitalismo-neoliberal, la que permite su reproducción con mejores condiciones para los pocos que se benefician de esto. Por tanto, una seguridad democrática (eslogan que incluso se han apropiado literalmente, y convertido en política de Estado, algunos gobiernos como el de Álvaro Uribe en Colombia) se materializa como un oxímoron neoliberal (y posmoderno): “El neoliberalismo es capitalismo de guerra en tanto el fin último es la neutralización y control del adversario para garantizar la reproducción del saqueo” -definiría Rodríguez Rejas[4]- o el proceso que dos Santos llamó “Del terror a la esperanza” o “El genocidio económico y social del capitalismo contemporáneo” que nombra Renán Vega Cantor.[5

 

Desarrollo:

Estado de seguridad como categoría de análisis

Si bien el modelo político apelado neoliberal tuvo un empuje inicial heterogéneo en la región latinoamericana (algunos países lo hicieron de la mano de dictaduras militares como Argentina, Chile o Guatemala, otros procesos distintos pero no menos violentos tuvieron Estados como Venezuela, México o Colombia, por mencionar algunos contrastes entre las décadas de 1970 y el año 2000) busco hallar las características del Estado de seguridad  luego de más de cuarenta años de aplicación de políticas neoliberales y saber cómo operan. 

Recupero al Estado de seguridad dialogando con obras y autores que, dentro del vasto baleo de aproximaciones, tres de estas representan las bases desde las que reafirmo la categoría de análisis, atendiendo la formación estatal y la forma de gobierno que se despliega en este: hablamos de “Capitalismo de guerra y Estado de seguridad. Lastres y desafíos” de María José Rodríguez Rejas, Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad escrito por Isabell Lorey y “El Estado de contrainseguridad con coro electoral” cuyo autor es Jaime Osorio. 

Preciso las características del Estado de seguridad retomando las variables del texto de Rodríguez Rejas: 

Tratamiento policial y penal de la pobreza, judicialización del conflicto, criminalización de la protesta y de la pobreza, impunidad y descomposición del sistema judicial, militarización de la seguridad pública, reestructuración de la subjetividad y socialización en el marco de una cultura de guerra, el uso del miedo y de la propaganda como regulador social, un marco jurídico e institucional que pone en el centro la seguridad del orden dominante, y una estrategia de guerra total, permanente y preventiva donde la ciudadanía crítica es tratada como (potencial) enemigo interno en una sociedad de control.[1]

 

Por su parte, Jaime Osorio coloca en el centro de la discusión que:

 En los últimos años se ha configurado una nueva forma de gobierno en América Latina,            que denomino ´Estado de contrainseguridad con coro electoral´. Con esta forma de      gobierno llega a su fin el periodo abierto con la llamada transición a la democracia, que dio       origen tanto a remedos de democracia, como a los gobiernos populares y a los gobiernos  progresistas en la región.[2]

 

Llama la atención que Osorio, aunque realiza un estudio que se adentra en la crítica de la teoría del Estado, nombra a su propuesta como una forma de gobierno debido a que se basa en el Estado dependiente, del cual retomamos la especificidad del papel de las clases dominantes. Osorio se fundamenta en una persistencia teórica con Ruy Mauro Marini[3] y aunque existe un contínuum histórico de la guerra contrainsurgente en la región[4], la reconfiguración estatal, su despliegue institucional y la resocialización del sujeto social que aguantan al Estado de seguridad no son producto de una respuesta ante una crisis de la democracia liberal representativa y de sus remedos en América Latina -como sostiene Osorio- son, mejor dicho, su impulso mejor logrado. 

El Estado de seguridad se reconforma como un ente fuerte, un ariete que abandera la acometida de la burguesía financiera dominante ante la gran mayoría de personas trabajadoras. Una estocada que abre el telón ante -lo que llama Enzo Traverso- la “cultura de la derrota”.[5] De igual forma, separo la categoría de análisis de los estudios anclados en la llamada crisis, “desintegración”, “disolución” o “fragmentación” del Estado,[6] las cuales consideran que el Estado no tiene la capacidad institucional ni coercitiva para apuntalar los problemas de seguridad y dan pauta a tesis como la de los “Estados fallidos”. Bien dice Osorio, “en el seno del capitalismo no es posible que la vida en común se pueda desarrollar sin Estado [se trata, por lo tanto, de] poner de manifiesto que las nociones empleadas, como ´fragmentación´ del Estado, y peor aún, ´disolución´ del Estado, conducen a serios equívocos teóricos y políticos.”[7] Sustentar la presente investigación desde estas corrientes obstaculizaría considerar que el Estado de seguridad es una reconfiguración dentro del concierto neoliberal de recomposición de clases, pues los Estados solo se reorganizan productivamente, no se desmantelan: ningún Estado para de crecer. [8]

Lorey, por su parte, desde su análisis en el que dimensiona a la precarización como la totalidad de la vida misma y que es organizada desde los Estados neoliberales, expresa el fenómeno de la siguiente manera: 

Esto conduce a una forma de gobierno que ya no se consideraba posible al menos desde Thomas Hobbes: un gobierno que ya no se legitima porque promete protección y seguridad. A diferencia de esta vieja regla del dominio, esto es, la de exigir obediencia a cambio de protección, el gobierno neoliberal procede sobre todo mediante la inseguridad social, mediante la regulación del mínimo de protección social que corresponde al mismo tiempo a una incertidumbre creciente. En el curso de la demolición y reorganización del Estado del bienestar, así como de los derechos asociados al mismo, se ha conseguido establecer, gracias también a la proclamación de una supuesta ausencia de alternativas, una forma de gobierno basada en un máximo de inseguridad. Que la precarización se haya tornado en un instrumento de gobierno significa asimismo que el grado de la precarización no puede traspasar un determinado umbral, no puede poner seriamente en peligro el orden existente, no conduce por lo tanto a la rebelión. El arte de gobernar consiste hoy en equilibrar ese umbral.[9]

La variable de la precarización como estrategia a través de la incertidumbre que desarrolla Lorey, así como el miedo y el uso de la propaganda, que estudia Rodríguez Rejas como una de las variables del Estado de seguridad, actúan en esta investigación, más bien, como un apalancamiento perfeccionado de la reproducción de marginalidad desde el Estado (aunque Lorey, al contrario de Osorio, lo aborda como un estudio de gobierno pero lo titulo como Estado), que como un regulador social. El regulador en sí mismo se constituye desde la precarización/incertidumbre[10] organizada. Hablamos, entonces, de un fenómeno estructural y no exclusivamente ideológico, que se efigie como Estado-gobierno y que va más allá del enfoque sobre las nociones de control, disciplina y, sobre todo, poder que moldean sujetos, los cuales tomaron mucho impulso desde las obras de Michel Foucault[11], y en las que reposa la estructura teórica de Lorey.[12]  En una región donde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe titulado “Panorama Social 2020 de América Latina” estimó que la tasa de pobreza promedio alcanzó el 33,7% y la pobreza extrema el 12,5% ( lo que significa que el total de personas pobres ascendería a 209 millones – es decir un tercio de la población latinoamericana y caribeña- y 78 millones estarían en situación de pobreza extrema) plasma un terreno fértil en operacionalidad para las variables que constituyen un Estado de seguridad.[13]

Redimimos, al mismo tiempo, de la obra “El Estado de contrainseguridad con coro electoral” el sentido analítico en el que señala que las fracciones del capital internacional que tienen inversiones en la región latinoamericana o negocios con las burguesías u oligarquías locales, actúan con contundencia contra los gobiernos progresistas o revolucionarios nacionalistas ante la mínima expresión de llevar a cabo políticas redistributivas de carácter social, lo que materializa al Estado de seguridad como el estandarte de defensa de la gobernabilidad democrática que más allá de estabilidad, paz y progreso tiene de telón de fondo la expoliación, producción continua de desigualdad, marginalidad y el extractivismo, en un mercado donde cada vez se presentan menos espacios para que el capital pueda desglosarse. 

Lo anterior se traduce como el carácter contrainsurgente del capitalismo-neoliberal de guerra, Osorio remata: “es así una respuesta a las exigencias económicas y políticas del capital, lo que reclama nuevas derrotas del mundo del trabajo y de los sectores populares.” En efecto, la desigualdad trasmuta en una realidad lacerante que no tiene otro horizonte que la muerte y expoliación a través de la super explotación de las mayorías marginadas y despojadas, un exterminio sistemático,[14] pero que se figura como políticas programáticas desde un Estado reconfigurado y repotenciado, cuya centralidad radica en la seguridad (institucional, cultural e históricamente).

Dimensiones del Estado de seguridad

Teniendo siempre en cuenta que lo primordial de la seguridad es su materialidad, se trata, entonces, de objetivar las prácticas sociales más allá del discurso y presentar, de esta forma, las interrogantes del vínculo entre seguridad y democracia en el capitalismo-neoliberal. Acato, por tanto, cuatro grandes dimensiones en las que rastreo el Estado de Seguridad en la región:

Geopolítica/espacial: en esta variable se contempla la escala internacional, regional y subregional. Es decir, la relación de Estados Unidos y otros Estados con intereses e injerencia en la región, pero también relaciones intrarregionales a través de la política de cada país con el resto de la subregión. Estrategias de seguridad: en esta dimensión se da cuenta de los nombrados renovados riesgos y amenazas (cómo se concibe al enemigo).Aquí yace el vínculo entre seguridad y democracia que enmarca el Estado de seguridad, pues con el paso del tiempo, el sentido de seguridad ha ido cambiando sus objetivos a la par de las adaptaciones estratégicas del capitalismo, tales como la renovación de la concepción del terrorismo, los riesgos medioambientales, la globalización, la seguridad social, las migraciones masivas y el narcotráfico. Riesgos y amenazas producto de la desigualdad, la pobreza, la exclusión social y la acumulación que pareciera no tiene límites, particularmente después del término de la Guerra Fría. La vinculación con la militarización social obliga a comprender cuál es el papel de la seguridad (como narrativa) y las instituciones de seguridad en la gobernabilidad democrática y sostén de la dominación por medio de las políticas de seguridad nacional, mezcladas con seguridad pública (entendida a menudo como seguridad interna), tanto a nivel nacional como local, identificando actores estatales y no estatales (como los cuerpos privados de seguridad).Militarización social: esta variable la entiendo como la racionalidad de guerra que se expande, o sea la guerra como forma de hacer política. Apuntalada, en primer lugar, por la transformación institucional del Estado, la cual ya no es pilastra de la lógica clásica de la guerra, y nos inserta a una dinámica social de guerra permanente total en la que se percibe en todo momento a un enemigo interno y externo, la cual conlleva la naturalización de la percepción de amenazas (reales o no), sanciones, etc. banalizando la crueldad doméstica y social (física y simbólica). En segundo lugar, reconfigura escenarios de seguridad a escala nacional y local, en esta última asumir las contradicciones de las bases sociales es imprescindible. Me aleja, por último, de los enfoques liberales, pues atiendo el papel político de las fuerzas armadas (como actor político) y los cuerpos de seguridad. Asimismo, rastreo la relación con otros actores políticos y económicos, donde se puedan observar presupuestos para seguridad, formación de fuerzas armadas (de qué tipo y qué sentido) y la valoración de los cuerpos de seguridad por otros actores.Dimensión económica: Esta dimensión enmarco el papel de las economías de enclave y territorialización reconfigurada desde la explotación de los recursos naturales, para dar cuenta cómo impactan las políticas de seguridad en los cuerpos y los territorios a nivel local y nacional.

La ñapa: la encrucijada como hipótesis[15]

El Orinoco y el Magdalena se abrazarán.

Entre canciones de selva y tus niños y mis niños 

le cantarán a la paz.[16]

Cuando pensamos en Colombia o en Venezuela muchas veces nuestras reflexiones se remiten a situaciones contrapuestas con contextos inversos. Pese a compartir 2219 kilómetros de frontera, una cantidad inconmensurable de expresiones culturales y una histórica formación estatal, existe incomprensión y poco conocimiento entre Colombia y Venezuela y viceversa. No es para menos, las arengas gubernamentales y los imaginarios sociales hegemónicos respaldan esta idea: en tiempos recientes se tradujo en posicionar al gobierno venezolano, especialmente desde su homólogo colombiano como vanguardia de tal embate, como responsable de todos los lastres del capitalismo. Una presunción que, sin embargo, no es reciente, la relación colombo-venezolana figura como hipótesis de conflicto atravesada por dos historias nacionales no tan desiguales en una rezonificación basada en economías de enclave, donde las oligarquías tanto terratenientes como petroleras, respectivamente, eran las más beneficiadas. De Venezuela hacia Colombia no es distinta la visión que se tiene, señalada como la cuestión “colombo-venezolana”[17] se enfrascan en los lugares comunes del narcotráfico, asimilado de manera superficial, y el imperialismo. 

La situación en la República Bolivariana de Venezuela acaparó, en el último lustro, los reflectores de las matrices mediáticas corporativas. Asimismo, estas matrices de difusión masiva han sustentado la idea de que en Colombia se encarna la mal nombrada guerra contra el narcotráfico por antonomasia. Estos fenómenos se nos muestran, en primer lugar, aislados, desde un enfoque nacional y con poca profundidad. Es decir, no podemos atender un fenómeno sin echarle un vistazo relacional al otro, hablamos de una correlación dialéctica, una encrucijada regional. El objetivo que persigo, por tanto, es darle un tratamiento metodológico distinto a tal semejanza: mutar de la hipótesis de conflicto desde la comparación a considerarlo una encrucijada como un estudio regional. La encrucijada es, por tanto, pensar la encrucijada como potencialidades y posibilidades distintas. 

La encrucijada colombo-venezolana encuentra una de las vertientes de análisis más importantes en el tratamiento de la seguridad y su relación con los procesos democráticos, debido a que al estudiar esta relación damos cuenta de que confluyen las dimensiones del Estado de seguridad .Las siguientes reflexiones las abordamos con especial énfasis en los últimos 20 años en dos países que, aparentemente, son antítesis; dos modelos democráticos y de políticas programáticas de seguridad que, hipotéticamente, son diametralmente opuestos pero con mediaciones sociales no tan distintas.

A primera vista constituir como un andamiaje teórico a la gran contradicción social que se expresa en los fenómenos respecto al espectro de la seguridad y su vinculación con los procesos democráticos, ocurridos en la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela en los últimos 22 años, acuñados como Estado de Seguridad y las relaciones sociales que lo sustentan y que nombro como securitización de la democracia, pareciera un oxímoron. Uno más en este desencanto posmodernista, como diría Jaime Osorio. Por un lado, se entiende que el ejercicio categorial está dado en Colombia, la securitización de la democracia tiene relación directa –e histórica- con la gobernabilidad neoconservadora. No obstante, afirmarlo categóricamente en Venezuela sería negar de tajo el esfuerzo por la justicia social que se hizo más evidente entre los años 2004-2011.

Las dimensiones de la encrucijada colombo-venezolana que la sustentan como estudio regional son: 

Las alianzas geopolíticas regionales e internacionales (especialmente la relación con los EEUU), Las dinámicas de actores políticos institucionales o no(nacionales, regionales y locales), La vulnerabilidad de la soberanía popular en procesos de base, La militarización social por medio de gobiernos civiles y La caotización de la vida.

Estos elementos pueden apartarnos de romantizar las resistencias populares; por un lado, y por otro evitar enfrascarnos en la explicación basada en la necesidad histórica de las oligarquías por contener las fuerzas populares a través del ejercicio extraterritorial Estado (imperialismo).

 Estado de seguridad y securitización de la democracia en la encrucijada colombo venezolana

Un mercado permanente y lucrativo para la violencia

Cuando revisamos la historia de la región, hallamos que Colombia ha sido llevada por sus gobiernos nacionales a una suerte de Estado ariete en torno a los intentos de integración continental que no son propuestos por el hegemón. Luego de Venezuela, lo que sucede en Colombia parece ser el otro gran tema de Latinoamérica. Después del llamado “empate negativo” el gobierno de Juan Manuel Santos buscó una salida negociada al conflicto armado, sin embargo, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera​ -impulsado principalmente y en una primera instancia desde el exterior- no fue ningún obstáculo para la mezcolanza entre el conservadurismo, la contrainsurgencia y el autoritarismo que se vive en la república colombiana. 

El actuar del gobierno encabezado por Juan Manuel Santos no distó mucho de su antecesor inmediato pese a los intentos, montados en los medios masivos de difusión, por afirmar lo contrario. Estos dos periodos gubernamentales se presentan como la continuación histórica ya no del todo del enemigo interno, pues no desaparece bajo otras formas, debido a que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ejército del Pueblo ( FARC-EP) estaban fuera –como enemigo armado directo- de los imaginarios colectivos del grueso de la sociedad colombiana, sino del enemigo externo que encarnó la República Bolivariana de Venezuela, un agravante securitario que sentó las bases de la política militarizada del gobierno de Iván Duque: sumó a Colombia como socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), brazo armado de trasnacionales estadounidenses y europeas como la describe Nicola Hadwa Shahwan. Esta iniciativa fue emprendida, también, por Juan Manuel Santos antes de la finalización de su mandato.[18]

Colombia, desde entonces, vive una de las Guerras Recicladas, tesis de María Teresa Ronderos[19]. Antes de terminado el mandato de Álvaro Uribe ya empezábamos a escuchar las primeras voces que anunciaban el nuevo enemigo, las BACRIM (Bandas Criminales), modernización y sofisticación del paramilitarismo. Se asomaba así la Seguridad Democrática 2.0, con la promesa de combatir al subproducto de su primera versión, con el agregado de las proyecciones expansionistas, también retomando sus añejas pretensiones sobre las costas centroamericanas. Esta segunda versión capitalizó, además, el mito de la “venezolanización de Colombia”. Ello enmarca el tan sorprendente como contradictorio papel de la sociedad civil: malestar social interior y a su vez legitimación del enemigo externo, que cae como velo sobre lo primero. La nueva geografía política del continente pareciera poco perturbar a Colombia.

     El panorama es poco alentador: aunque las fuerzas armadas colombianas no son una estructura monolítica, la maquinaria y la economía de guerra siguen prácticamente intactas en Colombia, y la narrativa del enemigo interno también; aún está en armas el Ejército de Liberación Nacional (ELN) circunstancialmente opacado por el espejismo del enemigo externo pero convertido en complemento de este último. Sobre esta anquilosada maquinaria, Carolina Sanin menciona que los imaginarios de gran parte de los colombianos se basan en la añoranza de la seguridad a través de un paternalismo autoritario y, pareciera que, de manera ficticia, participativo e incluyente. Lo civil le abre paso a la militarización. El Estado colombiano poco ha cumplido de los compromisos contraídos en los acuerdos con las FARC-EP, y gran parte de los desmovilizados, algunos también a causa del riesgo inminente al que se encuentran expuestas sus vidas y a la precariedad de sus condiciones laborales, han retornado a las armas ya carentes de componente ideológico (que dicho sea de paso tenía varios años desdibujado). Sumado a esto, la crisis de asesinatos de líderes sociales. El conflicto armado ha degenerado aún más. Los gobiernos colombianos, su oligarquía y burguesías y la subordinación hacia los Estados Unidos, están condenando a Colombia a aferrarse al muy lucrativo mercado de la violencia, donde la recomposición del poder de clase basado en el cambio de los patrones de consumo y la reconfiguración orgánica de las clases sociales, son el motor de tal problemática.

La crisis de síntesis 

Venezuela como escenario del pillaje territorial, de las exacciones de la metrópoli, del despojo de las comunidades autóctonas, de la lucha de castas y de clases.  Venezuela cuya dependencia ha sufrido procesos de transformación en el tiempo: de colonial absoluta a neocolonial, pero siempre como periferia capitalista, como suministradora de productos primarios para ser intercambiados en términos de desigualdad por los productos industriales de las metrópolis; varió la calidad del producto; primero fue el cacao, luego el café, ahora el petróleo; primero la piel de la tierra y después su entraña; primero el buque español, luego el inglés o francés y hoy el norteamericano; primero las Cortes hispánicas, luego la City de Londres, ahora Wall Street, Manhattan, Chicago, Detroit . . . Pero en toda la historia el vasallaje, la supeditación a los ajenos poderes, la riqueza producida que se escapa a través de los múltiples pero seguros mecanismos de la dependencia”.

Domingo Maza Zavala (Mayo de 1974),

“Prólogo” al libro de Héctor Malavé Mata, Formación Histórica del Antidesarrollo de Venezuela, Caracas, Fondo Editorial Salvador de la Plaza / Editorial Rocinante, 1974.

 

Esta problemática no es ajena al lado venezolano, especialmente después de 2013, año de la muerte de Hugo Chávez y punto de partida común entre la mayoría de académicos, periodistas y analistas que abordan la situación actual de Venezuela y sus múltiples corrientes o puntos de abordaje. Críticos o no, coinciden en que la muerte de Hugo Chávez Frías fue un parteaguas en la Revolución Bolivariana. Cierto es que, desde la desaparición física del expresidente, el tratamiento de la Doctrina de Seguridad Bolivariana y la relación entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), los Consejos Comunales, las Comunas y los colectivos adquirieron un cariz más duro debido a los embates que se recrudecieron dirigidos desde el exterior, con la venia de una oposición local incapaz, en parte, de diagnosticar la realidad del país que aspira a gobernar.

Si nos basamos en los discursos gubernamentales pareciera que la pugna entre Monroe y Bolívar está más viva que nunca. Sin embargo, es un contexto que demuestra, por un lado, que la centralidad del Estado no ha perdido vigencia y, por otro, que los mecanismos hegemónicos y de dominación se dicen de otras maneras, pero no han degenerado su esencia.

Tales acometidas se tradujeron, de igual manera, en retrocesos significativos de la Revolución Bolivariana; hiperinflación galopante, pérdida abrupta del poder adquisitivo del promedio de la población, economía basada en divisas (principalmente dolarización), privatización de los pocos procesos productivos, migración masiva calificada, antagonismo y choques con los procesos comunales, todo esto ha intentado matizarse con el exasperado discurso antiimperialista, propiciando un quiebre desmoralizante y desmovilizador que ha traído por resultado la falta de cohesión en el seno de las izquierdas que nutren al chavismo. Una crisis de síntesis en el proyecto chavista.

Luego del juramento colectivo simbólico, conjurado a raíz de la ausencia física del presidente electo venezolano, el 10 de enero de 2013, vinieron los choques más cruentos, desde la “Salida” promovida en 2014 que dio paso a las “guarimbas” de ese mismo año; la pérdida del poder legislativo en el año 2015 y la respuesta estatal con la Operación Liberación del Pueblo (OLP), la gradual pero constante masificación de lo que fueron Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), las “guarimbas” y reacción del Estado en sus formas más violentas en el año 2017, hasta llegar a los acontecimientos del año 2019 y 2020, puedo considerar que dichas combinaciones hicieron que ambos procesos (el colombiano y el venezolano) se estén encaminando por la misma ruta.  Con etiquetas como el “castrochavismo militarista”, la oposición interna y externa no cesan de adjetivar los diversos momentos que ha vivido la Revolución Bolivariana y sus estrategias para defenderse, intentando descifrar el dilema que imprime la necesidad de saber si es un gobierno de militares (con una fachada de un presidente civil) o cada vez hay más militares en el gobierno bolivariano. En tanto, pareciera que queda lejos ya dentro de la misma Revolución Bolivariana debatirse entre una revolución radical o la restauración neoliberal, especialmente si se considera al gobierno bolivariano como vanguardia de tal revolución. La paradoja es más sólida si reflexionamos en que un civil, sucesor de Hugo Chávez, es quien propicia que lo militar exceda lo político. Esto, por más que sea entendible la histórica relación de los militares con los movimientos populares venezolanos, abre ampliamente la discusión de si es posible hacer revolución en tiempos de hegemonía democrática.

 

 

 

 

 

 

Conclusiones:

En la actualidad repercute primordialmente la reflexión respecto a esta relación, para que a partir de dicha abstracción sea posible comprender la realidad en la que se está aplicando y la manera en que se está llevando a cabo esta deliberación teórica, para luego observar si éstas se acercan o alejan de sus objetivos ideales y fundamentales. La seguridad y la libertad son basamentos esenciales para asegurar una “democracia plena”, sin embargo la inversión pragmática de los llamados regímenes democráticos del último tercio del siglo XX y lo que va del siglo XXI, rebasan por mucho la discusión de filosofía política en torno a esta relación. El debate entre la seguridad y la libertad es el corazón de una doctrina de seguridad moldeada por una supuesta democracia triunfante, en medio de la cultura corporativa y profundamente bélica del capitalismo-neoliberal.

No son pues democracias inmaduras o inacabadas, sino reforzamientos de modelos de seguridad que impactan en cuerpos y territorios de manera no homogénea, estas escalas nos distancian también de la clásica disyuntiva entre Estado y sociedad, enfoque dominante en el pensamiento crítico latinoamericano. Los problemas estructurales no resueltos socavan la legitimidad de la democracia día con día, aunque siempre encuentra teóricos “innovadores” que buscan rebobinar tal visión e instrumentalización de la democracia, como la “democracia exigente” de Pierre Rosanvallon o la “democracia cosmopolita” de David Held, sin perder de vista la historicidad, reconociendo la condensación de los tiempos históricos superpuestos. 

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Vega Cantor, Renán. Los economistas neoliberales: nuevos criminales de guerra. El genocidio económico y social del capitalismo contemporáneo.

Palabras clave:

Estado de seguridad, securitización de democracia, encrucijada colombo-venezolana

Resumen de la Ponencia:

En México desde el año 2016 se aplica la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, esta ley se aplica a las personas que tienen entre doce y diecisiete años de edad que son imputadas, procesadas y sentenciada por la comisión de un delito. El Proceso Penal para Adolescentes y las etapas en las que se divide: de investigación, intermedia y de juicio oral. Este sistema de justicia penal tiene una naturaleza penal, sin embargo, aplica principios y fines específicos en razón de las personas a quienes se aplica “las personas adolescentes”.La referida legislación prevé la posibilidad de imponer como medida cautelar y sancionadora el internamiento. La primera se impone a las personas sujetas a un proceso y la segunda a quienes han sido encontrados responsables de la conducta delictiva. La aplicación del internamiento tiene las siguientes precisiones: no se pude imponer a jóvenes menores de catorce años, se debe aplicar cómo último recurso (cuando se haya estudiado y descartado la aplicación de las otras opciones en libertad) y por el menor tiempo posible. La contingencia sanitaria ocasionada por el Sars Covid-19 (Diario Oficial de la Federación 26 de marzo de 2020) aumenta el grado de vulnerabilidad de las personas internas en un centro especializado para adolescentes. Dentro de las medidas para afrontar la contingencia sanitaria se encuentra la disminución de movilidad (Quédate en casa) y con ello las dependencias encargadas de los centros de internamiento limitaron e incluso anularon las visitas por parte de familiares de las personas adolescente privadas de la libertad, lo mismo con las actividades educativas, deportivas, culturales y de recreación.Lo anterior incide en el bienestar de esta población, pues el aumento del aislamiento y la incertidumbre respecto de lo que ocurre con sus familias y en general en el exterior puede generar ansiedad, estrés, miedo, frustración, etcétera.En México existen 45 Centros de internamiento para adolescentes que cometen delitos, cuya situación de vulnerabilidad se ha agudizado por el Sars Covid-19. En el caso del Centro de Reinserción Social “Villa Crisol” El limoncito, las autoridades encargadas tuvieron que desarrollar una serie de estrategias para garantizar tanto la salud física y mental de los adolescentes internos, por ejemplo:Promover la convivencia virtual con sus familiaresImplementar jornadas de información (preguntas y respuestas) respecto a la contingencia Promover actividades educativas, deportivas y culturales (atendiendo a las medidas de salud) tales como la organización de horarios para evitar el hacinamiento en los espacios comunes, promover la educación a distancia (virtual) o bien de manera individual; proyección de eventos culturales de manera virtual, etcétera.Con el cambio de semáforo epidemiológico paulatinamente se retomaron las visitas de familiares e incluso las actividades con la comunidad. 

Introducción:

Con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) publicada el 16 de junio del año 2016 (que entró en vigor el 18 de junio del año 2016), se da un paso más hacia la consolidación de una estructura que materialice los objetivos de la justicia penal para adolescentes, reinserción y reintegración familiar y social (LNSIJPA, artículos 28 y 153) de la persona adolescente que ha cometido una conducta tipificada como delito en la ley penal, mediante el debido proceso y garantizando los Derechos Humanos maximizándolos por tratarse de personas vulnerables derivado de su situación de vulnerabilidad. En esta ley, después de mucho tiempo se reconoce la penalidad del sistema de adolescentes.

Los principios de este sistema integral son la especialidad (LNSIJPA, artículos 23, 63 y 64), el interés superior de la persona adolescente (LNSIJPA, artículo 12), la mínima intervención y protección integral (LNSIJPA, artículo 13). La especialidad se refiere no sólo la existencia de un órgano jurisdiccional especializado, sino a la necesidad de que todos los intervinientes técnicos y jurídicos, es decir, jueces, ministrados, ministerios públicos, defensores (públicos y privados), psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, e incluso el personal de seguimiento de medidas en libertad y de seguridad en la aplicación de las medidas de internamiento. En cuanto al interés superior, éste debe ser el eje que rige todas y cada una de las actuaciones de las autoridades e intervinientes en el sistema, en cada una de las etapas del proceso (desde la investigación inicial), así como en la ejecución de las medidas sancionadoras. La mínima intervención implica que las autoridades deben ponderar en cada situación, la decisión que perjudique lo menos posible al adolescente, ya sea aplicando salidas alternas al proceso o bien en la modificación de las medidas sancionadoras. Por lo que se refiere a la protección integral, implica que se debe velar por el óptimo desarrollo de la persona adolescente; así como, el derecho del adolescente a que sus padres, representantes legales o tutores sean informados de su situación jurídica, y en caso de que ello no sea posible se dará aviso a la procuraduría de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (LNSIJPA, artículo 11).

Siguiendo con lo establecido en artículo 18 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), son sujetos del sistema las personas mayores de 12 años y menores de 18 años, además, reconociendo la autonomía progresiva (LNSIJPA, artículo 19), distingue en tres grupos etarios (LNSIJPA, artículo 3) I. 12-13, II. 14- 15, y III. 16-17. En caso de duda respecto de la edad del sujeto, se presumirá lo más favorable niño/adolescente/ adulto. 

Se establece además un derecho penal de acto, es decir las cuestiones particulares del adolescente únicamente se deben tomar en cuenta en beneficio del o la adolescente (art. 20), incluso en el caso de la delincuencia organizada, en cuyo caso la aplicación de la Ley especial se limitará únicamente a los casos en que se le beneficie (LNSIJPA, artículo 10). 

El presente trabajo, s un avance de la investigación realizada durante el año 2022 en el Estado de Chiapas, con la finalidad de conocer el funcionamiento del sistema estatal de justicia penal para adolescentes, este primer avance se refiere al Centro de Reinserción Social especializado para adolescentes con residencia en Berriozábal.  

Desarrollo:

Los parámetros establecidos en el artículo 18 de la Constitución y en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, deben adecuarse a las necesidades y recursos con que se cuente en cada entidad federativa y en la propia federación, ya que como lo establece la constitución  “La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes…” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2023).

Derivado de lo anterior, se impone a los Estados la obligación de implementar un sistema local de justicia penal para adolescentes, este sistema local se integra por órganos de procuración e impartición de justicia especializados, así como de supervisión y ejecución de medidas cautelares y sancionadoras. En el Estado de Chiapas, este sistema se integra por: 

La Fiscalía General del Estado de Chiapas el órgano estatal encargado de la investigación y persecución de los delitos. La Fiscalía de Chiapas, cuenta con una Fiscalía de Adolescentes que se encarga de la investigación y judicialización de los casos en los que una persona adolescente se señala como responsable, ubicada en Tuxtla Gutiérrez.

Esta Fiscalía tiene una Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa en Tapachula. Como se advierte está unidad tiene dos funciones la investigación del hecho delictivo en el que se señala a una persona adolescente como actor y la aplicación de las soluciones alternas al proceso. En tanto que en el caso de la zona centro es la Fiscalía de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

El proceso penal para adolescentes se encuentra a cargo del Tribunal de Alzada Especializada en Justicia para adolescentes con residencia en el Municipio de Berriozábal integrado por dos Magistradas y un Magistrado y que conoce de los recursos contenidos en la ley: revocación y apelación. Así como por dos juzgados en los que tres Juezas de primera instancia, una con funciones de control y tribunal de enjuiciamiento, dos con funciones de control, juicio oral y ejecución. 

La aplicación y seguimiento de las medidas cautelares (en libertad e internamiento) como de las medidas sancionadoras (en libertad e internamiento) están en las funciones de la Unidad Especializada en la Ejecución de Medidas para Adolescente dependiente de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado; con oficinas en el mismo municipio en el que se ubican los Juzgados. 

Las medidas en libertad se aplican a través de una serie de convenios de colaboración con instituciones y autoridades municipales, de donde residen las personas adolescentes. Las medidas que implican el internamiento se cumplen en los Centros de Reinserción Social especializados para Adolescentes: Villa Crisol, “El Limoncito” en Berriozábal y “Centro De Internamiento Especializado Para Adolescentes Zona Costa” en Mazatán.

El día 31 de marzo de 2020, se ordenó la suspensión de las actividades que no fueran esenciales, debido a la contingencia sanitaria derivada del Sars Covid-19 (Diario Oficial de la Federación, 31 de marzo de 2020). Dentro de las actividades que se suspendieron, estaban las relacionadas con los Centros de Reinserción Social especializados para Adolescentes en específico con el llamado Villa Crisol, “El Limoncito” en Berriozábal.

Este centro cuenta con 4 villas: 

Para adolescentes en internamiento preventivo, con capacidad para 35 personas. Para adolescentes en medida de internamiento menores de 18 años, con capacidad para 25 personas.Para adolescentes en medida de internamiento mayores de 18 años, con capacidad para 25 personas. Para mujeres adolescentes, con capacidad para 20 personas. 

Además de un comedor, dos canchas habilitadas para jugar futbol y basquetbol; una parcela en la que pueden trabajar las y los adolescentes que así lo quieran; un auditorio; espacio para actividades educativas (incluidas actividades relacionadas a la computación); área médica y el espacio de talleres: música, carpintería, corte, tejido y pintura. 

Durante la pandemia se suspendieron las visitas de familiares y grupos de la comunidad (escuelas y grupos religiosos), al inicio también se suspendieron las actividades educativas y los talleres (las cuales paulatinamente se fueron retomando). En relación a las visitas de las y los familiares de los adolescentes, se puso en marcha un programa para facilitar la comunicación remota de los adolescentes con sus familiares, a través de llamadas vía zoom, lo cual represento un reto debido a que en la zona la conexión a internet suele ser intermitente. Asimismo, implemento un protocolo para mantener la sana distancia, la sanitización de espacios y la vacunación tanto de los adolescentes como del personal técnico y de seguridad del centro.

Conclusiones:

La actuación tanto de la autoridad judicial como de la Directora del Centro, promovió y respeto los derechos de los adolescentes, poniendo especial énfasis en su derecho a la salud, no sólo física sino también mental, pues al implementarse estrategias para que mantuvieran comunicación con sus familiares les permitió mantener lazos emocionales. 

La experiencia derivada de la contingencia, puso en relieve la posibilidad de implementar mecanismos alternativos para mantener vínculos que permitan garantizar la salud de los adolescentes, como lo es la comunicación virtual, pues incluso antes de la pandemia las visitas familiares eran poco frecuentes, debido a factores geográficos y económicos. 

Bibliografía:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

Diario Oficial de la Federación (31 de marzo de 2020)

Palabras clave:

Justicia juvenil, Sars Covid-19, medida de internamiento

Resumen de la Ponencia:

Una de las características generales del Derecho es el dinamismo, esto nos lleva a pensar que se trata de una ciencia viva. La esfera jurídica de las niñas, niños y adolescentes tiene como base la idea de que se trata de personas en situación de desarrollo, esto deriva en el principio de autonomía progresiva, de acuerdo con la cual la aplicación de las normas debe hacerse tomando en consideración las circunstancias especiales de esta población, sin embargo, se debe resaltara que no se trata de categorías homogéneas, pues existen niñeces y adolescentes tan diversas como contextos. En ese sentido y tomando en consideración a los cambios que se han originado desde el uso masivo de las Tecnologías de la comunicación, pues no se puede negar la migración de las interacciones sociales en las plataformas digitales, creando un lenguaje propio, estas interacciones que requieren un estudio y regulación adecuada, más aún cuando niñas, niños y adolescente son quienes más actividad tienen en la virtualidad. Lo anterior, representa un reto en las escuelas de derecho, ya que es necesario brindar al estudiantado herramienta que les permitan realizar análisis no solo normativos (para conocer el espíritu de las leyes o su sistematización) sino también, conocer los contextos en los que surgen y se aplican las normas e instituciones jurídicas, por lo que se requiere una transformación de las formas de enseñanza y practica del derecho.

Introducción:

El Derecho como ciencia social, es dinámico, ya que esta influido por el contexto, es decir por las cuestiones políticos, económicos y sociales presentes en el momento de su creación y aplicación. Sin embargo, la enseñanza del derecho no siempre puede estar a la par de los cambios que ocurren en el contexto en el que se aplica (Hernández Martínez, 2007, p. 192) 

Los cambios en el contexto no siempre se manifiestan en la enseñanza del Derecho en las facultades, debido al proceso legislativo en México es rígido, esto es a grandes rasgos, para que una ley sea reformada o derogada, es necesario primero que se justifique la necesidad de dicha reforma, luego debe presentarse el proyecto de reforma, ser votado por el poder legislativo, ya sea el Congreso de la Unión o Asamblea Legislativa, dependiendo de si se trata de una ley federal o local (Sandoval Ulloa).

Una vez que se haya reformado la ley, se procede a la reforma de los planes de estudio, lo cual requiere un proceso similar, se justifica la reforma, se presenta el proyecto y se vota, en este caso es el Comité Académico de la escuela o facultad respectiva. Una vez aprobado se actualiza a las y los docentes para dar inicio a la enseñanza del nuevo contenido. 

Todo este proceso puede demorar un par de años o más, lo que es cierto es que, en ocasiones, lo que se enseña en las facultades, no es la realidad de la vida profesional de las y los licenciados en derecho, sirva como ejemplo la reforma en materia penal de 2008, la generación 2004-2008 de la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudio un sistema penal que ya no aplicaría en su vida laboral (o por lo menos no de forma principal).

Es por ello, que resulta fundamental que desde las facultades de Derecho se proporcionen las herramientas para poder interpretar y buscar la aplicación no solo de forma dogmática, sino que trate de responder a las situaciones y necesidades actuales de las y los ciudadanos. Entre quienes se encuentran las niñas, niños y adolescentes.

Desarrollo:

El presente trabajo busca exponer la necesidad de que al igual que se ha introducido la perspectiva de género en la enseñanza del derecho en los diversos programas de estudio, es fundamental incluir la perspectiva de niñez y adolescencia. 

En la historia de los Derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA), se pueden encontrar tres tipos de respuesta por parte de los Estados (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2021, pp. 8-15):  

Indiferenciada. NNA no tienen capacidad jurídica, por lo que no pueden ser sujetos de derechos. Las personas que ejercen la patria potestad, tutela o representación legal son quienes toman las decisiones sobre sus vidas: religión, educación, salud, etcétera, sin la intervención o el arbitrio de ninguna autoridad. Tutelarista. Se reconoce que existen NNA que carecen de personas que ejerzan la patria potestad, tutela o representación legal o bien que no pueden hacerlo, por lo que el Estado actúa de forma supletoria, sin embargo, continúa negando a NNA la capacidad de ejercer sus derechos, aunque sí reconoció su capacidad de goce, es decir, reconoce que todas las NNA tienen derechos, aunque no pueden ejercerlos por sí mismos. Perspectiva de Derechos o Protección Integra. Parte del reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, es decir tienen todos los derechos y el estado debe implementar los mecanismos necesarios para que NNA accedan y ejerciten sus derechos de forma plena y directa. 

Estas respuestas obedecen a dos distintas formas de relacionarse con NNA: adultocentrismo y perspectiva de niñez/adolescencia. La primera responde a una visión que considera a NNA como personas en potencia, es decir, las etapas de niñez y adolescencia son sólo un paso de preparación para ser una persona adulta que aporte a la vida en sociedad. Esta es la visión que ha sido utilizada para construir la gran parte de los sistemas sociales, pues en ella no se consideran las necesidades u opiniones de NNA. Por ejemplo, en los procesos judiciales no se deseñan mecanismos a través de los cuales NNA puedan promover por sí mismos un proceso judicial, en muchos casos no se prevé su participación en los procesos; tampoco se les reconoce la participación la vida pública. 

Por su parte las perspectivas de niñez y adolescencia, reconocen la capacidad de NNA para ejercer sus derechos, establece la obligación del Estado para implementar los mecanismos necesarios para que NNA puedan ejercer sus derechos, no solo en los ámbitos judiciales (en proceso de guarda y custodia, o bien penales como víctima o responsable de una conducta tipificada como delito) sino que se refiere a todos: derecho a la vida, la salud, educación, vivienda, de participación, de información, etcétera. Partiendo de dos premisas:

Interés superior de NNA: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben actuar en el mejor interés de la NNA (artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 y Observación General del Comité de los Derechos del Niño numero 14 El principio de Interés Superior, 2013)Autonomía progresiva: la niñez y la adolescencia no son categorías estáticas, ya que día con día niñas, niños y adolescentes adquieren habilidades y herramientas que les permiten ejercer sus derechos de forma autónoma (artículo 12.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 y Observación General del Comité de los Derechos del Niño numero 12 Derecho del niño a ser escuchado, 2009). 

Así, se puede advertir que los dos primeros tipos de respuesta obedecen a una visión adultocéntrica, en tanto que la segunda implica la aplicación de las perspectivas de niñez y adolescencia. 

El sistema jurídico (y social) construido a partir de la visión adultocéntrica ha propiciado que las condiciones de niñez y adolescencia sean consideradas situaciones de vulnerabilidad, al no reconoce las necesidades y opiniones de NNA. Al respecto las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad o Reglas de Brasilia (Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008), reconoce que la edad puede constituir una condición de vulnerabilidad, es especial tratándose de niñes y adolescencia, pues señala:

“Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de la legislación nacional aplicable. 

Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo. (Reglas de Brasilia, 2008, regla 2)

Actualmente, se ha constituido un sistema de protección integral, que responde a un impulso internacional que ha dado como resultado un basto andamiaje jurídico, impulsado por acontecimientos que han puesto en relieve la necesidad de que el estado al crear y aplicar sus leyes, tenga en consideración las perspectivas de niñez y adolescencia. Este marco jurídico se constituye de forma enunciativa por los siguientes instrumentos: Declaración de Ginebra (1924); Declaración de los Derechos del Niño (1959), Convención sobre los Derechos del Niño (1989); los tres Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño: el relativo a la participación de niños  en los conflictos armados; el relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y; el relativo a un procedimiento de comunicaciones (2000); las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño; la Opinión Consultiva 17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (condición jurídica y derechos humanos del niño) y sus sentencias, en especial las dictadas en los casos “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay y Atala Riffo y Niñas Vs. Chile.

Ahora bien, es importante señalar que las categorías de niñez y adolescencia no son ni de cerca homogéneas, sino todo lo contrario, es por ello que la aplicación de las respectivas perspectivas requiere un acercamiento (actualizado) de las situaciones en las que se encuentran NNA, por ejemplo: 

Situación familiar: familia integrada/desintegrada, violencia familiar, consumo de drogas por parte de algún integrante de la familia, etcétera. Situación educativa y laboral de las personas la/el/las/los progenitores. Nivel Socioeconómico: pobreza, marginación, medio rural/urbano o violencia social.Genero: identidad de género, preferencia sexual, orientación sexual, roles sociales Etnicidad: pertenencia indígena, afrodescendencia, uso de un idioma diferente al español.Movilidad territorial: migración nacional e internacional, forzada o voluntaria, acompañada no acompañada. Incluso el padecimiento de alguna enfermedad crónica o degenerativa, así como de tener alguna necesidad física para el ejercicio de sus derechos sea de movilidad, visual, auditiva, etcétera.Acceso a las tecnologías de la información.

Es decir, la aplicación de estas perspectivas requiere una metodología caleidoscópica: conjunto diverso y cambiante (Real Academia de la Lengua Española, 2022) pues en cada caso se presenta una imagen particular, la cual debe ser considerada tanto en la creación y aplicación de las normas jurídicas, como en su enseñanza. Esta imagen se compone de una serie de elementos psicológicos, físicos, cognitivos y sociales presentes en la vida de cada NNA, que constituyen el conjunto diverso de elementos que cambia en cada caso particular, es decir, es lo que da como resultado las perspectivas de niñez y adolescencia (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2021, p. XXII). 

Conclusiones:

Todo este andamiaje jurídico se ha materializado en un largo proceso legislativo en México, que incluye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4°) que ha dado como resultado el Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes previsto en la Ley General de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes; sin embargo, la enseñanza del derecho aun sigue considerando a NNA como sujetos inimputables (civilmente) es decir, incapaces de ejercer sus derechos.

Mientras que la incorporación de las perspectivas de niñez y adolescencia continúan enfocándose solo al marco jurídico, que, si bien debe mantener la primacía en las facultades de derecho, no debe olvidarse de que niñas, niños y adolescentes (al igual que el resto de las personas) se encuentran en un contexto que debe ser considerado tanto al momento de legislar, enseñar y aplicar las leyes, esto incluye el ejercicio y defensa de sus derechos. 

Bibliografía:

Comité de los Derechos del Niño (2009) Observación General número 12. Derecho del niño a ser escuchado.

Comité de los Derechos del Niño (2013) Observación General número 14. El principio de Interés Superior.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (1999) Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_63_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2004) Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012) Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Recuperado de http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf

Convención sobre los Derechos del Niño (1989)

Comité de los Derechos del Niños (Hernández Martínez, María del Pilar (2007). La enseñanza del derecho en México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/5025154)

Real Academia de la Lengua Española (2022).

Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad (2008) 

Sandoval Ulloa, José G. Prontuario de términos, prácticas y procedimientos más usados en el trabajo parlamentario de la cámara de diputados del Congreso de la Unión. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/pront/8reform.pdf). 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (2021), Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. 

Palabras clave:

Niñez; Adolescencia; Derecho 

Resumen de la Ponencia:

La Atención Temprana (AT) es el conjunto de actuaciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años para prevenir, paliar e intervenir en problemas en el desarrollo y discapacidades. Siguiendo las Prácticas Centradas en la Familia (PCF), los miembros del núcleo familiar son agentes directos de la intervención. Así, el equipo interdisciplinar de profesionales debe trabajar para mejorar el empoderamiento familiar, el nivel de habilidades parentales y la calidad de vida. El objetivo del estudio es analizar descriptiva y diferencialmente el nivel de habilidades parentales y el empoderamiento familiar de familiares durante la fase inicial en los servicios de AT. Mediante un diseño cuantitativo, participaron 135 familias de las Islas Baleares (España). Se obtuvo una tasa de participación final del 90%, con el 78.5% mujeres y el 21.5% hombres. Se recogieron datos de tres cuestionarios. La Escala de Empoderamiento Familiar (FES) (Koren et al., 1992) consta de 34 ítems con formato Likert (1="nada cierto" a 5="muy cierto"). FES tiene una estructura latente compuesta por Familia, Sistema de Servicios y Comunidad/Política. La consistencia interna asociada a los datos del estudio es: a=0,78, a=0,83, a=0,75 y a=0,74 para la puntuación total. El cuestionario de habilidades parentales (Vázquez et al., 2016) consta de 19 ítems tipo Likert (0="nunca" a 3="siempre"). Está compuesto por seis dimensiones: comprensión de la etapa de desarrollo del niño, autorregulación emocional, autoestima del rol parental, comunicación empática y asertiva, acuerdos y regulación conductual. La consistencia interna asociada al estudio es: a=0,67, a=0,76, a=0,69, a=0,77, a=0,81 y a=0,69. También, se pasó un cuestionario sociodemográfico. Los resultados muestran que la situación laboral, la edad del niño o el profesional son variables que inciden diferencialmente en el empoderamiento familiar y las habilidades parentales. El análisis inicial del empoderamiento y habilidades parentales durante la prevención de posibles problemas en el desarrollo infantil pueden ser predictores de la mejora del desarrollo y bienestar familiar. Asimismo, es necesario mayor formación profesional en relación a PCF para mejorar la mejora de la calidad de vida familiar. Se invita a las administraciones a facilitar el acceso a la AT para paliar efectos emocionales familiares, así como para intervenir de manera precoz en el desarrollo. Koren, P.E., DeChillo, N. y Frisen, B.J. (1992). Measuring empowerment in families whose children have emotional disabilities: A brief questionnaire. Rehabilitation Psychology, 37, 305–321. https://doi.org/10.1037/h0079106Vázquez, N., Molina, M.C., Ramos, P. y Artazcoz, L. (2016). Validación de un instrumento en español para medir habilidades parentales promovidas en una intervención de educación parental. REIRE, 9(2), 30-47. https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2923

Resumen de la Ponencia:

Segundo várias instituições mundiais, a pandemia da Covid-19 veio agravar as históricas vulnerabilidades de inúmeros países em diversos continentes, nomeadamente na América Latina e, em particular, no Brasil. As consequências econômicas, políticas e sanitárias da pandemia da Covid-19 reacenderam o debate acerca das causas exógenas e endógenas das desigualdades sociais e suas diversas formas e manifestações. Perante este contexto emerge a questão: quais os impactos da Covid-19 sobre as pessoas mais desmunidas de recursos em termos de fome, pobreza, exclusão e desigualdade social, em contracorrente com o que se designa de desenvolvimento e respeito pela diversidade étnico-cultural? Esta comunicação busca instigar a reflexão crítica acerca dos fenômenos multidimensionais da pobreza e da exclusão e, em última instância, da desigualdade social. Sem pretender dar uma resposta cabal à questão colocada, os autores do texto,  fazendo uma breve revisitação das teorias dos sociólogos clássicos, acrescida da perspectiva decolonial e sobretudo duma leitura mais específica a partir do referencial teórico e contributo de Amartía Sen sobre privação de recursos e seus três enfoques sobre a pobreza, analisam os obstáculos à realização do desenvolvimento como liberdade, ou seja, no acesso a direitos básicos e fruição de bens materiais, educativos e cultural-simbólicos que potenciem justamente o desenvolvimento societal e de cada um dos cidadãos/ãs. Considerando a relevância social e cientifica deste debate, importa aferir os impactos da pandemia nas liberdades substantivas das diversas dimensões da vida das pessoas na América Latina e Caribe, especialmente no Brasil. E, a respeito do conceito de desigualdade, foi convocada, na esteira de vários autores de diversas orientações, não só uma abordagem multidimensional, como plurinível, ou seja, analisando o fenómeno a nível societal ou socio-estrutural, organizacional e interativo. Para além da revisão bibliográfica, as técnicas de pesquisas selecionadas são a análise documental e estatística e a recolha de dados secundários, sobretudo a partir de entidades ou agências internacionais como CEPAL, OCDE, FAO, Rede Penssan, UNICEF e Banco Mundial relativamente a diversos indicadores sobre segurança dos moradores, segurança alimentar, dificuldades de aprendizagem de crianças e adolescentes na sequência de situações de empobrecimento e fome, privações e ausência de recursos informáticos, não compensados por políticas públicas eficazes. Concluindo, para além da reprodução das já preexistentes desigualdades de classe, de gênero e étnico-raciais, agravam-se ainda mais as históricas vulnerabilidades econômicas e sociais e comprometem-se inclusive os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até 2030.

Introducción:

No início de 2020 a pandemia da Covid-19 e seus consequentes efeitos econômicos, políticos e sociais reacendeu, não só no Brasil como a nível mundial, o debate sobre as causas exógenas e endógenas das desigualdades sociais e suas diversas formas e manifestações, como territoriais, etárias, de classe, de gênero e étnicas.

No primeiro semestre de 2021, mais de um ano após a decretação de estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional brasileiro, a quantidade de famílias reconhecidas pelo governo federal brasileiro vivendo em situação de vulnerabilidade social quase que triplicou, se comparado com o ano de 2019. Em maio de 2021, 39,1 milhões de famílias brasileiras foram beneficiárias de programa de transferência direta de renda, embora se estime que esse público vulnerável englobe 77,2 milhões de pessoas, representando 36,5% da população brasileira (BRASIL, 2021).

Perante este contexto, alguns questionamentos emergem de seguida: quais os efeitos econômicos, políticos e sociais da pandemia da Covid-19 sobre as pessoas mais desmunidas em termos de fome, de pobreza, de exclusão e de desigualdade social, em contracorrente com o que se designa como desenvolvimento sustentável e respeito pela diversidade étnico-cultural? 

Para contribuir ao debate sobre os efeitos da pandemia da Covid-19, este artigo busca instigar reflexão crítica acerca dos fenômenos multidimensionais da pobreza, da exclusão e, em última instância, da desigualdade social. Sem a pretensão de ser uma resposta cabal às questões acima expostas, ao realizar uma leitura mais complexa a partir do referencial teórico de Amartya Sen sobre pobreza e privação de capacidades como o pólo oposto do conceito de desenvolvimento como liberdade ou capacidade de dispor sobre recursos, o artigo visa oferecer um contributo aplicado não linear ao debate sobre aspectos multidimensionais da pobreza e da desigualdade, nomeadamente no quadro dos impactos da pandemia da Covid-19 e respectivo grau de liberdade substantiva, ou sua ausência, nas diversas dimensões da vida das pessoas na América Latina e Caribe, especialmente no Brasil.

Desarrollo:

Revisitação dos conceitos pobreza, exclusão social e desenvolvimento: as perspectivas dos sociólogos clássicos e o contributo de Amartya Sen  

As questões em torno da pobreza, da exclusão e da estratificação social foram abordados pelos clássicos da sociologia: uns como os estrutural-funcionalistas como fenómenos inerentes à sociedade, inevitavelmente estratificada, ora buscando aliviar o ‘mal-estar social’ provocado pela perda do laço socio-moral através da ação mitigadora de ‘corpos intermédios’ beneméritos, como propõe Durkheim (1977/1893), ora legitimando-a, como sustenta a teoria liberal e meritocrática (Parsons 1988/1951, Davis e Moore 1976/1945), o que levou Silva (2009) a resumir as várias abordagens teóricas sobre exclusão e desigualdades social, começando por deslindar e criticar o posicionamento defetista e legitimador desta teoria funcionalista em que uma eventual tensão social.

Para Weber (1978/1920), as situações de pobreza e exclusão social dever-ser-iam ora ao resultado da competição e controle de recursos por parte de um grupo em detrimento de outro ou do seu fechamento estatutário no controle de poder e demais recursos. Por fim, ainda na interpretação de Silva (2009), para Marx e Engels (1998/1848) a exclusão e a desigualdade social resultaria do controle dos meios de produção por parte de uma classe social que explora e domina outras classes subalternas, a que poderíamos acrescer a perspectiva decolonial (Quijano 2000, Dussel 2006), em que este processo de destituição, pobreza e exclusão social assentaria na base não só da classe como sobretudo da raça, enquanto fator constitutivo das formas de exploração e dominação de povos indígenas e negros desde o processo de colonização no século XVI.     

Amartía Sen (1992, 1999) concebe o desenvolvimento como liberdade não apenas nem sobretudo na sua concepção jurídico-formal, mas enquanto poder de dispor de recursos de várias ordem de modo a exercer a cidadania, ou seja, uma liberdade que, para além da eliminação das formas de escravatura, servidão e patriarcado e da garantia da democracia, das liberdades e dos direitos cívico-políticos, compreende disponibilidades e oportunidades econômicas para a sobrevivência e a vida de qualidade, acesso à educação e à cultura e outros bens constitutivos do desenvolvimento societal, assim como a expansão das capacidades dos indivíduos. Segundo Silva (2001), esta visão de Sen, sem convergir totalmente com os pressupostos da abordagem marxista (cf. Marx e Engels 1998/1848) que aliás não partilha, aproxima-se dela em alguns dos seus objetivos de desenvolvimento humano, e segue, mesmo sem lhe fazer a referência, a esteira do conceito weberiano de liberdade (cf. Weber 1978/1820) como poder de disposição sobre recursos (verfügunsgewalt).  Para Amartía Sen, se o desenvolvimento não pode ser apenas avaliado pelo critério tradicional do crescimento econômico nem da renda per capita e, muito menos, na base da liberdade em termos jurídicos, tão pouco restringe o conceito de pobreza à questão da renda, embora de modo algum a despreze, dado que o seu quantitativo permite ou não ser a base da subsistência de cariz biológico. Ou seja, Amartya Sen (1992), ao definir o complexo conceito de pobreza, não apenas lança luz sobre a multidimensionalidade do conceito de pobreza, mas também o aproxima da noção de desigualdade. Assim, a avaliação das diferentes perspectivas de noção geral que envolve o fenômeno multidimensional da pobreza pode ser compreendido, segundo Sen (1992), sob três enfoques de análise: a) subsistência biológica, relacionada com aspectos nutricionais; b) desigualdade, associada com estrutura social; c) externalidade, compreendida como os efeitos da pobreza na sociedade. É com base nesses três enfoques que o debate sobre pobreza e exclusão social na América Latina e Caribe, especialmente no Brasil, no período da pandemia da Covid-19, será compreendido e analisado neste estudo. 

O principal aspecto do enfoque da pobreza sob a perspectiva da abordagem da subsistência biológica é a insegurança alimentar e nutricional, caracterizada pelo não acesso a alimentos em quantidade e qualidade suficientes para assegurar a própria sobrevivência. Para Sen (2000) as pessoas passam fome quando há falhas nos ativos e recursos a) da dotação, referente à força de trabalho e da posse da terra; b) da possibilidade de produção, relacionada especialmente com uso tecnológico; e c) das condições de troca, estruturada no sistema de compra e venda de bens. Assim, o intitulamento para Sen (2000) não está associado com a perspectiva de escassez de alimentos (MALTHUS, 1996), mas na capacidade e na liberdade de os indivíduos terem acesso a alimentos por meios legais (NIEDERLE et al., 2016). Para Rowntree (1901) a situação em que não se tem condições mínimas para a manutenção da subsistência física no sentido estritamente fisiológico, ou seja, a alimentação, deve ser compreendida como situação de pobreza absoluta. 

Ainda segundo Silva (2001), Amartía Sen, tendo consciência das enormes desigualdades no mundo contemporâneos nos seus diversos espaços, contrariando visões pessimistas, propôs aos organismos internacionais e governos medidas políticas de promoção do emprego e, se necessário, prestação de subsídios sociais contra a fome e a subnutrição, como a necessidade de controle de preços, políticas e reformas numa perspectiva neoinstitucional assente na defesa de determinados códigos de comportamento político (transparência, equidade, confiança).  Por outro lado, Amartía Sen (2000) considera e identifica cinco fontes de diversidade humana que potencializam ou influenciam diretamente a conversão das capacidades em maior ou menor liberdade substantiva: a) heterogeneidades pessoais, como sexo, idade e limitações físicas; b) diversidades ambientais; c) ambiente social, como saúde pública, educação e violência; d) diferenças de perspectivas relativas, estruturadas em convenções e costumes; e e) distribuição interna do núcleo familiar. 

Ao compreender pobreza como privação de acesso a recursos potenciadores do desenvolvimento das capacidades do indivíduo, Sen (1992) qualifica o entendimento de pobreza, dissociando-o exclusivamente da questão de rendimentos e enfatizando a importância da privação das potencialidades e da questão da desigualdade estrutural. É nesse sentido que se destaca o conceito de pobreza relativa, definida como referência a condições abaixo da vida decente em sociedade e ao grau insuficiente de satisfação das necessidades. É nesta linha de pensamento que Scoot (1981) considera que a abordagem relativa sobre a pobreza pode ser compreendida e identificada a partir do grau de integração das pessoas na vida em sociedade, ou seja, se há integração satisfatória ou exclusão. Por sua vez, Sen (1990), instigando à reflexão acerca desta questão, avança de modo substantivo ao considerar as três abordagens gerais para a noção de padrão de vida de uma pessoa: a) noção de utilidade; b) noção de opulência; c) noção de tipo de liberdade. 

A liberdade da terceira abordagem é interpretada em seu sentido positivo, em que o indivíduo tem a capacidade para satisfazer suas necessidades não só materiais como educacionais, sociais, culturais e recreativas ou de lazer, sem cair em sentimento de vergonha, ao se comparar com outros indivíduos (SEN, 1990, p.79).

O conceito de pobreza relativa está associada à noção de exclusão dos padrões de vida, dos costumes ou das atividades correntes da sociedade (FERREIRA, 1995), assim como à noção de desigualdades, sem se confundir essencialmente com a origem das desigualdades (ROUSSEAU, 1995), uma vez que é possível haver desigualdade na distribuição de renda e de riquezas sem haver pobreza. 

Relativamente ao terceiro sentido relativo à pobreza analisado por Sen (1992), ele tem em vista as externalidades, ou seja, os efeitos da pobreza na sociedade. Para compreender essas externalidades, é necessário primeiro considerar o conceito de liberdades e de privações de liberdades de Sen (1992). Existem diferentes formas de liberdade que se inter-relacionam e podem corroborar e complementar umas a outras. A liberdade de acesso à educação básica, por exemplo, além de contribuir para o desenvolvimento, tem capacidade de reforçar as liberdades ditas constitutivas, como a participação política e a liberdade de expressão. Nesse cenário, quanto mais liberdade, maior o potencial produtivo e, consequentemente, maior a oportunidade de se obter renda mais elevada e, com isso, possuir uma maior liberdade relacionada com a opção de as pessoas viverem do modo como desejam. Da mesma forma, a privação da liberdade de acesso à educação tem potencial para impactar negativamente para cenário de privações de outras liberdades. Assim, quanto maior for a privação das liberdades, menor será o potencial produtivo e a possibilidade de se auferir renda mais elevada.

A respeito dos conceitos de desigualdade social, poder-se-á convocar os três níveis de análise originalmente trazidos por um autor neosistémico como Luhmann (1982): o societal, o organizacional e o interativo. Embora este autor não seja crítico do sistema capitalista e das desigualdades sociais por este gerado, o seu esquema analítico foi reapropriado e aplicado por neomarxistas críticos como Bader (2005) e Silva (2014) para dar conta da articulação dos três diversos níveis diferenciados, em termos de abstração, de produção e de reprodução de desigualdades: socio-estrutural, organizacional e interativo. Bader (2018), ao analisar as diversas formas e dimensões da desigualdade e sobretudo ao considerar os três níveis de desigualdade social em que esta é produzida e reproduzida não só ao nível estrutural e organizacional-institucional mas também interativo, a partir dos próprios atores sociais a nível coletivo e individual, supera uma perspectiva exclusivamente ora estruturalista ora accionalista. Por sua vez, a exclusão social, se tem a característica de reforçar algumas formas de desigualdade social, ao mesmo tempo ela é também produto da desigualdade social, podendo a exclusão social, a nível interativo, estar associada ao conceito de estigma de Goffman (1993, p.11) em que a “la sociedad establece los medios para caracterizar a las personas y el complemento de atributos, que se perciben como corrientes y naturales a los miembros de cada una de esas categorías” . Essa relação condiciona a pobreza a um círculo vicioso com efeitos discriminatórios que se auto-reforçam no âmbito da discriminação social, política, econômica e legal da sociedade. 

 

Impactos da pandemia Covid-19 no Brasil e na América Latina 

À luz do entendimento de Amartía Sen sobre a pobreza, sobretudo a pobreza absoluta, uma primeira reflexão crítica sobre o atual sistema capitalista e suas consequências maléficas sobre as classes e os grupos sociais mais desprovidos e pobres está associada aos impactos devastadores e diretos, nomeadamente situações de fome. 

Segundo o Relatório de Segurança Alimentar da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura - FAO (FAO et al. 2021), estima-se que, durante o ano de 2020, quase 2,4 bilhões de pessoas sofreram com algum grau de insegurança alimentar e nutricional no mundo, e que 811 milhões de pessoas efetivamente passaram fome, o que representa um aumento de mais de 15% em relação ao ano anterior. Nesse cenário o estudo alerta ainda que é pouco provável que a região da América Latina e do Caribe alcance as metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2 (ODS-2) e da respectiva Agenda 2030 que busca erradicar a fome e garantir o acesso de todas as pessoas à segurança alimentar e nutrição até o ano de 2030, embora a lógica de acumulação e concentração de capital seja um obstáculo estrutural.   

Segundo a Rede Penssan (2021), durante o ano de 2020, 116,8 milhões de brasileiros conviveram com insegurança alimentar moderada ou grave, sendo que 19 milhões de brasileiros enfrentaram efetivamente a fome. Estudo mais recente divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a partir do processamento de dados coletados entre agosto e novembro de 2021 pelo Gallup World Poll, revelam um cenário ainda mais sensível acerca da insegurança alimentar no Brasil

“O Brasil, que figurava com níveis de insegurança alimentar inferiores a 75% dos 141 países pesquisados em 2014, atingiu, em 2021, um nível menor que 52% desses e passou, pela primeira vez desde o início das séries em 2006, a ter níveis de insegurança alimentar piores que a média mundial”. (NERI, 2022, p.5).

A feminização da fome é outra tendência apontada pelo estudo da FGV, uma vez que foi possível identificar crescente e acentuada assimetria de insegurança alimentar entre mulheres e homens no Brasil

“O salto de segurança alimentar de homens e mulheres entre 2014 e 2021 foi desigual, sugerindo feminização da fome. Se entre 2014 e 2019 os aumentos coincidiram em 13 pontos percentuais para ambos os sexos, de 2019 a 2021 houve queda de 1 ponto para os homens (cai de 27% para 26%) e aumento 14 pontos percentuais para as mulheres (aumenta de 33% para 47%)”. (NERI, 2022, p.3).

Como conclui o segundo relatório publicado pela Rede Penssan (2022), considerando que a crise sanitária provocada pela Covid-19 no Brasil se sobrepôs à crise econômica e política do país e que, em meados de 2022, é possível identificar que 33,1 milhões de brasileiros estão passando fome. Vivendo mais da metade da população, 125,2 milhões de pessoas, com algum grau de insegurança alimentar, é necessário maior monitoramento e acompanhamento da situação de insegurança alimentar dos brasileiros, especialmente com recortes específicos que lancem luz às desigualdades de gênero, raça, cor, escolaridade e local

“O atual contexto, em que uma crise sanitária se sobrepôs à crise econômica e política que lhe é anterior, impõe a necessidade de monitoramento frequente da condição alimentar e nutricional da população brasileira (…) evidenciar os diferentes níveis com que se verificou esse agravamento entre os vários segmentos sociais – recortados por gênero, raça/cor, escolaridade e local de moradia – é, ao mesmo tempo, complementar as informações necessárias para uma melhor compreensão e atuação em uma sociedade com elevadas desigualdades sociais como a brasileira. Devemos assinalar aqui lacunas que ainda permanecem pela ausência de informações sobre povos indígenas e outras comunidades e populações tradicionais” (REDE PENSSAN, 2022, p.6).

Para além do sentido fisiológico apresentado por Rowntree, o Banco Mundial (1980) ampliou o entendimento acerca do conceito de pobreza absoluta ao considerar também a questão da educação e da saúde. Assim, pobreza absoluta pode ser compreendida também como 

“uma condição de vida de tal modo caracterizada pela subnutrição, analfabetismo e doença que fique abaixo de qualquer definição razoável de decência humana” (WORLD BANK, 1980, p. 32). 

Sobre os aspectos de educação o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2021) alerta sobre os impactos diretos do fechamento prolongado das escolas e da suspensão de aulas presenciais no processo de aprendizagem escolar, especialmente entre os alunos mais vulneráveis. Segundo o Banco Mundial (2021), a pandemia da Covid-19 pode ter desencadeado a maior ruptura histórica do processo educacional na região da América Latina e Caribe (LAC)

“LAC could be the region with the second largest absolute increase in learning poverty: the share of children that are not able to read proficiently when reaching late primary schooling could rise from a baseline of 51 percent to 62.5 percent, roughly representing an additional 7.6 million of learning poor”. (WORLD BANK, 2021, p.7).

A UNICEF estima que na América Latina e Caribe cerca de 114 milhões de estudantes ficaram sem aulas presenciais e considera que milhões de crianças e adolescentes podem abandonar de forma permanente a escola devido à pandemia. No Brasil, até outubro de 2020, 3,8% das crianças e adolescentes, cerca de 1,38 milhão, deixaram de frequentar a escola, de forma ora remota ora presencial (UNICEF et al. 2021). A tabela abaixo refere de modo preciso por regiões a quantidade de crianças e adolescentes brasileiras (6 a 17 anos) em 2020, com ensino médio incompleto, que declararam não frequentar a escola ou que a frequentavam, mas estavam sem atividades escolares.

Nesse contexto, é importante pontuar ainda que as atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) também tiveram interrupção e contribuíram para aumento da insegurança alimentar entre crianças e adolescentes. O PNAE é um programa do governo brasileiro de alimentação em escolas que oferecia refeições saudáveis e equilibradas a quase 50 milhões de estudantes em todo o Brasil

“A falta de orientações precisas sobre estratégias para utilizar o PNAE, como recurso alimentar para crianças e adolescentes em atividades escolares remotas, resultou em prejuízos importantes para sua AS [segurança alimentar] (...) dados mostram que de fato o PNAE não conseguiu suprir, minimamente, as necessidades das famílias com crianças em idade escolar, neste período da pandemia”. (REDE PENSSAN, 2022, p.6).

Apesar de o ensino à distância ter-se mostrado eficaz para alguns grupos para mitigar a evasão escolar, ele revela disparidades entre as redes escolares e desigualdades no acesso à educação, fato que exige imediatamente reflexão crítica acerca da associação da escola como oportunidade de ascensão social, tal como o fazem Bourdieu e Passeron (1970). Essas questões lançam luz ao segundo escopo identificado por Sen (1992) acerca das desigualdades associadas à estrutura social, as quais podem ser compreendidas à luz da questão da privação da liberdade e da pobreza relativa, a qual não pode ser entendida senão como o efeito gerado pela acumulação de riqueza por alguns em detrimento da maioria, sobretudo pobre. 

O relatório "Las juventudes latinoamericanas y caribeñas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: una mirada desde el sistema de las Naciones Unidas" (UN, 2021), ao reconhecer as especificidades das exclusões sociais e desigualdades sociais, lança luz à complexidade da questão enfrentada por jovens da região, em que

“(...) las personas jóvenes son jóvenes, pero también son mujeres, indígenas, migrantes o afrodescendientes, habitan en zonas rurales, tienen orientaciones de género diversas, viven con VIH o tienen alguna discapacidad (...) la pertenencia a cada una de estas categorías implica estar expuesto o expuesta a dinámicas de exclusión que son propias de cada uno de esos ámbitos (…) estas dinámicas de exclusión se van superponiendo y alejan cada vez más de las posiciones de inclusión social a las personas que pertenecen a una o varias de estas categorias”. (UN, 2021:73).

Considerando que, na ótica de Sen (1992, 1999), as diferentes liberdades se inter-relacionam, podendo reforçar-se mutualmente, o desenvolvimento pressupõe, além da eliminação dos elementos que limitam as escolhas e as oportunidades econômicas, políticas, civis e sociais, a garantia de acesso a políticas públicas direcionadas, inclusive com capacidades participativas da população. No contexto da pandemia da Covid-19, o Relatório da ONU destaca a questão do acesso às políticas públicas ao afirmar que

“La necesidad de emprender acciones en esta dirección se ha visto precipitada por la pandemia de COVID-19, pues esta ha venido a exacerbar la situación de exclusión de los grupos más vulnerables, los desafíos relacionados con la gobernabilidad, así como la apremiante necesidad de pensar una recuperación centrada en la protección del medio ambiente para alcanzar un desarrollo que sea sostenible”. (UN, 2021, p.74).

Assim, à luz da referida reflexão crítica em torno das externalidades da pobreza e considerando os efeitos da Covid-19, tal impediu ou dificultou o acesso aos direitos e agravou a privação de recursos, comprometendo assim as liberdades substantivas que possibilitem e capacitem processos de desenvolvimento. Pelo contrário, o que ocorreu foi um empobrecimento de parte considerável dos cidadãos/ãs, de modo algum compensados com eficazes políticas públicas. Mais precisamente, em termos de desenvolvimento humano sustentável, a pandemia da Covid-19 veio agravar enormemente uma situação já desigual em termos de desigualdades de classe, de género e étnico-raciais, aumentando o grau de pobreza relativa e mesmo absoluta na América Latina, nomeadamente no Brasil perante um governo incapaz de fazer frente com um plano de emergência reforçado em termos sanitários e sociais.  

Conclusiones:

O debate sobre os fenômenos multidimensionais da pobreza e da exclusão social ganhou novos contornos trazidos pelas consequências das medidas econômicas, sociais e políticas adotadas a partir de março de 2020 que visaram combater a pandemia causada pela disseminação do vírus da Covid-19. À luz da pluridimensionalidade da pobreza e de como ela está relacionada com a perspectiva de exclusão e desigualdade social, este artigo oferece um contributo aplicado não linear ao debate sobre aspectos do fenômeno multidimensional da pobreza e da privação de recursos que potenciem as capacidades, especialmente no quadro dos impactos da pandemia da Covid-19 que vieram dificultar ou impedir o acesso a direitos e reduzir liberdades substantivas em diversas dimensões da vida das pessoas na América Latina e Caribe, especialmente do Brasil. 

As medidas econômicas, políticas e sociais adotadas, em vez de combater com eficácia alguns efeitos da pandemia Covid-19, foram responsáveis por intensificar privações no acesso a recursos com efeitos negativos nas oportunidades em termos econômicos, sanitários e educacionais. Sob o enfoque da subsistência biológica, relacionada com aspectos nutricionais, a região foi marcada pela crescente insegurança alimentar e nutricional, em que milhões de pessoas efetivamente não tiveram acesso a alimentos em quantidade e qualidade suficientes para assegurar a própria sobrevivência. As medidas de combate à Covid-19 também permitiram um cenário de aumento da privação das potencialidades, limando do indivíduo a capacidade para satisfazer suas necessidades subjetivas como, por exemplo, educacionais, econômicas, culturais ou sociais, fato este que reforçou a desigualdade estrutural e a própria exclusão social, seja dos padrões de vida, dos costumes, seja  das atividades correntes da sociedade. Por fim, a privação de recursos em prol do desenvolvimento das capacidades impactou diretamente as externalidades, ou seja, os efeitos da pobreza na sociedade. O sentimento crescente de mal-estar social com relação às principais dimensões que estrutura a vida social tende a condicionar a pobreza na região a um círculo vicioso com efeitos discriminatórios que se autoreforçam no âmbito da discriminação social, política, econômica e legal por parte de classes e grupos sociais providos em relação aos mais desprovidos. 

O debate contemporâneo sobre as diversas perspectivas da Teoria do Desenvolvimento contempla tendências que pavimentam trilhas de questionamentos envolvendo, no contexto da globalização e do desenvolvimento regional/local, as relações e as interações tradicionais acerca do objetivo do desenvolvimento, como os temas significativos de cooperação intersetorial, diversidade social, segurança humana, gênero e meio ambiente, e mudanças na reforma estrutural e na cooperação para o desenvolvimento. O aprimoramento deste debate será de importância fundamental no período pós pandemia para reforçar a crescente relevância científica e social da complexidade e da pluridimensionalidade da pobreza, especialmente sob a perspectiva da busca pelo desenvolvimento humano sustentável.

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Palabras clave:

Desigualdades Sociais; Covid-19

Resumen de la Ponencia:

O turismo é uma atividade extremamente ambígua quando não bem desenvolvida: pode ser instrumento de exaltação e proteção cultural, geração de renda e manutenção de uma comunidade e, por outro lado, tem a capacidade de desempenhar papel de segregação, exploração e descaracterização de culturas. Frente a esta dicotomia, se faz necessário evidenciar as situações em que uma população se encontra à margem das decisões e dos resultados turísticos em seu território.A cidade de Pelotas, situada no extremo sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, desenvolveu-se no final do século XIX a partir da produção, em grande escala, do charque. Com a riqueza proveniente da indústria saladeril, o seu desenvolvimento urbano se deu de forma privilegiada frente às demais cidades da província. No entanto, o seu diferenciado planejamento urbano, não foi suficiente para atender satisfatoriamente ao crescimento populacional da época, visto que atendia somente uma pequena parcela da população. Como resultado, surgiram na cidade, espaços de moradias periféricos e desqualificados, totalmente distintos do núcleo urbano.Após a quebra da indústria, no final do século XIX, os terrenos que outrora produziam o charque, tornaram-se grandes porções de terras inutilizadas. Com o tempo, novos usos foram dados a estes locais: a construção de um aeroporto, hipódromo, condomínios residenciais para famílias de baixa renda (MEDVEDOVSKI, 1998) e outros, foram ocupados pelas populações que buscavam construir suas moradias, mesmo que estes não possuíssem qualquer tipo de infraestrutura. E é neste contexto, que então, surge a Vila da Palha. Localizada entre duas das principais charqueadas, hoje utilizadas como atrativos turísticos do município, se encontra o pequeno vilarejo. Nele existem cerca de 200 casas nas quais residem famílias de baixa renda e que se estabeleceram ali aproximadamente no ano de 1938. Sua formação foi ainda pouco estudada, tendo em vista que existem esparsos registros públicos que relatem sua história. Esta população, que ainda permanece com sua identidade inexplorada, observa diariamente o vai e vem de turistas interessados na cultura de suas atrativas vizinhas: as charqueadas. Como pode ser esta comunidade “invisível” aos transeuntes curiosos que vêm em busca de história e cultura, e esta pequena vila não chamar sua atenção? É isto que o turismo produz quando seu desenvolvimento acontece sem levar em consideração todo o território em que está inserido.E assim, no desejo de tornar esta comunidade visível aos olhos dos turistas, é que se desenvolve este trabalho. Será através da proposta do uso do turismo comunitário, viabilizado por meio de uma pesquisa-ação, que se oportunizará que esta comunidade construa sua identidade, conte sua história, se envolva nas decisões e nos resultados econômicos provenientes do turismo.

Resumen de la Ponencia:

El problema de la inseguridad alimentaria es de abordaje esencial en el ámbito educativo para la realización de necesidades humanas fundamentales y la convivencia social. Con el fin de tratar este fenómeno de incidencia colectiva de modo eficaz, es importante conocer las representaciones y concepciones del estudiantado, desde distintos niveles de formación, por medio de lo cual se pueden conocer datos útiles sobre el grado de información que maneja la población analizada acerca del tratamiento de la alimentación.

Los resultados obtenidos pusieron en evidencia la necesidad de ejercer una concientización en los individuos sobre la problemática que representa la inseguridad alimentaria, principalmente en el consumo periódico del agua y la exposición a enfermedades transmitidas por los alimentos, tema que actualmente es un problema de salud pública a nivel mundial. Es fundamental trabajar la temática en los diferentes niveles educativos y sobre todo, a partir de la Ley Nacional 27.621 de Educación Ambiental Integral, sancionada en Argentina en el año 2021.

Introducción:

El tratamiento de la inseguridad alimentaria en el ámbito educativo cobra especial interés con la sanción legislativa de la Ley Nacional 27.621 de Educación Ambiental Integral, ocurrida en el año 2021 en Argentina. Su reconocimiento obedece a la adopción de una política pública que responde a la cuestión de la protección de la naturaleza, una distribución más equitativa de la riqueza y la protección de la salud de la población en el país.

Una verdadera contribución a la seguridad alimentaria ha sido el tratamiento legislativo a nivel internacional en la región latinoamericana, desde la sanción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del año 1948, que estableció la universalidad del derecho de las personas a la alimentación, a acceder a un status de vida que asegure su salud, cuestión también tratada en numerosa normativa, dada su importancia humanitaria. Otros instrumentos de relevancia en este plano también son la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, de 1969) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del año 1976, que reconoce derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí, incluyendo la alimentación, además de la garantía de adoptarse medidas inmediatas y urgentes para garantizar la protección contra la nutrición deficitaria o inadecuada.

Las representaciones sociales abarcan opiniones, creencias y percepciones que se evidencian en las acciones cotidianas de las personas, de variada procedencia, vinculadas a los espacios habitados, así como a las relaciones primarias y secundarias desarrolladas en distintas etapas de la vida. Respecto de ellas, se ha afirmado que en el pensamiento de las personas coexisten dinámicamente distintas lógicas que emplean diversos registros de conocimiento (Moscovici, 1961). 

Asimismo, las representaciones sociales prescriben, de alguna manera, prácticas y comportamientos en tanto dan definiciones de qué es lo tolerable y lo inaceptable en determinadas circunstancias. Cuentan con una función de justificación, necesarias ante las inquietudes cotidianas que puedan acontecer en el mundo, dado que, con ellas, los sujetos pueden explicar y corroborar determinaciones ante sí o los otros (Balduzzi, 2011).

Algunas investigaciones sobre representaciones sociales en el campo educativo han verificado que ellas están limitadas por imposiciones dirigidas al efectivo funcionamiento del sistema educativo, de distinta índole y que aparecen aún con más fuerza cuando los docentes involucrados están comprometidos directamente con sus prácticas cotidianas en dicho espacio (Gilly, 1989).

En estos lineamientos, en razón de estas consideraciones sobre lo que las representaciones sociales pueden aportar como elemento de conocimiento, el derecho humano a una alimentación adecuada y la seguridad alimentaria se encuentran íntimamente ligados. La Organización de Naciones Unidas supone que el resultado del derecho a la alimentación es la seguridad alimentaria, debido a que ésta se desprende del primero. El derecho a una alimentación adecuada, entonces, responde a una finalidad práctica, además de a un imperativo moral y legal (Bianchi & Szpak, C., 2016).

A su vez, la inseguridad alimentaria y, particularmente, el acceso al consumo de agua potable, se encuentra atravesada por la inspiración legal plasmada en la Ley 27.621 en Argentina de Educación Ambiental Integral (EAI), destinada a generar conciencia ambiental, a la formación ciudadana y a un adecuado ejercicio del derecho a un ambiente sano, apto para el desarrollo humano. Entre sus fines, se encuentra el de diseñar estrategias y establecer prioridades sobre los contenidos en el ámbito educativo, por lo que es de vital importancia conocer acerca del grado de información obtenida en materia ambiental en el estudiantado.

Como principio de EAI, la referida normativa establece, en su artículo 3º, inciso “f”: “Participación y formación ciudadana: debe promover el desarrollo de procesos educativos integrales que orienten a la construcción de una perspectiva ambiental, en la cual los distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan en una conciencia regional y local de las problemáticas ambientales, y permitan fomentar la participación ciudadana, la comunicación y el acceso a la información ambiental, promoviendo acciones de carácter global, aplicadas a la situación local”.

La construcción de una perspectiva ambiental en la educación, tal como refiere la citada ley, que incluye conocimientos y valores, además de acceso a la información vinculada al medio ambiente, requiere de un previo análisis de estas representaciones, que guían las acciones de las personas, producen nuevos comportamientos y nuevas relaciones con su objeto (García & Rodríguez, 2016). 

En materia de representaciones sociales del medio ambiente, se las ha vinculado en investigaciones con el medio ambiente natural, en tanto son localizadas en sus resultados predominantemente en las de tipo naturalista, pero abarcan necesariamente aspectos sociales y culturales, tratando de dar sentido a la interpretación colectiva, tornándose un importante marco teórico para la educación ambiental (Calixto Flores, R., 2008). 

Ante este panorama, analizaremos una serie de estudios elaborados sobre representaciones sociales del estudiantado en materia de inseguridad alimentaria, especialmente sobre la evidencia de riesgos en la salud de las personas expuestas al agua contaminada con el elemento químico arsénico (As), donde se han hallado variaciones según la especie arsenical, su presencia y la vulnerabilidad de las personas.

Desarrollo:

Se parte de la noción de seguridad alimentaria que tiene lugar cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico, en todo momento, a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias, a fin de llevar una vida activa y sana (FAO, s/f). A los efectos del presente análisis, se entiende por inseguridad alimentaria la situación de hecho en la cual alguno de sus elementos de la definición están ausentes.

En la región latinoamericana, la inseguridad alimentaria es una problemática estructural que aqueja a las naciones que la integran desde tiempos fundacionales. En particular, el derecho de acceso al agua potable y los obstáculos para su efectivo ejercicio fueron motivo de variadas investigaciones, que evidenciaron su falta de resolución y necesidad de continuar explorando en su situación actual.

El mayor factor de inseguridad alimentaria en el área continental se vincula a la inaccesibilidad e indisponibilidad de los alimentos y es una gran preocupación a nivel estatal (Aulestia-Guerrero & Capa-Mora, 2020). Sus causas de mayor probabilidad es la poca promoción de buenos hábitos y errores en políticas que impiden la correcta producción en los campesinos en el ejercicio de actividades agropecuarias, lo que genera problemas de gravedad en la salud de la población.

Hay indicadores negativos en la disponibilidad y acceso a los alimentos, según fuentes de investigación consultadas, en la mayoría de los países periféricos, más allá de diferentes estrategias de supervivencia de sus poblaciones en el plano doméstico para afrontar dichas dificultades, que generan, entre otros efectos, un costo de salud para sus miembros (Martínez Rodríguez, García Chong, Trujillo Olivera & Noriero Escalante, 2015).

En relación a la presencia de arsénico en agua consumida regularmente por la población, se ha evidenciado que la exposición por tiempos prolongados a bajas dosis de dicho elemento ocasiona la aparición de una enfermedad denominada Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). El Arsénico en agua es un problema mabiental que a su vez, genera inseguridad alimentaria. Las regiones más perjudicadas por este fenómeno en Argentina son las del noroeste y centro del país, donde la presencia de dicho elemento se adjudica a los procesos geológicos del suelo que originaron la Cordillera de los Andes y a la actividad hidrotermal. Por ello, es importante conocer las representaciones y concepciones de la población sobre el HACRE, para trabajar en el abordaje de esta problemática colectiva.

En un estudio realizado acerca de la percepción del riesgo del estudiantado de la escuela secundaria sobre la contaminación del agua y nivel de arsénico en agua, se ha evidenciado la carencia significativa de conocimientos por parte de la población bajo estudio respecto a la concepción de los temas abordados. En dicho análisis, se pone de manifiesto que el agua de red es un recurso ampliamente empleado para satisfacer la necesidad de su ingesta y que, no obstante ello, se deben poner en práctica un mayor número de políticas públicas que confieran al agua un nivel de aceptación mayor por parte de los usuarios (Condolucci, M., Crivaro, L., Porro, S. y Lampert, D., 2022).

La información de mayor importancia obtenida fue que la mayoría de la población analizada no emplea filtros de agua en sus hogares, ni ningún tipo de tecnologías de remoción de contaminantes, principalmente por problemas de acceso a ellos. Ello llevó a pensar en el diseño y desarrollo de técnicas sustentables, sencillas y de bajo costo, a fin de paliar el obstáculo referido (Condolucci, M., Crivaro, L., Porro, S. y Lampert, D., 2022).

Una investigación educativa de enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) concluyó la existencia de la confusión de éstas con otro tipo de enfermedad para el estudiantado de bachillerato, diferencias entre la concepción que presenta el estudiantado de la orientación agraria respecto del bachillerato y, también, que ello podría deberse a que en la primera se incluyen estos contenidos en mayor cantidad de asignaturas. Asimismo, el estudio revela que el grupo de estudiantes de bachillerato no cuenta con la concepción de las mismas, en tanto las ETA y las zoonosis son enfermedades que pueden presentarse en los ámbitos cotidianos en los cuales se desempeña el grupo investigado (Lampert & Porro, 2021).

Además, se determinó en este análisis que no se conoce en su totalidad a zoonosis específicas (toxoplasmosis) o no se la asocia a la idea de que también puede ser transmitida por alimentos. Cobra así relevancia el hecho de que conocer las representaciones sociales sobre la temática permite establecer de qué forma se podría mejorar la enseñanza de aquellas concepciones erróneas (Lampert & Porro, 2021).

En un análisis acerca de las actitudes del estudiantado universitario en la carrera de Abogacía en La Plata, Argentina sobre los temas ambientales, fue posible detectar un consenso pleno sobre la idea de que las personas deben preocuparse más por el ambiente en el grupo indagado, un considerable predominio de la alta pertinencia del tema a nivel social y de la factibilidad de la intervención sobre ello para intentar modificar la realidad. También, se determinó gran desacuerdo sobre la atribución de responsabilidad ambiental a los países ricos o derivar su tratamiento a expertos. Concibe, asimismo, una parte importante de la población analizada que debe haber cambios significativos en el modo de vida de la sociedad, dirigidos a la resolución de problemas ambientales (Lampert, D., Porro, S., & Crivaro, L., 2021). Por otro lado, cuando se indagó sobre la temática de arsénico en agua, de un total de treinta estudiantes, tres indicaron que se trataba de un problema de seguridad alimentaria, diez que se trabaja de un problema ambiental y el resto desconocía sobre el tema. 

Puede variar el modo en que un conocimiento cotidiano es representado si se asocia al escenario en que se produce (Pozo y Rodrigo, 2001). Es posible encontrar, además, distintas concepciones si se estudian representaciones sociales en circunstancias diferentes (Susana y De Longhi, 2006), como la de distintas instancias educativas.

De todas maneras, a los efectos de la finalidad de la Ley 27.261 de Educación Ambiental Integral, la relevancia es vital y adquiere mayor pertinencia para nuestro trabajo el estudio de la problemática en establecimientos educativos de orientación especial con la alimentación (escuela agraria), junto con el aporte de análisis de estudiantado de abogacía (que aborda de horizontalmente nociones específicas sobre derechos humanos).

Conclusiones:

Los trabajos realizados sobre representaciones sociales del estudiantado de escuela secundaria y de nivel universitario proporcionan diferente información que da cuenta de que la construcción de la perspectiva ambiental en el plano educativo, perseguida por la legislación especial en materia de EAI, aún no es suficiente.

La falta de conocimiento por parte del estudiantado sobre problemas vinculados directamente a la inseguridad alimentaria en las investigaciones revisadas hacen necesarios la revisión y rediseño de dispositivos a implementar en los espacios educativos, en miras a lograr resultados que muestren una mejor formación en materia alimentaria y ambiental sobre los grupos indagados.

Bibliografía:

- Aulestia-Guerrero, E. M., & Capa-Mora, E. D. (2020). Una mirada hacia la inseguridad alimentaria sudamericana. Ciência & Saúde Coletiva, 25, 2507-2517.

- Balduzzi, M. M. (2011). Representaciones sociales de estudiantes universitarios y relación con el saber. Espacios en blanco. Serie indagaciones, 21(2), 183-218.

- Bianchi, E., & Szpak, C. (2016). Seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación adecuada. Revista Brasileira de Estudos Jurídicos, 11(2).

- Calixto Flores, R. (2008). Representaciones sociales del medio ambiente. Perfiles educativos, 30(120), 33-62.

- Condolucci, M., Crivaro, L., Porro, S. & Lampert, D. (2022). Percepción del riesgo, y prácticas asociadas a la geografía de la salud, sobre la problemática ambiental de arsénico en agua. XII Jornadas de Investigación y Extensión del Centro de Investigaciones Geográficas, del 4 al 6 de octubre de 2022. Tandil, Argentina (en prensa).

- García, M. M. A., & Rodríguez, O. C. (2016). Representaciones sociales estudiantiles y evaluación docente. Reencuentro. Análisis de problemas universitarios, 28(71), 123-136.

- Gilly, M. (1989). Las representaciones sociales en el campo educativo. París: Prensas Universitarias de Francia.

- Lampert, D., Porro, S., & Crivaro, L. (2021). Capítulo 4–Actitudes e intereses del estudiantado de carreras de Ciencias Jurídicas frente a la Geografía y la Ciencia y Tecnología Ambiental. En Coletânea Do Congresso Paulista De Ensino De Ciências: Discutindo Ec Em Países Iberoamericanos.

- Lampert, D., & Porro, S. (2021). Representaciones del estudiantado de la escuela secundaria sobre Enfermedades Transmitidas por Alimentos y zoonosis: diferencias entre el bachiller en ciencias naturales y la orientación agraria. Bio-grafía.

- Martínez-Rodríguez, J. C., García-Chong, N. R., Trujillo-Olivera, L. E., & Noriero-Escalante, L. (2015). Inseguridad alimentaria y vulnerabilidad social en Chiapas: el rostro de la pobreza. Nutrición Hospitalaria, 31(1), 475-481.

- Moscovici, S. (1961). La psychoanalyse son image et son public. Paris: PUF.

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), S/f. “El derecho a la alimentación en el mundo”. Recuperado de: https://www.fao.org/3/al936s/al936s00.pdf

- Pozo, J.I. y Rodrigo, M.J. (2001). Del cambio de contenido al cambio representacional en el conocimiento conceptual. Infancia y Aprendizaje, 24(4), 407-423. 

- Susana, R. A., y De Longhi, A. L. (2006). La noción de alimentación y su representación en alumnos escolarizados. Revista electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 5(3), 534-552.

Palabras clave:

Representaciones sociales - Inseguridad alimentaria – Escuela secundaria – Carreras de Ciencias Sociales.